Populações tradicionais: notas reflexivas sobre um capítulo da história do povo brasileiro

REVISTA DE ESTUDIOS SOCIALES COMPARATIVOS

Vol. 6 Núm. 2 Año 2012 ISSN: 1909-6496

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Editor

Jairo Tocancipá-Falla Ph.D. Departamento de Antropología, GESC, Universidad del Cauca, Popayán, Colombia.

Editores del volumen

Clarissa Bueno-Wandscheer. Ph.D, Facultad de Educación Superior de Paraná y Estácio Curitiba, Brasil. Guillermo Ospina, Mg, Departamento de Antropología, GESC, Universidad del Cauca, Popayán, Colombia.

Comité editorial invitado

Luisa María Claros, GESC, Universidad del Cauca Natalia Ramírez, GESC, Universidad del Cauca Camilo Mosquera, GESC, Universidad del Cauca Alejandra Ramírez, Departamento de Antropología, Universidad del Cauca Daniel Campo, Departamento de Antropología, Universidad del Cauca Esteban Ospina, Departamento de Antropología, Universidad del Cauca

Diseño y diagramación Daniel Mera

Portada

Guillermo Ospina La Revista Estudios Sociales Comparativos – RESC, es un medio de divulgación del Grupo de Estudios Sociales Comparativos (GESC) que publica dos números al año. El contenido de los artículos es de responsabilidad exclusiva de los autores. Facultad de Ciencias Sociales y Humanas Departamento de Antropología Calle 4 No 3-56, Claustro el Carmen Popayán, Colombia © 2012 Grupo de Estudios Sociales Comparativos Esta publicación puede ser reproducida total o parcialmente, siempre y cuando se cite la fuente y sea utilizada con fines académicos y no lucrativos. ISSN: 1909-6496

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REVISTA DE ESTUDIOS SOCIALES COMPARATIVOS Vol. 6 Núm. 2 Año 2012

ISSN: 1909-6496

CONTENIDO Editorial Poblaciones tradicionales, territorios y gestión de los recursos naturales en La Reserva Desarrollo Sostenible Mamirauá (RDS-M), Amazonas, Brasil Edna F. Alencar Populações tradicionais: notas reflexivas sobre um capítulo da história do povo brasileiro Anna Beatriz Vianna Mendes Áreas Protegidas en conflicto: Unidades de Conservación, Tierras Indígenas en la política territorial brasileña Rodrigo Paranhos Faleiro Identidad como estrategia de lucha por el territorio y el uso de los recursos naturales en el Parque Estadual do Serra do Mar (PESM), Sao Paulo, Brasil Jorge Calvimontes Ugarte y Lúcia da Costa Ferreira

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Editorial La diversidad cultural ha sido uno de los grandes temas de preocupación para la antropología desde sus inicios. Los enfoques para abordar la variabilidad humana centrada en el concepto de cultura se han venido transformando en la historia de la disciplina, dependiendo en buena parte de los intereses de los antropólogos y las redes de poder a los cuales estos se articulan. Desde los sistemas de clasificación basados en el modelo evolucionista, hasta las definiciones contemporáneas que ubican a las poblaciones humanas en redes de poder como dominantes, subalternas, resistentes, etc., la diversidad permanece aún como eje central de las discusiones en torno al lugar que ocupan las diferencias culturales en los escenarios de representación supeditados a la necesidad de cambiar o el derecho a permanecer. Conceptos como los de etnia y etnicidad, han servido de base para soportar la ―diversidad‖ en aparatos institucionales y marcos jurídicos del Estado como ―minorías‖, amparados en las ideas de tradicional, ancestral y original entre otras. En este sistema de clasificación en el que pareciera que solo algunos grupos tienen cultura (etnia), otros tipos de población y modos de vida se convierten en categorías de gente homogéneas y sin cultura, como ocurre con los campesinos o ―el resto‖ que se sitúan bajo está lógica, en el lado equivocado de la línea que delimita las diferencias entre unos y otros. Este tipo de situación es especialmente visible en el caso de las llamadas áreas protegidas o áreas de conservación. En éstas, los objetos protegidos pueden entrar en conflicto con poblaciones ―no-étnicas‖ (no tradicionales); mientras los grupos considerados étnicos, nativos, tradicionales y originales, pueden ser incluso considerados como objetos protegidos y de conservación en sí mismos. Por supuesto, esta concepción de los grupos étnicos y tradicionales como ―afines‖ con la conservación de la naturaleza tampoco está libre de conflictos. Estos dos números especiales (Vol. 6 Num. 2 Año 2012 y Vol. 7 Num. 1 Año 2013) de la Revista de Estudios Sociales Comparativos (RESC), ha sido preparado en españo y portugués (y porque no también en ―portoñol‖) a partir de las ponencias presentadas en el simposio ―Usos de la tierra, propiedad y diversidad cultural en conflicto: perspectivas para una antropología de la conservación y las áreas protegidas‖, organizado por la abogada Clarissa Bueno Wandscheer Ph.D. de la Facultad de Educación Superior de Paraná y Estácio Curitiba, Brasil y el antropólogo Guillermo Ospina del departamento de Antropología de la Universidad del Cauca, Colombia, en el marco del III Congreso Latinoamericano de Antropología organizado por La Asociación Latinoamericana de Antropología (ALA) y el Colegio de Antropólogos de Chile en Santiago de Chile entre el 5 y 10 de noviembre de 2012. El desarrollo del simposio fue coordinado por Edna Alencar, profesora Asociada de la Universidade Federal do Pará (UFPa) Brasil y Henny Santiago docente investigadora de la Facultad de Ciencias Ambientales en la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales (UDCA), Colombia. El simposio se basó en la presentación de casos o análisis de problemas actuales relacionados con el papel de la antropología, de los antropólogos y de otras disciplinas en el análisis de las estructuras conceptuales de la conservación y las intervenciones prácticas del manejo de áreas protegidas, teniendo en cuenta que distintos tipos de población humana, usos de la tierra y regímenes de propiedad entran en conflicto con una noción dominante de áreas consideradas objetos naturales intocables y administrados por un conocimiento experto como soporte para garantizar la diversidad. El objetivo general propuesto como asunto de difusión, fue los tipos de conflictos implicados en el manejo de la biodiversidad y áreas de conservación que se consideran de una u otra forma amenazadas por poblaciones humanas. La metodología de trabajo se basó en la presentación de estudios de caso por parte de los ponentes y la interacción entre estos y el público asistente. Con esta interacción entre ponentes y auditorio se buscó contribuir a la discusión de situaciones y políticas vinculadas a las ideas de cultura (gente), conservación y áreas protegidas en Latinoamérica. De este modo, el simposio permitió la discusión de la forma en que diferentes tipos de conflictos se generan por el manejo de los recursos naturales o la superposición de áreas protegidas con territorios de comunidades locales, a partir de estudios de caso de Brasil, Colombia y Chile. Se analizó la situación de algunas zonas constituidas como áreas protegidas donde entran en discusión formas de entender la protección ambiental y cultural de las poblaciones que las habitan.

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La memoria del simposio redactada por Edna Alencar y Henny Santiago y las notas editoriales elaboradas en conjunto por los autores de estos dos números especiales, sintetizan los principales aspectos presentados por los ponentes con los cuales queremos introducir las discusiones dadas en los artículos contenidos en este número especial de RESC. En el primer número (Vol. 6 Num. 2 Año 2012), se presenta los trabajos de Edna F. Alencar, Anna Beatriz Vianna Mendes, Rodrigo Paranhos Faleiro, y Jorge Calvimontes y Lucia da Costa Ferreira. El trabajo preparado por Edna Alencar titulado ―Poblaciones tradicionales, territorio y gestión de recursos naturales en la Reserva de Desarrollo Sustentable Mamirauá (RDS-M), Amazonas, Brasil‖, permitió conocer la situación de las poblaciones tradicionales de la Amazonía brasilera que residen en unidades de conservación ambiental de uso sustentable, las cuales presentan dos dinámicas distintas: la primera, provocada por factores internos como conflictos políticos e ideológicos; y la segunda, provocada por factores externos, como la intervención de ONG y estatal en la creación de áreas protegidas. A la luz de la teoría antropológica sobre territorio y territorialidad y en diálogo con la economía, la ecología política y la historia ambiental, Alencar analiza que dichos conflictos sociales, terminan dando como resultado la configuración de nuevos territorios; por su parte, los grupos amenazados procuran organizarse internamente en defensa de su territorio, ya sea afirmando una nueva identidad o construyendo alianzas con otros grupos para ampliar su poder de decisión y representación; en otros casos alterando las fronteras territoriales. La ponencia permitió discutir en torno a los procesos de territorialización de algunas comunidades de la RDSM, relacionados con proyectos de manejo de recursos naturales, analizando las características de la territorialidad y las estrategias de control de territorios y de recursos naturales así como las de gestión individual o comunitaria de los recursos naturales mediante la creación de pactos territoriales basados en la definición de reglas de acceso a los recursos naturales. El artículo presentado por Ana Beatriz Vianna Mendes, ―Populações tradicionais: notas reflexivas sobre um capítulo da história do povo brasileiro‖ parte de un análisis histórico y conceptual de la idea de poblaciones tradicionales en Brasil. El trabajo traza una historia de las ideas sobre las cuestiones de raza, mestizaje y diversidad cultural desde el siglo XIX hasta el presente, conforme ciertos autores clásicos de Antropología para ubicar el surgimiento de políticas públicas destinadas a populaciones tradicionales en el país. Aunque la visibilidad actual de estos grupos esté relacionada más con aspectos de la conservación ambiental, se trata también de cuestiones relacionadas a la gestión de pueblos y grupos étnicamente diferenciados. Tal trabajo se sitúa por lo tanto, en una historia de las ideas y su campo de disputas por las clasificaciones en la construcción de significados, donde están situados expertos (de las áreas biológicas, antropológicas e jurídicas) y gestores de los mismos grupos que pasan a ser clasificados como tradicionales. Se puede considerar que el trabajo presenta una reflexión sobre la relación entre la constitución de la Antropología en Brasil, las ideas acerca del pueblo brasileño y finalmente, las discusiones actuales sobre derechos y políticas públicas específicas a los pueblos y comunidades tradicionales de Brasil, como un campo continuamente en disputas por el poder de gestión e de clasificación de gentes e territorios. En otro sentido, Rodrigo Paranhos Faleiro rescata en su trabajo ―Áreas protegidas en conflicto: Unidades de Conservación y Tierras Indígenas en la política territorial brasileña‖, el papel histórico de las Áreas Protegidas – Tierras Indígenas y Unidades de Conservación – en la construcción del territorio nacional y de la idea de nación brasileña. Paranhos discute el papel del Estado en la conversión de los pueblos indígenas en ciudadanos nacionales que habrían de hacer parte del pueblo brasileño y su nación. En este sentido, el Área Protegida es analizada como instrumento de disciplinarización del campo desconocido o sin presencia del Estado. Así mismo, estas áreas son establecidas con marcos y objetivos específicos, ellas cumplen un papel estratégico en la defensa del territorio nacional y la conversión de estas áreas en parte del desarrollo nacional. Jorge Calvimontes Ugarte y Lúcia da Costa Ferrerira prepararon su articulo titulado ―Identidad como estrategia de lucha por el territorio y el uso de los recursos naturales en el Parque Estadual da Serra do Mar (PESM), São Paulo, Brasil‖, el cual permite analizar la situación y las relaciones establecidas entre los pobladores y los gestores del PESM, ubicado en el litoral norte del Estado de São Paulo, el más rico y desarrollado de Brasil y que se ha caracterizado por los conflictos relacionados con los derechos de 5

permanencia y uso de los recursos naturales. El caso presentado por Calvimontes y da Costa, permite entender claramente el dilema persistente entre la conservación de una naturaleza sin gente y la presencia humana en áreas de protección ambiental. A partir de la creación de la PESM en 1977, los pobladores, trabajadores del campo y pescadores vieron deslegitimados sus derechos al trabajo y a la continuación de sus actividades productivas y culturales. La disputa generada por este hecho, ha tenido como estrategia principal por parte de los pobladores locales, el asumir una identidad política como ―poblaciones tradicionales‖ o caiçaras o una identidad étnica como quilombolas. A partir de esta legitimación, espacios de discusión y negociación han surgido, haciendo que el diálogo entre la administración del área y los pobladores se intensifique, diálogos en los cuales han comenzado a participar otros actores como ONG y científicos. De otra parte, la población local reconoce que la creación del Parque impide el avance de la especulación inmobiliaria y de la industria del turismo. También se evaluó que la ausencia del Estado brasileño en la implementación del Parque, lo que termina permitiendo que las poblaciones locales se articulen para defender sus intereses. A partir del debate generado con esta presentación, se analizó la situación que presentan algunas regiones de Latinoamérica donde se mezclan las áreas de protección con los derechos de las poblaciones locales, generando conflictos sociales como los existentes en Brasil y Colombia. El Volumen 7 Numero 1 Año 2013, comienza con el trabajo de la Doctora Clarissa Bueno Wandscheer titulado ―Unidades de Conservación y violación de los objetivos legales de protección: derechos colectivos versus derechos individuales‖ en el cual la autora propone discutir la importancia de la naturaleza para el sistema capitalista de producción y la relación con las Unidades de Conservación (UC): ¿obstáculos o insumos? En un primer momento nos presenta la transformación del concepto de la naturaleza en recursos naturales, para abordar luego el concepto y las funciones de las Unidades de Conservación en Brasil y cómo ocurren las violaciones a los objetivos legales de protección. Finalmente, nos presenta la regresión en la protección de la naturaleza que ocurre con alteraciones legales que justifican las medidas del gobierno en fomentar las actividades económicas en prejuicio de la protección de la naturaleza. El análisis realizado por Leslie Cloud desde una perspectiva histórico-jurídica de la creación en territorio ancestral de los Rapa Nui del ―Parque Nacional Rapa Nui‖ declarado patrimonio de la humanidad desde 1995, ubica a los Maorí Rapa Nui en una situación similar al del caso de los Mbya Guarani de Tekoa Pyau – presentado por Luciana Galante más adelanté en este mismo número. Edificado sobre el despojo de las tierras de los Rapa Nui, el manejo del Parque por parte de la administración chilena justifica hasta hoy día la privación de los derechos de los Rapa Nui a sus tierras ancestrales y a la preservación de su patrimonio cultural. En este contexto, la autora Leslie Cloud estudia las implicancias de la superposición de las distintas categorías patrimoniales y de regímenes jurídicos que afectan el territorio Rapa Nui. Asimismo, recogiendo testimonios históricos y de los actuales Rapa Nui, la autora desea apuntar las contradicciones del modelo de conservación cultural promovido en Rapa Nui y legitimado al nivel mundial a pesar de incurrir en graves violaciones de derechos fundamentales. Por otra parte, la autora reflexiona sobre las posibilidades que ofrece el derecho internacional de los pueblos indígenas para devolver a los Rapa Nui el manejo de su patrimonio cultural y natural y así, asegurar la preservación de su integridad como pueblo. El caso presentado por Liandra Peres Caldasso ―A Reserva Extrativista Marinha de Arraial do Cabo: impactos e Mudanças Na Atividade de Pesca Artesanal‖, permite analizar la situación de esta Reserva localizada en la región litoral de Río de Janeiro creada con la participación de población local. Sin embargo, pasados 15 años desde su creación como Unidad de Conservación esta poco ha contribuido para el mantenimiento de la pesca artesanal; por el contrario, en algunos aspectos ha servido para acentuar conflictos preexistentes. Peres analiza los cambios sociales ocurridos a lo largo de los últimos años en la pesca artesanal en Arraial del Cabo, enfocándose en los impactos causados por los cambios institucionales, principalmente, a partir de la creación de la Reserva Extractivista. Se puede ver, que aunque la pesca artesanal esté enraizada en la cultura local, se observan pescadores orgullosos de su actividad y pescadores que permanecen en la actividad económica por falta de otras opciones remuneradas. A esto se suma el poco interés de las nuevas generaciones de jóvenes hijos de pescadores para permanecer en la actividad. La ponencia enfatiza las fuertes presiones sobre ésta área protegida debido al turismo náutico, la actividad portuaria y de off-shore de la actividad industrial. También señala problemas como la falta de saneamiento urbano, la polución y la exclusión social de los habitantes, dificultades de acceso a las políticas públicas, entre 6

otros aspectos. En la actualidad se encuentra en discusión el Plan de Manejo entre el órgano gestor, los órganos institucionales y las asociaciones de pescadores. También relacionado con pescadores, el trabajo presentado por Francisco Araos Leiva ―Perspectivas locales para la conservación de la biodiversidad marina en Chile‖, permite entender la forma como las áreas marinas protegidas, han sido creadas como instrumentos de conservación y ordenamiento pesquero a partir de la disminución de la biodiversidad marina consecuencia de la fuerte presión económica sobre los recursos pesqueros. Para el caso de Chile, la conservación marina se inicia con la creación de los primeros Santuarios de la Naturaleza hacia la década de los años setenta, promulgados bajo la Ley de Monumentos Nacionales y la Ley General de Pesca y Acuicultura, con las cuales se establecieron las primeras categorías de manejo y conservación marina estricta. A partir de estos antecedentes, Araos introduce la discusión para el caso de la creación del Santuario Marino las Brisas de Navidad en el litoral central de Chile, comuna de Navidad, una iniciativa de conservación desarrollada por sindicatos de pescadores, el municipio local y académicos. Esta iniciativa ha permitido al municipio de Navidad liderar la creación de la Alianza de Municipios Costeros por el Desarrollo Sustentable, que reúne a nueve municipios de Chile que han desarrollado algún proyecto de conservación marina. Esta experiencia muestra un interesante modelo de gestión municipal de la conservación y permite caracterizar la manera en que las sociedades locales han conseguido apropiarse de los objetivos y discursos de la conservación de la biodiversidad para lograr sus propios objetivos de vida. La ponencia presentada por Henny Margoth Santiago Villa titulada ―La Reserva Forestal Regional del Norte (RFPN). Historia de un conflicto por el uso de la tierra y la propiedad en el borde Norte de Bogotá – Colombia‖, plantea una mirada retrospectiva del territorio que hoy se denomina Reserva Forestal Regional Productora del Norte de Bogotá en la capital de Colombia. El análisis deja claro que la interacción humana con la Sabana de Bogotá ha tenido una serie de connotaciones especiales a lo largo de los últimos 15.000 años. Las relaciones establecidas han influido notoriamente en su conservación o en su destrucción progresiva, ya que los ecosistemas de dicha área han proveído alimento y calidad de vida a las poblaciones humanas que utilizaron sus servicios ambientales, principalmente el agua. A partir del proceso de conquista y colonial, podemos ver cómo los imaginarios construidos sobre el territorio del borde Norte de Bogotá fueron cambiando y con ello las percepciones, el uso funcional y práctico de sus ecosistemas. Las fuentes hídricas empezaron a disminuir progresivamente, a mostrar síntomas de deterioro y la alteración de su salud vital en la medida que la sociedad los margina e invisibiliza. El suelo se modificó progresivamente hasta convertirse en suelo agrícola o para convertirse, en el peor de los caso, en suelo urbanizable o de expansión urbana del Distrito Capital. Finalmente y también en un escenario urbano, el articulo preparado por Luciana Galante ―Dilemas entre pueblos tradicionales y áreas protegidas: la comunidad Guaraní Mbya de Tekoa Pyau‖, deja clara la manera en que las políticas ambientales y conservacionistas para la creación de áreas protegidas en Brasil, prevén categoría que no admiten la presencia humana y también áreas en donde ésta si es admitida. La creación de áreas que son incompatibles con la presencia humana, superpuestas con territorios indígenas, como el caso del Parque Estadual Jaraguá, ha generado una serie de conflictos con la población Guarani Mbya de Tekoa Pyau que habita en la zona estableciendo una relación compleja con la misma, en donde las fronteras entre humanos y no-humanos no están muy bien definidas. En este punto, se discuten las diversas relaciones dicotómicas entre naturaleza y cultura mientras que para los guaraníes la naturaleza se entiende como una prolongación de su propia existencia, diferente a la visión que le atribuye connotaciones económicas y políticas. La destrucción sistemática de los ambientes y/o el establecimiento de Unidades de Conservación superpuestas en áreas habitadas, ocasiona conflictos debido a que los Guaraníes han debido buscar nuevas alternativas de subsistencia frente a su situación en áreas protegidas. La autora considera urgente el establecimiento de un diálogo entre las diversas instancias comprometidas en el problema, para incluirlas participativamente en la gestación de espacios y el uso de recursos naturales de forma colectiva. Para los editores y todo el equipo humano que dedico sus esfuerzos en la preparación y edición de estos dos números espaciales de RESC, ha sido un honor interactuar con todos los autores que participaron en esta iniciativa liderada por el Grupo de Estudios Sociales Comparativos en la Universidad del Cauca. Esperamos que los casos aquí presentados sirvan para alentar futuras discusiones sobre el papel de los abogados, 7

antropólogos, biólogos, geógrafos, historiadores entre otras tantas disciplinas, que se ven cada vez más comprometidas en espacios de negociación y toma de decisiones en torno a la declaratoria y administración de áreas protegidas. Más allá de los sistemas de categoría a los cuales la gente y la naturaleza se vean adscritas, queda claro que necesitamos trabajar en una reconceptualización de la idea de conservación más acorde con las realidades socio-ecosistémicas que se pretenden proteger.

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Poblaciones tradicionales, territorios y gestión de los recursos naturales en la Reserva de Desarrollo Sostenible Mamirauá (RDS-M), Amazonas, Brasil Edna F. Alencar1 Resumen En la Amazonía rural brasileña, poblaciones locales están experimentando procesos de territorialización causados por factores externos como la intervención de organizaciones no gubernamentales (ONGs), la intervención del poder público municipal, estatal y federal, y por factores internos tales como las disputas territoriales por la apropiación de los recursos naturales y conflictos ideológicos. En este artículo se discute el proceso de territorialización experimentado por los residentes de algunas comunidades de la Reserva de Desarrollo Sostenible Mamirauá (RDSM), señalando las características y estrategias de control de los territorios y los recursos naturales en manos de los diferentes actores y grupos sociales, así como los efectos de la gestión individual o compartida de dichos recursos. El análisis se basa en la teoría antropológica del territorio y la territorialidad (Little 2002; Oliveira 1998) en diálogo con la economía, la ecología política y la historia. La información es resultado de investigaciones realizadas con los residentes de la RDSM (Alencar 2002; Alencar 2010a), con el objetivo de comprender el proceso de ocupación humana de la reserva y las formas de expresión de su territorialidad.

Palabras clave: Amazonas, territorios, recursos naturales, conflictos

Abstract In rural Brazilian Amazonia, local residents are experiencing territorialization processes caused by external factors such as territorial disputes by the appropriation of natural resources and ideological conflicts, and by internal factors such as the intervention of non-governmental organizations (NGOs), the intervention of public, municipal, state and federal power. In this paper is discussed the process of territorialization experienced by residents of some communities in the Sustainable Development Reserve Mamirauá (RDSM), trying to point out the characteristics and strategies of territorial control of natural resources held by different actors and social groups. The analysis is based on anthropological theory of territory and territoriality (Little 2002; Oliveira 1998) in dialogue with the economy, political ecology and environmental history. The information is the result of the research conducted with residents of RDSM (Alencar 2002; Alencar 2010a) with the objective to understand the process of human occupation of the reserve and the forms of expression of their territoriality.

Keywords: Amazon, territories, natural resources, conflicts

Doctora en Antropología Social, profesora del Programa de Posgrado en Antropología (PPGA) y en Ciencias Sociales (PPGCS) de la Universidad Federal de Pará (UFPa), Brasil; investigadora colaboradora del Instituto do Desenvolvimento Sustentavel Mamirauá (IDSM). E-mail: [email protected] [email protected] Mis agradecimientos al Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (CNPq,) y al Instituto para el Desarrollo Sostenible Mamirauá (IDSM) por el apoyo financiero en la realización de la investigación; también gracias a los residentes de las comunidades de la zona central de la RDS Mamirauá. 1

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Introducción En la década de 1980, diferentes grupos sociales que habitan el medio rural brasileño surgen en el escenario político en defensa de sus territorios, de los ambientes de trabajo y de derechos sociales básicos. Distintos movimientos representaban grupos sociales articulados como agricultores, caucheros, pescadores costeros, colectores de coco babasú (Orbignya phalerata), indígenas y cimarrones; pero también sindicatos, asociaciones y otras entidades agregaban movimientos de carácter étnico. Estas categorías fueron unidas en torno a un movimiento común llamado ―Alianza de Pueblos del Bosque‖ (Allegretti 2002; Santilli 2005; Little 2004; Almeida 2004). A partir de una lista común de reivindicaciones, este movimiento se fortaleció mediante el establecimiento de alianzas estratégicas con organizaciones no gubernamentales (ONGs) nacionales e internacionales, actuando en defensa de los derechos sociales y políticos de los grupos considerados vulnerables, con entidades en defensa del medio ambiente y movimientos de carácter ambiental (Leff 2001; Leyes y Viola 1996; McCormick 1992; Viola 1987) con grandes operaciones en América Latina. Según Leff (1993), el movimiento ambiental en América Latina surge en el contexto de la democratización de los países y el establecimiento de alianzas con otros movimientos sociales locales que lucharon por la defensa de sus territorios y la afirmación de las identidades étnicas, la lucha por la autonomía política y el derecho a la autogestión de sus formas de vida, además de proponer modelos alternativos de desarrollo y la reapropiación social de la naturaleza (1993:50). En Brasil, la alianza entre el movimiento ecologista y los movimientos sociales surge en este contexto político, social y económico, dando lugar al movimiento socioambientalista que se caracterizó por la defensa del desarrollo de nuevas formas de apropiación social de la naturaleza (Almeida 2004; Little 2004; Santilli 2005). Algunas categorías presentes en estos movimientos sociales, fueron capaces de incluir parte de sus afirmaciones sobre la conservación de los derechos territoriales en la Constitución de 1988 que, entre otras providencias, garantiza el derecho de los pueblos indígenas a sus territorios originarios y a los grupos de quilombos1 el derecho a la propiedad colectiva de las tierras que ocupan (Almeida 2004; Santilli 2005). Los reclamos de otras categorías se incluyeron en la legislación constitucional representada por el Sistema Nacional de Unidades de Conservación (SNUC), creada por el Decreto-Ley No. 9985 del 18 de julio de 2000 –que trata la creación de unidades de conservación en Brasil. El SNUC ha establecido nuevos criterios para la creación, despliegue y gestión de áreas protegidas en Brasil, y las normas y directrices que rigen los usos de los recursos naturales en estas áreas. La principal novedad fue la inclusión de nuevas categorías de áreas protegidas que reconocen la presencia de poblaciones humanas y el importante rol de estas poblaciones para la conservación de la biodiversidad. Las unidades de conservación (UC) insertadas en el SNUC se dividen en dos grupos principales: las del uso directo de los recursos naturales las cuales admiten que personas vivan en su interior –como Reserva Extractiva (RESEX) y Reserva de Desarrollo Sostenible (RDS), y las del uso indirecto que no admiten la residencia de personas ni usos, y están destinadas a la visita y la investigación científica. En este grupo se encuentran los parques nacionales, las estaciones científicas, las reservas biológicas, entre otros. Las UC que permiten el uso sostenible de los recursos naturales por parte de las personas que viven en ellas, como es el caso de las RESEX y las RDS, dan lugar a diferentes categorías sociales tales como recolectores de caucho, pescadores, recolectores de castañas, caiçaras, entre otros, denominados como poblaciones tradicionales2 1

Quilombo es un término utilizado en Brasil para referirse a los descendientes de africanos cuyos antepasados trabajaron como esclavos en las granjas de cultivo de caña de azúcar y otras fincas, y que huyeron a formar pequeños pueblos llamados quilombos. En antropología se trata de un concepto que se utiliza para referirse a los descendientes de africanos que pertenecen a asociaciones y afirman una identidad étnica, reclaman al Estado brasileño el reconocimiento legal de la propiedad de las tierras que ocupan, y el libre ejercicio de sus prácticas, creencias y valores culturales que marcan su diferencia con respecto a otros grupos sociales que conforman la sociedad brasileña. Este derecho se garantiza por la Constitución de 1988, en el artículo 68 de ADCT. 2 Para una discusión del concepto de poblaciones tradicionales ver Diegues (1996); Cunha y Almeida (1999); Esterci (2002); Lima y Pozzobon (200l); Little (2002); Barreto Filho (2006); Lima 2010.

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(Almeida 2004). De este modo, al ser reconocida la presencia de poblaciones humanas que hacen uso directo de los recursos naturales en las UC, se asume que la conservación de la biodiversidad depende de la conservación de la diversidad social y de asegurar la continuidad de los modos de reproducción de estas poblaciones. En las dos últimas décadas, fueron creadas en el estado de Amazonas varias UC de utilización directa3 a través de un proceso de territorialización que afectó a distintos grupos sociales que viven en los territorios declarados como áreas protegidas, entre las que destaca la Reserva de Desarrollo Sostenible Mamirauá (RDS-M) situada en el estado de Amazonas. La RDS-M tiene una extensión de 1.124.000 hectáreas y sus límites están definidos por los ríos Solimões y Japurá, y el Auati-Paraná, se cuenta como el área protegida más grande de Brasil. Se sitúa en su totalidad en la llanura de inundación (várzea), caracterizada por una estacionalidad dividida en dos períodos bien definidos: el período de sequía, cuando las aguas de los ríos alcanzan el nivel inferior; y el período de la inundación o invierno, cuando la lluvia es alta y el nivel de las aguas de los ríos se eleva hasta 15 metros inundando la llanura. Una característica de esta región de llanuras de inundación es la presencia de miles de lagos que albergan especies de peces como el pirarucú (Arapaima gigas) que son fácilmente capturados en el período de verano cuando están casi secos. La RDS-M fue creada en 1990 bajo la categoría de Estación Ecológica, un modelo de área protegida que no admite la permanencia de poblaciones humanas en su interior. Durante los trabajos conducidos por investigadores y técnicos en el proyecto de ejecución de la reserva conocido como Proyecto Mamirauá (Queiroz 2005), se incluyó a la población local en las acciones de gestión del territorio y conservación de los recursos naturales, resultando en una propuesta para cambiar la naturaleza jurídica de la reserva. Así, en 1996 se creó una nueva categoría de área protegida (la RDS) y la Estación Ecológica de Mamirauá recibió su nombre actual, lo que permitiría más tarde la incorporación de una nueva categoría en la legislación ambiental garantizando legalmente hablando, el derecho de la población local a permanecer en sus territorios afectados por la declaratoria de la UC (Lima 1997; Moura 2007; Queiroz 2005). Los estudios realizados con los residentes de varios pueblos situados en la RDS-M (Lima y Alencar 2000, 2001; Alencar 2002, 2009 y 2010a) muestran que en el lapso de un siglo (1900-2000), los grupos sociales residentes en el área focal han experimentado un proceso de territorialización (Oliveira 1998) donde se destaca la intervención de diferentes actores e instituciones. Si tenemos en cuenta sólo el siglo XX, este proceso está directamente vinculado con los sistemas de producción económica basados en la explotación de recursos naturales, con las políticas de desarrollo territorial implementadas por el Estado –a nivel municipal, estatal y federal–, y con la interferencia de actores vinculados a organizaciones de carácter religioso como la iglesia Católica.

En el año 2005 el Estado de Amazonas, en Brasil, creó 12 nuevas UC en la categoría de Reservas de Desarrollo Sostenible (RDS). Entre 2006 y 2007, se crearon otras tres UC con la misma categoría. En 2007, el estado del Amazonas contaba con 34 UC cubriendo una superficie total de 16.489.111 hectáreas (has) protegidas, 26 UC de uso sostenible con 13.392.346 has y 8 de protección completa con 3.096.765 has. Estas áreas protegidas representan el 11% del territorio del Estado (Gobierno del Estado de Amazonas - Manaus SDS 2009). 3

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Fuente: IDSM 2000 En esta región del medio río Solimões, los grandes comerciantes urbanos y los pequeños comerciantes rurales jugaron un papel importante en este proceso ya que ellos controlaban vastos territorios y la exploración de diferentes recursos naturales influyendo en la dinámica de la población y en la impresión de un patrón de asentamiento característico. Más tarde, fueron reemplazados por los empresarios pesqueros que controlaban la explotación pesquera y han contribuido a la configuración de las estrategias de control de territorios ricos en recursos naturales. Algunos de estos comerciantes irían a ocupar cargos en el poder ejecutivo o legislativo de los municipios que tenían sus territorios afectados por la RDS-M –como Alvarães, Uarini y Maraã. Un segundo actor que se puede destacar es la iglesia Católica a través de acciones enfocadas a la educación popular y las políticas de capacitación en liderazgo, conduciendo a la creación de comunidades y con ello al cambio en el modo de organización política, la distribución geográfica de los pueblos y la organización del territorio (Alencar 2007; Esterci 2002; Lima 1997). Por último, el poder público municipal, estatal y federal, que a través de políticas orientadas a la gestión de la tierra han dado lugar a nuevas formas territoriales, como la creación de municipios, de áreas protegidas –unidades de conservación y tierras indígenas. Estos factores, de diferentes maneras, contribuirán a los cambios que se produjeron en la forma de ocupación del espacio, en la forma de organización de los grupos sociales que viven en estas áreas y en la manera cómo los grupos sociales se van a articular en torno a un territorio. En este artículo se discute el proceso de territorialización de grupos sociales que viven en la zona central de la RDS-M donde hoy se ubican las comunidades de Boca do Mamirauá y San Raimundo do Jarauá (Alencar 2010a), teniendo en cuenta en el análisis la escala temporal de los últimos cien años y las características económicas, sociales, políticas e históricas que dan forma a los territorios sociales. Tratamos el concepto de territorio a partir de las representaciones que la población local construye sobre el espacio al interactuar con el medio ambiente en la búsqueda de asegurar las condiciones para su reproducción social. Al mismo

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tiempo, tratamos de construir una historia breve de las estrategias de control y gestión de los territorios y el uso de los recursos naturales por los diferentes actores, para contribuir a la caracterización del proceso de territorialización de estos grupos. La información sobre la que nos basamos para llevar a cabo el análisis resulta de investigaciones realizadas con los residentes de distintas localidades del RDS-M (Alencar y Lima 2000, 2001; Alencar 2002; Alencar 2009; Alencar 2010a; Alencar y Souza 2012), con el objetivo de conocer el proceso de ocupación humana de la reserva y las diferentes formas de expresión de la territorialidad de la población local. El análisis se basa en la teoría antropológica de la territorialidad (Little 2002; Oliveira 1998) desde una perspectiva histórica, tratando de entender el proceso de transformación de suelos para usos múltiples y el papel del parentesco como una institución importante para la definición de los derechos de acceso a la tierra y a los recursos naturales existentes por parte de los miembros de los grupos sociales. En este sentido se considera que la pertenencia a un grupo de parentesco y la relación histórica con el lugar que es preservada a través de la memoria social, son factores determinantes de los derechos legítimos sobre los territorios.

De campesinos a poblaciones tradicionales La clasificación de los grupos sociales con el término ―poblaciones tradicionales‖ les ha garantizado el derecho a permanecer en las áreas protegidas de uso sostenible. Lo que une a las diferentes categorías sociales que abarca este término, es el hecho de residir en zonas rurales que están poco articuladas con el mercado y satisfacen sus necesidades básicas de consumo a través de la explotación de los recursos naturales, a partir de acciones y comportamientos guiados por saberes y el conocimiento tradicional. Según algunos estudiosos, este conocimiento permite la conservación, incluso, la expansión de la biodiversidad (Posey 1987; Gómez-Pompa 1971; Diegues 1996). La economía de estos grupos se basa en la combinación de la explotación de varios recursos naturales con actividades agrícolas como el cultivo de yuca (M. esculenta e M. utilíssima), plátano (Musa spp.) y otros cultivos de ciclo corto, además de la creación de un tipo de ahorro que podría ser clasificado como cultivos mixtos (Wanderley 1999; Neves y Garcia 2009). Estas poblaciones tienen un tipo de organización social basada en el parentesco y la construcción de redes sociales esenciales para su reproducción física y cultural. Todas estas peculiaridades permiten clasificar a estos grupos como los campesinos (Velho 2009). El uso del término poblaciones tradicionales para abarcar diferentes grupos sociales en distintos contextos ambientales y distintas situaciones sociales ha generado muchas críticas, principalmente por la falta de precisión de los criterios utilizados para clasificar los grupos a los que se aplica (Barreto Filho 2006; Cunha Almeida y 1999; Léna 2002; Lima 1997). La crítica se dirige principalmente a la noción de ―tradicionalismo‖, al dar a entender que la forma de vida de estas poblaciones se guía por una ideología conservacionista que se opondría al modelo económico capitalista de explotación depredadora de la naturaleza y que es incompatible con los ideales de conservación de la biodiversidad (Milton 1996). Conceptualmente, los grupos sociales a los que se asigna el término serían aquellos cuyo modo de vida ―tradicional‖ es diferente de la forma de vida de la población residente en un área urbana-industrial. Son tradicionales porque conservan en el tiempo algunas prácticas culturales heredadas de sus antepasados, por la forma de organizar el proceso de producción con el uso intensivo de mano de obra familiar y también, o principalmente, porque la explotación de los recursos naturales se lleva a cabo con el uso de tecnologías de bajo impacto que tiene una débil vinculación con el mercado (Cunha y Almeida 1999). A medida que sus prácticas de producción se orientan principalmente a la satisfacción de sus necesidades básicas de consumo, garantizan el mantenimiento del equilibrio entre las necesidades básicas de consumo y la reproducción de los recursos explotados. Según Cunha y Almeida (1999), el mantenimiento de esta tradición sería uno de los principales criterios para clasificarlos como un ―socio‖ en los proyectos de conservación del medio ambiente en donde se consideran capaces de garantizar la conservación de la biodiversidad. Por lo tanto, el término tradicional pone a estas poblaciones en un estado donde no se

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admiten cambios en su estilo de vida, donde están condenados eternamente a reproducir un patrimonio cultural legado por sus antepasados, a pesar de los cambios que se producen en su entorno social, cultural, económico y ambiental. Estos autores afirman además, que las poblaciones tradicionales se integran en la economía de mercado y están sujetas a cambios, pero ―estos cambios no necesariamente conducen a situaciones de sobreexplotación depredadora. Dadas ciertas condiciones estructurales, las poblaciones tradicionales pueden desempeñar un papel fundamental en la conservación‖ (Cunha y Almeida 1999: 06).

Los procesos de territorialización en Mamirauá Históricamente los grupos sociales que conforman las comunidades existentes en el área central de la RDSM tienen formas particulares de posesión de la tierra y uso de los recursos naturales, donde hay control de los territorios que incluyen ambientes acuáticos y terrestres. Los límites de los territorios son establecidos por la movilidad de las familias en ejecutar diferentes actividades productivas y extractivas durante el año en ambientes diferentes –la llanura de inundación y la tierra alta, la creación de una forma de territorialidad que se caracteriza por la movilidad y la diversidad de conocimientos sobre diferentes ambientes. La creación de redes sociales y de parentesco que cubren esta amplia área de producción, es la base para el mantenimiento de la identidad cultural de estos grupos (Benatti 2001; Diegues 1996; Little 2002). La relación que un grupo social establece con el espacio y con el entorno biofísico mediante la construcción de un lugar y de un territorio, está mediada por factores sociales, culturales, políticos, históricos y económicos. En tanto la categoría que se refiere a un proceso social de apropiación del espacio político, el territorio implica cuestiones de poder, de administración, la demarcación de fronteras y también las ideologías e identidades que son creadas colectivamente por un grupo social para establecer y mantener su territorio (Little 2002). Desde la perspectiva de la antropología social, el territorio se concibe como una representación colectiva fundamental de la sociedad, que existe desde la interacción de las sociedades humanas con su medio ambiente, las acciones de desarrollo continuo en un espacio determinado y en un período histórico dado (Cosgrove 1994). El significado del territorio, como una forma de apoyo de la identidad de un grupo, se ve reforzado por la continuidad de las acciones que las generaciones del presente llevan a cabo sobre el espacio, o por los relatos que hablan de las acciones de las generaciones pasadas. Por lo tanto, son estos relatos y la agencia de las generaciones presentes las que ayudan a comprender los límites y fortalecer los vínculos con el territorio, en un juego de memoria y de apropiación del conocimiento (Alencar 2002; Gow 1995; Poco 2002; Rosaldo 1989). En los últimos cien años (1900-2000), una pequeña porción de la población que reside en la RDS-M ha experimentado cambios en sus conductas territoriales que configuran un proceso que llamamos territorialización. De acuerdo con la definición propuesta por Oliveira (1998), este proceso se refiere a situaciones en donde hay ―intervención de la esfera política que asocia (...) un conjunto de individuos y grupos a límites geográficos bien definidos" (1998: 56). Un ejemplo de este proceso son las intervenciones realizadas por el Estado con su política de ordenamiento territorial al crear áreas protegidas para la conservación del medio ambiente o la protección de los grupos étnicos. Tratase por lo tanto, de un factor externo que provoca la dinámica del territorio de un grupo social. Otro ejemplo son las situaciones de conflicto y las amenazas de invasión del territorio de un grupo social que trata de organizarse colectivamente y tomar medidas para formular su propia identidad, para crear formas de representación y reestructurar sus formas culturales para defender su territorio (Oliveira 1998). En estas situaciones puede ocurrir la reorganización social de un colectivo, la superación de las diferencias internas, la creación de una unidad sociocultural nueva y también la construcción de una nueva identidad para reforzar la diferencia de los opositores, así como la redefinición de los mecanismos de control social sobre el territorio. En las páginas siguientes se destacan los principales aspectos del proceso de territorialización de los grupos sociales que ocuparon la zona central de la RDS-M en los últimos cien años.

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El territorio controlado por los jefes Hasta los años setenta del siglo XX, la economía del Estado de Amazonas se basaba en la explotación de los recursos naturales, destacando el período histórico de la explotación del caucho que prevalecía entre finales del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX. Ésta producción será sustituida progresivamente por la pesca de especies de alto valor comercial, como el pirarucú o tambaqui (Colossoma macropomum), el manatí y especies de bagre como la piramutaba (Brachyplatystoma vaillantii), la dourada (Brachyplatystoma rousseauxii) entre otras (Monteiro 2010; Queiroz 1999; Santos y Santos 2005; Veríssimo 1985). En la región de la llanura de inundación del Medio Solimões, la pesca y comercialización del pirarucú siempre ha sido una actividad constante y se produjo con mayor intensidad en el siglo XIX y a lo largo de la primera década del siglo XX, cuando ocurrió el descenso de la producción de otros productos extractivos (Alencar 2007; Alencar 2010b; Monteiro 2010; Veríssimo 1985). Según Queiroz (2000), los pocos registros sobre la producción de este pescado durante el período apuntan a un volumen de alrededor de 1.300 toneladas anuales de pirarucú (seco y salado) para ser comercializadas y que se desembarcaron en el puerto de Belém en el siglo XIX. Las informaciones indican además que en la década de 1930, el volumen de pirarucú salado que fue desembarcado en ese puerto se había reducido a 300 toneladas. Esta caída en la producción es interpretada por los estudiosos como una clara indicación de cuán intensa era la explotación de este recurso que condujo a su reducción significativa o casi extinción (Monteiro 2010; Verissimo 1985). La mayor parte de la producción que soporta el comercio rural en la región del medio río Solimões, se basa en la extracción de recursos naturales y fue controlada por pequeños comerciantes que reclamaban los derechos de propiedad sobre amplios territorios, especialmente de los lagos, porque habían comprado la tierra. Ellos encontraron apoyo en las administraciones municipales que elaboraron documentos formalizando sus derechos sobre tales territorios y que se transmitían a otros a través de la venta4. Estos comerciantes eran parte de una cadena más amplia de la comercialización de productos ya que estaban vinculados a comerciantes más fuertes que tenían sus casas de comercio en ciudades como Alvarães, Coari, Tefé y Manaus (Alencar 2007 y 2009). Ellos hicieron posible el transporte de productos a los mercados de consumo de Manaus, donde eran transportados más tarde a los puertos de Belém y al extranjero. Los grupos sociales que vivían en esta región realizaban actividades económicas combinando la explotación de recursos pesqueros de carácter estacional con la pequeña producción agrícola orientada al consumo familiar, la recolección de castañas en zonas de tierra alta y la extracción de maderas preciosas. Ellos construirían sus territorios a partir de distintas actividades, aunque todavía no tenían autonomía en los territorios de mayor abundancia de recursos naturales, los cuales eran controlados por personas con mayor poder económico, algunos representantes de los propietarios de las grandes tiendas comerciales de Manaus, los jefes (patrões), quienes residían en zonas urbanas. Para garantizar la productividad, algunos de estos comerciantes buscaron controlar territorios con numerosos lagos y áreas boscosas y también la explotación de los recursos naturales. Controlando vastos territorios ricos en lagos con pescado, ellos se afirmaban como los ―dueños‖ y sólo autorizaban el acceso a sus recursos a las personas con las que mantenían relaciones comerciales y de parentesco. Se determinó la forma de pago, que generalmente consistía en el cambio de los productos extractivos por bienes manufacturados –mercancías- y también determinó la equivalencia monetaria de este intercambio. Este sistema se basaba en el modelo del régimen económico que prevaleció durante la explotación del caucho y de la jeringa, que consistía en el control de la producción mediante el control de la mano de obra estacional cuya fidelidad se lograba a través del establecimiento de una relación de dependencia económica y la coacción.

Estos documentos no tienen valor legal porque proviene de lagos localizados en la llanura de inundación y las tierras que están cubiertas por la Unión a través de la SPU (Departamento de Patrimonio de la Unión). Bueno, en realidad vendió las fábricas, y el derecho a controlar la pesca, pero no la propiedad legal de la zona. 4

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En este tipo de comercio rara vez había la circulación de dinero y el pescador, llamado el cliente, ni siquiera podía tener saldo al final de la cosecha de los peces porque había contraído deudas durante el año para comprar comida para él y su familia, y también para obtener materiales como la sal y utensilios para ejecutar el trabajo de la pesca. En estos casos, la deuda era reprogramada para ser pagada con la producción de la pesquería del próximo año. Es decir, el pescador se convirtió en prisionero de su jefe incapaz de encontrar otro prestamista para la venta de su producción, ya que los comerciantes estaban articulados a una estrecha red de comercio (Alencar 2010b) controlando territorios y la explotación de los recursos. En las zonas más centrales de la RDS-M se encuentran los sistemas de lagos más productivos como el complejo del lago Mamirauá, cuyo control a lo largo de décadas fue llevado a cabo por diferentes jefes que tenían como sus clientes familias de pescadores y recolectores que vivan en aldeas dispersas a través de este gran territorio controlado. Sus tiendas comerciales fueron construidas estratégicamente en la entrada de los lagos, como ocurria en el Lago Mamirauá, donde formaron el topónimo Boca Mamirauá (Alencar 2010a). Los propietarios del lugar y del lago, ejercían un control total en la explotación de la pesca del pirarucú e impidieron el ingreso de personas que no tenían vínculos comerciales o de parentesco, especialmente en el verano cuando se llevaba a cabo la pesca de alto valor comercial. Los que trataron de romper tal prohibición fueron amenazados y sus materiales de trabajo retenidos (Alencar 2010a). Otra área de producción intensiva de peces se encuentra en el complejo de lagos denominados Jarauá, accesible por el río Solimões –especialmente en la temporada de lluvias, y por el Paraná Jarauá. A lo largo del siglo XX, distintos patrones explotaron intensivamente la pesca en este sistema de lagos y controlaron el acceso a los recursos pesqueros y madereros. Las casas comerciales, el cobertizo (barracão) y la residencia fueron construidos estratégicamente en la entrada del paraná Jarauá donde se formó el pueblo de nombre Jarauá, hoy São Raimundo do Jarauá (Alencar 2010a). Algunos de estos propietarios de Jarauá se convirtieron en comerciantes influyentes que actuaban en una amplia zona que incluía el curso superior del río Japurá y el medio Solimões en la región donde hoy se levanta la RDS-M (Alencar 2010a). Algunos de ellos también controlaban la explotación y el comercio de pescado, la extracción de caucho, la recolecta de castañas y la compra de pieles de animales salvajes en las áreas extractivas del lago Amanã, actualmente situado en la Reserva de Desarrollo Sostenible Amanã (Alencar 2008). Los comerciantes también estimulaban la movilización de mano de obra estacional entre diferentes zonas de producción (Alencar 2009). Dos de estos fueron elegidos alcaldes de la ciudad de Maraã entre los años 1970 y 1980 (Alencar 2010a). Investigaciones realizadas con los residentes de la región de la RDS-M mostraron que el pico de producción extractiva del pirarucú, sólo por uno de los comerciantes que controlaban la producción en uno de los sistemas de lagos de RDS-M, llegó a obtener de 50 a 100 toneladas de pirarucú seco y salado, sólo en un período de explotación (el fábrico5) entre los meses de septiembre y noviembre (Alencar 2010a). Lo que hay de semejante entre estos dos sistemas de lagos, Mamirauá y Jarauá, además de la abundancia de los recursos pesqueros y el control ejercido por los jefes, es el hecho de que han sido explotados de forma intensiva desde los últimos años del siglo XIX hasta la década de 1980, y que terminó con el agotamiento de dicho recurso. A partir de entonces hay una disminución creciente del comercio rural que comenzó en la década de 1970 y que llevó a los empresarios y empleadores a abandonar estas áreas (Lima-Ayres, 1992; Lima y Alencar 2000; Alencar 2008) y a migrar hacia las zonas urbanas. Junto con ellos, varias familias también se fueron. La dependencia por parte de extractores y pescadores de los comerciantes (jefes) para que su producción llegue hasta el mercado y para obtener bienes y alimentos procesados, los mantuvo encerrados en un sistema de producción que se caracterizó por la explotación intensiva de productos como estrategia para obtener el máximo beneficio que les permitiera pagar las deudas contraídas con el patrón. Esta característica de la El término fábrico se utiliza en le región para referirse a las actividades de explotación intensiva de temporada de un recurso natural en particular. Así, hay fabrico del pescado, de la recolección de castañas, del caucho, entre otros (ver Alencar 2010a). 5

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producción extractiva para ese momento, estuvo asociada con el agotamiento de las poblaciones de peces. A pesar de la abundancia de pescado en los lagos y la alta productividad de la actividad pesquera, sólo los comerciantes han prosperado económicamente ya que los pescadores no pudieron obtener fondos suficientes para acumular activos. Para aumentar sus ganancias, estos jefes trataban de diversificar sus actividades y los tipos de productos vendidos, lo que garantizaba un suministro continuo de productos naturales que ofrecían a lo largo del año y de acuerdo a la estacionalidad de los recursos y del entorno. Por lo tanto, en un momento la producción se centraba en la extracción de látex, la recolección de nueces y venta de pieles de animales; en otra época, era la pesca y la explotación forestal. Como ciertos recursos eran escasos y se levantaron nuevas demandas del mercado, buscaron otras regiones y otros productos como la madera, cuya producción se intensificó en los años 1970 y duró hasta la prohibición de la tala de ciertas especies en la década de 1990. Los jefes movilizaron una fuerza de trabajo calificada compuesta de extractores que tenían residencia en diferentes localidades y fueron dispersados dentro de su área de operación mercantil moviendose de acuerdo a la estacionalidad de los productos naturales. Como resultado de este sistema de producción, se configuró una estructura demográfica caracterizada por la movilidad estacional de los extractores entre diferentes tipos de ambientes –tierras altas y llanura de inundación, o dentro del mismo entorno como ocurrió durante la pesquería de verano. Esta movilidad caracteriza la territorialidad de los grupos sociales, donde el territorio fue delineado por actividades productivas que traen una red de sociabilidad, que se vio reforzada por el establecimiento del parentesco y el matrimonio entre personas pertenecientes a diferentes familias, que participaron en el proceso de producción. Había también otro tipo de sociabilidad que reforzó los lazos entre familias que compartían un territorio común: se trata de las fiestas religiosas o celebraciones de santos características de una época de la historia social y religiosa de esta región del Amazonas (Alencar 2002; Alencar 2010a; Lima-Ayres 1992). Además de los comerciantes que controlaban los territorios, también hubo familias que se establecieron en ciertas áreas donde había lagos ricos en pescado cuya entrada podía ser controlada y las tierras altas no sufrían inundaciones anuales (Lima y Alencar 2000 y 2001). Cuando se instalaron en espacios con estas características, las familias comenzaron el proceso de construcción de un territorio para la explotación de los bosques con el fin de extraer distintos tipos de madera, para el cultivo de yuca y plátano y cultivos de ciclo corto. Las familias asentadas en estas áreas, pasaron a ser reconocidas como dueñas del lugar alegando derechos de uso de lagos y bosques y sobre todo, para el control de la pesca. De este modo, mantuvieron relaciones comerciales con los pequeños comerciantes y finalmente, se dedicaron a las actividades de pesca o recolección de productos naturales en otras áreas del negocio. Las actividades pesqueras llevadas a cabo por estas familias generaron un volúmen de salida que atendía las necesidades del consumidor del comercio regional. Según los testimonios de antiguos pescadores que trabajaron durante años en esta región, un solo pescador produjo alrededor de 1.500 kg de pescado en apenas una temporada de pesca (fábrico) sólo con el uso de una tecnología de baja potencia para capturar como el arpón. Los estudios muestran que después del control de la pesca ejercido por los comerciantes en los grandes sistemas de lagos Mamirauá y Jarauá, la pesca continuó siendo practicada por los pescadores esparcidos en pequeños pueblos y comunidades. Como el acceso a los lagos quedó libre, es decir no había jefes que controlaran más la explotación de los recursos pesqueros, los pescadores de la zona urbana comenzaron a pescar en los lagos, contribuyendo así a la disminución de peces de alto valor comercial. Algunos de ellos eran antiguos residentes de la región que pasaron a trabajar en los barcos de pesca – conocidos localmente como peixeiros– de propiedad de grandes empresas pesqueras o medianos empresarios establecidos en ciudades como Manaus y Manacapuru. Estos pescadores urbanos se enfrentaron con los aldeanos, es decir, con las familias que se asentaron en cercanías de los lagos con pescado, disputando las mismas zonas de pesca en los ríos que se encontraban frente a los pueblos o pescando en los lagos que han sido manejados por los residentes de estos mismos pueblos. Esta práctica de los pescadores urbanos se conoce como la invasión de los lagos (Lima 1997; Esterci y Garcia 2009).

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La formación de las comunidades y la gestión de los recursos pesqueros A partir de la década de 1960, la iglesia Católica puso en marcha acciones con la población rural en la región amazónica con el fin de alfabetizar a jóvenes y adultos a través del programa conocido como Movimiento de Educación de Base (MEB). En el contexto de la región del medio río Solimões, estas acciones fueron llevadas a cabo por agentes vinculados a la Prelatura de Tefé con el objetivo era facilitar la acción religiosa y reforzar la doctrina cristiana, desarrando la conciencia social, política y comunitaria en la población. A partir de este trabajo fueron creadas comunidades, lo que significaba un nuevo modo de organización social de los grupos sociales, e se introdujo cambios en la forma cómo las familias concebian el territorio organizándolas en torno a pequeños núcleos de población –que se habían caracterizado por la presencia de una gran familia –grupo de afines- que ocupan dos, tres o más viviendas. Este número aumentó debido a los matrimonios y la formación de nuevas familias que construyeron sus viviendas. Estos grupos familiares generalmente controlaban un territorio donde había lagos ricos en pescado y tierras abundantes para el cultivo de yuca. Para formar las comunidades, las familias debían reunir sus hogares en el mismo espacio geográfico y a partir de ahí, se configuraba un nuevo territorio con la definición de las reglas de uso de los recursos y el acceso a las zonas comunes. Sin embargo, esta reunión de las familias no resultaba en convivencia armónica, puesto que quedaban a la vista los criterios anteriores que definían los derechos y el control de los territorios, y que se basaban en la antigüedad de las familias que formaban las comunidades. Las tensiones y los conflictos están presentes en estos procesos de formación de las comunidades, siendo reforzados con la intervención de diferentes actores tales como alcaldes y empresarios –y más recientemente, de las iglesias pentecostalesinteresados en el control de la producción pesquera (Alencar 2007; Alencar 2010b). La actuación del MEB en la región del Medio Solimões, además de realizar acciones para la formación de una conciencia política de la población y para alentar a las familias a hacer actividades en grupo como rozados agrícolas y el cultivo de las frutas, también se dedicó a la realización de proyectos para promover la conservación de los recursos naturales, en especial de recursos pesqueros como el pirarucú y el tambaqui. La presión sobre estos recursos y la situación de explotación a que eran sometidas las poblaciones locales, condujeron al surgimiento de un movimiento político que recibió el apoyo de sectores de la iglesia Católica, como la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), que comenzó a trabajar junto a los líderes de las comunidades ribereñas de la región para llevar a cabo proyectos de conservación de los recursos pesqueros. Este movimiento llevó a la clasificación de esta población en una categoría política como ribereña (Lima 1997; Esterci 2002; Neves y Garcia 2005). El MEB predicó la preservación del medio ambiente a través de la preparación de una propuesta para la creación de reservas a través de un sistema de clasificación que distingue tres tipos de lagos: a) el lago de preservación, donde ninguna forma de pesca es permitida; b) lago de conservación, donde se permite la pesca de subsistencia sólo con el uso de utensilios hechos a mano; y c) lago de uso o mantenimiento, donde se permite la pesca para fines comerciales. Las actividades de manejo se llevaron a cabo en los lagos situados en el territorio de las comunidades, elegidos entre aquellos que poseían un gran potencial de renovación de los recursos y que pueden ser controlados por los residentes para impedir la entrada de grandes barcos pesqueros (peixeiros) y otros tipos de invasores. Los proyectos eran destinados a satisfacer las necesidades de alimentos y económicas de las familias que se habían comprometido, como una manera de reducir la escasez de peces debido a la sobrepesca llevada a cabo por los pescadores de la ciudad (Lima 1997; Lima y Alencar 2001; Queiroz 2005; Reis 2005). Tales actividades requerían una forma de vida más sedentaria, una condición necesaria para la formación de las comunidades y diferente de las actividades extractivas que requieren una constante movilidad de las familias que vivían en las aldeas como ocurrió en el período en que la pesca estaba controlada por los jefes. Sin embargo, para obtener éxito en las actividades de manejo de recursos naturales y asegurar el uso sostenible, hasta ahora concebidos como bienes ilimitados de uso común y abierto a la exploración de cualquier persona, se necesitaba la participación de todos los comuneros. Como la gestión de los recursos

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naturales se asocia generalmente con la adopción de normas y prácticas económicas que exigen la restricción del consumo o de la explotación de dichos recursos durante algunos períodos, luego vino la necesidad de establecer normas comunitarias destinadas a controlar el acceso a los territorios y recursos naturales en ellos (Ostrom 1990; Reis 2005; Alencar 2008; Moura 2007). En consecuencia, la gestión de los lagos ha encontrado obstáculos debido a los conflictos internos que afectan a los residentes de las comunidades, que se que se produjeron por ejemplo, cuando familias en condición de propietarias de los lagos sintieron el derecho de excluir o evitar que otras familias tuvieran acceso al territorio que controlaban. Argumentando que hacía un trabajo al mantener la vigilancia sobre el lago y protegiendo los peces de los invasores, los supuestos ―propietarios‖ arrendaban los lagos a los pescadores de barcos pesqueros (peixeiros) y recibían a cambio algunas mercancías, tales como fardos de azúcar o bienes manufacturados tales como motores de embarcaciones –pequeños motores de borda de baja potencia, denominados rabetas. En algunos casos, este arrendamiento de lagos para los empresarios pesqueros de las ciudades como Manacapuru, era perjudicial para todos los residentes de la comunidad, porque éstos explotaban intensivamente la pesca en los lagos y luego abandonaban la zona moviendose a otras áreas de explotación. Las familias que se consideraban dueñas del lago, tendían a retomar el control sobre el mismo generando conflictos con los demás comuneros que se acentuaba a medida que el recurso pesquero desaparecía. En los años 1970, la escasez de los recursos pesqueros y la competencia con pescadores de las zonas urbanas y de otros estados de Brasil, se asocia con la intensificación de los conflictos entre estos pescadores y residentes de las comunidades locales en torno a la forma en que se realizaba la pesca (Lima 1997; Reis 2005).

La creación de la RDS-M y el reordenamiento de los territorios El trabajo pionero llevado a cabo por la iglesia Católica en los años 1970 y 1980, ha servido de referencia a las actividades realizadas para la implementación de la RDS-M en los años 1990 respecto a la gestión de los recursos pesqueros y la forma como la población local se relaciona con sus territorios. La creación de la RDS-M emerge como un nuevo factor que va a impactar las características del proceso de territorialización de estos grupos sociales, a pesar de que el proyecto de implementación de UC ha tratado de respetar su comportamiento territorial y seguir el modelo nucleado de organización social introducido por la iglesia. La RDS-M fue creada a partir de un modo de pensar la conservación del ambiente. En el proceso de su implementación se buscó asegurar el derecho de la población local a permanecer en sus territorios y mantener su estilo de vida. Al aceptar parte del modelo de organización comunitaria establecida por el MEB en la década de 1970 y las acciones para la conservación de los recursos pesqueros, los gestores de la RDS-M contribuyeron a fortalecer las prácticas y los modelos culturales de utilización colectiva de los territorios y de los recursos naturales. Para ello, un paso importante fue entender los comportamientos territoriales y los conocimientos que guían la relación entre los habitantes y el medio ambiente; conocer las particularidades que se encuentran en diferentes comunidades con relación a la forma en que construyen sus territorios y fronteras y de igual modo, conocer las formas de uso de los recursos y los aspectos naturales que guían las acciones de las personas en su interacción con el ambiente. Todos estos son aspectos importantes y una condición inicial para la ejecución de las políticas de ordenación del territorio. Además, la inclusión de los residentes de las comunidades que se encuentran en los alrededores de la RDS-M considerados como usuarios (Lima 1997), fue esencial para asegurar el respeto a los modelos tradicionales que definen los territorios, en particular los afectados por la RDS-M. Esta población tiene garantizados sus derechos territoriales, lo que significa que podrían permanecer en sus territorios, haciendo uso de los recursos naturales para su subsistencia, realizando actividades de recolección y el cultivo de huertos en las áreas de uso tradicional, ya que estas acciones son compatibles con el cumplimiento de la legislación ambiental. Se aseguró también a los pescadores que residen en zonas urbanas de los municipios que fueron cubiertos por la RDS-M, el derecho a realizar actividades de pesca, a través de proyectos de manejo y gestión de recursos naturales basados en las reglas acordadas con los residentes de las comunidades (Lima 1997; Amaral et al.

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2011). Por lo tanto, la población local se ha convertido en un actor importante del proceso de planificación y toma de decisiones centrada en la gestión colectiva de los recursos naturales. El proceso de implementación de la RDS-M contradice los intereses de ciertos grupos sociales que residen tanto en el territorio de la reserva como en las zonas urbanas. Por un lado, están los habitantes de las comunidades que defienden sus territorios e intentan hacer un manejo de recursos naturales para garantizar su subsistencia, pero con bajo poder de resistencia contra las presiones ejercidas por los pescadores urbanos y por las empresas pesqueras. Por el otro, están los comerciantes y empresarios, explotando diversos recursos naturales y manteniendo bajo su control grandes territorios con lagos ricos en pescado que mantuvieron como clientes a una parte importante de la población local. Estos están representados, en muchas situaciones, por los pescadores urbanos que trabajan en buques de propiedad de los comerciantes residentes en las sedes de los municipios y que realizaron la explotación de los recursos pesqueros de una manera abusiva. Este tipo de disputa condujo a los grupos locales a crear mecanismos políticos para definir las formas de uso y control del territorio y de acceso a los recursos naturales. Estos grupos organizados en torno a la comunidad, establecieron reglas para el acceso colectivo a recursos comunes de los lagos y bosques existentes en estos territorios. Tales reglas se basaban en las normas consuetudinarias y de acuerdo a un pacto colectivo fruto de las experiencias que se han preparado y perfeccionado a lo largo de generaciones. Estos experimentos fueron importantes para el desarrollo de estrategias de gestión y ordenamiento territorial de la RDS-M. A partir del análisis de los conflictos sociales relacionados con el control de la explotación de los recursos naturales de lagos y bosques en algunos sectores de la RDS-M, se encontró que predominan las formas individuales (o de una familia en particular) en el control de ciertos territorios, donde los intereses individuales se suman a las situaciones de cooptación de los líderes locales. Además, persisten las relaciones comerciales con empresarios de pesca, los propietarios de tiendas con sede en la ciudad de Tefé, Manacapuru y Manaus por ejemplo, y que son la continuidad del modelo de explotación económica que prevaleció en las décadas pasadas. Ellos financian las actividades de estas familias de pescadores a cambio del aprovechamiento exclusivo de los recursos pesqueros en los lagos que existen en el territorio de las comunidades, justo donde otras familias suelen tratar de hacer alguna actividad de gestión de los recursos pesqueros y el control de la exploración. Estas situaciones crean conflictos de diferentes niveles y están asociadas con casos recientes de territorialización en donde la resolución de conflictos implica la formación de una nueva comunidad. La actuación del poder público municipal ayuda a estimular las dinámicas territoriales de las comunidades existentes en Mamirauá y los procesos de fisión de los grupos sociales. Los alcaldes tienden a apoyar la formación de nuevas comunidades al asegurar la infraestructura comunitaria mínima a través de donación de materiales para la construcción de viviendas, de motores para generación de energía eléctrica, la construcción de escuelas, la contratación de docentes y trabajadores de la salud, etc. Esta estrategia garantiza un capital electoral para alcaldes y concejales, algunos de ellos articulados con los propietarios de las empresas pesqueras que operan a nivel local, en otras ciudades o en otros estados y países como Colombia.

Conclusiones En este trabajo tratamos de destacar desde una perspectiva histórica, el proceso de territorialización de los residentes que viven en la zona central de la Reserva de Desarrollo Sostenible Mamirauá (RDS-M) donde se sitúan los dos grandes sistemas lacustres de Mamirauá y Jarauá. Buscamos construir una historia breve de las estrategias de control y gestión de los territorios y el uso de los recursos naturales por parte de actores diferentes, teniendo en cuenta los factores económicos, sociales, políticos e históricos que contribuyeron a la caracterización del proceso de territorialización de esta región de la Amazonia, a partir de un análisis que se basa en la teoría antropológica de la territorialidad (Little 2002; Oliveira 1998).

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Como vimos anteriormente, la población de la RDS-M ha estado históricamente involucrada en actividades económicas basadas en la explotación de los recursos naturales a través de la pesca, la caza, la recolección y la extracción de castaña de Brasil así como de diferentes tipos de látex como la jeringa y la goma. Una característica de este tipo de producción económica es la explotación intensiva de los recursos, los bajos rendimientos financieros y la fuerte dependencia de los comerciantes que median entre los productores y el mercado de consumo. Históricamente los beneficios generados por este tipo de actividad se mantuvieron con los jefes o con grandes comerciantes que controlaban territorios y el acceso a los recursos naturales. Por lo tanto, las áreas más productivas como los sistemas de los lagos Mamirauá y Jarauá, fueron controlados durante muchos años por varios jefes que compraron el derecho a usar la tierra y por lo tanto, podían controlar la explotación de los recursos pesqueros y forestales. Con la escasez de los recursos, estas áreas fueron abandonadas y las familias que vivían allí se organizaram en comunidades y comenzaron a disputar el acceso a los recursos naturales con los pescadores de las zonas urbanas, generando conflictos que se intensificaron proporcionalmente con la reducción de los recursos. En la década de 1970 las acciones promovidas por la iglesia Católica alentaron a los residentes de las comunidades a proteger los recursos naturales con el fin de garantizar el abastecimiento de sus necesidades de consumo y la generación de ingresos económicos. Al mismo tiempo, se buscaba garantizar el derecho de la población local a sus territorios que estaba siendo amenazado por el negocio de la pesca comercial. En la década de 1990, la creación de RDS-M aseguró a la población local el derecho a la posesión de los territorios y a emprender proyectos de manejo de recursos naturales, haciendo compatible la conservación del ambiente con la mejoría de la calidad de vida. Sin embargo, el aumento de los recursos ha atraído a personas que alguna vez emigraron a zonas urbanas y cada vez más a pescadores de otras regiones, sobre todo después de la retirada del órgano de protección ambiental del gobierno federal –IBAMA- que realizó la supervisión de la reserva. La presión sobre los recursos tiende a aumentar mientras que la capacidad de las comunidades locales para proteger estos recursos tiende a disminuir. El proceso de gestión territorial vinculado a la creación de la RDS-M enfrentó el desafío de conciliar la conservación del ambiente con las necesidades de consumo del mercado y garantizar el mejoramiento en la calidad de vida de la población local. Pero también el reto de entender las experiencias de gestión comunitaria de los recursos naturales que fueron iniciados por la iglesia Católica desde los años 1970, y regular el acceso y uso de los recursos comunes tanto para los residentes de las comunidades como para aquellos que no vivían en la reserva. Este proceso plantea cambios significativos en la forma en que los lugareños comenzaron a pensar su territorio, el control de acceso a los recursos naturales e identificar maneras de utilizar estos recursos de manera sostenible. En la medida que el proceso de construcción del territorio de la comunidad es anterior al proceso de definir el territorio de RDS-M, la existencia de un conflicto social pone de manifiesto que prevalecen como referencia, todavía, los territorios más pequeños de las comunidades y que se tornan significativos y particularizados por los grupos sociales que residen en ellos y controlan el acceso a los recursos. Este aspecto hace evidente el criterio utilizado por los residentes de las comunidades para determinar quienes tienen acceso a los recursos naturales y a los territorios, en este caso determinado por la pertenencia a la comunidad, es decir, al grupo de parentesco que dio origen a la comunidad. Los grupos sociales que conforman las comunidades manipulan estos dos niveles de territorialidad –la RDS-M y la comunidad- de acuerdo con el contexto político, social y económico en el que los conflictos emergen. Esto refuerza la percepción de que son las formas tradicionales de construcción y administración de los territorios y las relaciones de poder que involucran a diferentes actores en conflicto, las que se deben considerar cuando se busca hacer la etnografía de los conflictos sociales involucrados en disputas por territorio y por el acceso a los recursos naturales en la RDS-M.

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Populações tradicionais: notas reflexivas sobre um capítulo da história do povo brasileiro Ana Beatriz Vianna Mendes1 Resumo A diversidade de povos que formam a nação brasileira é, desde o ―descobrimento‖ do país até os dias de hoje, centro de debates e concepções variadas, os quais refletem e se desdobram, desde então e até hoje, em consequências políticas, econômicas, jurídicas e sociais. Trata-se, inequivocamente de um campo de disputas pelo poder de nomeação e classificação em que os efeitos de verdade produzidos pelo conhecimento científico mesclam-se, opõem-se e muitas vezes associam-se ao saber colonial, imperial e estatal. No presente artigo pretendo discutir essa assertiva tomando como fio condutor a construção da ideia de povo brasileiro e, de forma mais específica, historicizando o surgimento da noção de população tradicional no Brasil. Farei isso a partir da reflexão de alguns dos autores que fundam a reflexão sobre o pensamento social brasileiro para, então, compreender e situar a discussão sobre população tradicional não exatamente sob a perspectiva conservacionista, que é a abordagem que tem sido mais recorrente no campo de discussão socioambiental no país, mas a partir da discussão e história intelectual da identidade brasileira. Sob a égide, portanto, das discussões sobre a cultura nacional.

Palavras-chaves: populações tradicionais; povo brasileiro; identidade nacional; diversidade cultural; história das ideias.

Abstract The diversity of the people who formed the Brazilian nation is, since the "discovery" of the country to the present day, the center of various debates and concepts, which reflect upon and unfold into political, economic, legal and social consequences. It is unequivocally a field of struggle for the power of nomination and classification, in which the true effects produced by scientific knowledge mingle, resist and often join forces with colonial, imperial and state knowledge. In this article I intend to discuss this statement, taking as guidelines, the construction of the idea ―Brazilian people‖ and, specifically, historicizing the emergence of the notion of traditional population in Brazil. I will do this based on the considerations of authors who laid the foundations for the reflection on the Brazilian social thought to then understand and situate the discussion of traditional population, not just from the perspective of conservation, which is the most frequently recurring approach in the field of socio-environmental debate in the country, but based on the discussion and intellectual history of Brazilian identity, hence under the aegis of discussions on the national culture. Keywords: traditional populations; Brazilian people; national identity; cultural diversity; history of ideas.

Ana Beatriz Vianna Mendes é professora de Antropologia na Universidade Federal de Minas Gerais. Para acessar seu currículo, visite a página web http://lattes.cnpq.br/2833000549006949 e para estabelecer contato com a autora utilize o e-mail: [email protected]. Este texto é fruto de reflexões suscitadas a partir de discussões com alunos da disciplina Antropologia Brasileira, durante os anos 2010, 2011 e 2012 no âmbito do curso de Antropologia, da Universidade Federal de Minas Gerais. Pelas oportunidades de diálogo, meu agradecimento. 1

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Introdução O surgimento da ideia de população tradicional está inserido num contexto de história das ideias e de representação sobre o povo brasileiro. Para compreender o lastro histórico que deu origem a essa ideia, que é relativamente recente, pretendo retomar alguns dos autores que fundam a reflexão sobre o pensamento social brasileiro e discutem a constituição do povo brasileiro (Nina Rodrigues, Gilberto Freyre e Roberto Da Matta). O foco, portanto, está na leitura que os primeiros cientistas sociais, na acepção mais moderna do termo, fizeram do povo brasileiro. Pretendo mostrar, a partir desses autores, como esse campo representacional teve fases distintas e contraditórias, para, finalmente, situar o surgimento da ideia de população tradicional no Brasil. Para problematizar algumas das premissas e possibilidades dessa nova categoria político-jurídico-social, tomo como estudo de caso a mobilização política de moradores de uma área de conservação ambiental, o Parque Nacional do Jaú. Minha premissa é a de que, tal qual o mito da democracia racial, que é operativo e eficiente apesar das evidências claramente contrárias à sua prerrogativa (DaMatta 1981; Fernandes 2007), há certamente entre os brasileiros e, a despeito da imensidão geográfica, histórica e sociológica do país, um sentimento de pertença nacional que não deve ser tomado como mera ideologia, mas como uma ‗categoria cultural básica‘, implicada em um forte sentimento de pertença (Anderson 2005). As duas ideias, aliás, estão bastante ligadas, como procurarei mostrar ao longo do artigo. Entretanto, esse sentimento de pertença deve ser analisado sob o prisma da sociodiversidade dos grupos formadores da sociedade brasileira. É preciso reconhecer que ao longo do tempo, tal diversidade foi vista por vezes como fator de fracasso do país, por vezes como seu maior motivo de orgulho (Carvalho 1998; Schwarcz 1993). Assim, procuro refletir, no contexto da discussão a respeito da identidade nacional, sobre o significado do próprio surgimento da categoria jurídico-político-identitária das populações tradicionais.

No tempo das “descobertas” até a época das Luzes Portugueses aportaram no Brasil em 1500 e desde então declararam que o Brasil era colônia de Portugal. A situação permaneceu basicamente inalterada, a despeito de algumas disputas com franceses e holandeses pelo domínio de algumas cidades, até 1822, quando o filho do Imperador de Portugal, Dom Pedro I, declarou a Independência do país. A Independência não alterou o regime monárquico, o que só veio a ocorrer em 1889, quando foi proclamada a República, regime que permanece até os dias atuais. Desde a época da ―descoberta do Brasil‖, em meados do século XVI, que foi também o princípio da construção desse lugar social no imaginário do Ocidente2, construção sempre inacabada, discute-se o que é o povo brasileiro. Se, de um lado, é possível uma afirmativa generalizante segundo a qual as principais matrizes formadoras do povo brasileiro são indígenas, africanas e portuguesas, é, por outro lado, de várias formas específicas que foram sendo construídas as representações sobre como esses povos se relacionaram nas diversas partes e épocas da história do Brasil, bem como sobre qual foi e qual deveria ser sua contribuição para a formação do povo brasileiro. Além disso, no plano teórico, diversos foram os recortes feitos para analisar essas questões ao longo do tempo, eles próprios sendo reinterpretados e sofrendo alterações em sua significação no decorrer dos debates e estudos sobre a temática3. Ao longo desse debate, paulatinamente, o Estado foi definindo políticas públicas e leis que contribuíam simultaneamente para, em alguns casos fomentar, e em muitos outros suprimir a sociodiversidade do povo brasileiro. Edward Said ([1978] 2007) escreveu um livro já consagrado como clássico dos estudos pós-coloniais e culturais, em que investiga como se processou a construção e a invenção ocidental a respeito do Oriente, sob o signo do exotismo e da inferioridade. O mesmo processo de invenção e construção da alteridade ocorreu também nas Américas e, de um modo geral, com todo o mundo colonial (Blanchard 2011). 3 Nas ciências humanas não se pode dizer que o conhecimento teórico opera por revoluções científicas (Khun 1978), em que há superação de um paradigma por outro. Ao contrário, conforme argumentou Roberto Cardoso de Oliveira (1988), vemos, por exemplo, na Antropologia a convivência relativamente harmônica de diversos paradigmas concorrentes, que não se excluem e que podem perfeitamente ser conjugados para responder a uma mesma questão. 2

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Em 1560 tem início o tráfico contínuo de escravos africanos para o Brasil (Voyages 2009),4 país que mais importou escravos em todo o mundo e que só muito tardiamente aboliu o regime escravocrata (1888). Esses fatos históricos, em si, já dizem muito sobre ―os brasileiros‖. O primeiro apontamento que se deve fazer, é que há consequências políticas, sociais, econômicas e culturais advindas desse aspecto hierarquicamente constitutivo da sociedade brasileira. Um evento histórico que foi bastante importante em termos da constituição da identidade dos brasileiros enquanto povo e sua consolidação como nação foi a Guerra contra o Paraguai, ocorrida entre 1865 a 1870 (Carvalho 1995). A vitória nesta guerra, que tinha como aliados a Argentina e o Uruguai, contou com a participação maciça de negros e mulatos nas tropas brasileiras. Muitos voltavam como heróis de guerra, mas eram escravos. Essa situação deu grande impulso ao movimento abolicionista. E, paralelamente, o Manifesto Republicano, em 1870, marcou o início do declínio da monarquia. A abolição da escravidão, ocorrida em 13 de maio de 1888, assinada pela princesa Isabel, filha do monarca Dom Pedro II, fez com que o império perdesse a sua última base de sustentação, que eram os proprietários de escravos. No ano seguinte, foi Proclamada a República pelo Marechal Manuel Deodoro da Fonseca. Desde a ―descoberta‖ do Brasil, em 1500, até sua Independência, em 1822, a discussão sobre o povo brasileiro, situada no contexto imperialista português, era bastante marcada pelas reflexões teológicofilosóficas realizadas no âmbito da Igreja Católica, instituição que teve como incumbência no Novo Mundo justamente ―civilizar‖ os ―selvagens‖5 (Todorov 1993). Tratava-se de uma ideologia de superioridade e de benevolência que justificava tratamentos mais e menos violentos em relação aos índios e aos negros. Há também neste período de ―descoberta‖, e com uma profusão crescente após a transferência do reino português para o Brasil, em 1808, a bibliografia produzida pelos ―cronistas‖. Trata-se de relatos feitos por pessoas que passaram pelo Brasil como diplomatas, navegadores, empresários, militares, naturalistas, entre outros, e que descreviam sua experiência com a população local. Esses relatos, apesar não serem científicos, no sentido pelo qual entendemos ciência hoje6, constituem fonte importante para análise das sociedades indígenas, africanas e portuguesas no Brasil entre os séculos XVI e XVIII, pois apresentam descrições frequentemente bastante pormenorizadas sobre esses povos7. Eles nos informam também, reciprocamente, sobre o olhar desses cronistas sobre o povo brasileiro. Não é nossa intenção analisar a literatura dos cronistas e nem a dos religiosos. Mas a dos que começaram a ser reconhecidos como cientistas.

Contexto político e histórico do surgimento da ciência sobre as raças no Brasil A partir de fins do século XIX e, sobretudo início do século XX, o discurso científico ganha proeminência mundial, por pretender se constituir numa forma de apreensão da realidade que parte de Já entre 1808 e 1825, desembarcaram no Brasil 783.785 escravos negros e, no total, até a proibição do tráfego de navios negreiros, até 1866, estima-se que entraram no Brasil, oficialmente, 1.832.648 escravos negros (Voyages 2009). 5 A Igreja Católica, entretanto, também tem uma história particular em relação à forma de conceber os ―selvagens‖ da América. O célebre debate entre Bartolomé de Las Casas e Juan Gines de Sepúlveda, já em 1550, ilustra visões absolutamente discrepantes em relação ao tratamento que deveria ser dado aos índios. 6 Também os sentidos da ciência hoje têm sido contestados. James Clifford (1994) desenvolve vários trabalhos em que reflete sobre as continuidades e as rupturas entre antropologia e literatura Há uma interessante coletânea organizada por José Reginaldo Santos Gonçalves (1998) com textos traduzidos de James Clifford e, num desses trabalhos, Clifford compara os relatos ficcionais de romancistas à retórica utilizada pelos antropólogos clássicos ao descreverem os povos nativos, argumentando que em boa medida ambos utilizam estratégias retóricas similares, o que arrefece as fronteiras da antropologia como conhecimento científico em oposição às humanidades. 7 Para um balanço com indicação de bibliografia básica e secundária de sobre os cronistas que escreveram sobre o Brasil, ver Melatti, 1984. Trata-se, em realidade, de um ―roteiro‖ que pretende fazer um balanço e elencar bibliografia que permita compreender a Antropologia brasileira, com ênfase nos estudos etnológicos. 4

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métodos claramente definidos e delimitados e por negar a assunção de premissas axiológicas. As ciências sociais, surgidas nessa época, em especial a Antropologia e a Sociologia, definiram-se como conhecimento científico legítimo a partir da adaptação dos métodos das ciências exatas e biológicas e de sua aplicação ao mundo social. Embora nesse contexto a legitimação do saber científico se contrapusesse, enquanto lugar de produção de verdade, à verdade produzida pelo discurso religioso, é interessante notar que ambos os saberes se voltavam a compreender e dar sentido à origem das desigualdades entre os homens no país – uns buscando constatar, a partir de elementos biológicos e físicos, justificativas ou explicações para as diferenças e desigualdades entre as raças; e outros interessados em compreender a essência da alma dos seres humanos. Nos dois grupos havia aqueles que tinham uma perspectiva mais contestadora e desnaturalizadora da ordem social hierárquica vigente, e outros com a visão mais voltada e à manutenção dessa ordem social. Diversos são os autores que ressaltam as relações entre poder estatal e poder científico. Pretendo, a partir da análise do surgimento da ideia de população tradicional no Brasil, compreender esse campo de disputas pelo poder de nomeação e classificação em que os efeitos de verdade produzidos pelo conhecimento científico mesclam-se, opõem-se e muitas vezes associam-se ao saber colonial, imperial e estatal (L‘Étoile 2002; Schwarcz 1993; Correa 2001; Foucault 1979; Arruti 1997). Um dos marcos interessantes de análise da relação entre ciência e política foi justamente o momento do surgimento da ideologia racista e das teorias eugênicas no país. Para compreender porque as teorias racistas que chegaram no país quando já estavam sendo desacreditadas na Europa, fizeram tanto sucesso em nossas terras, é preciso analisar o contexto histórico, político e social em que essas ideias chegaram aqui; ou seja, o Brasil da segunda metade ao final do século XIX (Schwarcz 1993; Correa 2001). Isso nos permite compreender também como essas ideias foram deixando de ser vistas como legítimas. De um modo geral, a virada do século XIX ao século XX coincide no Brasil com a decadência da economia exportadora latifundiária e a ascensão da economia capitalista e de uma burguesia urbana. Lembremos que foi só em 1822 que o Brasil se torna independente de Portugal, mas manteve o regime monárquico e escravista. Em 1845 foi decretado o Bill Alberdeen, que autorizava a intervenção da frota inglesa em navios brasileiros que operavam o tráfico de escravos da África para o Brasil. Em 1850, é promulgada a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico negreiro da África para o Brasil; também em 1850, é promulgada a Lei de Terras, que põe fim ao sistema de doação de terras (sesmarias) e inicia a relação de compra e venda de terras no país (falaremos sobre suas consequências mais adiante); também a partir de 1850, o monarca passa a criar medidas de incentivo à imigração europeia no país, com a finalidade de substituição de mão de obra e de branqueamento. De 1864 a 1870, como vimos, houve a Guerra do Paraguai. Em 1871 há a promulgação da Lei do Ventre Livre. Em 1884, o Pará e o Ceará abolem a escravidão em seus territórios. Em 1988 é abolida a escravidão no Brasil; e em 1889 o Brasil vira República. Num contexto, portanto, em que a sociedade brasileira estava acostumada há três séculos com o regime escravista, as ideias liberais e de igualdade foram chegando, sopradas de ventos franceses e norteamericanos com cerca de um século de atraso8, e a sociedade se viu na eminência de lidar com a igualdade entre brancos e negros. De um lado, as ideias racistas e eugênicas condenavam o país ao fracasso por conta da mistura de raças, que era cientificamente avaliada como negativa e degeneradora; de outro, os ideias liberais de igualdade e a pressão pela abolição da escravidão começavam a se fortalecer. Foi neste contexto que Raimundo Nina Rodrigues surge.

O Movimento da Inconfidência Mineira, abortado em 1789 pela Coroa Portuguesa, teve como objetivo não a libertação dos escravos, mas a separação da Capitania de Minas Gerais em relação ao Império, que passou a cobrar impostos muito altos em relação à produção do ouro. A Revolução Francesa ocorreu entre 1789 e 1799 e a Independência Americana em 1776. 8

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O estudo físico, biológico e genético do povo brasileiro: Nina Rodrigues Raimundo Nina Rodrigues nasceu em 1862, no Maranhão, e faleceu precocemente em 1906, em Paris. Passou a maior parte da sua curta vida em Salvador, onde foi médico, legista, psiquiatra, antropólogo e professor. Ele foi um discípulo de Cesare Lombroso, médico italiano que estudava antropologia criminal. Apesar das premissas racistas que dominavam o contexto de estudos da época, Nina Rodrigues se dedicou ao estudo empírico dos negros e dos mestiços do Brasil, tendo frequentado candomblés e terreiros de umbanda na Bahia, motivo pelo qual era criticado por seus colegas de Universidade e motivo pelo qual, por outro lado, é considerado precursor do método de observação participante e etnográfico no Brasil. Mesclando em suas análises considerações de ordem física, linguística, comportamental e psicológica sobre os povos estudados, ele tinha clareza da importância da ciência que praticava como uma ferramenta que pudesse contribuir para a formação e gestão do povo brasileiro. E sobre esses assuntos científicos dialogava internacionalmente, sempre publicando em revistas internacionais e sendo reconhecido em diversos países pela seriedade de seu trabalho, pela ―apreciável agudeza de espírito, forte independência mental, perfeita probidade de espírito e sério domínio da correlata ciência do seu tempo‖ – como descreve Homero Pires, no prefácio que faz ao seu livro, ―Os Africanos no Brasil‖ ([1932]92008: 16), publicado postumamente. Durante todo esse contexto de pressão pela Abolição da escravidão, Nina investiga assuntos que são eminentemente interdisciplinares e que dizem respeito à formação moral dos povos. Ele também estava preocupado com as consequências da enorme mestiçagem que assolava o país e denegria a superioridade branca. Como resultado de seus estudos propôs a aplicação da perícia psiquiátrica não apenas nos manicômios, mas também nos tribunais; propôs uma reformulação no conceito de responsabilidade penal, sugeriu a reforma dos exames médico-legais e foi pioneiro da assistência médico-legal a doentes mentais. Ele ponderava sobre a incipiência do conhecimento científico sobre o negro no Brasil na época, afirmado que o problema do negro é: Complexo por sua natureza ao extremo, ainda vazio de contribuições esclarecedoras, muito difícil de se observar em um país governado sem estatísticas, que necessita de pesquisas nas mais diversas áreas e competências, e sem dúvida que ainda estamos muito longe de poder dizer sobre ele algo definitivo, com bom fundamento. (Rodrigues [1932]2008: 26). Entretanto, mesmo tendo sido reconhecido como Doutor dos pobres por suas ações junto aos menos favorecidos, e mesmo afirmando uma admiração às vezes mais outras vezes menos explícita a respeito dos negros, Nina Rodrigues traz juízos extremamente contundentes acerca da diferença inerente entre os diversos níveis de desenvolvimento dos grupos raciais brasileiros. Sobre a ―raça negra‖, ele diz o seguinte: A raça negra no Brasil, por maiores que tenham sido os seus incontestáveis serviços à nossa civilização, por mais justificadas que sejam as simpatias de que a cercou o revoltante abuso da escravidão, por maiores que se revelem os generosos exageros dos seus defensores, há de constituir sempre um dos fatores da nossa inferioridade como povo (Rodrigues [1932]2008: 24). Aliás, ele afirma que foi só a partir da estratégia de inculcação geral de que os negros eram providos de sentimentos tais quais os brancos, que pôde a ideia da abolição ser disseminada pelos brasileiros. Mas ele Tendo em vista que o presente artigo toma como elemento importante a ordem cronológica das ideias sobre a formação do povo brasileiro e, ainda que não pretenda fazê-lo de forma exaustiva, optou-se por destacar entre colchetes ―[ ]‖ a data original de publicação da obra citada, seguida da citação da edição utilizada pela autora. 9

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assume essa disseminação como uma estratégia mais ligada ao contexto mais amplo de desenvolvimento da economia capitalista, incentivado pela Grã-Bretanha, do que com o conhecimento científico sobre o desenvolvimento mental dos povos africanos. A extinção da escravidão no Brasil não foi a solução, pacífica ou violenta, de um simples problema econômico. Como a extinção do tráfico, a da escravidão precisou revestir a forma toda sentimental de uma questão de honra e pundonor nacionais, afinada aos reclamos dos mais nobres sentimentos humanitários. Para lhe dar esta face impressionante foi necessário ou conveniente emprestar ao Negro a organização psíquica dos povos brancos mais cultos. Deu-se-lhe a supremacia no estoicismo do sofrimento, fez-se dele a vítima consciente da mais clamorosa injustiça social (Rodrigues [1932]2008: 20). Mas que fique bastante claro: O critério científico de inferioridade da raça negra nada tem de comum com a revoltante exploração que dele fizeram os interesses escravagistas dos norte-americanos. Para a ciência, não é essa inferioridade mais do que um fenômeno de ordem perfeitamente natural, produto da marcha desigual de desenvolvimento filogenético da humanidade nas suas diversas divisões e seções (Rodrigues, [1932]2008: 22). Nina Rodrigues chega a propor, em livro publicado em 1894, que deveriam ser pensados Códigos Penais distintos para Índios, Negros e Brancos tendo em vista que: O aperfeiçoamento lento e gradual da actividade psychica, intelligencia e moral não reconhece, de facto, outra condição além do aperfeiçoamento evolutivo da serie animal. Simples funcções organicas, presuppõem e têm ellas o seu substractum material e anatômico no gradual aperfeiçoamento e crescente complicação de textura de um systema organico, o systema nervoso (Rodrigues [1894]1938: 31). Porque a civilização dos índios não logrou? Ninguem irá acreditar agora que o insuccesso tremendo dessa campanha gigantesca de civilisação e conversão, sustentada por homens de levantados intuitos e de cada um dos quaes a fé, a convicção religiosa, que os animava, fazia um heroe, tivesse sido occasionada apenas por erros e defeitos de orientação e modo de conduzila. (...) A causa foi, pois, positiva e material — a necessidade de tempo e a incapacidade organica dos aborígenes para a adaptação social que se exigia deles (Rodrigues [1894]1938: 34). Contrapondo-se à ―filosofia espiritualista‖, Nina Rodrigues ressalta a importância de compreender ―as leis geraes do desenvolvimento mental no seu mecanismo phylogenetico‖ (Rodrigues [1894]1938:36). Esses costumes rudes são mais tenazes do que os de um povo civilisado; entrelaçam-se com seus sentimentos, suas necessidades e até suas crenças e superstições religiosas. (...) O estudo das raças inferiores tem fornecido á sciencia exemplos bem observados dessa incapacidade organica, cerebral (Rodrigues [1894]1938: 35). Para os evolucionistas, a formação de uma idéa abstracta de justiça, tal como a possuímos hoje, se operou lentamente no cerebro humano por força do aperfeiçoamento social, extremamente moroso e demorado, da Humanidade (Rodrigues [1894]1938: 45). Como conclusão ao seu estudo, Nina Rodrigues traz os seguintes apontamentos: De todo este estudo, que ainda constitue somente as premissas das conclusões a cuja busca ando eu para a legislação criminal brazileira, resulta, pois: - Que a cada phase da evolução social de um povo, e ainda melhor, a cada phase da evolução da humanidade, se comparam raças anthropologicamente distinctas, corresponde

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uma criminalidade propria, em harmonia e de accordo com o gráo do seu desenvolmento intellectual e moral. - Que ha impossibilidade material, organica, a que os representantes das phases inferiores da evolução social passem bruscamente em uma só geração, sem transição lenta e gradual, ao gráo de cultura mental e social das phases superiores; - Que, portanto, perante as conclusões tanto da sociologia, como da psychologia moderna, o postulado da vontade livre como base da responsabilidade penal, só se pode discutir sem flagrante absurdo, quando fôr applicavel a uma agremiação social muito homogénea, chegada a um mesmo gráo de cultura mental média (Rodrigues 1938: 60-61 [1894]). Vejam como essas ideias são precursoras das discussões sobre o multiculturalismo e o pluralismo jurídico tão em voga atualmente e que, de alguma forma, permeiam políticas atuais como a de ressaltar e respeitar a diferença – agora cultural e não mais biológica – entre os diferentes grupos que compõem a sociedade nacional, entre eles, as populações tradicionais. É preciso, entretanto atentar à proximidade dessas ideias com as ideias eugênicas que circulavam como ciência à época de Nina Rodrigues. Conforme mostrou Pierucci (1999) em um livro bastante interessante, a prerrogativa e a defesa da diferença desde sempre foi bandeira da direita. Apenas recentemente é que ela passa a ser empunhada pela esquerda, em defesa das minorias. Percebam como o ato de tornar evidentes limites e fronteiras, ou ainda, a exaltação da diferença, pode ao invés de suscitar o respeito e a proteção, passar a legitimar a exclusão, o desrespeito ou a segregação. A linha é tênue. Que venha o movimento negro em suas falas e em seus escritos bradar para uma sociedade como a nossa, que nasceu escravocrata e assim permaneceu durante séculos, e preconizar no cotidiano agressivo desta metrópole que ‗negro é diferente‘, quid novi? Isso é o que todo mundo já sabe desde sempre, não choca ouvido algum, apenas confirma o já sabido e, pior ainda, legitima que a diferença seja enfocada e as distâncias, alargadas. Daí que essa atmosfera pós-moderna que hoje muitos de nós respiramos nos ambientes de esquerda, essa onda de celebração neobarroca das diferenças, de apego às singularidades culturais, de apologia da irredutibilidade das particularidades e especificidades culturais, sociais e contextuais, tudo isso assusta muito pouco as cabeças de direita, também elas perpassadas de ‗fundamentalismo cultural‘. Trata-se de um discurso absolutamente palatável, familiar mesmo, à direita popular (Pierucci 1999: 28-29). No ano da abolição da escravatura, Nina Rodrigues escreveu: ―A igualdade é falsa, a igualdade só existe nas mãos dos juristas‖. Pensando nos direitos específicos assegurados atualmente às populações tradicionais podemos compreender essa asserção como precursora de uma crítica que só veio a se consolidar mais claramente no aparato jurídico brasileiro com a Constituição promulgada em 1988, cem anos após a abolição da escravatura, quando os indígenas não precisavam mais ser assimilados ―à doce sociedade civilizada‖; os remanescentes de quilombos tiveram garantidos direitos territoriais; e quando os diversos modos de ser, viver e fazer dos brasileiros, incluindo os diversos grupos formadores da sociedade brasileira, passaram a ser não apenas reconhecidos, mas também protegidos e respeitados. Pelo menos ―nas mãos dos juristas‖. Frente a essa defesa clara da diferença constituinte, orgânica e quase insuperável entre os povos, surgiu uma nova perspectiva, em 1933. Trata-se do livro de Gilberto Freyre, Casa Grande e Senzala, que foi um marco da criação e difusão do famoso mito da democracia racial brasileira e do reconhecimento do brasileiro como símbolo fraterno da mistura e da mestiçagem de povos.

O estudo do negro e do mulato em seu justo valor: Gilberto Freyre Gilberto Freyre, nascido em Recife em 1900 (falecido em 1987), pretende ser o primeiro pensador brasileiro a escrever um trabalho de cunho sociológico que consiga romper com o racismo característico da época, consagrando-se como aquele que tenta recuperar positivamente as contribuições oferecidas pelas diversas culturas para a formação de nossa sociedade. Vale notar que as ciências sociais estavam então se constituindo e se legitimando no mundo ocidental enquanto ciência com métodos próprios,

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diferente dos métodos adotados pelas ciências físicas e biológicas. Freyre estudou nos Estados Unidos com Franz Boas, que foi o fundador de uma das mais antigas e mais importantes escolas de antropologia no mundo: a antropologia cultural. A cultura passa a ser o objeto de estudo privilegiado da nova ciência. E Freyre se propõe a estudar, no livro citado, justamente a civilização brasileira – escravocrata, latifundiária, colonial, patriarcal que civilizou a região Nordeste do país durante mais de três séculos de escravidão e regime monárquico10. Em contraposição à ciência então dominante, Gilberto Freyre se propõe a compreender, em suas palavras: O negro e o mulato no seu justo valor – separados dos traços da raça os efeitos do ambiente ou da experiência cultural. Aprendi a considerar fundamental a diferença entre raça e cultura; a discriminar entre os efeitos de relações puramente genéticas e os de influências sociais, de herança cultural e de meio. Neste critério de diferenciação fundamental entre raça e cultura assenta todo o plano deste ensaio. Também no da diferenciação entre hereditariedade de raça e hereditariedade de família (Freyre 2000: 45 [1933]). A partir desta obra magistral em diversos aspectos, aquilo que era visto como a pior característica do país e a receita para o seu insucesso enquanto nação – a mestiçagem – passa a ser orgulhosamente ostentado como a marca da generosidade, harmonia e aceitação da diferença do povo brasileiro. E desde então o Brasil passou a figurar como modelo de civilização e de convivência harmônica entre as raças/os povos, ou, mais precisamente, como um cadinho de raças, em que cada um dos brasileiros deve saber que tem algo de indígena, negro e português no sangue e na alma. Mas não há uma confraternização anárquica entre as raças na obra de Freyre. Ao contrário, como comenta Darcy Ribeiro, ―(...) encontramos na sua obra, por vias oblíquas, a explicação suspirada de sua nostalgia dos idos avoengos, de seu gosto por um mundo em que o negro e o povo ocupassem, felizes, o seu devido lugar‖. Nas palavras do próprio Gilberto Freyre: Vencedores no sentido militar e técnico sobre as populações indígenas; dominadores absolutos dos negros importados da África para o duro trabalho da bagaceira, os europeus e seus descendentes tiveram entretanto de transigir com índios e africanos quanto as relações genéticas e sociais. A escassez de mulheres brancas criou zonas de confraternização entre vencedores e vencidos, entre senhores e escravos. Sem deixarem de ser relações - as dos brancos com as mulheres de cor - de "superiores" com "inferiores" e, no maior número de casos, de senhores desabusados e sádicos com escravas passivas, adoçaram-se, entretanto, com a necessidade experimentada por muitos colonos de constituírem família dentro dessas circunstâncias e sobre essa base. A miscigenação que largamente se praticou aqui corrigiu a distância social que doutro modo se teria conservado enorme entre a casa-grande e a mata tropical; entre a casa-grande e a senzala (Freyre 2000: 46 [1933]). Ainda que sem ignorar a violência que subjazia às relações raciais, a obra de Gilberto Freyre conseguiu exaltar de forma inigualável como aspectos formadores, inovadores e altamente positivos da sociedade brasileira, a mestiçagem entre as raças. As teses eugênicas, que condenavam o futuro do Brasil e que 10

Trata-se, em verdade, de uma trilogia sobre a civilização brasileira, com marcos temporais e geográficos distintos. O primeiro livro, ―Casa Grande e Senzala‖, dedica-se à compreender a sociedade nordestina do período colonial. O segundo, ―Sobrados e Mucambos‖, publicado em 1936, dedica-se a descrever a decadência da sociedade descrita em Casa Grande e Senzala e o início da sociedade republicana, no período imediatamente pós-abolição, em processo de urbanização. E em ―Ordem e Progresso‖, por sua vez, publicado apenas em 1957, autor discorre sobre a transição do regime monarquista ao republicano no Brasil, afirmando que o patriarcalismo, assim como o monarquismo, continuam presentes na organização social brasileira.

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marcavam a época de Nina Rodrigues foram deixadas de lado, e a mistura de raças do povo brasileiro passa, como se de veneno a antídoto, a ser considerada como característica de orgulho nacional.

Mas tudo não passava de uma fábula, a fábula das três raças: Roberto DaMatta A UNESCO, por sugestão do antropólogo brasileiro Arthur Ramos, financiou logo após os horrores da Segunda Guerra Mundial um projeto piloto de pesquisas no Brasil com o objetivo de estudar ―os problemas de diferentes grupos étnicos e raciais vivendo num ambiente social comum‖ (Fry 2002: 164). Segundo Peter Fry, ―O Brasil foi escolhido não só porque parecia representar uma alternativa viável à segregação e ao conflito racial então tragicamente expresso com o holocausto, como também porque a UNESCO mostrava, na época, considerável sensibilidade aos problemas específicos do mundo em desenvolvimento‖ (Fry 2002: 164). A partir dos resultados da pesquisa foi possível reforçar a existência de tensões entre o mito da democracia racial, operante e significativo, e o racismo à moda brasileira, que outros intelectuais e ativistas já haviam denunciado (Florestan Fernandes, Abdias Nascimento, Oracy Nogueira, entre outros). Vale destacar, entretanto, que em ambos os casos, tanto na visão da democracia racial, quanto na dos intelectuais que denunciavam o racismo à brasileira, já havia sido superada a perspectiva analítica que tomava raça como conceito biológico definidor do grupo. Alcida Ramos (2004) mostra como no Brasil a nacionalidade surge como o resultado feliz da mistura de três raças: indígena, negra e europeia, ou seja, portuguesa. Porém, a versão brasileira do mito das três raças não foi criada para acomodar as legítimas diferenças raciais e étnicas. Aqui ocorreram políticas públicas claramente voltadas a branquear a nação, visando tornar o povo brasileiro homogêneo, sobrepujando sua diversidade pela supremacia branca. As três raças eram apenas ingredientes de uma nova receita de homogeneidade nacional que, se não era exatamente racial, era, no mínimo, cultural e ideológica. Raça, quando muito, passa a ser vista como um conceito sociológico, e não mais biológico. Oracy já havia anunciado em 194211 que no Brasil o preconceito não é de cor, é de marca, evidenciando que mesmo a interpretação dos aspectos fenotípicos estão condicionados a aspectos socioeconômicos. Roberto DaMatta coloca em evidência a fábula das três raças formadores do povo brasileiro como um mecanismo que pretende disfarçar as diferenças e os preconceitos, e esconde a profunda hierarquia que existe entre nós. No Brasil, só é possível essa convivência relativamente harmônica e isenta de conflitos pois cada um sabe o seu lugar, e respeita as regras do ―sabe com quem está falando‖ (DaMatta 1997). Ou seja, sob a aparência da mestiçagem, da homogeneidade e da igualdade, há uma estrutura altamente hierarquizada e vertical que estabelece os devidos lugares de cada pessoa. DaMatta chega a falar em sociedade de castas. Segundo DaMatta, no Brasil temos um triângulo de raças, que se constitui na ideologia dominante abrangente, capaz de permear a visão do povo, dos intelectuais, dos políticos, todos ―gritando pela mestiçagem‖ (DaMatta 1981: 63). Mas neste triângulo, que permite gradações e intercruzamento entre os vértices, no topo sempre está o branco. Parece que ―há uma junção ideológica entre um sistema hierarquizado real, concreto e historicamente dado e sua legitimação ideológica num plano muito profundo‖ (DaMatta 1981: 63). Por isso é tão difícil desmistificar a fábula das três raças: a ideia de que o povo brasileiro é mestiço, formado pelas três raças e avesso ao conflito e à violência está impregnada na ideologia geral da nação e dos brasileiros. É assim nossa ―comunidade imaginada‖ (Anderson 2005). Roberto DaMatta foi responsável por descortinar, na mesma linha que já vinha sendo traçada por Sérgio Buarque de Holanda (1995 [1936]), o paradoxo ou o dilema brasileiro, que é governado ao mesmo tempo por dois sistemas diferentes e inter-relacionados: o sistema da casa e o sistema da rua; ou sistema da pessoa e o sistema do indivíduo. O autor analisa o rito do ―sabe com quem está falando‖, muito Em artigo intitulado ―Atitude desfavorável de alguns anunciantes de São Paulo em relação aos empregados de cor‖, publicado na revista Sociologia, 4 (4), em 1942, Oracy Nogueira comprova e analisa que aqui o racismo é diferente daquele que existe nos Estados Unidos e na África do Sul. Aqui o preconceito não se sustenta apenas em termos de raça (biológico/genético) e de classe – pois atinge até mesmo pessoas (negras e pardas) de classes altas. Aqui, o preconceito é de marca: quanto mais claro é o indivíduo, menos ele sofre as consequências do preconceito de cor. 11

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usado no Brasil, embora pouco ostentado, que chama atenção justamente para o domínio básico da pessoa (e das relações pessoais), em contraste com o domínio das relações impessoais dadas pelas leis e regulamentos gerais. De acordo com DaMatta, trata-se de uma fórmula de uso pessoal, desvinculada de camadas ou posições economicamente demarcadas e que diz respeito à ―moralidade‖ do povo brasileiro, sempre ocupando os espaços que as leis do Estado e da economia não penetram. A fórmula é, assim, uma função da dimensão hierarquizadora e da patronagem que permeia nossas relações diferenciais e permite, em consequência, o estabelecimento de elos personalizados em atividades basicamente impessoais. (DaMatta 1997: 195). Esse rito evidencia, portanto: O mundo das relações personalistas e particularistas, contra um liberalismo universalista abstrato e construído por decreto que, no Brasil, tem se caracterizado pela supressão da liberdade, pelo centralismo que passa por cima, despoticamente, das instituições locais, e finalmente por um universalismo abstrato e complexo que põe um fraco e o iletrado à mercê do Estado e dos seus representantes oficiais e oficiosos (DaMatta 1993: 196). Percebemos, portanto, com DaMatta, mecanismos de manutenção de uma hierarquização que existem na sociedade brasileira, ainda que não oficiais. Esses aspectos nos permitem, finalmente, refletir sobre o contexto mais geral da sociodioversidade brasileira, e, em particular, o surgimento da ideia de população tradicional no Brasil e como o Estado tem se posicionado em relação a isso em termos de legislação e políticas públicas.

A sociodiversidade brasileira: mestiços, diferentes, iguais? Vários autores argumentam que a discussão sobre a constituição do povo e da nação brasileiras formou a base temática da constituição do campo da Antropologia Brasileira: a antropologia brasileira seria não apenas uma antropologia no Brasil, mas uma antropologia do Brasil (Correa 2001; Peirano 2000; Schwarcz 1993; Cunha 1986). O surgimento da noção de populações tradicionais está inscrita, e de certa forma é mais um capítulo da história da constituição desse campo de conhecimento e de disputa pela definição do que é o povo brasileiro. Como vimos, ao longo dos anos, a questão da sociodiversidade brasileira foi sendo traduzida em termos e conceitos que, muitos deles, já não fazem muito sentido hoje em dia: ―tipos humanos‖, ―grupos raciais‖, ―povos tribais‖, ―desenvolvimento filogenético‖, entre outros. Essa discussão resulta, reflete e é reflexo de políticas públicas e legislações voltadas à definição, gestão e constituição das homogeneidades e diferenças que caracterizam o povo brasileiro. É válido lembrar que diversas foram as medidas adotadas para realizar o branqueamento da nação, dentre elas adoção de legislação destinada a incentivar o casamento misto com indígenas, e o incentivo à imigração europeia. Sabemos também que elementos da cultura africana foram durante muito tempo criminalizados e proibidos, como, por exemplo, o candomblé e a umbanda (Queiroz 1989). Tendo definido sortes diferentes para indígenas, negros, para as diversas ondas de migrantes europeus, asiáticos e árabes, e para os descendentes dos colonizadores portugueses, é bastante evidente que a distribuição fundiária do país é peça fundamental para compreensão da hierarquização do povo brasileiro. Em nenhum momento o Brasil foi um país que primou pela igualdade de direitos. Foram fases e fases de favorecimentos a determinados grupos sociais e de exploração de outros. Se de um lado temos o reconhecimento, desde o descobrimento do Brasil, (geralmente apenas formal e legal) do indigenato, estatuto jurídico que garante o reconhecimento de que os índios são os naturais senhores dessas terras e que, portanto, têm direito à sua propriedade, vemos ainda hoje espoliações fundiárias em relação a grupos indígenas. O último levantamento de dados feito pelo IBGE (2010) informa que o Brasil conta hoje com 896,9 mil habitantes autodeclarados indígenas, divididos em 305 etnias, que falam 274 idiomas, sendo que 36% deles estão em áreas urbanas. Estima-se, entretanto, que por volta de 1500 existissem mais de mil povos indígenas de etnias diferentes, cujo número de indivíduos girava em torno de dois milhões e meio a seis milhões de índios.

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Mesmo com toda a dizimação feita em relação aos povos indígenas, esses resultados colocam o Brasil entre um dos países mais socialmente diversificados do mundo, tanto em termos de diversidade cultural, quanto linguística. Atualmente são 505 terras indígenas reconhecidas ou em reconhecimento, totalizando 106,5 milhões de hectares ou 12,5% do território brasileiro. Do ponto de vista dos escravos africanos, segundo uma estimativa (Voyages 2009), de 1501 a 1866, foram embarcados na África com destino ao Brasil 5.532.118 africanos, dos quais 4.864.374 chegaram vivos (667.696 pessoas morreram nos navios negreiros durante o trajeto África-Brasil). O Brasil foi, de longe, o país que mais recebeu escravos no mundo. Em comparação, no mesmo período, com destino à América do Norte foram embarcados 472.381 africanos, dos quais 388.747 chegaram vivos (83.634 não sobreviveram). Passamos agora a considerar aspectos da questão fundiária brasileira. As populações tradicionais, no Brasil, começaram a ser formalmente reconhecidas apenas num momento muito recente, como reflexo e às vezes empecilho à vaga preservacionista que passa a se difundir pelo país especialmente a partir da década de 1980, com a criação de inúmeras áreas de conservação ambiental. Vejamos então, a partir do confronto entre a história de concentração fundiária do país e as políticas preservacionistas, como as ―populações tradicionais‖ foram sendo visibilizadas e quais as consequências dessa história para seu reconhecimento atual como grupo portador de direitos diferenciados.

A questão fundiária no Brasil: desenvolver e conservar, onde cabem os excluídos? A promulgação da Lei de Terras, em 1850, constitui um aspecto fundamental para entender o lugar do índio, dos remanescentes de quilombos e, genericamente, das várias populações tradicionais que formam a sociedade brasileira. Na primeira metade do século XIX, o mundo passava de um sistema mercantil a um sistema capitalista, e passou a haver mundialmente uma pressão para aumento dos lucros. Nessa época a economia brasileira ainda era baseada num sistema agrário arcaico, dependente, exportador e baseado no trabalho escravo. Nesse momento, o Brasil passava a firmava-se como uma potência imperial (1822 havia sido declarada a Independência do país em relação a Portugal12) e, portanto, buscava compreender e firmar-se como nação independente de Portugal. A Inglaterra pressionava cada vez mais as diversas nações a abolir o tráfico de escravos. E, em decorrência, somando-se à ideologia do branqueamento como solução a ser adotada pelo país, passa-se a incentivar a migração de europeus, com a finalidade de substituição do trabalhador braçal. Todas essas mudanças estavam sendo analisadas à luz das primeiras ideias científicas que então chegavam ao país, sobretudo aquelas ligadas à eugenia, ao lamarckismo, ao evolucionismo social e ao positivismo, e que serviriam como esteio e subsídio para a compreensão justamente de quem é o povo brasileiro e como a ciência poderia auxiliar na definição dos rumos tão dinâmicos do novo Império. Uma das consequências disso foi a alteração da relação com a terra. Ela passa a ser definida como mercadoria, como mais um bem do mercado. Até 1822, o sistema de doação por sesmarias vigia no país, beneficiando amplamente a divisão bastante desigual da propriedade da terra. A partir da Resolução de 17 de julho de 1822, promulgada por D. Pedro, foi suspensa a concessão de sesmarias e não se reconheciam novas posses – apenas as posses ocorridas antes da resolução eram reconhecidas. A resolução teve como consequência a multiplicação de novos apossamentos. Nesse momento, o posseiro passa a ter uma importância social, pois a resolução o reconhecia como parte integrante no desenvolvimento da agricultura, e muitos viam no regime de Independência proclamada pelo filho do imperador português, Pedro I, num evento que ficou conhecido como o ―Dia do Fico‖ e que foi apoiado pela aristocracia rural e incipiente elite urbana que então começava a se formar. O povo, ou seja, escravos, alforriados, indígenas e outros cidadãos não proprietários nem tomaram parte da decisão. Havia, entretanto, muito temor de que a saída do Imperador de Portugal do Brasil resultasse numa segregação e fragmentação do território em diversos países distintos. E, de fato, em 1840, Dom Pedro I abdica do trono por uma série de revoltas que assolavam o território brasileiro, dando início ao período regencial (entre 1831 a 1840), enquanto o príncipe regente, Pedro II não podia assumir o trono – ele tinha então apenas 4 anos. Em 1840, num ato que ficou conhecido como o Golpe da Maioridade, para arrefecer os ânimos separatistas que se avolumavam em diversas partes do país e também para manter os interesses das elites políticas do país, foi proclamada a maioridade de Dom Pedro II e a monarquia voltou a contar com um rei. 12

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sesmaria – em boa medida fracassado em termos de produção – o responsável pela miséria e pelo atraso da agricultura do país. José Bonifácio, o Padre Diogo Feijó, entre outros, propuseram projetos que implicavam em legitimação da posse com a condição de produção, estimulando a migração e limitando os abusos dos grandes sesmeiros que não cultivavam suas terras. Depois de alguns anos e da mudança de liberais a conservadores no poder imperial, foi promulgada a Lei de Terras; significativamente, no mesmo ano da promulgação da Lei Eusébio Queiroz (que proibia o trafico negreiro em território brasileiro). Esta última não teve impactos imediatos na realidade escravagista brasileira, o que fica claro ao constatarmos que estima-se que entre 1840 e 1850 entraram no país cerca 500.000 escravos, e que, por outro lado, a decadência da produção de cana-de-açúcar, algodão e tabaco no norte e nordeste fez com que houvesse grande migração de escravos em direção ao centro-sul do país, configurando um incremento no tráfico interprovincial (Cavalcante 2005). Hoje, boa parte das populações tradicionais do Brasil podem ser encontradas nos rincões de terra espalhados pelo Brasil. Lugares geralmente intersticiais em relação às grandes propriedades, cujos membros já foram empregados, agregados ou escravos. Mas a história e o progresso caminharam, e descobriu-se a importância de se conservar áreas de preservação ambiental, pois afinal de contas, os recursos naturais passaram a mostrar sinais de esgotamento13. Criaram-se a partir de 1934 no Brasil as primeiras áreas destinadas à conservação da natureza, hoje designadas como Unidades de Conservação. Como demonstrou Henyo Barreto Filho (2001) para o caso da Amazônia, essa gestão territorial voltada à conservação da natureza ocorreu, sobretudo nas décadas de 70 e 80, concomitantemente ao fomento da colonização, industrialização e desbravamento da região norte. Ou seja, o desenvolvimento estava entendido como um projeto que pressupunha dialeticamente a exclusão de territórios específicos da zona de progresso, mantendo a sustentabilidade das ações depredadoras que ocorriam nos grandes centros cuja ocupação, uso e exploração se fomentava. Nesse contexto mais amplo de gestão fundiária no Brasil que, como vimos, foi amplamente excludente ao longo dos séculos em relação aos escravos, aos trabalhadores, aos indígenas e aos que não eram herdeiros/descendentes de proprietários, o surgimento das Unidades de Conservação acabou servindo como o modo pelo qual as populações tradicionais acabaram sendo visibilizadas. Essa visibilização não ocorreu, entretanto, sem conflitos e sem violência. Foi justamente pelo conflito instaurado a partir da imposição (mais uma) de um paradigma da relação entre o homem e a natureza àqueles que viviam da mata e dos rios, quando da criação das Unidades de Conservação, que fez-se visível um modo de ser diverso do que era preconizado pelo Estado. Ou seja, parques são vistos até hoje como locais destinados à visitação, à pesquisa e à educação ambiental de populações urbanas. E neles a presença humana é proibida. Hoje o que vemos, por exemplo, no Parque Nacional do Jaú (AM) é que mesmo que o próprio Estado passe a reconhecer que a permanência dessas pessoas é fundamental para a fiscalização e gestão das áreas a serem protegidas, o fato de a legislação determinar que Parques são áreas de proteção integral (que não permitem a presença humana) faz com que gestores ambientais estatais e populações tradicionais (gestores ambientais tradicionais) coloquem-se, só por estarem situados nessa nova territorialidade – a unidade de conservação – sob o poder de mando do Estado, cujas regras devem ser respeitadas (mesmo, a despeito ou justamente por supostamente estarmos lidando com um Estado de Direito Democrático). Trata-se de um paradigma de relação entre o homem e a natureza que passa a ser imposto aos locais e às pessoas que lá estavam, e cuja margem de manobra e de participação desses que passam a ser ―atingidos por parques‖ geralmente é mínima (Mendes, 2009) mesmo que esses lugares tenham sido considerados prioritários para a conservação justamente por seu aspecto bastante conservado, fruto da convivência dessas populações tradicionais no e com o local.

Existe um livro pouco conhecido de Gilberto Freyre, chamado Nordeste (1937), em que o autor traça um panorama bastante crítico quanto aos prejuízos em termos ecológicos da atividade agrícola monocultora da cana na região homônima do Brasil. 13

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Unidades de conservação (UC) sob medida: as UC de uso sustentável Depois de uma série de lutas para o reconhecimento de Unidades de Conservação (UC) que levassem em consideração os préstimos e os direitos das populações tradicionais – como foi o caso das Reservas de Desenvolvimento Sustentável e as Reservas Extrativistas (Mendes, 2009; Alegretti, 2002), o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC, aprovado em 2001) reconheceu essas categorias de UC, que prescindem da presença de populações tradicionais, como parte da política ambiental brasileira. Não intenciono descrever aqui a luta pelo reconhecimento de área contigua ao Parque Nacional do Jaú como Resex, o que já fiz em outros trabalhos (Mendes 2009a, 2009b). Minha preocupação aqui é discutir sobre o contexto mais amplo do surgimento da categoria de população tradicional. O fato de ter havido esse reconhecimento de que as populações tradicionais são parceiras da conservação – conforme leitura integrada do SNUC – parece situar essa categoria sociológica-políticacultural em um lugar com algumas continuidades e muitas rupturas em relação aos direitos reconhecidos aos povos indígenas e quilombolas. A continuidade situa-se justamente no estabelecimento da diferença desses três povos em relação à sociedade nacional. Trata-se aqui de alteridades definidas pela sociedade nacional e que passam, as três, a serem reconhecidas como portadoras de direitos específicos. Além disso, os três povos passaram por um processo extremamente violento de homogeneização e assimilação à sociedade nacional – e, em grande medida, resistiram. Mas, do ponto de vista da ruptura, conforme vejo, às populações tradicionais cabe o ônus de sustentar o mito do bom selvagem, aquele que, mesmo inserido na sociedade capitalista, globalizada e interconectada, deve manter um modo de vida de baixo impacto, que seja sustentável e que traga esse aspecto de exotismo/alteridade via relação com a natureza. Seguem-se, portanto, dois aspectos dialéticos em relação ao surgimento da noção de população tradicional. Ao mesmo tempo em que o reconhecimento da diversidade social e cultural das populações tradicionais representa um avanço em relação à homogeneização, ao branqueamento e à ideia de democracia racial no país, deferindo um golpe contra essa ideologia e esse mito tão enraizado no brasileiro em geral; ao evidenciar a diferença, entretanto, esse reconhecimento mantém de forma sutil uma hierarquização num domínio muito específico, que é o da relação mais próxima e respeitosa que se pressupõe que essas pessoas tenham com o ambiente natural. Conforme apontaram Mauro Almeida e Manuela Carneiro da Cunha (2001), entretanto, e como vimos tentando argumentar a partir dessa análise historicizada e historicizante da noção de população tradicional, a imposição de uma ideia nunca é simplesmente uma imposição. Implica, no mais das vezes, numa aceitação e numa apropriação (às vezes mais às vezes menos dissidente em relação à ideia inicial). Assim, resta, como afirma Geertz, aos antropólogos dar testemunho sobre o que o homem falou – e fala, através de leis, mobilizações políticas e de suas vivências com e no mundo. Permanecemos, assim, com a questão, ao situar o entendimento da noção de população tradicional na discussão mais ampla sobre a história da nação brasileira, que operou diversas e reiteradas formas de expropriação e de desrespeito em relação à alteridade: o que são populações tradicionais?

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Áreas protegidas en conflicto: Unidades de Conservación y Tierras Indígenas en la política territorial brasileña Rodrigo Paranhos Faleiro1 Resumen A partir del análisis histórico de las áreas protegidas –tierras indígenas y Unidades de Conservación- en diálogo con la construcción del territorio nacional y nación brasileña, busco discutir el papel del Estado y del pueblo en la consolidación de Brasil como nación. En este sentido, el área protegida es el punto de intersección entre la propuesta hecha desde el Estado y la práctica desarrollada por los pueblos que ahí viven, permitiendo analizar las territorialidades en términos históricos, geográficos, sociales e institucionales, que serán uno de los puntos de partida en la definición del Brasil como un país. Palabras Clave: áreas protegidas; tierras indígenas; conflictos territoriales; estado nación; territorialidad

Abstract Through a historical analysis of protected areas –indigenous lands and Conservation Units- in dialogue with the construction of the Brazilian nation and its territory, I seek to discuss the role of the State and people in the consolidation of Brazil as nation. In this sense, protected areas are the intersection point between State proposal and the practices developed by the people living there. The analysis will help us to understand the ―territorialities‖ in historical, geographical, social and institutional terms that led to the construction of Brazil as a nation. Keywords: protected areas; indigenous lands; territorial conflicts; nation state; territoriality

1Rodrigo

Paranhos Faleiro está realizando su doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad de Brasilia, donde finalizó su maestría y cursos universitarios en antropología. Su currículo está disponible en http://lattes.cnpq.br/1975391253902039 y para establecer contacto utilice la dirección electrónica [email protected]. Agradecimientos a Luisa María Claros y Andrea Natalia Ramírez del GESC por sus valiosas contribuciones al texto.

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Introducción Las políticas de gestión territorial en Brasil han desarrollado formas de categorización del territorio nacional según objetivos específicos y no es raro que el establecimiento de categorías de gestión territorial genere conflictos de intereses entre los diferentes sectores de la sociedad. En otro estudio (cfr. Paranhos 2012), observamos cómo estos conflictos revelan la tensión dentro de la sociedad brasileña acerca de su percepción del territorio, su uso y destinación. Sin embargo, estas tensiones permiten analizar cómo sectores de la sociedad piensan la pluralidad social y ambiental en Brasil, y cuáles son las prioridades nacionales en temas como el bienestar social, desarrollo económico, derechos humanos e indígenas y del medio ambiente. Hasta este punto no hay ninguna novedad, principalmente cuando estamos hablando de categorías de gestión territorial que reservan riquezas para una empresa u otro segmento social. Pero, ¿qué podríamos decir de los conflictos protagonizados por sujetos participantes en agendas tan nobles como las relativas a la conservación de la naturaleza y la defensa de los derechos indígenas? ¿Acaso no son referentes de las cualidades de la gestión que involucra la participación social o del empleo mismo de recursos los que estarían fundados en cuestiones básicas como destinar el territorio para conservación o pueblos indígenas? En otras palabras, ¿cómo una categoría de gestión territorial –Unidades de Conservacióndibujada desde arriba podría interferir en la vida de muchos pueblos indígenas y en su relación con el medio ambiente? Pienso que discutir cuestiones tan sencillas y nobles involucradas en un conflicto territorial es inevitable y por lo tanto, propongo como punto de partida el análisis del territorio y las formas de intervención que este sufre cuando son creadas las áreas protegidas. Buscando comprender cómo las categorías de gestión territorial intervienen en un territorio social, en este trabajo analizaré un conflicto territorial resultado del traslape entre dos áreas protegidas que fueron creadas para distintas finalidades. Para hacerlo, en algunos momentos estableceré un diálogo con el estudio de caso que estoy realizando en el Monte Roraima donde se sitúa la Tierra Indígena Raposa Sierra del Sol y el Parque Nacional del Monte Roraima; dos área protegidas coexistentes en la zona de frontera de Brasil con Guyana y Venezuela. El caso representa un típico conflicto que permite observar la intersección de proyectos distintos en la construcción de soberanías nacionales, reconocimiento de derechos minoritarios y formas de ejercer la conservación de recursos naturales. Sin profundizar en los casos venezolanos y guyaneses, discutiré cómo la política de construcción del territorio nacional utilizó categorías de gestión territorial, en especial, la de área protegida y cuáles son los conflictos derivados del establecimiento de éstas; y por otro lado, la forma cómo el Estado nacional soluciona este tipo de conflictos utilizando la perspectiva teórica de la antropología del Estado y de la administración pública.

Territorio: del objeto hasta el Estado nación Antes de empezar nuestro análisis del área protegida, es necesario establecer un acuerdo sobre el uso de conceptos tales como uso de espacio físico, área, territorio, territorio nacional, territorialidad y tierra. Muchos autores han discutido estos conceptos y a lo largo de este trabajo, vamos a incorporar algunas de las discusiones más relevantes para nuestro análisis. Por ahora, emplearemos espacio físico, área o tierra para tratar el espacio físico en su extensión geográfica y geométrica. También emplearemos las categorías jurídicas cuando sea necesario –tierra indígena, unidades de conservación, área protegida, parque nacional-, todas ellas descritas con iniciales mayúsculas. Finalmente, reservaremos la palabra territorio como concepto principal de nuestro análisis para referirse al espacio integrado por su dimensión física y cultural. En este punto, retomo el trabajo de Little (2002) en el cual se problematiza como un posible campo de estudio antropológico la diversidad de formas de propiedad de la tierra en Brasil. Este autor opta por utilizar la palabra territorio como categoría analítica por donde pasa la intersección entre grupos tradicionales y categorías jurídicas creadas para asistirlos (Little 2002: 3). Pero, al hacerlo, insiste en explicar que el concepto de homeland del inglés seria la traducción más adecuada para referirse al territorio ya que, según él, además de ser comúnmente traducido como patria y utilizado en estudios del Estado nación, también podría ser traducido como territorio en su doble dimensión física y cultural.

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En español y portugués, podríamos simplemente utilizar territorio pues el concepto incorpora la noción de territory y homeland del inglés. Aparentemente, Little opta por destacar homeland porque esta palabra mantiene la idea de vínculo y pertenencia de un grupo al espacio físico donde viven, mientras que territory enfatiza el dominio del espacio físico. Sin embargo, en la etimología latina de la palabra territorio (territorium) su significado sería solamente espacio físico y espacio donde se ejerce una jurisdicción. Aparentemente, el significado que hoy encontramos en la palabra territorio vinculado al concepto de homeland y de pertenencia fue incorporado más tarde. Esta acepción de Little (2002) para la palabra homeland, posibilita establecer tres cuadros analíticos del conflicto entre áreas protegidas en este trabajo: 1) el territorio como una construcción del Estado nación; 2) el territorio como una construcción de sus pobladores; y 3) el territorio como una intersección entre estas dos lecturas, dando lugar a un área imaginada con sus significaciones y contradicciones. En este sentido, pensando en nuestro primer cuadro analítico donde el territorio resulta del proceso de establecimiento del Estado nación, no podríamos olvidar el uso de la fuerza en la construcción del Estado nacional. Según Tivey (1981), el Estado moderno fue establecido a partir del dominio de sus ciudadanos y su territorio. Como él nos recuerda, hasta el siglo XVII muchos gobernantes europeos no ejercían el dominio de sus posesiones y tampoco el dominio de los habitantes de estas áreas. Solamente con el uso de la fuerza muchos de ellos llegaron de establecer un dominio efectivo del territorio y con eso, fueron creando la pertenencia de los habitantes al territorio en una nación y específicamente a un Estado nación en su sentido moderno. Con relación al proceso de dominación de pueblos indígenas que vivían en el territorio pretendido por Portugal, Melatti (1986) y Ribeiro (1996) describen una situación similar en las tierras brasileñas. Inicialmente, el conquistador europeo trató de ejercer esa dominación con empleo de la fuerza armada, del comercio y la conversión religiosa. Más tarde en el Brasil independiente, los gobernantes y las élites continuarían afirmando su soberanía territorial a través del uso de los mismos mecanismos inherentes al dominio del territorio nacional. Esta estrategia también fue desarrollada en otras colonias españolas e inglesas en las Américas. Para Melatti (1986), a lo largo de la historia del Brasil la presencia del europeo y del no-indígena cambió profundamente la condición indígena en las distintas frentes de colonización. Como observamos en otro trabajo, motivados por la extracción de madera palo Brasil (Caesalpinia echinata Lam.), de drogas do sertão (nuevas especias de condimentos extraídas de bosques desconocidos) y del caucho (Castilloa ulei) o siringa (Hevea brasiliensis), europeos y brasileños ocuparon cada vez más los territorios indígenas (Paranhos 2012b) trayendo como consecuencia guerras, enfermedades y desplazamientos que cambiarán las formas tradicionales de ocupación indígena del territorio brasileño (Ribeiro 1996). En este contexto, nos enfocamos en el extremo norte de la Amazonía brasileña, donde un conjunto de mesetas tepuyes (montañas tabulares) componen la Sierra de Pacaraima del Escudo de las Guyanas, localizada la parte brasileña del Monte Roraima. Este Monte con formación geológica de la Era Precámbrica es el punto más alto de la Sierra con 2.739 metros de altitud, condición que contribuye para que desempeñe la función divisoria de aguas de las cuencas de los ríos Amazonas, Orinoco y Esequibo, punto de convergencia para estos ecosistemas y línea de la frontera entre Brasil, Venezuela y Guyana. Estos atributos físicos y políticos sin duda agregan al Monte un significado especial desde la perspectiva política –marco de la soberanía de cada uno de estos Estados nacionales-, cultural –materialidad del mito de origen del pueblo Ingarikó y de otras leyendas- y ambiental –concentración de diversidad biológica proveniente de los varios ecosistemas. Inicialmente, alrededor del Monte fue registrada la presencia de distintos pueblos indígenas que, antes de la colonización europea, participaran de las llamadas Guerras Caribe (CIDR 1989). Pero como el clima de la región está dividido en dos periodos estacionales bien definidos de sequía y de lluvia, estos grupos reunían sus comunidades durante el periodo de lluvia y se dispersaban en grupos familiares durante la época seca. En un segundo momento, algún tipo de interacción entre familias de diferentes etnias eran realizadas –trueques, matrimonios, etc.- y con el tiempo, estas interacciones contribuyeron con el fin de las Guerras Caribe. Según Melatti (2011), diversos estudios etnográficos apuntan a la existencia de una

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red de comercio entre tribus de la región qué, por supuesto, sería responsable de la articulación de los grupos indígenas que viven alrededor del Monte o en territorios cercanos. Más tarde, con la conquista europea de la región, hubo luchas entre españoles y portugueses y de estos con los indígenas. Muchos grupos fueron exterminados por enfermedades contraídas durante el contacto o por luchas armadas con europeos, los sobrevivientes fueron desplazados, convertidos por misiones religiosas o incorporados en la economía no-indígena, pocos fueron aquellos que seguirían viviendo en sus territorios tradicionales con distintos grados de independencia (CIDR 1989). Este proceso de acomodación de europeos e indígenas en un mismo territorio, provocó un cambio en las relaciones sociales que, entre algunas etnias, sólo fue superado en las últimas décadas. Además del hecho que algunos grupos fuesen absorbidos por grupos mayores y otros sufriesen pérdidas significativas de su población, hoy día, la Tierra Indígena Raposa Sierra del Sol acomodó en la región conocida como Raposa o Lavrado2 principalmente a los indígenas Macuxi, Wapichana, Taurepang y Sapurá, y en las Sierras3 indígenas Ingarikó y Patamona. Entre las distintas formas de asimilación de indígenas empleadas por los portugueses en la cuenca del Río Branco, actual departamento de Roraima del Brasil, solamente la introducción de la ganadería en el siglo XVIII produjo un involucramiento claro de los indígenas con actividades económicas no-indígenas (CIDR 1989). Al desarrollar la ganadería en tierras de pasto natural del Lavrado que tradicionalmente eran ocupadas por pueblos Macuxi y Wapichana, estos grupos incorporarían muy bien la nueva actividad. Con el tiempo, otros elementos culturales no-indígenas –religión, música, etc.- también fueron incorporados en su cultura, aunque mantengan su identidad étnica conservando distintos grados de singularidad. Pero no todos los elementos culturales fueron incorporados por los indígenas en la cuenca del Río Branco y en otras partes del Brasil. Bromley (1989) al analizar algunas formas de propiedad de la tierra, observa que muchas veces miramos solamente aquellas formas existentes bajo un marco jurídico o económico. De este modo, nuestra relación social con la tierra parece estar limitada a la propiedad, condición que es hegemónica en casi todo el planeta. Es decir, que consideramos natural la relación con la tierra que está enmarcada en una concepción moderna que valora el acceso a la tierra como un bien, una posesión o una propiedad. Sin duda, ésta no es la única forma de interacción humana con la tierra y tampoco sería la forma más adecuada de tratar los territorios étnicos. Sin embargo, la ocupación del territorio brasileño en distintos momentos y por diferentes grupos sociales en contextos políticos diversos dio lugar al establecimiento de comunidades culturalmente diferenciadas (Little 2002). Hasta hoy, existen grupos indígenas con distintos grados de interacción con la sociedad nacional, desde los grupos aislados hasta aquellos que participan activamente del desarrollo nacional, comunidades negras relativamente aisladas que descienden de esclavos fugitivos o quilombolas4 y pueblos del bosque, grupos remanentes de los antiguos moradores de los bosques, de los extractores de siringa, de drogas do sertão, entre otros. Todos ellos han establecido de distintas maneras, vínculos históricos con sus territorios que traspasan regímenes de propiedad y que convierten estas áreas en parte de un proceso de reproducción social. Para Lima (1995), en el Siglo XX el Estado brasileño desarrolló una estrategia de conversión de áreas y habitantes aún no sometidos al control estatal en el territorio nacional y ciudadanos brasileños. Para ello, el Estado instalaba unidades físicas para la administración pública en puntos donde aún no había presencia estatal por intermedio de los cuales se ejercería un control social de los habitantes locales disfrazado de asistencia y tutela. De este modo, los pueblos aislados serían contactados, identificados y capacitados para actividades productivas encuadradas en el proyecto de desarrollo nacional y llevar a Lavrado es el termino regional utilizado para describir las sabanas de Roraima [...] ecosistema único, [...] con ―elevada importância para conservação da biodiversidade e dos recursos hídricos‖, también clasificado dentro del bioma Amazônia, como eco región de las Sabanas de las Guyanas (Campos et al 2008: 1). 3 Nombre utilizado en Roraima para el conjunto de montañas situadas en el extremo norte del Brasil que hace parte de la Sierra de Pacaraima. 2

Quilombolas hace referencia a las ―comunidades negras relativamente aisladas que descienden de esclavos fugitivos‖. 4

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estos pueblos a convertirse en ciudadanos brasileños. Según el autor, ésta forma de establecer una disciplina del Estado nacional en zonas tan lejanas de su dominio, fue el método de conversión de los habitantes y de las áreas en lo que hoy llamamos en Brasil, brasileños y territorio nacional. O cómo podría decir Lima (1995), fue ésta la forma como el Estado disciplinó el espacio pensado como Brasil. Según Lima (19959, al poner al campo bajo un régimen disciplinado por medio de la tutela del indígena y de otros habitantes que vivían fuera del control estatal, en principio, produjo una forma de control del territorio a través de sus habitantes. Como lo vimos en otro trabajo ya citado (Paranhos 2012b), diferentes motivos llevaron a familias de inmigrantes a estas áreas desiertas; no obstante fue el emprendimiento de la siringa la que llevaría los mayores contingentes humanos no-indígenas a la Amazonía hasta la mitad del siglo XX. En consecuencia, ocurrieron los mayores cambios sociales en las comunidades indígenas o quilombolas que aún se mantenían aisladas del resto del país, situación que sumada a la crisis del caucho, aumento su complejidad. Con este hecho, las familias de colonos abandonadas a su propia suerte (Dean 1989), se convirtieron en trabajadores nacionales (Paranhos 2012b) que más tarde, junto con los Soldados da Borracha –Soldados de la Goma-, se convertirían en pueblos tradicionales o extractivitas (Murietta & Rueda 1995). Los trabajadores de comienzos del siglo XIX, según Lima (1995), también fueron objeto del nuevo Serviço de Proteção ao Índio e de Localização de Trabalhadores Nacionais, una directriz cambiada diez años más tarde cuando los trabajadores nacionales –incluidos los quilombolas- dejarían de ser objeto de trabajo del Serviço y dejando a los indígenas como el único grupo para ser convertido en nacionales por la agencia que en ese momento pasó a llamarse Serviço de Proteção ao Índio. Sin un proceso de conquista de indígenas disfrazado de asistencia y desarrollo económico estos pueblos no serían los protagonistas del desarrollo (Cardoso De Oliveira 1963), como lo fueron también en su momento los inmigrantes de otras partes del país que ocuparon las áreas desocupadas por los indígenas recién pacificados (Lima 1995; Paranhos 2012b). De ésta forma de obtener tierras para la colonización basada en la expropiación de tierras ocupadas por los indígenas (Lima 1995), nació la política indigenista soportada en la idea de ―Áreas Indígenas‖ –más tarde llamadas Tierras Indígenas. Conviene destacar que, a principios del siglo XX cuando eran inevitables las guerras entre colonos e indígenas aun no contactados que vivían en las zonas de expansión agrícola del país, el establecimiento de una política de pacificación, tutela, asistencia y Áreas Indígenas, en vez del exterminio propuesto por algunos ciudadanos, planteó un cambio fundamental en el escenario de aquel momento y garantizó de alguna manera la sobrevivencia de muchos grupos indígenas que conocemos hoy día (Ribeiro 1996). El contenido de la conversión de indígenas en nacionales fue tan fuerte que Oliveira (1998a) demuestra cómo las poblaciones indígenas del nordeste brasileño que cambiaron su territorialidad obligados por conquistadores portugueses y brasileños, empezaron a retomar sus territorios en las últimas décadas. La condición histórica de conquista que obligó a muchos pueblos indígenas a abandonar sus territorios y negar su identidad étnica, con la Constitución de la República Federativa de Brasil promulgada en 1988, posibilitó que retomaran su condición étnica históricamente subsumida en políticas de asimilación e integración. De la misma manera, estos grupos que rescatan su identidad étnica también reivindican sus territorios ancestrales, fenómeno que antropólogos brasileños actualmente llaman etnogénese5. Pero mucho antes que él mismo fenómeno de etnogénese sea descrito por Oliveira (1999) para el nordeste brasileño, muchos grupos indígenas reivindicaban ya el dominio de sus territorios ancestrales, ellos hacían parte de los invisibles étnicos descritos por Miller (2003) en sus investigaciones en América del Norte, y que también ya eran descritos con otros nombres en estudios antropológicos en Brasil 6. Sin duda, muchas etnias en Brasil fueron consideradas extintas por procesos de asimilación y solamente al final del siglo XX cuando buscaron el acceso a su territorio tradicional, algunas de ellas volverían a reivindicar que fuesen tratadas como pueblos indígenas. En algunos de estos casos, eran grupos que estaban subsumidos en categorías de mestizos, caboclos o regionales. Para profundizar mejor este tema recomiendo la lectura de João Pacheco de Oliveira, A Viagem de Volta: etnicidade, política e reelaboração cultural no Nordeste Indígena, de 1999. 6Vide SILVA, Cristhian Teófilo da.The Astonishing Resilience: Ethnic and Legal Invisibility of Indigenes from a Brazilian Perspective. IN: Vibrant – Virtual Brazilian Anthropology, v. 4, n. 2. July to December 2007. Brasília, ABA. 5

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Como ya lo comentamos, algunas etnias de la Tierra Indígena Raposa Sierra del Sol incorporaron en su cultura elementos de la cultura no-indígena. El dominio de la técnica de ganadería por Macuxi y Wapichana fue tan incuestionable que, en los años setenta, la Diócesis de Boa Vista costeó una manada de reses itinerante para el proyecto Uma vaca para um índio. Con eso, las aldeas recibían la manada para formar sus matrices reproductoras que, después de cría, permitía que la manada fuese enviada para otra aldea. Con el tiempo y el establecimiento de manadas, este proyecto permitió que los indígenas retomasen sus antiguos territorios y peleasen por otros derechos. Con ese proyecto, los indígenas empezaran otro movimiento llamado de Ou vai, Ou racha7 que prohibía la venta de bebidas alcoholicas en la tierra indígena. Más tarde, este movimiento articulado con el primer proyecto –Uma Vaca para um Índio- permitió que los tuxauas, nombre de los jefes de aldea en la Amazonía, empezasen a articular la formación de consejos regionales dentro del territorio tradicional. Esta articulación fue tan fuerte que en 1987 fue creado el Consejo Indígena de Roraima (CIR 2011). Paralelo a esto, en la región de las Sierras, el pueblo Ingarikó articuló una representación política propia que en 2002, estableció el Consejo del Pueblo Indígena Ingarikó (COPING) (Paranhos 2009). Estos dos movimientos que en 2009 alcanzaron la homologación de la Tierra Indígena Raposa Sierra del Sol hoy en día trabajan juntos. Para Oliveira Filho (1998), esta búsqueda de límites territoriales precisos no hace parte de la naturaleza de las sociedades indígenas, una vez que el contenido de colectividad es una derivación del ejercicio de su sociabilidad. En otras palabras, la búsqueda de territorios con límites establecidos es una consecuencia exclusiva de la situación colonial, donde la tierra es imprescindible para que ellos puedan mantener su territorio con sus inherentes significados sociales y culturales. Para la autora la “„Terra Indígena‟ diz respeito ao processo político-jurídico conduzido sob a égide do Estado, enquanto a de „território‟ remete à construção e à vivência, culturalmente variável, da relação entre uma sociedade específica e sua base territorial” (Gallois 2004). Aún hoy establecer territorios con límites es una condición imprescindible para la reproducción social de los indígenas. Hasta el momento analizamos cómo el territorio fue una construcción arbitraria del Estado con el propósito de concretar su dominio sobre el territorio nacional y sus habitantes. Observamos que, este modelo típico del Estado nación alcanzó formatos más humanistas con el Serviço de Proteção ao Índio y su forma de control disfrazada de asistencia. Y también, que después de la Constitución de 1988, ello fue nuevamente retomado desde la perspectiva de los indígenas y sus procesos de reivindicación de derechos perdidos hasta aquel momento. A pesar de sus avances, aún hay muchas críticas al modelo de territorio utilizado actualmente, principalmente, por su formato rígido que obliga a diversos pueblos a encuadrarse en un mismo territorio, tema que profundizaremos en un segundo cuadro analítico.

El territorio social: el no diálogo con sus pobladores Para cumplir nuestra propuesta, retomo de Little (2002) su perspeciva del territorio y la territorialidad como resultado de procesos históricos, culturales y políticos. Según él, la territorialidad es un concepto dinámico y fuertemente influenciado por la singularidad del grupo social que, en un esfuerzo colectivo, ocupa, utiliza, controla y está identificado con una parcela específica de su ambiente biofísico, condición que permite convertir este ambiente en su territorio. El territorio sería establecido con prácticas de conductas de territorialidad de un grupo en el área que consideran su territorio (Little 2002); en otras palabras, la vivencia de la territorialidad particular del grupo sobre un área que les pertenece generaría su noción de su territorio. Por otro lado, Gallois (1996) plantea respecto al concepto de límite físico que este no corresponde con lo indígena, y sin que el territorio sea solo una derivación de las redes de sociabilidad del grupo, esta posición no cuestiona el concepto de Little (2002). En los dos casos, el territorio resulta de prácticas El movimiento Ou vai, Ou racha es una expresión popular que significa: logramos un buen éxito o, lo mismo con lucha, vamos hacer fuerza hasta vencer. Su traducción literal podría ser: O va, o agrietase. 7

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sociales en donde el límite físico de la tierra indígena existe en razón del contexto colonial, lectura que coincide con los estudios antropológicos realizados en las últimas décadas para identificar territorios indígenas en Brasil (Oliveira 1998a). Como ya lo hemos expresado, el territorio es antes cultural que físico, pues en él están materializadas idiosincrasias sociales y culturales que son imprescindibles a la reproducción física, social y cultural del grupo; un conjunto de elementos concretos y simbólicos que el grupo vivencia como su territorio. Little (2002) no ignora esto, pues él mismo identificó en las políticas indígenas y quilombolas brasileñas el origen del reconocimiento de este ―régimen de propiedad‖. Es decir que los territorios con límites definidos no son un producto de la mayoría de las culturas indígenas de Brasil (Gallois 1996). Una vez impuesto este formato por la política indigenista (Oliveira 1998a) y quilombola brasileña (Little 2002), alcanzamos un modelo de gestión que, como discutió Bromley (1989) sería otra forma de mirar el dominio de áreas. Este modelo es aplicable a través de las áreas protegidas para indígenas –Tierras Indígenas-, quilombos –Tierras de Quilombos- y pueblos tradicionales –Unidades de Conservación de Uso Sostenible y Proyectos de Asentamiento Agrícola-Extractivistas. Esta lectura estaría de acuerdo con la legislación brasileña que establece que recursos naturales en Tierras Indígenas y Tierras de Quilombos sean utilizadas por sus habitantes y que en Unidades de Conservación de Uso Sostenible sean utilizados sus recursos principalmente por sus moradores. Con eso, los espacios físicos dentro de las áreas protegidas estarían indisponibles para venta, alquiler u otras formas de cesión de derechos; dicho de otro modo, estos territorios estarían fuera de los paradigmas occidentales de propiedad privada y bienes comercializables, pues al final, su propósito sería garantizar las condiciones necesarias para la reproducción social, cultural y física del grupo que vive ahí (Paranhos 2005). Como muchos de estos grupos fueron expropiados de distintas formas de los territorios que ocupaban tradicionalmente, después de la Constitución de 1988 creció en Brasil el movimiento de etnogénese entre los indígenas, las solicitudes de reconocimiento de la identidad quilombola y el movimiento de los Povos da Floresta –Pueblos del Bosque. La mayoría de las iniciativas hasta principios de siglo XX estuvieron relacionadas con el rescate de derechos territoriales y solamente más tarde, se ampliarían para otros derechos y para el acceso a mejores condiciones de vida. La Tierra Indígena Raposa Sierra del Sol fue una conquista de los pueblos indígenas después de varias tentativas fracasadas a destinar un territorio para estos pueblos, después de que fueran iniciadas por el Serviço de Proteção al Índio y más tarde, por la Fundação do Índio (FUNAI). Subsiguiente a la homologación de la Tierra Indígena, las organizaciones indígenas tendrían las condiciones para luchar por mejorar las políticas públicas de salud, educación, asistencia y también su participación en otras políticas de gestión territorial. Todavía, estos procesos están más desarrollados en la agenda indígena que en las otras dos, pues los derechos quilombolas aún están siendo pacificados dentro del universo jurídico y la asistencia a los pueblos tradicionales o del bosque, está siendo garantizada por medio de categorías de Unidades de Conservación de Uso Sostenible o por Proyectos de Asentamiento Agrícola-Extractivita (Paranhos 2005). Sin embargo, por más que la política indigenista esté mejor desarrollada en términos administrativos, técnicos y jurídicos, después del establecimiento de condicionantes en el juzgamiento de la constitucionalidad para la homologación de la Tierra Indígena Raposa Sierra del Sol y que se empezaran acciones en el Supremo Tribunal Federal, Congreso Nacional, etc. parecieran existir intentos para modificar el escenario favorable de reconocimiento de los derechos indígenas. Tema que abordaremos en nuestro próximo cuadro. En este segundo cuadro analítico observamos que, basado en su dependencia del territorio social, los movimientos sociales están buscando apropiarse de espacios abiertos jurídicamente dentro del modelo de ordenamiento territorial brasileño. Pero, ésta estrategia no significa que éstos espacios de acomodación de las demandas sociales son los más adecuados para ellos. Pues, como lo mencionamos antes, estos tres grupos sociales –indígenas, quilombolas y pueblos tradicionales- utilizan las categorías de áreas protegidas disponibles para ejercer el dominio territorial y no cuentan con categorías que puedan ser establecidas desde el punto de vista del grupo social. Es decir que a menos que el territorio sea una vivencia del grupo, hay poca sensibilidad para mirar el reconocimiento de la territorialidad de estos

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grupos desde su propio punto de vista. Con eso, cada vez más, estos grupos están amenazados por los intereses económicos y políticos del desarrollo nacional.

Territorio nacional: la construcción imaginada del territorio Para avanzar en nuestro tercer cuadro de análisis y en la búsqueda de una conclusión para este trabajo, debemos reconocer además que, la relación de nuestra sociedad ―occidental‖ con el espacio que ocupamos no establece concretamente una condición para la reproducción social; no sería correcto considerar que esta vinculación de la identidad con un determinado territorio se inexistente en este contexto. Como apunta Foresta (1984) en su análisis del papel desarrollado por los Parques Nacionales en la construcción de la identidad en los Estados Unidos, determinados elementos del paisaje constituyen un imaginario social que contribuyen con las creencias en la identidad y la nacionalidad (Barretto Filho 2001). Sin duda, estos paisajes que atribuyen significados a la identidad nacional también están en otros países y desarrollan la misma función, pero cuando son percibidos de esta forma, ellos son más imprescindibles a la identidad nacional que, necesariamente, a la reproducción física del grupo social (Paranhos 2005). Según Carvalho (1990), después de la proclamación de la República en Brasil empezaron varias tentativas de afirmar elementos simbólicos de personajes históricos que contribuirían con un imaginario de un Brasil sin monarquía. Además de tratarse de una revisión de informaciones históricas en una perspectiva republicana, éstas lecturas apoyarán la constitución de una comunidad imaginada como nación brasileña. Como dice en otro trabajo Carvalho (2002), la ciudadanía estuvo dentro del sentido de pertenencia a la nación del Estado brasileño. Por lo tanto, podríamos decir que para generar ésta ciudadanía y convertirse en nacional en distintos momentos de nuestra historia, las élites establecerán esta propuesta de Brasil como algo que deberíamos buscar y construir. Al final, como herederas del centralismo portugués, sería responsabilidad de las élites brasileñas la construcción de un país administrado por un Estado fuerte, centralizado y que pudiera ejercer su poder (Faoro 1958). Esta élite, o por lo menos parte de ella, fue responsable de las primeras críticas ambientalistas en Brasil y de proponer la creación de los primeros Parques Nacionales en estas tierras (Padua 1987; Barretto Filho 2001). Independiente del protagonismo de las élites brasileñas en la construcción de la identidad nacional y la selección de los símbolos nacionales, es indubitable que paisajes singulares del Brasil ayudaran en la composición del imaginario. Como observamos en otro trabajo (Paranhos Faleiro 2005b), muchos marcos físicos con significación nacional o regional fueron conservados por Parques Nacionales u otras Unidades de Conservación. Para citar algunos ejemplos, debemos recordar el punto de llegada de los portugueses en Brasil (Parque Nacional Monte Pascoal), el punto más alto del país (Parque Nacional Serra da Neblina) y la mayor isla fluvial del mundo (Parque Nacional del Araguaia), todos ejemplo de la asociación de la conservación de la naturaleza con marcos paisajísticos significativos para el imaginario nacional. Bajo la influencia de las políticas ambientales estadounidenses el Estado brasileño, que empezó con la creación de ―Parques Nacionales‖ y ―Reservas‖ en los años veinte, se encontraría con otros motivos para seguir según los intereses políticos del momento (Paranhos 2005; Quintão 1983). Una vez establecidos los primeros parques en sitios de reconocida belleza, se buscaba estimular una identidad nacional, que acompañaría más tarde la construcción de la ciudad de Brasilia en el Planalto Central – área central del Brasil-, y la creación de diversos parques nacionales en esta región. Después, a finales del siglo XX mientras eran negociados proyectos de desarrollo de la Amazonía, otras Unidades de Conservación fueron creadas en la región norte de Brasil como contrapartida a los empréstitos internacionales (Quintão 1983) y también, varias tierras indígenas fueron reconocidas en este contexto (Paranhos 2005). En este sentido, el Parque Nacional de Monte Roraima fue creado por Decreto Nº 97.887 del 28 de junio de 1989, en un área de 116 mil hectáreas en el extremo norte del Departamento de Roraima, a lo largo de la frontera de Brasil con la Guyana y Venezuela. El Parque fue creado con el objetivo de

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conservar las pocas muestras de los ecosistemas abrigados por el Monte Roraima (un tepuy con 2.739 metros de altitud) y de la Sierra de Pacaraima que están en territorio brasileño evocando la conservación de especies endémicas y la diversidad biológica existente en esta muestra tan singular que está situada entre las cuencas de los ríos Amazonas, Orinoco y Esequibo. Los indígenas también hicieron parte del imaginario nacional brasileño, por lo menos, aquellos considerados ―auténticos‖ o ―puros‖. Un ejemplo claro fue comunicado por Lima (1995) cuando describe el debate entre aquellos que eran favorables al exterminio de indios salvajes a principios del siglo XX y aquellos que eran contrarios. En ésta descripción, está claro que la mayoría de los favorables al exterminio estaban en los frentes de colonización. Para ellos, el indígena estaba tan lejos de la humanidad que representaban la naturaleza indomada, peligrosa para la humanidad y un obstáculo para el desarrollo nacional. Por supuesto, para estos colonos brasileños, ellos representarían la cura para este ―retardo natural‖ de los indígenas. Pero en 1910, inspirados por los éxitos del Mariscal Rondon en el futuro departamento de Rondonia, aquellos que eran contrarios al exterminio y vivían en gran parte de las ciudades de la época, conseguirían que la política de exterminio no fuera adoptada por el Estado. Dentro de este imaginario nacional, hubo una valorización de la política indigenista de reconocimiento de tierras. Pero, en aquel momento, la destinación de tierras seguía los patrones anteriores, es decir, limitaban los territorios que seguirían siendo utilizados por indígenas para liberar los demás para la agricultura. Más tarde, con las reformulaciones de la política indigenista de los años setenta y con la Constitución de 1988, las tierras indígenas cambiarían sus objetivos. Contrario a liberar parte del área para agricultura, todas estas áreas que fueran realmente necesarias para los pueblos en aquel momento y para sus generaciones futuras empezaron a ser reconocidas. Distintamente del reconocimiento de las tierras en las regiones más pobladas, los territorios identificados en la Amazonia después de la Constitución ocuparon áreas mucho mayores. Hoy más del 90% del territorio nacional dedicado a las tierras indígenas están en la región amazónica. En el contexto de los años ochenta que unía las exigencias de agencias internacionales de financiamiento con el reconocimiento de Tierra Indígenas en acuerdo con la nueva Constitución, el proceso de reconocimiento de la Tierra Indígena Raposa Sierra del Sol que había empezado a comienzos del siglo XX cobró fuerza. Esto fue posible debido a la movilización de los indígenas de la región alrededor de los proyectos Uma vaca para um Índio, Ou vai, Ou racha y la organización del movimiento. Pero, solamente en 2005, el Presidente de la República asignó el Decreto s/n del 15 de abril de 2005, que homologó el reconocimiento de la Tierra Indígena Raposa Sierra del Sol en un área de 1.747.464 hectáreas. Aunque ya se hubieran reconocido los derechos indígenas en toda el área de la Tierra Indígena Raposa Sierra del Sol, el Decreto incorporó una novedad. Hasta aquel momento, los decretos que se referían al reconocimiento del derecho de los indígenas a sus territorios tradicionales, con pocas excepciones, no hacían mención a las Unidades de Conservación que existían en la misma área del territorio indígena y en general, las pocas excepciones incorporaban algún tipo de deliberación a favor de la anulación de la Unidad. Pero, en este Decreto de homologación, fue establecida una nueva alternativa: el área doblemente afectada. Es decir que en el área sobrepuesta sería establecida una norma específica, un Plan de Administración implementado por los Ingarikó (pueblo que vive en el área doblemente afectada) y las agencias ambientales e indigenistas a cargo de administrar conjuntamente el área. El establecimiento del área de doble afectación en el Decreto de homologación no fue una decisión apoyada por todos. Por un lado, los indígenas e indigenistas de la Raposa creían que se trataba de una forma de intervención en su territorio y por lo tanto, una expropiación de sus derechos. Pero, por otro lado, en razón del proceso histórico que estableció la hegemonía de los Macuxi en el Lavrado y también, de las peleas entre las etnias, los Ingarikó percibían en esta declaratoria de área doblemente afectada la posibilidad de garantizar sus derechos sobre las Sierras. Según Mlynarz (2006), los Ingarikó entendían las restricciones que serían impuestas por el Parque Nacional, pero también, sabían que necesitaban tener un territorio reconocido por los demás indígenas de la Tierra Indígena. En este camino entre la sumisión al Estado y a los otros pueblos indígenas, ellos defenderán un acuerdo para mantener el Parque bajo su administración efectiva. Con eso y dentro del contexto de retirada de los terratenientes, ellos finalmente

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lograrían el reconocimiento de los otros pueblos sobre las Sierras como territorio tradicional de los Ingarikó. Sin embargo, pasarían a negociar el Plan de administración del Parque con la agencia de áreas protegidas y la agencia indigenista. En este Plan, el territorio indígena y el Parque serían manejados conjuntamente con plena participación de los Ingarikó. Pero, como observamos en otro trabajo ya citado (Paranhos 2009), algunos funcionarios dentro de cada agencia estaban en contra del acuerdo entre las agendas ambiental e indigenista, tratando de obstruir cualquier avance del Plan. Por eso, hasta hoy los Ingarikó no tienen una respuesta formal del Estado sobre la propuesta de formulación del Plan. Como existen casos de conflictos en negociación entre estas dos agencias hace decenios, los Ingarikó decidieron seguir sus vidas según el acuerdo establecido en el Plan y sin molestarse con este tipo de resistencias ideológicas. Como ellos mismos dicen: ―no hay nadie en nuestro territorio que no sea nosotros mismos‖. Este aislamiento de los indígenas en territorios administrados desde lejos por agencias estatales, contribuyó a la creación de una contradicción en el campo. Ya que muchos indígenas viven en estos territorios y no siempre las agencias garantizan condiciones de trabajo para sus funcionarios instalados en terreno, la administración del Parque trabaja en asociación con indígenas que en caso de identificar ―un problema‖ dan aviso a los administradores. Otras veces, la administración se desarrolla con base en visitas periódicas al área o ubicando puntos de ―control‖ en la parte más accesible del Parque; en otros casos simplemente no hay ninguna presencia de la administración en el terreno. Esta falta de presencia concreta en campo hace que sea poco efectiva cualquier intención de control que no sea del interés de los indígenas. A final ellos son los únicos que están en campo lo que lleva a preguntarnos ¿cómo controlan los indígenas sus propias acciones? Todavía persisten personas inconformes dentro de las agencias del área protegida y de la agencia indigenista frente al juzgamiento de la homologación de la Tierra Indígena en él Supremo Tribunal Federal que confirma la doble afectación del área. Sin embargo, esta decisión no fue suficiente para garantizar un encaminamiento para el Plan subsiguiente del análisis dentro de las agencias; la persistencia de estas resistencias no se ubican solamente al interior de las agencias. En este sentido, como observamos en otro trabajo (Paranhos 2012) el juzgamiento permitió que sectores contrarios o favorables a los indígenas presentaran su mirada sobre la destinación de territorios en Brasil. Esta contradicción tan distante de ser superada, fue apaciguada con la decisión favorable a la homologación de Tierra Indígena. Mientras tanto, también hubo otros retrasos en la decisión que siguen siendo aprovechados por estos sectores contrarios a la interdicción de áreas como Tierras Indígenas. Además de que esta contradicción persiste en Brasil, es evidente la pluralidad de intereses que está subsumida bajo el marco de derechos indígenas, ambientales y humanos. Para la sociedad brasileña el reconocimiento de la Tierra Indígena vence los intereses de algunos pocos terratenientes. Este imaginario de un país más social y étnico que capitalista, parece alimentar nuestra sociedad una vez que aquellos –contrarios a la Tierra Indígena- alcanzaran la defensa de sus propios intereses cuando se presentan a los indios como posibles víctimas de grupos extranjeros interesados en las riquezas de la Tierra Indígena. En este tercer cuadro observamos una tercera línea histórica que, paralela a la trayectoria del dominio territorial del primero y la destinación del territorio a los pobladores del segundo, establece la creencia de que nuestra nacionalidad es hecha por todos nosotros; como lo anuncia el eslogan del gobierno del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva: Brasil, um país de todos.

Conclusión: de áreas protegidas al territorio nacional Si los indígenas contribuyeron con la construcción de la nación brasileña y su imaginario, como diría el historiador Eric Hobsbawm, as nações são, do meu ponto de vista, fenômenos duais, construídos essencialmente pelo alto, mas que, no entanto, não podem ser compreendidas sem ser analisadas de baixo, ou seja, em termos das suposições, esperanças, necessidades, aspirações e interesses das

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pessoas comuns, as quais não são necessariamente nacionais e menos ainda nacionalistas (Hobsbawm 1990: 19-20). Aprovechando esta citación, podríamos seguir las líneas de arriba a abajo para comprender mejor la nación y por supuesto, al Estado nacional y su forma de ejercer el dominio del territorio. Con eso, no haríamos un análisis del rol de los actores que representan las instituciones responsables por las políticas de áreas protegidas e indigenistas. Para aquellos que están interesados en este tema, ver ―Do Mundo Perdido ao Mundo Globalizado: Polissemias do território em disputa no Monte Roraima‖ (Paranhos 2012a) y ―La Mensura de la Maldad: autonomía, tutela y dominación, nuevas artimañas del control étnico‖ (Paranhos 2009). En las perspectivas de análisis desde el Estado nacional –desde arriba- o desde la sociedad –desde abajo, deseo rescatar el planteamiento de Holanda (1995), que buscando comprender las distinciones que hicieran del Brasil un país singular en el contexto latinoamericano8 considera que O gosto da aventura, responsável por todas essas fraquezas, teve influência decisiva (…) em nossa vida nacional. Num conjunto de fatores tão diversos, como as raças que aquí se chocaram, os costumes e padrões de existência que nos trouxeram, as condições mesológicas e climatéricas que exigiam longo processo de adaptação, foi o elemento orquestrador por excelência. Favorecendo a mobilidade social, estimulou os homens, além disso, a enfrentar com denodo as asperezas ou resistências da natureza e criou-lhes as condições adequadas a tal empresa (46). Y complementa diciendo ―(…) os portugueses e seus descendentes imediatos foram inexcedíveis. Procurando recriar aquí o meio de sua origem, fizeram-no com uma facilidade que ainda não encontrou, talvez, segundo exemplo na história‖ (46-47). De este modo, Holanda (1995) revisita nuestros orígenes portugueses para rescatar las características del aventurero casi heroico que fue capaz de conquistar Brasil de modo tan singular. Independientemente de las críticas que se podrían atribuir al ―aventurero‖, para Holanda estas características asociadas a la baja autoestima ―racial‖ fueron capaces de generar la idea de mestizo sobre la que se construyó el Brasil. Si Holanda destaca esta característica del aventurero, deseo entonces, dar mayor relevancia a su comportamiento frente al espacio donde se estaba construyendo el Brasil. Según Holanda (1995), la ―plasticidad social de los portugueses‖ caracterizó sus ocupaciones espaciales, pues a diferencia de los españoles que tenían un patrón de construcción alrededor de una plaza con calles bien definidas y destinación de predios principales para iglesias, administración, etc., los portugueses ocupaban el espació de forma natural, adaptando sus estructuras al relieve y otros obstáculos geográficos. De este modo las estructuras físicas no cambiaban radicalmente la naturaleza sino que se ajustaban a ella. Para Melatti (1986), los conquistadores portugueses fueron generosos con los indígenas –en las normas– , pero no dejaron de matar a nadie que se opusiera a los intereses comerciales del reinado o del imperio. Esta ambigüedad portuguesa que define normas que no siempre son cumplidas y permite tomar actitudes contrarias a ellas con base en el contexto, hace que nuestros discursos sean teleológicos –en el sentido de que deberían ser concretados en algún momento-, más que respuestas concretas estimuladas por necesidades concretas o según la plasticidad, dentro de lo que es posible siendo incluso contradictorio con la norma establecida. Si miramos los noticieros, percibimos que estas características no son exclusivas de Brasil. Basta pensar en las armas atómicas de Irak que nunca fueron encontradas, pero sirvieron de justificación para una intervención de Estados Unidos en este país productor de petróleo para citar solamente un ejemplo. Mientras tanto, no podríamos negar que tanto la ―plasticidad social‖ como la ambigüedad de los intereses portugueses, son igualmente responsables por una construcción histórica. La ocupación de las En 2009, durante los debates después de una palestra en Centro de Pesquisa e Pós Graduação sobre as Américas da Universidade de Brasília, el Profesor Gustavo Lins Ribeiro evidenció que determinados hechos de nuestra historia hicieron una distinción de las demás. Como ejemplo, él destacó la manutención de la monarquía después de la Independencia de Portugal, la falta de luchas por la Independencia o Republica, etc. 8

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tierras hoy llamadas Brasil, estuvieron basadas en acuerdos internacionales, normas y cuando fue es necesario luchas armadas. Sin duda, la distancia entre la teleología de la norma y la ocupación concreta, hizo que la plasticidad social de lo que fue posible fuera, la regla de ocupación del territorio nacional. Solamente en el siglo XX, a partir de la influencia del positivismo en los grupos militares, fue que se empezó a pensar un Brasil produciendo providencias para la organización del proceso de construcción del Estado nacional en todo el territorio nacional. No se trataba de apoyar cualquier régimen autoritario ni de reconocer en los militares positivistas una preocupación con la cohesión nacional, en aquel momento deseada más que cierta. Como lo ha planteado Lima (1995), empezaría en aquel momento una disciplinarización del campo pensado como Brasil, en sus territorios y pueblos. Este aparato de disciplinarización basado en normas, estructuras físicas y acciones concretas, permitieron disminuir el descompase entre la teleología y la acción plástica. En este sentido, tanto el discurso teleológico y la práctica como la ambigüedad del tratamiento, siguen siendo las formas de construcción de nuestra nacionalidad. Pero al contrario de la nacionalidad, observamos en políticas históricamente distintas que fueron acercándose por cuestiones físicas –una o más categorías de áreas protegidas sobrepuestas en un mismo espacio- promoviendo la necesidad de establecer mayor integración entre las políticas de gestión territorial. Esto está claro cuando vemos que indígenas con poco contacto siguen manteniendo su territorio y en algunos casos, ellos mismos reservan parte de él para la conservación y el ecoturismo, objetivos por cierto bastante comunes en las justificaciones utilizadas para la creación de Unidades de Conservación. En este proceso histórico, Tierras Indígenas, Unidades de Conservación y Tierras de Quilombo fueron categorías de áreas protegidas establecidas por distintos motivos e igualmente decretadas en el contexto del momento. Por lo menos en dos de estos tres grupos de áreas protegidas hay un esfuerzo explícito del Estado en nacionalizar el territorio y sus habitantes. Pero en este momento, cuando la nacionalización esta ―finalizada‖, sectores de la sociedad empiezan a criticar estas políticas y también a reivindicar más áreas para explotación económica. Al final, es más fácil abrir más áreas para explotación económica que en el caso agrícola, mejorar la forma técnica de manejo de las áreas ya utilizadas o que, en el caso de la exploración minera, mantener un control estatal más severo sobre el proceso de explotación y comercio. Como observamos, estos grupos que viven en territorios sociales establecen vínculos culturales que agregan significados singulares a estos territorios y muchas veces, son obligados a establecer una intersección de su comprensión de territorio con la categoría disponible por el Estado para que el indígena sea enmarcado. Hasta este punto, antropólogos e indigenistas han trabajado en Brasil para garantizar una buena aplicación de la categoría a la realidad indígena y también cuando pueden, a la realidad de quilombos y pueblos tradicionales. Sin embargo, mientras está siendo criticado el modelo de reconocimiento de los territorios necesarios para la reproducción social de estos pueblos, existen desafíos para lograr una mayor eficacia de las categorías de áreas protegidas. En este sentido, la teleología de un territorio nacional que una vez disciplinarizado, es administrado racionalmente para beneficio de todos, sigue siendo el resultado gradual de varios sectores de la sociedad. Aunque no esté concluído y se vea a veces amenazado por intereses económicos, este proceso está mejor hoy que en un pasado no muy distante. Por lo tanto, los grupos sociales no pueden olvidarse jamás de ―quem sabe faz a hora, não espera acontecer”.9 Mientras tanto, es importante que las políticas establecidas desde el poder federal sean mejor dibujadas en el campo durante un diálogo entre las agencias y los moradores del área. Desafortunadamente, esta estrategia de distribución de poder y apertura a la adaptación de la aplicación de la norma en el contexto local, solo podrá ser hecha junto con mejoras en las formas de control del Estado, efectividad, equidad en todo territorio nacional y capacitación de funcionarios de las agencias que reduzca el papel de los intereses personales en el desempeño de la función pública. 9

Geraldo Vandré, canción Para não dizer que não falei de flores, disponible en http://letras.mus.br/geraldovandre/46168/

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Para ilustrar este punto, durante el juzgamiento del Decreto de Homologación de la Tierra Indígena Raposa Sierra del Sol, un procurador federal del Estado de Roraima dijo ser contrario a la forma como la Tierra fue establecida. Discurso conveniente a los intereses de los terratenientes y que, según la norma jurídica que él debería defender no encuentra sustento.¿Cómo personas muy bien pagas y preparadas pueden adoptar un discurso público y contradictorio con el papel que desempeñan en el Estado? Nosotros podríamos detener posiciones divergentes de nuestras instituciones, pero, en un momento de conflicto anunciarlas en público es muy complicado. Entonces, ¿por qué tenemos dos universos distantes en nuestra territorialidad? Muy probablemente estamos encuadrando materialidades como personas, culturas, estéticas y espacios en categorías significativas para nuestra sociedad; para nuestra nacionalidad brasileña en un país muy diverso ambientalmente y socialmente. Distintos grupos necesitan que tales espacios sean sus territorios, pues sin ellos no tiene igual sentido la vida y su reproducción social. Esta parte frágil no debe ser sacrificada por un modelo de desarrollo económico inmediatista y sin límites por más que se considere ―importante‖ para el país. Por lo tanto, las áreas protegidas deben seguir siendo establecidas al gusto y contra el gusto por parte de la sociedad brasileña. En el juzgamiento de constitucionalidad de la Tierra Indígena Raposa Sierra del Sol, observamos el aspecto económico y de seguridad nacional en los discursos contrarios a la homologación. Como ya dijimos, la desconfianza del indio como sujeto engañado por el extranjero que tendría intereses en las riquezas del territorio indígena, fue muy bien explotada durante el proceso de juzgamiento. Aparentemente, esta fue una estrategia discursiva para ocultar los intereses de los terratenientes sobre la tierra, aspecto que fue explotado solamente cuando lo deseaban, contra los intereses de desarrollo de Roraima al modelo de áreas protegidas aplicado por el Gobierno Federal. En este sentido, como ya fue dicho, el resultado del juzgamiento fue una forma de afirmar la política indigenista brasileña sobre los intereses individuales. Es así que en un país de todos, los indios tienen derechos que deben prevalecer sobre los intereses económicos de algunos empresarios que pretendan establecer sus negocios en espacios o lugares aun sabiendo que estos correspondan a Tierras Indígenas. Además aún existen algunos cuestionamientos. La decisión hace recordar el texto clásico de Lévi-Strauss O feiticeiro e sua magia (1985), que trata un juzgamiento de un indio acusado de magia. En esta tribu, si él fuera considerado mago sería condenado a la muerte, por eso, el acusado negó que había hecho magia por mucho tiempo. Más, en un determinado momento, percibiendo que negarlo lo llevaría a la muerte, empezó a decir que era un gran mago. Los jueces de la tribu cambiaron su actitud y empezaron a demostrar interés por ese poder que el acusado decía tener. Entonces, el acusado empieza a responder y arbitrariamente a comprobar su práctica de magia. Según el autor, en la medida en que eran comprobadas las prácticas de magia, las creencias y todo el sistema cultural del grupo eran fortalecidas delante de toda la comunidad. Y como el acusado demostró arrepentimiento y prometió no practicar más magia fue perdonado. Si el juzgamiento demostró la capacidad de la justicia brasileña para afirmar los derechos indígenas, deseo haber presentado bien como las áreas protegidas, en las líneas históricas indigenista, ambientalista y nacionalista, contribuirían en la construcción del Estado nacional de Brasil. Además de que se desarrollaran en paralelo, estas políticas están acercándose y haciendo que iniciativas independientes empiecen a ser consideradas dentro del marco de las políticas de áreas protegidas. Aunque no estén completamente concluidas las adecuaciones de las políticas, como podría decir Holanda (1995) seguramente, la plasticidad social habrá de concluir la tarea.

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Identidad como estrategia de lucha por el territorio y el uso de los recursos naturales en el Parque Estadual da Serra do Mar (PESM), São Paulo, Brasil Jorge Calvimontes Ugarte1 y Lúcia da Costa Ferreira2 Resumen La historia de la relación entre los pobladores y los gestores del Parque Estadual da Serra do Mar (PESM), ubicado en el litoral norte del estado de Sao Paulo, el más rico y desarrollado de Brasil, está caracterizada por los conflictos relacionados a los derechos de permanencia y uso de los recursos naturales. Estos pobladores, trabajadores del campo y pescadores, vieron, entonces, deslegitimados sus derechos al trabajo y a la continuación de sus actividades productivas y culturales. La ley brasilera no permite la presencia humana en el interior de los Parques, considerados Unidades de Conservación de Protección Integral. Este conflicto originó nuevas formas de organización social en el PESM: líderes locales surgieron y se formaron asociaciones comunales que tenían por objetivo la lucha por los derechos que sentían violados. La estrategia principal utilizada por los pobladores locales en esta lucha ha sido la de recurrir a la identidad como ―poblaciones tradicionales‖, quilombolas y/o caiçaras. A partir de esta legitimación, espacios de discusión y negociación han surgido, haciendo que el diálogo, siempre difícil, entre la gestión y los pobladores se intensifique. Asuntos como propiedad colectiva e individual, derechos al uso de los recursos naturales y sobre el territorio forman parte de esta discusión, y son abordados muchas veces a través de la estrategia identitaria. El conflicto, en constante mudanza y resignificación, sigue siendo el principal propulsor de transformación social en el PESM. Palabras clave: conflicto, uso de recursos naturales, territorio, poblaciones tradicionales, unidades de conservación.

Abstract The history of the relationship between residents and environmental promoters of Parque Estadual da Serra do Mar (PESM), located in the northern coast of Sao Paulo state, has been determined by conflicts related to permanency rights and the use of natural resources. These settlers, farmers and fishermen, saw their labor rights, their cultural and productive activities undermined. The Brazilian law prohibits human presence inside the Parks because they are defined as Conservation Units of Integral Protection. This conflict originates new ways of social organization in PESM: local leaders arose creating community associations whose objectives were to fight for the protection of the rights they thought to be undermined. The main strategy used by the residents for this purpose was to identify themselves as ―traditional people‖, quilombolas and/or caiçaras. Since this, discussion and negotiation spaces have arisen intensifying the dialogue, always complicated. Issues like common and individual property, rights over the use of natural resources and territory are part of the discussion, and most of the time are addressed as an identity matter. The conflict, in constant change and resignification, continuous to be the main cause of social transformation in PESM.

Biólogo, candidato a doctor en Ambiente y Sociedad. Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. Universidad Estadual de Campinas. [email protected] 2 Doctora en Ciencias Sociales, Profesora e Investigadora. Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. Universidad Estadual de Campinas. [email protected] 1

Introducción En Brasil, como en el resto del mundo, ha existido el dilema relacionado con las Unidades de Conservación (UC) en torno a si estas áreas deben ser grandes extensiones de ecosistemas libres de la presencia humana o deben incorporar a los seres humanos de forma que puedan aprovechar los beneficios del uso sostenible de los recursos naturales. A pesar de ser muy difícil encontrar un espacio donde no existan personas, las UC que tienen como objetivo sólo el uso indirecto de los recursos naturales han sido y continúan siendo creadas en Brasil. De esta forma, miles de trabajadores del campo pasaron a ser considerados clandestinos, ilegales, irregulares y bandidos. Pescadores, agricultores y extractores de las diversas regiones del país vieron deslegitimada su condición de trabajadores rurales amenazando sus modos de vida. En la peor de las situaciones, estos pobladores fueron removidos de sus tierras o están en riesgo de serlo. Se estableció de esta manera, una relación basada en negaciones y prohibiciones provenientes de todos los niveles del poder político. Desde entonces, una lucha por el derecho a la tierra y al trabajo comenzó. Más recientemente, ideas sobre la conservación aliada al desarrollo sostenible y a la mejoría de la calidad de vida de las poblaciones locales fueron puestas en práctica en diversas regiones del país. En este nuevo modelo, los pobladores de las áreas que se convirtieron en UC deben adecuar sus actividades económicas a las reglas establecidas por los organismos de gestión, en el mejor de los casos, de forma participativa. Se estableció, así, una relación basada en ―cómo‖ realizar el aprovechamiento de los recursos y de la tierra, cómo manejarlos; y un diálogo, no siempre fácil, tuvo que iniciarse. Dos grandes grupos de UC fueron incluidos en la Ley del Sistema Nacional de Unidades de Conservación (SNUC), promulgada en el año 2000. Dentro del primer grupo, están las llamadas Unidades de Conservación de Protección Integral que tienen como objetivo ―preservar la naturaleza, siendo admitido apenas el uso indirecto de sus recursos naturales (…)‖ (Ley 9985/2000). La protección integral es definida como la ―manutención de los ecosistemas libres de alteraciones causadas por interferencia humana (…)‖. Por otro lado, están las Unidades de Conservación de Uso Sostenible, cuyo objetivo básico es compatibilizar la conservación de la naturaleza con el uso sostenible de una parte de sus recursos naturales‖. Uso sostenible entendido aquí como ―explotación del ambiente de manera que se garantice la perennidad de los recursos ambientales renovables y de los procesos ecológicos, de forma socialmente justa y económicamente viable‖ (Ibid). Es importante dejar claro cómo la Ley 9985 (y por consiguiente todas las normas y directrices relacionadas a las UC) define algunos conceptos para, a partir de ahí, discutir los conflictos relacionados a estas áreas y las estrategias y acciones de los actores sociales vinculados. Cuando se menciona el uso indirecto se hace referencia a ―aquel que no involucra consumo, colecta, daño o destrucción de los recursos naturales‖, contrario al uso directo que es ―aquel que involucra colecta y uso, comercial o no, de los recursos naturales‖. En el primer, caso podemos pensar en los usos científicos, contemplativos, turísticos, entre otros, que generalmente, no son ni habitual ni históricamente realizados por los pobladores locales sino por actores, digámoslo así, ―de fuera‖ 1 de las áreas. Es decir, se da privilegio a los usos de actores no pobladores. Tal vez, la categoría de UC más relacionada a la protección integral sea la de Parque Nacional (pudiendo ser Parque Estadual o Parque Natural Municipal, según hayan sido creados por los Estados o por los Municipios. Según la Ley del SNUC, ―el Parque Nacional tiene como objetivo básico la preservación de ecosistemas naturales de gran relevancia ecológica y belleza escénica, posibilitando la realización de investigaciones científicas y el desarrollo de actividades de educación e interpretación ambiental, de recreación en contacto con la naturaleza y de turismo ecológico‖. Respecto al área donde el Parque está establecido, esta misma ley dice que ―es de pose y dominio públicos, siendo que las áreas particulares incluidas en sus límites serán desapropiadas, de acuerdo con lo que dispone la Ley‖.

1Usamos

aquí el término ―de fuera‖ para referirnos a los actores sociales vinculados al SNUC pero que no son pobladores locales, siendo los mismos pobladores locales quienes lo usan de esta forma.

Las Reservas de Desarrollo Sostenible (RDS) junto a las Reservas Extractivistas (RESEX), no son sólo las primeras categorías de uso sostenible creadas en Brasil, sino también las más emblemáticas. Una RDS ―es una área natural que abriga poblaciones tradicionales2, cuya existencia se basa en sistemas sostenibles de explotación de los recursos naturales, desarrollados a lo largo de generaciones y adaptados a las condiciones ecológicas locales y que desempeñan un papel fundamental en la protección de la naturaleza y la manutención de la diversidad biológica‖ (Ley 9985/2000). Según la Ley del SNUC, una RDS tiene como objetivo ―preservar la naturaleza y, al mismo tiempo, asegurar las condiciones y los medios necesarios para la reproducción y la mejoría de los modos y de la calidad de vida y explotación de los recursos naturales de las poblaciones tradicionales, así como valorizar, conservar y perfeccionar el conocimiento y las técnicas de manejo del ambiente, desarrollado por estas poblaciones‖. Como se puede percibir, desde la definición de los objetivos de una RDS se resaltan las técnicas y los conocimientos de los pobladores locales, ―cómo usar los recursos‖. Por otro lado, es a partir de esta Ley de donde surgen algunas de las categorías que son usadas por los actores sociales de ambos tipos de UC. Es decir, aunque según la Ley del SNUC, no pueden existir pobladores en el interior de una Unidad de Conservación de Protección Integral (UCPI); en las luchas y reivindicaciones de esos pobladores son usadas categorías relacionadas al uso sostenible, como por ejemplo, aquella que se refiere a las poblaciones locales poseedoras de ciertas características como ―poblaciones tradicionales‖3, caiçaras4 o quilombola5.. Es creado, así, un marco sobre el cual muchas discusiones relacionadas al uso de los recursos naturales y acceso a la tierra (incluso en las UCPI) están basadas. Los pobladores de ambos tipos de UC tienen que relacionarse con los gestores y con otros tipos de actores como investigadores, miembros de ONG y miembros del poder público en una arena ambiental que surgió desde la implementación de las áreas (Ferreira et al. 2001). West et al. (2006) refuerzan esta idea cuando dicen que las unidades de conservación contemporáneas no sólo afectan a las personas que viven en su interior, en su entorno o que fueron desplazadas por ellas, sino también a las personas que trabajan para ONG y para las agencias gubernamentales que las crean y manejan. Cada uno de esos actores tiene sus propios intereses, sus propias perspectivas, motivaciones, luchas y estrategias de acción. Estas relaciones, que se dan en múltiples niveles, desde lo local hasta lo global, están basadas principalmente en el uso y acceso a los recursos naturales, en las motivaciones e intereses subyacentes a esos usos, en los derechos a la propiedad y posesión

El concepto de población tradicional y su uso relacionado a las UC son discutidos por diversos autores, tales como Simões 2010, Vianna 2008, Ferreira et al. 2007, Ferreira et al. 2001, Almeida y Carneiro da Cunha 2001, Carneiro da Cunha y Almeida 2000, Diegues y Arruda 2001, Diegues et al. 2000, Arruda 1999, Diegues 1996, Ferreira 1996. 3 Little (2002) indica que cualquier combinación de sustantivos como ―población‖, ―cultura‖, ―sociedades‖, acompañados de adjetivos como ―tradicionales‖, ―locales‖, ―autóctonas‖ es problemática debido a la amplitud y a la diversidad de grupos que engloba. Desde una perspectiva etnográfica, por ejemplo, continúa Little, las diferencias entre las sociedades indígenas, quilombolas, caboclos, caiçaras y otros grupos dichos tradicionales – además de la heterogeneidad interna a cada uno de ellos – son tan grandes que no parece viable tratarlos dentro de una misma clasificación. Por otro lado, Diegues (1996) indica que las llamadas poblaciones tradicionales tendrían en común las variadas formas comunales de apropiación de espacios y de recursos naturales. 4 Los caiçaras son descritos como producto del mestizaje entre indígenas, negros y europeos, principalmente provenientes de Portugal. Además, los caiçaras tienen por definición, una forma de vida basada en la agricultura itinerante, la pesca de pequeña escala, el extractivismo vegetal y la artesanía. Esa cultura se desarrolló principalmente en las zonas costeras de los estados de Río de Janeiro, São Paulo, Paraná y Santa Catarina, en el sureste y sur de Brasil (Diegues y Arruda 2001). 5 Los quilombolas son descendientes de los esclavos negros que sobreviven en enclaves comunales, muchas veces antiguas haciendas dejadas por los antiguos grandes propietarios. A pesar de existir sobretodo desde el final de la esclavitud, al final del siglo XIX, su visibilidad social es reciente, fruto de la lucha por la tierra, de la cual, en general, no poseen escritura. La Constitución brasilera de 1988 garantizó su derecho sobre la tierra de la cual viven, en general de actividades vinculadas a la pequeña agricultura, artesanía, extractivismo y pesca, según las varias regiones en que se sitúan. De esa forma, los quilombolas de la Amazonía, muchas veces situados a lo largo de los ríos, garantizan su subsistencia con la pesca de pequeña escala, el extractivismo y la pequeña agricultura. En otras regiones, las actividades son casi exclusivamente agrícolas (Diegues et al. 2000). 2

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de la tierra, en reivindicaciones históricas y culturales y/o en las propias medidas de manejo y protección, todo influenciado por diversos intereses usualmente conflictivos. Según Ferreira (2004), son innumerables las arenas de disputa en torno a la presencia humana en las UC, porque son varias y diversas las necesidades humanas y sus posibilidades de satisfacción cuando están confrontadas con la vida salvaje. Son profundamente divergentes, inclusive las posiciones sociales alrededor de los derechos de unos y de otros en la apropiación de los recursos naturales. Según la misma autora y sus colaboradores, En este contexto, y en la medida en que las UC brasileras fueron siendo implantadas, la acción cotidiana de las instituciones públicas colocó sus agentes en una situación social de confrontación con los pobladores de esas áreas bajo protección legal. Propuestas de conservación formuladas en gabinetes cerrados, debatidas y refrendadas muchas veces en foros internacionales, en el momento de ser implantadas, fueron altamente politizadas, movilizando diversos actores en torno a diversas arenas; otros tuvieron que rever posiciones y conceptos y, principalmente los pobladores, en su mayoría sin una experiencia previa importante de participación política, fueron repentina e inusitadamente lanzados a una situación de actor (Ferreira et al. 2001: 3). De esta forma, ya no eran sólo los pobladores locales los que tenían el poder de decisión sobre el uso de los recursos naturales y el acceso a la tierra. Ahora, ellos tenían que luchar/dialogar/negociar con otros actores poseedores de otro tipo de prioridades y de perspectivas para ese uso, ya no sólo directo sino también indirecto, como el uso para conservación, para investigación y con fines educativos. A lo largo de los años, esta(s) arena(s) de disputa se han transformado y nuevas estrategias que han sido escogidas por los actores en función de nuevas condiciones políticas y sociales, así como de los procesos de retroalimentación que son continuamente reformulados Ferreira et al. (2001). Los conflictos surgen, se modifican y se resignifican en estos procesos. El marco teórico del conflicto desarrollado por Ferreira (Ferreira 2012, Ferreira et al. 2007, Ferreira 2005, Ferreira 2004, Ferreira et al. 2001, Ferreira 1996) y utilizado como base de esta investigación, recurre a la idea de la tradición marxista en la que el conflicto está inscrito en la propia vida social, pero huye de la comodidad intelectual de reducirlos, todos, a conflictos de clase definidos por la propiedad o la no propiedad de los medios de producción. La perspectiva de tratar los conflictos como transformadores de prácticas sociales y productores de transformaciones (Ferreira et al. 2007, Ferreira 2005) ha sido rescatada como herencia de las ciencias sociales (Ferreira 2012). Por otro lado, cada UC tiene sus propias características ambientales; en otras palabras, cada una de estas áreas existe en un contexto ambiental que influencia el tipo específico de institución, vinculado a la protección integral o al uso sostenible, al cual pertenece. Esto es obvio cuando pensamos que la propia existencia de la UC está íntimamente relacionada con las ―características naturales relevantes‖ que se pretenden conservar ―bajo un régimen especial de administración‖ (Ley 9985/2000), así como a los niveles de amenaza real o potencial a los cuales está expuesta. El tipo de bioma, la región del país, el estado de conservación del área, el uso histórico de los recursos naturales y del territorio, su vocación económica y los intereses relacionados con ella, influencian también las relaciones entre los actores sociales, sus modos de organización y de acción, las características de su gestión, y las presiones ejercidas desde los diversos niveles del poder político y en los procesos relacionados a la conservación. Específicamente en esta investigación, tenemos al núcleo Picinguaba del Parque Estadual da Serra do Mar (PESM), el mayor Parque del bioma de la Mata Atlántica –altamente amenazado- localizado entre São Paulo y Río de Janeiro, dos de las mayores ciudades de América del Sur y la región más poblada de Brasil donde cada vez más emprendimientos económicos de gran porte están siendo implementados. La realidad del PESM contrasta con la realidad de una UC (de protección integral o de uso sostenible) localizada, por

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ejemplo, en el corredor central de la Amazonía, que ocupa una región con poca densidad de población, más conservada desde el punto de vista del área de bosque transformado al uso intensivo, así como al menor desarrollo económico. No es posible, entonces, analizar los conflictos relacionados a la presencia de pobladores dentro del Núcleo Picinguaba , su lucha por el acceso a la tierra y al uso de los recursos naturales separadamente de la arena ambiental más amplia, aquella donde se discute cuál es y será la vocación económica del litoral norte del estado de São Paulo. Sin perder de vista las especificidades históricas, ambientales y políticas de esta área, se puede decir que el conflicto surgido por el establecimiento del PESM determina un punto de inflexión en su historia. Lo que viene después está directamente influenciado por este y otros acontecimientos y procesos, como aquellos relacionados a la ocupación de la Serra do Mar. Los pobladores locales vendieron sus tierras a precios muy bajo debido al desconocimiento de su valor en el mercado. Este problema continúa siendo una de las principales amenazas para la conservación de la Mata Atlántica en la región. De este proceso histórico provienen los conflictos, muchas veces resignificados; las estrategias de lucha, de acción y de diálogo; la organización comunal; las relaciones entre la gestión, los pobladores y los otros actores involucrados; los espacios de negociación y la acción colectiva. Todo en una arena ambiental donde todos los actores, y no sólo los pobladores, tienen voz y negocian sus intereses con respecto al uso de los recursos naturales y la tierra, casi siempre en una dinámica marcada por una fuerte asimetría de poder.

Métodos El objetivo de esta investigación fue analizar el uso de la identidad como estrategia de lucha por el uso de los recursos naturales y acceso a la tierra en el núcleo Picinguaba del PESM, ubicado en el litoral norte del Estado de São Paulo, en el sureste de Brasil.

Área de Estudio El Parque Estadual da Serra do Mar (PESM) es la mayor Unidad de Conservación de protección integral del litoral brasilero. Fue creado el 30 de agosto de 1977 y cubre un área de 315.390 hectáreas que corresponden a 23 municipios del estado de São Paulo, desde Ubatuba en la frontera con el estado de Río de Janeiro, hasta Pedro de Toledo en el litoral sur (ver Mapa 1). Según su Decreto de creación , ―el Parque Estadual da Serra do Mar fue creado con la finalidad de asegurar la protección integral de la flora, la fauna, las bellezas naturales, así como para garantizar su utilización para objetivos educativos, recreativos y científicos, y se caracteriza por ser una Unidad de Conservación de Protección Integral‖ (Simões 2010, São Paulo 2006). Debido a su localización, el PESM constituye un verdadero corredor ecológico, conectando los más significativos remanentes de Mata Atlántica de Brasil. Este Parque es hoy polo de atención de la comunidad científica, gobiernos, empresas privadas y demás sectores de la sociedad, en función de la preocupación con la preservación de la Mata Atlántica y de la necesidad de profundizar los conocimientos sobre la fauna y la flora regionales. La región presenta, además, características histórico-culturales valiosas, mantenidas por las comunidades tradicionales y también a través de registros de los diversos momentos de la ocupación humana de la Serra do Mar (Instituto Forestal do Estado de São Paulo 2006). El Parque es administrado por la Fundación Forestal del Estado de São Paulo por medio de ―núcleos‖ administrativos, una división regional que facilita la gestión debido a su enorme extensión. Estos núcleos configuran un mosaico de diversas situaciones, caracterizadas en función al uso del suelo y de los programas de manejo desarrollados o potenciales, demandando una actuación diferenciada de la administración, considerando aún el dominio de las tierras, que son públicas o están en diversos estadios de regularización (Ibid).

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Mapa 1. Ubicación Parque Estadual da Serra do Mar Esta investigación fue realizada específicamente en el núcleo Picinguaba del PESM cuya área corresponde al 79,58% del municipio de Ubatuba que tiene una población residente estimada en el año 2005 de 76.847 habitantes (Instituto Forestal do Estado de São Paulo 2006). La región de Picinguaba fue adicionada al PESM en 1979, incluyendo la cota cero, donde había un área de dominio público con cerca de 7.000 has llamada Hacienda Picinguaba (SMA 2012). Esta región estaba sometida a una fuerte invasión y especulación inmobiliaria, atraída por la abertura en 1974 y asfaltado de la carretera BR-101 en 1975, que une las ciudades de Santos en el Estado de São Paulo y Río de Janeiro (Simões 2010). Según Evans (2007), el Estado amplió los límites del Parque para incluir la comunidad Vila de Picinguaba, originalmente constituida por poblaciones caiçaras. Esta villa de pescadores había sido declarada intangible por el Consejo de Defensa del Patrimonio Histórico, Arqueológico, Artístico y Turístico del Estado de São Paulo (CONDEPHAAT) en 1976 y en 1983 se convirtió también en patrimonio cultural. El núcleo Picinguaba fue implementado en 1985, en tierras expropiadas para ese fin. Cerca de 3.000 personas residen o son propietarias de tierras en el área. La mayor parte de la población está concentrada en cinco áreas, incluyendo los barrios de Vila de Picinguaba y Cambury, donde residen comunidades caiçaras y quilombolas. La región de mayor ocurrencia de ocupación humana en el interior del núcleo Picinguaba se sitúa en el extremo norte, con predominancia de grupos con el estatuto jurídico de tradicionales, pero también compuesta por veraneantes y residentes no tradicionales, denominada genéricamente como Picinguaba en el distrito de Ubatuba, en la frontera con el municipio de Paraty, estado de Río de Janeiro (Simões 2010).

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Aunque el PESM sea una Unidad de Conservación de Protección Integral y que, según la Ley, no pueda tener pobladores en su interior, el núcleo Picinguaba tiene cuatro comunidades bien establecidas: Sertão6 de Ubatumirim, Vila de Pincinguaba, Sertão da Fazenda y Cambury. En el Plan de Manejo del Parque elaborado en 2006, se reconocen dos tipos de zonas que corresponden a las áreas con población humana dentro de la UC, donde se ubican estas comunidades: las Zonas Histórico Culturales Antropológicas (ZHCAn)7 y las Zonas de Ocupación Temporal (ZOT), definidas según sus pobladores, posean o no el estatus jurídico de tradicionales (Instituto Forestal do Estado de São Paulo 2006. Para detalles y un abordaje analítico ver Simões 2010). Específicamente, las ZOT son todas las áreas ocupadas predominantemente por no residentes, cuyas edificaciones son utilizadas con fines sociales de veraneo y/o por residentes migrantes, poblaciones aparentemente no poseedoras del estatuto jurídico de tradicionales. O también, donde existe la presencia de tradicionales de forma atomizada o aislada, que no configuran agrupación ni constituyen villas caiçaras o quilombolas (Simões 2010, Instituto Forestal do Estado de São Paulo 2006). Según Simões (2010), el enfoque de las directrices de las ZOT no siguen criterios de territorialidad, sino que son relativos a las características de la ocupación existente: tipo de uso de los recursos naturales que el ocupante efectúa, dependencia económica del lugar, historia de ocupación, proveniencia del ocupante. Según esta misma autora, los ocupantes clasificados como temporales fueron excluidos de un conjunto de beneficios, como la posibilidad de instalación de energía eléctrica, expansión de áreas ocupadas y reformas en las edificaciones ya existentes, estando bajo restricciones de uso de los recursos y de ocupación que se limitan a la posibilidad de mantener el uso ya existente a partir de la implementación del Parque (chagras, cría de animales, edificaciones), sin la posibilidad de expansión. Por otro lado, las ZHCAn se caracterizan por agregar territorios geográficamente espacializados y ocupados predominantemente por residentes con el estatuto jurídico de tradicionales, junto a los cuales fue establecida la posibilidad de permanencia, bajo determinados regímenes de uso del territorio y de los recursos, pues se tratan de quilombolas y caiçaras, formando villas consolidadas anteriormente a la creación del Parque y además, presentando peculiaridades socioculturales. Fueron creadas incluso donde ya había un Quilombo8 reconocido como Cambury en 2005 y otro en proceso de reconocimiento en Sertão da Fazenda (Simões 2010).

Procedimientos de la investigación Luego de un proceso de reconocimiento del área desde febrero de 2010, fueron realizadas entrevistas abiertas con líderes de las cuatro comunidades localizadas en el interior del el núcleo Picinguaba, con gestores locales y con miembros de la Fundación Forestal del Estado de São Paulo, con investigadores actuantes en la región, con dirigentes de las ONG ambientalistas y con miembros del poder público del municipio de Ubatuba. Los puntos tratados en las entrevistas estaban relacionados con: (i) la historia del establecimiento del PESM y de la relación con la población local; (ii) la organización comunal y su histórico de formación y acción; (iii) las estrategias comunales y de la gestión para hacer frente al conflicto existente

Sertão es un nombre genérico usado para referirse al área de los barrios que se encuentra más cercana a la sierra en oposición a la playa. 7 Las ZHCAn sólo se encuentran en el Núcleo Picinguaba (Simões 2010, Instituto Forestal do Estado de São Paulo 2006). 8 Aunque el derecho al territorio de las comunidades remanentes de quilombos estaba establecido ya en la Constitución Federal de 1988, es hasta el Decreto No. 4887 del 20 de noviembre de 2003 cuando se reglamenta el procedimiento para la identificación, reconocimiento, delimitación, demarcación y titulación de las tierras ocupadas por comunidades quilombolas que ya se trataba en el artículo 68 del Acto de las Disposiciones Constitucionales Transitorias en el que se prevé el reconocimiento de la propiedad definitiva a los remanentes de las comunidades de los quilombos que estén ocupando sus tierras, debiendo el Estado emitirles los respectivos títulos. En el artículo 2 del Decreto No. 4887 ―Se consideran remanentes de las comunidades de los quilombos, para fines de este Decreto, los grupos étnico-raciales, según criterios de auto-atribución, con trayectoria histórica propia, dotados de relaciones territoriales específicas, con presunción de ancestralidad negra relacionada con la resistencia a la opresión histórica sufrida‖. 6

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por el acceso a la tierra y al uso de los recursos naturales; y (iv) las estrategias de acción de cada uno de los actores.

Resultados y discusión: Historia de una relación accidentada La historia de la relación entre los pobladores y los gestores del Parque Estadual da Serra do Mar (PESM) está caracterizada por los conflictos relacionados a los derechos de permanencia y de uso de los recursos naturales. Creado en 1977 durante la última dictadura militar brasilera y siguiendo las premisas proteccionistas venidas del hemisferio Norte, el PESM permaneció ―en el papel‖ hasta inicios de los años 1980 cuando comenzaron los primeros contactos con los pobladores locales, en algunos casos de forma violenta, por lo menos según la perspectiva de ellos. Estos pobladores, trabajadores del campo y pescadores, vieron entonces, deslegitimados sus derechos al trabajo y a la continuación de sus actividades productivas y culturales. El recuerdo que existe entre los pobladores de la región investigada es de haber sido informados de la existencia del Parque cuando ya había sido creado, sin ninguna consulta previa. Un antiguo líder de la comunidad de Ubatumirim dice que la creación del Parque fue ―una ley para la que el pueblo no fue llamado a participar, esclarecer al pueblo. De ahí, vinieron a multar, a agredir al pueblo. ¿La dignidad de una persona de esas adónde se va? La cultura del pueblo no se cambia de la noche para el día. La cultura es una cosa muy fuerte‖. Por otro lado, algunos pobladores relacionan la creación del Parque a un posible efecto de la construcción de la carretera BR-101 entre 1974 y 1975. Muchos de los antiguos pobladores de la región trabajaron en esa construcción y reconocen los cambios socioambientales originados desde su existencia. Originalmente dedicados a la pesca y a la agricultura, que constituían las principales actividades económicas del grupo familiar, con algún grado de comercialización, los pobladores informan en las entrevistas realizadas que su propia reproducción social y sus actividades productivas fueron afectadas y castigadas, pasando a ser considerados ―bandidos‖: ―da la impresión que vamos a trabajar como si fuésemos bandidos. Escondidos, mirando para todos lados‖ dijo un agricultor de la región. La asimetría de poder observada entre ―el Parque‖9 y los pobladores era muy grande. Los pobladores relatan que luchaban, sin armas bien definidas, contra un ente muy poderoso: ―parece que aquel Parque era poderoso, tenía una fuerza sobre nosotros que era difícil hasta de entender. ¿Y yo pequeña, usted entiende?‖, dijo una líder local. Los primeros contactos entre ―el Parque‖ y algunos pobladores, hoy líderes, son recordados como muy violentos, narra en este caso una moradora a la que le derrumbaron su casa durante los primeros años de gestión del Parque: (…) un día (…) ellos llegaron a mi puerta cuando ellos comenzaron a difundir en la comunidad que iban a tener que salir, ellos aparecieron en mi puerta, unos 30 hombres armados de revólver, machetes. ¡Armados! Al comienzo, ellos amenazaban a las personas, ellos golpeaban a las personas (…) ahí, él llegó y me dijo así: usted sabe que va a tener que salir de esta casa, ¿no? – ¿Por qué? – Porque esa casa hoy es del Estado, no te pertenece más, y usted tiene que salir porque nosotros vamos a demoler tu casa (…) Ahí, yo le pregunté: ¿y si yo salgo de aquí para dónde voy? ¿Qué va a pasar conmigo? Él se volteó y dijo lo siguiente: para abajo del puente, para donde usted quiera, no me interesa, porque estoy acá para resolver el problema del Estado, no el suyo (…) Ellos fueron y destrozaron toda mi chacra, todo, todo, todo, con esos 30 hombres iguales a langostas. En un día ellos lo destruyeron todo. Regresaron a mi puerta y me amenazaron que si volvía a plantar me iba presa. En ese momento yo me volví la bandida de la historia, ¿no? Ellos eran los poderosos y yo era la bandida. Fue ahí cuando comencé toda una lucha (…)

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Como son llamados los agentes de la gestión.

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Según los relatos recogidos, fue a partir de esos primeros contactos y de esa relación accidentada, violenta y sin diálogo real, que los pobladores del Parque comenzaron su lucha por el derecho de permanecer y a continuar usando sus recursos. La organización y la acción colectiva fueron, entonces, la forma como ellos consiguieron, poco a poco, alcanzar algunas conquistas. El uso de la identidad cobra, de esta forma, un papel protagónico.

Discurso de la identidad como arma de lucha Los pobladores del núcleo Picinguaba se organizaron (y todavía se organizan) en torno a la lucha por el derecho a la permanencia, el derecho a la tierra, recurriendo para eso a estrategias identitarias y a categorías como poblaciones tradicionales, quilombolas y caiçaras. Aparentemente, y debido a la rigidez de la Ley, estos pobladores tuvieron que utilizar este tipo de estrategia como recurso de lucha, frente a lo que ellos consideraban una violación de sus derechos más elementales: el derecho a permanecer en la tierra y a poder usar los recursos naturales. Es probable que, debido a la poca flexibilidad de las normas relacionadas a las dimensiones humanas en las Unidades de Conservación de Protección Integral, los pobladores hayan tenido que llegar hasta el nivel más básico que tenían para luchar y reivindicar sus derechos: la identidad. La bandera de la ―población tradicional‖ se vuelve, entonces, un arma de lucha. Esto puede ser muy diferente a lo que sucede en Unidades de Conservación de Uso Sostenible, como una Reserva de Desarrollo Sostenible donde las reivindicaciones pueden venir desde otro tipo de estrategias, como el uso de los ―conocimientos tradicionales‖, relacionados al ―saber hacer‖. En este último tipo de UC los pobladores no tienen que luchar por la permanencia, sino negociar los usos y el manejo de los recursos con los gestores. El uso político de las categorías jurídicas de población tradicional, caiçaras y quilombolas es evidente en el núcleo Picinguaba. Cuando consultada si la búsqueda por el reconocimiento como quilombolas tenía una relación en los conflictos con el Parque, una líder comunal de uno de los Quilombos de Picinguaba dijo: ―Sí, la comunidad se sintió tan oprimida, tan pisada, que tenía que buscar una solución. Tenía que hacer alguna cosa para sobrevivir, y siendo quilombo, fue una puerta que se abrió. Pequeñita, fue. Pero usted vio que dentro de esa puertita ahora tenemos luz, queriendo o no, tenemos el telecentro, hay internet‖. Una de las principales propulsoras del reconocimiento quilombola de la comunidad de Sertão da Fazenda dijo: ―ahí vino una candidata a vereadora10 y dijo: pero, ¿ustedes están sufriendo por qué? Ustedes son remanentes, la ley que los defiende es una Ley federal. Ahí yo dije: ¡claro! ¡¿No es verdad?! Y así comencé toda una lucha, fui en busca de una asociación como remanente y fue así, a través de la remanencia que la cosa comenzó a mejorar para nosotros‖. De la misma forma, el líder más antiguo de la misma comunidad, cuando consultado sobre los cambios que espera luego del reconocimiento del quilombo dijo: (…) después que esté reconocido el quilombo se acaba la manipulación (…) no vamos a ser manipulados más. Si hay gente en la comunidad que sabe trabajar no va a ser más manipulada por político, por nadie. Tiene la defensa de sí mismo. Si es reconocido el quilombo y entra dinero para la comunidad y la comunidad asume, puede recibir turismo y tiene como recibir turismo dentro de la comunidad, y no siente falta de nada. Entonces, no puede venir nadie de fuera a decir nada. Entonces, uno no es obligado a votar. No es manipulado, vota en quien quiere. De la misma forma, la identidad caiçara está presente en el discurso reivindicatorio de las comunidades que no tienen la posibilidad de recurrir a la figura de quilombo. Un líder comunal de Ubatumirim dijo: ―Yo soy de aquí de Ubatuba, soy del Sertão de Ubatumirim, una familia caiçara, ¿no? Generó muchas generaciones aquí‖. Este mismo poblador utiliza la historia caiçara de la comunidad para declarar su oposición a las políticas del 10

Regidora municipal.

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Parque con respecto al uso de los recursos y la permanencia de la población, así como a la necesidad de conocimiento de la cultura caiçara para garantizar la conservación del área: (…) yo creo que hay poco entendimiento de la cultura caiçara, poco entendimiento para saberse realmente lo que debe ser hecho para que, de aquí en adelante, haya una convivencia pacífica entre la comunidad y el Parque. Entonces, yo creo que tiene que haber interés de querer conocer la cultura caiçara y querer respetarla. Yo creo que ese es el detalle, querer priorizar al caiçara, a la cultura caiçara es también querer preservar al medio ambiente, yo creo eso. No existe conservación sin la historia del caiçara. Una cosa está ligada a la otra. La cultura caiçara, ella es responsable por lo que nosotros tenemos de riqueza hoy, a nivel mundial. Entonces, ¿Por qué no, no priorizar al caiçara, valorar todo el bagaje cultural que tiene? En el mismo sentido, una expresidenta de la asociación de pobladores de la comunidad de Ubatumirim se apoya en la identidad caiçara y en el hecho de que ellos son del lugar para defender sus derechos: O sea, nuestro derecho ellos nunca nos lo van a quitar, porque nosotros somos nativos, tradicionales, ¿no? Nunca van a conseguir sacarnos de aquí. Entonces, nosotros vamos luchando, vamos peleando. Ellos van dificultándonos las cosas, nosotros vamos agarrando otros caminos y vamos dificultando las cosas para ellos también. Porque hoy, nuestro lado aquí en Ubatuba es campeón, primer lugar en preservación del mundo. Y esto está todo preservado aquí porque fueron los nativos quienes preservaron. Por otro lado y como ya fue señalado, no sólo los pobladores locales usan las categorías identitarias, sino todos los otros actores, desde la gestión hasta los investigadores. La misma gestión del Parque pasó a usar el ―estatuto jurídico de tradicionales‖ para poder diferenciar entre los pobladores con quienes sería permitido negociar y aquellos excluidos del proceso. Como ya fue indicado, el PESM aún siendo una Unidad de Conservación de Protección Integral tiene cuatro comunidades en su interior. El ordenamiento territorial que hizo la gestión del Parque en los lugares habitados está basado en la categoría identitaria de ―población tradicional‖, pudiendo existir Zonas de Ocupación Temporal (ZOT) o Zonas Histórico Culturales Antropológicas (ZHCAn) según sus pobladores tengan o no este estatus. Sin embargo, es importante no olvidar que cuando es creada una categoría también se está creando la categoría opuesta. Dicho de otra forma, cuando se dice o decide que cierto tipo de personas son ―tradicionales‖ por ejemplo, se debe tener en consideración que, al mismo tiempo, se está diciendo sobre el resto de personas que no lo son. El nivel de arbitrariedad en la elección de quien pertenece a la categoría puede ser discutido, pero es incuestionable la existencia de esa arbitrariedad. Basar la discusión del territorio, acceso a los recursos naturales e, incluso, el alcance de los servicios básicos en esas categorías puede ser un tanto peligroso. Las categorías identitarias son el pilar del ordenamiento del territorio dentro del Parque, cuando está referido a la población local. Así, en el Plan de Manejo, las ZOT y las ZHCAn, no son realmente áreas, son personas. El mapa del Plan de Manejo donde ellas están indicadas es una representación de la ubicación de los pobladores con uno y otro estatuto jurídico, aquellos que son considerados tradicionales y aquellos que no lo son. Esto también puede ser un motivo de conflicto interno en las comunidades. El posicionamiento de la gestión respecto a con quién es posible negociar y con quién no, basado en estas categorías, crea una brecha entre uno y otro tipo de poblador que, probablemente, no existía antes. Durante una de las entrevistas a una líder de Ubatumirim, se le solicitó que indicará a alguien que no fuese de la comunidad y que viva cerca a su casa. Ella señaló a una señora. Sin embargo, ante la pregunta de cuánto tiempo tenía esa persona ―de fuera‖, no tradicional, viviendo en la comunidad, ella respondió que ―unos 50 años‖.

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El surgimiento de estas categorías, aparentemente, proviene de la experiencia de la gestión del Parque. La discusión que se propicia a partir de esto tendría como pregunta básica: ¿en qué se debe basar la estrategia de incorporación de los pobladores en la gestión del Parque, de sus derechos y su uso de los recursos? ¿En una cuestión moral, histórica, identitaria o pragmática? Tal vez la cuestión identitaria reproduzca divisiones ya existentes, y se vuelva una discusión que no tiene, por sus propias características, mucha capacidad de evolucionar y crear espacios en los cuales se discuta el uso de los recursos naturales y el acceso a la tierra de una forma más amplia. Por otro lado, podría parecer que, si analizamos el discurso de los pobladores desde la perspectiva de la identidad y de la cultura, en realidad estaríamos observando sólo la punta de un iceberg, que ocultaría otra serie de intereses relacionados principalmente a la propiedad de la tierra. Aparentemente, las condiciones y las características de esta arena hacen que sea más fácil dialogar, negociar y luchar basados en la identidad que en términos de propiedad. Es importante resaltar aquí que los propios técnicos tienen dificultad de asumir que pueda existir un discurso materialista desde los pobladores locales, haciendo que el discurso culturalista sea más legítimo, más honrado y más justo. En otras palabras, la arena favorece la lucha y las acciones de los pobladores locales basadas en las reivindicaciones identitarias en detrimento de las de propiedad, de las económicas y de las relacionadas al trabajo.

La identidad como estrategia posible Según los testimonios registrados, el poblador local tuvo que usar la estrategia identitaria como forma de garantizar el derecho a continuar viviendo en el interior del Parque, pero también para conseguir el derecho anterior, el derecho a discutir estos asuntos. Los espacios de negociación y el poder de las comunidades dentro de esos espacios aumentaron sólo después que comenzó el proceso de reconocimiento como quilombo. Este proceso no fue, ni ha sido fácil, pero para ellos representa un cambio. Una de las líderes del Quilombo de la comunidad Sertão da Fazenda dijo: (…) entonces, eso del quilombo tiene ya mucho tiempo. Nosotros comenzamos a trabajar, y usted sabe que lleva mucho tiempo hasta que se puede construir. Y ahí, cuando construimos la asociación, que ya va a tener nueva años, fue cuando los conflictos comenzaron a disminuir un poco. Porque ahí es claro, cuando ellos [los gestores] vienen, ellos se encuentran con la Ley. Entonces, cuando hay Ley todos se quedan medio así. Y cuando ellos saben que hay alguien instruyendo a la comunidad, que la comunidad tiene una Ley que la defiende, y que uno anda con la Ley (…) Fue ahí que comencé a refregar la Ley en la cara de ellos. Ahí fue cuando pudimos comenzar a negociar, a tener entendimiento. Así, el Parque ya se sienta y conversa. Hoy ellos quieren ser socios, antes ellos no querían ni saber. Queda evidente entonces, cómo, según los líderes locales la Ley dio, y aún da, recursos de poder a los quilombolas. Sólo después de esto tuvieron el poder de negociar y ―sentarse con el Parque‖ para conversar. Sólo así se sintieron respetados. En el caso de las comunidades no quilombolas, esta misma estrategia ha surgido como posible. Específicamente en la comunidad de Ubatumirim, ellos recurren a la estrategia identitaria caiçara y a sus prácticas. Ellos han tenido una relación de mayor distancia con la gestión del Parque, debido principalmente a la fiscalización que ha sucedido en el barrio. La actividad económica principal de la comunidad es la agricultura (cultivo de plátano en su mayoría), lo que dificulta mucho la negociación. Cuando se le preguntó a un líder comunal si creía que el Parque y la comunidad podrían convivir y conseguir sus objetivos juntos, respondió: (…) legalmente hablando, no. Usted sabe que en el entendimiento legal de lo que es un Parque no puede tener gente dentro. Entonces, todo fue hecho mal ya desde el comienzo.

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Mire, es difícil saber qué tipo de Unidad de Conservación podría estar conciliado con los intereses de la comunidad de Ubatumirim. Y ya fue hecha una propuesta de cambio de categoría y ninguna de ellas se adecúa a la necesidad local. Yo hasta llegué a decir que tiene que ser hecha otra unidad, un área especial de uso caiçara. A partir del testimonio de este líder, es importante pensar en la discusión sobre las alternativas de manejo del territorio en Ubatumirim y cómo eso puede ser extrapolado al resto de territorios comunales del núcleo Picinguaba. Cuando él dice que ninguna de las alternativas hasta ahora ofrecidas, o posibles según la Ley, está de acuerdo con la realidad de la comunidad, está refiriéndose básicamente a la propiedad de la tierra. Permitir la recategorización para una Reserva de Desarrollo Sostenible sería, según él, abdicar al derecho que ellos tienen a la propiedad de la tierra. En el momento en que ellos concuerden con esta categoría de UC, dejarían de tener derecho a la propiedad, un derecho por el que ellos han luchado desde que fue establecido el Parque. Como fue dicho anteriormente, el uso de la estrategia identitaria de los pobladores de Picinguaba para garantizar su derecho a la permanencia en el propio territorio evolucionó a una estrategia de propiedad colectiva de la tierra (territorios quilombolas, por ejemplo). Es en ese sentido que nos referimos al uso de la identidad como arma de lucha para crear espacios de negociación, para poder tener una Ley que los ampare y bajo la cual se sientan más protegidos, así como para garantizar su permanencia en el área. Y esto fue lo que las circunstancias ofrecieron para ellos. La arena favoreció esta posibilidad debido a la coyuntura política y a algunos actores clave que se volvieron aliados de los pobladores. De esta forma, los líderes comunales tomaron la estrategia identitaria y fueron trás lo que fuese necesario para poder usarla. Tal vez, esta estrategia no fue lo que ellos más hubiesen deseado, pero fue lo que las posibilidades les ofrecieron. Probablemente, las estrategias relacionadas a la propiedad individual de la tierra hubiesen sido las preferidas, si ellas hubiesen sido posibles. Sin embargo, esta estrategia ha originado divisiones internas a las comunidades. La más clara de ellas es la separación de la comunidad Cambury, donde sólo la mitad de ella hacía parte del Quilombo reconocido en el momento del desarrollo de esta investigación. Aparentemente, esta división parecería ocasionada por los desacuerdos con respecto a las cuestiones identitarias (como los pobladores que no se sienten quilombolas), pero, muy probablemente, o en la mayoría de los casos, este conflicto estuvo relacionado a la forma de enfrentar la propiedad de la tierra. ―Si un día quiero irme, o si mi hijo quiere vender, o hacerse una casa, no puede‖, dice un poblador de la comunidad que no pertenece al quilombo. En este sentido, parece evidente que ellos quieren tener derecho a escoger individualmente qué hacer con su tierra. Si alguno de ellos quisiera irse, desea tener la posibilidad de vender sus tierras y hacerlo; sin embargo, sabe que con el establecimiento del quilombo no va a tener esa alternativa. En otras palabras, un poblador quilombola de un territorio legalmente reconocido no podría disponer de la tierra como a bien le convenga, pues la tierra no se constituye como propiedad individual. Al parecer esta estrategia de reivindicación de la propiedad colectiva era la única posibilidad en aquella ocasión y, favorecida por la coyuntura se transformó en un arma de lucha. Si los pobladores de entonces hubiesen entrado en la arena a partir de la propiedad individual, y tal vez hicieron eso al comienzo de la historia, el diálogo no hubiese sido posible. Fue a partir de la posición de defensa de los derechos relativos a identidades específicas que justificaban un trato especial, que les fueron reconocido los espacios de discusión y, así, ellos tuvieron la oportunidad de modificar a su favor la agenda de los gestores gubernamentales sobre la conservación. Por otro lado, y como ya se dijo, las Zonas de Ocupación Temporal (ZOT) y las Zonas Histórico Culturales Antropológicas (ZHCAn) fueron determinadas en función al tipo de poblador que hace uso de ellas, siendo las ZHCAn aquellas donde los pobladores considerados tradicionales podrían solicitar cierto uso de los recursos. Esta forma de organización y manejo del territorio en el interior del núcleo Picinguaba fue aquella con que la gestión enfrentó el conflicto relacionado a las poblaciones humanas en la UC. De nuevo y de forma semejante a los propios pobladores, la gestión de la UC (probablemente debido a las características de

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los actores individuales de la gestión local) usó las estrategias posibles de acción para hacer frente al conflicto y transformar esa situación crítica en otra más acorde con la realidad local. Esa estrategia y sus resultados, incluidos en el Plan de Manejo de 2006, son parte del proceso histórico del conflicto en el núcleo Picinguaba que se va transformando de acuerdo con la coyuntura. Las acciones y estrategias de la gestión se retroalimentan de las acciones de los pobladores y viceversa, produciendo nuevas formas de relacionamientos, de organización de los actores y del propio PESM. La estrategia identitaria estuvo presente en este proceso, caracterizando la acción de ambos tipos de actor.

Desde la permanencia hasta el uso de los recursos y la propiedad de la tierra Si intentamos salir de la discusión de la permanencia y comenzar a discutir el uso de los recursos, podríamos decir que las cuestiones relacionadas a la tierra son la base para esta discusión. Sin ser normativos, podemos pensar que la tierra, el acceso, la pose, la propiedad, son asuntos de mucha importancia para los pobladores locales, por lo menos en el contexto del Litoral de São Paulo, donde la especulación inmobiliaria asedia y donde existe un histórico complejo de venta de tierra, principalmente próxima a la playa, para personas ―de fuera‖. Así surgieron las ZHCAn. Pero como ya fue indicado, a diferencia de los territorios quilombolas estas zonas parecen haber surgido como una estrategia de ordenamiento e institucionalización de la presencia humana dentro del Parque desde la gestión local hacia afuera. Parece no existir, entre los pobladores, una identificación autoreivindicatoria con las ZHCAn que les dé legitimidad. En el caso de los territorios quilombolas sucede lo contrario, los pobladores parecen haberlos apropiado con el objetivo de obtener mayores derechos sobre el uso de los recursos naturales y la tierra. Toda esta discusión del territorio a partir del quilombo parece tener el matiz de ―voy a tener derecho a este pedazo de tierra luego del reconocimiento‖. El análisis histórico de la que, en aquella época, era gestora del núcleo Picinguaba es de mucha importancia en este sentido: (…) sin duda era una estrategia para afuera. Pero, eso era lo que permitiría que ellos permaneciesen y tuviesen acceso a los recursos. La cuestión es así: en 2001, el consejo consultivo del Parque estaba medio disminuido porque el director anterior no creía en esa cosa participativa y la institución tampoco daba respaldo para que uno construya procesos participativos. Aún era el comienzo en esa época. Comenzó a pensarse en eso de participación fuerte. Ya había el SNUC, pero era muy incipiente. Cuando sucede todo este movimiento, él se vio motivado a retomar el consejo. Retomó y llevó las reivindicaciones de los pobladores que tenían que procesarse en 30 días y tener una respuesta mínima que subsidiase al gestor de aquí para responder formalmente (…) nosotros, los del consejo, y esos actores que ayudaron a armar esas reivindicaciones a veces teníamos la oportunidad de participar. Y todos los que participaron llegaron a la misma cuestión: para atender con luz, asfalto, salud, que eran las demandas de ellos, había antes que nada pensar en una planificación, que tanto pudiese dar soporte a definir quién sería beneficiario de eso, porque ya había muchos turistas con tierra y casa allá adentro. Entonces, había que tener un control de eso absoluto y cuando yo asumí la gestión en 2002, esa fue mi meta, mi foco de trabajo (…) entonces, hubo talleres en las comunidades para encontrar el mejor instrumento jurídico. Porque no sólo era hacer la zonificación y definir beneficiarios, había que hacer que eso tenga validez legal. Y, ahí sí, era una ley para fuera entonces, había que validar con ellos y validar para afuera. Pero, ¿qué sucede? Ellos eran un grupo semi-analfabeto y el lenguaje era completamente otro. La confianza en el proceso era pequeña para ellos porque eran 30 años de peso y de opresión. No iban a creer que de un momento a otro eso iba a cambiar y su vida iba a mejorar. Por eso, también hay una dificultad de comprender el mundo del acceso a los derechos y de comunicarse con todos esos actores, con un montón de divisiones internas de ellos mismos. Esa cuestión del quilombo sí vino a favorecer, hasta para nosotros, para ellos

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también, en diversos casos, pero separó también. Que una comunidad muy pobre pase a otro nivel a partir de todo esto es un proceso muy lento. Independientemente de la discusión entre la apropiación de las ZHCAn y de los Territorios Quilombolas, podemos decir que los pobladores dichos tradicionales ya tienen, de alguna forma, garantizada su permanencia en el área. Lo que parece que aún no tienen garantizado es el uso de los recursos naturales. Es pertinente pensar este proceso a través de la historia. Podemos decir que las primeras luchas estaban más relacionadas a la permanencia, y esto con la creación de los quilombos, con la apropiación de la categoría de población tradicional, y con la estrategia de recurrir a esas categorías de lucha. Después de algunos años, esa lucha continua por la permanencia fue modificándose y resignificándose para estar ahora, mucho más relacionada con la lucha por el uso de los recursos. Se trta de una lucha aún más difícil porque, probablemente, es en este asunto donde los biólogos de la conservación tienen más dificultades. Cuando se habla de agricultura, caza u otro tipo de uso directo del bosque como la extracción forestal o la pesca, la lucha de los pobladores es más dura y sus aliados disminuyen. Muchos investigadores o miembros de ONG, en este momento del proceso, no pondrían en duda el derecho de permanencia de estas personas. Sin embargo, cuando se habla del uso de los recursos, se refieren y dan prioridad a los usos indirectos como el turismo, la administración de estacionamientos o quioscos de venta de comida. Según ellos, eso disminuiría el conflicto con la gestión. Por otro lado, ya es posible decir que algunos de los aliados de los pobladores locales probablemente se sentirían incomodos si la discusión pasase a ser sobre la propiedad de la tierra. Mientras la discusión tenga como base las cuestiones identitárias de sociedades diferenciadas, el apoyo y las alianzas son más fuertes y no entran en conflicto con las percepciones y objetivos de los otros actores. Así mismo, cuando los argumentos están relacionados a la cultura, a aspectos inmateriales y subjetivos, se debe tener en consideración la relatividad que esos conceptos traen consigo. No siempre es posible definirlos tan claramente para todos los actores involucrados. Siempre hay que llegar a un consenso sobre lo que está siendo discutido. Tal vez no es obvio para todos los actores lo que significa ser un caiçara. Vale la pena preguntarse si la idea que el gestor tiene de caiçara coincide con la que los pobladores locales tienen. Una declaración de uno de los principales propulsores del Quilombo da Fazenda puede ser muy útil para mostrar cómo todos esos elementos fueron incorporados en el discurso de los líderes locales: (…) entonces, nuestra lucha es por tener un pedazo de algún lugar para trabajar, y hacer alguna cosa con turismo (…) y la misma comunidad vivir del turismo. Pero, sí se necesita que el Parque libere unas áreas de tierra para poder trabajar, también sin depredación. Por eso entró el quilombo, por lo que estoy diciendo. Está todo tomado por el turismo. No hay más lugares sólo de tradicionales. Pero, este lugar aquí no tiene poblador de fuera todavía. Aquí sólo hay pobladores tradicionales. Entonces, fue cuando la comunidad requirió hacer una comunidad de quilombo. Porque el quilombo es para el usufructo de los jóvenes de la propia generación local. No puede vender, uno puede hacer casa para alquilar, puede hacer una posadita, puede hacer un restaurantecito, recibir al turismo, pero vender no puede. Y puede también liberarse la casa de farinha aquí para trabajar y poder vivir. Finalmente, no podemos perder de vista en este análisis que la discusión relacionada a la tierra es diferenciada entre los pobladores que son considerados tradicionales y los que no lo son. Tal vez la única comunidad donde no existiría mucha diferencia sea la Vila de Picinguaba, pues la estrategia de sus pobladores es la exclusión del área del Parque debido a la ―urbanidad‖ del barrio, recordando, además, que más del 50% de los pobladores de esta comunidad no son ―tradicionales‖.

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Conclusiones La discusión entre los actores relacionados al núcleo Picinguaba gira en torno al derecho de permanencia y de acceso a la tierra. Esta discusión, que está relacionada a quién es portador del derecho de permanecer, ha originado y resignificado conflictos internos a los propio pobladores. Debido a esto, la discusión sobre el uso de los recursos naturales es tangencial originando frustración entre los usuarios. Aparentemente, ningún actor relató o demostró sentir que podía alcanzar sus objetivos: los pobladores luchan por sus derechos más elementales, vinculados a la permanencia en el área y a continuar usando los recursos de los cuales dependen; los gestores a su vez relatan sentir que las estrategias de acción tomadas no fueron suficientes y la gestión del área siempre fue muy compleja. Sin embargo, en los últimos años, el diálogo entre la gestión y los pobladores se ha intensificado y nuevos espacios de discusión y negociación han sido creados. La misma gestión del Parque Estadual da Serra do Mar ha estimulado la creación de estos espacios, donde no sólo participan pobladores y gestores, sino también otros actores como ONG e investigadores. En este sentido, las acciones y estrategias de la gestión se retroalimentan de las acciones de los pobladores y viceversa, produciendo nuevas formas de relaciones, de organización de los actores y de la misma gestión y del manejo del Parque. La estrategia identitaria estuvo presente a lo largo de todo este proceso. El conflicto presente fue el motor de la transformación social, institucional y ambiental en el interior del Parque. No se puede perder de vista que, así como los pobladores locales, la gestión del PESM también tuvo varias estrategias de acción a lo largo de los años. Estas estrategias cambiaron y todavía cambian. La gestión y específicamente los gestores locales, tuvieron que enfrentar el dilema de la presencia humana dentro del Parque, aún cuando la Ley no lo permitiese y adaptarse a los cambios con respecto a la conservación de la biodiversidad. No fue un objetivo directo y planeado del Estado de São Paulo, cuando creó el PESM atacar a los pobladores de esas áreas. Sin embargo, la privación de derechos y los prejuicios de los que fueron víctimas fueron, eso sí, es la consecuencia de una política en la que los pobladores locales no tenían voz ni eran considerados en las decisiones. Es probable que algunos de los actores locales luchen por la propiedad colectiva de la tierra sólo como una estrategia posible que puede garantizar ciertos derechos, pero no como el fin que ellos desearían en realidad, que sería la propiedad individual. En otras palabras, las características de la arena en que ellos están negociando favorecen la acción colectiva relacionada a la lucha por la propiedad colectiva basada en categorías identitárias, como poblaciones tradicionales caiçaras y quilombolas, y no a la lucha (grupal) por la propiedad individual y a los derechos individuales al uso de los recursos naturales. Posteriormente a la creación de los espacios de discusión, los pobladores tuvieron que mantenerlos. Para eso, las estrategias que ellos usaron tuvieron que favorecer y de cierta forma, estar en concordancia con las ideas y perspectivas de los otros actores (gestores principalmente). Las categorías de poblaciones tradicionales pueden corresponder a una estrategia relacionada con esta dinámica. Cuando la discusión está basada en cuestiones identitárias, culturales e inmateriales, todos los actores relacionados al núcleo Picinguaba (con excepción de los pobladores) permanecerían más cómodos, debido a que este asunto ―no es tan polémico‖. Ya las discusiones relacionadas a la propiedad individual y al uso directo de los recursos naturales son mucho más complejas y evidentemente, los pobladores locales pirden apoyo de la mayoría de los otros actores cuando estos temas son abordados. La discusión del acceso a la tierra y al uso de los recursos naturales en el núcleo Picinguaba gira en torno a prohibiciones y permisos, a negaciones y a quién tiene derecho a negociar. Aparentemente, debido a que el centro de la discusión es ese ―quién‖, existe la tendencia a convertirse en un círculo vicioso, en una frustración colectiva que en última instancia, no contribuiría con la conservación de los recursos naturales en la UC. Cada tipo de actor tendría, entonces, su propia frustración: el poblador no puede continuar siendo quien es, o usando los recursos de la forma que lo hacía antes; mientras que el gestor también sentiría que no

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está siendo exitoso en su trabajo porque, en teoría, no debería haber nadie viviendo en el interior de las UC y él debería estar colocando sus esfuerzos en otros asuntos, etc, etc. En una Unidad de Conservación de Protección Integral, aunque existan esfuerzos como los realizados en el núcleo Picinguaba con la creación de las Zonas Histórico Culturales Antropológicas y con la abertura de espacios de diálogo, esos espacios son muy efímeros y asimétricos, por no decir desiguales. Y esto queda en evidencia cuando se percibe que existen diferencias sustanciales entre los pobladores del área. Así, el diálogo, la mayoría de las veces, va a realizarse sólo con un tipo de poblador (aquél definido como tradicional) y no con otros que son excluidos de la negociación. De esta forma, consideramos que esta discusión debería trasladarse hacia las estrategias de uso de los recursos. Es decir, si existen reglas de manejo que deben ser respetadas, y ellas están claras en el Plan de Manejo, todos los pobladores, sean ellos tradicionales o no, deberían cumplirlas. Centrando la discusión en esas reglas, posiblemente, ese círculo repetitivo y cargado de frustración colectiva podría evolucionar y garantizar la conservación del área involucrando a los pobladores y a todos los otros actores.

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