Sergio Caggiano, María Esperanza Casullo, María Cristina Cravino, Juan Pablo Cremonte, Raúl Fernández Wagner, Alejandro Grimson, Alejandro Kaufman, María Pía López, Jaime Sorín, y Gabriel Vommaro Prólogo de Eduardo Rinesi
Racismo, violencia y política Pensar el Indoamericano, dos años después
Racismo, violencia y política : pensar el Indoamericano, dos años después / Sergio Caggiano ... [et.al.] ; con prólogo de Eduardo Rinesi. - 1a ed. - Los Polvorines : Universidad Nacional de General Sarmiento, 2012. 168 p. ; 21x15 cm. - (Cuestiones metropolitanas; 7) ISBN 978-987-630-131-2 1. Discriminación. 2. Racismo. 3. Violencia Social. I. Caggiano, Sergio II. Eduardo Rinesi, prolog. CDD 305.8 Fecha de catalogación: 09/08/2012
© Universidad Nacional de General Sarmiento, 2012 J. M. Gutiérrez 1150, Los Polvorines (B1613GSX) Prov. de Buenos Aires, Argentina Tel.: (54 11) 4469-7578
[email protected] www.ungs.edu.ar/ediciones Diseño y diagramación: Andrés Espinosa - Departamento de Publicaciones - UNGS Corrección: Gustavo Castaño ISBN: 978-987-630-131-2 Hecho el depósito que marca la Ley 11.723 Prohibida su reproducción total o parcial Derechos reservados
Índice Prólogo Eduardo Rinesi............................................................................................ 9 Primera parte: Discriminación, violencia y lazos sociales Formas y figuras del racismo María Pía López........................................................................................ 15 Notas sobre la violencia discriminatoria “espontánea” Alejandro Kaufman................................................................................... 27 Segunda parte: Discriminación, violencia y discursividad Mauricio Macri, ¿liberal o populista? María Esperanza Casullo........................................................................... 43 Xenofobias descontroladas Alejandro Grimson y Sergio Caggiano....................................................... 61 ¿“Vecinos” contra “okupas”? La política popular en la construcción mediática de las tomas del Parque Indoamericano Gabriel Vommaro y Juan Pablo Cremonte...................................................... 79 Tercera parte: El Indoamericano, tierra, ciudad y vivienda La ciudad justa Raúl Fernández Wagner........................................................................... 107 La rebelión de los inquilinos. Procesos migratorios y ciudad informal María Cristina Cravino........................................................................... 127 Indoamericano: estrategias de la vivienda popular Jaime Sorín.............................................................................................. 155 7
¿“Vecinos” contra “okupas”? La política popular en la construcción mediática de las tomas del Parque Indoamericano Gabriel Vommaro* y Juan Pablo Cremonte**
1. Presentación Los sucesos del Parque Indoamericano, ocurridos en diciembre de 2010, constituyen una buena oportunidad para ver cómo opera la construcción mediática de los conflictos políticos que incluyen a los sectores populares, grupos sociales que cuentan con recursos escasos –y en general más fácilmente deslegitimables, como la apelación al “número”– para hablar de sí mismos y para dar sentido a lo que hacen –las razones para actuar–, así como para definir la legitimidad de sus “repertorios de acción”. En este trabajo partiremos de una perspectiva afín a la desarrollada por Gérard Mauger en su análisis de las revueltas de los jóvenes franceses de noviembre de 2005. Allí, el autor sostiene que “el establecimiento de los hechos (‘lo que realmente pasó’) y el sentido que se les debe atribuir (‘lo que se debe pensar de aquello que pasó’) son motivo de luchas simbólicas en torno a las cuales se enfrentan quienes hacen profesión, bajo un motivo u otro, de producir representaciones del mundo social. Por lo tanto, hay que tomar por objeto no solo la revuelta –que tuvo lugar en las tres primeras semanas del mes de noviembre de 2005– y sus participantes, sino también los informes y editoriales de periodistas, las declaraciones de políticos, de partidos, asociaciones, movimientos, etc.; las explicaciones más o menos improvisadas *
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de intelectuales que, a menudo, describen y explican mucho menos de lo que seleccionan y ordenan, orientando la percepción y la apreciación: esta “revuelta de papel”, desde luego, forma parte de la “revuelta” (Mauger, 2007: 23-24). Teniendo en cuenta este doble registro, nos interrogaremos sobre los debates público-mediáticos en torno a los sucesos del Parque Indoamericano y a los conflictos que estos motivaron. En las páginas que siguen haremos, por tanto, algunas anotaciones sobre la manera en que se inserta el hecho en cuestión en las modalidades de protesta de los sectores populares en la Argentina reciente y en las formas institucionales de tratar esta protesta; luego, nos ocuparemos brevemente de la relación entre lo ordinario y lo extraordinario en la construcción mediática del acontecimiento; a continuación, describiremos los trazos generales de la construcción que realizaron los medios respecto del conflicto, haciendo especial énfasis en los matutinos Clarín, La Nación y Página/12 , por un lado, y en la cobertura de los canales de noticias y de los noticieros de televisión abierta, por el otro. Nos concentraremos en tres dimensiones fundamentales de las características generales de esas coberturas: en primer lugar, los modos en que aparecen descriptos el Estado y su accionar en el conflicto; en segundo lugar, la definición de los actores que aparecen identificados como participantes y las maneras en que son caracterizados; por último, las construcciones de relaciones causa-efecto en los relatos de los hechos. 1.1. Los hechos, su construcción colectiva y conflictiva El 7 de diciembre de 2010, tras una ocupación de viviendas en construcción ubicadas en el barrio Los Piletones y a cargo de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, un grupo de personas atacó a la Infantería de la Policía Federal, que había participado del desalojo pactado del predio. No quedó claro si la ocupación del Parque Indoamericano, en el barrio de Villa Soldati, se produjo antes o después de ese hecho, pero lo cierto es que luego de la represión policial, que tuvo como resultado dos muertos entre los ocupantes, unas 200 familias se instalaron en ese parque. A esa nueva ocupación le siguió una nueva represión de parte de las fuerzas de seguridad, lo que provocó otro muerto y varios heridos.1 Además, hubo Es difícil establecer la narración de los hechos, la crónica sobre lo que sucedió aquel 7 de diciembre, si uno se vale de los medios de prensa nacionales, ya que, al tiempo que ubicaban la noticia en lugares privilegiados, eran confusos respecto de la cronología del acontecimiento. Probablemente, esto se debe a que no enviaron cronistas desde un comienzo, por tratarse de un hecho, en principio, ordinario. Página/12 da, a nuestro juicio, una narración bastante
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algunos grupos de personas que, al erigirse en representantes de los “vecinos” de la zona, realizaron manifestaciones de oposición –en algunos casos violentas, con disparos de armas de fuego, lanzamiento de piedras, palos, etc.– a la acción colectiva de los ocupantes. Enseguida, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno nacional comenzaron a polemizar sobre la forma de desactivar el conflicto y, mientras el segundo ordenaba el retiro de la Policía Federal del lugar, el primero pedía colaboración de las fuerzas de seguridad nacionales para el inmediato desalojo del predio. La polémica entre ambos gobiernos fue la ocasión del despliegue de una serie de argumentos encontrados acerca de la manera de tratar el conflicto social y, más específicamente, a favor y en contra de la represión de la ocupación de espacios públicos. Los roles ideológicos se repartieron muy pronto y así, mientras Mauricio Macri –jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires– y sus funcionarios defendían el discurso de la represión del conflicto social, Cristina Kirchner –presidenta de la Nación– y sus funcionarios movilizaban argumentos que privilegiaban el diálogo y la negociación como elementos centrales de la estrategia de desactivación de esos conflictos. Entretanto, los medios de comunicación –en especial los diarios y las radios– eran tanto la escena como la amplificación de estos debates, al tiempo que se convertían, como sucede en este tipo de acontecimientos, en los relatores privilegiados de lo que sucedía en el parque –en especial la televisión–, y por tanto, en los actores dominantes de la construcción del significado del acontecimiento. Junto a los piquetes, los estallidos, etc., las ocupaciones de terrenos fiscales y/o privados forman parte del repertorio de acción colectiva de protesta de los sectores populares en Argentina desde comienzos de los años ochenta (Merklen, 2005). Estas ocupaciones se relacionan con el origen de algunos de los movimientos sociales más activos de los años noventa y dos mil, como la clara: “El desalojo de un grupo numeroso de familias que habían ocupado parte del predio del Parque Indoamericano, en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires, terminó con gravísimos incidentes cuando las policías Federal y Metropolitana reprimieron a vecinos que se resistieron en la zona de la ciudad donde se encuentra la Villa 20. La protesta vecinal incluyó la quema de autos secuestrados en procedimientos policiales y que se encuentran depositados en un predio que pertenece a la Federal. La Guardia de Infantería reprimió con violencia a los vecinos y de acuerdo con la información obtenida por Página/12 hubo dos personas fallecidas, mientras que hay otras dos heridas de suma gravedad, entre ellas una beba. Cerca de la medianoche, fuentes de la Policía Federal consultadas por este diario confirmaron la muerte de un joven de 22 años y de una mujer de 28 años. La información fue difundida, al principio, por el Frente Darío Santillán, que denunció en un comunicado que ‘los policías dispararon balas de plomo con sus armas reglamentarias y con Itakas’. La denuncia tardó varias horas en ser confirmada por una fuente oficial. Hubo más de 50 detenidos” (Página/12, 08/12/10).
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Federación de Tierra y Vivienda (Manzano, 2004) y los primeros movimientos de trabajadores desocupados de la zona sur. A diferencia de las llamadas villas, concebidas en sus inicios como hábitat transitorio y pobladas en sucesivas capas más o menos inorgánicas, los asentamientos nacidos de ocupaciones de tierras son territorios organizados desde sus comienzos y concebidos desde entonces como espacios de vivienda permanente; su trazado urbano pretende continuar el de los barrios aledaños, y no recortarse de ellos, como en el caso de las villas.2 La complejidad de los actores que intervienen en la ocupaciones de tierras da cuenta, por otra parte, de la multiorganización de los sectores populares desalariados desde los años ochenta, y de la multiplicidad de formas de presencia del Estado en esos espacios: punteros partidarios –en especial del peronismo, el partido con mayor inserción en el medio popular–, grupos piqueteros y otros movimientos sociales, asociaciones vecinales y mutualistas, grupos religiosos, oficinas públicas –salas de atención primaria de la salud, dependencias del área social, etc.–, destacamentos policiales. En primer lugar, la complejidad de actores que intervienen en los procesos de toma de tierras, y que no obstante tienen, en todos los casos, un “saber-hacer” militante, de un lado, y un “saber-hacer” institucional, del otro, da cuenta del hecho de que se trata de una práctica que se instala entre los movimientos sociales y las instituciones, lo que aparece claramente expresado en la noción misma de “repertorio de la acción colectiva”, conjunto de modalidades de la acción en común más o menos institucionalizadas, más o menos legales y más o menos legítimas que, bajo la forma de un acervo de prácticas, está disponible –por aprendizaje, por experiencia– para todos los actores que desean llevar a cabo una actividad de protesta (Tilly, 2000).3 Este acervo no solo es conocido por los actores de la protesta, sino que también aparece como objeto de conocimiento y de intervención por parte de los actores institucionales –legisladores, gobierno, justicia, fuerzas de seguridad– que desarrollan relaciones más o menos conflictivas con Cf. sobre este punto la distinción que realiza María Cristina Cravino entre villas y asentamientos (Cravino, 2001). 3 Como explica Virginia Manzano, el concepto de repertorio de la acción colectiva da cuenta de que esta tiene lugar “en el marco de interacciones entre grupos y personas; que opera dentro de límites impuestos por las instituciones y las prácticas existentes; que los participantes aprenden, innovan y construyen historias en el propio curso de la acción colectiva; y, por último, que cada forma de acción colectiva tiene una historia que transforma sus usos subsecuentes”. La autora subraya que las transformaciones históricas de estos repertorios “obedece a los cambios que se producen por aprendizaje, negociación e innovación en el curso de la acción colectiva y también por alteraciones en el medio institucional” (Manzano, 2004: 157). 2
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sus diferentes componentes y que tienden, en disputas más o menos zanjadas en cada momento histórico, a colocar algunos de ellos del lado de lo legal –y/o de lo legítimo– y otros del lado de lo ilegal –y de lo ilegítimo–. De hecho, el componente central del repertorio clásico, la huelga, fue durante un tiempo una práctica ilegalizada, y solo después de un trabajo de ordenamiento y de definición de sus formas aceptadas pasó de ser un “derecho” moral y político, defendido por sus protagonistas, a ser un “derecho” en el sentido legal del término.4 En el caso del Parque Indoamericano, la definición del formato de la acción colectiva (¿se estaba frente a un hecho criminal o frente a una protesta?) estaba en el centro del debate entre los diferentes actores políticos e institucionales intervinientes, así como en la construcción mediática del acontecimiento. En segundo lugar, la multiplicidad de organizaciones implantadas en el mundo popular, que en algunos casos aparecen en este conflicto –véase en la nota 1, por ejemplo, el comunicado del Frente Darío Santillán que abre el conflicto por la interpretación de los hechos–, y cuya presencia se ha podido constatar en otros estudios de terreno sobre la “política de los pobres” (Quirós, 2006; Vommaro, 2007), desmiente algunos lugares comunes mediáticos y académicos sobre los barrios populares: como “tierra de nadie”, como espacios de los que el Estado se ha “retirado”, como “cárceles” de los pobres, “rehenes” de una sola organización: los inescrupulosos patrones-punteros políticos. En este caso, al parecer, la habitual elección –entre los movimientos sociales– de un terreno fiscal para ocupar fue reemplazada por la ocupación de un lugar público como forma de presión, en virtud de promesas incumplidas de entrega de tierras de parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Al mismo tiempo, y en virtud de la cercanía de la Villa 20, aparecían los agentes dominantes del mercado inmobiliario informal de los barrios precarios, quienes, en este caso, lotearon el terreno y “vendieron” parcelas en medio de la toma.5 La definición de los 4 Este punto es fundamental para comprender, por un lado, el carácter histórico de los repertorios y, por otro lado, que sus elementos no son definidos solo por los actores que los movilizan, sino que, en esta coproducción de lo legal/ilegal, legítimo/ilegítimo en materia de protesta, intervienen también los actores a quienes van dirigidas las protestas, y en especial las instituciones. Cf. sobre este punto Offerlé, 2006. 5 Como ha mostrado María Cristina Cravino en sus trabajos sobre el tema, en los años noventa creció fuertemente el mercado informal ligado al hábitat popular, lo que da cuenta del problema de la tierra en los tejidos urbanos (véanse los trabajos de Cravino y de Raúl F. Wagner en este volumen). Se “evidencia el agotamiento de un ciclo de crecimiento de las villas”, afirma la autora en el artículo publicado en este libro. Y luego sostiene: “Antes de la mitad de la década del noventa, aquellos que llegaban a una villa lo hacían a casas de parientes o paisanos. Con el correr del tiempo, construían una nueva vivienda en la villa, ocupaban un lote vacío y así el barrio iba creciendo en
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actores pertinentes para comprender los sucesos del Parque Indoamericano –tanto la “lista” de actores participantes de los hechos y su jerarquización como su significación/nominación– también se encontraba en el centro de los objetos en disputa en la construcción del acontecimiento, y las figuras del “vecino”, del “okupa”, del “inmigrante”, del “violento”, remitían a familias semánticas –o a juegos de lenguaje– que integraban los hechos en un tipo de explicación o en otra (¿se trata de “delincuentes”, de “pobres engañados”, de “inescrupulosos”, de “aprovechadores”, de “okupas contra vecinos”…?).6 En relación con esto último, esta trama social aparece presentada y representada en los medios como parte del espectáculo de la pobreza y de la construcción de los sectores populares, y en este caso, en especial, de los migrantes, como clases peligrosas. La sociología francesa ligada a Pierre Bourdieu ha mostrado cómo los sectores populares, que cuentan con menores posibilidades de expresión en el espacio público-mediático, son en general construidos simbólicamente desde afuera, es decir, desde el espacio de la comunicación política, en un trabajo permanente de realzamiento de los hechos extraordinarios –accidentes, delitos, tragedias, etc.– que muchas veces dan cuenta más de la distancia social de los población. Luego, cuando se agotó el suelo para ocupar, comenzó el proceso de verticalización, es decir, la construcción en altura […] Por esta razón, desde hace aproximadamente cinco años se han multiplicado las ocupaciones en lugares intersticiales, y se puede decir que quienes llevan adelante esas ocupaciones no tienen mucho por perder”. 6 También estaba en juego la filiación política de los actores que participaban del conflicto. Veamos, en este sentido, las declaraciones de uno de los delegados del grupo de ocupantes, Alejandro Salvatierra, referidas por Clarín por esos días: “‘Nosotros no somos de la Corriente Clasista y Combativa ni de ningún partido político’, dijo en referencia a la presencia durante las negociaciones del líder de esa agrupación, Juan Carlos Alderete. ‘Lo que queremos es un plan de viviendas’, reclamó. ‘Acá hay mucha indignación porque estuvimos resistiendo solos sin la ayuda de nadie’, se quejó e insistió: ‘No vamos a aceptar ninguna negociación de la que no seamos parte nosotros’, y vinculó al jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, con la violencia ‘llevada por él para desalojarnos’. Sostuvo que en los incidentes de los últimos días ‘hubo barrabravas organizadas’ y añadió que desde la toma ‘se había pedido que se custodie la manifestación para que no haya enfrentamientos’. ‘Más allá de lo que se decida en el Gobierno los que vamos a definir si se sigue, o no, somos nosotros’, recalcó. Y explicó que en el predio ‘hay muchas familias que hace años esperan un plan de viviendas que presentaron todo en el Instituto y nunca tuvieron una solución’” (Clarín, 11/12/10). Como vemos, los propios protagonistas de la toma del predio intervienen en la disputa político-mediática por la definición de sí (“Nosotros no somos de la Corriente Clasista y Combativa ni de ningún partido político”), de sus demandas/razones para actuar (“lo que queremos es un plan de viviendas”) y de sus adversarios en el conflicto, tanto los oficiales (el jefe de gobierno de la ciudad), como los oficiosos (“barrabravas organizadas”). Días más tarde, para Clarín, este delegado se había convertido en “el kirchnerista Pitu Salvatierra” (Clarín, 15/12/2010).
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cronistas respecto de ese mundo que de lo que esos acontecimientos pueden decir, al ser insertados en la trama social cotidiana, de la vida de los sectores populares7. 1.2. Los medios, entre lo ordinario y lo extraordinario La sociedad reconoce bajo el género “noticia” a un conjunto de textos que presentan un relato sobre algún hecho comprobable de importancia social. Así, por ejemplo, un accidente de tránsito es “noticia” en la medida en que aparezca relatado en los diarios o en los noticieros de televisión. Ahora bien, qué episodios son pasibles de ser convertidos en noticia y cuáles no es una decisión de política editorial que cada medio toma de acuerdo con el perfil de su público imaginado, su público objetivo y, finalmente, su contrato de lectura. Lo noticiable, entonces, se ajusta a una serie de características particulares en cada caso, pero presenta una general: se trata de episodios que en algún punto quiebran cierta cotidianeidad, cierto equilibro convencional de la vida social. El objetivo de la noticia es reencauzar este episodio “rebelde” en cánones ya conocidos –y compartidos– por el medio y su público. De alguna manera, los medios de comunicación que se dedican a la información –los diarios son el ejemplo más acabado– ofrecen a sus lectores una Como sostiene Patrick Champagne, “Los dominados son los menos aptos para controlar la representación de sí mismos. Para los periodistas, el espectáculo de su vida cotidiana no puede ser sino chato y carente de interés. Como culturalmente están desamparados, son además incapaces de expresarse en las formas requeridas por los grandes medios. Aun cuando la observación atenta de la vida cotidiana en esos suburbios [se refiere a los suburbios de las grandes ciudades de Francia, habitados en su mayor parte por sectores populares], con sus problemas cotidianos, es más ilustrativa, la mayoría de los periodistas tiende a concentrase en la violencia más espectacular y, por ello, más excepcional” (Champagne, 1999: 55). El autor prosigue con la idea de que “esta representación deja poco lugar a los dominados” porque “estos son particularmente difíciles de escuchar. Se habla de ellos más de lo que ellos mismos hablan”. Si bien esta posición “legitimista” y extremadamente jerarquizada que supone que los dominados no cuentan con herramientas para hacerse entender en el espacio público y en el espacio mediático no es del todo ajustada –y menos en el caso argentino, en el que la movilización de otros recursos como la indignación moral, las demandas en términos de derecho, etc., son moneda corriente en la protesta popular–, consideramos que ilustra un punto importante sobre las miradas dominantes –en términos de espectáculo de violencia y pobreza o, en resumen, de desviación– de ese mundo. Una reciente crítica de Pablo Semán y Daniel Míguez a los trabajos de Pierre Bourdieu sobre el tema introduce importantes matices a esta visión de lo popular como automáticamente dominado. Cf. Semán y Míguez, 2006, en especial pp. 13-23.
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organización del universo, una hipotética clasificación de los hechos que salen de lo cotidiano. Dado que esta organización clasificatoria necesariamente va a suponer la asociación del acontecimiento (único, irrepetible, novedoso) con otros anteriores para favorecer esta clasificación, su puesta en serie y la jerarquización de alguna de sus aristas por sobre otras se transforma en una de las operaciones centrales de la producción del acontecimiento. Lucrecia Escudero, en su planteo respecto del contrato entre medios informativos y consumidores de noticias, retoma el planteo de Umberto Eco (1994) respecto de la construcción de mundos posibles en las narraciones ficcionales. A partir del concepto de mundo posible, Eco sostiene que una narración le propone al lector un universo particular en el que se desarrolla la diégesis narrativa. El pasaje que propone Escudero hacia el discurso informativo supone que ese “mundo posible” construye acontecimientos a través de diversas estrategias de validación y la estructuración de un relato verosímil y comprobable. Precisamente, de eso se trata el contrato mediático al que alude Escudero: las noticias deben ser comprobables (en el sentido de que el lector las pueda corroborar a partir de la reconstrucción de las evidencias que presenta el relato: datos espacio-temporales, citas a documentos, testimonios, etc.), aunque por obvias razones esa comprobación nunca se concrete. De este modo, se abre la brecha posible entre lo que el medio informa y la verosimilitud que tiene esa información en el público, brecha que tiende a ser zanjada, de manera inestable, por la regularización de los principios de clasificación y de jerarquización del mundo social de uno y otro. Ahora bien, estos mundos posibles constituyen el núcleo del estilo de cada medio. Si bien los contratos que establecen los medios con su público no tienen por qué establecer coincidencias entre sí, aunque mantienen relaciones de proximidades y disidencias, en los últimos tiempos vienen expresando un particular momento de polarización. De hecho, es difícil pensar en “mundos posibles” más irreconciliables entre los distintos medios que construyen, en su conjunto, lo que conocemos como la actualidad argentina. Aun asumiendo que siempre ha habido diferencias entre las construcciones que realizan los medios de los acontecimientos socialmente relevantes, la situación actual no se limita a la aparición de diferencias pronunciadas o contraposiciones entre los distintos medios, ni siquiera a que esas diferencias se remitan de manera directa a su posicionamiento respecto del Gobierno nacional, sino que se escenifica una coyuntura casi por completo diferente en cada uno de los conglomerados mediáticos, y estas diferencias son, además, subrayadas y explícitamente enar-
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boladas como bandera por algunos de estos grupos, que tienden a descalificar a sus adversarios en la competencia mediática –a la vez económica, profesional y simbólica– como “distorsionadores de la realidad”, como lo muestra el debate respecto del periodismo independiente y militante, desatado luego de estos acontecimientos, y que retomaremos hacia el final del artículo. Esta tensión en el interior del sistema de medios informativos comenzó a profundizarse durante el conflicto entre el Gobierno nacional y las entidades agropecuarias en 2008 (los autores de este texto hemos abordado el punto desde diversas aristas). Luego de este conflicto, las posiciones de los medios se mantuvieron en ese tenor y, en el caso concreto del multimedio Clarín, la posición se profundizó luego de aquellos meses: en el diario del grupo alcanzó a producir un quiebre en su contrato de lectura en medio de un enfrentamiento explícito con el Gobierno nacional, inédito para un periódico que siempre se jactó de una postura supuestamente equidistante respecto de los oficialismos. Este rasgo estilístico general puede detectarse en las informaciones referidas a la actualidad política, pero se expande a informaciones que apenas rozan la mencionada sección, tales como los accidentes de tránsito o los casos emblemáticos de hechos policiales (Cremonte, 2010). En este contexto, es previsible que un acontecimiento como el que se desarrolló en el Parque Indoamericano exprese y potencie el funcionamiento que describimos, de modo que en las tres dimensiones que analizaremos a continuación –la visión sobre el rol del Estado, la representación de los actores del conflicto y la construcción de las causas del acontecimiento– se desplegarán las tensiones entre la verosimilitud periodística y el conflicto de intereses.
2. El Estado ausente La presentación habitual de los barrios populares como espacios sociales en los que el Estado se halla “ausente” reaparece con fuerza en este caso, en el que era evidente desde el principio que la demanda de vivienda se dirigía directamente a aquel y que, por otra parte, eran las fuerzas de seguridad las encargadas de restituir el orden. Muchos autores (por ejemplo Svampa, 2004) han mostrado con argumentos y bases empíricas sólidas que la imagen de la retirada del Estado, en especial en lo que refiere al mundo popular, esconde la reconfiguración de sus funciones y modos de intervención, que lo vuelven a convertir en un actor central de ese mundo. Sin embargo, recientemente, y en virtud de la importancia que adquirió el discurso de la seguridad en el
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debate político-mediático, y del “sentimiento de inseguridad”, en términos de Gabriel Kessler,8 en las percepciones del público la cuestión de la “retirada” del Estado se asocia a la ausencia de policía, o a la presencia deficiente de fuerzas que garanticen el orden en las ciudades y en sus suburbios, en especial en los barrios populares y en los barrios lindantes con estos. Así, del análisis del tratamiento que dio el diario La Nación –que sostiene históricamente una mirada institucional que podría identificarse en lo político con la centroderecha conservadora– a la cuestión del Estado en los acontecimientos del Parque Indoamericano, se desprende que el centro está puesto en señalar su ausencia o, sin más, su “inexistencia”, con especial énfasis en la falta de control del orden público. El principal axioma podría enunciarse del siguiente modo: “Sin policía no hay Estado”. La principal función del Estado, según este matutino, es mantener el orden público; y dicha meta es alcanzada a través de la “intervención” –delicado eufemismo que permite evadir la siempre molesta palabra “represión”, que arrastra una connotación negativa– por parte de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, y en un claro segundo plano, las tomas se justifican por las condiciones de vida de las personas que las protagonizan y por la falta de políticas contra la pobreza y la crisis habitacional. Esto último es sostenido por los colaboradores externos del diario y por las crónicas sobre la vida dentro del Parque durante la toma. Así, La Nación, siempre preocupado por los modos de vida de las clases laboriosas, insiste, por un lado, en la necesidad de orden y, por otro lado, da espacio a estilos de proximidad, casi de tipo etnográfico, que informan sobre la cotidianeidad de los ocupantes y de sus familias, de modo de dar cuenta de todo aquello que, también en esta materia, el Estado no hace por ellos. Pero esta crítica no se funda en la ausencia de garantías al derecho a una vivienda o una vida en mejores condiciones, sino en la importancia de “evitar” conflictos de este tipo, es decir, como una política de “prevención” de los conflictos sociales y de la “inseguridad”. De tal modo, si el pedido de intervención policial se hace en nombre de la imposición del orden, el señalamiento Como ha mostrado el autor, la percepción extendida de inseguridad parte de la simultaneidad del alto índice de delitos en los centros urbanos y la alta presencia mediática de los homicidios (Kessler, 2009). El hecho de que en este caso haya habido muertos contribuyó fuertemente a colocar los sucesos del Parque Indoamericano en el lugar de lo extraordinario, al tiempo que los ligó a la “inseguridad” como problema. Lo llamativo es que las muertes fueron producidas por el accionar policial, la misma fuerza a la que, en los discursos que más enfatizaban la relación entre ocupaciones, “ausencia” del Estado e inseguridad, se apelaba como puntal del restablecimiento del orden. Volveremos sobre este tema en el punto 4.
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de la ausencia de políticas respecto de los sectores populares apunta en el mismo sentido: aplacar posibles “focos” de conflictividad social. De todos modos, la línea editorial, los principales títulos y copetes y las crónicas de los periodistas del diario insisten en que la toma es un intento de apropiarse de las tierras y establecer su vivienda allí. En tal sentido, es una amenaza al derecho de propiedad que no es defendido por el Estado. Por otro lado, casi sin excepciones, las alusiones al Estado se refieren al Estado nacional, y aparecen excepcionalmente referencias al Estado de la ciudad, donde tenía lugar el conflicto. En el caso de Página/12 –como es sabido, el principal termómetro de la sensibilidad progresista de los grandes centros urbanos, y en especial de la Ciudad de Buenos Aires– se presentan dos posibilidades para la intervención estatal en el conflicto: o bien se resolvía con “represión” –y en ese caso se encaraba el tema como un problema de inseguridad– o, al definir su núcleo como un problema de políticas públicas, se pensaba la protesta como un reclamo de derechos que debían ser atendidos por el Estado. Se habla, así, de “modelo policial”, en el primer caso, versus “modelo político”, en el segundo. Con esta grilla de lectura de la realidad, cada incursión de las fuerzas de seguridad en el Parque Indoamericano es tomada como una acción represiva, y de ese modo se tratan los hechos acaecidos en el primer día de intento de desalojo, donde fueron asesinadas dos personas. En todo momento, el diario insiste en la posición pasiva, inflexible y partidaria de la represión del Gobierno de la Ciudad (“modelo policial”). Al mismo tiempo, se expone la voluntad del Gobierno nacional de resolver el conflicto sobre la base de la instrumentación de políticas públicas y al reconocimiento de derechos (“modelo político”), y se enarbola con mucha insistencia la bandera de los derechos humanos, tanto respecto de la represión como del derecho a la vivienda. Si en La Nación la manera de profundizar en la historia del conflicto es a través del recurso a la etnografía periodística, en Página/12 se recurre al “informe”, formato de denuncia que ha sido muy rentable para el diario en su historia, y que en este caso sirve para dar cuenta de la escasez de planes de vivienda del Gobierno de la Ciudad y de su constante insistencia en resolver el conflicto por la vía represiva: ambos elementos se presentan como complementarios y constitutivos del estilo de construcción política del gobierno de Mauricio Macri, en virtud de los sectores sociales a los que se supone que representa y del consecuente abandono en el que se encuentra sumido el sur de la ciudad. Estos informes abarcan desde los hechos ocurridos en los distintos
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incidentes en el Parque Indoamericano y sus adyacencias hasta descripciones y evaluaciones de las ejecuciones de presupuesto del Gobierno porteño, al que se presenta como improvisado e ineficaz. Por oposición, el Gobierno nacional es construido como más organizado y con más experiencia para pilotear este tipo de coyunturas. Por último, inicialmente, Clarín presenta el conflicto desde un punto de vista descriptivo: una sucesión de hechos policiales encadenados. Este diario no construye como una crisis el acontecimiento hasta que este se encuentra bastante avanzado. Entonces sí, el Estado es presentado como un ente imprescindible para el mantenimiento del orden social, y sus gobernantes como personas incapaces o sin voluntad de solucionar los problemas. En particular, se hace esta caracterización respecto del Gobierno nacional, al que se identifica invariablemente con la persona de la presidenta de la Nación, Cristina Kirchner. No sucede lo mismo con el Gobierno de la Ciudad, al que se relaciona con la figura de Mauricio Macri sólo al referirse al “macrismo” como vertiente política, pero no como gestión de gobierno: en este punto se realiza una muy visible diferenciación que excede la simple escala de responsabilidades. Se presenta a un Gobierno nacional que favorece el conflicto con la intención de perjudicar a Macri y a un Gobierno de la Ciudad que quiere resolverlo a pesar de esos impedimentos. En este sentido, en diversas ocasiones se presenta al Gobierno de la Ciudad como rehén de las decisiones del Gobierno nacional, tesis que el primero expone como explicación de su deslucido desempeño. Es evidente que en este caso el enfrentamiento que sostienen el Gobierno nacional y el grupo multimedio Clarín, al menos desde 2008 (Cremonte, 2010), explica las críticas que aquel recibe de parte del diario Clarín. No obstante, lo llamativo es que, antes que producir datos originales mediante etnografías o informes, se desarrolla un tratamiento desprolijo de los hechos, con escasas referencias a las políticas públicas y con un énfasis en lo que el episodio tiene de “escandaloso” para el Gobierno nacional y en los problemas que este supuestamente tendría para mantener la paz social. Respecto de la construcción que ejercitaron los canales de noticias y los noticieros de televisión, podría decirse que “nadie se la perdió”, en el sentido del oportunismo que pudo observarse en las coberturas que realizaron los canales y noticieros. En el caso particular de los canales de noticias, digamos que las coberturas que realizan a partir de la labor de los móviles de exteriores se insertan en lo que Mario Carlón (2004) llama “directo televisivo”, caracterizado por la coincidencia espacio-temporal entre emisión y recepción. Sin embargo,
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existe otra forma de registro que es la que el mencionado autor llama el “grabado crudo”, es decir, la emisión de fragmentos que pudieron en su momento haber salido en directo y que son reiterados o emitidos directamente grabados. La cuestión central de este modo de emisión es que se simula la ausencia de edición, como si se tratara de tomas en “tiempo real”, característica que solo se da de manera excepcional, y que dan la idea de una reiteración de hechos que es construida por la repetición de una misma y única imagen (por ejemplo, la de una persona que dispara un arma de fuego hacia los ocupantes). Por otra parte, también aparece una modalidad editada, en general con una voz en off, en la que claramente se explicitan la edición y el trabajo realizado sobre las imágenes, tanto como su carácter pretérito. El planteo de Carlón, que aquí introducimos, sugiere que tanto el directo televisivo como el crudo facilitan la aparición de estilos amarillistas o sensacionalistas al permitir la construcción de la espectacularidad del aquí y ahora, muy alejado de lecturas más distanciadas sobre el acontecimiento. En tal sentido, Carlón introduce la siguiente comparación de José Luis Fernández (1990) respecto de los policiales en los noticieros televisivos: “‘En los noticieros serios la cámara tiende a recorrer el contexto que rodea al delito (el barrio en que vive el delincuente, por ejemplo), instaurando un punto de vista sociológico. En los sensacionalistas, en cambio, la mirada se detiene en las consecuencias del delito que, por definición, son individuales (los familiares que sufren la muerte de la víctima, los perjuicios económicos padecidos, etc.).’ Efectivamente, cuesta bastante recordar alguna construcción de un acontecimiento policial en televisión que responda a la clasificación de Fernández como ‘seria’. Y no se trata de una posición ‘quejosa’ desde un lugar políticamente correcto, sino de establecer parámetros de lectura del modo de producción actual de la información televisiva” (Carlón, 2004: 41). Desde otro punto de vista, más específico para el acontecimiento que tratamos aquí, vamos a incorporar el planteo de Mendoza, Slimovich y Sznaider (2009), quienes se refieren a la comunicación en las “catástrofes urbanas” y, también, al tratamiento que reciben estas en los medios. En primer término, señalan que estos acontecimientos sintonizan perfectamente con los canales de noticias dado que coinciden a la perfección con la promesa de instantaneidad y la ilusión de información permanente. Más allá de esta operatoria general ante lo que las autoras llaman las emergencias y catástrofes, y que nosotros nos permitimos hacer extensiva a los conflictos de cierta duración como el que aquí nos ocupa, ellas señalan que los movileros –y en menor medida los conductores–
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establecen una relación simétrica con el público al colocarse en una simulada situación de transparencia desde la que el medio pretende no intervenir en aquello que muestra, simulación que oculta el recorte, la selección y la intervención que siempre supone la construcción de acontecimientos de este tipo. En el mismo sentido, cuando se entrevista –por lo general telefónicamente– a un funcionario mientras se reiteran imágenes “en crudo”, el testimonio de este queda colocado en una posición de racionalidad. Por su parte, el movilero que continúa en el lugar de los hechos ocupa el lugar –opuesto complementario– de la emotividad. Inclusive interpela al funcionario, por lo general con acusaciones de insensibilidad o de apatía ante la situación grave/dramática/trágica, y goza, además, de la posibilidad de realizar el cierre, de concluir el segmento, lo cual le entrega una asimetría enorme respecto del funcionario interrogado, al que se le demandan “soluciones”. Mucho de lo aquí presentado puede aplicarse al funcionamiento de los informativos televisivos (en sus variantes “continuadas” de los canales especializados y específicas de los noticieros insertos en los canales generalistas); especialmente respecto del lugar que se le asigna al Estado y el modo en que se construye a los actores involucrados. En el primer caso, el del Estado, hay una construcción respecto del “abandono” de la zona de parte de las fuerzas de seguridad, principal representación que aparece de lo estatal. La segunda, complementaria de la anterior, identifica al Estado con los funcionarios implicados en los acontecimientos en virtud de su esfera de competencia. Respecto de esto último, se presenta la deliberación o la tensión entre gobiernos de distintos niveles como posiciones caprichosas o estériles. Este punto varía según el posicionamiento de cada canal respecto del Gobierno nacional y de la Ciudad, lo mismo que la asignación de responsabilidades en el conflicto: mientras unos culpan al macrismo e indultan al kirchnerismo, otros hacen lo opuesto.9 Si bien algunos hacen referencia a la ausencia de políticas de vivienda, los comentarios son tangenciales o indirectos, como parte de una argumentación mayor en la que se toma partido previo a favor de uno de los dos gobiernos y, automáticamente, contra el otro.
Hay algunas posiciones –las menos– matizadas en este aspecto, que responsabilizan a ambos gobiernos por no actuar con más rapidez. Tal es el caso de los noticieros de Telefé. 9
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3. La descripción de los actores La definición de los actores que se manifestaban, es decir, que manifestaban un problema, una demanda, una visión respecto de aquello a lo que tienen derecho y una posición respecto de lo que el Estado debía hacer para garantizar esos derechos, es fundamental para definir cuál era el problema en el Parque Indoamericano: ¿se estaba en presencia de inmigrantes, de delincuentes, de “clientes” “manejados” por punteros políticos, de “pobres”, genéricamente? La Nación presenta a la gran mayoría de los ocupantes del Parque Indoamericano como extranjeros, y sostiene que provienen del Gran Buenos Aires.10 No se trataría, entonces, de habitantes de la Ciudad de Buenos Aires, lo cual los convertía más en grupos de oportunistas que en ciudadanos con problemas de vivienda. Por su parte, también se los presenta como grupos organizados –por movimientos sociales, barriales o políticos– lo cual deslegitimaría la toma por tratarse de una acción “poco espontánea”. En ese sentido, se reitera la posición del medio en otras ocasiones en las que se descalifica a las formas de organización popular por su carácter organizado. La sensibilidad del diario hacia este tipo de protesta permite a sus editorialistas asociar estos acontecimientos a otras tomas y hablar de “prácticas repetidas” –no en el sentido sociológico sino de censura moral– que cuentan con la pasividad del Estado, es decir, con la ya citada ausencia de represión. Por otra parte, La Nación diferencia entre las familias que ocupaban el Parque Indoamericano por encontrarse en situaciones de extrema pobreza o por vivir en condiciones muy desfavorecidas en un asentamiento, y los grupos organizados que toman tierras para después venderlas. El criterio de diferenciación de estos dos subgrupos está basado en la culpabilidad: mientras los primeros son víctimas –primero de un Estado que los abandonó a su suerte, luego de los grupos u organizaciones que los utilizan o se aprovechan de su situación–, los segundos son sus victimarios, por la presión y sumisión a la que someten a los anteriores y la especulación que realizan con una hipotética venta o alquiler posterior de las tierras ocupadas. En este sentido, el diario realiza una asimilación entre las organizaciones sociales o políticas populares y las organizaciones que ocupan terrenos para luego negociarlos en el mercado informal de viviendas. Este rasgo puede ponerse en serie con el posicionamiento habitual del matutino sobre los modos de organización de los sectores populares –según 10 Así, se presentan datos sobre el aumento de la población en asentamientos con una clara insistencia en el porcentaje de extranjeros de países limítrofes que viven allí. Sin embargo, no aparecen datos absolutos sobre el porcentaje total de extranjeros, dato que relativizaría esta construcción.
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la cual toda forma de organización es un modo “espurio” o “armado” de hacer política– en la medida en que realiza una exaltación de lo “espontáneo” de los “individuos” (que suelen pertenecer a clases medias hostiles al peronismo) que actúan por fuera de organizaciones formales, como si toda forma organizativa estuviera mediada por un interés y estructurada por manipulaciones de “los pobres” (Vommaro, 2010). En cambio, aparecen escasas referencias a aquellos que se oponen –en ocasiones con violencia– a la continuidad de las tomas. Se plantea apenas que se trata de personas que viven en las cercanías del Indoamericano y que sienten “temor” respecto de su seguridad. Una vez más, se justifica la reacción de estos actores a partir de la “inacción” (no represión) del Estado. Si por un lado es repetida la construcción de los ocupantes del Parque Indoamericano como grupos organizados, no aparecen en cambio menciones a este tipo de grupos entre los “vecinos”, más que al mencionar a grupos de violentos –barrabravas, en concreto– que se movilizan exclusivamente por la influencia de sectores políticos –con especial énfasis en las acusaciones al Gobierno nacional– que los apañan, sostienen o legitiman. Respecto de las fuerzas de seguridad, no aparecen diferenciaciones entre la Policía Federal, la Metropolitana, la Prefectura y la Gendarmería. Las dificultades en la acción de estas fuerzas se adjudican a deficiencias en su conducción política –especialmente respecto de la política de seguridad del Gobierno nacional– y a la falta de apoyo y presupuesto. En cuanto a la responsabilidad en las muertes, se relativiza la influencia de la Policía Federal y se insinúa la posibilidad –esgrimida por la propia policía luego de los dos primeros asesinatos– de que se haya tratado de un enfrentamiento entre grupos de ocupantes con armas de fabricación casera. En todo momento, las fuerzas de seguridad aparecen de manera pasiva: o son “atacadas” por los ocupantes, o son “abandonadas” o “acusadas” por los funcionarios políticos, o son “acusadas” por las muertes o los incidentes. El único momento en que ocupan el centro de la acción es cuando –algunos días después de iniciado el conflicto– se encargan de “pacificar” la zona. Respecto de los actores intervinientes, en Página/12 los ocupantes del Indoamericano se presentan como argentinos en su mayoría, si bien se destaca que los extranjeros también tienen derecho a acceder a una vivienda. Nuevamente, la cuestión de los derechos prima por sobre la mitigación del conflicto. Y en ello, el otorgamiento del vecinazgo a los ocupantes parece clave como carta de ciudadanía. En efecto, ya en la tapa que informa sobre el primer desalojo,
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Página/12 habla de “vecinos” reprimidos: “un joven de 22 años y una de 28 resultaron muertos durante la represión a un grupo de vecinos de la Villa 20 por parte de efectivos de las policías Federal y Metropolitana” (8/12/2010). Al contrario que en los otros dos matutinos aquí relevados, se trata la acción colectiva como una demanda ligada al derecho a la vivienda más que como un intento concreto de obtener tierras dentro del Parque Indoamericano. En el mismo sentido, se realza positivamente el carácter organizado de los grupos: su organización permite evitar desbordes a partir de la conducción por parte de líderes con voluntad de negociar con las autoridades antes que con intención de quedarse allí en una posición inflexible. Aquí, entonces, la organización no es sinónimo de motivaciones espurias, sino de encuadramiento y contención de desbordes. Por otro lado, este diario relativiza las hipótesis –que son esgrimidas, entre otros, por los matutinos La Nación y Clarín– sobre la especulación de grupos organizados respecto de la posterior negociación o venta de los terrenos ocupados, incluso las presenta como intentos de deslegitimar la protesta. Luego de las declaraciones que realizó Mauricio Macri acerca de la inmigración “descontrolada” como causa del conflicto,11 se realizan numerosos informes sobre la incidencia relativa de la inmigración en el total de la población. A partir de estos datos, se presentan ese tipo de expresiones como desmedidas e infundadas. No aparece ningún artículo que polemice con esta posición. En cuanto a los “vecinos”, se los presenta como “pobres que se enfrentan con otros pobres” y se insinúa la presencia de infiltrados interesados en producir incidentes. La expresión “vecinos” es encomillada y discutida a partir de este último elemento. Se refuta que se trate de simples vecinos indignados o asustados con la toma y se los construye como grupos de instigadores organizados, incluso fogoneados para crear un escenario caótico que desestabilice al Gobierno nacional. En este punto, es interesante considerar la combinación entre las acciones de estos grupos y las declaraciones de Mauricio Macri respecto de la inmigración: la tesis sobre la presencia de extranjeros como causante de la ocupación del Parque Indoamericano es presentada como un elemento que potencia y dispara los hechos de violencia entre ambos grupos. Respecto de las fuerzas de seguridad, se diferencia a la Policía Federal de la Gendarmería, la primera, “inconducible” por su estructura corrupta y sus nexos con la dictadura, la segunda, moderna y profesionalizada. En ese sentido, se 11 El jefe de gobierno de la ciudad sostuvo, en conferencia de prensa: “Quiero pedir a la presidenta que trabajemos juntos en esto, que dejemos de lado las mezquindades, frente a una inmigración descontrolada y el avance de la delincuencia y el narcotráfico” (Clarín, 10/12/2010).
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justifican los cambios en la política de seguridad (la creación del Ministerio de Seguridad y la designación como ministra de Nilda Garré) con el objetivo de restarle autonomía a la Policía Federal y de someterla a controles y conducción política. Desde el comienzo del conflicto no hay dudas de la responsabilidad de esta fuerza en la represión y las muertes del primer día. Al referirse a los actores, Clarín –al igual que La Nación– considera las tomas como un intento de instalación por la fuerza en el Parque Indoamericano y no como una protesta para reclamar viviendas populares, como las considera Página/12. En tal sentido, remarca el carácter organizado de las tomas como un elemento negativo, que probaría su “poca espontaneidad”, siguiendo una línea que Clarín ya ha presentado ante otros acontecimientos (por ejemplo, los actos a favor del Gobierno durante el conflicto por las retenciones a las exportaciones agrícolas de 2008 [Vommaro, 2010] y los actos políticos en general). En cuanto a los dos grupos que se enfrentan en el Indoamericano, hay una clarísima diferenciación entre “okupas” y “vecinos”. Los primeros aparecen como sujetos inducidos, en el mejor de los casos, por grupos organizados y cercanos al kirchnerismo, y en su representación hay un curioso uso de la fotografía: mientras que los artículos los presentan como personas excluidas o en extrema pobreza, las fotografías, y especialmente sus epígrafes, remarcan su carácter organizado y particularmente violento. Y, a diferencia de lo que ocurre en La Nación, no se justifica la toma por las condiciones de vida de estos sectores, o al menos no en la misma medida. En cuanto a los “vecinos”, se naturalizan sus acciones a partir de la defensa de su lugar de vivienda legítimo –compraron sus casas, “no se las regalaron”–; por otra parte, se presenta la participación de los “barrabravas” en los incidentes como causada por el oficialismo a partir de la pertenencia de algunos de ellos a la ong “Hinchadas Unidas Argentinas”, apoyada financieramente por el Gobierno nacional y presentada, al momento de su creación, como ejemplo de convivencia pacífica entre barras. En este punto, hay una clara diferenciación en el espacio dado a la “voz” de los actores en la cobertura de los incidentes: mientras aparecen pocos testimonios de los ocupantes del Parque Indoamericano que planteen sus justificaciones para llevar adelante la toma, aparecen muchos de los “vecinos” que explican sus motivaciones para rechazar esa acción o para intentar desalojarla por sus propios medios. Así, vemos cómo se reproduce en la cobertura la desigual posibilidad de explicitar las motivaciones de los actores para llevar adelante sus acciones, enunciada al principio de este trabajo.
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En cuanto a la participación de las fuerzas de seguridad, se replica en parte lo planteado por el diario La Nación, con especial insistencia en la lentitud del Gobierno nacional para enviar a la Gendarmería. En el mismo sentido, cuando esto sucede es presentado como un triunfo político del macrismo en la discusión entre ambos gobiernos por el modo de resolver el conflicto. Sobre la cobertura televisiva de los actores, diremos que se presenta una coincidencia curiosa, dado que, más allá del posicionamiento respecto de las responsabilidades en el conflicto, todos separan entre “vecinos” y “okupas”, lo que crea una unívoca identificación de dos “bandos”. No obstante, no todas las posiciones son coincidentes en su caracterización, y aparecen representaciones que exponen una mirada comprensiva, aunque bordeando el miserabilismo (Grignon y Passeron, 1991) respecto de los ocupantes. Por otro lado, hay escasas referencias al acto de tomar tierras como una acción de protesta y poco espacio para los testimonios de los ocupantes, que apenas pueden describir sus condiciones de vida: la situación de alquiler en los asentamientos, la composición del núcleo familiar, la relación con otras familias en la misma condición. Respecto a quienes intentan evitar la toma, algunos medios, en especial tn y c5n, los caracterizan como “vecinos indignados” y les dan voz en diversas ocasiones, en las que pueden escucharse opiniones de diverso tenor, siempre enarbolando una posición de corte xenófobo. Otros medios, más cercanos al Gobierno nacional, plantean la existencia de infiltrados “conspiradores”, al tiempo que también incurren en la lectura miserabilista de los ocupantes del Indoamericano y en una insistencia casi morbosa en reproducir las reacciones xenófobas de los “vecinos” de Villa Soldati.
4. Las causas de la violencia Por último, la definición del sentido del acontecimiento se realiza también en su inscripción en una serie histórica más o menos larga que lo asocia con otros hechos y que, en esas operaciones, produce las causas de las tomas del Parque Indoamericano como producto de problemas sociales, políticos o de seguridad. Para La Nación, la causalidad de los acontecimientos se desarrolla en dos carriles diferenciados: por un lado, este conflicto es posible porque el Gobierno nacional ha sido demasiado permisivo con la protesta social; se habla de la “acción directa” como un “vicio” permitido al no mantener el control del orden público, al que se presenta como un valor imprescindible para la vida social y como una responsabilidad intransferible del Estado nacional. Además,
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se asocia la escalada de violencia del conflicto a la incomunicación entre el Gobierno nacional y el Gobierno de la Ciudad. Por otro lado, de nuevo en un cómodo segundo plano, la situación de pobreza y exclusión es vista como generadora de situaciones de marginalidad y necesidad extrema (en todo momento se habla de “necesidades” antes que de “derechos”, la expresión “derechos humanos” solo aparece para ser refutada cuando se propone el desalojo de los terrenos ocupados) y como favorecedora de la aparición de este tipo de prácticas –fogoneadas por grupos organizados que “aprovechan” las “necesidades” de estas personas–, lo cual no hace más que confirmar las dificultades del Gobierno nacional para resolver los problemas sociales y la distorsión de las cifras de inflación y pobreza que brinda el Indec. En Página/12, en tanto, se presenta una explicación multicausal: hay sectores interesados en la desestabilización del Gobierno nacional, hay una instigación de punteros del macrismo sobre personas con problemas de vivienda y hay un problema efectivo de amplios sectores de la población que reclaman su legítimo derecho a la casa propia. Los hechos de violencia desatados luego del primer día de represión aparecen asociados claramente a las declaraciones de Mauricio Macri sobre la inmigración, lo que habría autorizado una agudización de las hostilidades de los “vecinos” hacia los ocupantes. En fin, la resolución del conflicto es presentada como un triunfo de la estrategia del Gobierno nacional: salida negociada con soluciones concretas para los problemas de vivienda, por un lado, y consolidación de conducción política y civil para la Policía Federal, por el otro. El posicionamiento que Clarín mantiene respecto del Gobierno nacional determina la causalidad que establece al describir la situación: se trata, lisa y llanamente, de una nueva dificultad por la que atraviesa el Gobierno nacional, en virtud de su habitual práctica de potenciar un conflicto que se desata sin saber luego cómo aplacarlo. Se está en presencia, lisa y llanamente, de un gobierno que ya no puede solucionar los conflictos sociales, dadas las alianzas que presenta y sus propias contradicciones. Respecto del macrismo, aparece, como dijimos más arriba, borrado como protagonista del conflicto. En televisión es donde se presentan las mayores diferencias en este punto. Mientras unos atribuyen los incidentes más importantes –o su escalada más violenta, al menos– a ciertas teorías conspirativas (a la presencia de infiltrados ligados a enemigos del Gobierno nacional o a la ausencia de políticas de vivienda de parte del Gobierno de la Ciudad), otros esgrimen la falta de un Estado que haga cumplir la ley: se plantea con mucha insistencia la idea de “caos” como
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efecto de la ausencia de orden y de la existencia de anomia, producto a su vez de la acumulación de incumplimientos tolerados de las reglamentaciones que rigen la vida social. En este espacio, con diferentes niveles de énfasis, se adjudica la responsabilidad al Gobierno nacional.
5. Comentarios finales En términos generales, podemos decir que, a excepción de ciertas coberturas de Página/12, los tres diarios reducen la complejidad del acontecimiento a una arista particular, a la que le asignan importancia excluyente. Todo se reduce a posiciones cerradas: villa-no villa, ocupas-vecinos, orden-caos. En tal sentido, se favorecen las oposiciones binarias en las que cada medio presenta elementos constitutivos de su contrato de lectura actual: La Nación interpreta todo a partir de un problema de garantía de orden en el espacio público; Página/12, como un problema de derechos sociales que debe resolverse a través de la negociación y no de la represión, y Clarín, a partir de los errores o contradicciones del Gobierno nacional, enemigo político del grupo multimediático del que es su principal vocero. En los tres casos hay una disminución de las crónicas, de los espacios informativos, en favor de los argumentativos. Estos últimos, por su parte, presentan posiciones cerradas y autorreferentes. En los casos de La Nación y Página/12 se trata de rasgos ya constitutivos de esos diarios, quizá potenciados por la coyuntura. En el caso de Clarín, se refuerza así la tendencia ya mencionada a modificar su estilo histórico debido al enfrentamiento con el Gobierno nacional. En este punto, aparecen algunos elementos que es interesante introducir. El primero de ellos es que la lógica maniquea de estos matutinos parece acercarse a la lógica clásica de funcionamiento de la información televisiva, donde el dispositivo audiovisual en general y la premura televisiva en particular favorecen la presentación simplista de los acontecimientos. En ese sentido, la prensa siempre había buscado distanciarse de esos reduccionismos en pos de una mirada más analítica que entregara un plus por sobre la inmediatez de la televisión. La coyuntura compleja y conflictiva que atraviesa a los medios informativos parece empujar a los diarios –con matices y diferencias internas– a adoptar la lógica mencionada. En ese orden, el kirchnerismo ya había utilizado en otras coyunturas la estrategia de discutir la tematización de la realidad de los medios informativos –en especial de los medios vistos como “corporaciones opositoras”– para llevar adelante una polémica (Cremonte, 2009), cuestión que dichos
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medios nunca pudieron aceptar puesto que su pretensión de objetividad, históricamente constituida al menos desde los años noventa, rechaza que se discuta su credibilidad o se cuestionen sus interpretaciones. El cierre de este conflicto trajo, para la prensa, la consumación de un proceso relativamente prolongado de discusión acerca de los modos de llevar adelante la tarea periodística que no fue ni lineal ni constante, pero que se tradujo, por un lado, en el resquebrajamiento de la ideología mediática de la objetividad y la transparencia pero que, por otro lado, impidió pensar la construcción de la información como el resultado no solo de presiones de los diferentes tipos de poderes –económicos, políticos– sino también de prácticas profesionales estandarizadas, con ciertas reglas y procedimientos más o menos compartidos. Así, mientras los periodistas se ven en la obligación, cada vez mayor, de dar cuenta del lugar desde el que ejercen su profesión, en el debate sobre el rol político de los medios los posicionamientos ganaron lugar frente a la investigación, la contrastación de fuentes y testimonios y la presentación de diferentes puntos de vista. En este contexto, unos meses después del conflicto del Indoamericano un debate atravesó a los medios gráficos, y en menor medida a los demás medios informativos, respecto del “profesionalismo” de los periodistas. El disparador fue un artículo del director de la agencia de noticias Télam respecto del “periodismo militante”, sus ventajas y desventajas y, especialmente, la importancia de explicitar el lugar desde el que se hace periodismo. Ese artículo recibió fuertes críticas de la prensa que se presenta como “independiente” (en especial los diarios Clarín y La Nación), que argumentaba la necesidad de que el periodismo sea ejercido con “profesionalismo”, entendiéndolo como distancia crítica respecto de todas las fuerzas políticas y remarcando el lugar de “control” que la prensa debe ocupar en el sistema democrático. Ahora bien, a la luz de lo descripto de estos matutinos, ¿es posible sostener que es una posición “militante” o “interesada” solo aquella que se explicita?, ¿o es posible una situación de mayor explicitación de las posiciones y de los intereses que desanda un camino –que tiene un par de décadas– de construcción de la posición periodística como neutral y, en las versiones más celebratorias, objetiva? En cualquier caso, en la medida en que la explicitación de posiciones produce una polarización de las lecturas mediáticas, por un lado, como dijimos, se deja de lado el debate sobre las formas de la práctica periodística para concentrarse exclusivamente en su dimensión ideológica y, por otro lado, parece obturarse el acceso a la información para los públicos, devenidos en especialistas en comunicación –o en semiólogos de café– a fuerza de tener que deconstruir los discursos de cada medio en cada conflicto en relación
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con sus intereses. Esto último es potenciado por la tendencia de los medios a debatir entre sí, incluso a acusarse mutuamente de construir miradas interesadas. A modo de corolario, puede decirse que esta lógica de producción de la información como toma de posición adopta un cariz acusatorio (la simulación de un estrado judicial), heredero del periodismo de investigación de los años noventa, que reduce cualquier conflicto o acontecimiento a un juicio moral que identifica una víctima y un victimario. A la par de este fenómeno, aparecen los testimonios –principalmente de las víctimas– que, lejos de contar lo que ocurrió, se limitan a contar qué sintieron cuando eso ocurrió. En este punto, se magnifica lo descripto respecto del modo en que son entrevistados los funcionarios en televisión, inquiridos casi como si estuvieran siendo sometidos a juicio. Desde el punto de vista de los estilos históricos del periodismo, podría decirse que se percibe un retroceso de la habitualmente llamada “prensa seria”, en el sentido de la prensa profesional norteamericana, y un avance de la llamada “prensa sensacionalista”, que fue ganando terreno desde hace algunos años en el periodismo televisivo y que ahora parece comenzar a imponerse lentamente en el periodismo gráfico. En esta amarillización de la información, sin duda, la espectacularidad gana la partida frente a toda búsqueda reflexiva, y en el caos de la información sobre las prácticas políticas de los sectores populares, las aristas criminalizantes –o miserabilizantes– tienden a imponerse, con la consecuente agudización de la distancia social y simbólica respecto de las clases laboriosas, crecientemente asociadas, como en el siglo xix, a la idea de clases peligrosas.12 Desde un punto de vista más general, digamos que la desigualdad en el acceso a la explicación de los acontecimientos que tienen los sectores populares favorece su construcción como grupos peligrosos, casi separados del resto de la sociedad. Este elemento se potencia por la escasa cantidad de experiencias de producción mediática desde estos sectores que tengan relevancia en la opinión pública, como para intentar al menos relativizar el efecto de la construcción dominante que se realiza sobre ellos. Quizá, la garantía del derecho a la palabra Para retomar la conocida expresión popularizada en las ciencias sociales por el trabajo de Louis Chevalier (1959). En medio de la combinación de estos dos elementos, el avance del estilo sensacionalista y la caracterización de las clases populares como grupos peligrosos, no es extraño que aparezcan expresiones xenófobas o racistas para la explicación de los conflictos sociales como este. Alejandro Grimson y Sergio Caggiano, en un artículo incluido en este mismo volumen, plantean la función que cumple el temor –como parte de una lectura pasional e irracional de los conflictos sociales– en la proliferación de las tesis xenófobas en acontecimientos como el del Parque Indoamericano. Este tipo de lectura de los conflictos sociales, señalan los autores, sobrevive a la demostración del carácter irreal de estas miradas. 12
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público-mediática sea, en nuestro tiempo, un buen complemento de otro tipo de demandas sociales.
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