DESPUÉS DE COPENHAGUE Y BEIJING

DESPUÉS DE COPENHAGUE Y BEIJING
A poco mas de 5 años de realizadas las Conferencias de Beijing y
Copenhague, las representantes de organizaciones de mujeres continúan
reuniéndose en todo el mundo, para analizar el estado y situación de las
mujeres de la región, los logros alcanzados y los obstáculos encontrados en
la implementación de la Plataforma de Acción de las Mujeres (PAM) de
Beijing(1995), enfatizando en las áreas de Derechos Humanos, Mecanismos
Institucionales, Equidad de Género y Desarrollo Económico y Social. Este
último tema está directamente relacionado con el Plan de Acción de la
Cumbre de Desarrollo Social de Copenhague. En la esfera de los derechos
humanos los Estados de la región han actuado positivamente al ratificar los
tratados internacionales que protegen los derechos humanos de las mujeres,
entre ellos, la Convención para la eliminación de toda la forma de
discriminación contra la mujer y la Convención Interamericana para la
Prevención, Sanción y Erradicación de la violencia contra la mujer.
La creación y mantenimiento de mecanismos institucionales para trabajar por
la equidad de género y la presentación de propuestas o planes de igualdad
de oportunidades entre mujeres y varones por parte de la mayoría de los
países, fue considerado otro logro. En algunos países se dictaron leyes de
salud reproductiva que incluyeron programas de planificación familiar. Pero
estos avances no han alcanzado a revertir la situación de discriminación
que siguen sufriendo las mujeres de la región. Los problemas más serios
podrían ser resumidos así: La teoría de los derechos humanos frecuentemente
sigue desconociendo las experiencias y necesidades de las mujeres. Por
tanto su visión sigue siendo parcial. Los derechos humanos siguen anclados
en el esquema tradicional de jerarquías de lo público sobre lo privado, es
decir de lo general sobre lo individual. Además, las experiencias y
necesidades de las mujeres y sus aportes a la reproducción y sostenimiento
de la vida humana, no han sido incorporadas a ninguna teoría del derecho,
de la cual la teoría de los derechos humanos es parte.
Se mantiene la brecha entre los derechos consagrados en los tratados
internacionales de derechos humanos y la posibilidad de su disfrute por
parte de las ciudadanas. Los logros formales, si bien son un avance en el
reconocimiento de derechos de las mujeres, no fueron acompañados por
transformaciones políticas, culturales y sociales que permitan vislumbrar
la erradicación de la discriminación de género.
Como un ejemplo, la mayoría de los Planes de Igualdad presentados a
Naciones Unidas por los gobiernos de la región, para dar cuenta del
cumplimiento de los compromisos asumidos al firmar la Plataforma de Acción
de las Mujeres, no cuenta con recursos financieros que indiquen la
voluntad estatal de tomar medidas serias para erradicar la discriminación.
El desconocimiento al mandato de la integralidad e interconexión de los
derechos humanos (los derechos civiles y políticos deben implementarse de
manera interconectada con los económicos, sociales y culturales y los
derechos sexuales y reproductivos) Se observa una tendencia en
Latinoamérica tendiente a la disminución de la protección laboral en
general. Mientras se les reconocen algunos derechos civiles y políticos,
estamos perdiendo aceleradamente derechos económicos y sociales. A pesar de
registrarse un pequeño avance en la ciudadanía civil, retrocedemos en la
ciudadanía social, y eso hace que los derechos conquistados puedan ser
gozados por un número cada vez menor de mujeres.
Las mujeres siguen en la encrucijada de la actividad económica realizada en
el mercado de trabajo y los bienes y servicios producidos en la esfera
doméstica. En efecto, la economía doméstica (administración y mantenimiento
del hogar), la economía de la reproducción (reproducción, alimentación,
crianza y educación de hijos e hijas) y la economía de cuidado (atención de
otros seres humanos) demandan largas horas de trabajo que no han sido
plenamente reconocidas por el Estado y sólo se contabilizan cuando las
realiza una persona contratada por la familia.
El avance del poder de organizaciones internacionales, como la Organización
Mundial de Comercio no parece beneficiarlas. En una época limitada al
acuerdo de tarifas sobre importación y exportación de bienes, la OMC
extiende ahora su mandato hacia propiedad intelectual, patentes
medicinales, servicios, y otros sectores y sus determinaciones impactan el
medio ambiente, las relaciones sociales y la vida cultural de todas las
personas. Los gobiernos de nuestra región no tienen poder de decisión
dentro de la misma y se ven limitados a firmar los acuerdos diseñados por
los países mas desarrollados.
Esos acuerdos condicionan las políticas nacionales e impactan a las
mujeres, que además no tienen ninguna voz en esa discusión. Los esfuerzos
de nuestros gobiernos por atraer inversiones se han limitado a la
disminución de la protección laboral. Esta disminución, realizada con el
argumento de que se crearían nuevos empleos, ha tenido como efecto, en
algunos lugares, la reaparición del trabajo de explotación y el trabajo
infantil. Las condiciones de trabajo empeoran según la pertenencia étnico
racial y la condición de emigrantes. En cuanto a los derechos sexuales y
reproductivos, su pleno ejercicio se ve obstaculizado por la influencia de
sectores religiosos fundamentalistas. Esto motivó a las organizaciones de
mujeres a reclamar el afianzamiento del carácter laico de los Estados.
La exclusión de las mujeres del diseño de las grandes políticas nacionales.
Las mujeres son excluidas del diseño de las políticas centrales que marcan
el rumbo de nuestros países y esa exclusión no puede compensarse con
políticas parciales, que terminan resultando parches en un entramado social
que se mantiene imperturbable en los puntos hegemónicos. Las reformas
económicas, de salud, de justicia, entre otras, se están realizando en toda
la región sin la participación de las mujeres. La ausencia en el diseño de
las políticas de seguridad, por ejemplo, no se podrá compensar con una ley
contra la violencia, una fiscalía de atención a delitos contra la mujer o
un albergue para mujeres golpeadas. Por muy importantes que sean estas
medidas sociales, permanecerán como aisladas y no podrán contrarrestar la
creciente inseguridad en que viven las mujeres. En el mismo sentido, la
falta de participación femenina en las reformas de la justicia, no puede
compensarse con un curso de capacitación en género a funcionarios
judiciales y profesionales del derecho. Y la falta de participación de las
mujeres en los planes económicos estratégicos de cada país tampoco puede
ser nivelada con acciones aisladas, que resultan ser micro respuestas a
macro problemas.
De lo dicho surge la imperiosa necesidad de repensar los derechos humanos
incluyendo las necesidades, experiencias y reclamos de las mujeres a su
teoría y práctica así como a la agenda de las organizaciones de derechos
humanos. Asimismo, debemos insistir en la integralidad e interrelación de
los derechos humanos, al igual que en la multiplicación de los esfuerzos
para la implementación de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y
los Sexuales y Reproductivos. La participación de mujeres y hombres
sensibilizados en género en el diseño de las grandes políticas nacionales
es una de las mayores prioridades.