Revista TEMA\'S Nro. 27

TEMA’S Revista Digital de Criminología y Seguridad Enero de 2015

DESTACADOS La Genética Forense en el sistema penal acusatorio y adversarial. El sistema de reinserción social y el proyecto de ley nacional de ejecución de penas. Salvación o colapso del penitenciarismo mexicano. Modelo de tratamiento en ingeniería ortoconductual para la resocialización penitenciaria: Propuesta para Michoacán, México. La función social de un Centro de Emergencias 911. ADEMÁS NOTICIAS UNIVERSITARIAS TEMA’S DE ACTUALIDAD

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REVISTA DIGITAL DE CRIMINOLOGÍA Y SEGURIDAD

Año IV Nro. 27 ISSN 2314-1166

NO ES CAPRICHO… LAS REVISTAS DIGITALES AYUDAN A PRESERVAR LOS BOSQUES. En TEMA’S somos conscientes de la necesidad de preservar nuestra naturaleza. Revista TEMA’S es una publicación gratuita de

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Revista TEMA’S Año III - Número 26 — Noviembre de 2014

REVISTA DIGITAL DE CRIMINOLOGÍA Y SEGURIDAD

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STAFF Director Editorial: Lic. Osvaldo A. Cuello Videla. Comité Editorial: Lic. Osvaldo A. Cuello Videla. Lic. José Escudero Gordillo. Lic. Carlos Daniel Puiggrós. Lic. Sandra C. Flores. Comité Académico: Dr. Alberto Montbrun. Mag. Daniel Venturini. Mag. Marcelo Fuentes Pérez. Dra. Susana P. García Roversi. Dra. Patricia Andrea Taus. Dr. José Luis Alba Robles. Dr. Wael Sarwat Hikal C. Lic. Juan A. Carreras Espallardo. Dr. Juan José Martínez Bolaños. Lic. Mario E. Murrieta. Dr. Agustín Salgado García. Dr. Juan A. Maruri Jiménez

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Año IV Nro. 27 ISSN 2314-1166

Revista TEMA’S Año IV—Número 27 - Enero de 2015

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REVISTA DIGITAL DE

EDITORIAL

Osvaldo A. Cuello Videla Director Editorial

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llá por agosto de 2012 nació esta pequeña idea de crear una revista digital y ya estamos comenzando a transitar el año 2015, nuestro cuarto año de edición. Largo ha sido el camino recorrido, pero nuestros objetivos han seguido en pié; Hacer una revista mensual, gratuita, ilustrada y a todo color sobre lo último de las Ciencias Forenses.

Nos llena de orgullo haber cumplido nuestro propósito de romper con los paradigmas de las revistas en blanco y negro, pero más satisfacción no da ver que ésta idea tuvo sus frutos en cambiar la imagen de las revistas especializadas y desde entonces vimos el nacimiento de otras revistas que siguieron nuestro esquema digital y a todo color. Esperamos que esta idea siga fluyendo en los próximos editores y llegue algún día a las revistas científicas, porque la formalidad y el conocimiento no deben de ningún modo estar divorciados de una lectura amena y agradable. En Tema’s hacemos lo posible para que Ud. se informe, aprenda y a su vez disfrute la lectura. Les deseamos a todos nuestros lectores y colaboradores un buen comienzo de año y que este 2015 nos permita seguir creciendo. Hasta pronto.

Lic. Osvaldo A. Cuello Videla Director Editorial

“No hay maestro que no pueda ser discípulo” Padre Baltazar Gracián y Morales

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CRIMINOLOGÍA Y SEGURIDAD

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Revista TEMA’S Año Iv - Número 27 — Enero de 2015

Revista Digital de Criminología y Seguridad TEMA’S Enero de 2015

CRIMINOLOGÍA Y SEGURIDAD Criminología •

20 El sistema de reinserción social y el proyecto de ley nacional de ejecución de penas. Salvación o colapso del penitenciarismo mexicano.

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SUMARIO NRO. 27

48 Modelo de tratamiento en ingeniería ortoconductual para la resocialización penitenciaria. Propuesta para Michoacán, México.

Genética Forense •

8 La Genética Forense en el sistema penal acusatorio y adversarial.

Seguridad Ciudadana •

80 La función social de un centro de emergencias 911. Descripción operativa años 2008-2009 del Centro Estratégico de Operaciones de la provincia de Mendoza y análisis de llamadas ingresadas.

Secciones • • •

40 Eventos y Novedades. 68 Temas de Actualidad. 74 Noticias Universitarias

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LA GENÉTICA FORENSE EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y ADVERSARIAL

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Revista TEMA’S Año IV - Número 27 — Enero de 2015 Una publicación de WATSON CONSULTORES

CRIMINOLOGÍA Y SEGURIDAD

Daniel De La Barrera Escamilla (México) [email protected]

Egresado de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, profesor en la misma institución y perito forense en las áreas de biología, genética y criminalística. Con destacables participaciones como expositor y disertante en diversas Casas de la Cultura Jurídica de la S.C.J.N. así como instructor y profesor de diversos cursos, talleres y seminarios en las áreas de Genética, Criminalística de Laboratorio y Pruebas Periciales en Juicios Orales, con más de 10 años de experiencia en el ámbito forense. Editor de varios capítulos de la Enciclopedia CCI y con varios artículos publicados, en 2014 fue merecedor de la medalla al Mérito Criminológico “José Adolfo Reyes Calderón” por parte de la Sociedad Mexicana de Criminología capítulo Nuevo León.

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formas éticas que tiene para hacer uso de la ciencia.

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entro de los actuales avances de la administración de Justicia en México, se encuentra el Sistema Penal Acusatorio Adversarial que sin duda generó y seguirá generando un sinnúmero de análisis, aciertos, errores y estructuras de estudio en la forma nueva que se tiene de percibir la justicia en nuestro país, y como sociedad día a día vamos encontrando efectos de un sistema que ha venido mostrando diversas figuras, desde la corrupción hasta la impunidad y los efectos de una correcta investigación y ejecución correcta de sentencias, éstas últimas en menor porcentaje. Todo eso se suma un apartado de gran peso específico dentro del proceso, el uso de la ciencia en la investigación de los delitos, que también es de analizar y también de una crítica justa donde se observan varios puntos a favor y en contra, de igual forma gira en torno al hecho de la figura humana, el experto forense y las

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Es aquí, donde una de las áreas científicas con más avances y significado tecnológico ha entrado en escena, poco más de 30 años han pasado desde que se usó por primera vez como una prueba científica en una corta de justicia y desde entonces ha estado en el debate de su uso, de sus formas y las interpretaciones de su resultados y en estos últimos meses, en México una de las armas que más críticas tienen dado su uso en la identificación de personas desaparecidas; la Genética Forense. La identificación humana ha sido uno de los principales aspectos que interesan los humanos desde diversas áreas del conocimiento; la filiación y el sentido social y de pertenencia a determinado grupo de perso-

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GENÉTICA FORENSE

na, nos convierte en una de las especies animales que más interacciones ecológicas puede presentar en la biosfera. Son diversos puntos de interés que versan sobre la identificación y la filiación humanas, pero principales el objeto de estudio es el hecho de atribuir diversas características que van de lo general a los particular, atribuyendo en cada nivel diversas estructuras, formas, tamaños, colores, pensamientos, ideas, nombres y por supuesto el nivel biológico.

El avance tecnológico y científico ha permitido que a lo largo del tiempo, el humano cuente con herramientas que le permitan brindar una certeza al proceso de la identificación y la filiación; y ha sido diversos momentos en la historia en los que se ha alcanzado, aparentemente, un tope máximo en el

uso de la tecnología y la ciencia para este fin; pongamos por ejemplo, los procesos de comparación fenotípica que se realizan por parte de los médicos o parteras cuando se ponía en duda la relación biológica de paternidad, con el simple parecido o no se podía brindar algún tipo de certeza a las personas; o la observación de malformaciones que eran heredadas por alguno de los progenitores. Desde ese tiempo, la prueba pericial en materia de Genética Forense ha servido para la administración y aplicación de Justicia en diversas latitudes y México no es la excepción. Este prueba en nuestro sistema de justicia, está revolucionando la forma en la que se aplicaban los procedimientos criminalísticos y en la que los jueces interpretan la prueba pericial, ya que al tratarse de una prueba vinculante ofrece el medio necesario para que se identifique con una certeza científica el perfil genético de un presunto responsable en un delito contra la libertad sexual o se determine de manera específica la relación biológica de parentesco de tipo paternidad entre un supuesto padre y un supuesto hijo.

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Menciono que también ha cambiado la forma de aplicación metodológica en el lugar de los hechos, puesto que hoy por hoy son más los servicios periciales y el cuerpo de la célula de investigación, así como los ministerios públicos y servicios de seguridad publica los que optan por seguir protocolos de bioseguridad al momento de manejar un lugar de los hechos y todos los indicios biológicos que pueden ser analizados para la obtención de un perfil genético e identificación. Cada vez más se pondera la importancia de la cadena de custodia y de la forma en la que son recolectadas las muestras biológicas de los lugares de hecho y de esta forma se cuenta con un elemento vinculante plenamente útil dentro del proceso de averiguación previa y posterior sentencia; aunque es justo mencionar que todavía falta un gran camino por recorrer en la estandarización de procedimientos, la generación de manuales técnicos y una mejor interpretación por parte de las autoridades a esta prueba pericial.

primera de ellas, establece que la constitución genética de un individuo es resultado de la herencia genética obtenida de los progenitores, por lo que la perfilación genética nos ayuda a establecer cuál de esos dos marcadores tiene un origen paterno y el otro materno. En el caso de la identificación, la total correspondencia del perfil genético de un sospechoso con el perfil genético de un indicio recuperado en el lugar de los hechos deber ser total para cada marcador genético analizado y comparado. Debido a que el ADN se puede encontrar prácticamente en cualquier sustrato biológico que contenga células (excepto los eritrocitos); los procedimientos en el laboratorio han cambiado de tal forma que es posible realizar la obtención de un perfil genético de identificación de elementos encontrados en el lugar de los hechos tales como colillas de cigarros, gomas de mascar, gotas pequeñas de sangre, cabellos, rastros de semen, manchas de saliva, etc. Son principalmente cuatro fases las que se siguen en el laboratorio de Genética Forense para la obtención del perfil genético, aunque es menester resaltar que un buen trabajo en el laboratorio depende en su mayor parte de un correcto trabajo que se haga

Desde una aplicación forense, este perfil genético puede utilizarse para dos aplicaciones fundamentales: la determinación biológica de parentesco o la identificación humana en investigaciones judiciales. La

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de criminalística de campo, es decir, se tienen que aplicar correctamente los métodos de colectar y resguardo de todas y cada una de las muestras biológicas recolectadas en el lugar, de manera que se conserven la mayor cantidad de células hasta su llegar al laboratorio.

Las implicaciones metodologías de esta técnica han sido valoradas por muchos laboratorios de Genética Forense a nivel nacional e internacional, y de igual forma como se comentó el trabajo en campo, el trabajo en laboratorio debe de cumplir con cierta normatividad que asegure que el proceso desde la extracción hasta la obtención del perfil genético se realizar bajo las más estrictas normas de calidad y donde se tenga la certeza de que procesos de contaminación cruzada no se van a presentar, delimitando bien los espacios físicos de extrac-

ción, amplificación y secuenciación dentro de las instalaciones. En el laboratorio de ADN forense, a menudo se trata con vestigios biológicos que están lejos de ser la muestra ideal, tanto en lo que se refiere a su cantidad como a su calidad. No debemos olvidar que, aunque la PCR ha supuesto una revolución en biología forense, presenta una serie de limitaciones que a veces son muy difíciles de salvar. Estas limitaciones se refieren principalmente a las posibilidades de: a) degradación, propia de muestras antiguas, putrefactas, procedentes de cadáveres en descomposición o aquellas sometidas a condiciones ambientales adversas y en las que el ADN se encuentra muy fragmentado, lo cual dificulta o impide la obtención de fragmentos de ADN del tamaño esperado; b) inhibición de la reacción de PCR por la presencia de determinadas sustancias como tintes textiles, altas concentraciones de melanina o hemoglobina en el extracto de ADN u otras, que bloquean a la polimerasa impidiendo la amplificación; c) modificación del ADN, consistente en la existencia de enlaces covalentes intra o intercatenarios, depurinización o roturas que hacen al ADN no susceptible de ser amplificado y que pueden deberse a la conservación de cada muestra. El cuarto y último paso en este procedimiento es la secuenciación; dicho procedimiento consiste en la lectura de las muestras amplificadas en el proceso de PCR para la obtención de los perfiles. Dicho proceso

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puede realizarse de dos formas básicas, una secuenciación manual mediante geles de poliacrilamida y una secuenciación automatizada mediante un secuenciador. El primer proceso involucra la separación por carga y pesos moleculares dentro de una matriz de poliacrilamida, para después ser tenidos por nitrato de plata o fluorescencia. La secuenciación automática involucra el marcado con fluorocromos cada base nitrogenada para que puedan ser detectadas las longitudes de onda mediante un lector laser y se transforma a un electroferograma. Es importante señalar, que la automatización provee de un mejor sistema de trabajo en laboratorios con una gran cantidad de muestras a procesar ya que dependiendo del modelo de secuenciador se pueden trabajar de manera simultánea hasta 96 muestras, reduciendo considerablemente el tiempo de obtención de los perfiles genéticos. Actualmente existen miles de STRs identificados y se calcula que en el genoma humano existe un STR cada 10 000 pares de bases. Entre los distintos tipos de STRs, los más comunes con fines forenses son aque-

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llos cuyas repeticiones constan de cuatro nucleótidos o cinco. Estos presentan la ventaja, frente a aquellos con unidades de repetición menores (dos o tres nucleótidos), de una mejor resolución entre alelos de tamaño próximo en individuos heterocigotos, así como una reducción en la formación de bandas fantasmas en la PCR. En los criterios a seguir para la selección de STRs con aplicación en identificación humana deben primar los siguientes factores: alto poder de discriminación, alta heterocigosidad, localización en distintos cromosomas para evitar el ligamiento entre marcadores, robustez y reproducibilidad de resultados en reacciones múltiplex, baja tasa de mutación y longitud de alelos en el rango de 90-450 pares de bases. Para un intercambio y comparación de resultados efectivo entre distintos laboratorios es necesaria la utilización de una batería de marcadores genéticos comunes. Actualmente, los marcadores más extendidos a nivel mundial son los 13 STRs autosómicos integrados en el sistema CODIS (Combined DNA Index System) establecido

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La Genética Forense en el Sistema Penal Acusatorio y Adversarial en 1997 por el FBI para la creación de un banco de datos nacional. La probabilidad de coincidencia al azar entre individuos no relacionados mediante el análisis de los 13 marcadores del CODIS es inferior a uno en un billón; o también el sistema Power Plex 16 ® de Promega Corporation que es utilizada como una base de datos en diferentes países latinoamericanos incluido México, y que permite un poder de discriminación superior a 1 en 2 X 1017. En el ámbito penal, la aplicación de la prueba de ADN en un sentido estricto permanece como un modelo de identificación de personas, el proceso de comparación y de interpretación estadística es el que se adapta a la forma particular de cada caso. Y sirve como base para la comprensión e interpretación de una prueba pericial en materia de genética forense. En nuestro sistema de justicia actual, este tipo de prueba ha cobrado una importancia relativa al ser uno de los elementos que día con día los jueces toman como prueba de vinculación, por ejemplo en delitos, aunque muchos parámetros en ocasiones no se consideran o no se conocen como por ejemplo la interpretación estadística. Con el cambio al sistema penal acusatorio, las pruebas periciales y en especial la de genética forense, tomaran un sentido diferente al tener que ser tomadas dentro del proceso y tendrán que ser interpretadas de acuerdo a su justo medio. Una de las características en especial que deben ser tomadas en consideración para que el análisis de un indicio biológico pueda

ser tomada como una evidencia dentro de una investigación de un hecho que se presume como delito, es la cadena de custodia. Este procedimiento considerado por algunos códigos estatales y de la federación; establece las medidas necesarias que el personal pericial debe realizar basándose en una metodología estandarizada, sobre los procesos de descripción, fijación, recolección y trasporte de las muestras al laboratorio, lo cual permite asegurar que es el mismo indicio conservado en su mayor número de caracteres el que se levantó en el lugar de los hechos y el que se encuentra siendo analizado en el laboratorio de genética. Otro punto importante a considerar es el hecho de que necesariamente el resultado esperado de una prueba de ADN con aplicación forense es la comparación de perfiles, es decir, si no se cuenta con un presunto responsable a quien se le debe tomar una muestra biológica de referencia y considerarla a esta como una muestra indubitada, no se puede obtener un resultado esperado. De otra forma, las muestras dubitadas o de análisis serían tomadas únicamente como referencia para la construcción de una base de datos para posteriores comparaciones. De esta forma se tienen que considerar dichos aspectos para que la prueba pericial en materia penal cubra su justo peso. Por último es importante considerar que una vez obtenidos los resultados de individualización mediante la aplicación de la tecnología del ADN, estos carecen de valor sin un análisis estadístico apropiado. En la ma-

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yoría de estos casos, la prueba del ADN sólo tiene sentido si es posible una comparación de perfiles los indicios a una muestra indubitada o entre diferentes vestigios. Cuando se trata de investigar si existe relación biológica entre un indicio encontrado en un lugar de los hechos y un presunto responsable, es necesario realizar una comparación de los perfiles genéticos obtenidos. Si los perfiles son distintos, puede asegurarse que ese resto biológico no pertenece al individuo en cuestión o que los dos indicios proceden de personas diferentes. Pero si existe una coincidencia entre los perfiles comparados es necesario hacer una valoración estadística para estimar el grado de incertidumbre de que esos perfiles coincidan entre sí sólo por cuestiones de azar y no porque procedan del mismo individuo. Para ello se requiere disponer de datos estadísticos poblacionales sobre las frecuencias de los alelos presentes en la población de referencia, las cuales se estimarán mediante la realización de estudios poblacionales basados en la tipificación de un número de muestras determinada de la población de estudio. Para estimar el valor de la prueba es necesario considerar (al menos) dos hipótesis alternativas para su ocurrencia. La prueba debe evaluarse calculando su probabilidad bajo cada una de las hipótesis. Por ejemplo,

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se detecta un indicios biológico de sangre en un lugar de los hechos donde se presume se cometió un homicidio; y el perfil genético de la sangre coincide con el del presunto responsable. Es necesario establecer dos hipótesis alternativas, que en este caso serían: H0: la sangre pertenece al sospechoso; H1: la sangre pertenece a una persona seleccionada al azar de la población. A continuación se procede a calcular la probabilidad de obtener ese perfil genético para la sangre bajo la hipótesis H0, y bajo la hipótesis H1. La valoración más correcta consiste en, mediante la aplicación del teorema de Bayes, calcular el índice de verosimilitud o LR (Likelihood Ratio) que es el cociente entre ambas probabilidades. El resultado obtenido refleja cuántas veces la coincidencia de perfiles es más probable si consideramos la hipótesis H0, (o sea, que la sangre pertenezca al sospechoso) que si consideramos la hipótesis H1, (que la sangre pertenezca a un individuo al azar de la población). Este camino recorrido hasta ahora plantea una idea general de las aplicaciones e implicaciones actuales que tiene la genética forense como parte integral de las ciencias forenses, en nuestro país son cada más las Procuradurías que presentan dentro de sus instalaciones un laboratorio de esta área, de igual forma cada día se hace más común el uso de pruebas de ADN para juicios de reconocimiento y desconocimiento de paternidad; es por es la urgencia necesaria de una regulación en materia legal donde se consideren aspectos técnicos y metodologías estandarizadas para un manejo común de la información. Así mismo, la creación de bases de datos locales y nacionales que permitan un control legal y coordinado entre las dependencia de gobierno y las instituciones públicas o privadas que puedan tener acceso a esta información, son puntos de atención que deben ser considerados para un

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GENÉTICA SEGURIDAD FORENSE

mejor manejo de la genética forense, como se estableció hace un poco más de 50 años por parte de un de los más grandes científicos investigadores de la genética; “Antes pensábamos que el futuro estaba en las estrellas, ahora sabemos que está en los genes”, James Watson.

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MULLIS K.B., FALOONA F.A.: (1987) Specific synthesis of DNA in vitro via a polymerasecatalyzed chain reaction. Methods Enzymol. 155: 335-350. WATSON J.D., CRICK F.H.: (1953) Molecular structure of nucleic acids; a structure for desoxyribose nucleic acid. Nature 171: 737-738. Todas las imágenes aportadas por el autor.

BIBLIOGRAFIA

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TEMA’S Pretende fomentar el debate científico, y el intercambio de ideas mediante la difusión de resultados de investigaciones, por lo tanto está abierta a las aportaciones de sus lectores para la publicación de artículos que recojan informes de investigación, ensayos teóricos o experiencias profesionales. Cada edición de TEMA’S contiene entrevistas, información, noticias universitarias, artículos académicos, resúmenes y conclusiones de investigaciones y tesinas, monografías, extractos y capítulos de libros y mucho más, elaborados y escritos por especialistas de las Ciencias Forenses, y por eso brinda una perspectiva ideal para dar a conocer sus trabajos y promocionar entre un público más amplio a sus autores.

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REVISTA DIGITAL DE

EL SISTEMA DE REINSERCIÓN SOCIAL Y EL PROYECTO DE LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN DE PENAS. SALVACIÓN O COLAPSO DEL PENITENCIARISMO MEXICANO

Juan Antonio Maruri Jiménez (México) [email protected]

Doctor en Derecho Penal, Investigador Forense e Investigador Academia de Peritos en Ciencias Forenses y Consultoría Técnica Legal A.C. Docente Certificado por la SETEC Tepic, Nayarit, México

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CRIMINOLOGÍA Y SEGURIDAD

Resumen A más de 6 años de la publicación del Decreto de reformas y adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos donde se contiene la Reforma al Régimen Penitenciario Mexicano y lo referente al Sistema de Justicia Penal y seguridad Pública nos encontramos ante una realidad equivoca respecto del avance de ambos rubros, ya que a pesar de que son complemento el uno del otro, nos hemos entusiasmado con un gran despliegue de acciones tendientes a la implementación del Proceso Penal Acusatorio, Adversarial y Oral, olvidándonos casi por completo del Régimen Penitenciario no obstante que también forma parte de Sistema de Justicia Penal y que incluso, no podemos dejar a medias el trámite del proceso penal sin pasar al estadio de la ejecución penal, la cual se encuentra estancada con el proyecto de Ley Nacional que más que presentar avances, advierte un retroceso en cuestión penitenciaria. Pareciera ser que con la introducción del término “Reinserción Social” desparecieran mágicamente todos aquellos vicios, arbitrariedades y la crisis entera de las prisiones en México, desgraciadamente esto no es ni será así. La “Readaptación Social” no ha desaparecido –a más de seis años de la malograda Reforma- ni de los textos legales, ni de las paredes de las prisiones, ni mucho menos de las mentes de los reclusos ni de sus familiares que por años han vivido con el estigma de la crisis del Sistema penitenciario. La comercialización de los mal llamados “juicios orales” ha desviado la atención de los legisladores, operadores jurídicos, investigadores y sociedad en general, dejando al desamparo y olvido de los reflectores a la arcaica Reforma del Sistema Penitenciario, puesto que a pesar de que dicha reforma se encuentra en el limbo jurídico-social –pues desde el año 2011 debiera estar funcionando el nuevo Sistema Penitenciario Mexicano a la luz de una legislación Nacional de Ejecución de Sanciones-, poco o casi nada se ha escrito respecto al tema a pesar de tantas aristas que ha surgido con la inaplicación de la ley –la cual aún siguen en la congeladora legislativa como proyecto- y el silencio de los responsables del Sistema Penitenciario tanto en la administración –dependiente del Ejecutivo Federal y local- como en la ejecución de las sanciones –lo cual corresponde al Poder Judicial tanto de la Federación como de todas y cada una de las Entidades Federativas--.

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INTRODUCCIÓN

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a crisis del Sistema Penitenciario es un problema que viene acarreando desde hace varias décadas la sociedad mexicana, la agonía viene haciéndose cada vez más latente desde la última década de finales del siglo XX con la creación de las prisiones de “Máxima Seguridad”, ya que la organización, administración y autogobierno de las mismas, así como la vigilancia de los reos del orden Federal queda a cargo del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente en ese entonces de la Secretaría de Gobernación, comenzando el experimento con el funcionamiento del Centro Federal de Readaptación Social número 1 (CEFERESO de “Almoloya”) donde uno de sus huéspedes distinguidos es el desafortunado Mario Aburto Martínez, acusado de asesinar al candidato a la Presidencia de la República por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) Luis Donaldo Colosio Murrieta. 22

Posteriormente, ya en el tan esperado cambio de gobierno, en el año dos mil es creada la Secretaría de Seguridad Pública Federal, que acoge al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, el cual, durante el lapso de su renovación de directivos de nivel alto y medio fue apabullado con la proliferación de los crímenes de la delincuencia organizada –delitos contra la salud, secuestros, ejecuciones entre cárteles, delitos de violación a la Ley Federal de armas de fuego y explosivos, por mencionar los ms comunes-, teniendo que ampliar la operación y capacidad de la Dirección General de Ejecución de Sanciones de esa dependencia con la finalidad de ejercer un control real de los reos federales distribuidos en las cárceles del país, puesto que los Centros Federales de Readaptación Social hasta esa fecha –Almoloya, Puente Grande y Matamoros-, eran insuficientes para auspiciar a tantos detenidos por la comisión de delitos federales. Según las autoridades penitenciarias federales –para el año dos mil tres-, la creación de los Centros Federales de Máxima Seguridad sería la cura perfecta para aliviar la crisis del Sistema Penitenciario Federal, pues a mayor rigor tanto en el incremento de las penas como en la reclusión y la mano dura de las autoridades penitenciarias inhibiría el crecimiento de los delitos de alto impacto, lo cual fue un grave desaire puesto que en poco tiempo se dio a conocer al interior del citado Órgano Administrativo, el primer caso de corrupción de funcionarios de nivel directivo que vendían a muy alto precio los beneficios de preliberación a reclusos integrantes de la Delincuencia Organizada. Para el mismo año de dos mil tres, la proliferación del cáncer de la venta de benefi-

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CRIMINOLOGÍA

Fotografía aportada por el autor

cios prelibeacionales no se hizo esperar en las cárceles Estatales y para tratar de salvar su “credibilidad”, la Coordinación General de Prevención y Readaptación Social del vapuleado Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social inició una cacería de brujas al interior de las direcciones de los penales estatales haciendo caer funcionarios como responsables de venta de privilegios al interior de las cárceles, con la finalidad de “recomendar” a personal ligado a dicha Coordinación y así proceder al control total de los centros penitenciarios del país.

adaptación Social traducida en la venta de beneficios preliberacionales fue la Oficina de Certificados de Libertad, la cual era compuesta por una gran estratega incondicional del Coordinador General que hacía el reclutamiento de funcionarios de todas las Direcciones del Órgano Administrativo para que fungieran como “comisionados” para llevar los certificados de libertad a las diversas cárceles del país según de manera confidencial para no filtrar información, empleados

Una de las oficinas que funcionó como enlace para consolidar ese control hegemónico en las cárceles del país por parte de la Coordinación General de Prevención y Re-

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que eran “calados” en sus primeras entregas para saber si eran personas confiables y poder seguir contando con ellos para las posteriores entregas de los certificados de libertad, correspondiendo al buen desempeño de la labor Institucional, imponiéndolos posteriormente en puestos directivos de Prevención y Readaptación Social en los diversos Estados de la República. Dejando a un lado estas pequeñas pero concretas e ilustrativas historias verídicas al interior del Sistema Penitenciario Federal1, hemos de tomar en cuenta que de los Centros Federales de Readaptación social mencionados en líneas anteriores, a la fecha se han incrementado considerablemente en gran número, sin que ello vislumbre un decremento de la actividad delictiva por delitos de alto impacto, pues la mayo de las veces es solo la antesala de personajes mediáticos de la Delincuencia Organizada que van camino hacia una prisión de Estados Unidos de América con motivo de un procedimiento de extradición, o peor aún, de una excarcelación por violación de Derechos Humanos, concretamente al principio de Debido Proceso, como en el caso de Florance Casses y Rafael Caro Quintero por mencionar algunos. La crisis Penitenciaria referida en líneas anteriores -comprendida de los años 90´s a

2011-, ha sido altamente considerada por las agencias de inteligencia estadounidenses puesto que es punto importante en las negociaciones bilaterales contenidas en 3 grandes pilares: “Plataforma Méxi2 co” (PÚBLICA, 2008) , Iniciativa Mérida”3 (A.C., 2008) y el “ASPAN”4. Es por ello que resulta de vital importancia saber cuál es el rumbo que nos depara la regulación de la ejecución de penas como complemento del Código Nacional de Procedimientos Penales 5que regula al proceso penal Acusatorio, Adversarial y Oral. Capítulo Primero. La Reforma Constitucional al Sistema de Justicia Penal. Un tema inconcluso para el Sistema Penitenciario Los segmentos de la Reforma Constitucional de 2008 El decreto de Reformas a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del 18 de junio de 2008 se integra por cinco importantes segmentos:

• Proceso Penal Acusatorio, Adversarial y Oral;

1.- Vivencias ocurridas en el periodo del año 2000 a 2005 trabajando en el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social 2.- Es un concepto tecnológico avanzado de telecomunicaciones y sistemas de información, que integra todas las bases de datos relativas a la seguridad pública, con la finalidad de que se cuente con todos los elementos de información, para que las instancias policiales y de procuración de justicia de todo el país, lleven a cabo las actividades de prevención y combate al delito, mediante metodologías y sistemas homologados. 3.- La iniciativa contempla, además, diversas medidas para sanear las instituciones débiles, atrasadas o infiltrables por narcotráfico y corrupción (como puede ser el Instituto Nacional de Migración, los órganos de la Secretaría de Gobernación dedicados a la inteligencia, la Secretaría de Seguridad Pública, la Policía Federal Preventiva y todo el sistema de justicia criminal), así como para el fortalecimiento de algunos programas de la Procuraduría General de la República, como OASIS, un programa informático, y el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia Organizada (CENAPI). Además, para complacer a los congresistas estadounidenses que pueden boicotearla, contempla asignar recursos para el trabajo en materia de transparencia, respeto a los derechos humanos y combate a la corrupción. 4.- Acuerdo para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte. 5.- Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo de 2014.

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• Delincuencia Organizada y su régimen procesal independiente;

• Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos y Justicia Restaurativa;

• Sistema Nacional de Seguridad Pública; y • Sistema de Reinserción y Judicialización de la Ejecución de Sanciones. Los reflectores tanto de los legisladores, operadores jurídicos y sociedad en general se han centrado mayormente en la implementación del Proceso Penal Acusatorio, Adversarial y Oral, introduciéndolo de inicio con el nombre de “juicios orales”, dándose incluso el lujo de crear la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC) dependiente de la Secretaría de Gobernación que implica una gran inversión de capital económico, humano, material e institucional, con la intención de poder lograr entre los operadores jurídicos el “cambio de chip”, y la oportunidad para la sociedad en general de transitar del sistema procesal mixto (preponderantemente inquisitivo) al sistema procesal acusatorio no solo como un hibrido condensado de varias legislaciones latinoamericanas y europeas, o una copia del sistema anglosajón en cuanto al trámite del proceso se refiere, sino como una adopción de cultura, hábitos, principios, pero sobre todo, conciencia de un cambio de actitud para lograr un efectivo cambio del Sistema de Justicia Penal con menos represión y mayor inclusión de la sociedad (seguridad ciudadana).

2003), puesto que han sido más los desatinos y ridículos de la Procuraduría General de la República con la fabricación de operativos espectaculares (caso Florance Casses), abatimiento de miembros de la Delincuencia Organizada con “evasión de indicios” (Caso de la supuesta muerte de “El señor de los cielos”, “El Lazca”, entre otros), errores de integración de indagatorias (el caso de una mujer indígena que supuestamente había sometido, torturado y secuestrado a 6 policías federales o grupos de miembros de comunidades indígenas que fueron juzgados sin la intervención de intérpretes en su declaración preparatoria), la resolución inconclusa a base de historias fantasiosas fabricadas (caso de los niños de la guardería “ABC”, Los adolescentes desaparecidos del bar “heaven”, los normalistas de Ayotzinapa). Los Mecanismos Alternativos de Solución

La Delincuencia Organizada también ha llamado la atención en cuanto a que se ha evidenciado el fracaso de aplicar de manera errónea por parte de las autoridades encargadas de la procuración de justicia el famoso “Derecho Penal del Enemigo” (JAKOBS,

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de Conflictos (MASC) se incluyen al Proceso Penal Acusatorio, Adversarial y Oral como instrumentos eficaces para la resolución de conflictos penales evitando que el asunto llegue a la etapa de juicio oral, previa elaboración de acuerdos reparatorios atendiendo a la Justicia Restaurativa donde se pretende que la víctima u ofendido sean resarcidos en su totalidad por haber resentido la comisión de una conducta delictuosa. Dichos instrumentos se plasman en la reciente aprobada –aunque aún no publicada-, Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de solución de Controversias en Materia Penal, que en conjunto con el Código Nacional de Procedimientos Penales y la malograda aun Ley Nacional de Ejecución Penal, debe conformar las bases legales (secundarias) que conforman el Sistema Procesal Penal de corte Acusatorio, Adversarial y Oral. Respecto al apartado de la Reforma Constitucional en materia de Seguridad Pública cabe mencionar que el establecimiento de las bases mínimas para el establecimiento de un sistema Nacional de Seguridad Pública pretende establecer las bases para una política criminológica que conciernen directa y específicamente a la prevención del delito en dos principales rubros: a) La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos. b) La determinación de la participación de la comunidad para coadyuvar, entre otros, en los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito (inclusión de la participación ciudadana). Sin embargo, La falta de capacitación de los cuerpos policiales respecto de su actuación como primer respondiente en el Proce-

so Penal Acusatorio, Adversarial y Oral los hace vulnerables al no establecer la obligatoriedad expresa por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para establecer esa capacitación. Como aspecto toral de éste trabajo, lo referente al Sistema de Reinserción Social y Judicialización de la ejecución de las sanciones penales lo abordaremos por separado a efecto de hacer puntualizaciones precisas para cada tema.

La Reforma Constitucional del Sistema Penitenciario Artículo 18. La Reinserción Social El párrafo segundo del artículo 18 establece: “El sistema penitenciario se organizará sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley… “ (GOBERNACIÓN, 2008) La organización del Sistema Penitenciario es un tema que ha estado presente tanto en la Legislación Penitenciaria Federal -desde la década de los 70´s-, como en las legislaciones locales de todo el país, siendo desde ese entonces las bases fundamentales para lograr la Readaptación Social de los sentenciados: el trabajo, la capacitación para el mismo y la educación. Del texto Constitucional se despende la adición de la salud y el deporte como bases fundamentales adicionales a las ya mencionadas y se sustituye el término “Readap-

6.- Ley de Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados.

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tación” por el de “Reinserción”.

y por lo tanto es imposible readaptarlos);

Readaptación vs. Resocialización Readaptación Social: (Del latín re, preposición inseparable que denomina reintegración o repetición, y adaptación, acción y efecto de adaptar o adaptarse. Adaptar es ajustar una cosa a otra, acomodarse, avenirse a circunstancias, condiciones, etc.). Readaptarse socialmente, significa entonces, volver a hacer apto para vivir en sociedad al sujeto que se desadaptó y que, por tal motivo violó la ley penal, convirtiéndose así en delincuente. Por lo anterior entendemos que: a) el sujeto estaba adaptado b) el sujeto se desadaptó; c) la violación del deber jurídico-penal implica desadaptación social, y d) al sujeto se le volverá a adaptar. Como podemos apreciar, el término “Readaptación” es poco apropiado conforme a los siguientes aspectos: a) Existen delincuentes que nunca estuvieron adaptados (no pueden desadaptarse

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b) Hay delincuentes que nunca se desadaptaron (quienes son sancionados por la comisión de delitos culposos); c) La comisión de un hecho delictuoso no necesariamente significa desadaptación social; d) Existen sujetos seriamente desadaptados que no violan la ley penal (enfermos mentales confinados); e) Hay tipos penales que no describen conductas de seria desadaptación social (delitos de menor impacto); y f) Sin número de conductas delictuosas que denotan franca desadaptación social no están tipificadas (delitos de cuello blanco). Al efecto, tenemos que el término “Reinserción” se traduce en el restablecimiento pleno de los derechos de una persona tras el cumplimiento de la pena con satisfacción de estándares constitucionales ya que el Sistema de Justicia Penal no responde por la transformación de las personas, sino por la creación de condiciones dignas y seguras en la prisión. Así las cosas, podemos concluir que la Reinserción Social con-

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• Un

vínculo cuya ruptura debe resarcirse bajo criterios jurídicos –no terapéuticos –.

• A través de la privación o restricción coactiva, de manera acotada y controlada, de bienes jurídicos, en la que la persona ya no es más objeto, sino sujeto de derechos y obligaciones.

tribuye a disuadir los delitos en prisión, desde la prisión y después de ella. Cambio conceptual de Readaptación a Reinserción

• Desplaza el objetivo de la pena del estudio y pretensión de modificar la personalidad de la persona considerada desviada, al restablecimiento del vínculo entre una persona responsable y la sociedad.

El discurso oficial en torno a la reinserción opera sobre la base de ensalzar las virtudes del tratamiento penitenciario (valoración criminológica a cargo de equipos multiprofesionales, clasificación, plan de actividades, progresión y/o regresión de grado, etc.), y busca, mediante técnicas más o menos sofisticadas de modificación de conducta, corregir o reorganizar aquellos aspectos de la personalidad del recluso que se supone están en la base de su comportamiento desviado o criminógeno. Pero a pesar de ello, la causa que origina la mayor parte de los deli-

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tos que acaban purgándose en la cárcel no se encuentra en ninguna alteración de la personalidad que deba ser reformada, sino en la marginación social de origen que padecen los propios reclusos y sus familias, porque más bien serían estas condiciones sociales de partida las que habría que modificar y transformar de raíz. Pero, claro está, en este nivel, nada puede pretender hacer la administración penitenciaria actual. Esto explica que, en la práctica, el tratamiento penitenciario y la reinserción social, que deberían ser el objetivo principal a perseguir, se conviertan de hecho en simples medios, y terminen por ser usados como instrumentos al servicio del mantenimiento del orden, la seguridad y la disciplina dentro de la cárcel. Artículo 21. La ejecución de las sanciones penales La parte complementaria de la Reforma al Sistema Penitenciario Mexicano corresponde a la ejecución de las sanciones penales y al efecto es preciso transcribir el párrafo tercero del artículo 21 Constitucional: “La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial…” Anteriormente a la Reforma Constitucional de 2008, la modificación y duración de

las sanciones penales (penas y medidas de seguridad) estaban al arbitrio del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social –el cual por cierto, a 6 años de la Reforma aún conserva el nombre de “Readaptación Social” como prueba del desdén de las mismas autoridades penitenciarias encargadas de la transición e implementación del nuevo Sistema de Reinserción Social-, pero ya no más, el jugoso negocio de los beneficios preliberacionales ha salido de sus manos. La lógica nos dice que si el Órgano Jurisdiccional impone una sanción penal, éste mismo debiera ser quien modifique las condiciones (aspecto espacial) y términos de cumplimiento (aspecto temporal) de la misma, pero desgraciadamente la “ilógica” es lo que caracteriza a nuestro país a la luz de la comunidad Internacional por desgracia. Las funciones que les corresponden a los jueces de ejecución se refieren a la “ejecución de lo juzgado”, de modo tal que debe vigilar que la sanción se cumpla estrictamente, conforme a lo establecido en la sentencia de condena. Por tanto, les corresponderá a los jueces de ejecución, entre otras funciones, la aplicación de penas alternativas a la de prisión, la concesión de beneficios o el lugar donde se deba extinguir la pena.

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Con lo anterior, se trata de transformar el Sistema Penitenciario, ya que las funciones del juez de ejecución implican que su atribución competencial acepte el sometimiento pleno y total a la revisión y control jurisdiccional del conjunto de las actuaciones que pueden darse en el cumplimiento de las penas, complementando así la totalidad de las facetas que componen el proceso penal Acusatorio, Adversarial y Oral hasta la ejecución de las sanciones impuestas. La (no) entrada en vigor de la Reforma Penitenciaria La Anomia Penitenciaria El artículo quinto transitorio del Decreto de Reforma Constitucional del 18 de junio de 2008 establece que el nuevo Sistema de Reinserción previsto por el artículo 18, así como el régimen de modificación y duración de la penas establecido en el artículo 21, en-

traría en vigor cuando lo establezca la legislación secundaria correspondiente, sin que pueda exceder del plazo de 3 años contados a partir del día siguiente de la publicación de dicho Decreto, es decir, a más tardar el 19 de junio de 2011. A más de 3 años de que feneciera el plazo para que se estableciera una Ley Nacional de Ejecución de Penas, algunas Entidades Federativas del país, al ver la inactividad o poco interés del Congreso de la Unión para legislar al respecto, decidieron ponerse a trabajar en su legislación de ejecución de penas local, y en otros casos, seguir aplicando la que ya tenían con anterioridad a la reforma, pues no era pretexto el que no existiera al 19 de junio de 2011 la legislación nacional o única en materia Penitenciaria para seguir con la ejecución de las penas, máxime en aquellos Estados en donde ya se encuentra implementado el sistema de Justicia Penal Acusatorio, Adversarial y Oral,

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porque, ¿Qué utilidad tendría el hacer gala de contar con la legislación procesal novedosa, apegada a la Reforma Constitucional, en la que se respetan los Derechos Fundamentales, principios, derechos y demás instituciones del Proceso Penal Acusatorio si se quedarían a mitad del camino al no contar con la legislación que se encargue de la ejecución de la sentencia? De nueva cuenta volveremos a mencionar que solo aquí podemos esperar lo “ilógico”. “La reforma indica que la prisión preventiva debe utilizarse como último recurso para reincidentes, delitos graves y delincuencia organizada, entre otros. La idea central es no seguir saturando las prisiones. Adicionalmente, se crearon nuevos mecanismos (medios alternos) para la resolución de conflictos tales como la mediación y conciliación. Igualmente, se prevé la figura de juez de ejecución de sanciones penales. Conforme a la reforma para lograr las modificaciones y cambios pertinentes al sistema penitenciario se estableció como fecha límite junio de 2011; pero, hasta la fecha no se han realizado en la mayor parte de los estados. Es decir las prisiones siguen igual desde una visión jurídica…” (BARRON CRUZ, 2012)

Capítulo Segundo. Análisis del Proyecto de Ley Nacional de Ejecución Penal. Avance o retroceso Exposición de motivos Disposiciones generales El proyecto de decreto por el que se expide la Ley Nacional de Ejecución Penal, en su exposición de motivos hace alusión al establecimiento de una perspectiva humanista, 32

garante de los Derechos Humanos de los reclusos en franca observancia a los Instrumentos Internacionales no solo en la ejecución de las penas, sino también en la prisión preventiva –como medida cautelar-, y en la detención con fines de extradición. Así mismo, expresa erróneamente que la evolución del término “Reinserción” se refiere al tránsito de un “Derecho Penal del autor” a un “Derecho Penal del acto”. Al efecto, resulta pertinente analizar el siguiente fragmento que forma parte del texto de la exposición de motivos del citado proyecto de Ley: “…La consecuencia común de considerar a la persona responsable como moralmente degradada o psicológicamente afectada, bajo los respectivos paradigmas anteriores, fue la de convertirle en objeto de un “tratamiento”. Al considerar a la persona responsable como la causante de una ruptura con el orden social, el desarrollo constitucional reciente asume una situación más objetiva que puede permitir superar tales atavismos. El cambio conceptual desplaza el objetivo de la pena del estudio y pretensión de modificar la personalidad de la persona considerada desviada, al restablecimiento del vínculo entre una persona responsable y la sociedad; un vínculo cuya ruptura ha sido constatada por el sistema de justicia penal y debe resarcirse bajo criterios igualmente jurídicos –no terapéuticos–, a través de la privación o restricción coactiva, de manera acotada y controlada, de bienes jurídicos, en la que la persona ya no es más objeto, sino sujeto de derechos y obligaciones. Este cambio conceptual trae consecuencias prácticas importantes, como la diferencia que, por ejemplo, existe entre la atención psicológica que se preste a una

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persona privada de la libertad con fines de servicio –bajo el modelo de la reinserción–, y la intervención con fines correctivos de psicólogos y psiquiatras estatales en la vida de la misma persona –bajo el enfoque de la readaptación. Al prescindir de cargas extrajurídicas, el concepto de reinserción social se armoniza con el principio de presunción de normalidad la persona infractora en el sentido de que las normas penales están dirigidas a personas que comprenden la consecuencia de su conducta, es decir, personas imputables y, por tanto, responsables de sus actos. En este sentido, reinserción social se traduce en el restablecimiento pleno de los derechos de una persona tras el cumplimiento de la pena con satisfacción de estándares constitucionales. En efecto, la decisión de delinquir radica

en el libre albedrío tanto de las personas que han delinquido, como de las que no lo han hecho; de ahí la cautela del lenguaje constitucional al establecer que los medios para la reinserción de la persona que ha delinquido tienen como propósito “procurar que no vuelva a delinquir”. Con ello, el sistema de justicia penal no responde por la transformación de las personas, sino por la creación de condiciones dignas y seguras en la prisión. Estas condiciones sin duda pueden contribuyen a disuadir los delitos en prisión, desde la prisión y después de ella…” De lo anterior se desprenden los siguientes aspectos:

• Erradicación del Tratamiento Penitenciario;

• Menosprecio de la Criminología en gene-

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ral y en específico de la Criminología Clínica;

• Inobservancia de las Reglas Mínimas de la ONU para el Tratamiento de los Reclusos, vigentes en México;

• Degeneración de las teorías de la ley penal, del delito y de la pena;

• Desconocimiento de la historia y evolución del Derecho Penitenciario Mexicano;

• Carencia total de técnica legislativa; • Total incongruencia de la realidad social con las ideas adquiridas en los “tours legislativos” característicos de los legisladores mexicanos; y

• Preponderancia de intereses oscuros en perjuicio de la aplicación de la reinserción social. De nueva cuenta volvemos a la ilógica”. Bases mínimas para la operación del Sistema de Reinserción Social En el ámbito administrativo, se prevé la separación de los centros. Uno de extinción de penas y uno de prisión preventiva, cada uno con una dirección correspondiente como autoridad responsable de su organización y operación y los comités disciplinarios, responsables de la determinación de este tipo de sanciones administrativas en su interior. En el ámbito judicial, la creación de jueces y tribunales de ejecución, quienes resolverán las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal. En este sentido las y los jueces no tendrán funciones de vigilancia penitenciaria propias de los organismos públicos de protección a los derechos humanos y, por el contrario, tendrán plena jurisdicción para resolver las distintas contro34

versias en materia de ejecución penal. De acuerdo con esta iniciativa, se dejaría en la exclusiva competencia de las y los jueces y tribunales del proceso aspectos de la ejecución de las penas que no son regulados en la misma, tales como el decomiso de instrumentos, objetos o productos del delito; amonestación; apercibimiento, caución de no ofender, suspensión o privación de derechos, publicación especial de sentencia, inhabilitación, destitución o suspensión de funciones o empleos, vigilancia de la autoridad, suspensión o disolución de sociedades, decomiso de bienes correspondientes al enriquecimiento ilícito y el cumplimiento de penas similares que no impliquen la pena de prisión o la intervención continua o continuada de autoridades administrativas en auxilio de los poderes judiciales. Igualmente quedarían como de la competencia de jueces y tribunales del proceso la que las leyes les asignan en materia de:

• La determinación, cuantificación y exigibilidad de la reparación del daño a la víctima del delito.

• El aseguramiento, custodia, depósito, adjudicación, entrega, remate, decomiso y devolución de bienes relacionados con los procesos penales.

• Traslación de tipos penales. • Extinción de la pena por otorgamiento del perdón, y reparación del daño.

• La autorización de extradiciones activas y pasivas de personas privadas de la libertad en cumplimiento de los tratados internacionales en la materia.

• Las órdenes para inscripciones registrales y su cancelación.

• Reconocimiento de inocencia.

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• La autorización de traslados nacionales

• Las similares a las anteriores. De esta forma la competencia de jueces y tribunales de ejecución se centra en:

• Las controversias que con motivo de la aplicación de la pena de prisión y la prisión preventiva surjan entre las personas privadas de la libertad y las autoridades auxiliares que la aplican.

• Las controversias que surjan entre las personas vinculadas a un proceso penal o sentenciadas, por medidas o penas que implique la intervención continuada o permanente de la autoridad administrativa auxiliar.

• La conmutación y reducción de sanciones con motivo de la aplicación retroactiva benigna de la ley penal.

• La reducción de la pena de prisión por motivos de conducta durante su ejecución.

• a instrumentación de dispositivos de localización y vigilancia decretada por los jueces y tribunales del proceso.

• El cumplimiento de las amnistías concedidas de acuerdo con la ley.

con base en los convenios celebrados entre la Federación y las entidades federativas.

• La autorización de traslados internacionales con base en los tratados respectivos. Por su parte, quedarían dentro de la competencia concurrente de jueces y tribunales del proceso y de jueces y tribunales en materia de ejecución penal el otorgamiento de los sustitutivos de prisión de tratamiento en libertad, semilibertad, trabajo a favor de la comunidad, o reclusión domiciliaria, según se resuelva sobre ellos en la individualización de la sentencia o durante su ejecución. En los casos no previstos, la competencia de jueces y tribunales de ejecución será residual respecto de los jueces y tribunales del proceso, salvo que por su naturaleza corresponda a las y los jueces de ejecución. Las controversias sobre competencia se resolverán por los tribunales colegiados de circuito. Principios mínimos en la ejecución de sanciones penales Los principios mínimos sobre los que debe descansar la Reforma en materia Penitenciaria son los siguientes: Debido proceso. Como todos los procesos en el país, el de ejecución debe estar ajustado a la Constitución como base primordial, y a todas las leyes de la materia, la ejecución debe darse sobre la determinación de la sentencia que dicta la autoridad judicial. Dignidad. El respeto a la dignidad humana debe ser considerado como la base para la ejecución, no se pueden afectar los derechos de los sentenciados no limitados, o

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suspendidos por la propia sentencia. Igualdad. Entre los sentenciados no debe haber trato desigual por razón de origen étnico, raza, idioma, género, edad, discapacidad, condición social o económica, religión, ideologías partidistas, preferencias, estado civil. Ejercicio de derechos. Se refiere a la posibilidad de ejercer todos aquellos derechos civiles, sociales, económicos y culturales que los sentenciados tienen como personas, exceptuándose aquellos que son incompatibles con el sentido de su sentencia, o que fueren restringidos por la norma constitucional. Los sentenciados podrán ejercer durante la ejecución de la pena, los derechos que las leyes penales, penitenciarias y los reglamentos les otorgan. Trato humano. La integridad física, psíquica, moral y la dignidad de las personas sometidas a sanciones penales, no debe ser limitada o violentada mediante tratos crueles o inhumanos. Jurisdiccionalidad. Es el juez de ejecución el encargado de garantizar que la ejecución de las penas y las medidas de seguridad se ejecuten en los términos de las sentencias, debiendo resolver la procedencia de las mismas sobre lo que determina la ley. Celeridad. Los actos procesales deben

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desarrollarse con la premura y prontitud que el mismo estado de la ejecución de la pena exija. Inmediación. Es la observancia directa del juez de ejecución, con la participación de las partes, sobre la que deben llevarse a cabo todas las audiencias y actos procesales que sean necesarios en el procedimiento de la ejecución de las penas. Esta facultad no puede delegarse por el juez en otras personas o funcionarios. Confidencialidad. Sólo las autoridades competentes, y las partes directamente interesadas, podrán enterarse del contenido de los expedientes de las personas sujetas a ejecución de penas, su manejo y custodia deben realizarse con el cuidado correspondiente. Resocialización. El objetivo del sistema de ejecución de penas debe ser que el sujeto a la pena, respete la ley procurando en todo momento su reinserción a la sociedad. Gobernabilidad institucional. Deben existir las medidas de protección necesarias para que exista seguridad en los centros penitenciarios, considerando a los internos, al personal, a los visitantes, y a las personas que viven cerca de las penitenciarías. Defensa. Durante el tiempo que dure la pena, el sentenciado tiene derecho a una defensa técnica, que además podrá proporcionarle asesoría jurídica en relación con los trámites, incidentes del régimen penitenciario. Los sentenciados podrán plantear ante la autoridad que corresponda las observaciones que, con fundamento en las reglas, estimen convenientes.

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Ley benigna. En caso de que entre en vigencia una ley más benigna sobre la pena impuesta o las condiciones de su cumplimiento, el juez de ejecución debe advertirlo y pronunciarse al respecto. Cómputo preciso. Siempre, al hacer el cómputo de la pena, debe descontarse el tiempo durante el cual el sentenciado estuvo en prisión preventiva o en arresto domiciliario, en caso de error en la cuenta, siempre podrá modificarse para no actuar en perjuicio. En la ejecución de las penas, deben coexistir todos los principios, pues no pueden ni priorizarse ni extinguirse unos a favor de otros. No obstante, debemos atender al sentido estricto de la naturaleza de la necesidad de combatir la crisis del Sistema Penitenciario y no quedarnos solo con los postulados filosóficos que pretenden instaurar en perjuicio de los avances científicos en cuanto al Tratamiento Penitenciario se refiere. Humanismo vs Criminología. ¿Dónde queda el Tratamiento Penitenciario? Hemos de recordar que por naturaleza el hombre nació para ser libre y por ende, la libertad se erige como un Derecho Humano esencial, empero, quien ingresa a una prisión va a padecer la transformación en el que deja de ser humano para convertirse en una categoría legal, en un caso, en estadística. Entonces el castigo recaerá sobre una persona que cometió un acto de desvalor (antijurídico), pero la punición – entendiéndose a ésta como la fijación de la concreta privación o restricción de bienes al autor del delito-, recae sobre su vida y no redime jamás, es decir, vive estigmatizado y

revictimizado para siempre. En esta (i)lógica del “humanismo” es donde se encuadra simbólicamente el “criminal”, el delincuente, el desviado social. La carga simbólica que rodea y envuelve al criminal es tan fuerte que resulta imposible escapar a la atracción de este discurso criminológico “humanista”. (BAUDRILLARD, 1980) Al decir de Elias Neuman7, la cárcel está pensada para servir al control, social mediante la cosificación de la existencia, es decir, es un instrumento de control estatal donde más que existencia se refiere a la coexistencia a la sobrevivencia del recluso en un mundo subrepticio donde tiene que luchar por sobrevivir. A diferencia de lo que expresan los legisladores que elaboraron la propuesta de ley Nacional de Ejecución Penal, los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos en ningún momento sugieren prescindir del tratamiento penitenciario, ni mucho menos lo evidencian como “carga extrajurídica” sino que al contrario, las Reglas Mínimas de la ONU para el Tratamiento de los Reclusos – vigentes en la República Mexicana -, en su regla 60, dispone lo siguiente: “El régimen penitenciario debe emplear, tratando de aplicarlos conforme a las necesidades del tratamiento individual de los delincuentes, todos los medios curativos, educativos, morales, espirituales y de otra naturaleza, y todas las formas de asistencia de que puede disponer”. Y en su regla 63. 1, ordena: “Estos principios exigen la individualización del tratamiento que, a su vez, requiere un sistema flexible de clasificación en grupos de los reclusos. Por lo tanto, conviene que los grupos sean distribuidos en establecimientos distintos donde cada

7.- Lo refiere en su ensayo “La prisión como control, social en el neoliberalismo”.

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grupo pueda recibir el tratamiento necesario”. (PALACIOS PÁMANES, 2014) Corolario. La política criminológica en la Reinserción Social. Una tarea difícil La Criminología ha ido evolucionando con el devenir histórico, sus distintas visiones e interpretaciones del hombre y del mundo social. Es decir, históricamente ha cambiado de referentes epistemológicos y discursivos: científicos, éticos, políticos y filosóficos, cargando la acentuación sobre un tipo de discurso más que otro, siempre condicionado por procesos históricos, políticos, económicos y subjetivos. No obstante, uno de los rasgos característicos que constituyen a la Criminología como ciencia social, consiste en la presencia del discurso político y ético que compone la estructura y metodología de su estudio. A partir de dicho discurso es que surge una nueva concepción, la Política criminológica, cuyo campo de acción ya no será más en el ámbito de la seguridad pública (PAVARINI, 2006) (política criminal) sino

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en el ámbito de la seguridad ciudadana, pues precisa de un nuevo análisis, un nuevo método hermenéutico-analítico, donde la interpretación y concepciones sean innovadoras, críticas y fructíferas, dándose la posibilidad incluso que se llegue a su disolución o superación. (ZAFFARONI, 2003) Es en este campo de acción donde podemos estudiar las vicisitudes de índole criminológicas, deconstruyendo todos sus componentes para dilucidar una realidad político-social más plural, compleja y contingente, que permita tomar en consideración variables y datos sociológicos, filosóficos, antropológicos, políticos y éticos que no se tomaban en cuenta para el estudio de la criminalidad, la desviación y la delincuencia en sus distintas formas, y que hoy por hoy, son necesarios para comprender tal fenómeno dentro de este tipo sociedad. Sin duda alguna, un abuso de poder y un acto desprovisto de utilidad sería aprobar la propuesta de Ley Nacional de Ejecución Penal, ya que estaríamos ante un retroceso del penitenciarismo mexicano y mundial, pues simplemente estaríamos dejando al aban-

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dono a los reclusos del país, más que estigmatizados, ahora llenos de incertidumbre respecto de la finalidad de su encierro, además de que estaría os desterrando a la Ciencia Criminológica de nuestro Derecho Penitenciario. Respecto de lo expresado en el presente trabajo, es prudente mencionar que Sergio García Ramírez es muy puntual al expresar: “…Hemos creado un sistema penal que es el reflejo de lo que somos, y aspiramos a crear otro —sobre las ruinas de éste o desde sus cimientos— que sea la insignia de lo que pretendemos…”

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http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/ Comunicacion/Agencia-de-Noticias/2014/ Febrero/05/5684-Turnan-diputados-al-Ejecutivo -federal-el-Codigo-Nacional-de-Procedimientos -Penales-para-su-promulgacion-tras-aprobarloen-lo-general-y-en-lo-particular. GOBERNACIÓN, S. D. (13 de OCTUBRE de 2008). http://www.dof.gob.mx/index.php? year=2008&month=10&day=13. GOBERNACIÓN, S. D. (2014). DECRETO por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales. Distrito Federal: DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. JAKOBS, G. (2003). Derecho Penal del Enemigo. Madrid, España: Civitas Ediciones S.L. OLSON, G. (4 de marzo de 2014). Peña Nieto promulga el Código Nacional de Procedimientos Penales. Excelsior, pág. portal electrónico. PALACIOS PÁMANES, G. S. (2014). La inciativa de la Ley Nacional de Ejecución Penal a juicio. El mundo del Abogado. PAVARINI, M. (2006). Seguridad frente a la criminalidad y gobierno democrático de la ciudad. Distrito Federal: Ediciones Coyoacán. PÚBLICA, S. D. (OCTUBRE de 2008). PLATAFORMA MÉXICO. Recuperado el 17 de MARZO de 2014, de http://scm.oas.org/pdfs/2008/ RM00021T.pdf ZAFFARONI, E. R. (2003). Criminología, aproximación desde un margen. Bogotá, Colombia: Temis.

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Revista TEMA’S Año Iv - Número 27 — Enero de 2015

CRIMINOLOGÍA Y SEGURIDAD

LIBROS

ARGENTINA

NOVEDADES “MANUAL DE NEGOCIACIÓN CON REHENES” TOMOS I y II

Osvaldo A. Cuello Videla El tomo I del manual trata sobre el “Gerenciamiento y Administración de Crisis de Alto Riesgo” y contiene toda la información que irá definiendo paso por paso cómo es la mecánica de un evento crítico, cuáles son las consecuencias de las crisis, cómo actúa la tensión inicial, cómo controlarla efectivamente para comenzar a negociar, cómo organizar (y formar) un equipo de elite para la administración de crisis y las acciones básicas para resolver un evento de alto y altísimo riesgo. El segundo tomo aborda directamente los temas vinculados a la negociación con rehenes y negociación en crisis. Cómo se organiza el equipo y qué funciones cumplen sus integrantes. Principalmente desarrolla cómo debe ser la comunicación y cómo comenzar a negociar el manejo de las demandas y la liberación de rehenes. Conocerás cómo llevar a cabo la negociación propiamente dicha en función de los tipos de sospechosos y aprenderás cómo perciben ellos la realidad y cuál es el proceder táctico del negociador de rehenes. Esta segunda parte contiene todos los secretos acerca de la negociación para la liberación de rehenes y en situaciones críticas, y las tácticas eficaces para negociar cara a cara, por teléfono, por altavoz, a través de un tercero, como manejar los deseos y la conducta de los sospechosos; aplicando técnicas probadas y eficaces en hechos reales; todo ello avalado por las vivencias de un negociador con experiencia en la intervención de eventos críticos y tomas de rehenes. Próxima Edición

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LIBROS

ARGENTINA

NOVEDADES COLECCIÓN “SIN PIEDAD” Vol. II ASESINOS MÚLTIPLES 2: “Asesinos Seriales” Susana García Roversi OPINIÓN: Sin Piedad es evidentemente el reflejo de un descomunal trabajo de Investigación. Nos brinda con generosidad y claridad un amplio conocimiento criminológico, partiendo del sustento teórico, vasta y didácticamente desarrollado desde los distintos enfoques con una claridad magistral y enriquecido con la crítica fundada de la Dra. García Roversi; Los relatos de vida y análisis particular de cada caso resultan claramente organizados, lo que implica una lectura grata, despiertan el interés por conocer la complejidad de cada uno de esos individuos y refuerza la idea de la autora que plantea "El ser humano y las complejidades de su mente rompen las estadísticas y luego, resulta demasiado tarde; nuevamente muchas vidas inocentes son cercenadas". Es un libro para que los estudiantes de Criminología se inicien en el conocimiento acabado de los Asesinos Múltiples y que los Criminólogos en ejercicio cuenten con un valioso material de Consulta permanente. Valioso para leerlo desde la primera a la última página pero también apto para abrir en una página al azar e imbuirse de cada una de estas trágicas historias. En síntesis, un libro absolutamente recomendable para la biblioteca de todo criminólogo y para ser tomado como referencia por los profesores de Criminología. Lic. Sixto Ramón Ramírez (Arg.)

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LIBROS

ESPAÑA

NOVEDADES ASPECTOS CRIMINOLÓGICOS EN MATERIA DE SEGURIDAD VIAL

Coordinado por Juan Antonio Carreras Espallardo Una obra única en materia de Seguridad Vial. Puede definirse la Criminología Vial como una disciplina encaminada al estudio y prevención de los delitos contra la seguridad vial y a la resolución de todo conflicto que surja tras un siniestro vial; actuando sobre los comportamientos delictivos o desviado dentro de las vías, a la restitución de la víctima a su estado original; haciendo hincapié en las formas de control social, tanto formal como informal y a la reacción social que causan los siniestros viales. Así, este manual explora a través de sus 21 capítulos y desde las diferentes vertientes aportadas por los autores que han contribuido a hacer posible este volumen, los diferentes aspectos que la criminología vial puede aportar en pro de la prevención, todo ello coordinado por el criminólogo, periodista y policía español Juan Antonio Carreras Espallardo (Miembro de nuestro Comité Editorial)

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LIBROS

ESPAÑA

NOVEDADES

CIEN VERDADES Y UNA MENTIRA Juan Antonio Carreras Espallardo Cien verdades y una mentira es un compendio de artículos relacionados con el mundo policial, las ciencias criminológicas, la seguridad vial y el ámbito periodístico. Pero no solo eso, a lo largo de cien verdades el lector encontrará algún relato y poesía, fruto de la pasión frustrada de su autor, que siempre admiró estos dos géneros. La mentira queda reservada para el final. A diario, cuando encendemos el televisor, oímos la radio o leemos el periódico podemos comprobar, por las noticias, que las normas son cambiantes, las costumbres varían y no en pocas ocasiones, generando un debate en la sociedad que hasta hace dudar a los más expertos. En temas de tráfico es raro el año que no se reforme alguna cuestión relacionada con la Ley de Seguridad Vial, lo mismo ocurre en el mundo policial con temas de seguridad. Además, los sucesos más actuales han despertado el interés del criminólogo, que puede aportar sus conocimientos al procedimiento policial y/o judicial. Y muy relacionado con este mundo policial está el periodismo de investigación, un género en peligro, como el periodismo en general, si no se respetan unas normas de ética mínimas por parte de todos. Cien verdades y una mentira trata de dar respuesta a muchas dudas que surgen tanto en los ciudadanos como en los profesionales y que su autor ha tratado de forma directa, sin faltar al respeto, pero señalando los puntos débiles y en un lenguaje ameno. Habrá lectores que se sientan identificados en cada una de las figuras que conviven en las cien verdades: policías, criminólogos, educadores, políticos, periodistas, estudiantes, víctimas de siniestros, jueces... y público en general, e incluso en la mentira. 44

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CRIMINOLOGÍA Y SEGURIDAD

LIBROS

ESPAÑA

NOVEDADES

“CRIMINOLOGY AND FORENSIC PSYCHOLOGY” Coordinado por Eva María Jiménez González y José Luis Alba Robles Les compartimos un adelanto de la obra que saldrá a la luz este mes, coordinada por nuestros amigos EVA MARÍA JIMÉNEZ GONZÁLEZ Y JOSE LUIS ALBA ROBLES (Miembro de nuestro Comité Académico) Una de obra con la participación de autores de 11 nacionalidades: Portugal, Argentina, Grecia, Australia, Italia, Estados Unidos, Colombia, Cuba, Canadá, Reino Unido y España.

La obra más internacional publicada hasta ahora. Una publicación de WATSON CONSULTORES

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LIBROS

MÉXICO

NOVEDADES CRIMINALIDAD ORGANIZADA ESTUDIOS INTERNACIONALES

Coordinado por Juan José Martínez Bolaños

P

recisamente uno de los mayores retos de la Criminología es el estudio, prevención y tratamiento de la criminalidad organizada. Las sociedades del mundo se ven amenazadas por este tipo de criminalidad que además es transnacional. Los países enfrentan, cada quien en su contexto, las consecuencias que la delincuencia organizada ha provocado en su economía, salud pública, seguridad o medio ambiente, etcétera. La presente obra se trata de un trabajo colectivo que tiene precisamente a ésta como tema central.

COLABORADORES : JOSÉ ARIEL RETANA CANTÚ, KARLA VILLARREAL SOTELO (México), JOSEPH EMERSON CCAZA ZAPANA (Perú), PATRICIA ANDREA TAUS (Argentina), WAEL HIKAL (México), DOTTORE ROBERTO MUSOTTO (Italia), IRAEL ESTRADA CAMACHO (México), JUAN ANTONIO CARRERA ESPALLARDO (España), OSVALDO A. CUELLO VIDELA (Argentina) y MANUEL ALEJANDRO VÁZQUEZ FLORES MÉXICO (México)

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MÉXICO

NOVEDADES CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES EN PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Juan Antonio Maruri Jiménez Una herramienta didáctica para el conocimiento del Proceso Penal Acusatorio y Oral derivado del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicado el 18 de junio de 2008 y del Código Nacional de Procedimientos Penales publicado el 5 de Marzo de 2014.

Esta obra se compone de 592 preguntas a las cuales se les da respuesta con el texto puro e íntegro del Código Nacional de Procedimientos Penales –incluyendo los artículos transitorios-. Como herramienta didáctica resulta muy interesante adentrarnos al conocimiento del texto plasmado por el legislador en el ordenamiento procesal penal Nacional, ya que a través de la estructura de las preguntas planteadas se pretende subsanar la redacción del articulado para lograr una adecuada transmisión del conocimiento, pues una sociedad mejor informada será la clave para una mejor implementación y funcionamiento del Sistema Procesal Acusatorio y Oral.

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MODELO DE TRATAMIENTO EN INGENIERÍA ORTOCONDUCTUAL PARA LA RESOCIALIZACIÓN PENITENCIARIA: PROPUESTA PARA MICHOACÁN, MÉXICO 48

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CRIMINOLOGÍA Y SEGURIDAD

Agustín Salgado García (México) [email protected]

Licenciado en Derecho, Psicólogo Educativo, Diplomado en Seguridad Nacional, Diplomado en Seguridad Pública. Fundador y Presidente del Consejo de Directores de la Academia Mexicana de Psicopedagogía Jurídica. Ex director de Centros Preventivos (Prisiones) en el Estado de Michoacán, México. Miembro de la Sociedad Mexicana de Criminología Capítulo Nuevo León. Ex director de Investigación del Instituto de Ingeniería Política, Puebla, México.

Escríbanos a [email protected]

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del delito (prevención secundaría), la cual debe lograrse mediante la resocialización del delincuente, para posteriormente lograr la reinserción social.

1. Proemio El estudio del delincuente requiere de una intervención multidisciplinaria ya que es un fenómeno multifactorial; resultando lógico que el tratamiento del delincuente obedezca a una diversidad de análisis por parte de la Ingeniería ortoconductual, la cual en su aplicación de estrategias de Ortoconducta, involucra a las diversas ciencias y disciplinas científicas encargadas del estudio de la conducta (desde diversos ámbitos), criminología, psicología, psiquiatría, andragogía, pedagogía, sociología, filosofía, neurofisiología y endocrinología, por mencionar tan solo algunas, las cuales son complemento de un mismo fin: la reinserción social. Nuestro sistema penitenciario tiene como finalidad la prevención 50

La ortoconducta, debe ser entendida como la transformación de conductas antisociales y la prevención de estas, lo que evidentemente no es posible tan solo con la base de organización consignada en el artículo 18 constitucional, y cito: “El sistema penitenciario se organizará sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir…” Estos aspectos, influyen de manera importante, pero no son acciones diseñadas para la transformación (socialmente aceptada) del sentenciado. Es innegable que las bases constitucionales señaladas son de in-

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gente valor para la reinserción del delincuente, sin embargo, lo que se requiere es su resocialización. La ortoconducta debe ser ejercida por profesionales en el estudio y tratamiento de la conducta humana. La falta de estos aspectos en el sistema penitenciario en nuestro país, es lo que ha provocado en gran medida la falta de resultados favorables en la resocialización y reinserción del delincuente. Los programas de tratamiento de la conducta, deben ser resultado de una política criminológica estructurada y diseñada para la prevención; dirigiéndose directamente al núcleo de la conducta que deberá ser transformada. Hasta el momento dicha transformación se ha originado espontáneamente de manera nociva, carente de una estructura sistematizada, sin que se sometan a evaluación los programas, además de que no se ejerce una vigilancia integral del sistema penitenciario. La esencia del sistema penitenciario son los programas, debiendo estar encaminados a lograr la resocialización; siendo la falta de estos, uno de los factores más importantes que hacen de la prevención y de la resocialización una gran utopía; la mayoría de los casos la ausencia de resocialización obedece a que los sentenciados no son sometidos a tratamiento, por la falta de programas. El diseño y ejecución de los programas tendientes a la búsqueda de la resocialización del delincuente, deberá estar a cargo de profesionales que se encuentren en campo, para lo cual deberá contarse con personal profesionalizado en ortoconducta, en cada una de las ciencias y disciplinas científicas; mismos que deberán estar coordina-

dos y actuar como un solo ente a pesar de la diversidad de enfoques. El fracaso inminente del actual sistema penitenciario se manifestó de inmediato, desde su puesta en marcha, esto es evidente, por los resultados de transformación de los delincuentes, en delincuentes más especializados en sus actividades delictivas estructuradas y complejas, que una vez surgidas es difícil desintegrar, pues cuando se ha “cortado una cabeza”, ya existen más de una para ocupar ese espacio. Por otro lado, el trabajo como actividad penitenciaria, por sí solo no representa la garantía de ortoconducta, en el génesis de implantación del trabajo en los sistemas penitenciarios, en cierta medida se hizo con el propósito de castigar al delincuente, pero además tuvo la finalidad de contar con mano de obra barata. Hasta el momento no se tiene conocimiento preciso de que el trabajo haya resocializado al delincuente, ya que no combate directamente el problema de conducta que presenta el sentenciado. El trabajo aunque es importante en la resocialización, en la práctica funciona más como medio de control de los internos. Con esto no se pretende que el trabajo sea eliminado del sistema, por el contrario existe la convicción de que es de gran utilidad. Empero, la ortoconducta no puede tener como uno de sus pilares de transformación el factor “trabajo”, tal como lo consigna nuestra carta magna, sin embargo, es un complemento de ingente valor en las estrategias de la ortoconducta. Para los fines de la resocialización del sentenciado, la educación y la capacitación para el trabajo, cumplen su función de transformación de manera más acertada en comparación con el trabajo, pues de las bases en las que se organiza el sistema peni-

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tenciario, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la educación y la capacitación aplicada de manera correcta, mediante programas y tratamientos especializados pueden arrojar resultados favorables. Los otros factores como la salud y el deporte son medios indispensables para el control de los internos, pero carecen del carácter de transformación de la conducta como se requiere para el caso del delincuente. Lograr la resocialización del delincuente será el resultado de la labor conjunta del Consejo Interdisciplinario de Análisis y Tratamiento de la Conducta Delictiva, constituido por los profesionales de la conducta (que ya fueron mencionados). El artículo 18 constitucional, señala que el objetivo de la pena, expresamente no es el de castigar al sentenciado, sino el de transformar su conducta y lograr su reinserción social, con el firme propósito de no volver delinquir nuevamente (prevención secundaria). A partir de este punto, la punición adquiere un carácter de tecnología de la transformación de la conducta; es de gran importancia concretar este aspecto, porque de esta manera actualmente estamos ante un acto desfasado, entre la aplicación de la pena (el tiempo en prisión) y la aplicación del tratamiento (el tiempo en que se muestren rasgos auténticos en la transformación de la conducta). Bajo estas limitaciones que establece nuestro sistema jurídico en materia penal, se complica aún más la aplicación de tratamientos, sin embargo, esto es posible, contándose con la alternativa del trata-

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miento en libertad o del tratamiento postpenitenciario. En algunos casos la aplicación y ejecución de tratamientos puede ser llevado a cabo en libertad, sea por la conmutación de la sanción o en el caso en que se aplique alguna de las otras penas que no son privativas de libertad. Lo cual requiere que se establezcan los mecanismos para el tratamiento en libertad, pretendiendo con esto suplir de alguna manera el acto desfasado entre la pena privativa de libertad y el tratamiento. La personalidad de cada sujeto es única, aunque tengan ciertas similitudes no son idénticas una persona con otra (esto es evidente); es así como también la cuantificación judicial de la aplicación de la pena, debe ser acorde con los rasgos de personalidad del presunto delincuente, a partir de este punto se debe precisar el tipo de pena y el tiempo que deberá comprender su ejecución; la clasificación del delincuente y por ende el tratamiento de ortoconducta al que será sometido depende de su personalidad. Se ha insistido en resaltar de manera importante la individualidad del delincuente, es decir, que se debe tener en consideración, la compleja constitución dual de la esencia humana (lo tangible y lo intangible), bajo esta premisa es que se debe atender el análisis y tratamiento de programas de ortoconducta que corresponda a cada caso, de conformidad al propio contexto del entorno y desarrollo del delincuente. Por su parte, la importancia que reviste la clasificación de los sentenciados, estriba en la estrategia del tratamiento individualizado en prisión. Para tal clasificación se debe tomar como base los resultados de estudios preliminares, que para tal efecto deberá emitir el Consejo Interdisciplinario de

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Análisis y Tratamiento de la Conducta Delictiva. Dicha clasificación servirá también para evitar la transformación del delincuente de manera nociva, como se ha desarrollado hasta el momento. La estabilidad y tranquilidad de un establecimiento penitenciario, es primordial para que la totalidad del personal realice sus funciones fuera de riesgos y peligros, aunque es preciso señalar que en estos tópicos se mantiene un estado latente de riesgo y vigilancia, pues la seguridad debe prevalecer a cada instante, no de manera intermitente o aparente, -como sucede en la práctica- por el contrario esta debe ser constantemente; pues de otro modo no se tendrán las condiciones necesarias, para que se trabaje sobre la ortoconducta. Deberán atenderse todos los aspectos de seguridad desde instrumentos, infraestructura, sistematización, funcionalidad y de manera muy especial el elemento humano. Resultando este último el más vulnerable la mayoría de las veces. Un elemento que ha resaltado por encima del fracaso del sistema penitenciario, es la falta de un Órgano Interinstitucional de Vigilancia de la Política Criminológica. Por lo que es de ingente necesidad la creación de dicho órgano; se sugiere que este colegiado este constituido al menos por los siguientes miembros honorarios: Un representante de cada uno de los Poderes; Un representante de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; Un representante de la Sociedad Civil. Un representante de la Comunidad Académica. Un representante de los Medios de Comunicación.

Aunque es de reconocer que existen personas, que se resisten a los actos de corrupción, es indefendible la negación del fenómeno de la corrupción que irriga el sistema penitenciario de forma “devastadora”; que ha sido determinante en su mal funcionamiento y en la falta de resultados favorables, lo que la ciudadanía percibe de directamente con los altos índices de inseguridad. Si la corrupción sigue imperando en nuestro sistema, todo esfuerzo de su reestructuración integral será infructuoso, traduciéndose en un eminente fracaso. Consecuentemente el combate a la corrupción debe ser inexorable y frontal, para lo cual se requiere de voluntad conjunta para abatirla, implicando esto la aplicación de la ortoconducta en el personal penitenciario; basado en estrategias de acción como la disciplina, cambio de hábitos, cumplimiento irrestricto de la normatividad, estímulos y sanciones; todo esto bajo la fina lente de una vigilancia hacia la actividad de todo el personal, partiendo desde los directivos hasta los más modestos cargos en el sistema. Dicha vigilancia de la actividad de los funcionarios deberá estar a cargo del Órgano Interinstitucional de Vigilancia de la Política Criminológica. Otro de los aspectos que requieran especial atención, son los asesinos y los violadores seriales (psicópatas), hasta el momento existe un tratamiento efectivo, para la resocialización de este tipo de delincuente. Aunque no se han presentado con mucha incidencia, deberán diseñarse las estrategias jurídicas para su reclusión permanente, así como los tratamientos para su control. En el caso de miembros de la delincuencia organizada, es conveniente su total segregación y vigilancia constante; por su poder económico, corruptivo y de intimida-

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ción que los caracteriza, es necesaria la aplicación firme de las normas del establecimiento. Limitando a este tipo de delincuente en su comunicación con el exterior para mayor seguridad.

de la Política Criminológica, para lo cual se debe hacer uso de los medios de comunicación, con el objeto de que la ciudadanía conozca cómo funciona en realidad el sistema.

Existe la convicción de lograr la resocialización del delincuente, en centros que alberguen máximo cien internos, los cuales deberán estar debidamente clasificados; los establecimientos que cuentan con una capacidad mayor a este número, deberán ser divididos estructural y funcionalmente en pabellones independientes uno de otro, sin comunicación entre internos de distintos pabellones; esto facilitará su control y por ende la aplicación del tratamiento.

La dinámica evolución del sistema jurídico a nivel nacional y en concreto en nuestra entidad, exige la actualización funcional de las instituciones gubernamentales a efecto de estar acorde con las reformas constitucionales en materia de justicia penal de 2008.

Por otra parte es necesario transparentar la actividad penitenciaria y la aplicación

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2. Justificación

La “simulación” en la reinserción social del delincuente en el sistema penitenciario estatal, en nada contribuye a garantizar la tranquilidad que la sociedad espera de sus autoridades, aunado a la excitación jurisdiccional especializada en la ejecución de san-

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ciones, que comparte dicha “simulación”, ya que en la actualidad se carece de los programas de resocialización del delincuente, generalmente los “estudios de personalidad” que cada una de las áreas que conforman el Consejo Técnico Interdisciplinario, contiene datos aislados que además no son resultado de un análisis metodológico en la aplicación instrumental requerida, que permita diagnosticar, tratar, supervisar y dar seguimiento de las intervenciones especializadas de cada área, para evaluar y obtener un soporte técnico que permita conocer el nivel de resocialización y un posible pronostico de reincidencia delictiva. El modelo aquí planteado, esta diseñado para cubrir dichas exigencias pragmáticas, que deberán desembocar en el conocimiento sustentado del estudio y análisis de caso,

correspondiente a cada interno desde su ingreso al establecimiento penitenciario, hasta su externación por el otorgamiento de beneficios de libertad anticipada o libertad definitiva. Se requiere que cada área ensamble su intervención de manera sistemática, con las demás áreas involucradas delimitando claramente la función de cada una de éstas, respetándose y valorándose su labor. 3. Marco conceptual Se sabe que la aplicación de estrategias en diversos momentos de la vida del ser humano, pueden ser la base del desarrollo de la personalidad adaptado a la sociedad, para que no se muestre como enemigo potencial de ésta, pues deberá contribuir a la conservación y optimización de las institu-

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ciones que permiten una vida social adecuada. No obstante, el pensamiento del hombre es algunas veces materializado mediante actos que son nocivos a la sociedad y a su entorno, formándose individuos con resentimientos muy arraigados; así también, encontramos en la gran diversidad humana, personalidades caracterizadas por un carácter manipulable y manejable, con alta predisposición en la comisión de conductas antisociales. Respecto a este fenómeno, poco o nada, se ha hecho de manera tangible en nuestra sociedad, ya que no existen programas de prevención y tratamiento de conductas antisociales que permitan vislumbrar tales aspectos; que ocasionan graves problemas a

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los sujetos que las comenten, pero que laceran dolorosamente a quienes son víctimas de su comportamiento. Basado en los presupuestos antes expuestos, la Ingeniería Ortoconductual es concebida como la aplicación del conocimiento científico, en el análisis y tratamiento de la conducta del ser humano, en consecuencia debe ser entendida como se describe a continuación: Ingeniería Ortoconductual. Es el conjunto de estrategias epistemológicas, dirigidas al análisis y tratamiento de la conducta del ser humano, a efecto de encauzarlas hacia una adecuada convivencia social y la prevención de personalidades antisociales, con el propósito de lograr la ortoconducta de acuerdo con los contextos de aplicación.

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La ortoconducta es el medio para lograr la prevención y corrección de las conductas delictivas, es decir, la detección, la prevención y corrección temprana de conductas disóciales, que pudieran ser generadoras potenciales de conductas antisociales.

humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley.”

Por lo tanto, tenemos que la ortoconducta es el conjunto de acciones, encaminadas hacia la prevención y modificación de la personalidad disóciales y antisocial, además de aquellas conductas socialmente inaceptadas.

Así mismo la legislación secundaria contenida en la Ley de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Michoacán de Ocampo (LESPEMO), en el artículo 33 señala:

La ortoconducta es el resultado esencial inmediato de una correcta aplicación de la Ingeniería Ortoconductual, ésta última es el medio por el cual se deberá lograr la prevención y modificación de la conducta de los sujetos con problemas de este tipo, sin importar la edad y el contexto, por eso es conveniente la aplicación de estrategias, basadas en las ciencias que desde diversos enfoques se encargan del estudio de la conducta del ser humano. El cometido del sistema penitenciario, es la resocialización del delincuente, lo que no debe confundirse con la reinserción. Ésta última únicamente implica devolver al sentenciado a la vida en sociedad; la reinserción como tal, no se traduce en la resocialización del delincuente, la reinserción sin tratamiento de ortoconducta, no garantiza la existencia de la prevención secundaria. No obstante, para los fines de esta propuesta podría usarse indistintamente el término reinserción como sinónimo de resocialización. 4. Marco jurídico La Constitución Política de los Estados Unido Mexicanos, en el artículo 18 establece que:

“Corresponde al Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría, a través de la Subsecretaría, la efectiva aplicación de las sanciones y medidas de seguridad previstas en el Código Penal y en las leyes penales especiales; la administración y dirección de las instituciones destinadas a su cumplimiento, así como la expedición del o los ordenamientos reglamentarios, que en el ámbito administrativo, hagan factible la aplicación y cumplimiento de lo dispuesto en la Ley. “La Secretaría de Seguridad Pública tendrá las atribuciones siguientes: “I. Diseñar criterios y políticas que normen la ejecución de las sanciones penales procurando un sano equilibrio entre la promoción de los derechos de las personas internas, su reinserción social y la administración y seguridad de las instituciones preventivas y de ejecución; “II. Definir criterios para delimitar las responsabilidades penales o administrativas en las que pudieran incurrir las autoridades judiciales y administrativas, con motivo de la ejecución de sanciones privativas de libertad en sus aspectos correlativos de decisión judicial, como de ejecución material de las sanciones y medidas de seguridad;

“El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos

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“III. Celebrar convenios con la Federación y con otras Entidades Federativas, en el ámbito de su competencia, para que las personas sentenciadas extingan las sanciones o medidas de seguridad en establecimientos penitenciarios dependientes de una jurisdicción diversa;

las personas internas, la voluntad de vivir conforme a la ley, mantenerse con el producto de su trabajo y crear en ellos la aptitud para hacerlo; dichas actividades estarán encaminadas a fomentar en las personas internas el respeto de sí mismos y desarrollar el sentido de responsabilidad social.”

“IV. Establecer, coordinar y evaluar los programas de conformidad con los objetivos que se señalan en la Ley y en las demás disposiciones jurídicas aplicables en materia de ejecución de las sanciones y medidas de seguridad;

Artículo 92. “Las autoridades encargadas del tratamiento procurarán conocer las peculiaridades de la personalidad y ambiente del interno, que permitan su reeducación y lo preparen para su reinserción en la sociedad libre.”

“V. En lo conducente, coordinarse con las autoridades federales competentes en materia penitenciaria para establecer de manera conjunta políticas, lineamientos, recursos y coordinación estratégica para un mejor cumplimiento de las funciones penitenciarias, conforme a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la del Estado;

Artículo 93. "El tratamiento se inspirará en los siguientes principios:

“VI. Diseñar y operar un programa permanente interinstitucional de evaluación integral de los programas de ejecución penal estatales; y, “VII. Las demás que le otorguen otras disposiciones jurídicas aplicables.”

“II. Será programado, fijándose en el plan general que deberá seguirse en su ejecución, la intensidad mayor o menor en la aplicación de cada método de tratamiento y la distribución de los quehaceres concretos, integrantes del mismo, entre los diversos especialistas y educadores; y,

Con relación a la propuesta del modelo de tratamiento éste ordenamiento señala en los artículos 69, 74, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101 y 102 lo siguiente:

“III. Será de carácter continuo y dinámico, dependiente de las incidencias en la evolución de la personalidad del interno durante el cumplimiento de la sentencia.”

Artículo 69. “El régimen penitenciario se manejará a partir de un sistema progresivo, de individualización científica, separado éste en grados, el último de los cuales será el de tratamiento preliberacional, basado en el respeto a los derechos humanos y encaminado a la reinserción del sentenciado.”

ARTÍCULO 94. “Para la individualización del tratamiento se realizará un estudio de cada interno, con base en el cual se le destinará al centro cuyo régimen sea más adecuado al tratamiento que se le haya señalado y, en su caso, al grupo o sección más idónea dentro de aquél. La clasificación debe tomar en cuenta no sólo la personalidad y el historial individual, familiar, social y delicti-

Artículo 74. “Las actividades de reinserción social, deben tener por objeto inculcar a 58

“I. Será individualizado, consistiendo en la variable utilización de métodos médicobiológicos, psiquiátricos, psicológicos, pedagógicos y sociales, adecuados a la personalidad del interno;

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vo del interno, sino también la duración de la pena o medida de seguridad en su caso, el medio al que probablemente retornará y los recursos, facilidades y dificultades existentes en cada caso y momento para el buen éxito del tratamiento.”

estas normas, con las previsiones de la ley y de los convenios y con las circunstancias de la localidad y de los internos.”

Artículo 96. “En el curso del tratamiento se fomentará el establecimiento, la conservación y el fortalecimiento, en su caso, de las relaciones del interno con personas convenientes del exterior.

“I. Información y orientación especiales y discusión con el interno y sus familiares de los aspectos personales y prácticos de su vida en libertad;

“Para este efecto, se procurará el desarrollo del servicio social penitenciario en cada centro de reclusión, con el objeto de auxiliar a los internos en sus contactos autorizados del exterior.” Artículo 97. “Se favorecerá el desarrollo de todas las demás medidas de tratamiento compatibles con el régimen establecido en

Artículo 98. “A fin de preparar paulatinamente al interno a su reinserción social, el tratamiento podrá comprender:

“II. Métodos colectivos, que son aquellos que se pueden aplicar a varios internos al mismo tiempo o que implican una participación grupal; “III. Concesión de mayor libertad dentro del centro; “IV. Traslado a una institución con régimen abierto; y,

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“V. Permisos de salida de fin de semana o diaria con reclusión nocturna, o bien de salida en días hábiles con reclusión de fin de semana. Artículo 99. “La evolución del tratamiento determinará una nueva clasificación del interno, con la consiguiente propuesta de traslado al centro del régimen que corresponda o, dentro del mismo, el pase de una sección a otra de diferente régimen.” Artículo 100. “Cada seis meses se practicarán estudios individuales a los internos para reconsiderar su situación, tomándose la decisión que corresponda, que deberá ser comunicada por escrito al interesado, anexándose a su expediente una copia de la información.” Artículo 101. “Para grupos determinados de internos, cuyo tratamiento lo requiera, se podrán organizar en los centros correspondientes, programas basados en el principio de comunidad terapéutica.” Artículo 102. “Concluido el tratamiento o próxima la libertad del interno, se emitirá un diagnóstico final en el que se manifestarán los resultados conseguidos en el tratamiento y, que en su caso, se tendrán en cuenta en el expediente para la concesión de los beneficios establecidos en la presente ley.” Así el modelo del tratamiento esta diseñado dentro del marco jurídico, para ser aplicado al interno en busca de su resocialización y reinserción social. 5. Objetivos del tratamiento 5.1. General Modificar la conducta delictiva mediante la resocialización de los internos del sistema penitenciario, aplicando el tratamiento diseñado estratégica y metodológicamente

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para tal fin, para que se reinserten en la sociedad de manera benigna y productiva. 5.2. Específicos Indagar sobre aspectos de la personalidad del interno respecto a cuestiones afectivas, impulsos agresivos, conductas violentas y en general todos los aspectos que incidan en la realización de conductas antisociales, para favorecer en él relaciones interpersonales sanas. Reeducar al interno para reforzar su escala axiológica, ética y legal, que influya en una adecuada convivencia con las personas de su entorno. Analizar la situación jurídica del interno para estar en posibilidades de realizar oportunamente la intervención del tratamiento, considerando la pena y los beneficios de libertad anticipada. Conocer el hábitat familiar y social del interno, para estar en condiciones de planificar la intervención, considerando su interacción con las personas de su entorno proximal. Identificar el nivel criminógeno de la personalidad del interno considerando aspectos de su biografía personal, grado de peligrosidad, pronóstico de resocialización y reinserción, reincidencia delictiva, además de la detección de personalidades psicópatas. Detectar los aspectos de la salud física y mental del interno, que incidan en la comisión de conductas delictivas, que permitan conocer las posibilidades reales de reinserción desde un enfoque biológico. 6. Estructura del Tratamiento 6.1. Síntesis descriptiva de la estructura del Tratamiento

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El tratamiento inicia desde el ingreso del interno al establecimiento penitenciario, cada una de las áreas aplica instrumentos de evaluación, para la elaboración de un diagnóstico. Mientras el interno es mantenido en prisión preventiva sujeto a proceso penal, deberá realizar actividades ocupacionales en aspectos laborales, escolares, culturales, deportivos, etcétera; mientras se mantiene en espera de la imposición de una pena ejecutoriada. Una vez que el interno es puesto a disposición del Ejecutivo del Estado, para compurgar la pena que le fue impuesta. Se aplicarán nuevamente los instrumentos de evaluación, para la elaboración de un segundo diagnóstico, que sirva de base junto con el primero para elaborar una planificación personalizada, por parte de cada una de las áreas. Con lo que se hará la intervención para la resocialización de manera individual y grupal según corresponda. Durante el desarrollo de la intervención se aplican pruebas, para la supervisión y el seguimiento del tratamiento de cada área, para modificar, continuar o desechar las actividades, replanteando la intervención. Al finalizar la intervención se aplicará una evaluación definitoria que proporcionará datos sobre el efecto del tratamiento en el

interno, y estar en condiciones de informarlo a la autoridad jurisdiccional, por los causes legales correspondientes, para la tramitación del posible otorgamiento de algún beneficio de libertad anticipada, siempre que así sea requerido conforme a la ley. 6.2. Flujograma del Tratamiento (Ver imagen inferior) 7. Fases del Tratamiento 7.1. Fase de diagnóstico. Se aplican una serie de instrumentos por cada una de las áreas de intervención, a efecto de contar con un diagnóstico inicial del interno. 8.2. Fase procesal. Ésta es una etapa en espera de sentencia. Durante este periodo el interno se sujeta al tratamiento básico, que se integra con la realización de actividades de capacitación, escolares, laborales, culturales, deportivas y mantenimiento de las instalaciones. 8.3. Fase introductoria. Inicia con la ejecutoria de la sentencia y la respectiva puesta a disposición del ejecutivo del Estado del interno. Corresponde la aplicación de instrumentos para la obtención del segundo diagnóstico y en conjunto con el primero, sirven de base a cada una de las áreas para

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elaborar una planificación personalizada de intervención, detallando actividades y objetivos. 7.4. Fase de intervención para la resocialización. Ésta comprende la aplicación de programas de resocialización individuales y grupales, correspondientes a cada una de las áreas que conforman el Consejo Técnico Interdisciplinario del establecimiento. 7.5. Fase de supervisión y seguimiento. Aquí corresponde la realización de las actividades consistentes en evaluaciones parciales intermitentes (al menos una mensual), que permitan estar en condiciones de modificar, continuar o desechar las actividades de la planificación personalizada de intervención; además de los estudios que la ley establece (cada seis meses) para estar en condiciones de reconsiderar su situación del interno, (artículo 100 de la LESPEMO). 7.6. Fase de evaluación definitoria. Se aplica la escala criminométrica y sociométrica, la primera proporcionará datos para un posible pronóstico de reincidencia delictiva; la segunda proporcionará datos que permitan conocer el grado de resocialización del interno. Además cada una de las áreas emitirá un dictamen en el que se plasmen los resultados del Tratamiento en Ingeniería Ortoconductual para la Resocialización Penitenciaria, mismos que se harán del conocimiento al Juez de Ejecución de Sanciones Penales, por los cauces legales correspondientes, para la tramitación del posible otorgamiento de algún beneficio de libertad anticipada, siempre que así sea requerido conforme a la ley. 8. Actividades para la formulación de los programas del Tratamiento por cada área de intervención

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Una vez que las autoridades penitenciarias, autoricen la aplicación del Tratamiento en Ingeniería Ortoconductual para la Resocialización Penitenciaria, se procederá a la planificación con cada una de las áreas involucradas, para coordinar las actividades que cada una deberá realizar, para estar en condiciones de emitir los programas respectivos. 9. El Tratamiento como soporte para el otorgamiento de beneficios de libertad anticipada I. Sanción en externación. (Artículos del 151 al 155 de la LESPEMO). Procede cuando el interno haya transcurrido el proceso penal en prisión preventiva y su pena no exceda de siete años; que sea primo delincuente por delito doloso, que cuenta con aval moral y oferta de trabajo o haga constar su continuidad escolar, así como acreditar técnicamente haber presentado un desarrollo favorable al interior del centro. Con relación a tratamiento cabe hacer énfasis en éste último aspecto que es soportado por la fase procesal del tratamiento. II. Preliberación. (Artículos del 156 al 158 de la LESPEMO). Procede cuando el interno ha cumplido el cincuenta por ciento de la sanción, buena conducta, no ser reincidente por delito doloso, que cuenta con aval moral y oferta de trabajo o haga constar su continuidad escolar, así como haber sido condenado a pagar la reparación del daño, ésta se haya garantizado, cubierto o declarado prescrita, además de haber trabajado en actividades reconocidas por el Centro y que haya participado en actividades educativas, recreativas culturales o deportivas que se organicen en el Centro. Es menester resaltar que este último aspecto es soportado por la fase procesal del tratamiento.

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III. Libertad Condicional. (Artículos del 159 al 161 de la LESPEMO). Es procedente cuando han transcurrido tres quintas partes de la sanción tratándose de delitos dolosos, cincuenta por ciento por delitos culposos; buena conducta, además el interno deberá residir o no residir en el lugar que se precise en la sentencia, e informe a la autoridad de los cambios de su domicilio; adoptar, en el plazo que la resolución determine, alguna actividad lícita, si no tuviese los medios propios de subsistencia; aval moral, así como haber sido condenado a pagar la reparación del daño, ésta se haya garantizado, cubierto o declarado prescrita, y que del examen de su personalidad se presuma que está en condiciones de no volver a delinquir. Es preciso señalar este último punto que encuentra soporte en los resultados favorables de la totalidad del tratamiento. IV. Remisión parcial de la pena. (Artículos del 162 al 163 de la LESPEMO). Consiste en que por cada dos días de trabajo se hará remisión de uno de prisión; buena conducta, además si participa regularmente en las actividades deportivas o educativas que se organicen en el Centro se adicionarán a su favor, días equivalentes al quince por ciento respecto del total de tiempo acre-

ditado de trabajo o capacitación y revele por otros datos su efectiva reinserción social; ésta última será el factor determinante para la concesión o negativa de la remisión parcial de la pena por parte del Juez de Ejecución de sanciones. Estos últimos aspectos, son sustentados por los resultados favorables de la totalidad del tratamiento y el control adecuado de dichos datos. Para todos los casos se sugiere que la intervención para la aplicación del tratamiento, se inicie al menos siete meses antes del posible otorgamiento del beneficio de libertad anticipada, comprendiendo desde la fase introductoria hasta la fase de evaluación definitoria. No obstante, cada una de las áreas podrá determinar un tiempo mayor de intervención, basándose en las necesidades particulares que el interno presente. Además de que invariablemente deberá cumplirse con el contenido de la fase de diagnóstico y la fase procesal, como presupuesto indispensable para acceder a la fase introductoria o en su defecto realizar dichas actividades de forma paralela, para lo cual las áreas correspondientes implementaran los controles que se requieran.

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10. Aparato documental para la aplicación metodológica del Tratamiento para cada área de intervención 10.1. Manual de Protocolos de Actuación para la Aplicación del Tratamiento Los protocolos de actuación están constituidos por todos los lineamientos de atención e intervención para la aplicación del Tratamiento. Abarca aspectos éticos, jurídicos y recomendaciones para casos específicos, a fin de que los resultados de la intervención sean los esperados. Con el propósito de que las medidas impuestas por la autoridad correspondiente, se realicen con apego irrestricto a la dignidad humana y a la legislación vigente. 10.2. Manual de Formatos Básicos para el Tratamiento Integrado por diversos formatos diseñados especialmente para la recogida de datos suficientes para cumplir con cada una de las fases del Tratamiento, además de sugerencias para el uso de otros instrumentos estandarizados. 10.3. Manual de Instrumentos Básicos para el Tratamiento Es un documento compilatorio de diversas escalas de evaluación diseñadas especialmente para su aplicación en para el Tratamiento, así como de sugerencias para el uso de otros instrumentos psicométricos estandarizados. Además de otros de utilidad para ser aplicados durante la intervención. Cabe enfatizar que todo el conjunto de pruebas permiten realizar el diagnóstico y las evaluaciones en la fase de supervisión, análisis y seguimiento, así como la evaluación definitoria.

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10.4. Manual de Estrategias de Intervención Es un documento compilatorio de diversas estrategias útiles para la intervención durante el Tratamiento, que facilitarán al personal especializado, llevar a cabo los programas correspondientes a cada una de las áreas. 10.5. Manual de Estrategias para la Supervisión, Análisis y Seguimiento del Tratamiento Presenta la compilación de diversas herramientas útiles para la supervisión, análisis y seguimiento del Tratamiento, que facilitarán al personal especializado, contar con los elementos necesarios para estar en condiciones de verificar los avances de la intervención, para poder modificar o continuar con las actividades iniciales. Además de que fortalece los resultados que se esperan de la intervención, para contar con los datos que permitan conocer las posibilidades de resocialización y reinserción social. 11. Otras actividades complementarias Durante la reclusión en el establecimiento penitenciario, los internos están en posibilidades de realizar actividades autorizadas, tendientes a la búsqueda de alcanzar cierto grado de estabilidad, tales como el servicio religioso, tratamientos contra adicciones, convivencia familiar, visita conyugal y en general visita y coloquio con amistades. Es importante que estas actividades sean complemento del tratamiento de resocialización y que de ninguna manera deberán suplirlo. 12. Deliberaciones del consejo técnico interdisciplinario

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La efectividad del tratamiento corresponderá al Consejo Técnico interdisciplinario, emitiendo los dictámenes que a cada área corresponda y una definitiva que contendrá el resultado de todas de manera integral, dichos dictámenes será revisado por el Consejo de conformidad con lo establecido en los artículos 38 y 39 de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Michoacán de Ocampo. 13. Comparecencia ante las autoridades jurisdiccionales Es conveniente que ante el juez de ejecución de sanciones penales, acudan los miembros de cada una de las áreas que intervinieron directamente en el tratamiento, cuando sean citados para emitir sus dictámenes de manera oral, en audiencia pública como lo establece el artículo 15 de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Michoacán de Ocampo. 14. Sugerencias pragmáticas generales para la aplicación efectiva del Tratamiento

los sentenciados, en donde deberán ser clasificados conforme a la fase de tratamiento en la que se encuentre. Capacitación y actualización del personal de cada área, para que estén en condiciones de aplicar correctamente los programas del tratamiento. Procurar un diseño dinámico y adaptable de los programas de intervención que comprende el tratamiento, conforme a las condiciones contextuales de los programas, dicha flexibilidad deberá proporcionarle funcionalidad para un fin inexorable: la reinserción social benigna y productiva del delincuente. Vigilancia y supervisión del tratamiento por parte de las autoridades jurisdiccionales y administrativas del sistema penitenciario, que procure su aplicabilidad viable con apego a la legalidad. Cada área deberá realizar evaluaciones periódicas, sobre su intervención en los programas del tratamiento, remitiendo informes a sus superiores inmediatos.

De conformidad con el artículo 53 de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Michoacán de Ocampo, los centros de ejecución de sanciones privativas de libertad, son establecimientos destinados para compurgar la sanción privativa de la libertad. Por tal motivo estos deben ser únicamente para la aplicación del tratamiento a

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LAS BASES BIOLÓGICAS DEL COMPORTAMIENTO AGRESIVO BERTRAND REGADER

Puede hipotetizarse que la conducta agresiva resulta adaptativa en entornos en el que la competitividad resulta un factor determinante a la hora de repartirse unos recursos limitados. Tanto la agresión hostil como la instrumental pueden ser fruto de (y llevar a) relaciones de poder en las que existe un dominado y un dominador, entrando ambos en una dinámica en la que la selección naturalse hace evidente. Sin embargo, cabe señalar que en el caso de los seres humanos la conducta está modulada por una moralidad que no se da en el resto de especies. Esta moralidad, al igual que las expresiones de los genes que pueden intervenir en el desencadenamiento de conductas agresivas, tiene un sustrato biológico que es modificado por la interacción con el entorno y con otros seres. El paso de una ética centrada en el propio ego hacia una enfocada hacia la responsabilidad social es un proceso profundamente complejo y dinámico desde el punto de vista de la biología, pero existe cierto consenso en que en él juega un papel determinante la corteza prefrontal, situada en la parte anterior del cerebro. Esta región cerebral juega un papel importante en la toma de decisiones y el inicio de actividades planificadas con un objetivo proyectado temporalmente hacia el futuro. Gracias a la corteza prefrontal el ser humano es capaz de establecer objetivos más allá de la gratificación inmediata, y de tomar decisiones basadas en los conceptos más abstractos. Por lo tanto, también juega un rol importante a la hora de socializar, ya que vivir en sociedad significa entre otras cosasaplazar ciertas recompensas por el bien de un benefi-

cio proyectado temporalmente y que afecta a la colectividad. Según Fuster (2014), por ejemplo, parte de la conducta poco social de los niños y jóvenes se explica por una corteza prefrontal que aún no ha madurado lo suficiente y que no está lo suficientemente conectada con los grupos neuronales del cerebro poterior que median en la creación de emociones y la conducta orientada hacia la satisfacción de necesidades (esta conexión se va estableciendo más tarde al ritmo del reloj biológico, y llegará a su punto culminante durante la tercera década de vida, entre los 25 – 30 años). Además, los grupos neuronales cuya activación evoque principios éticos generales y conceptos abstractos encuentran el la corteza prefrontal un mediador que les permitirá jugar un papel en la toma de decisiones. Desde este punto de vista, un buen desarrollo del lóbulo prefrontal suele conllevar una reducción expresión de conductas agresivas.

Fuente: http://psicologiaymente.net/agresion-psicologiadel-desarrollo/

http://revista-temas.blogspot.com.ar

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En Alemania desarrollan un software que predice crímenes antes de que ocurran

De la misma forma que en la ya clásica película Minority Report teníamos una organización que detenía a los criminales antes de que cometan el delito, en Alemania se empieza a probar un software con un objetivo semejante. Se trata de Precobs, un programa desarrollado por el Institute for pattern-based Prediction Technique, capaz de mostrar cuándo y dónde se cometerá un crimen después de analizar datos estadísticos con el histórico de cada región. La prueba se está realizando en Bavaria, en el sur del país. Cuando se informa un nuevo incidente, el software analiza los datos para buscar un patrón que determine un objetivo futuro, según comentan en Daily Mail. Ya se han obtenido algunos datos interesantes con información sobre robos en Munich y Nuremberg, aunque algunas organizaciones de defensa de los derechos humanos ya han mostrado su preocupación al verificar que 70

algunos datos personales se podrían utilizar sin las garantías adecuadas. No es la primera vez que vemos algo así, ya que la Policía Metropolitana de Londres comenzó a usar un sistema que analiza los antecedentes penales de una persona y sus mensajes en las redes sociales para verificar la posibilidad de que cometan un delito, una prueba que se llevó a cabo con éxito durante 20 semanas (mantienen sigilo sobre los resultados exactos, pero compararon las predicciones con la realidad y aparentemente fue un éxito). Por supuesto, no se puede detener a nadie con un sistema así, pero sí se pueden enviar agentes y patrullas a los lugares con más riesgo, aumentando la velocidad de acción del cuerpo de policía.

Fuente: http://wwwhatsnew.com/2014/12/04/alemania-pruebaun-software-que-detecta-crimenes-antes-de-que-ocurran/

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El hombre de la máscara de hierro Fue un misterioso personaje francés de los siglos XVII-XVIII, que fue encarcelado por razones desconocidas en la prisión de la Bastilla. Mientras estuvo en prisión su rostro fue cubierto con una máscara probablemente hecha de terciopelo, aunque la leyenda dice que era de hierro. La primera referencia a su existencia la hizo el filósofo de la Ilustración Voltaire (a través de su obra El siglo de Luis XIV), quien, estando en la Bastilla en calidad de reo, recibió narraciones de presos más antiguos que hablaban de la existencia del misterioso personaje. Según la leyenda, el personaje murió en 1703 y fue enterrado en el cementerio de San Pablo, en París, con el seudónimo de Marchiali, pero su verdadero nombre y las razones por las cuales había sido encerrado eran considerados secreto de Estado. Otra referencia es la de Alejandro Dumas, quien en el siglo XIX, en El vizconde de Bragelonne, narró que probablemente era un hermano gemelo de Luis XIV, nacido de relaciones extramatrimoniales de Ana de Austria con el duque de Buckingham; a lo que le añadió relatos de la imaginación. Otros lo consideran origen de una unión entre Ana y el Cardenal Mazarino, o como hijo fuera del matrimonio de Carlos I, de Inglaterra. Con el tiempo, tales argumentos contribuyeron a abonar el mito de su existencia .

pruebas que permitían determinar su verdadera existencia. Algunos de ellos son: Un hermano gemelo o un hermano extramatrimonial de Luis XIV, otros afirman que se trataba del dramaturgo francés Moliére o Nicolás Fouquet, ministro de finanzas de Luis XIV, algunos afirman que era Mathiolli, un estafador, o Dubreuil, un espía de confianza y que por un fiasco terminó condenado. En 1890 llegaron a manos de Louis Gendron, un historiador militar francés, algunas cartas codificadas que pasó a Etienne Bazeries, del departamento de criptografía del ejército francés. Después de tres años, Bazeries pudo leer algunos de los mensajes en el Gran Código de Luis XIV. Uno de ellos se refería a un prisionero a quien identificaba como el general Vivien de Bulonde. Una de las cartas escritas por François de Louvois hacía referencia específica al crimen de de Bulonde: En el sitio de Cuneo, de Bulonde estaba preocupado por la llegada de tropas enemigas desde Austria y ordenó una apresurada retirada, dejando tras de sí sus municiones y hombres heridos. Luis XIV estaba furioso, y en otra de las cartas ordenó específicamente que a de Bulonde «se lo conduzca a la fortaleza de Pignerole, donde debe ser encerrado en una celda y custiodiado en la noche, y se le permitirá caminar por las almenas durante el día con una máscara puesta». Las fechas de las cartas se ajustan a las fechas de los registros originales sobre el hombre de la máscara de hierro

Una multitud de personajes fueron, en un cierto momento considerados el hombre de la máscara de hierro, pero diversas investigaciones acabaron por descartarlos debido a http://revista-temas.blogspot.com.ar

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los, novedades sobre congresos y links relacionados con el estudio de la psicopatía.

Robert D. Hare (Canadá, 1934), es un doctor enpsicología e investigador de renombre en el campo de la psicología criminal. Es profesor emérito de la University of British Columbia donde sus estudios se centran en psicopatología y psicofisiología. Desarrolló la PCL (Psychopathy CheckList o lista de verificación en psicopatías) y la PCL-R (Psychopathy CheckList Revised o lista revisada de verificación en psicopatías), usadas para diagnosticar casos de psicopatía y útil en la predicción de posibles comportamientos violentos. “Los psicópatas no son solo los fríos asesinos de las películas. Están en todas partes, viven entre nosotros y tienen formas mucho más sutiles de hacer daño que las meramente físicas. Los peores, dice, llevan ropa de marca y ocupan suntuosos despachos, en la política y las finanzas. La sociedad no les ve, o no quiere verles, y consiente” Robert Hare es Doctor en Psicología y profesor de la University of British Columbia de Canadá. Hace más de tres decadas que investiga sobre la psicopatía, y es el crador de la escala PCL (Psychopathy Checklist) y su revisión (PCLR), siendo estos los más precisos para considerar el riesgo de conducta violenta. Forma parte del CASMIRC (Child Abduction and Serial Murder Investigative Resources Center) perteneciente al FBI . También ha formado parte del consejo de prisiones en Reino Unido, desarrollando programas de tratamiento para delincuentes psicópatas, además de pertenecer al International Criminal Investigative Analysis Fellowship (ICIAF). Su página web es: http://www.hare.org/ , allí podrán encontrar todos sus libros , artícu-

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Uno de sus libros más destacados se llama “Sin conciencia” (Título original en inglés: Without conscience. Guilford Press 1999),“Una visión fascinante, aunque terrorífica, del mundo de los psicópatas… Hare sostiene que los psicópatas nacen, no se hacen… Un trabajo escalofriante, que nos abre los ojos. Y también una llamada a la acción” Kirkus Reviews . A la mayoría de la gente le atraen y a la vez le repelen las imágenes de asesinos fríos y sin conciencia que pueblan películas, programas de televisión y titulares de prensa. Con su flagrante violación de las normas sociales, los asesinos en serie se hallan entre los ejemplos más espectaculares del universo de la psicopatía. Los individuos que poseen este trastorno de la personalidad se dan cuenta de las consecuencias de sus actos y conocen la diferencia entre el bien y el mal, pero son personas carentes de remordimientos e incapaces de preocuparse por los sentimientos de los demás. Quizá lo más espeluznante sea que, muchas veces, para sus víctimas son sujetos completamente normales. Este retrato de esos seres está basado en veinticinco años de investigación científica y describe con todo detalle un mundo de estafadores, violadores y demás criminales que engañan, mienten y manipulan allá por donde pasan. ¿Están los psicópatas locos o son simplemente malvados? ¿Cómo podemos reconocerlos? ¿Cómo podemos protegernos de ellos? Este libro proporciona respuestas a estas y otras preguntas mediante información contrastada e interpretaciones sumamente esclarecedoras. Según Robert Hare, la psicopatía aparece entre los tres y los cinco años, tanto en familias estables como inestables. Pero no todo psicópata termina convirtiéndose en criminal. Hata el momento la psicopatía no tiene cura. Como Robert Hare considera:

“Se ha intentado todo pero no hay nada que funcione”.

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TEMAS DE ACTUALIDAD

TIPOS DE PÓLVORA POLVORAS NEGRAS Las pólvoras negras se clasifican de acuerdo a su velocidad de combustión:

bre porque se obtienen mediante el acido nítrico al reaccionar sobre sustancias que contienen celulosa generalmente se le suele agregar a este tipo de pólvoras otros ingredientes como estabilizadores para absorber gases nítricos que faciliten la gelatinización de la pólvora.

• POLVORAS VIVAS: tienen una granulometría • POLVORA DE UNA SOLA BASE: este tipo de de 1 a 3 mm y posee un rápida deflagración (arder sin explosión), esta cualidad las hace importantes como pólvoras de cebo, producen en un corto lapso una gran cantidad de gases.

• POLVORAS LENTAS: tienen un grado de 4 a 12 mm y arden más lentamente.

• POLVORAS PROGRESIVAS: son granos más grandes que indican que su combustión es lenta pero que aumenta a medida que el proyectil avanza.

pólvora es extremadamente rápida debido a la nitrocelulosa, en esta pólvora es importante evitar la exposición a la humedad. Generalmente se utiliza en las municiones de escopetas, proyectiles de salva y granadas de mano.

• POLVORAS DE DOBLE BASE: estas pólvoras son más rápidas que las de una sola base, también tienen más energía. A veces se agregan sustancias estabilizadoras, generalmente estas pólvoras tienen un color desde amarillo pardo hasta verdoso.

• POLVORAS DE TRIPLE BASE: esta pólvora fue fabricada con el fin de evitar en lo más posible los defectos de la pólvora de doble base, la cual se obtuvo a base de nuevos aditivos y mezclas con sustancias activas. VENTAJAS DE LA POLVORA SIN HUMO Casi no dejan residuos, por lo que no producen la rápida oxidación del ánima del cañón.

POLVORAS SIN HUMO La pólvora sin humo es el nombre que se le da a sustancias que se usan principalmente en armas de fuego o artillería, son un compuesto químico a base de nitrocelulosa resultante del acido sulfúrico sobre el algodón u otras fibras celulosas. El término "sin humo" es debido a que las sustancias que se utilizan son principalmente gaseosas, a pesar del nombre la pólvora no es completamente libre del humo ni tiene forma de polvo sino que es un material granular. Este tipo de pólvoras permitió la creación de armas automáticas y semiautomáticas. Las pólvoras sin humo que existen son:

Al utilizar la pólvora en un arma apenas sale humo de la boca del cañón al efectuar un disparo con lo que es más complicado conocer de donde provienen los disparos. Es mucho más potente y por eso contribuyo a la reducción de calibres. Esta pólvora es mucho más estable además de ser insensible a los cambios de temperatura y golpes, también su fabricación es más fácil, y almacenar con un nivel de peligro más bajo. Su manejo es menos peligroso y en caso de que se prenda fuego, no causaría grandes daños ya que su combustión es más lenta.

• POLVORAS PIROXILADAS: se les da ese nomhttp://revista-temas.blogspot.com.ar

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Agresores sexuales: estudio revela un sobrediagnóstico de psicopatía El 70% de los abusadores sexuales que cumplen condena en la cárcel de San Martín de la ciudad de Córdoba están diagnosticados como psicópatas. Pero una investigación revela que sólo el 30% sufre ese trastorno y que, en cambio, buena parte presenta rasgos psicóticos. El trabajo, inédito en el país, aporta datos para trazar un perfil psicológico del agresor sexual local. Universidad Nacional de Córdoba Facultad de Psicología 03 de Noviembre de 2014

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radicionalmente se ha relacionado al agresor sexual con la psicopatía. Se considera que un violador es, por lo general, un psicópata: personas que no sienten empatía ni remordimiento por los demás y los tratan como si fueran objetos, aunque conocen los usos sociales y, por eso, su comportamiento es adaptativo y pasa inadvertido. Los diagnósticos de los condenados por delitos contra la integridad sexual en la cárcel de San Martín, en Córdoba, no escapan a esta asociación: dos de cada tres informes psi-

cológicos y psiquiátricos –tanto forenses como penitenciarios– identifican a la psicopatía y a la psicología para referirse a un estado mental descrito como una escisión o pérdida de contacto con la realidad. “onfocus="Tip” (Término genérico utilizado en psiquiatría y psicología para referirse a un estado mental descripto como una escisión o pérdida de contacto con la realidad.) “>psicosis”, una de las tres posiciones subjetivas estructurales. “onfocus="Tip” (Para el psicoanálisis de orientación lacaniana el concepto de perversión designa, junto a la neurosis y la psicosis, una de las tres posiciones subjetivas estructurales.) “>perversión” como la principal característica de los agresores sexuales alojados allí. Sin embargo, un estudio de la Universidad Nacional de Córdoba encontró un dato que contradice esos diagnósticos previos. El trabajo indagó a 44 presos por delitos sexuales (de un total de 60) que cumplen condena en la unidad penitenciaria Nº 2 de la ciudad de Córdoba. Estas personas –que aceptaron participar voluntariamente en la investigación– fueron evaluadas a través de test internacionales y en-

Noticias universitarias de dominio público. Para saber más puedes consultar la fuente http://argentinainvestiga.edu.ar/

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NOTICIAS UNIVERSITARIAS

trevistas clínicas. Los resultados señalan que sólo el 30% encuadra como psicópata, una cifra muy inferior al 70% que indicaban los informes originales. En cambio, detectaron que una proporción significativa (el 50%) presenta rasgos de psicosis, como ideas autorreferenciales, exceso de sensibilidad interpersonal, autoconcepto grandioso, rigidez de opiniones, suspicacia y actitudes morales. También presentan importantes dificultades para ver las cosas desde la perspectiva del otro. “Existe una tendencia histórica a vincular el delito sexual con la psicopatía, pero de acuerdo a nuestros estudios, eso no es necesariamente así. No todos los psicópatas son agresores sexuales, ni todas las personas condenadas por este delito son psicópatas. Más bien, hay una heterogeneidad clínica que complejiza realizar un diagnóstico psicológico preciso”, afirma a Argentina Investiga Alejandro Rostagnotto, director del proyecto de investigación y docente titular de la cátedra de Psicopatología 2 de la Facultad de Psicología de la UNC.

Fuente de imagen: http://argentinainvestiga.edu.ar/

El estudio también analiza algunas características sociodemográficas y personales de los sujetos, que ayudan a definir la franja en la que se encuentra el problema. Entre los datos más significativos se halló que la mayoría son sólo abusadores sexuales, es decir, no combinan éste con otro tipo de delito y, además, son familiares de la víctima (padre o padrastro). Por su parte, las víctimas son por lo general menores de edad y de sexo femenino. “Esto revela que el grueso de la violencia sexual en Córdoba es un problema de violencia intrafamiliar, que tiene a las niñas como blanco principal”, explica Mariela Yesuron, integrante del equipo de investigación y también profesora de la Facultad de Psicología. Los resultados cobran importancia si se tiene en cuenta que la violencia sexual es una problemática de alta prevalencia en la sociedad y que frecuentemente permanece oculta, sin ser denunciada. Esto se profundiza en los abusos cometidos

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contra menores. Las cifras sólo dan cuenta de un diez por ciento de los casos y los especialistas coinciden en que la realidad de los chicos que padecen abuso todavía es socialmente invisible. Fingimiento positivo Otro rasgo que detectó el estudio es una significativa presencia de actitudes defensivas entre los internos evaluados. “Es la intención de mostrarse mejor de lo que uno es, algo muy frecuente también en los procesos judiciales por tenencia de niños o selección de personal”, explica Yesuron. La psicóloga explica que son personas que no reconocen fallas propias, por mínimas que sean, y rechazan revelar información personal, lo que dificulta realizar un diagnóstico y su tratamiento. Los investigadores aclaran que, para el estudio, adoptaron un enfoque actual del concepto psicosis. “La tradición psiquiátrica clásica consideró a la psicosis como una patología mental grave, que implica la pérdida de contacto con la realidad y síntomas como el delirio, la alucinación y el aplanamiento del afecto. Hoy, en cambio, a partir de desarrollos actuales del psicoanálisis lacaniano, se puede afirmar que la psicosis no se reduce a estos síntomas tradicionales, sino que se trata de una posición subjetiva que no necesariamente está ligada a la locura”, explican. Además, mencionan que, por lo general, no son personas antisociales y desarrollan una vida familiar y social normal, aunque a veces pueden lesionar el lazo socio-familiar. Sobre la importancia del estudio, ambos autores subrayan la necesidad de obtener un diagnóstico certero sobre las características psicológicas y psicopatológicas de los abusadores sexuales en el ámbito carcelario. Se trata de conocer mejor al agre-

sor para ofrecer también una mejor respuesta: implementar intervenciones más adecuadas según cada caso, con el fin de ayudar a su reinserción social y, sobre todo, prevenir que el delito sexual vuelva a reiterarse. Perfil del agresor sexual local Edad promedio: 41 años (el rango va entre los 25 y 68). La mayoría nació en el interior de Córdoba. La mitad son solteros y el grueso tiene tres hijos o menos. El 73% tenía trabajo informal antes de ser detenido; el 25%, formal. De estos últimos, el 16%, era empleado público perteneciente a las Fuerzas de Seguridad, o vinculado a ellas. El 34% tiene el primario completo; el 14%, el secundario completo, y el 5% terciariouniversitario completo. El 60% cometió abuso sexual con acceso carnal y el 9%, sin acceso; el 16% combina el abuso sexual con delitos contra la propiedad (robo), y el 15% lo combina con delitos contra las personas (homicidio y lesiones). La mitad no tenía ningún tipo de antecedente previo y el 20% es reincidente. De este último grupo,

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sólo el 5% es reincidente sexual (el resto tenía condenas anteriores por delitos contra la propiedad). El 80% de las víctimas menores es familiar del victimario (padre o padrastro), el 17% es conocido (vecino, maestro, transportista y otros) y un 3%, desconocido. La mayoría consumía alcohol (excesivamente en el 34% de los casos) y no consumía sustancias tóxicas. Sobre el estudio Inédito. A diferencia de la mayoría de los estudios realizados en el país que aborda la problemática del delito sexual, en este caso el eje está centrado en el agresor sexual y no en la víctima. “En general, los estudios sobre violencia sexual ponen el foco en la víctima y no en el victimario, la otra parte del problema. De hecho, en Argentina no hay investigaciones que se hayan abocado al análisis del abusador”, señalan Rostagnotto y Yesuron. Financiamiento. El proyecto se inició en 2010 con el aval del ministerio de Ciencia y Tecnología de Córdoba, y continuó en 2012 y 2013 con el financiamiento de la Secretaría de Ciencia y Tecnología (Secyt) de la UNC. Durante este año y el próximo, prevén trabajar sobre la perversión en el agresor sexual, también con el apoyo económico

de Secyt. Muestra. Se indagó a 44 de un total de 60 condenados por delitos contra la integridad sexual (representan el 9% de la población carcelaria) alojados en la penitenciaría de San Martín, que accedieron voluntariamente a la evaluación psicológica, con registro fílmico. Todos de sexo masculino, mayores de 18 años, con sentencia firme, privados de la libertad e incorporados al período de tratamiento penitenciario. Instrumentos. Se utilizaron dos técnicas de validez internacional, ambas validadas también localmente. La primera (Inventario Multifacético de Personalidad de Minesotta, compuesto por 567 ítems), fue aplicada al total de la muestra y permite describir características generales de personalidad y comportamiento. Es uno de los test más utilizados en el mundo y es la primera vez que se emplea en la población penal de Córdoba. Luego se seleccionó una submuestra de 16 personas con quienes se utilizó una segunda técnica (Escala de Psicopatía de R. Hare Revisada), específicamente diseñada para evaluar la psicopatía en la población forense. Los datos se obtuvieron mediante entrevistas clínicas e información complementaria sobre antecedentes biográficos, criminológicos y penitenciarios.

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Discursos sociales, un marco simbólico que justifica situaciones de violencia Respecto de los episodios llamados de “linchamiento” o “ajusticiamiento” ocurridos a principios de 2014, la especialista Fabiana Martínez advierte que existe un poder discursivo que puede determinar una instancia de violencia. Ante la sensación de inseguridad emergen los reclamos de “tolerancia cero” y “mano dura”. “Estos relatos constituyen el marco en el cual se define qué vidas vale la pena cuidar y cuáles no”, asegura. Universidad Nacional de Villa María Instituto de Ciencias Sociales 27 de Octubre de 2014

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n los últimos meses de 2013 la murga uruguaya “Agarrate Catalina” estrena un videoclip, “La violencia”. Allí, la elocuencia de la letra se entremezcla con la crudeza de las imágenes, como una escenografía que grafica situaciones en una abierta crítica al sistema. “Yo soy el error de la sociedad, soy el plan perfecto que ha salido mal”, dice como adelanto, tal vez, de una sucesión de hechos que tuvo lugar en Argentina en el primer semestre de 2014. El asesinato de David Moreyra, ocurrido en Rosario en el mes de marzo de 2014, fue el punto de partida de una serie de acontecimientos desconcertantes que interpeló a toda la sociedad. Linchamiento, autodefensa, ajusticiamiento, justicia por mano propia, se convirtieron en las principales nominaciones que recibieron en los relatos mediáticos.

Fabiana Martínez, investigadora y docente de la Universidad Nacional de Villa María (UNVM), analiza estos hechos en un contexto de proliferación de un discurso que frente a la delincuencia propone en forma permanente una salida de endurecimiento de las penas o la tolerancia cero. Este discurso empezó a circular en la década del noventa, se hizo visible a partir del caso Blumberg. En él se sostiene una construcción del pobre como ‘otro amenazante’ y “aparece una serie de tópicos políticos y sociales, que propone un Estado gendarme que sólo puede recurrir al endurecimiento de la pena en una retórica que provoca miedo social”, indica la especialista a Argentina Investiga. Según Martínez, en análisis del discurso y socio-semiótica, la muerte de Moreyra “fue un homicidio de características particulares” aunque en pocas ocasiones fue nombrado de esta manera: “Fue muerto por varios, mientras otros filmaban (un marco ideológico de la escena, estos observadores que registran en vez de impedir el hecho), y no hay un término que pueda dar cuenta de esta particularidad, para categorizar a esta muerte en algún conjunto de hechos”.

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Martínez propone pensar en la densa trama de discursos que establecieron un marco simbólico común entre esas personas que estaban en la calle, o que se acercaron y comenzaron a patearlo hasta su muerte, “un marco construido discursivamente, vinculado al asunto de la pobreza y de ciertos delitos que involucran sobre todo a los ‘jóvenes pobres’, y en los que éstos, en tanto que ‘otro’, adquieren una dimensión amenazante al punto tal que exterminarlo físicamente resulta una salida posible e, incluso para algunos, ‘legítima’”. Martínez incorpora el concepto de “vida precaria” que utiliza Judith Butler y reconoce un poder que es específicamente discursivo, que puede constituir una instancia de violencia: “Todos somos vulnerables frente a otros seres humanos, todos vivimos con esta condición física, pero esta condición de vulnerabilidad se exacerba en ciertos contextos políticos y sociales”. Ante la multiplicidad de relatos que construyen a las personas en situación de pobreza como sujetos amenazantes, se multiplican otros discursos como el de la “tolerancia cero” y la “mano dura”, relacionados con la inseguridad. “Estos relatos empiezan con la figura del delito sin nombrar la desigualdad y la

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exclusión, sin poner en escena en qué condiciones se dio esa vida, todas las formas de nombrar a estas personas son ya operaciones discursivas del poder, de una alta violencia simbólica y así va consolidándose con el tiempo un ‘nosotros’ que sólo establece protecciones para ciertas vidas, mientras que otras quedan expuestas a la violencia y a la precariedad”, explica. Estos discursos detentan la violencia simbólica, dado que se constituyen en el marco en el cual se define qué vidas vale la pena cuidar y cuáles son vidas precarias. Siguiendo a Butler, Martínez reflexiona: “Tenemos que analizar la forma en que estos relatos deshumanizan ciertas vidas antes de la violencia física porque, justamente, la hacen posible. Después, debemos observar el modo en que se hace el duelo, puesto que el duelo es un profundo acto político que establece y produce la norma que regula qué vidas valen la pena; la inconsistencia, la debilidad de este duelo, es una señal más de la distribución diferencial de la vulnerabilidad física y sirve para desrealizar los efectos de la violencia social y política”.

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REVISTA DIGITAL DE

LA FUNCIÓN SOCIAL DE UN CENTRO DE EMERGENCIAS 911 Descripción operativa años 2008-2009 del Centro Estratégico de Operaciones de la Provincia de Mendoza y análisis de llamadas ingresadas Carina Elizabeth Reyes Aguero (Argentina)

Licenciada en Seguridad Ciudadana (Universidad del Aconcagua) Técnica Universitaria en Seguridad Ciudadana (UDA) Oficial Inspector de la Policía de Mendoza. El presente artículo corresponde a un resumen de su tesina para optar al título de licenciada.

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CRIMINOLOGÍA Y SEGURIDAD

RESUMEN En las sociedades modernas existe un servicio dedicado a la atención de emergencias a cargo del Estado y que dispensa asistencia de bomberos, policía, salud, defensa civil, como así cualquier situación que por su gravedad requiera de atención. Estos servicios, en la mayoría de los casos, funcionan mediante un sistema de alarmas que se inician a partir de un llamado telefónico y que demanda la coordinación de distintas redes de asistencia enlazadas de manera radial o informatizada; y aseguran el mantenimiento del orden y la situación de seguridad, con el objetivo de que la ciudadanía regrese al sentimiento general de encontrarse en un ambiente libre de todo riesgo real y/o potencial. Sin embargo, tal objetivo en ocasiones se ve disminuido por quienes obstaculizan el trabajo de los operadores y por ende el accionar de las fuerzas de seguridad, bomberos y otros servicios, y es: El ingreso de llamadas innecesarias, el accionar de bromistas y las falsas alarmas. En esta investigación se describirá cuál es la función socio-institucional del C.E.O con relación a la importancia que tiene para la comunidad dicho servicio. También se investigará cuántas son las llamadas reales y qué porcentaje de dichas corresponden a consultas, reportes falsos o bromas, originando el desgaste de recursos y pérdidas de tiempo para atender situaciones reales; tomándose como muestra de análisis el período comprendido entre los años 2008 al 2009. En función de ello se formularán las propuestas que puedan dar solución a este problema que afecta el servicio y por ende a la sociedad que de él depende. SUMARY In modern societies there is a dedicated service for emergency care by the State and that dispenses assistance of firefighters, police-ed, health, civil defense, as well as any situation that requires your attention gravity. These services, in most cases, they work through a system of alarms that are initiated from a phone call and demand the coordination of different care networks linked radially or informal nuanced; and ensure the maintenance of order and security situation, in order that citizens return to the general feeling of being in an environment free of any real risk and / or potential. However, this goal is sometimes diminished by those who hinder the work of the operators and therefore the actions of the security forces, fire and other services, and is income of unnecessary calls, the actions of pranksters and false alarms. This research will describe what the socio-institutional role of the CEO in relation to the importance to the community that ser-vice. It will also investigate how many actual calls are and what percentage of these correspond to queries, false reports or jokes causing the waste of resources and loss of time to address real situations; taking co-mo specimen the period between 2008 to 2009. Accordingly proposed that can give solution to this problem that affects the service will be developed and therefore to society that it depends.

RECIBIDO EL: 05-12-2014

PUBLICADO EL: 01-01-2015

Una publicación de WATSON CONSULTORES

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CEO - 911

ción.

INTRODUCCIÓN EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN Una Emergencia es la aparición de un problema de etiología diversa y gravedad variable que genera la necesidad de una urgente atención. En casi todas las sociedades modernas existe un servicio dedicado exclusivamente a la atención de urgencias y emergencias a cargo del Estado y que dispensa las atenciones de toda demanda que se realiza a los servicios de bomberos, policía, servicios médicos, defensa civil, etc., como así cualquier otra situación que por su gravedad requiera de aten82

Estos servicios, en la mayoría de los casos, funcionan mediante un sistema de alarmas que se inician a partir de un llamado telefónico y que demanda la coordinación de distintas redes de asistencia enlazadas de manera radial o informatizada; y aseguran el mantenimiento del orden y de la situación de seguridad favorable alcanzada por una sociedad, con el objetivo ulterior de que la ciudadanía regrese al sentimiento general de encontrarse en un ambiente libre de todo riesgo real y/o potencial. El desafío de garantizar la seguridad pública no admite demoras y los efectos nocivos de la inseguridad se trasladan a toda la sociedad aún

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SEGURIDAD

cuando muchos de ellos no sean víctimas directas de los delitos que se cometen, sino meros observadores que podrían evitar los mismos mediante la comunicación o denuncia del hecho en vías de producirse a las línea de emergencias, y así, en forma inmediata, se podrían adoptar medidas generales de emergencia que permitan la rápida neutralización del accionar delictivo u otras urgencias. Para ello los servicios de emergencias deben estar “disponibles” las 24 horas del día. Sin embargo, tal objetivo en ocasiones se ve obstaculizado por una problemática que sucede desde hace muchos años y que se viene atacando desde la puesta en funcionamiento en la Provincia de Mendoza del Centro Estratégico de Operaciones 911 creado en julio del 2.007. Estos problemas se centran en la acción de quienes obstaculizan el trabajo de los operadores y por ende el accionar de las fuerzas de seguridad, bomberos y otros servicios, y es: El ingreso de llamadas innecesarias, el accionar de bromistas y las falsas alarmas. Un Centro de Emergencias (911) es un servicio centralizado telefónicamente, donde los ciudadanos pueden reportar situaciones de riesgo. Este centro de emergencias tiene por función atender con rapidez y eficacia las emergencias que se reportan. A pesar de ello un porcentaje de llamadas que ingresan a un servicio de esta naturaleza son consultas sin mayor relevancia, bromas o falsas alarmas, lo que provoca un gran desgaste de recursos y pérdidas de tiempo necesario para atender otras situaciones de verdadera emergencia. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN La investigación pondrá de relevancia la

importante función social que cumple el centro de emergencias 911, y cómo ésta se ve afectada por la acción de personas inescrupulosas que utilizan el servicio con fines distintos, ya sea por desconocimiento o con intención de molestar o hacer bromas y que en definitiva perjudican los servicios esenciales que el mismo presta, y afecta su función y prestigio. Se intentará demostrar a través del análisis estadístico-cuantitativo, cómo es que los usuarios del sistema quedan a merced de los bromistas que utilizan una línea de emergencias, limitando los derechos de los usuarios del sistema, especialmente la vida y la propiedad, mientras que estos problemas afectan a toda la población y condicionan la calidad de vida de tal manera que es necesario convocar y participar en la búsqueda activa de una solución, mediante el análisis primero de cuál es la situación real que ello ha determinado. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN A) OBJETIVO GENERAL Explicar la importante función social que cumple el Centro Estratégico de Operaciones en nuestra comunidad y describir cuál es la demanda real en relación a los llamados ingresados (años 2008-2009) respecto de las llamadas falsas. B) OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Describir las consultas que la sociedad hace a una línea de Emergencias.

• Describir la clasificación de las llamadas que ingresan al Centro Estratégico de Operaciones 911 y cuál fue la demanda entre los años 2008 y 2009 en el Gran Mendoza.

• Conocer de todos los llamados que ingre-

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san cuantos son emergencias reales y cuáles no.

• Proponer acciones educativas y represivas para estos casos. ANTECEDENTES Si bien es cierto no existen antecedentes específicos sobre el C.E.O de la provincia de Mendoza, sí hay referencias bibliográficas relacionadas al estudio de la importancia, función, organización y desempeño de otros centros de atención de emergencia similares. Entre los antecedentes hallados podemos citar a la Organización Panamericana de la Salud (OPS), a través de los estudios del Dr. Carlos Matus (1997) quien estableció protocolos de acción para las “Salas de situación para la atención de emergencias”, donde define la importancia de un centro de emergencias, qué es una situación de emergencia y cuál es la acción e interacción de la misma en la atención de eventos críticos. Según el Dr. Matus, “La situación es definida como la explicación de la realidad hecha en función de la actuación e interacción de fuerzas sociales vigentes dentro de un ambiente, de una realidad social y geográfica…” “En una sala de situación se realiza un diagnóstico situacional con orientación al pasado, el presente y el futuro y que favorece la toma de decisión en la búsqueda de una nueva realidad o una nueva situación…” (OPS. 1997 pág. 1). Si bien es cierto el trabajo se refiere principalmente a las emergencias de salud, define la sala de situación como el espacio físico (fijo o virtual) para el análisis de información orientado a la toma de decisiones en circunstancias normales y de emergencia y 84

que este no necesariamente debe estar ligado a un espacio físico permanente como ocurre en las situaciones de desastres por ejemplo. De acuerdo a este trabajo, el principal componente de una sala de emergencias es la situación y la información, lo cual posibilita la “toma de decisiones” en situaciones de crisis. (OPS. 1997 pág. 2-8). De este modo analiza la situación en la sala de emergencias, indicando que los elementos esenciales son “el dato” (noticia de algún hecho, cuantificado o no), “la información” que son los datos ya procesados que caracteriza una situación y “el análisis” que consiste en definir objetos, criterios de selección de datos y los indicadores. Esto lleva a valoración del problema, la elaboración de alternativas y es el apoyo para la toma de decisiones. (OPS. 1997 pág. 10-11). Indica también como principales problemas a los sistemas de información desactualizados, las bases de datos fragmentadas, y la falta de coordinación y comunicación entre instancias que producen información y las que toman las decisiones. (OPS. 1997 pág. 20). Por otro lado en 2004, El Sistema Nacional de Defensa Civil del Perú (SINADECI) aprobó el “Manual de funcionamiento del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional” (Resolución 325-2004 del INDECI – Instituto Nacional de Defensa Civil), donde se describe la organización y funcionamiento de un sistema de emergencias y la importancia social que el mismo reviste en la atención de requerimientos sociales en función de situaciones que la afectan. Este trabajo (que consta de 134 páginas), establece en su resolución de aprobación que para garantizar una eficiente gestión de la información para la toma de decisiones y res-

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puesta inmediata ante la ocurrencia de una emergencia o desastre que permita atender adecuadamente a la población damnificada y/o afectada se ha puesto en funcionamiento el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), para el cual se ha elaborado el “Manual de funcionamiento del COEN” a fin de contar con un documento que regule y describa su organización y funciones. Refiere al “Centro de Emergencias” como el área física implementada y utilizada por el INDECI, como componente del Sistema Nacional de Defensa Civil, para reunir, monitorear y analizar la información sobre riesgos inminentes o emergencias ocurridas. A través de la integración de todos los esfuerzos nacionales, permite coordinar, dirigir y supervisar las acciones de Prevención y Atención de Emergencias y Desastres contribuyendo a que se tomen las medidas necesarias para reducir los riesgos y que la respuesta a la emergencia o peligro sea eficiente y eficaz. (SINADECI. 2004. Pág. 8) Dicho centro dispone de una organización versátil, flexible y sólida cuyo principal soporte es el personal altamente profesional, dedicado, conciente de su responsabilidad social, y comprometido solidariamente con la labor preventiva y asistencial. Asimismo cuenta con infraestructura, medios y procedimientos adecuados para ejecutar las tareas que le competen como máximo organismo coordinador para la prevención y atención de la población en caso de peligros, emergencias o desastres. La misión de este centro de emergencias (COEN) es: “Administrar la información y recursos relativos a las actividades de Defensa Civil a nivel nacional en cuanto a peligros inminentes u ocurrencias de emergencias o desastres y apoyar y supervisar en forma oportuna la ejecu-

ción de las acciones por parte de los Comités de Defensa Civil en sus diferentes niveles, mediante el empleo del Sistema Nacional de Información para la Prevención y Atención de Desastres (SINPAD) y otros medios, con el fin de facilitar la toma de decisiones para la eficaz prevención de peligros y atención de la población damnificada. Eventualmente, en casos de desastres, garantizar al más alto nivel de decisión política, la disponibilidad permanente del espacio, recursos y herramientas necesarias, para que, a pesar de los efectos devastadores que un evento adverso de gran magnitud haya podido ocasionar, puedan seguir conduciéndose, sin interrupción, las acciones de atención y ayuda humanitaria a la población damnificada”. (SINADECI. 2004. Pág. 9). Además de regular la organización del centro de emergencias, establece las pautas de funcionamiento y organización operativa del sistema de defensa civil en el Perú a nivel nacional, regional, provincial y distrital estableciendo las condiciones para los estados de alerta verde (situación normal), amarilla (emergencia) y roja (desastre); estableciendo que la promulgación de las alertas y la consecuente activación de las diferentes condiciones de funcionamiento del COEN, para procesar eficaz y oportunamente la información sobre emergencias, desastres o peligros requerirán progresivamente de la participación de un mayor número de servidores dedicados al esfuerzo operacional; por lo que el trabajo administrativo necesariamente deberá reducirse paulatinamente. (SINADECI. 2004. Pág. 17 y ss.). El documento cuenta además con una serie de guías de trabajo para el tratamiento de cada emergencia que atiende.

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Este antecedente es importante porque demarca de manera clara cuál es la importancia de un centro de emergencias ante situaciones críticas para dar soluciones concretas, rápidas y eficaces a la sociedad y cómo depende de una buena organización alcanzar esas metas. En relación a esta línea de investigación, también se halló como antecedente que en el año 2010 la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja publica un trabajo titulado “Manual sobre Organización y Funcionamiento para Centro de Operaciones de Emergencias” el que describe sobre el funcionamiento de un sistema de manejo y control de operaciones de emergencia y sus principios fundamentales; cómo es el proceso administrativo y operativo de los mismos, más la importancia social de dichos sistemas ante situaciones de emergencia. Establece conceptos, competencias, organización y modelos de funciones típicas de cualquier centro de atención de emergencias, como llevar a cabo la planeación estratégica y la organización por procesos.

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Sobre los centros de emergencias, el manual cita que “…El Centro de Operaciones de Emergencia es una herramienta vital y útil para el control de la respuesta a emergencias y desastres, sin embargo, para que esta herramienta cumpla con su cometido es necesario desarrollar metodológicamente su organización y su funcionamiento incorporando conceptos científicos que parten de la noción de procesos de toma de decisiones e incorporación de áreas estructuradas en componentes de decisión política, operaciones y comunicaciones, en la que se procesa la información y se establece un intercambio de la misma que facilita la toma de decisiones…” (MACOE. 2010. Pág. 7). El manual está dirigido a los técnicos(as) de las instituciones cuya finalidad sea organizar centros de operaciones de emergencia de cualquier nivel y que requieran de una metodología sencilla, coherente y que garantice los resultados deseados. Afirma que el sistema de manejo de emergencias es un conjunto orgánico y arti-

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culado de estructuras, relaciones funcionales, métodos, procedimientos y protocolos de carácter intersectorial, interinstitucional, interagencial y territorial (nacional, departamental, municipal), cuya finalidad es la administración de situaciones de emergencia en términos de control, según su jurisdicción de manera efectiva. (MACOE. 2010. Pág. 9-10). El Centro de emergencias es un componente del mismo sistema que interactúa con otras herramientas de control, tales como: Salas de Situación, Puestos de Comando y Centros de Operaciones de otros niveles territoriales; todos ellos aplicando un proceso coordinado de toma de decisiones según su jurisdicción y sus ventajas son: (MACOE. 2010. Pág. 10 y ss.)

• Permite establecer objetivos comunes para la emergencia,

• Adopción de un enfoque colectivo para lograr los objetivos,

• Mejora el flujo de información, • Mejoramiento de la coordinación intersectorial, interinstitucional e interagencial,

• Establecimiento de prioridades de manera coordinada,

• Respeto de las competencias institucionales,

• Se asegura el conocimiento de la información por todos los involucrados,

• Se elimina la duplicidad de esfuerzos, • Coherencia con otros sistemas. El documento cita que las emergencias exitosamente manejadas son las que cuentan con el auxilio de la ciencia administrativa en sus distintos procesos. Uno de estos

es el manejo y control de operaciones, el cual, se desarrolla dentro de la instancia denominada Centro de Operaciones de Emergencia que puede tener distintos niveles según la jurisdicción a que pertenece y que el aporte que la administración hace al sistema que consiste en darle forma (organización), de manera consecuente con los escenarios de riesgo. El uso de la administración es la principal herramienta que establece la diferencia entre la efectividad e inefectividad en el manejo de la operación de emergencia. El éxito que se tiene al alcanzar resultados positivos en el control de operaciones depende en gran medida, que sus integrantes utilicen herramientas tales como: Procedimientos, cuadros de situación, informes, mapas, entre otros. (MACOE. 2010. Pág. 19). Por último, otro antecedente encontrado, data del año 2008 a través del Dr. Diego F. Gallardo Ortega, quien presenta su tesis doctoral “Impacto de los puntos de atención continuada sobre la utilización de un servicios de urgencias hospitalario”, en la Universidad de Gándara, donde analiza los problemas originados por llamadas que no son emergencias como así los criterios subjetivos de los usuarios que consideran como emergencias situaciones que no son tales, más los problemas que de ello se deriva. Analiza además el concepto de emergencia, estudia cuáles son los factores de la demanda y cuáles es la situación de los servicios de urgencias en general. Según este autor, una urgencia es “…la aparición de un problema de etiología diversa y gravedad variable que genera la vivencia de necesidad inmediata de atención…” Haciendo hincapié en que el carácter de urgente depende (subjetivamente) de cómo la persona vive personalmente la necesidad de atención surgida de un evento inesperado.

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Citando a Abellán (1999) entiende por urgencia “toda demanda que se realiza con dicho carácter a los servicios de urgencia, tanto como cualquier situación que requiera atención inmediata, bien por su gravedad, bien por los perjuicios derivados de la falta de asistencia…” (GALLARDO O. 2008. Pág. 28). Aunque aclara y reconoce que en este aspecto diversos autores no se ponen de acuerdo en definir lo que es una urgencia (Foldes et. al., 1994; Gresens y Studdert, 2004; Stapezynski, 2004 –citados por el autor-), por lo que resulta conveniente clasificar las urgencias y emergencias en diferentes categorías en función del nivel de gravedad, ya que muchas veces los requerimientos dependen de una perspectiva subjetiva de quien hace el requerimiento, por lo que es necesario establecer dicha clasificación desde una perspectiva eminentemente técnica. (GALLARDO O. 2008. Pág. 29-30). También define el concepto de “uso inadecuado” sobre los servicios de emergencia, que serán analizados más adelante en el marco teórico. MARCO CONCEPTUAL DE REFERENCIA SISTEMAS DE EMERGENCIAS COORDINADOS Dentro del sistema de respuesta a las emergencias, a nivel nacional, el 22 de Noviembre del año 2000, se sancionó la Ley 25.367, que establece la creación del Departamento de Emergencias Coordinadas en el ámbito del Ministerio del Interior. Esta ley establece un único número telefónico para recibir los requerimientos, los cuales (Art. 1º) frente a los distintos tipos de emergencias, serán derivados a las reparticiones públicas o privadas con compe88

tencia. Dicho número telefónico, debe ser gratuito por parte de las empresas licenciatarias de comunicación, siendo el *911 ó 911. La ley invita a las provincias a adherirse a dicho sistema y a realizar una amplia campaña de difusión. De esta manera se integran en un único número los distintos teléfonos que anteriormente debían marcarse (uno para cada servicio) y que hasta ese entonces inclusive variaban de una localidad a otra. La citada norma establece en su artículo 2º que el Ministerio de Seguridad dispondrá las medidas pertinentes, para el cumplimiento de la adhesión y es a partir del año 2007 que se crea el Centro Estratégico de Operaciones Provincial C.E.O. 911. Este organismo centraliza, como ya se dijo los servicios de emergencias de Policía, Bomberos, Salud y Defensa Civil, llevando adelante las delicadas tareas que requieren la atención de emergencias o desastres; así como, sustentar una organización que integre los esfuerzos técnicos y operativos en la búsqueda común por mitigar sus consecuencias, como así mejorar la capacidad de respuesta. Además de ello, como organismo de respuesta es el encargado de centralizar, coordinar, dirigir y controlar las tareas operativas policiales. LOS SERVICIOS DE ATENCION DE EMERGENCIAS A.- EVOLUCIÓN E IMPORTANCIA SOCIAL Desde el punto de vista social los servicios de emergencia constituyen una necesidad. Aunque se podrá decir que siempre han existido; su evolución (en la forma que actualmente los conocemos) data de mediados del siglo pasado, aunque más precaria-

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mente dichos servicios se remontan al siglo XIII por lo menos. “Desde sus orígenes, el ser humano ha tratado de ayudar a sus semejantes ante una situación que comprometa su vida o integridad física (enfermedad, accidente, agresión, etc.), existen referencias a estos hechos en todas las culturas. Las primeras actuaciones organizadas que tuvieron por objeto la atención a personas en situación de riesgo vital inminente se remontan al siglo XVIII, destacando en 1776 el nacimiento en Ámsterdam de la “Sociedad para el rescate de personas ahogadas o Sociedad Humana…” (GALLARDO O. 2008. Pág. 31). Sin embargo, es a partir de la segunda

mitad el siglo XX cuando los avances en las comunicaciones permitieron la creación de pequeñas centrales destinadas a atender los requerimientos sociales para casos de urgencia y que funcionaban de un modo similar al que actualmente conocemos. Efectivamente, a medida que se fue incorporando tecnología a los servicios policiales con la utilización del teléfono, se fue haciendo más común el establecimiento de centrales de recepción de llamados de auxilio y con ellos las centrales de emergencia. “A medida que las ciudades crecen, la gestión de la seguridad ciudadana es más compleja y para asegurarla, se hace necesario coordinar una gran cantidad de recursos y personal competente….” (Revista Nuestra Seguridad. 2012, pág. 4).

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A medida que la policía fue perfeccionando sus métodos de patrulla y atención de emergencias, se comenzó a hacer sentir cada vez más la necesidad de coordinación de las acciones. A mediados del siglo pasado ya no era suficiente el policía de parada o el patrullaje a pié, a caballo o bicicleta y paulatinamente se fueron sumando a sus actividades operativas los auto-patrullas o patrulleros. Este cambio operativo, precisaba de un medio de coordinación y control más efectivo; como así para aprovechar sus bondades respecto de la superficie territorial que podían cubrir era necesario el enlace radial entre los policías de calle y una central. El uso de las tecnologías nacientes en radiocomunicaciones (entre los años 1950 y ’60), facilitó en mucho el trabajo de seguridad y a su vez brindaba la perspectiva de acelerar la respuesta policial. Ya no hacía falta que el policía volviera a su lugar de asiento para tomar los recados, sino que desde su mismo puesto en la calle, mediante comunicaciones radiales, podía recibir los requerimientos para desplazarse donde hiciera falta, lo que en los Estados Unidos (y luego en todo el mundo) se comenzó a conocer en los años ‘60 como “radio-patrullas”. Esta facilidad de desplazamiento, comunicación y control dio un vuelco en la respuesta policial a las emergencias. La incipiente proliferación del teléfono facilitó a su vez a la comunidad ponerse en contacto con la policía (lo que se extendió luego a todos los servicios de emergencia como bomberos y hospitales) y de este modo recibir la ayuda ante una situación de emergencia resultaba una solución social de primordial importancia. La seguridad entonces comienza a sentir-

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se como un “servicio social” al brindar soluciones más rápidas y eficientes a la población. Hoy en día no se concibe un servicio de seguridad sin estos avances tecnológicos. A medida que se perfeccionaba la tecnología, y las ciudades crecían, las policías del mundo iban acompañando los progresos incorporando cada vez más y mejores medios de comunicación. Las centrales de emergencia se tornan ahora como un mecanismo de respuesta natural en la atención de las necesidades sociales de servicios de atención de urgencias y podríamos decir que un “Servicio de atención de Emergencias” es un conjunto orgánico y articulado de personas, tecnología, estructuras, relaciones funcionales, protocolos, métodos y procedimientos, cuya finalidad es controlar las operaciones de respuesta ante emergencia, según su importancia y gravedad de manera efectiva para asistir a la población de manera ágil, pronta y eficiente. (MACOE. 2010. Pág. 9-10). “Manejar una emergencia consiste en un proceso sistemático de orientar los esfuerzos interinstitucionales hacia el mejoramiento de la situación de los afectados y a su rápida recuperación. En emergencias se habla de la administración como un proceso para subrayar el hecho de que todos los involucrados, desempeñan ciertas actividades interrelacionadas con el propósito de alcanzar los resultados positivos…” (MACOE. 2010 pág. 21). De este modo los servicios de emergencia se constituyen, en primer lugar, en la herramienta efectiva del Estado para garantizar la seguridad de la población en cualquiera de los aspectos que pueda verse afectada y que requieran la acción de la policía, bomberos, prestadores de salud o la propia ac-

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SEGURIDAD

ción de la defensa civil. En segundo lugar se transforma en un servicio disponible para la población a donde recurrir cuando se ve afectada por un evento que lesiona su propia seguridad. Y en este sentido un servicio de emergencias es una herramienta de auxilio con que la comunidad cuenta para casos en que se requiere la acción del Estado en su protección personal inmediata y urgente. Un servicio de emergencias por eso mismo debe estar presto a actuar de manera inmediata y a diferencia de otros servicios públicos no requiere de ningún trámite previo para disponer de él: No hay que sacar turnos, cumplir requisitos o abonar canon alguno por una prestación. Para ser efectivo debe encontrarse disponible las veinticuatro horas todos los días. De ahí la importancia social de su función, por cuanto es una garantía inmediata, permanente e irrestricta que el Estado pone a disposición de la ciudadanía y a su vez es un servicio regular, gratuito y sólido del que dispone la misma. B.- LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Una emergencia es cualquier suceso capaz de afectar el funcionamiento cotidiano de la sociedad, pudiendo generar víctimas o daños materiales, afectando la estructura social y económica de la comunidad involucrada y que puede ser atendido eficazmente con los recursos propios de los organismos de atención primaria o de emergencias de la localidad, (Policía, bomberos, etc.). Existe una emergencia cuando hay un bien o una vida en peligro. Por un lado, el término emergencia suele ser usado por la mayoría de la gente para referirse a una situación fuera de control

que se desarrolló como consecuencia de un desastre o un evento que altera de manera negativa su entorno, su propia persona o sus bienes. Generalmente, estaremos ante una auténtica situación de emergencia cuando un suceso determinado inesperado, eventual y muy desagradable (natural, accidental o causado por el ser humano) altera la tranquilidad reinante en una comunidad pudiendo ocasionar no solamente daños materiales y víctimas, sino también, en ocasiones, afectar la estructura social o económica de la sociedad (casos de sismos, inundaciones, viento zonda, etc.), pero sin que esta situación exceda la capacidad de respuesta que pueda darle esa misma comunidad para paliar o minimizar sus efectos; en cuyo caso estaremos frente a un desastre o catástrofe (que no es tema de esta investigación). Nos referimos entonces a los hechos de ocurrencia inesperada, pero cotidianos en su diario devenir y que motivan la rápida (urgente) intervención del Estado. Por eso es que (en el sentido que aquí lo estudiamos) el término “emergencia” está asociado con aquellas situaciones que requieren actividades dentro de los procesos regulares y habituales de desarrollo de una actividad cualquiera (policial o sanitaria por ejemplo) para volver a la normalidad, es decir, la capacidad de respuesta inmediata y cotidiana a eventos de menor o regular envergadura que motivan la intervención. La diferencia entre emergencia y desastre estriba en que “éste ocasiona pérdidas directas e irreversibles vinculadas al hecho que le dio origen…” (MARTINEZ L. 2004. pág. 7 a 11). Sin embargo, llevar adelante las delicadas tareas que requiere la atención de emergencias; así como sustentar una organización que integre los esfuerzos técnicos y políti-

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cos en una búsqueda común por mitigar sus consecuencias; constituyen elementos imprescindibles entre la necesidad de planificar y la de mejorar la capacidad de respuesta. “El sistema de manejo y control de operaciones de emergencia es un mecanismo para coordinar los esfuerzos intersectoriales, interinstitucionales e interagenciales, con el objetivo de reducir la improvisación y la incertidumbre derivada de la crisis debido a coordinaciones inadecuadas…” (MACOE. 2010 pág. 15). Un sistema típico de manejo y control de operaciones de emergencia se caracteriza por la complejidad del manejo de situaciones críticas, junto a la exigencia de responder mejor a los eventos, lo cual ha aumentado la necesidad de contar con un sistema regulado, flexible y capaz de administrar la información proveniente de los distintos escenarios con el propósito de mejorar los procesos de toma de decisiones. Cada vez se hace más necesario e importante establecer mecanismos bajo un sistema común de manejo de emergencias, como en el caso de nuestra Provincia entre Policía, Bomberos, Servicio Coordinado de Emergencias (salud) y la Defensa Civil. Las circunstancias en que este sistema de control de emergencia opera, variarán según el tipo de escenarios y los factores externos e internos que estén presentes, tales como: Factores políticos, administrativos, operativos, culturales, logísticos, entre otros. Las emergencias exitosamente manejadas son las que cuentan con el auxilio de la ciencia administrativa en sus distintos procesos. Uno de esos es el manejo y control de operaciones, el cual en nuestra Provincia, se desarrolla dentro de un organismo denominado “Centro Estratégico de Operaciones” y que cuenta con distintos niveles de control

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de la seguridad de la población (lo cual veremos más adelante). Este Centro Estratégico de Operaciones (C.E.O.) cumple el papel del centro de información especializado en gestión del riesgo y de respuesta a las emergencias, centralizando los requerimientos de la comunidad, información y disponibilidad operativa a través de los recursos operativos disponibles (Policía, bomberos, ambulancias, aeronaves, patrullas, etc.). Este centro de atención especializado en gestión del riesgo tiene múltiples tareas que le identifican también como un actor proactivo en la respuesta a emergencias y otros requerimientos de la sociedad mendocina, cumpliendo entonces con el rol-obligación del Estado provincial de garantizar la seguridad de las personas. Un organismo de “atención de emergencias” se define como un espacio físico en el que se pueden compartir recursos y servicios informativos para la prevención y atención de desastres, tiene un rol importante en la transferencia de conocimiento y por lo tanto, una gran incidencia en los procesos de respuesta. En general, el papel de los centros de respuesta a emergencias y desastres consiste en articular el flujo de información, diseñando las políticas apropiadas, monitoreando el entorno para traer los recursos de información externos y participando de redes que multipliquen su alcance, con la misión de poner la información a disposición de aquellos que la necesiten. (CRID, 2007.pág. 2). “Un centro de información especializado en gestión del riesgo tiene múltiples tareas que le identifican también como un actor proactivo en la respuesta a emergen-

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cias…” (SOLIS DELGADO, 2008. pág. 24). Parte de las tareas del centro incluyen, entre otras, recopilar, organizar, conservar y diseminar información relacionada con la prevención y atención de desastres para promover el acceso equitativo, rápido y eficiente a esta información. (CRID, 2007. pág. 3). EL CENTRO ESTRATÉGICO DE OPERACIONES C.E.O. - 911 A.- BREVE RESEÑA HISTÓRICA La eficiencia en la prestación de los servicios depende principalmente de la organización. Tomándose como referencia la experiencia propia y local, fruto de los precedentes organismos de emergencia existentes históricamente en la Provincia, el C.E.O. tiene una organización que resulta óptima para la prestación de los servicios en la actualidad. Estos organismos, que desde muchos años han permitido volcar esa experiencia, estaban constituidos originalmente por el “Comando Radioeléctrico” que existía antiguamente en la Jefatura de Policía en calle Mitre y Montevideo de Ciudad, y que funcionaba como central telefónica y sala de radio (enlace con los servicios externos) y contaba con un número de marcación fija (central PBX) “44444”, (luego 2-44444). Este comando que dependía originalmente de la Dirección Comunicaciones pasó a depender directamente de la Subjefatura de Policía bajo la denominación de “Centro de Operaciones Policiales” C.O.P. y contaba con un Oficial Jefe como “Auxiliar” que ejercía las funciones de titular. En aquel entonces las comunicaciones radiales se realizaban mediante el sistema VHF a través de la frecuencia radial “AYM-8” autorizada por la

Subsecretaria de Comunicaciones del Ministerio del Interior de la Nación. Posteriormente, con la reforma de la Ley 4.747, el sistema pasó a depender de cada Unidad Regional, y para el caso del Gran Mendoza de la Unidad Regional Primera, con asiento en calle Belgrano y Peltier de Ciudad y pasó a llamarse “Centro de Operaciones Regional” (C.O.R.), manteniendo una organización similar al anterior. El resto de las comunicaciones radiales de la policía, de orden administrativo (Estaciones bases) continúa bajo la órbita de la Dirección Comunicaciones mediante enlace radial por los sistemas “VHF Y BLU”. Este servicio atendía los llamados de emergencia al nuevo número “101” únicamente para servicios policiales, en tanto los requerimientos de bomberos al teléfono “100” se recibían en el propio Cuartel Central de Bomberos (ubicado en calle Sargento Cabral y Belgrano de Ciudad). Los requerimientos de salud eran recibidos por el Servicio Coordinado de Emergencias (S.E.C.) al teléfono “107” y los pedidos de auxilio a Defensa civil al teléfono “103”, éstos últimos que se mantenían por separado físicamente en cada una de sus dependencias. En este período se incorporan (además del 101) los servicios de atención a la mujer maltratada y violencia familiar (102) y el servicio de Fono-Droga. Se incorpora también en éste período, como adelanto tecnológico, el sistema de comunicación radial “Movilink” que funciona de manera paralela con la estación “AYM-8”. Posteriormente, a partir del año 1999 con la reforma de la Ley 6.721 y 6.722, el sistema de atención de emergencias pasa a Depender de las Jefaturas de Policía Distrital y se integran en un único número “101”

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las emergencias de Policía y bomberos en un nuevo organismo denominado “Centro de Operaciones Distrital” (C.O.D.). En las zonas de Valle de Uco, Zona Este y Zona Sur la evolución es similar a la descripta para el Gran Mendoza. En el año 2007, con la sanción de la Ley Provincial 7.551/06 la Provincia de Mendoza adhiere al sistema nacional regulado por Ley 25.367/02 del “Sistema de Emergencias Coordinadas”, integrándose en un único número “911” los servicios de Policía (101), Bomberos (100), Salud (107) y Defensa Civil (103) y se crea el actual “Centro Estratégico de Operaciones” C.E.O. con asiento en calle Salta y Huergo de Godoy Cruz, sede del Ministerio de Seguridad de la Provincia. Este último toma como antecedente administrativo y organizativo la experiencia de los organismos anteriores con una sala de telefonistas encargados de la recepción de llamados de los usuarios y una sala de radio destinada al procesamiento y enlace radial frente a las emergencias, y un “auxiliar” que hace las veces de coordinador y jefe de las operaciones. Se incorpora tecnología de punta con el sistema TeTRa utilizado por las grandes policías del mundo, el sistema de atención 911 de la empresa Fedetec, la incorporación de terminales Sepura para las transmisiones radiales y la ubicación de cámaras para video-vigilancia mediante enlace con fibra óptica a un centro de monitoreo. Al sistema también se integra un operador de Servicio de Atención Telefónica en Crisis (SATEC) el que inicio sus actividades el dos de noviembre del 2009 previa iniciativa conjunta de Ministerio de Seguridad y Salud a través de la Dirección General de Salud Mental, poniéndose en marcha un sistema de escucha telefónica destinado a pre94

venir y asistir las crisis emocionales de quienes voluntariamente se comunican con el 911. (PIEMONTESI,P. 2011 –Diario Uno Ed. Digital). B.- PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL SISTEMA El C.E.O. es una herramienta vital y útil para el control de la respuesta a emergencias por parte del Estado. Para que éste cumpla con su cometido es que ha desarrollado metodológicamente su organización y su funcionamiento incorporando conceptos científicos que parten de la noción de procesos de toma de decisiones e incorporación de áreas estructuradas en componentes de decisión operacional y comunicaciones, en la que se procesa la información y se establece un intercambio de la misma que facilita la toma de decisiones, contando actualmente con tecnología de punta. El aporte que la administración hace al sistema consiste en darle forma (organización) de manera consecuente con los escenarios de riesgo. El uso de la administración es la principal herramienta que establece la diferencia entre el buen o mal manejo de una operación de emergencia. El sistema de manejo y control de operaciones de emergencia es un mecanismo para coordinar los esfuerzos con el objetivo de reducir la improvisación y la incertidumbre derivada de las crisis que atiende. Este proceso administrativo y su relación con el sistema (personas y organización) permite la coordinación en el manejo de emergencias, para lo cual el C.E.O. se sirve de:

• Terminología común: La terminología del

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sistema está normalizada y es coherente con todos los organismos involucrados, para ello se utilizan códigos de comunicación estandarizados cómo el “Código internacional Q” y codificaciones alfa numéricas locales para la designación de eventos y delitos de fácil comprensión y difusión institucional.

• Organización modular: La estructura del sistema se puede aumentar en múltiples niveles para atender la complejidad y extensión de una emergencia de acuerdo a su gravedad o bien para eventos especiales como Fiesta de la Vendimia, eventos deportivos, etc.

• Comunicaciones integradas: El sistema utiliza un sistema común de comunicaciones, procedimientos normalizados de operación, un léxico claro, frecuencias comunes o especiales a través del sistema Tetra y demás tecnología de avanzada como Geo-posicionamiento satelital, cartografía actualizada, bases de datos y terminales de radio de última generación.

• Planes consolidados de acción de emergencias: Los planes de acción describen los objetivos, estrategias, recursos y organización; así como mecanismos de respuesta y actividades de apoyo para casos puntuales o eventos especiales que son coordinados desde el mismo C.E.O. 911.

• Espacio de control manejable: Una relación manejable se define como el número de individuos que pueden cumplir con una tarea y/o las funciones que una sola persona puede manejar con eficacia. Para ello el C.E.O. cuenta con diferentes áreas de acuerdo a cada necesidad evitándose la superposición de funciones y cada una de ellas tiene un espacio físico definido. (El S.E.C. por ejemplo tiene su propia sala de

operaciones y radio dentro del mismo edificio del C.E.O. y ya no se encuentra segregada en otro ámbito).

• Instalaciones designadas para emergencias: Éstas cuentan con los medios adecuados para un manejo y control eficaz y se ubican en su edificio propio en el predio del Ministerio de Seguridad en calle Salta y Huergo de Godoy Cruz, construido específicamente para la función. Este espacio cuenta con sala de telefonistas, sala de radio, sala de situación, sala de monitoreo (cámaras) y todas las dependencias administrativas necesarias para el funcionamiento de las anteriores debidamente separadas, aisladas y con prohibición de ingreso de personas extrañas mediante

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ingreso con tarjeta magnética de identificación personal.

ca sólo para Emergencias y brindar una solución en conjunto Estado-ciudadanía.

• Manejo de los recursos: El C.E.O. cuenta

• Retransmitir el requerimiento de la asis-

con la totalidad de los recursos tecnológicos, logísticos y humanos integrados al sistema para el manejo de emergencias, que se describen más adelante. A grandes rasgos podríamos decir que los objetivos institucionales del Centro Estratégico de Operaciones 911 son:

• Desarrollar y mantener un sistema de recepción y transferencia de llamadas de emergencias durante las veinticuatro horas, todos los días del año.

• Recibir, atender y procesar de manera centralizada las llamadas de emergencias tanto para Policía, Bomberos, Salud (S.E.C.), Defensa Civil y Servicio de Atención Telefónica en Crisis a través de un único número de emergencias (911) conforme con la legislación nacional y provincial en vigencia.

• Atender y orientar inmediatamente a los usuarios del sistema de atención telefóni-

tencia de la ciudadanía al Área de Despachadores de servicios competentes (operadores de radio) para su prestación inmediata, la que es canalizada a unidades móviles y demás efectivos en servicios de calle.

• Monitoreo permanente del sistema de cámaras (domos) ubicados estratégicamente en distintos departamentos de la Provincia, con enlace radial inmediato a la Sala de Despachadores para la respuesta en materia de seguridad y prevención.

• Optimizar la utilización de los recursos disponibles para la atención de emergencias, mediante la activación de una Sala de Situación que se encuentra en el mismo edifico para todas las autoridades ante casos graves.

• Capacitación específica del personal en áreas de su labor cotidiana. Este servicio público pretende adecuarse a las demandas de los ciudadanos en materia de emergencia y seguridad, con el fin de convertirse en una herramienta eficaz para combatir el crimen y asistirlos cuando hay un riesgo de vida y/o un bien

Sala de Video vigilancia del C.E.O.

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de cualquier otro tipo (incendios, emergencias de salud, etc.). TECNOLOGÍA A DISPOSICIÓN DEL C.E.O. Desde sus inicios a partir del viejo comando radioeléctrico la incorporación de nueva tecnología acompañó siempre la evolución del actual Centro Estratégico de Operaciones. En la actualidad se cuenta con tecnología de punta que se basa principalmente en cuatro pilares:

• Tecnología TETRA (por sus siglas en inglés de Terrestrial Trunked Radio), Radio Troncal Terrestre que es el estándar profesional de comunicaciones PMR (Radio Móvil Profesional) que se utiliza en todo el mundo por las autoridades y las organizaciones gubernamentales de seguridad. Este es un sistema troncalizado, digital y encriptado de comunicaciones que lo hace prácticamente inviolable.

• Servicios FEDETEC (propiedad de la empresa española Amper), que brinda servicios de informática para centros de control y emergencias, la cual aporta todo el soporte informático para el funcionamiento del C.E.O. tales como software (sistema GEMYC) que integra paquetes informáticos para el registro, grabación y recuperación de información, bases de datos, servicios de georeferenciación, etc., todo ello integrado con el mapeo de calles a través de imágenes satelitales, información catastral de nombres y numeración de calles, y la localización en tiempo real de móviles a través del sistema GPS con una variación máxi-

Red de enlaces sistema TETRA

ma de 41 cm.

• Terminales SEPURA que aporta una flota de radios fijas y móviles que se integran a los dos sistemas anteriores para las comunicaciones en terminales digitales con tecnología de avanzada.

•Sistema de Video-vigilancia utilizada para el monitoreo integral de la vía pública. Es un instrumento innovador para garantizar la seguridad ciudadana. Si bien las cámaras por sí solas no previenen el delito, permiten a las fuerzas de seguri-

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dad intervenir en el momento que se produce un hecho delictivo y a la Justicia obtener pruebas irrefutables para el esclarecimiento de la investigación. TRATAMIENTO DE LAS EMERGENCIAS A.- LLAMADAS DE EMERGENCIA Las llamadas de la ciudadanía que ingresan al 911 son atendidas por los operadores del servicio siendo personal policial idóneo y con una capacitación especifica en la utilización del sistema de última generación. El sistema permite un primer nivel de atención telefónica, en el cual se recibe el llamado del particular, y luego se plantea un segundo nivel de despacho que implica enviar la patrulla o unidad adecuada al lugar del incidente o evento demando. La recepción de comunicaciones se efectúa en el Centro Estratégico de Operaciones el que se encuentra conformado por una Sa-

la de Telefonistas (1° nivel recepción del llamado), Sala de Despachadores (2° nivel despacho del suceso o evento con la cobertura según los recursos disponibles al momento del requerimiento). El mecanismo se puede describir de la siguiente manera: El Centro Estratégico de Operaciones:

• Recibe la llamada y obtiene automáticamente el número desde el cual se llamó y su dirección geográfica.

• Se clasifica la llamada y se obtienen los datos vitales de la emergencia.

• Se despacha con información precisa el recurso más apto y más cercano para atender la emergencia.

• Se registran todos los eventos y se graban las comunicaciones realizadas. La información del sistema permite también detectar el móvil en servicio disponible más cercano al sitio y se puede conocer

Optimización del seguimiento de recursos sistema TETRAY GEMYC. (3)

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dónde se ubican y qué hacen los efectivos que patrullan las calles. En el Centro Estratégico de Operaciones los operadores disponen de cartografía que ofrece una imagen digital de toda la provincia permitiendo visualizar a distintas escalas, según el grado de emergencia el escenario de los hechos. También contiene sitios de interés operativo como bancos, hospitales, escuelas y por GPS (Geo Posicionamiento Satelital) se señalan todas las unidades en servicio (hombres y mujeres a pie, motos, vehículos y aeronaves). El público puede llamar de los teléfonos fijos de su domicilio, de los públicos y de los celulares, sin costo alguno al servicio del 911. Asimismo, la base de nuevas herramientas tecnológicas que incorpora este procedimiento permite a la policía transmitir datos, voz, texto e imágenes, además de utilizar sistemas de rastreo de vehículos. Además del Servicio de Atención Telefónica en Crisis (SATEC) incorporado por iniciativa del Ministerio de Seguridad y Salud a través de la Dirección General de Salud Mental, poniendo en marcha un sistema de escucha telefónica destinado a prevenir

y asistir las crisis emocionales de quienes voluntariamente se comunican con el 911. “En Mendoza, el antecedente histórico fue el Centro de Ayuda al Suicida (CAS), que surgió en 1993 y permaneció en la órbita de la salud pública hasta 2002”. (PIEMONTESI,P. 2011 – Diario Uno Ed. Digital). B.- CLASIFICACIÓN DE LAS LLAMADAS a) Sucesos: Son acontecimientos que afectan la seguridad de las personas y que la comunidad informa a la línea 911, entendiéndose por acontecimiento un evento o hecho que sucede de manera repentina y que es generado por causas determinadas, al mismo tiempo que genera consecuencias y consiguientes perjuicios. Estos pueden llegar a considerarse presuntos delitos, códigos de falta, alteraciones del orden, eventos de orden público, incendios y otros estragos y requerimientos de emergencias de salud (Estos últimos derivados a la sala de operaciones del Ministerio de Salud, Servicio de Emergencias Coordinado S.E.C. ubicado en el C.E.O) Los sucesos se clasifican según su tipo,

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importancia y gravedad. (Ver Apéndice 01, “Tabla de clasificación de sucesos”) b) Transferencias internas Corresponden a las llamadas derivadas al S.E.C. y al SATEC. (Servicio de Atención Telefónica en Crisis) para su correspondiente atención. c) Consultas Se entiende por consulta a la acción y efecto de examinar un asunto con una o más personas, buscar datos sobre alguna materia o pedir consejo. Hacer una consulta, en general, está vinculado a solicitar el parecer o la instrucción de otra persona. Quien consulta espera obtener información de utilidad para satisfacer sus necesidades o conseguir sus objetivos. Esta lógica se aplica tanto a la consulta más simple (averiguar cómo llegar a un destino) como a la más compleja (una consulta profesional). Generalmente las personas que utilizan el sistema para realizar este tipo de llamadas suelen consultar:

• Números telefónicos, • Ubicación de entidades privadas o financieras,

• Localidades, • Temas sobre turismos, • Recorridos de colectivos, • Pronóstico del tiempo, • Estado de rutas y caminos, • Temas de transito, • Direcciones, • Horario, • Asesoramiento, etc. 100

Por ejemplo en el C.E.O. se reciben consultas del tipo: “Le hago una consulta: ¿Usted sabe cómo llegar al Parque General San Martín?”, “Me puede pasar el número de teléfono del Consulado de Chile…” situación que dificulta a los operadores la atención de eventos que constituyen emergencias por la pérdida de tiempo que ello ocasiona. d) Llamadas falsas, molestias y bromistas En muchas ocasiones se reciben llamadas donde la gente reporta emergencias falsas, se queda callada cuando contesta un telefonista o incluso, la insulta. Pero teniéndose presente que no se puede descartar que una llamada dudosa sea realmente una emergencia se suele enviar a la policía cualquiera sea el recurso disponible y el medio empleado para el traslado con el que cuente; para poder comprobar la veracidad aportada a través de la línea telefónica. Este movimiento de recursos genera una grave alteración del servicio, provocando pérdida de tiempo, dinero y esfuerzo en perjuicio de quienes en realidad requieren ese apoyo, ya sea de personal policial, ambulancias, bomberos, Defensa Civil o simplemente contención ante una crisis psicológica. Por lo expuesto usuarios del sistema quedan a merced de los bromistas que utilizan una línea de emergencias, limitando sus derechos especialmente a la vida en un ambiente seguro libre de peligros o riesgos. ASPECTOS METODOLÓGICOS A) DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO En esta investigación se realizará un relevamiento de la información con la que se cuenta en la base de datos del C.E.O. Mendo-

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za para poder obtener todas las llamadas ingresadas entre los años 2008 al 2009, observar las diferentes categorías, describir la variable en estudio (llamadas falsas al C.E.O.), confeccionar estadísticas sobre los tipos de llamados recibidos y volcar los resultados en gráficos para una mejor interpretación y en base a ello generar una o varias propuestas de soluciones alternativas. Muestra: Llamadas ingresadas (atendidas y perdidas) al C.E.O. en el período 2008 a 2009. Unidad de Análisis: Llamadas atendidas. Variables:

será del tipo Observacional ya que no existe intervención del investigador; los datos que reflejan los eventos que se estudian se hallan registrados, ajeno a la voluntad del investigador.

• Según la planificación de la toma de datos: será un estudio retrospectivo, ya que se trabajará con datos secundarios que no han sido tomados por el investigador y corresponden a hechos pasados.

• Según el número de ocasiones en que se mide la variable: será transversal ya que los datos se han medido una sola vez y se realizan comparaciones.

• Según el número de variables: el estudio

• Sucesos reales, • Transferencias internas, • Consultas, • Llamadas falsas (bromistas, molestias, fal-

será multivariado y tendrá un carácter descriptivo ya que sólo se describen parámetros a partir de una muestra.

sas alarmas, etc.).

RESULTADOS CARACTERÍZACIÓN DE LA MUESTRA

B) NIVEL Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN El nivel de la investigación a llevarse a cabo será Descriptiva teniendo en cuenta sus objetivos, con un carácter cuantitativo en relación a la variable de estudio. La finalidad de la presente investigación es describir y/o estimar parámetros relacionados con la muestra de estudio (llamadas ingresadas al C.E.O.), respecto a la cual se describirán frecuencias y/o promedios, y se estimarán parámetros comparativos relacionados a las variables de estudio. C) TIPO DE INVESTIGACION Además esta investigación será del siguiente tipo:

• Según la intervención del investigador:

A.- AÑO 2008: LLAMADAS INGRESADAS A continuación para caracterizar (conocer) la muestra que se tomó para estudio, se describe el total de llamadas recibidas en el C.E.O. durante el año 2008 en relación con aquellas que fueron atendidas y las que fueron perdidas. Año 2008

Recibidas

Atendidas

Perdidas

TOTAL

4.588.625

3.280.864

1.307.761

En el cuadro se puede observar que durante el año 2008 ingresaron un total de 4.588.625 llamados, de las cuales sólo fueron atendidas 3.280.864 y el resto resultaron llamadas perdidas (no atendidas). Se puede decir del cuadro anterior que

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sobre el total de llamadas recibidas en el C.E.O. durante el año 2008, sólo un 71% de las mismas fueron atendidas. B.- AÑO 2009: LLAMADAS INGRESADAS

El cuadro muestra el total de llamadas recibidas (atendidas y perdidas) durante los años 2008 y 2009, mientras que en el gráfico se observa con más claridad una disminución de casos registrados en general durante el año 2009 respecto del anterior.

A continuación se describe el total de llamadas recibidas en el C.E.O. durante el año 2009. 2009

Recibidas

Atendidas

Perdidas

TOTAL

3.945.889

2.773.326

1.172.563

En el cuadro anterior se observa que durante el año 2009 ingresaron un total de 3.945.889 llamados, de las cuales sólo fueron atendidas 2.773.326 y el resto resultaron llamadas perdidas (no atendidas). a) Comparativo de llamadas recibidas (atendidas y perdidas) A continuación se comparan las llamadas atendidas y perdidas durante ambos períodos anuales. Total de llamadas atendidas y perdidas Años

Recibidas

Atendidas

Perdidas

2008

4.558.625

3.280.864

1.307.761

2009

3.945.889

2.773.326

1.172.563

ANALISIS DE LAS VARIABLES Caracterizada la muestra pasamos al análisis de las variables correspondiente a las llamadas atendidas por el CEO 911 en los años 2008-2009. Como se había explicado las variables de estudio serán:

• Sucesos reales: Que corresponden a los casos que ameritan la intervención del Estado (Policía) frente a un evento dañino.

• Transferencias internas: Corresponden a las llamadas derivadas al S.E.C. y al SATEC. (Servicio de Atención Telefónica en Crisis) para su correspondiente atención.

• Consultas: Llamados que sin ser falsos no constituyen sucesos y que realiza la comunidad para hacer preguntas de diversa índole, sin que exista emergencia ni obligación de asistencia.

3.280.864 2.773.326

3.500.000 3.000.000 2.500.000

1.307.761 1.172.563

2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 Atendidas

Perdidas 2008

102

2009

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• Llamadas falsas: Realizadas por bromistas, molestias, falsas alarmas, etc.

atendieron 3.280.864 de llamadas de las cuales sólo 477.855 fueron sucesos reales. b) Sucesos Reales Año 2009

A.- SUCESOS REALES a) Sucesos Reales Año 2008 De acuerdo a la caracterización de la muestra vimos que durante el año 2008 se

Al caracterizar de la muestra observamos que durante el año 2009 se atendieron 2.773.326 de llamadas de las cuales sólo 756.952 fueron sucesos reales.

13%

Sucesos reales año 2008

87% Atendidas

Sucesos

En el gráfico anterior se puede apreciar que sólo el 13% de las llamadas atendidas en el C.E.O. constituyeron casos reales durante el año 2008. Sucesos reales año 2009

21%

79% Atendidas

Sucesos

En el gráfico se puede apreciar que durante el año 2009 la proporción de sucesos reales (21%) en comparación con las llamadas atendidas (79%) en el C.E.O. aumentó respecto del 2008.

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TEMA’S

B.- TRANSFERENCIAS INTERNAS

a) Transferencias Internas Año 2008

A continuación se analizarán las “Transferencias Internas” que corresponden a las llamadas de Salud derivadas al Servicio Coordinado de Emergencias (S.E.C.) y al Servicio de Atención Telefónica en Crisis (SATEC) que son derivadas para su correspondiente atención.

De las 3.280.864 de llamadas atendidas durante el año 2008, 559.591 fueron transferencias internas. b) Transferencias Internas Año 2009 Durante el año 2009 se atendieron un total de 2.773.326 llamadas, de las cuales 431.945 correspondieron a transferencias internas.

15%

Transferencias internas 2009

85% Atendidas

Transferencias Internas

Se puede observar en el gráfico anterior que del total de llamadas atendidas durante el año 2008 un 15% corresponde a transferencias internas.

13%

Transferencias internas 2009

87% Atendidas

Transferencias Internas

Durante el 2009 el porcentaje de transferencias internas fue del 13%.

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SEGURIDAD

C.- CONSULTAS

sas.

Son los llamados que sin ser falsos no constituyen sucesos y que realiza la comunidad para hacer preguntas de diversa índole, sin que exista emergencia ni obligación de asistencia.

b) Consultas recibidas Año 2009

a)

Consultas recibidas Año 2008

Durante el año 2009 se atendieron un total de 2.773.326 de llamadas de las cuales 188.575 fueron consultas diversas. A continuación se observa la incidencia de las mismas.

De los 3.280.864 llamadas atendidas, 246.593 correspondieron a consultas diver5%

Consultas 2008

95% Atendidas

Consultas

En el gráfico anterior se observa que un 5 % de las llamadas atendidas durante el año 2008 constituyeron consultas.

7%

Consultas 2009

93% Atendidas

Consultas

Se observa en la gráfica que del total de llamadas atendidas un 7% fueron consultas (188.575 casos). Hubo un aumento del 2% con relación al año anterior.

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TEMA’S

D.- LLAMADAS FALSAS

a) Llamadas falsas Año 2008

Corresponden a la acción de bromistas, molestias, falsas alarmas, etc. Este tipo de llamadas constituyen un verdadero problema dado que interfieren en la atención de las emergencias reales o sucesos.

De un total de 3.280.864 llamadas atendidas durante el año 2008, 1.996.825 correspondieron a llamadas falsas. b) Llamadas falsas Año 2009 Ya dijimos que en el año 2009 se atendieron 2.773.326, de las cuales 1.395.854 resultaron falsas alarmas o la acción de bromistas y molestias. Llamadas falsas 2008

40%

60%

Atendidas

Consultas

En el gráfico se observa que la relación entre llamadas atendidas y llamadas falsas es elevada (40%).

Llamadas falsas 2009

36%

64%

Atendidas

Consultas

En el gráfico se observa que la incidencia de llamadas falsas durante el año 2009 fue del 36%, mucho menos que durante el año anterior.

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SEGURIDAD

E.- RESUMEN DE CASOS A continuación se presenta un resumen de las variables estudiadas: Sucesos, transferencias internas, consultas y llamadas falsas durante el período 2008-2009. En los gráficos se observa que el mayor porcentaje de llamadas ingresadas al C.E.O.

911 durante los años 2008 y 2009 están constituidas por “llamadas falsas” (falsas alarmas, molestias e insultos) con valores entre el 60 y 50 por ciento respectivamente. Un 8 y 7 por ciento constituyen consultas, mientras que entre el 17 y 16 por ciento son llamadas correspondientes a sucesos atendidos por el SATEC y el SEC respectivamente.

Total de llamadas atendidas durante el año 2008

17%

Año 2008

15%

60% 8% Llamadas falsasº

Consultas

Sucesos

Transferencias internas

Total de llamadas atendidas durante el año 2009

16%

Año 2009

50% 27%

7% Llamadas falsas

Consultas

Sucesos

Transferencias internas

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TEMA’S

Solo un 15 y 27 por ciento (respectivamente) correspondieron a sucesos reales. Los guarismos expuestos nos indican que durante los años 2008 y 2009 se recibieron:

• Sucesos reales: 1.234.807 • Transferencias internas: 991.536 • Consultas: 435.168 • Llamadas falsas: 3.392.679 Esto representa un Total de 6.054.190 de llamados atendidos durante el período estudiado. Esto ubicaría la demanda de hechos concretos que requieren la atención del Estado en el orden del 36%, mientras que el 64% restante son llamadas que no constituyen emergencias reales. CONCLUSIONES INTERPRETACIÓN Y ALCANCE DE LOS RESULTADOS La Seguridad Pública y Ciudadana es un servicio que debe brindar el Estado para garantizar la integridad de todos los habitantes y sus bienes. Implica que los ciudadanos puedan convivir en armonía, cada uno respetando los derechos individuales del otro y si así no fuera, puedan disponer de las garantías del Estado con su intervención directa en algunos casos o su asistencia en otros; sean estos delitos, incendios y otros estragos o emergencias sanitarias y psicológicas. No caben dudas que cuando la seguridad de las personas y sus bienes es afectada, la herramienta más eficaz de que dispone el Estado para garantizar la inmediatez en la respuesta ante casos de urgencia, es un Servicio de Emergencias como lo es el Centro 108

Estratégico de Operaciones 911 en la provincia de Mendoza. La función social que el mismo cumple es innegable, considerando también que la tecnología puesta al servicio de las emergencias sociales y personales está garantizada por un conjunto de herramientas que funcionan de manera coordinada para brindar respuesta inmediata a los requerimientos de la sociedad. Sin embargo, tal objetivo en ocasiones se ve disminuido por quienes obstaculizan el trabajo de los operadores y por ende el accionar de las fuerzas de seguridad, bomberos y otros servicios, esto es: El ingreso de llamadas innecesarias, el accionar de bromistas y las falsas alarmas. En esta investigación se ha descrito en términos estadísticos que tales llamadas representan el 64% de los casos (años 2008 y 2009). Mientras que los casos reales, tanto del servicio policial, bomberos, como del servicio sanitario y atención de emergencias psicológicas, sólo constituyen el 36% de las llamadas atendidas por los/las telefonistas del servicio de emergencias 911. Tal proporción determina que existe un serio problema para la satisfactoria atención de las emergencias que ingresan, puesto que la relación hallada entre llamadas reales de emergencia y aquellas que no lo son (molestias y consultas) supera el 60%, lo que excede cualquier límite de tolerancia, habida cuenta que estamos hablando de un organismo que presta servicios ante hechos que en algunos casos pueden ser de mucha gravedad, tanto en materia de seguridad como en salud. Un infarto de miocardio, un asalto en curso o un incendio de una vivienda con personas en su interior, son eventos que por sus

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SEGURIDAD

características no admiten dilaciones en cuanto a la necesidad de atención inmediata y que eximen de mayores comentarios. Una consulta por una calle o un número telefónico, sin dudas, no pueden ingresar por el mismo canal en que lo hacen ese tipo de emergencias. Y estas constituyen como hemos visto alrededor del 7 % de los casos. Las falsas alarmas, molestias e insultos, que exceden cualquier límite (57%), deben ser reprimidos cuando se producen, pero también podrían ser evitados si se adoptan pequeñas medidas para disuadir a sus causantes o autores. SUGERENCIAS Además del tratamiento de las emergencias que se describió en el marco teórico, podemos aclarar que cuando una persona se comunica al 911 (a través de la red fija o móvil de telefonía), dicha persona escucha varios tonos de llamada (que va de uno a diez segundos aproximadamente) mientras espera hasta ser atendida. La solución a esta problemática es segmentar las llamadas atendidas mediante un servicio automatizado de atención Call center inbound (Central de llamados entrantes), que deberá ser incorporado a los servicios

que presta la empresa Amper a través del software GEMYC al 911. Un servicio de atención automático evita esos segundos de espera en la comunicación, puesto que inmediatamente se marca, la comunicación es recibida (atendida) por un contestador automático. Este contestador, a través de una grabación pre-establecida, puede ofrecer distintas opciones que se seleccionan mediante el teclado de tonos del teléfono que llama, con derivación de la llamada al servicio que se intenta acceder. Así por ejemplo el sistema mediante una grabación puede responder: “Gracias por comunicarse con el servicio 911. Por emergencias marque 1, para consultas marque 2...” El sistema automáticamente derivaría las llamadas de emergencia para que las operadoras lo atiendan con prontitud, mientras que las restantes pueden esperar unos momentos más, sin mayores consecuencias. Como es lógico que existan unos segundos de espera el servicio puede informar (en cualquiera de las dos opciones): “Aguarde un instante, su número telefónico está siendo identificado. Esta llamada será grabada y registrada en nuestros

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TEMA’S

servicios de grabación” por ejemplo. Otros mensajes podrían ser “Le informamos que su llamado está siendo monitoreado y su número de teléfono quedará registrado por si necesitamos más información”, etc. Estos últimos ejemplos podría disuadir a aquellos que llaman para ocasionar molestias con lo cual se podría lograr una significativa disminución de las llamadas falsas. COROLARIO Uno o varios segundos para una persona que está sufriendo una crisis personal (emergencia) puede transformarse en una eternidad. Un sistema que atienda de manera inmediata puede llevar tranquilidad de alguna manera a esa persona que se sabe atendida por un sistema que está funcionando. Por otra parte una pequeña advertencia de que el número será identificado y la llamada grabada pueden disuadir intentos de causar molestias. En la actualidad las llamadas entrantes son atendidas directamente por las operadoras, y es la oportunidad que

están esperando los bromistas para hacer sus fechorías con insultos u otro tipo de molestias. Por último el hecho de contar con una segmentación de las llamadas entrantes, que darán prioridad a las emergencias (por supuesto), también podría ayudar a disminuir las llamadas perdidas; que entre los años 2008 y 2009 representaron 1.307.761 y 1.172.563 llamados respectivamente (un 23% del total), que no deja de ser una cifra preocupante, si consideramos que el fin del sistema 911 son las emergencias. Más allá que ello contribuye a desprestigiar el sistema por aquellos que tienen la sensación de que el mismo no funciona como debería hacerlo. Sin perjuicio de estas medidas, la gravedad de la situación (un 23% de llamadas perdidas -sobre el total- y un 64% de llamadas falsas -sobre las atendidas-) ameritan por parte del gobierno una campaña pública de concientización social que logre revertir o al menos disminuir estos guarismos. Estadísticamente podríamos decir que si ello se logra, de un promedio diario de entre 8.989 y 7.598 llamadas entrantes (incluidas falsas y consultas durante 2008 y 2009) se podría llegar estimativamente al orden de las 3.000 llamadas o menos (un 36% que son los casos reales) lo que definitivamente agilizaría el sistema. Con ello, conforme habíamos anticipado en la introducción quedaría demostrado que: “Si se logra conocer la dimensión del problema de llamadas intrascendentes que ingresan al Centro de Emergencias 911 y se llevan a cabo medidas para evitarlas se mejorarán los servicios de atención de emergencias…”

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SEGURIDAD

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