análisis político

ANÁLISIS POLÍTICO No. 43 Mayo/Agosto 2001 INSTITUTO DE ESTUDIOS POLITICOS Y RELACIONES INTERNACIONALES (IEPRI) UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Diana Marcela Rojas EDITORA VERSIÓN ONLINE

Francisco Leal Buitrago FUNDADOR

Carlos Germán Sandoval ASISTENTE EDITORIAL VERSION ONLINE

William Ramírez Tobón DIRECTOR

ASESORES EDITORIALES INTERNACIONALES

Fernando Cubides Cipagauta EDITOR Gonzalo Sánchez Gómez ASESOR EDITORIAL Sandra Patricia Martínez B. ASISTENTE EDITORIAL

Klaus Meschkat ALEMANIA M aría Isaura Pereira de Queiroz BRASIL Daniel Pécaut FRANCIA Eric Hobsbawm INGLATERRA Norbert Lechner CHILE Thomas Fischer ALEMANIA Charles Bergquist ESTADOS UNIDOS Catherine LeGrand CANADA UNIBIBLOS Impresión Siglo del Hombre Editores Distribución

ESTUDIOS NUEVOS ACTORES SOCIALES Y RELEGITIMACIÓN DEL ESTADO Carlos Efrén Agudelo LAS RELACIONES USA-COLOMBIA: UNA NUEVA LECTURA Alexandra Guáqueta DEMOCRACIA INEQUIDAD Y VIOLENCIA POLÍTICA: UNA PRECISIÓN SOBRE LAS CUENTAS Y LOS CUENTOS Francisco Gutiérrez Sanín COYUNTURA COLOMBIA: LA GUERRA Y EL DESPLAZAMIENTO Nora Segura Escobar TESTIMONIO “¡AQUÍ ESTAMOS!” Donny Meertens LA OTRA MIRADA EL TEMA DEL PODER EN LA CÁNDIDA ERÉNDIRA Elsa Cajiao RESEÑAS EL CURA DE LA REVOLUCIÓN John Womack MEMORIA DE UN PAÍS EN GUERRA De Gonzalo Sánchez, Mario Aguilera (Editores) Renan Silva LA RAGE AU COEUR De Ingrid Betancourt Eduardo Sáenz Rovner MUNDO DESBOCADO: CÓMO REMODELANDO NUESTRAS VIDAS De Anthony Giddens Irving Louis Horowitz

LA

GLOBALIZACIÓN

ESTÁ

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NUEVOS ACTORES SOCIALES Y RELEGITIMACIÓN DEL ESTADO. ESTADO Y CONSTRUCCIÓN DEL MOVIMIENTO SOCIAL DE COMUNIDADES NEGRAS EN COLOMBIA1

divergentes o convergentes. Es justamente la complejidad de este entramado y los antecedentes que la rodearon lo que queremos analizar en esta comunicación. De acuerdo a uno de los autores ya clásicos sobre el análisis de los movimientos sociales a partir de lo que él llama “ la estructura de oportunidades políticas ”3 , una de las vertientes para comprender las formas y la eficacia que puede asumir la acción colectiva de un movimiento social está dada por el tipo de políticas púb licas que agencie el sistema y la manera como los movimientos las utilicen. Si nos atenemos a los modelos creados por la sociología política desde esta óptica 4 , en el caso colombiano estaríamos ante un sistema (formalmente) abierto, es decir, que presenta unas estructuras favorables a la construcción de los movimientos sociales, a su reconocimiento y a la aceptación de parte de sus demandas. Podríamos ir más allá en el sentido de que en el caso del movimiento social de comunidades negras, el Estado entra a jugar un rol protagónico no sólo porque lo reconoce como interlocutor legítimo y acepta sus demandas que traduce en políticas públicas: aquí el Estado participa en la construcción del movimiento. El desarrollo del movimiento social queda supeditado a la aplicación de la legislación de comunidades negras, su dinámica de expansión fundamental se produjo a partir del financiamiento por

Carlos Efrén Agudelo 2 En una definición genérica, los movimientos sociales se pueden concebir como respuestas concertadas de sectores de la sociedad que desarrollando acciones colectivas, defienden una causa o procuran una reivindicación de sus intereses. Uno de los aspectos que le da sentido a un movimiento social es la definición de un adversario. Aquel que atenta contra sus intereses, que se opone a ellos, que no le garantiza un derecho, etc. En este aspecto, el Estado a través de sus diversas estructuras e instituciones suele ser un contradictor recurrente de los movimientos sociales. Sin pretender rebatir esta afirmación nos parece interesante matizarla mediante un estudio de caso en el que el Estado deviene en actor protagónico en la construcción de un movimiento social, sin dejar de ser simultáneamente el contradictor del movimiento que él ha contribuido a crear. Este es el caso de la intervención del Estado en la construcción del movimiento social de comunidades negras en Colombia (ver recuadro). En un contexto político dado, Estado y movimiento social confluyen en un propósito común desde intereses que se yuxtaponen y que pueden ser

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MacAdam, Doug. Political Process and the Development of Black Insurgency (1930-1970). Chicago: The University of Chicago Press, 1982., MacAdam, Doug, McCarthy John y Zald, Mayer. Comparative perspectives on social movements. Political opportunities, movilizing structures and cultural framings. Cambridge: Cambridge University Press, 1996. 4 Kittschel, Herbert. “Political Opportunity Structure and Political Protest: Anti-nuclear Movements in Four Democracies ”. En: British Journal of Political Science, 1986, pp. 57-85.

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Texto de la ponencia preparada para el Simposio SOC-8 “ Hacia el Estado de Derecho en América Latina : globalización, sociedad civil, seguridad ciudadana y gobernabilidad democrática ”, 50 Congreso Internacional de Americanistas. Varsovia Julio 10/14 2000. 2 Doctorante en Sociología. IRD (Instituto de la investigación por el desarrollo - ex-ORSTOM) IHEAL (Instituto de altos estudios de América Latina) Francia.

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parte del Estado de los activistas para las actividades de construcción de las organizaciones de base y para la participación en la elaboración de las políticas que les conciernen5 .

En búsqueda de la recuperación de una legitimidad política en aguda crisis y bajo presiones de un contexto de globalización, la nueva Constitución nacional de 1991 redefine la nación colombiana como una democracia participativa multiétnica y pluricultural a la vez que afirma su carácter de Estado de derecho, el rol central de la descentralización, el desarrollo sostenible y la apertura hacia el exterior como ejes de su política económica. En este marco, y por efecto de la gestión de procesos organizativos de algunos sectores de poblaciones negras y otros actores identificados con ellos, éstas fueron asimiladas a una “ minoría étnica ” siguiendo de cerca el modelo aplicado a las poblaciones indígenas y convertidas en interlocutores del Estado.

Por “ Movimiento Social de Comunidades Negras ” entendemos al conjunto de organizaciones y sus respectivas bases sociales, que desarrollan acciones colectivas en función de reivindicaciones sociales, económicas, políticas y culturales instrumentalizando como factor cohesionador y legitimador fundamental una identidad étnica negra común. Para el caso que nos ocupa, el “ núcleo duro ” del movimiento social lo constituyen los grupos de pobladores negros de la región rural del Pacífico colombiano, sin embargo las expresiones urbanas de organizaciones de activistas negros y de otras regiones del país también se consideran parte integrante de este movimiento social. Sus reivindicaciones y métodos de movilización pueden coincidir o ser divergentes pero el factor que los unifica es su reivindicación como pueblo Negro o afrocolombiano diferenciado no solo racial sino ante todo culturalmente del resto de la sociedad.

La coyuntura de convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente ANC - que redactaría la nueva Carta constitucional, el proceso de discusión en dicha Asamblea y posteriormente la elaboración concertada de la ley entre representantes del gobierno y de las poblaciones ahora llamadas “ comunidades negras ” posibilitó la consolidación y/o conformación de diversas expresiones organizativas y procesos de movilización social y política inéditos entre este sector de la población6 . Estas dinámicas continúan en desarrollo durante la concertación para la reglamentación y la aplicación de la legislación. Cronológicamente estamos hablando de un periodo que va desde la etapa preconstituyente, finales de los años 80, pasando por las sesiones de la ANC en 1991, la creación de la “ Comisión Especial ” que diseña la ley (ley 70 de agosto de 1993) entre 1992 y

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Para el caso de Francia hay estudios que muestran el ejemplo de movimientos de consumidores o de carácter ecologista y de género que terminan siendo cooptados por el Estado que los integra a estructuras institucionales y asume lo fundamental del financiamiento para su funcionamiento. Si bien es cierto que estos movimientos no desaparecen y siguen jugando un rol movilizador alrededor de sus reivindicaciones , sí pierden autonomía y márgenes de maniobra. Sylvie, Ollitrault. Action collective et construction identitaire: le case de l’ecologisme en France. Tesis de doctorado en Ciencias Políticas dirigida por Erik Neveu, Universidad Rennes 1, 1996, y Calliope, Spanou. Militants et fonctionnaires: l’administration et les nouveaux mouvements sociaux. París : L’Harmattan, 1991., citados por Neveu, Erik. Sociologie des mouvements sociaux. París: La Découverte, 1996, p. 108.

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Algunas de estas expresiones organizativas tienen sus antecedentes en dinámicas políticas y sociales anteriores, otras surgen como resultado directo de este proceso que se inicia alrededor de la nueva Constitución.

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1993 hasta el periodo de reglamentación y aplicación a partir de 1993 que aún continúa en curso.

tiene como eje central la interlocución con el Estado, lo que constituye una de sus particularidades con respecto a otras expresiones del movimiento social.

Para el Estado, la presencia en el espacio político nacional, de interlocutores representativos de sectores de la sociedad, hasta ese momento marginalizados, se convirtió en un imperativo que legitimaría tanto en el escenario nacional como a nivel internacional, su vocación de renovación democrática. Tratándose de un grupo étnico se reforzaría una buena presentación en los espacios internacionales de negociación sobre desarrollo sostenible en los cuales la participación de actores locales era privilegiada como línea de acción y los pueblos autóctonos devenían en actor central7 .

Al lado de estos dos protagonistas centrales, otros actores y dinámicas sociales de orden local y global han incidido en la gestación y desarrollo de las formas de movilización social y política que asumen sectores de las poblaciones negras colombianas. Pero aquí nos ocuparemos en lo fundamental del análisis de las características de la interacción entre Estado y representantes de las organizaciones negras. Particularmente estudiaremos dos escenarios centrales de dicha interacción : primero, la dinámica nacional de concertación que se crea alrededor de la ANC, sus antecedentes generales, el papel que empiezan a jugar en esta etapa la problemática de las poblaciones negras y el inicio de visibilización de estas organizaciones como actor político, deteniéndonos un poco en la relación entre identidad cultural y movimiento social y político. Luego trabajaremos sobre el proceso de concertación entre representantes de organizaciones negras y del Estado en el seno de la “ Comisión Especial ”, espacio establecido por la Constitución para elaboración del proyecto de ley sobre comunidades negras.

En cuanto a las organizaciones y personalidades individuales de las poblaciones negras que participan en este proceso de construcción del movimiento social, los propósitos se concentran en la conquista de sus reivindicaciones socio-económicas y culturales y la búsqueda de espacios de participación política e institucional, instrumentalizando su atribución de minoría étnica otorgada por la nueva constitución y la legislatura correspondiente. Más que la movilización y el activismo de las bases sociales, esta dinámica de construcción

La Constitución Nacional de 1991 : ¿ respuesta a una crisis de gobernabilidad o producto de exigencias globales?

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El discurso del desarrollo sostenible (respetuoso del medio ambiente y que garantice la reproducción de los recursos naturales explotados), de la participación de la sociedad en la gestión social, y el respeto a los derechos de los pueblos autóctonos se consolida a nivel internacional por su asimilación de parte de los organismos internacionales como las Naciones Unidas y por las grandes agencias de crédito, durante las décadas de 1980 y 1990. Escobar, Arturo. El final del salvaje. Naturaleza, cultura y política en la antropología contemporánea. Bogotá: Cerec - ICAN, 1999., especialmente Introducción y Primera parte, pp. 17- 132. Hoffmann, Odile. “ Políticas agrarias, reformas del Estado y adscripciones identitarias: Colombia y México ”. En: Análisis Político No. 34, 1998, pp. 3-26.

A finales de la década de 1980, Latinoamérica se encuentra frente a una crisis global de gobernabilidad 8 democrática que, no obstante las 8

En el sentido simple de capacidad del Estado de regular eficazmente las interacciones que se desarrollan en una sociedad nacional teniendo como eje articulador la política. Democrática en cuanto es legitimada por los mecanismos y garantías para la participación de la sociedad. Esta definición es

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particularidades propias del devenir histórico de cada país, presenta dos patrones fundamentales : el de la crisis económica por agotamiento del modelo de desarrollo “ hacia dentro ” que despega en los años 30 y el de la crisis política expresado en la incapacidad del Estado de regular las relacio nes con y entre las diversas expresiones de la sociedad. El factor económico se hizo más explícito en países como México, Argentina y Brasil. En lo político los casos de Colombia y Perú fueron los más paradigmáticos. Globalmente el panorama generalizado aunque desigual de la crisis arrojaba un responsable principal : el Estado. Es lo que Cavarozzi 9 llama el agotamiento de la “ matriz estado-céntrica ”. Los diversos procesos de reforma que se implementan entre finales de los años 80 y principios de los 90 apuntaron fundamentalmente hacia la redefinición de las reglas del juego de orden económico y político entre la sociedad y al rol del Estado como actor central en dicha dinámica 10 .

sociedad y del control de los conflictos sociales y políticos. Se produce el desbordamiento de una violencia en la que se expresan de manera amalgamada el conflicto político armado, la potencia de las organizaciones de narcotraficantes, una violencia común difusa y un Estado incapaz de controlar estos fenómenos y que aparece también como un actor violento más, a través de la violación a los derechos humanos de parte de sus fuerzas de seguridad y de los grupos paramilitares de extrema derecha. Frente a estas violencias omnipresentes, crece el desprestigio de los gobernantes y legisladores, no solamente por su incapacidad de gobernar sino también por el aumento de las denuncias de corrupción en su contra. La precaria legitimidad en que se apoya la continuidad de esta élite política se la otorgan los mecanismos de la lógica de clientela que siguen siendo factor fundamental de soporte del régimen refrendado en cada elección. En medio de las precariedades sociales, la transacción de votos contra bienes de diverso orden sigue funcionando por encima del descrédito creciente del personal político 11 .

En el caso de Colombia se trató de la agudización de un problema político crónico que tiene sus orígenes en un sistema bipartidista que agotó sus posibilidades de representación de la

De forma paralela se expresan, aunque de manera intermitente y fragmentada, diversas formas de protesta ciudadana en pos de la solución a sus reivindicaciones particulares articuladas, en algunas ocasiones, a la exigencia de una salida democrática a la crisis del país. Son expresión de estas corrientes los diferentes movimientos de pobladores de concentraciones urbanas intermedias que constituyen en los años 80 los llamados movimientos cívicos

anterior a la acepción de gobernabilidad “ gouvernance ” que ponen en boga las agencias internacionales de crédito y desarrollo, pero no la excluye. Para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD, la Gobernabilidad democrática “ comprende los complejos mecanismos, procesos e instituciones a través de los cuales los ciudadanos y los grupos articulan sus intereses, median sus diferencias y ejercen sus derechos y obligaciones legales. Zumbado, Fernando. “ El PNUD y la gobernabilidad democrática en América Latina y El Caribe ”. En: Instituciones y Desarrollo, No. 1 Octubre 1998, www.iigov.org/iiigov/pnud/. 9 Cavarozzi, Marcelo. “ Más allá de las transiciones a la democracia en América Latina ”. En: Revista de Estudios Políticos,1991, pp. 85-111. 10 Bejarano, Ana María. “ Recuperar el Estado para fortalecer la democracia ”. En: Análisis Político No. 22, 1994, pp. 47-55., y Faletto, Enzo. “ La función del Estado en América Latina ”. En: Foro No. 23, 1994, pp. 47-55.

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Leal, Francisco y Zamosc, León. Al filo del caos. Bogotá: Tercer Mundo, 1990. Leal, Francisco y Dávila, Andrés. Clientelismo: el sistema político y su expresión regional. Bogotá: IEPRI - Tercer Mundo, 1991.

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como instrumento de lucha por servicios públicos básicos. Los movimientos indígenas con sus reivindicaciones identitarias y territoriales que irrumpen en los años 70 son otro ingrediente notable de movilización social y política que va ganando un espacio de reconocimiento entre la sociedad. En 1990 un efímero pero muy visible movimiento estudiantil universitario de capas media s, levanta la consigna del cambio constitucional a partir de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente como solución a la crisis de gobernabilidad que atravesaba el país. Otros sectores de opinión ya se estaban pronunciando en el mismo sentido pero es esta movilización estudiantil el catalizador que acelera y define el rumbo que tomaría el proceso reformador. Hay que mencionar también las iniciativas de negociación de acuerdos de paz con los grupos guerrilleros que se inician a principios se los años 80 y que hacia el final de la década mostraban resultados favorables con un sector del movimiento armado que (aunque minoritario) va a jugar un papel importante en el proceso constituyente. Desde los gobiernos de los años 1980 y de algunos sectores de los partidos liberal y conservador también se escuchaban voces de aceptación sobre la urgencia de cambios de profundidad incluida una reforma constitucional. Algunos intentos de reforma impulsados por el poder ejecutivo se estrellaron siempre con una actitud inmovilista del Congreso. Se logró sin embargo la implementación de cambios en materia de descentralización fiscal, administrativa y política que serán posteriormente profundizados en la redacción de la nueva Constitución12 .

En el dominio de la econo mía, Colombia estaba entrando en el proceso de apertura neoliberal pero la crisis política se convertía - en el escenario internacional - en un factor que obstruía el tránsito en mejores condiciones para los intereses del capital a la nueva etapa de predominio de la lógica del mercado y la aceleración de los intercambios económicos a escala global. Desde el exterior, particularmente de los grandes organismos internacionales de crédito, de los foros internacionales como las Naciones Unidas, de algunos gobiernos del primer mundo, llegaban exigencias y recomendaciones no solamente de adaptación del aparato económico sino de solucionar los problemas relativos a la seguridad interior, el respeto de los derechos humanos, el fortalecimiento de instrumentos de participación ciudadana y la protección del medio ambiente. El discurso predominante en un contexto de mundialización implicaba un rol más visible para los actores locales en la gestión del desarrollo. La defensa del medio ambiente se convertía en uno de los paradigmas de la nueva lógica de coexistencia entre naciones, dictada por los principales centros de decisión de políticas internacionales 13 . Tanto por la crisis interna como por las presiones del exterior, el cambio constitucional mediante una Asamblea Nacional Constituyente se fue abriendo paso como la única alternativa de solución a los problemas de orden político, social y económico del país. El camino hacia la Nacional Constituyente

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Virginie Laurent, L’Assemblée Nationale Constituante colombienne de 1991. Itinéraire d’un projet, Memoria de Diploma dirigido por Christian Gros, París: Instituto de Altos Estudios de América Latina., y anexos, 1993.

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Escobar. Ob. cit., pp. 75-97.

Asamblea

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Colombia entraba pues, en un “ periodo constitucional ”14 . Para los grupos de la sociedad que venían reclamando participación y soluciones a los problemas nacionales se presentaba la posibilidad de contar con un espacio de concertación con poder decisorio. Se activaron en el país debates, foros, reuniones, asambleas impulsadas fundamentalmente por el gobierno y organismos no gubernamentales que tenían como bandera prioritaria la necesidad de abrir a todas las expresiones políticas y sociales mecanismos de participación en la gestión de los asuntos políticos de orden local, regional y nacional. Las iniciativas más visibles fueron la creación de “ Mesas de trabajo ” y “ Comisiones preparatorias ” impulsadas por el gobierno 15 . En todo el país se desarrollaron espacios de discusión acordes con los sectores y estamentos de la sociedad civil. Al lado de los sectores más tradicionales como podrían ser las organizaciones sindicales, las campesinas, las indígenas, las estudiantiles, los gremios patronales o de profesionales, aparecen también las organizaciones de mujeres, los ecologistas, los cívicos, grupos

religiosos y por primera vez, en el marco de una dinámica de orden nacional, las de poblaciones negras 16 . Todos estos grupos trataban de definir en sus espacios de discusión preconstituyente el contenido de reivindicaciones concernientes a su sector que debía formar parte de la nueva Constitución, ¿Cómo participar en las elecciones de la futura Asamblea Nacional Constituyente ?, ¿De qué manera debatir en dicho foro por la defensa de sus reivindicaciones ?. Para el gobierno de Cesar Gaviria, se trataba de articular sus urgencias de reforma económica de corte neoliberal con cambios políticos que relegitimaran el sistema de funcionamiento de la democracia por la vía de crear un nuevo marco institucional en el que los partidos tradicionales se modernizaran y otros actores sociales y políticos entraran a participar de manera visible en la vida política del país. Todo esto en un marco institucional que representara de cara a la comunidad internacional una Colombia dotada de las herramientas para ser considerada una Nación moderna en lo económico y en lo político, democrática, respetuosa de los derechos humanos, de las diferencias culturales y regionales y comprometida con la preservación del medio ambiente. La nueva Constitución debía convertirse en el “ acto fundador ” de una nueva era 17 .

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Valencia, Hernando. “ Por una asamblea constituyente democrática ”. En: Análisis Político No. 9, 1990, pp. 82-87. 15 Según estadísticas del “ Centro de información de sistemas para la preparación de la Asamblea Nacional Constituyente creado por la Presidencia de la República, en los 32 departamentos del país se recogieron más de 200000 proposiciones. En las “ Mesas de trabajo ” se seleccionaron 100569 que se pusieron a disposición de la ANC, concernientes a diversos temas: la educación, la salud, el sistema político, los derechos étnicos, el derecho al trabajo, la política de salarios, entre otros. Las propuestas provenían mayoritariamente de individuos (83107 propuestas), le seguían las de organizaciones cívicas o comunitarias (11768), instituciones académicas (3025), juntas de acción comunal (1739), organizaciones de profesionales (1574), sindicatos (1384), partidos y movimientos políticos (1000), organismos de empresarios (634), organizaciones religiosas (573), organizaciones étnicas (386), cooperativas (279), organizaciones culturales y deportivas (278). Datos tomados de Laurent. Ob. cit., anexos, 1993.

Hay que decir sin embargo que todo este entusiasmo no era compartido por buena parte de la sociedad. La inercia 16

Ya había antecedentes de reuniones de poblaciones negras pero estas habían sido de carácter local o regional o en el marco de grupos relativamente cerrados de intelectuales negros marginales con respecto a los procesos políticos nacionales. 17 Blanquer, Jean M. “ Les institutions à l’épreuve de la pratique“. En : Blanquer, Jean M. y Gros, Christian. La colombie à l’aube du troisième millénaire. París : CREDAL - IHEAL, 1996.

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de las costumbres políticas en crisis mantenía franjas mayoritarias del país al margen de esta nueva dinámica. La abstención para las elecciones de Asamblea Constituyente en diciembre de 1990 llegó a una cifra récord hasta ese momento: 73% . Ese mismo año, otras elecciones (alcaldes, de congreso, presidenciales) presentaron un promedio de abstención del 46%. Se considera que esta pequeña participación electoral de 3.710.55718 votos que eligió la ANC tiene de todas formas una significación importante en la medida en que no está ligada a la lógica de intercambio clientelar de los demás comicios. Se puede decir que se trataba de una votación pequeña pero calificada políticamente. Además, la dinámica que va a ir adquiriendo la ANC, fuertemente mediatizada, le otorga la legitimidad que los débiles resultados electorales de su elección le había empañado en sus inicios.

izquierda y en los partidos tradicionales. En las “ Mesas de trabajo ” y las “ Comisiones preparatorias ” de la ANC creadas por el gobierno también se presentaron propuestas provenientes de organizaciones negras o de académicos (antropólogos, por lo general) que defendían la inclusión de los derechos de estas poblaciones en tanto que grupo étnico 19 .

Las poblaciones negras en el proceso preconstitucional

Las organizaciones rurales del Chocó

Si bien es cierto que a nivel nacional las expresiones de movimientos negros no tenían mayor visibilidad, en el mundo de los organismos no gubernamentales de desarrollo y derechos humanos, de la Iglesia progresista que estimula procesos de organización comunitaria, de las formaciones de izquierda, de los movimientos cívicos y entre algunos antropólogos, la existencia de asociaciones y movimientos negros sí era una evidencia, así como era evidente la legitimidad de sus reivindicaciones.

El proceso organizativo más sólido se encontraba en el departamento de la costa pacífica norte, Chocó. Se trataba de organizaciones de campesinos negros cuya reivindicación fundamental era el reclamo de reconocimiento de la propiedad del territorio que habitaban y en el que desarrollaban sus actividades productivas20 que estas organizaciones

Durante los años 80 se van a constituir varias expresiones organizativas de poblaciones negras que confluyen en la discusión sobre el papel que podrían jugar en la elaboración del nuevo texto constitucional. Apoyados en ONG que impulsan los mecanismos de participación ciudadana, en las ciudades de Cali, Quibdó y Buenaventura se realizan durante 1990 reuniones que apuntaban a lograr la definición de unos acuerdos mínimos sobre las reivindicaciones fundamentales de los poblaciones negras y la creación de mecanismos de coordinación que garantizaran la llegada a la Asamblea Nacional Constituyente. En estos espacios de convergencia se hicieron presentes además, activistas negros que militaban en fuerzas políticas de

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Arocha, Jaime. “ Los Negros ante la Nueva Constitución colombiana de 1991 ”. En: América Negra No. 3, 1992, pp. 39-56. 20 La ley 2 de 1959 convierte las tierras bajas del Pacífico en tierras “ baldías ” o espacios vacíos propiedad de la Nación, desconociendo el proceso de poblamiento disperso y móvil de las poblaciones negras en esta región. Esta ocupación del espacio se había iniciado desde el periodo colonial, pero no estaba legitimado mayoritariamente por títulos de propiedad entre otras razones, porque justamente las modalidades de utilización del espacio adaptadas a las características del entorno natural implicaron una gran movilidad que se diferenciaba mucho de las formas de apropiación territorial de las regiones del interior del país. Era este esquema de propiedad de tierras el que regía según la legislación colombiana. Para que el Estado reconociera la ocupación de los

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Datos electorales de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

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reivindicaban como ecológicamente apropiadas y en correspondencia con una tradición cultural que les es propia en tanto que grupo de ascendencia africana. Se articula la reivindicación del derecho a la propiedad de la tierra con su autodefinición como grupo étnico y su carácter de “ guardianes de la naturaleza ”. Pero la concreción de este discurso que integraba derechos campesinos, identificación étnica y preservación de la naturaleza se fue produciendo en un proceso gradual.

propiedad de la tierra se inspira en la reivindicación campesina clásica pero en este caso articulada con la reivindicación de una especificidad cultural que se inspira en la dinámica organizativa que venían desarrollando los indígenas de este departamento. Uno de estos sectores del movimiento campesino negro del Chocó desarrolla una estrategia conjunta de “ defensa del territorio bi-étnico indio y negro ”22 . La legitimidad y el reconocimiento de la causa indígena se convierte en factor de apoyo para las reivindicaciones de las poblaciones negras. Por primera vez los movimientos negros reivindican su derecho a ser incluidos como sujetos de la convención de la OIT para pueblos autóctonos argumentando su origen tribal africano y sus especificidades culturales apoyándose en una ley nacional que aprueba dicho convenio internacional23 . En 1988 (27 de agosto) durante un foro sobre titulación de tierras organizado en Padua (Chocó) la ACIA - Asociación campesina integral del Atrato - propone por primera vez defender los derechos de las poblaciones negras a la propiedad de la tierra apoyándose en dicha convención de la OIT.

Estos grupos de campesinos negros comienzan su proceso de organización acompañados por el trabajo de algunos sectores de la Iglesia que impulsan inicialmente la organización de “ comunidades eclesiales de base ” 21 . El avance de la explotación maderera intensiva por parte de algunas empresas con presenc ia en la región comenzó a percibirse como un problema mayor para la sobrevivencia y ocupación de sus espacios de hábitat para los campesinos negros (particularmente en la zona correspondiente a la parte media del Río Atrato. De las “ comunidades eclesiales de base ” se orienta el trabajo comunitario hacia la “ defensa del territorio ”. El discurso de derecho a la

Por esta misma época se encontraba en la región un proyecto de cooperación

pobladores negros en el Pacífico, éstos deban adoptar un modelo que les era extraño y sobre todo inadecuado para la subsistencia. Los negros continuaron pues habitando estos territorios sin un sustento legal. Mientras tanto las áreas de ocupación de estas poblaciones comienzan a ser seriamente amenazados por el avance de compañías madereras en expansión que aprovechaban el carácter de “ tierras baldías y de bosques” de la Nación para obtener del Estado los permisos de explotación. (En otras áreas del Pacífico la presión sobre el territorio toma diferentes dimensiones). 21 La Iglesia había iniciado este trabajo con los indígenas de la región ligando la reivindicación del reconocimiento de sus territorios ancestrales y la constitución de resguardos indígenas. De hecho el Estado comienza a reconocer como resguardos indígenas, territorios ocupados conjuntamente por negros e indios. Este va ha ser otro factor que estimula la organización de los campesinos negros para legalizar su posesión territorial.

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Se trata de la Asociación de campesinos del río San Juan - ACADESAN y de la Organización Regional Indígena Emberá-Wanana –OREWA- que exigen del Estado que reconozca “ los derechos tradicionales de las comunidades negras del Pacífico, en una forma similar a la que reconoce a las comunidades indígenas sobre sus territorios ...” y demandan “ la titulación colectiva ” para negros e indígenas en la cuenca del río San Juan. Sánchez, Enrique, Roldán Roque y Sánchez, María F. Derechos e identidad : los pueblos indígenas y negros en la Constitución de 1991. Bogotá: Disloque Editores, 1993, pp. 182-183. 23 Convenio Internacional del Trabajo, relativo a la protección e integración de las poblaciones indígenas y tribales en los países independientes. Cuadragésima reunión. Conferencia Internacional del Trabajo OIT (Ginebra, 1957). La ley colombiana que aprueba dicho Convenio es la 31 de 1967.

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técnica internacional24 (el DIAR Desarrollo Integral Agrícola Rural) que diagnosticó que estas poblaciones desarrollaban un sistema de producción que garantizaba la preservación del bosque mientras cuestionaba a las compañías madereras. Hay que precisar que en un principio la movilización de la ACIA exigía su derecho a la propiedad de la tierra reivindicando su carácter de campesinos y cuestionando el papel de “guardabosques” que implícitamente les asignaba la ley 2 de 1959, al tiempo que desconocía sus derechos sobre el territorio. Pero en el proceso mismo de consolidación de sus reivindicaciones e influenciados por la posición del DIAR y la fuerza que a nivel global adquiría la causa ecologista, supieron articular sus reclamos territoriales y culturales apoyándose en la figura de “protectores de la naturaleza”25 .

Tanto la experiencia organizativa de estos grupos como el haber obtenido parte de sus reivindicaciones territoriales se convertirán en el punto de referencia del proceso que se iniciaría en función de que los derechos del conjunto de poblaciones negras apareciesen en la nueva constitución, que se comenzaba a perfilar desde los debates preconstituyentes. En el Chocó surgen otras organizaciones similares en el área rural. En este mismo periodo, a finales de los años 80 y también bajo una importante influencia de la Iglesia, aparece la OBAPO (Organización de barrios populares y Comunidades campesinas de la costa Pacífica del Chocó). La OBAPO se concentró inicialmente en el trabajo sobre la organización de las poblaciones de los sectores urbanos, pero luego articulando este trabajo con el campo). Esta organización también jugará un papel protagónico en el proceso que llevó a la elaboración de la legislación sobre poblaciones negras.

A través de la movilización y con el apoyo de la Iglesia y de organismos como el DIAR este movimiento campesino (la ACIA) logra que el Estado le reconozca el “ derecho de manejo ” del área en que se asentaban dichas poblaciones 26 pero sin aceptar la identificación como grupo étnico que el movimiento había planteado ni la titulación de propiedad sobre los territorios.

Otras negras

experiencias

organizativas

En la dinámica preconstituyente participan también sectores de las poblaciones negras organizados de otras áreas de la costa Pacífica y en mucho menor grado de otras regiones del país. En ese momento la única organización de carácter nacional es el movimiento “ Cimarrón ” conformado básicamente por estudiantes universitarios, profesionales e intelectuales negros con presencia en las principales ciudades del país. “ Cimarrón ” surge a finales de los años 70 como círculo de estudios sobre la problemática negra inspirado en las luchas del movimiento negro en Estados Unidos y la lucha contra el apartheid en Sudáfrica. En 1982 se convierte en movimiento político pero no logra atraer sino a un número reducido de

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La presencia de estos organismos internacionales se enmarca en políticas de desarrollo que comienzan a implementarse en el Pacífico con la cooperación de la Comunidad Económica Europea y el gobierno de Holanda. El propósito fundamental de estos grupos era estimular formas asociativas, transmitirles conocimientos tecnológicos para mejorar la producción agrícola y mejorar las condiciones de vida de las poblaciones. 25 Restrepo, Eduardo. Retóricas y políticas de “ comunidad negra ” en el Pacífico sur colombiano, Ponencia presentada en el simposio “ Black populations, social movements and identity in Latin America ”, Manchester 27-31 octubre 1999. 26 Acuerdos de Buchadó, 1988. Sánchez. Ob. cit., pp. 178-179.

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militantes urbanos. Aunque en el departamento del Chocó “ Cimarrón ” logra desarrollar alguna influencia en el sector rural, nunca se consolida 27 .

la situación de marginalidad de la mayoría de poblaciones negras del país. Un fundamento del discurso etnicista con que se va dotando gradualmente el movimiento social negro lo constituyen los estudios antropológicos elaborados por unos pocos investigadores que desde una lectura clásica de lo cultural y lo étnico definía a los grupos de poblaciones negras estudiados (especialmente en el Pacífico) como grupos étnicos dotados de especificidades culturales diferenciadas del resto de la sociedad nacional. En algunos espacios de discusión previos a la ANC estos antropólogos defienden su punto de vista frente a una visión que consideraba solamente a los indígenas como portadores de la alteridad étnica 28 . A lo largo de este proceso que apenas se iniciaba la voz de los antropólogos va a ser escuchada y tenida en cuenta tanto por las organizaciones como por el Estado a la hora de legitimar la construcción política de la etnicidad 29 .

En la región del Pacífico de los departamentos de Valle, Cauca y Nariño, e igualmente en el norte del departamento del Cauca y en la costa Caribe, existían algunas organizaciones de carácter cívico, cooperativo, de jóvenes, de mujeres, culturales y el impulso a procesos organizativos en las áreas rurales de parte de la Iglesia y ONG, aunque con menor envergadura que en el Chocó. Algunos movimientos de izquierda con presencia en estas áreas y/o contando entre sus militantes con activistas negros también participan en la discusión preconstituyente. Se acercan igualmente unos pocos activistas de los partidos tradicionales, pero en general para estos sectores políticos se trataba más bien de ver cómo canalizar las nuevas organizaciones negras hacia sus propuestas políticas globales.

Mientras la conformación de un discurso de reivindicaciones coherente no representó grandes problemas en esta etapa, cuando se trató de definir una propuesta electoral para la ANC, cada sector asumió posiciones que no permitieron llegar a un acuerdo. Los sectores que pertenecían a propuestas políticas globales (partidos de izquierda y liberal y conservador) se replegaron a sus respectivos grupos o lanzaron listas separadas en las que reivindicaban su carácter de negros y liberales. Los de “ Cimarrón ” decidieron formar parte de

La Coordinadora Nacional En esta etapa (1990), las organizaciones que ganan mayor visibilidad son las del Chocó y Buenaventura (Valle). Se crea entonces la “ Coordinadora Nacional de Comunidades Negras ” como espacio federador de las organizaciones. A partir del punto de referencia más concreto en lo organizativo y de movilización que representaba la experiencia de las organizaciones rurales del Chocó, la Coordinadora definió como eje principal de su lucha la exigencia del derecho al territorio para las poblaciones negras del Pacífico, luego venían las reivindicaciones contra la discriminación racial y la denuncia de

28

Arocha. Ob. cit., 1992. Para un estudio detallado sobre la construcción antropológica de la categoría étnica negra y de su instrumentalización política por el Estado y las organizaciones negras véase Restrepo, Eduardo. “ Invenciones antropológicas del Negro ”. En: Revista Colombiana de Antropología, vol XXXIII, 1996-1997, pp. 239-269 y “ La construcción de la etnicidad : Comunidades Negras en Colombia ” En: María L. Sotomayor, (ed), Modernidad, Identidad y Desarrollo. Bogotá: ICAN-Colciencias, 1998, pp. 447-473. 29

27

Sin embargo, a través de charlas y conferencias entre pobladores rurales “ Cimarrón ” aporta elementos para la construcción del discurso étnico de las organizaciones rurales del Chocó.

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una lista conjunta con grupos de izquierda. Entre los sectores independientes, mientras unos planteaban la conformación de una lista única, otros (la mayoría del Chocó) decidieron apoyar una candidatura indígena 30 . Esta escogencia se apoya en la influencia, común a los dos movimientos (indígenas y negros), de parte de la Iglesia, en un camino ya recorrido de alianzas regionales y en la importancia del modelo indígena como referente para la causa negra en este periodo.

el gobierno están identificados sobre la urgencia de legislar en función de una modernización democrática. El eje central lo van a constituir la precisión de los derechos fundamentales de los ciudadanos, detallando los aspectos sociales, económicos, culturales, ambientales, políticos de dichos derechos. El texto constitucional se detendrá igualmente sobre los mecanismos de participación y el funcionamiento del sistema político con disposiciones especiales para las tres ramas del poder público (legislativa, ejecutiva y judicial), para el sistema electoral y la organización del territorio. Estas medidas afianzan el proceso descentralizador iniciado la década anterior.

La Asamblea Nacional Constituyente A pesar de la baja votación que alcanza la ANC, ésta logra una representatividad social inédita en los procesos electorales en Colombia. La presencia de miembros de los grupos guerrilleros desmovilizados como resultado de acuerdos de paz ; los indígenas que logran elegir a dos constituyentes a los que se suma un tercero proveniente de un grupo indígena armado 31 ; algunos grupos ciudadanos de iglesias protestantes también acceden a la ANC. Como integrantes de la lista que encabeza el movimiento M-19 llegan algunos líderes del sindicalismo y representantes de los académicos.

En materia del aspecto que nos interesa abordar con más precisión, es decir la institucionalización de nuevos actores políticos con base en su diferenciación étnica, desde su primer artículo la Constitución de 1991 marca la ruptura con la anterior cuando plantea que Colombia es una “ República independiente, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista ”, para luego agregar en el artículo 7 que “ El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación.”. El artículo 13 trata de la exigencia a “ las autoridades ” de no infringir “ ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. ” y más adelante en el artículo 70 : “ La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. ”.

La discusión en el seno de la ANC corresponde al espíritu de fórmula salvadora a la crisis global de las instituciones y la sociedad que se diagnosticaba en ese momento. En términos generales los constituyentes y 30

Agudelo, Carlos. “Política y organización de poblaciones negras en Colombia ”. En: Documentos Ocasionales CIDSE, 39, 1999, pp. 3-37. 31 Producto directo de acuerdos de paz que se firman en el momento en que se inicia la ANC con tres grupos guerrilleros, éstos adquieren el derecho de llevar representantes a la ANC sin participar en las elecciones. En cuanto al grupo M-19, éste ya se había convertido en movimiento político en 1990. En las elecciones para ANC obtiene 19 de las 70 curules de la asamblea.

A partir de estas disposiciones se desprenderían otras en materia de educación, territorios y participación dirigidas a garantizar los derechos de

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esos “ otros culturalmente diversos” que para la gran mayoría de constituyentes y podemos decir que de la sociedad en general, eran los indígenas. Como veremos más adelante, a pesar del trabajo realizado en el periodo preconstitucional y durante las sesiones de la ANC, el reconocimiento del Negro como otro representante de la alteridad cultural colombiana con derechos específicos, no lograba aún trascender de círculos restringidos de la sociedad. La alusión directa a las poblaciones negras quedó relegada a una de las disposiciones transitorias (la No. 55 de las 59 aprobadas).

culturales que serán reafirmados y ampliados en la nueva constitución.

Indios y Negros, la diferencia de miradas

Contando con un contexto favorable, como el ambiente reformador de la ANC, con un discurso sólido sobre sus derechos y sobre todo con una base organizativa y una trayectoria de lucha consolidada, los indígenas lograron obtener reivindicaciones fundamentales en materia territorial y cultural. La corriente internacional favorable a los derechos de las minorías étnicas también se constituyó en un marco propicio para el éxito logrado por los indígenas en el proceso constitucional 32 .

La elección de dos representantes del movimiento indígena a la ANC y el tercero que llega proveniente del movimiento indígena armado “Quintín Lame ”, producto de las negociaciones de paz con el gobierno, se convierte por momentos en el aspecto simbólico más fuerte de una Constituyente que parecía romper con la exclusión política abriendo dicho espacio de participación a una minoría hasta ese momento marginalizada de la discusión política nacional a nivel institucional.

Esta asimetría en el tratamiento que le da el texto constitucional a indígenas y poblaciones negras tiene su explicación en varios factores que confluyen en la coyuntura. El indio es reconocido históricamente como el verdadero “ Otro ” desde que la República decretó el carácter de ciudadanos a las poblaciones negras a mediados del siglo XIX. Los indígenas, aunque diezmados por los abusos del colonizador y participando de la dinámica del mestizaje, logran conservar núcleos que sobreviven al genocidio físico y cultural. Estos grupos serán objeto de legislaciones especiales y de una mirada de parte del conjunto de la sociedad que los considerará como diferentes.

Mientras tanto para las orga nizaciones de las poblaciones negras que habían manifestado su interés en reivindicarse también como grupo étnico y a partir de esa consideración reclamar unos derechos en la misma dirección del camino trazado por los indígenas, las cosas no van a tomar el mismo rumbo.

A comienzos de la década de 1970 van a surgir expresiones organizadas del movimiento indígena que empiezan a reivindicar derechos territoriales y culturales apoyados en su afirmación como comunidades étnicas. En los años 80 este movimiento se extiende y consolida contando además con una legislación de parte del Estado que les reconoce derechos territoriales y

Ya habíamos dicho que algunas organizaciones negras del Chocó apoyaron a un candidato indígena. Se trató del Emberá 33 , Francisco Rojas 32

Gros, Cristian. “Derechos indígenas y nueva Constitución en Colombia ”. En: Análisis Político No. 19, 1993, pp. 8-24. 33 Uno de los grupos étnicos indígenas que tienen presencia en el Chocó.

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Birry, quien fue uno de los elegidos. A partir de la experiencia conjunta desarrollada en el Chocó con el acompañamiento de la Iglesia y otros asesores externos, Rojas se convertirá en el vocero de los intereses de las organizaciones negras. Pero esta tarea no será fácil puesto que, como ya vimos, mientras frente a la problemática indígena la actitud de la amplia mayoría de los constituyentes era de apertura y aceptación, cuando se quería articular y asimilar los derechos de los indios al de los pueblos negros siempre se presentaron resistencias que bloquearon la posibilidad de alcanzar la simetría esperada por las organizaciones negras. Si bien los artículos genéricos que establecen el carácter de nación diversa culturalmente y el respeto a los derechos de los grupos de población que representan dicha diversidad fueron la compuerta por la que se logra incluir el artículo transitorio 55, los logros alcanzados en materia de derechos territoriales, políticos, culturales para los indígenas son mucho más sustanciales que lo referido para las poblaciones negras 34 . Por ejemplo, en materia de derechos territoriales, los resguardos indígenas alcanzarán en la Constitución el carácter de “entidades territoriales ” equiparables a los municipios, los departamentos y los distritos. Esto representa el derecho a gobernarse por sus propias autoridades, administrar recursos y establecer impuestos y participar en las rentas nacionales (Artículos 286 y 287 de la Constitución). En cambio, la “ titulación colectiva de tierras” que se establecerá para las poblaciones negras a partir de la reglamentación del artículo de la Constitución correspondiente, no implica los niveles de autonomía de los resguardos indígenas.

34

La etnicidad identificación difícil

negra:

una

Para la mayoría de los constituyentes y buena parte de la sociedad colombiana el ver en las poblaciones negras otra minoría al lado de los indígenas no correspondía a la realidad. Esta invisibilización de la diferencia cultural que las organizaciones negras y sus aliados querían resaltar, tiene sus raíces en la relación ambigua que ha tenido el Negro con la sociedad nacional. De la historia común del esclavismo y su origen africano, los pueblos negros inician un proceso histórico disperso de recreación y construcción cultural y de participación en la vida política y social de la Nación colombiana. Son variados los caminos que emprenden en la búsqueda de la subsistencia. Si hay unos que optan por el repliegue o la continuidad de su asentamiento en las áreas ribereñas del Pacífico, otros ocupan regiones hoy integradas plenamente a la dinámica económica y social y la mayoría reside en las grandes concentraciones urbanas como producto de un proceso migratorio que se inicia desde la abolición de la esclavitud y aun no termina. Algunos, como esclavos o libertos tempranos, siempre han vivido en las ciudades. El punto de partida para la competencia con el resto de la sociedad blanca y mestiza fue desigual y a pesar de los procesos individuales de movilidad social por la vía de la adquisición de un capital cultural, económico o político, el grueso de las poblaciones negras ha sido víctima de la exclusión, como componente de las capas más pobres de la población. A la condición de pobre se suma el prejuicio racial vigente en las prácticas sociales. Pero ante la ambigüedad de su relación con la sociedad entre exclusión socio-racial e integració n como ciudadano, el Negro

Arocha. Ob. cit., 1992.

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nacional37 . Otro mecanismo individual notable de ascenso social lo constituye el éxito en la prácticas deportivas y artísticas (especialmente la música).

tomó opciones diversas. En algunos casos fue la vía del autoaislamiento, desde donde construyó sus formas de sociabilidad y cultura manteniendo una relación precaria con la sociedad mayor. Es el caso mayoritario del Pacífico rural. También optó por el escape al racismo como una búsqueda individual en medio de las ciudades y espacios en donde la convivencia (siempre entre la integración y la exclusión) con el resto de la sociedad generó otras formas de expresión socio-cultural35 .

El proceso de construcción del Negro como categoría de alteridad étnica se había iniciado por antropólogos que empiezan a realizar estudios sobre las especificidades culturales de grupos de poblaciones negras asentadas en espacios rurales, particularmente en el Pacífico 38 . Algunos intelectuales negros participan en esta dinámica haciendo énfasis en la diferencia cultural pero sin ir hasta las reivindicaciones territoriales. Ya mencionamos cómo en los años 70 surgen algunos núcleos de intelectuales negros politizados que enarbolan el discurso contra la discriminación racial. De estos grupos el que alcanza mayor visibilidad y permanencia es el movimiento “ Cimarrón ”. Desde el punto de vista político, la mayoría de las poblaciones negras tanto rurales como urbanas hacían parte de las redes clientelistas principalmente liberales. Sectores de estas poblaciones también participan en formas organizativas cívicas, o comunitarias, sindicales, campesinas, de jóvenes, de mujeres, etc. pero hasta los años 90 estas organizaciones no se basaban en una identificación étnica como aspecto central cohesionador.

Hay una presencia significativa de poblaciones negras en las grandes ciudades donde, si bien es cierto, la mayoría se encuentran en condiciones de segregación socio-racial, también hay sectores minoritarios pero visibles de estas poblaciones ubicados en las capas medias y en menor medida en las altas 36 . El fenómeno de la movilidad social y económica ascendente se puede percibir individualmente entre algunos negros que acceden a niveles de formación superior o por la vía de las relaciones políticas entran a formar parte de élites locales en las poblaciones de mayorías negras y en algunos casos a integrarse a las burocracias nacionales estatales. Otros pueden llegar a ocupar puestos medios en la empresa privada. Los avances en los niveles de acceso a la educación, aunque siempre insuficientes frente a las necesidades y comparados con la escala nacional, representan un salto en las poblaciones negras, que se refleja en una mayor participación en espacios de la sociedad

Una movilización limitada pero que da sus frutos: el Artículo Transitorio 55, In extremis Si la vía escogida por las organizaciones de poblaciones negras para reivindicar sus derechos fue la de utilizar el referente de lo logrado por los indios, no había otra manera que

35

Para una discusión amplia sobre las identidades negras en Colombia ver Wade, Peter. Gente negra, nación mestiza. Dinámicas de las identidades raciales en Colombia. Bogotá: Uniandes - ICAN Uniantioquia - Siglo del Hombre, 1997. 36 Resultados del proyecto de investigación “ Movilidad, urbanización e identidades de las poblaciones afrocolombianas del Pacífico ”, Universidad del Valle - CIDSE (Colombia) y el IRD (Francia) 1997-2000.

37

Vanín, Hernando. “ Lenguaje y modernidad ”. En: Escobar, Arturo y Pedrosa, Alvaro. Pacífico. Desarrollo o diversidad ? Estado, capital y movimiento social en el Pacífico colombiano. Bogotá: CEREC, 1996, pp. 41-65. 38 Restrepo. Ob. cit., 1996 -1997.

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resaltar los rasgos culturales diferenciados de los grupos de pobladores del Pacífico y de pretender extender estas características como propias del conjunto de poblaciones negras del país. Como en el caso de los indígenas, se aspiraba a lograr el reconocimiento de una identidad genérica que agrupara al conjunto de las poblaciones negras nacionales.

proceso organizativo de las poblaciones negras que se interesaban en la inclusión de los derechos, era reciente y aun débil. Con los intentos de los constituyentes indígenas, la presión lograda desde fuera y la gestión de algunos constituyentes apoyados en el marco de los derechos genéricos de diversidad cultural se logró que ya en los últimos momentos cuando se discutían las disposiciones transitorias fuese aprobado el artículo transitorio 55 (recuadro). Este delegaba en una comisión conformada por el gobierno con participación de representantes de las “ comunidades negras ” la elaboración de una ley de reconocimiento de los derechos a la propiedad colectiva de las tierras ocupadas ancestralmente por estas poblaciones en la cuenca del Pacífico y otras regiones del país con condiciones similares y otras disposiciones referentes a la identidad cultural, el desarrollo económico y social. Una primera versión de este artículo que planteaba el derecho a “ territorios tradicionalmente ocupados por comunidades negras” pero sin hacer alusión específica al Pacífico, fue rechazada por la Asamblea. Para los constituyentes, si se trataba de asimilar las poblaciones negras a los indígenas en tanto que grupo étnico, debía quedar bien claro qué poblaciones negras estaban concernidas para evitar un desbordamiento de reivindicaciones territoriales de una población dispersa por toda la geografía nacional y que representaba demográficamente mucho más que las poblaciones indígenas (éstas son aproximadamente el 2% del total nacional).

Fuera del marco de la ANC, las organizaciones negras y sectores que apoyaban sus reivindicaciones generaron hechos de opinión de alguna trascendencia que jugaron un papel de presión a la ANC para que incluyeran sus reivindicaciones. En Chocó se había conformado una “ mesa de trabajo ” en la que participaban varias organizaciones negras cuyo propósito era estar en contacto con el constituyente indígena Rojas. Las organizaciones negras habían logrado incluir en el grupo de asesores de los constituyentes indígenas a miembros de sus organizaciones con el propósito de influir en las propuestas que presentaran ante la Asamblea. La “ mesa de trabajo ” desarrolló una acción de presión llamada “ el telegrama negro ” pidiendo a toda la población nacional que dirigiera telegramas a la ANC pidiendo “ la inclusión de los negros, como realidad étnica, dentro de la reforma constitucional ” (llegaron 25000). También se impulsaron acciones como la ocupación de la catedral de Quibdó y de la embajada de Haití por integrantes de las organizaciones exigiendo a la ANC que tuviera en cuenta las reivindicaciones territoriales y culturales de las poblaciones negras. Estos hechos aunque significativos y que sin duda jugaron un papel de presión importante para lograr la inclusión del artículo transitorio, no dejaban de mostrar sin embargo que el

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A partir de la inclusión del AT 55 39 , aparece de manera oficial el término “ comunidad ” para afirmar el carácter étnico de este grupo de la población (la del Pacífico rural ribereño) y relacionarlo con una “ identidad cultural ” y unas “ formas tradicionales de producción ”. Esta fórmula respondía bien al punto de referencia del modelo indígena de etnicización que las organizaciones negras habían asumido como bandera de lucha para su inclusión en la nueva institucionalidad que inauguraba la constitución de 1991. Este modelo podía extenderse en términos generales, del Chocó, donde su existencia era una realidad que permitió mostrar un referente concreto para las reivindicaciones territoriales y culturales, hacia el resto del Pacífico rural. Para otras regiones rurales con presencia significativa de poblaciones negras no era tan evidente asimilarse como de “ similares condiciones ” al Pacífico. En cuanto a las poblaciones negras urbanas, del Pacífico y de ciudades y pueblos del interior del país, los criterios del AT 55 estaban todavía más lejos de responder a sus condiciones de existencia. Para los movimientos negros que planteaban la lucha contra la discriminación racial y la segregación social a que eran sometidas el conjunto de las poblaciones negras en Colombia, el AT55 representaba una conquista parcial que si bien es cierto favorecía a las poblaciones del Pacifico rural, también excluía a la mayorías negras ubicadas en los espacios urbanos y sometidas mayoritariamente a situaciones de segregación y exclusión social en las que el elemento racial jugaba un papel importante.

Para el Estado, la inclusión del AT55 se enmarcaba en sus propósitos globales de presentarse como garante de derechos a nuevos actores sociales, oferente de nuevos espacios de participación, consecuente con la nueva definición pluralista y diversa de la Nación, pero sin rebasar ciertos límites. Según la ANC, a todos los negros colombianos no se les podía equiparar a una minoría étnica. Lo obtenido correspondía en cierta medida a una realidad expresada en la debilidad de las organizaciones negras y la dificultad de que la etnicización en los términos planteados por los movimientos que participaban en esta coyuntura fuera aceptada por la gran mayoría de las poblaciones negras colombianas. A pesar de sus restricciones, el AT55 se convierte en la herramienta que activa una dinámica organizativa sin precedentes en la región rural del Pacífico. Se inicia también el “ malabarismo ” de los movimientos negros por lograr incluir reivindicaciones que cubran a la totalidad de las poblaciones negras del país, apoyándose en los principios generales de la Constitución sobre diversidad cultural y participación y en el propio AT55. En este “periodo constitucional” las diferentes expresiones del movimiento negro van a tener por primera vez en la historia un espacio en el escenario político nacional. Mientras que para algunos se trataba de ganar una visibilidad y la superación de la marginalidad política luego de varios años de militancia y movilización por las reivindicaciones de las poblaciones negras, otros actores políticos negros surgen directamente de este proceso. En esta dinámica de construcción de un actor político es notable el papel que juega la referencia del modelo de movilización indígena, el discurso

39

Ver el texto del Artículo Transitorio 55 en cualquiera de las ediciones que se han hecho de la Constitución Nacional de 1991.

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antropológico sobre la etnicidad negra, la asesoría de la Iglesia en algunos de los procesos organizativos, el ambiente reformista de la coyuntura y la voluntad política del Estado de aceptar la institucionalización del carácter diverso de la sociedad colombiana.

reglamentación del AT55 (la Iglesia, algunas ONG y asesores) que tienen así la oportunidad de realizar un trabajo de difusión de la ley entre las poblaciones rurales del Pacífico. Esta dinámica permitió iniciar en algunos casos la construcción de organizaciones en zonas donde aún no existían y direccionar algunas ya existentes en la perspectiva de las reivindicaciones territoriales que planteaba el AT55 bajo el modelo de las organizaciones del Chocó. Este trabajo aunque no logra cubrir el conjunto de la región, permitió generar el inicio de coordinaciones a nivel de cada uno de los 4 departamentos del Pacífico, cuyos representantes harían parte de la futura Comisión Especial.

La Comisión Especial40 Conformación de la comisión. Los inicios de la concertación directa Pasada la euforia de la proclama de la nueva constitución se inician las dinámicas políticas y administrativas tendientes a la implementación gradual del nuevo contexto institucional. Según lo establecido en el AT55 le correspondía al gobierno conformar la comisión que se encargaría de redactar la ley respectiva. El plazo de dos años para tener lista la ley y presentarla al Congreso parecía ser un lapso de tiempo suficiente como para no apresurarse. El gobierno tenía otras prioridades inmediatas en asuntos como las nuevas elecciones de Parlamento y gobernadores que estableció la ANC, los mecanismos de regulación presupuestal y otras medidas económicas, la puesta en marcha de nuevas formas de aplicación de la justicia, entre otras.

Pero el tiempo pasa y el gobierno no se dispone a conformar la comisión, razón por la cual las organizaciones negras, que habían constituido un equipo de trabajo para coordinar esfuerzos hacia la negociación con el gobierno en la Comisión Especial, y sus aliados, particularmente la Iglesia, comienzan a ejercer presión en este sentido. El “ Equipo de trabajo de comunidades negras ”41 logra negociar con el gobierno a través del Ministerio de Gobierno el contenido del decreto de creación de la Comisión Especial. Pero esta negociación fue impugnada por miembros de los partidos liberal y conservador con presencia en la Región Pacífica y en el parlamento, quienes

La no conformación inmediata de la Comisió n Especial favorece inicialmente a las organizaciones negras (principalmente las de Buenaventura y del Chocó que estuvieron movilizados durante la ANC) y los sectores interesados en apoyar el proceso de

41

De ahora en adelante se generalizará la denominación de “comunidad negra” a todos los grupos organizados ya sean rurales o urbanos, juveniles o de mujeres, ambientalistas, folclóricos, de educación o cooperativos ; en fin, todos los que estén constituidos por poblaciones negras y articulen sus reivindicaciones particulares con la especificidad de ser negros. En algunos casos esta definición implica un proceso de etnicización donde lo negro está ligado al discurso sobre la diferencia cultural, en otros lo negro es la raza, es el color, es una condición de discriminación pero sin una elaboración mayor sobre la alteridad cultural.

40

La descripción y el análisis del proceso de interacciones que se desarrollan en la Comisión Especial y que se constituye en el escenario central de la consolidación del actor social y político de Comunidades Negras se basan fundamentalmente en la lectura de las actas de la Comisión y las subcomisiones elaboradas por el ICAN. Algunos estudios y entrevistas con protagonistas de este proceso también sirven de apoyo.

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exigieron, en tanto que negros del Pacífico, su presencia en la comisión. De acuerdo a la propuesta de las organizaciones, ésta se conformaría por representantes de las organizaciones negras rurales del Pacífico, los delegados del gobierno y algunos asesores, excluyendo los actores políticos tradicionales de la región. Salvo pocas excepciones, estos sectores políticos no tuvieron participación en el proceso que llevó a la inclusión del AT55 42 .

En el acto protocolario de instalación el Presidente de la República, refrendó el espíritu con el que el gobierno participaba en el proceso en curso. Para él, se trataba de “ poner en funcionamiento un nuevo instrumento de participación dentro del marco de la Constitución Política de 1991... ” refrendaba igualmente el reconocimiento a “ la diversidad étnica y cultural de la Nación ”. Anunciaba también que el proceso de reglamentación y aplicación del resultado obtenido sería financiado con recursos del Fondo de Proyectos Ambientales del BID. Vinculando de manera explícita la reglamentación del AT55 con la problemática ambiental de la región Pacífica. El carácter de región de gran biodiversidad y fragilidad ecológica, la situación de precariedad social de sus pobladores, la necesidad de regular el acceso a la propiedad de la tierra se convertían en aspectos de una misma problemática. Simultáneamente el Presidente presentaba el Plan Pacífico que adelantaría el Departamento Nacional de Planeación como la nueva estrategia del Estado para concretar el desarrollo sostenible en la región. La ley dirigida a las comunidades negras debía ser en ese esquema un complemento subsidiario al Plan Pacífico 43 .

Las organizaciones negras habían excluido a los políticos por considerarlos ajenos a los intereses de las comunidades negras y cómplices o responsables de su situación de marginalidad y exclusión. Pero finalmente, las organizaciones deben aceptar la presencia de estos políticos, no teniendo ni los argumentos ni la correlación de fuerzas favorable frente a la presión que ejercen los representantes de los partidos tradicionales ante el gobierno. Independientemente de su consecuencia o no con los intereses de las poblaciones, estos políticos eran oriundos del Pacífico, eran negros y representaban esta región en el Parlamento. Luego de 4 meses de negociación desde la primera versión del decreto de conformación de la Comisión Especial, el gobierno llega a una fórmula que permitió por fin dar paso a la instalación de la misma.

En cuanto a la composición de la Comisió n, en lo que respecta a la participación del gobierno, la comisión estaría presidida por el ministro de gobierno o su delegado (en efecto, va a ser el Viceministro de Gobierno quien se ocupe de la atención a la comisión), enseguida estarían delegados de las instituciones del Estado más

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De los grupos políticos liberales que pretendieron llegar a la ANC, ninguno salió electo. Se presentó la líder política liberal Otilia Dueñas, quien crea para la coyuntura el “Movimiento por un Nuevo País para las Comunidades Negras y Marginadas”, otro candidato es Justiniano Quiñones médico de la región Pacífica de Nariño quien con el político tradicional liberal del Chocó, Jorge Tadeo Lozano se presentan como “Liberales del Litoral Pacífico para Colombia”. Otilia Dueñas formó luego parte del equipo asesor de un constituyente liberal y tuvo alguna participación en la dinámica que se generó en la ANC en función de la inclusión de las reivindicaciones de poblaciones negras.

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El Plan Pacífico acababa de ser creado por el gobierno nacional (marzo 1992). Se trataba de la estrategia de desarrollo sostenible para la región pacífica (macroproyectos, infraestructura de servicios básicos y fortalecimiento institucional).

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directamente relacionadas con la problemática a tratar : el Instituto de la Reforma Agraria - INCORA, el Departamento de Planeación - DNP, el Instituto Nacional de Recursos Naturales - INDERENA, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y el Instituto Colombiano de Antropología ICAN.

Las reglas del juego El trabajo de la Comisión Especial representó un ejercicio complejo de concertación en el que se ponían en juego intereses y lógicas que podían ser confluyentes por momentos y contrapuestas en otros. El punto de partida para el gobierno era presentarse como ejecutor del nuevo espíritu que emergía de la Constitución. Por lo tanto su función la entendía como ceñida a reglamentar el AT55, garantizándole así unos derechos a un sector de la población colombiana : las comunidades negras del Pacífico. Esto refrendaría la vocación democrática del Estado y su disposición a fortalecer el proceso de construcción de un actor político con quien interactuar, a partir de su reconocimiento como grupo étnico.

Por parte de las organizaciones, se determinó la presencia de tres delegados por cada una de las “ comisiones consultivas ” que funcionarían a nivel de los departamentos de la región, con posibilidades de extenderla a otras regiones que presentaran las “ condiciones similares ” de que hablaba el AT55. Las comisiones consultivas departamentales conformadas por organizaciones negras locales servirían de puente entre la Comisión Especial y las comunidades a lo largo del proceso de reglamentación de la ley.

Para las organizaciones negras se trataba de continuar en la conquista de un espacio de reconocimiento que se había iniciado con el AT55 pero que debía ir mucho mas allá. De los derechos territoriales, económicos, sociales y culturales para las poblaciones negras del Pacífico había que trascender hacia la reivindicación del conjunto de las poblaciones negras colombianas, tratándose de acercar a una simetría con respecto a lo logrado por los indígenas.

Finalmente estaban dos investigadores designados por las organizaciones. Uno era un conocido antropólogo estudioso de poblaciones negras en Colombia, el otro un sociólogo especialista en desarrollo quien había trabajado varios años con poblaciones negras 44 . Ingresan igualmente los parlamentarios de la región y algunos activistas negros del partido liberal. En total la Comisión estaría conformada por 28 comisionados, de los cuales seis corresponderían a funcionarios del Estado; 12 delegados de las organizaciones de poblaciones negras; cinco parlamentarios (cuatro liberales y uno de la AD-M19); un concejal de Buenaventura; dos líderes políticos liberales del Pacífico; y dos académicos.

Los representantes de las organizaciones se apoyaban para sus propósitos en unas coincidencias iniciales con el gobierno (el espíritu general de la Constitución, el reconocimiento de la etnicidad de las comunidades negras del Pacífico). Sin embargo, la debilidad organizativa y una frágil capacidad de movilización social de las organizaciones les generaba una correlación de fuerzas desfavorable. Lo fundamental se jugaría en la mesa de trabajo de la Comisión

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Jaime Arocha y Gustavo De Roux, respectivamente.

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Especial, sin contar con un apoyo importante de movilización y presión al gobierno desde el exterior de las negociaciones.

La diferenciación entre organizaciones que había comenzado a evidenciarse desde el periodo preconstituyente, continuó afirmándose. El deslinde más claro se daba entre las organizaciones del Chocó de liderazgo campesino y fuerte asesoría de la Iglesia (principalmente la ACIA) y las del resto del Pacífico lideradas por los activistas de Buenaventura con formación universitaria y un discurso político más elaborado que se reflejó en el transcurso de los debates de la comisión46 . El movimiento Cimarrón había sufrido un fuerte fraccionamiento luego de que su líder decidiera formar parte de una lista de izquierda en las elecciones para la ANC. La mayor parte de dirigentes y activistas de Cimarrón deciden vincularse a procesos organizativos integrados a la dinámica del AT55.

A nivel operativo se funcionó en una comisión plenaria, se creó una subcomisión para asuntos operativos y financieros y tres subcomisiones que tratarían de forma específica los aspectos centrales que debería contener la ley : territorio y recursos naturales, identidad cultural, desarrollo económico y social. Las comisiones consultivas regionales debían organizar los talleres en que se produciría la retroalimentación de información y propuestas entre las comunidades y sus representantes en la Comisión Especial. Las comunidades Comisión Especial

negras

en

la

Reflejo del boom organizativo que despertó el proceso luego de obtenido el AT55, ya existían al momento de conformar las consultivas departamentales 30 organizaciones de poblaciones negras en el Pacífico vinculadas con el proceso. Algunas de ellas surgieron antes de iniciada la dinámica constitucional pero no se reivindicaban como étnicas. Otras surgen como producto de la coyuntura. El número de organizaciones que se fueron vinculando a las consultivas departamentales continuó en aumento durante el trabajo de la Comisión Especial y los primeros años posteriores a la adopción de la ley45 .

A pesar de los procesos diferentes de conformación de las organizaciones que formaban parte de la Comisión Especial, se logró mantener un nivel de coordinación eficaz a la hora de presentar propuestas globales sobre los aspectos que se discutían. En términos generales fueron siempre los representantes de las organizaciones quienes tuvieron la iniciativa propositiva a lo largo del periodo de trabajo de la comisión. En un esfuerzo importante de concertación y elaboración entre los Colombia: Marzo 1993”. En: América Negra, No. 5, 1993, pp. 193-203. 46 Este grupo de activistas y organizaciones van a conformar luego la organización nacional “ Proceso de Comunidades Negras ”. Escobar y Pedrosa. Ob. cit., pp. 245-265. Hay que señalar sin embargo que esta diferencia en los liderazgos Chocó – campesinos versus resto del Pacífico – Intelectuales urbanos no era exacta y también se encuentran algunas organizaciones del Chocó con liderazgo de origen urbano intelectual así como en algunas zonas del resto del Pacífico se encontraban organizaciones con dirigencia campesina e influencia notable de la Iglesia.

45

Sin embargo el carácter de estas organizaciones va a ser cada vez más disímil. En un principio se trataba de organizaciones rurales vinculadas al área del Pacífico, luego fueron apareciendo otras expresiones de poblaciones negras de los cascos urbanos y con perfiles reivindicativos variados pero con el carácter común de reivindicarse como de “ comunidades negras ”. Agudelo. Ob. cit., 1999. Peter Wade elabora una lista de 98 organizaciones para marzo de 1993 en todo el país. Wade, Peter. “Lista de organizaciones comunitarias de gente negra en

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representantes de las organizaciones, éstas presentan primero un proyecto de reglamentación de la comisión y posteriormente una propuesta de ley. Estos documentos se convirtieron en el punto de partida para la discusión en la comisión y a partir de ellos se aprobaron, primero las normas de funcionamiento y finalmente el proyecto de ley que fue llevado al Parlamento. En general la lógica de negociación transcurrió así: las organizaciones proponían siempre aspirando a ganar terreno frente al punto de partida que representaba el AT 55 y en general el marco constitucional; la respuesta del gobierno apuntaba a ceñirse a lo ya planteado en el AT55, luego venía el proceso de discusiones en que las organizaciones volvían a tomar la iniciativa pero ajustándose con realismo político a las posibilidades que permitía la correlación de fuerzas. En términos generales, el resultado final siempre fue una simbiosis entre la propuesta inicial de las organizaciones y los ajustes y restricciones del gobierno.

aprobación en el Parlamento. Algunos de estos políticos llegaron incluso a elaborar proyectos de ley particulares pero finalmente se acogieron a respaldar la propuesta de las organizaciones y el resultado final elaborado conjuntamente con el gobierno. La gestión de los miembros del parlamento que integraban la comisión fue un factor que agilizó la discusión y aprobación del proyecto en el tiempo debido. En el Parlamento, según se deduce de las actas de las sesiones del Senado y la Cámara en que se presentó el proyecto de ley, no hubo mayor discusión y fue aprobado en su integralidad con algunas modificaciones de carácter formal. Los actores del Estado en la Comisión Especial: a diferentes velocidades Si para las organizaciones negras el trabajo de la comisión era estratégico como escalón hacia la conquista de sus derechos y el fortalecimiento organizativo, para el gobierno representaba tan sólo una pequeña parte de su proyecto de implementación del mandato constitucional. Este criterio se expresó bien a la hora de las determinaciones definitorias sobre los términos del proyecto de ley. A lo largo del trabajo de la comisión, el comportamiento de los funcionarios del Estado mostró ciertas disparidades y niveles de compromiso, tanto de los funcionarios individualmente como de las instituciones que representaban.

En cuanto a los representantes de los partidos políticos tradicionales, durante el desarrollo del trabajo de la Comisión Especial se verá cómo su presencia no representó un elemento opuesto a la posición de los representantes de las organizaciones negras. Si bien es cierto que la presencia de algunos de estos políticos fue imperceptible, otros sí tuvieron un papel protagónico. Ellos apoyaron en general la posición que asumían las organizaciones pero su aporte fundamental lo constituyó el ser un puente con el Congreso u otras instancias del Estado en la perspectiva de agilizar asuntos concernientes con el trabajo de la comisión. Este aspecto mostró su importancia sobre todo en la fase final del proceso cuando el tiempo apremiaba para alcanzar a presentar en el plazo debido el proyecto elaborado en la comisión para su discusión y

Por razones externas a la dinámica de la Comisión Especial, hubo tres cambios de Viceministro de Gobierno (quien presidía la comisión) lo que ocasionó retardos en el desarrollo del trabajo de la comisión toda vez que por el citado funcionario debían pasar todas las decisiones que se iban tomando en las sesiones. La llegada de cada nuevo ministro significó siempre un empalme y un cambio de estilo en la negociación.

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Sin embargo los tres viceministros que pasan por la presidencia de la comisión reiteran la disposición del gobierno a cumplir con su compromiso constitucional. En cuanto a las demás instituciones presentes, el trabajo del Instituto Colombiano de Antropología que asumió la secretaría técnica de la comisión fue, en razón de su función y del interés del organismo en el tema tratado 47 , la institución con presencia más regular a lo largo del periodo de sesiones. Las demás instituciones tuvieron un comportamiento irregular que en un principio se limitó a la presentación de las políticas de cada organismo en relación con el tema de trabajo de la comisión. Sólo después que las organizaciones van presentando sus propuestas de forma reactiva los diferentes funcionarios comienzan a participar sobre todo en el trabajo de las subcomisiones. Allí, en la discusión sobre asuntos puntuales del contenido del proyecto de ley los funcionarios del Incora, del Inderena y de Planeación asumieron por momentos posiciones totalmente acordes con los planteamientos de las organizaciones lo que posibilitó la aceptación de parte importante de sus propuestas en el proyecto de ley (ver más adelante). Los funcionarios de estas instituciones estaban familiarizados con el tratamiento de los temas de la comisión, pero frente a la problemática indígena y en general identificados con ellas. Su posición de favorecer la simetría entre negros e indios en materia de derechos se evidenció en la discusión de algunos

temas. Sin embargo esta “ sintonía ” entre delegados del Estado y representantes de las organizaciones tenía sus límites trazados por el AT55 que se evidenciarían en el resultado final del proyecto de ley elaborado por la comisión. El Estado en lo local y regional: por fuera del proceso Una constante a lo largo de todo el trabajo de la comisión fueron las denuncias por parte de los representantes de las organizaciones acerca de la absoluta indiferencia, cuando no la oposición abierta, de las autoridades departamentales y locales en el desarrollo del trabajo de las consultivas. En efecto los gobernadores y alcaldes correspondientes a los departamentos del Pacífico y algunas instituciones del orden regional, no atendieron los llamados del gobierno a través del ministerio de gobierno y la secretaría de la comisión de participar y apoyar las dinámicas que se debían desarrollar a nivel regional (el trabajo de las consultivas, los talleres en los poblados del Pacífico, algunas ayudas financieras o de infraestructura para movilizarse por los ríos, entre otras). Para estas instancias, el proceso que se estaba adelantando entre el gobierno nacional y unos sectores de las poblaciones negras del Pacífico no tenía por qué comprometer sus intereses. Lo consideraban como una dinámica ajena que no les competía. Se inicia así un divorcio entre la institucionalidad administrativa local y departamental y la dinámica de reconocimiento de derechos territoriales y culturales para la población rural ribereña que aun en el presente, 8 años después de haber sido aprobada la ley concerniente y la implementación de la misma, se ve como uno de los vacíos notables de este proceso. Esta actitud se explica, por una parte, debido a que el gobierno nacional

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Interés relativamente reciente pues hasta el momento el ICAN se había ocupado básicamente del estudio de la problemática indígena, como lo denunciaban con vehemencia los pocos investigadores que hasta ese momento habían trabajado con poblaciones negras como sujeto antropológico. Friedemann, Nina “Estudios de negros en la antropología colombiana”. En: Friedemann, Nina y Arocha, Jaime (compil), Un siglo de investigación social : antropología en Colombia. Bogotá: Etno, 1984, pp. 507-572.

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no implementó las medidas administrativas necesarias que comprometieran a las autoridades e instituciones regionales y locales limitándose a simples orientaciones y recomendaciones. De otra parte, también expresa el impacto de las políticas de descentralización administrativa y política que le otorgan a las autoridades regionales márgenes de autonomía que les permiten eludir las orientaciones del gobierno central. Los asesores. El saber antropológico al servicio de la etnicidad negra

de unos derechos, los debates de la subcomisión sí contribuyeron a precisar el carácter fluido y heterogéneo de los procesos de construcción de identidades que superan las visiones rígidas y esencialistas de la cultura 48 . El “ Marco de referencia históricocultural para la ley sobre derechos étnicos de las comunidades negras en Colombia ”49 que fue elaborado por dos antropólogos, sirvió como parte de la “ exposición de motivos ” del proyecto de ley que se presenta al parlamento. Los conceptos de “ Comunidad negra ”, “ Ocupación colectiva ” y “ Prácticas tradicionales de producción ” que aparecen en la ley, también contarán con el sustento teórico aportado por el saber antropológico 50 .

En cuanto a la reivindicación de una identidad cultural centrada en la etnicidad, las organizaciones se reafirman en el discurso que ya se había presentado en la Asamblea Nacional Constituyente y en el que habían jugado un papel notable como sustento teórico los antropólogos, tomando la ascendencia africana como símbolo mayor de identidad, la conservación de prácticas culturales propias que los diferenciaría de otros grupos de población y su asentamiento sobre territorios ancestrales. En efecto, el antropólogo nombrado como miembro asesor de la comisión intervino siempre en las discusiones en el sentido de sustentar desde su conocimiento científico de las poblaciones negras, la legitimidad de sus reivindicaciones territoriales y culturales.

Pero la asesoría de los especialistas trasciende el marco de lo antropológico. En las distintas subcomisiones de trabajo se contó esporádicamente con la presencia de asesores del movimiento indígena (abogados, economistas, sociólogos) quienes aportaron luces sobre la aplicación de la titulación de territorios y los derechos económicos sociales y culturales a partir de la experiencia de los pueblos indígenas. Algunos aspectos centrales de lo que estaba en juego Entre los diversos aspectos que se discutieron en la Comisión Especial, presentamos cuatro ejemplos de la forma en que la interacción Es tado – Organizaciones negras y los demás actores que intervienen en este proceso se desplazaba entre confluencia y contradicción de intereses, concertación

Pero en el seno de la subcomisión sobre identidad cultural y otros espacios de discusión propiciados por el ICAN, se vio la complejidad de la definición de la identidad cultural negra que no se agota ni en el reflejo de la identidad indígena ni en reducirla a la descendencia africana, a unos rasgos culturales tradicionales o al asentamiento ancestral sobre un territorio. A pesar que son estos aspectos los que se han instrumentalizado políticamente como punto de partida para el reconocimiento

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Para una discusión amplia sobre el tema, ver Poutignat, Philippe y Streiff-Fenart, Jocelyne. Théories de l’ethnicité. París: PUF, 1995. 49 Documento realizado por Jaime Arocha y Nina de Friedemann. Publicado en la Revista América Negra 5, 1993, pp. 155-172. 50 Restrepo. Ob. cit., 1998.

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y rupturas, imposición de correlación de fuerzas y conciliación.

Las finanzas: Algo problema de dinero

más

que

elaboración de la ley - y el fortalecimiento del proceso organizativo, a partir de los recursos gubernamentales, esta situación fue generando una dinámica entre los representantes de la organizaciones y las bases de una gran dependencia de los recursos del Estado. Estos niveles de dependencia económica serán un factor que limitará también la dinámica política en la medida que se convierten los recursos del Estado en un medio que determina la capacidad de movilización de la organización. Si el Estado no da más recursos el movimiento se debilita y en algunos casos desaparece. Sin los recursos del Estado hubiese sido muy difícil generar el proceso de movilización con que despegó la dinámica de construcción del movimiento negro en esta etapa. Sin embargo, esta situación de dependencia financiera genera un efecto perverso en términos de la limitación de la autonomía política de dichos movimientos. De otra parte se genera una competencia por dichos recursos económicos que provocará más fraccionamientos entre las organizaciones. La caza a los contratos con el Estado o a las partidas y los viáticos se convierte en un elemento en el que las organizaciones invierten una parte significativa de su tiempo y lo que debía ser considerado como un medio deviene para algunas organizaciones un fin en sí mismo. Se presentan además los problemas de malos manejos de los fondos producto de la inexperiencia o de derivas de corrupción en algunos casos, con las implicaciones en pérdida de legitimidad de los líderes y las organizaciones frente a la población51 .

un

Una de las dificultades para un funcionamiento más ágil de la comisión lo constituyó el problema financiero. Este aspecto aparentemente estaba resuelto según el anuncio del Presidente de la República quien en la instalación de la comisión habló de una partida de 5 millones de dólares para desarrollar el trabajo de la comisión e implementar la ley. Sin embargo desde la primera reunión comenzaron las quejas de los representantes de las organizaciones pues las instituciones regionales encargadas de otorgarles los recursos para movilizarse no estaban cumpliendo con esta orientación. Los comisionados denunciaban la actitud de parte de estos organismos que les colocaban trabas burocráticas para bloquear el acceso a los recursos. Los rubros básicos eran los gastos de los representantes para movilizarse a las reuniones de la comisión y la elaboración de talleres a nivel de los ríos y regionalmente por departamentos. Los mecanismos para obtener los recursos de funcionamiento se fueron afinando gradualmente pero en los primeros meses constituyeron un factor perturbador del funcionamiento de la comisión. La debilidad de las estructuras organizativas de las poblaciones negras y la falta de otros apoyos en infraestructura que les permitiera lograr cierto nivel de autonomía frente al gobierno comenzó a ser una de las características que ha marcado el desarrollo del movimiento social de poblaciones negras. Como las organizaciones desarrollaban simultáneamente las tareas de la Comisión Especial - referente a la

Lo ambiental : en la mira de todos. 51

Sobre este aspecto ver para el caso del Cauca: Agudelo, Carlos. “ Aproximaciones a la dinámica política de un pueblo del Pacífico. El caso de Guapi ”. En: Documentos de trabajo 23, Cali: Proyecto Orstom-Cidse, 1998 y para Nariño: Hoffmann, Ob. cit., 1998.

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Luego serán los representantes de las organizaciones quienes lo utilizarán recurrentemente. En la presentación de los delegados del INDERENA y del DNP, éstos plantean que la intervención de dichos organismos se enmarca en articular los derechos que adquieran las poblaciones negras con la estrategia de conservación de los recursos naturales que el Estado desarrolla. En desarrollo de los artículos constitucionales sobre protección del medio ambiente, el gobierno impulsa la creación de un ministerio específico que atenderá las tareas que hasta el momento venían siendo asumidas de manera dispersa por varias instituciones del Estado. El Ministerio del Medio Ambiente es creado mediante la ley 99 de 1993. Una de sus funciones prioritarias será ocuparse de la política ambiental del Pacífico. Bajo la dirección del ministerio y financiado por la GEF (Fondo Mundial del Medio Ambiente 53 ) y el gobierno suizo, surge también el Proyecto Biopacífico para impulsar el uso sostenible de la biodiversidad de la región. El ministerio en general y el proyecto Biopacífico van a jugar un papel protagónico en la implementación de la ley de Comunidades Negras.

La temática de lo ambiental aparece de manera recurrente en el trabajo de la Comisión Especial. El discurso ambientalista sobre la protección de la naturaleza, la biodiversidad y el desarrollo sostenible es instrumentalizado tanto por el Estado como por las organizaciones de poblaciones negras. El hecho de que justamente sea en una región estratégica desde el punto de vista de lo ambiental donde están ubicadas las poblaciones negras que inician el proceso de reivindicación de derechos territoriales representa una confluencia de factores que marcarán este proceso. Aunque la región fue mirada primero por el Estado como punto de conexión con la cuenca del Pacífico en una perspectiva de megaproyectos de infraestructura y una lógica económica de tipo neoliberal, la fuerza que adquiere el discurso ambiental y el hecho de ser el Pacífico una de las regiones con mayor biodiversidad del planeta hicieron que la dinámica del Estado frente a la región cambiara de énfasis. El surgimiento de los procesos organizativos de poblaciones negras e indígenas en la región también es un elemento al cual el Estado se debe adaptar en la formulación de sus políticas 52 .

En cuanto a la Comisión Especial, es de entrada el Presidente quien introduce lo ambiental en su discurso de instalación.

En el discurso de las organizaciones negras, el carácter de defensores del medio ambiente es esgrimido para sustentar sus derechos y al tiempo denunciar que justamente los agresores de las poblaciones del Pacífico que han atacado el equilibrio ambiental de la región son los mismos que les arrebatan el territorio por carecer de las garantías institucionales para preservar su propiedad y continuar conservando la naturaleza. El caso más paradigmático es el de las compañías madereras en la región del Chocó quienes apoyadas en los permisos de explotación forestal otorgados por el gobierno han ido

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Ya habíamos visto cómo uno de los argumentos de las organizaciones durante la ANC y en el periodo preconstituyente fue su carácter de protectores de la naturaleza a través de sus “ prácticas tradicionales de producción ” en los territorios que han habitado. Esta es una razón más para obtener el control de los mismos en condiciones de autonomía.

Esobar y Pedrosa. Ob. cit., pp. 13-28, 353-360.

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Financiado por el Banco Mundial.

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gradualmente reduciendo el espacio de hábitat tradicional de los pobladores. Recordemos que el origen de la ACIA y en buena medida de todo el proceso que estamos estudiando tiene su razón de ser en la lucha de los campesinos negros contra las compañías madereras.

(Codechocó, el sindicato de trabajadores de la empresa maderera) fue más fuerte que la posición asumida por las organizaciones en la comisión. Aunque no se suspende la prolongación del permiso maderero, sí se le agregan ciertos condicionamientos producto de la posición asumida por las organizaciones, las cuales habían planteado un retiro de sus representantes de la comisión como forma de presión ante la actitud gubernamental que señalaban como “ falta de voluntad política ” de avanzar hacia el otorgamiento de derechos para las comunidades negras. Finalmente la tensión desciende, las organizaciones continúan su trabajo en la comisión, conscientes de que su prioridad es ganar lo máximo en materia de derechos a través de la ley pero sin olvidar que hay una correlación de fuerzas desfavorable que condiciona sus posibilidades en la negociación. Siendo el caso de “ Balsa II ” el de más repercusión, no fue el único que se presenta durante las sesiones de la comisión con resultados similares. La denuncia de las organizaciones podía incidir colateralmente pero rara vez llegaba a lograr revertir una determinación que el Estado y otros actores más fuertes definían en otros escenarios por fuera de la comisión.

Construyendo la ley en medio de un conflicto de intereses internos y externos a la comisión Uno de los aspectos del trabajo de la comisión era la resolución de conflictos relacionados con el tema de discusión, que se presentaran durante el trabajo de la misma. Los representantes de las organizaciones denuncian la renovación del permiso de explotación maderera llamado “ Balsa II ” que estaba a punto de ser otorgado por el organismo estatal CODECHOCO (Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó) institución que dependía del INDERENA, por lo tanto encargada de atender asuntos referentes a recursos naturales a nivel departamental. Las organizaciones exigen la no prolongación del permiso y de paso suspender otras formas de explotación de recursos naturales en las zonas del Pacífico susceptibles de ser tituladas posteriormente para las comunidades negras. El gobierno argumentó que había una serie de dinámicas en curso en la Región Pacífica que no se podían parar esperando a la aprobación de la ley sobre derechos territoriales y que sobre la región interactuaban otros actores e intereses que el Estado tenía que considerar antes de tomar una decisión. Si bien es cierto que el gobierno emprendió una serie de consultas y negociaciones tratando de encontrar una fórmula para atender a la exigencia de las organizaciones, el resultado fue que la presión de la compañía maderera y otros actores regionales favorables a la continuación de la explotación forestal

La cobertura de la ley. Entre el Pacífico y el país A la insistencia de las organizaciones sobre la extensión de la cobertura de la ley a nivel nacional se sumó como consecuencia la petición de nombrar comisiones consultivas de otras regiones diferentes al Pacífico. Tanto el AT55 como el reglamento aprobado para el funcionamiento de la comisión planteaban la extensión a las zonas de condiciones “ similares ”. A la comisión llegaron solicitudes de crear comisiones

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consultivas en la costa Caribe, en los departamentos de Antioquia, Risaralda, Meta, e incluso en Bogotá. En algunos casos estas solicitudes se apoyaban efectivamente en una similitud de situación a la del Pacífico, es decir grupos de poblaciones negras rurales ribereñas (las regiones del Pacífico correspondiente a los departamentos de Antioquia y Risaralda), en otros se trataba de presencia de poblaciones negras pero en condiciones de poblamiento diferentes a las del Pacífico rural, incluso de poblaciones negras urbanas como en el caso de Bogotá. Para estas organizaciones negras era legítima su participación en la comisión desde su perspectiva de extender los derechos constitucionales al conjunto de las poblaciones negras del país considerada por ellos como incluidas dentro del “ grupo étnico negro ”. Para el gobierno, atenido a los términos del AT55, la situación era distinta. Finalmente transcurre el tiempo de trabajo de la comisión y a pesar de la reiteradas peticiones de las organizaciones en el interior de la comisión y de las otras regiones que solicitaban su inclusión ésto no fue posible.

construcción de una identidad étnica que se extiende por los ríos del Pacífico y llega también a las ciudades y otras regiones del país tiene en su marca original un punto de arranque que logra iniciar una dinámica en la que se recrean la memoria y la historia pero comporta también una limitante y es la de encasillar un proceso identitario en marcos restringidos a lo rural en los cuales muchos sectores de poblaciones negras que habitan en contextos diferentes rurales y urbanos, no encuadran bien. La ley 70 de 1993. ambigüedades

Entre logros y

La Comisión Especial funcionó hasta mayo de 1993, luego de diez meses de trabajo. Entre mayo y junio fue tramitada el proyecto de ley en el Congreso de la República y finalmente en agosto de ese mismo año es firmada como “ley 70 de 1993” por el Presidente en acto público en Quibdó, la capital del departamento del Chocó. A pesar de las dificultades evocadas, la elaboración de la ley 70 fue un ejercicio de política participativa en el que el Estado interactuó con una expresión de la sociedad que en el transcurso del proceso mismo de confrontación – concertación dio un salto significativo en su dinámica de construcción como actor político.

El gobierno no negaba la existencia de comunidades negras en otras regiones del país y esto ya era una ganancia para los representantes de organizaciones negras en la Comisión Especial con respecto a lo planteado por el AT55, lo que no aceptaba es que éstas llenaran las condiciones de similaridad necesarias para beneficiarse de los derechos territoriales que establecería la ley. Si la vía para el reconocimiento de una especificidad étnica negra se apoyó en el modelo rural ribereño del Pacífico y en una movilización social que sustentó esta reivindicación, el lograr que dicho reconocimiento se extienda al conjunto de las poblaciones negras es menos evidente. El proceso de

El eje principal de la ley lo constituyen los derechos territoriales colectivos para “ las comunidades negras ” del Pacífico y zonas similares baldías, rurales y ribereñas y que ejerzan “ prácticas tradicionales de producción ”. Hasta aquí hay correspondencia con lo orientado por el AT55. Pero la ley incluye también el “ propósito de establecer mecanismos para la protección de la identidad cultural y de los derechos de las comunidades negras de Colombia como grupo

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étnico, y el fomento de su desarrollo económico y social.... ”. A partir de una definición restrictiva de “ comunidad negra ”, se logra sin embargo incluir a las poblaciones negras nacionales. En este aspecto consideramos que la ley va más allá de lo proyectado inicialmente por el gobierno aunque el problema siga siendo, para las organizaciones, el lograr que cada vez más colombianos negros se identifiquen políticamente como miembros de las “ comunidades negras ”.

reivindicaban - inspiradas en el modelo indígena -, sí representa un punto de partida a través del cual, se intentará seguir construyendo un espacio político y de poder propio y legitimado por la institucionalidad. Pero, ni la ley ni la reglamentación posterior sobre el funcionamiento de los consejos comunitarios estableció el tipo de relación que tendría esta forma de “ autoridad comunitaria ” con la institucionalidad tradicional del municipio en el que se ubican estos territorios colectivos (Alcaldía Municipal, Concejo). Los territorios colectivos de comunidades negras no contaban con la autonomía que sí habían obtenido de manera explícita los resguardos indígenas. Sin embargo la ausencia de orientaciones que definieran esta relación sería utilizada por las organizaciones negras para intentar construir esa autonomía que no habían alcanzado en la negociación de la ley.

Se introducen los conceptos sobre “ comunidad negra ”, “ Ocupación colectiva ” y “ Prácticas tradicionales de producción ” como los modelos de referencia para el reconocimiento de derechos territoriales54 . Se definen los mecanismos mediante los cuales se otorgará el reconocimiento del derecho a la propiedad colectiva. De particular importancia es la creación de una nueva figura administrativa llamada “ consejo comunitario ”. La conformación de estos consejos representa un requisito imprescindible para acceder al título de propiedad colectivo. Los consejos comunitarios se constituyen en las instancias de gestión administrativa de los territorios colectivos. Al otorgarle la ley la función de “ limitar y asignar áreas al interior de las tierras adjudicadas ; velar por la conservación y protección de los derechos de propiedad colectiva, la preservación de la identidad cultural, el aprovechamiento y la conservación de los recursos naturales. Escoger al representante legal de la respectiva comunidad en cuanto persona jurídica, y hacer de amigables componedores en los conflictos internos factibles de conciliación. ”. Estas funciones asignadas por la ley, si bien están lejos aun de representar la gestión autónoma que las organizaciones negras

La ley parte del supuesto de que las comunidades negras beneficiarias ejercen unas “ prácticas tradicionales de producción ” que garantizan la preservación de la naturaleza. Son varias las anotaciones a lo largo del texto de la ley que reafirman el compromiso que deben mantener estas poblaciones en un manejo de los recursos naturales consecuente con el desarrollo sostenible y la protección de la biodiversidad. También se enuncian medidas para preservar los recursos y el medio ambiente de la región de parte de actores externos a las comunidades que desarrollen prácticas de explotación y manejo no sostenible o antiecológico. Hay que decir sin embargo que la figura de las “ prácticas tradicionales de producción ” fue una especie de “ tipo ideal ” que elaboran las organizaciones negras y sus asesores para apuntalar la exigencia de sus derechos territoriales. Pero en la realidad este modelo es más la excepción que la regla. El Pacífico es

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Ver las respectivas definiciones en el texto de la Ley 70 de 1993.

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una región en crisis ambiental por el desarrollo de prácticas de explotación de los recursos naturales promovidas principalmente por agentes del capit al como las compañías madereras, la minería industrial, las palmicultoras o camaroneras. A las dinámicas extractivas macro se agregan, como consecuencia pero también debido a procesos de modernización cultural, las prácticas de producción de buena parte de las poblaciones negras del Pacífico, que están lejos de ser “sostenibles”. En cuanto a la “ ocupación colectiva ”, si bien es cierto que este concepto se apoya en la realidad de formas de uso del territorio y es una categoría política de aproximación al modelo de resguardo, también representa una generalización. La ley no le da la suficiente importancia a las formas de apropiación individual que también se implementan en la región. Esta imprecisión causará problemas y malentendidos en el proceso de titulación55 .

incluyen ayudas para estimular un mayor acceso de las poblaciones negras a la educación especialmente a la formación superior mediante un programa de becas. En materia de desarrollo, la ley establece que el Estado garantizará para las comunidades negras “el derecho a desarrollarse económica y socialmente atendiendo a los elementos de su cultura autónoma. ” Se crean los espacios para que representantes de las comunidades participen en las instancias estatales de planeación nacional y regional. Se ordena la creación de una comisión que diseñe un plan específico de desarrollo para poblaciones negras. Como instancia de interlocución colectiva con el Estado y a manera de continuación de la Comisión Especial se crea una “ Comisión Consultiva de Alto Nivel ” y a nivel regional continuarían funcionando las comisiones consultivas departamentales existentes y se agilizaría el trámite para la creación de otras nuevas.

En lo que respecta a reivindicaciones del conjunto de poblaciones negras del país la ley plantea una serie de medidas para la protección de los derechos y la identidad cultural y para impulsar el desarrollo económico y social. La identidad cultural se vincula en la ley a los procesos educativos en términos de normas que conciernen la totalidad del sistema educativo nacional (cambios en los contenidos de los programas que incluyan la historia y la cultura de las comunidades negras colombianas) y también medidas específicas hacia las comunidades como el impulso de programas de etnoeducación dirigido a las poblaciones negras. Igualmente se

Finalmente en materia de derechos políticos aparece la circunscripción especial para elegir a la Cámara de Representantes dos miembros de las comunidades negras 56 . La ley también determina la creación de la “División de asuntos para las comunidades negras ” como una dependencia del ministerio de Gobierno. Estos apartes de la ley, que conciernen a las poblaciones negras de todo el país, a pesar de que tienen como punto de partida una visión estrecha y ruralizada de las mismas, representan de todas

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Hoffmann. Ob. cit., 1998 y Villa, William. “ Movimiento Social de Comunidades Negras en el Pacífico colombiano. La construcción de una noción de territorio y región ”. En: Geografía humana de Colombia. Los afrocolombianos, Tomo IV. Bogotá: Instituto colombiano de cultura hispánica, 1998, pp. 431-449.

En 1994 se eligen dos representantes a la Cámara por la circunscripción especial de las comunidades negras. Por razones jurídicas y políticas esta circunscripción desaparece para las siguientes elecciones de parlamento en 1998 pero será restablecida para los comicios parlamentarios del 2001. Agudelo. Ob. cit., 1999.

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maneras un paso en la dirección del reconocimiento de sus derechos. Sin embargo, en casi todos sus aspectos, quedaron en manos de las reglamentaciones posteriores y de las asignaciones presupuéstales la posibilidad de concretarse. Pasados casi diez años desde la aprobación de la ley, buena parte de estos aspectos generales (no restringidos al Pacífico), o no se han reglamentado, o su aplicación no ha generado los cambios planteados en términos de derechos y reconocimiento de las reivindicaciones de esta franja de la población colombiana.

reivindicación étnica de estas poblaciones, el Estado se apuntala simultáneamente en otros dos campos que refuerzan su legitimidad interna e internacional. La protección de la naturaleza, la biodiversidad y el respeto a la diversidad cultural (El Pacífico como territorio biodiverso poblado por grupos étnicos). Con la participación de un actor él contribuye a crear (el movimiento social de comunidades negras), de otros actores como la Iglesia, algunas ONG, el movimiento indígena, sectores de los partidos políticos, instituciones internacionales, entre otros, el Estado logra crear un escenario de recomposición de lo político, en tanto que espacio para el ejercicio democrático de la participación.

Con todo y los vacíos o inconsistencias que pueda tener la ley 70 tanto en materia de derechos territoriales para las comunidades negras rurales del Pacífico (su eje central), como en la consideración de los demás derechos más generales, ella se convierte en una referencia que marca el futuro de estas poblaciones y que les otorga una presencia institucional con repercusiones en las dinámicas sociales y políticas de orden nacional. La rup tura que implicó el reconocimiento de la diversidad cultural de la Nación en la nueva Constitución, tiene en esta ley otro punto de anclaje para acercarse a las realidades sociales, políticas y culturales que rebasan, la idea de la “ Nación mestiza ” y reconocen su coexistencia con la diversidad cultural.

Si bien es cierto que en términos globales para el Estado resultó fructífera su política, hay que señalar sin embargo que, a través de la actuación de los diferentes componentes del Estado que participan en este proceso (instituciones, autoridades regionales, locales, funcionarios individuales) se pudieron observar niveles de fragmentación, expresados en la falta de coherencia que por momentos se evidenció entre políticas de Estado a nivel local, regional e interinstitucional e incluso entre funcionarios de una misma institución y que se convirtieron en obstáculos para un avance más fluido de las interacciones o el logro de sus intereses en el proceso

Algunas conclusiones Si nos aproximamos a un balance para los dos actores centrales de la dinámica que hemos estudiado, se puede decir que el Estado cumple en principio con sus propósitos - desde su óptica -, de estimular el ejercicio de la democracia participativa contribuyendo a la consolidación de un nuevo actor social y político, las Comunidades Negras. Por la ubicación espacio-geográfica privilegiada (el Pacífico) y la

Para las organizaciones negras el balance es más complejo de establecer. El movimiento social de comunidades negras se compone de múltiples fracciones con intereses políticos diversos, aunque durante el desarrollo del trabajo de la Comisión Especial hayan logrado acuerdos básicos que les permitieron una interlocución con el Estado en términos más favorables.

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Algunos sectores del movimiento lograron un mayor grado de desarrollo que otros. Organizaciones como la ACIA en el Chocó continúan su proceso de consolidación. En los departamentos del sur (Valle, Cauca y Nariño) lo que será el futuro PCN (Proceso de Comunidades Negras) afirma su influencia. En cuanto a “Cimarrón” ya vimos que su marginación del proceso le ocasionó la pérdida de la mayoría de sus activistas quienes se articularon a otras organizaciones participantes en la Comisión Especial.

Pacífico rural) eran sujeto de derechos y reconocimiento específicos. En general el factor que motivó el despegue de esta gran movilización en los ríos del Pacífico tenía que ver, de parte de las poblaciones, con la posibilidad de acceder a beneficios concretos (la propiedad de la tierra) articulados a un proceso de afirmación identitaria, es decir al hecho de reconocerse y ser reconocido positivamente ante la sociedad mayor frente a la cual siempre se había considerado como inferior. El autorreconocimiento de su “identidad cultural” devino un prerrequisito para obtener sus derechos territoriales tal como el modelo chocoano (ACIA) y el indígena lo habían señalado.

Pero uno de los factores más problemáticos que debe enfrentar el movimiento social de poblaciones negras es la especie de dependencia económica del Estado que se da durante la etapa de la Comisión Especial. En esta etapa del proceso se va a limitar su autonomía y capacidad de movilización que queda en algunos casos supeditada a los subsidios estatales. Por otro lado, la competencia por el acceso a los recursos del Estado se convirtió en un importante factor de división del movimiento. Esta situación contrasta con el inicio del proceso, durante y luego de la ANC, antes de iniciarse el trabajo de la Comisión Especial, cuando la movilización de los activistas y sobre todo de las poblaciones de los ríos que se empiezan a organizar, a pesar del apoyo puntual de la Iglesia y algunas ONG, depende también de sus propios esfuerzos.

La identidad cultural que se construye como discurso explícito durante el proceso organizativo se apoyó en varios elementos. De una parte los aportes de las propias poblaciones básicamente a través de la tradición oral en la que éstas expresan elementos de su historia y de su cotidianidad transmitidos y creados en forma de relatos y décimas. También están las prácticas culturales cotidianas como la música, expresiones mágicoreligiosas y formas de sociabilidad particular. Algunos intelectua les del Pacífico y otros estudiosos han llevado a través de investigaciones una sistematización de estas tradiciones. Estos estudios se convirtieron en punto de referencia de las organizaciones negras y los asesores que dinamizaron el proceso. En algunos casos se trató de una inducción hacia manifestaciones culturales de las cuales las poblaciones no tenían ni memoria colectiva ni menos una reivindicación actual, pero que formaban parte de una “ identidad negra genérica ” sistematizada por algunos estudiosos 57 .

En términos generales, los logros de las organizaciones del Chocó en los años 80 y luego el AT55 fueron un estimulante poderoso para las poblaciones de los ríos de toda la región a los que lograba llegar el mensaje a través de los activistas comprometidos en el proceso de difusión de las nuevas condiciones políticas generadas por la Constitución. Por primera vez las poblaciones negras colombianas (del

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Hoffmann, Odile. “ Jeux de parole et de mémoire autour des mobilisations identitaires (Colombie) ”. En : Logiques identitaires, logiques territoriales.

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las identidades genéricas no pueden negar las especificidades de contextos históricos, ni ignorar que la identidad étnica es sólo una de las facetas de las múltiples identidades que asumen los individuos y los grupos. Las identificaciones de clase o categorías socioeconómicas, de género, de generación, de actividad profesional, entre otras, son también un componente a tener en cuenta cuando se proyecta una acción política 59 .

La instrumentalización política de esta identidad si bien podía ser más o menos representativa de los pobladores negros de la región rural Pacífica, se quedaba corta para expresar el carácter dinámico y flexible que caracterizan las formas de identificación de las poblaciones negras colombianas en su conjunto, sometidas a múltiples procesos de hibridación cultural que generan un abanico de autorrepresentaciones diferentes. En un primer momento la etnicización del Negro tuvo que hacer énfasis en la matriz de los orígenes de su implantación en Colombia y el proceso mayoritario de poblamiento que caracterizó estas poblaciones en la Región Pacífica. Pero, si de lo que se trata es de definir de la identificación de estas poblaciones, habrá que superar dicho punto de partida inicial e indagar sobre los diferentes caminos que ha recorrido y seguirá recorriendo la construcción de, ya no la identidad sino, las identidades negras en Colombia. Esto no quiere decir que se renuncie a las posibilidades de establecer categorías de identidad genérica en la que se puedan encontrar las poblaciones negras colombianas en general y que pueden incluso extenderse a escalas mayores ( los negros de América Latina, los de todo el continente americano, los negros del mundo occidental o hasta todos los negros del mundo). Es posible la apropiación de una historia común que se origina en el drama del esclavismo y/o el reconocimiento del sesgo racista presente en las relaciones sociales a escala global. Estos pueden ser herramientas de cohesión política que posibiliten la convergencia de diversos sectores de poblaciones negras a nivel nacional, continental o mundial58 . Pero

Parte de las dificultades para hacer de la identidad étnica un motor de organización que involucre si no al conjunto, sí a una parte significativa de las poblaciones negras colombianas tiene su explicación justamente en que a diferencia del caso de los indígenas, aquí nos encontramos frente a unas poblaciones de mayor diversidad y complejidad en cuanto a sus formas de inscribirse en el contexto de las sociedades contemporáneas, producto de procesos históricos diferentes. La ambigüedad entre discriminación racial e integración ciudadana en que han vivido la poblaciones negras, tampoco facilita la construcción política de un actor social y político étnico que involucre porciones más significativas de estas poblaciones a partir de sus reivindicaciones. Con todo y las limitaciones anotadas del movimiento social de Comunidades Negras, éste ocupa un espacio visible en el escenario político nacional. La interacción con el Estado no ha sido el único aspecto, pero sí es un factor central en la construcción e Septiembre del 2001, es un espacio en el que confluirán movimientos negros a escala mundial. 59 Gilroy hace una crítica al afrocentrismo del movimiento negro norteamericano afirmando que apoyarse tan sólo en ese aspecto de la identidad da una base precaria para proyectar una acción política entre las poblaciones negras. Gilroy, Paul. The black Atlantic : modernity and double consciousness. Londres: Verso, 1993 citado por Wade. Ob. cit., p. 20, 1997.

París : Colección Autrepart 14, IRD - L’aube, 2000, pp. 33-53. 58 La conferencia mundial contra el racismo promovida por la ONU, a realizarse en Sudáfrica en

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institucionalización del movimiento. Las presiones de orden global y nacional por la relegitimación del Estado de Derecho a partir de la implementación de formas de participación de la sociedad civil, del respeto a la diversidad se tradujeron en el texto constitucional de 1991. El proceso de movilización de organizaciones negras con reivindicaciones territoriales y culturales se inscribió en este contexto favorable. Las ambigüedades del proceso son lógicos avatares de una dinámica política compleja que ha seguido su curso, pero que quedó marcada por la experiencia de interacción política en la que nos hemos detenido.

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académicos internacionalistas se han preocupado por las tensiones y distorsiones a nivel de política internacional que surgen a raíz del narcotráfico. Y es apenas obvio que se concentren en esos aspectos, pues en ningún lugar han sido tan visibles los roces diplomáticos como en el continente americano. En él están el abanderado internacional por excelencia del prohibicionismo y uno de los mayores consumidores mundiales, Estados Unidos, y algunos de los mayores territorios de producción, procesamiento, tránsito y tráfico de cocaína y marihuana del mundo, como Bolivia, Colombia, Jamaica, Perú y México. En Estados Unidos 77 millones de personas (35.6% de la población) ha probado drogas ilegales al menos una vez en su vida, y hay 1.5 millones de consumidores corrientes de cocaína. De su parte América Latina cultiva aproximadamente el 4% de la producción mundial de opio y casi el 100% de hoja de coca. Es por ello que la mayoría de los académicos de las RI que han examinado el tema se han enfocado, más que todo, en los

LAS RELACIONES USACOLOMBIA: UNA NUEVA LECTURA --Un ensayo teórico y empírico— Alexandra Guáqueta60

Cuestionamientos teóricos A. La disciplina de las Relaciones Internacionales, Colombia y el tema del narcotráfico Varias disciplinas se han puesto en la escabrosa tarea de analizar la multiplicidad de fenómenos políticos, administrativo s, económicos y sociales que giran en torno a la industria de las drogas ilícitas, a su impacto y a los numerosos esfuerzos nacionales e internacionales, bilaterales y multilaterales, legales y políticos, llevados a cabo para eliminar el narcotráfico o, de manera más realista, para reducirlo a un nivel tolerable -cualquiera que éste sea. 61 Una de esas disciplinas son las RI. 62 De esta forma, 60

M.Phil. en Relaciones Internacionales de la Universidad de Oxford y candidata a doctorado. Julio de 2000

el tema del narcotráfico no se ha estudiado, todo lo contrario, existen numerosos y valiosos textos. La mayoría, sin embargo, no están inscritos dentro de los temas de debate de las RI. Para un repaso de los tipos de estudios que se han hecho con respecto al tema de las drogas ver Tullis, LaMond. Handbook of Research on the Illicit Drug Trade. Socioeconomic and Political Consequences. New York: Greenwood Press, 1991 y Bagley, Bruce (editor). Drugtrafficking Research in the Americas. An Annotated Bibliography. Miami: University of Miami, North-South Center, 1996. La mayoría de los estudios políticos recientes sobre relaciones América Latina-EEUU incluyen al asunto de las drogas, véase como ejemplos Bulmer-Thomas, Victor y James Dunkerley. The United States and Latin America: The New Agenda. London: ILAS-David Rockefeller Center for Latin America Studies, 1999, capítulos 8-10; y Smith, Peter. Talons of the Eagle. Dynamics of US-Latin American Relations. Oxford -New York: Oxford University Press, 1996, capítulo 11.

61

Las políticas del control de drogas ilegales se han caracterizado por tener metas utópicamente ambiciosas. En 1990 el presidente estadounidense George Bush pretendía eliminar el tráfico de drogas hacia su país en un 20% para 1993 y en un 65% para el año 2001; en 1995 el presidente Ernesto Samper cometió el mismo error y anunció su intención de erradicar los cultivos colombianos en un espacio de dos años!. 62 Los journals de relaciones internacionales son la arena de discusión académica en el área por excelencia y, desafortunadamente, las drogas ilegales y América Latina no han sido temas muy populares en el círculo académico de las Relaciones Internacionales a nivel mundial. La excepción es el Journal of Inter-American Studies and World Affairs de la Universidad de Miami, aunque esta es una publicación especializada en asuntos hemisféricos y no exclusivamente en RI. Ésto no quiere decir que

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problemas de cooperación entre países dado que se presentan dilemas aparentemente diferentes, intereses excluyentes y capacidades financieras y administrativas desiguales que previenen dicha cooperación. 63 Desde el punto de vista teórico, los interrogantes han sido los siguientes: si definitivamente existe o no cooperación inter-estatal (generalmente afirman que no hay cooperación); por qué se presenta una ausencia de cooperación y si esta ausencia se debe a causas estructurales, a dinámicas en la esfera doméstica, a intereses opuestos, a problemas en la distribución de costos a la hora de cooperar o a problemas más bien de coordinación.

casos a las autoridades, la demanda es extensa y hacen falta productos sustitutos. 65 Por otro lado, Celia Toro, argumenta para el caso México-Estados Unidos que la cooperación ha sido más bien incipiente (entendiendo por cooperación la formulación e implementación conjunta de políticas) ya que los intereses naciona les de cada país están irreparablemente destinados a chocar porque los problemas mexicanos y estadounidenses difieren en naturaleza. 66 Guadalupe González asume que existen preferencias estatales definidas y elabora una matriz que muestra cómo Colombia y México terminan por asumir altos costos cuando no optan por sus preferencias sino que ceden a las preferencias de Estados Unidos, las que, de acuerdo con su matriz, se hallan diametralmente opuestas a las de los latinoamericanos.67 Por su lado, Peter Smith sostiene que los líderes latinoamericanos tienen

Por ejemplo, el reconocido antiprohibicionista Ethan Nadelmann argumenta que un régimen de cooperación internacional antidrogas no ha podido desarrollarse con la misma eficacia que, por ejemplo, el régimen antiesclavista o aquél contra la piratería, por la simple naturaleza del negocio.64 Según Nadelmann, en el narcotráfico, los recursos para producir drogas siempre están disponibles, los involucrados o afectados no reportan los

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Nadelmann, Ethan "Global Prohibition Regimes: the Evolution of Norms in International Society", International Organization 44, 4, otoño, 1990. pp. 479-526. 66 Toro, María Celia. "Unilateralism and Bilateralism". En: Smith, Peter. Drug Policy in the Americas. Boulder: Westview Press, 1992, pp. 321-328 y "El control del narcotráfico: ¿podemos cooperar?". En: Torres. La interdependencia… pp. 231-252 67 Hay que reconocer que el argumento de González en el artículo citado es bastante elaborado y apunta a cuestionar premisas básicas del neorrealismo en su entendimiento acerca de las instituciones y el comportamiento de los estados. No obstante, su texto revela que existe una suerte de consenso con respecto a la idea de que EEUU y los países latinoamericanos tienen intereses encontrados en materia del control al narcotráfico. Ver "Régimen internacional y políticas nacionales de control de drogas: un análisis comparado de México y Colombia". En: Borja, et al. Regionalismo y poder en América Latina… pp. 333-378. Para textos sobre cooperación antidrogas véase también Mares, David R., "The Logic of InterAmerican Cooperation on Drugs". En: Smith. Drug Policy… pp. 329-342 quien aplica la teoría de juegos para resolver preguntas sobre cooperación y Toro. Ibid., pp. 305-313.

63

El tema de la cooperación internacional ha sido uno de los principales temas de las RI; fuera de varios volúmenes de International Organization véase también Baldwin, David A. (editor), Neorealsim and Neoliberalism. The Contemporary Debate. New York: Columbia University Press, 1993. Los analistas que abordan el tema de la cooperación antidrogas se mencionan más adelante. 64 En RI se adoptó la definición de Stephen Krasner de régimen de cooperación entendido como el conjunto implícito o explícito de principios, normas y reglas y los procesos de toma de decisión en donde convergen las expectativas mutuas. Krasner, Stephen. International Regimes. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1983. Esta definición tiene un problema, sin embargo. No queda claro cuál es la diferencia entre "régimen" y "cooperación" y si la existencia del régimen es evidencia de un acto de cooperación previo o si la cooperación como tal es consecuencia del régimen.

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mucho que perder y nada que ganar al aceptar las políticas antidrogas estadounidenses, y que el interés de Colombia no ha sido el de combatir el narcotráfico sino evitar el narcoterrorismo. 68 En general, todos los que estudian las relaciones América Latina-EEUU se refieren a intereses nacionales disímiles en al asunto de las drogas.

otra parte, Germán Palacio y Luis Jorge Garay ven a la crisis Colombia-EEUU como un síntoma de la globalización, la cual puso al descubierto los problemas de Colombia, entre ellos el narcotráfico, sumado eso si, a un supuesto caprichoso unilateralismo estadounidense. 70 En suma, la reciente crisis entre Colombia y EEUU de 1995-1997 se ha explicado, desde las perspectivas tradicionales de las RI, como un problema de cooperación, más exactamente, de falta de cooperación. 71

Ahora se ilustrarán los argumentos esgrimidos para el caso de Colombia en particular. Juan Gabriel Tokatlian, prolífico académico en la materia, ha sido crítico acérrimo de la dinámica entre Colombia y EEUU en materia de drogas ilícitas. Más cercano al enfoque neorrealista, Tokatlian tiende a explicar las tensiones como un producto del ejercicio de poder de EEUU, el resultado de una hegemonía imperfecta en donde se recurre más al "garrote" que la sutil cooptación ideológica. Para él los condicionamientos a la asistencia, las retaliaciones, y la predisposición a hacer que Colombia corra con los "costos" de la guerra antidrogas, son todos síntomas de la falta de una verdadera cooperación y la consecuencia inevitable de una dinámica a nivel del sistema internacional, en lugar de una dinámica puramente bilateral. El hegemón de posguerra fría ya no tiene rivales un su patio trasero y está más dado a la "arrogancia y la torpeza" en su proceso de re-hegemonización regional. 69 De

No se pueden ignorar otros análisis realizados también por internacionalistas, pero que se ciñen temática, es decir, las drogas en las relaciones Estados Unidos América Latina en general, no implica un tratamiento más equitativo y menos asimétrico; como quien dice, la estructura de poder sigue igual y los países pequeños estarán condenados al acoso de los grandes. Drogas, dilemas y dogmas. Estados Unidos y la narcocriminalidad organizada en Colombia. Bogotá: TM ed-CEI, 1995, p. 22. El tema los costos y la asimetría de poder también los expone en "Seguridad y drogas: su significado en las relaciones entre Colombia y Estados Unidos. Un debate introductorio" Documentos Ocasionales No. 3 CEI -Uniandes, mayo-junio, 1988, "La diplomacia de las drogas: Estados Unidos, Colombia y los efectos del prohibicionismo", Documento Ocasional eneromarzo de 1995, p. 24, y en En el límite. La torpe norteamericanización de la guerra contra las drogas. Cerec-Grupo Editorial Norma: Santafé de Bogotá, 1997, p. 13. Esto no quiere decir que Tokatlian no considera otros factores, como el burocrático o el ideológico y el impacto de la globalización. 70 Véase Garay, Luis Jorge. Globalización y crisis. ¿Hegemonía o corresponsabilidad? Bogotá: TM editores-Colciencias, 1999 y Palacio Castañeda, Germán. Globalizaciones, Estado y narcotráfico. Universidad NacionalUNIJUS-Instituto para el desarrollo de la democracia, 1998. 71 Otros expertos en el tema de las drogas se han dedicado más bien a evaluar la eficacia de políticas públicas específicas. Aunque su esfuerzo es indispensable y valioso, no se los toma en cuenta en esta discusión ya que no se insertan dentro de los formatos de la disciplina de las relaciones internacionales, que es el interés particular de este artículo.

68

Smith. Talons of the Eagle, pp. 268-270. En Drogas Dilemas y Dogmas, la visión neorrealista de Tokatlian es clara cuando afirma que "El creciente unilateralismo en el comportamiento de Washington --la actuación motivada sólo por los deseos propios y con base en necesidades individuales y con el propósito de máxima autorrealización-- es un signo más de arrogancia que de liderazgo firme y fecundo" y que "se registra una distribución de costos y beneficios desigual, en la que Estados Unidos traslada e impone al exterior los costos cada vez más elevados incluso a sus aliados próximos y confiables". También afirma que la novedad 69

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más al ejercicio de "análisis de política exterior" y/o “procesos de toma de decisión”. En su mayoría, estos análisis intentan explicar, por ejemplo, por qué EEUU (refiriéndose al presidente, los expertos del Departamento de Estado o el Congreso) tomó la decisión en 1995, 1996 y 1997 de otorgarle a Colombia una certificación condicional para el primer año, y descertificaciones para los siguientes dos. 72 El factor más sobresaliente en las respuestas apunta a la política doméstica de EEUU; se dice que la decisión de descertificar a Colombia estuvo estrechamente ligada a la perversa dinámica entre el Ejecutivo Demócrata y el Congreso Republicano en Washington. Sin duda alguna, el argumento es legítimo. Pero el “análisis de política exterior”, como se verá más adelante, es una herramienta de análisis diferente, aunque válida, de analizar eventos de la política internacional; allí se formulan preguntas de otro talante, que difieren de los interrogantes planteados dentro de las teorías de la cooperación internacional.

institucionalista (que es la versión moderna de la interdependencia). 73

A continuación se retomarán las RI específicamente y los problemas tanto teóricos como empíricos que se presentan cuando se formulan preguntas acerca de la cooperación ColombiaEEUU bajo enfoques que tienden bien al neorrealismo o al neoliberalismo-

Un neorrealista diría que el conflicto político entre Colombia y EEUU en 1995-1997 fue un evento predecible. Era una cuestión de tiempo si se tiene en cuenta la asimetría de poder (una causa estructural) y la diferencia de intereses con respecto a la lucha antinarcóticos; estos intereses son apenas el reflejo de la necesidad de supervivencia de los estados --una expresión natural de un mundo que se halla en permanente competencia. El panorama neorrealista es el siguiente: EEUU, potencia mundial con el mayor arsenal de armas nucleares del mundo, Producto Interno Bruto de $8.511 trillones de dólares, producto per cápita anual de $33.900 dólares, presupuesto militar anual de $276.7 billones anuales y capacidad de asistencia internacional de $6.9 billones al año quiere suprimir la oferta de drogas; mientras que Colombia, país con deficiente infraestructura militar, que apenas produce $245 billones de dólares anuales, con producto interno per cápita de $6,200 anuales, presupuesto militar anual de $3.4 billones de dólares quiere que EEUU erradique la demanda para evitar la implementación de políticas que requieren altos costos financieros y políticos que no puede sobrellevar. 74 De

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73

Ver Mitchell, Christopher. "¿Una espiral descendente? Sobre cómo se elabora la política de los Estados Unidos hacia Colombia" y Cavelier Castro, Andrés. "El proceso de certificación en la lucha antidrogas: ¿Por qué Estados Unidos descertificó a Colombia en febrero de 1997?". En: Restrepo, Luis Alberto Restrepo (editor) Estados Unidos. Potencia y Prepotencia. Bogotá: TM ed.-IEPRI-DNP, 1998; Rosenau, James. "La interméstica de proceso estadounidense de formulación de políticas" y "Hablando duro. La política internacional antinarcóticos de los Estados Unidos en los años noventa". En: Tokatlian, Juan Gabriel. Colombia y los Estados Unidos. Problemas y perspectivas. Bogotá: TM. Ed.Colciencias-IEPRI, 1998.

Una buena comparación de los dos enfoques está en Mearsheimer, John J. "The False Promise of Institutions". En: International Security, vol. 19, 1994, pp. 5-49, y en Grieco, Joseph M. "Anarchy and the Limits of Cooperation: A Realist Critique of the Newest Liberal Institutionalism". En: International Organization, vol. 42, pp. 485-507. Para un excelente ejemplo de cómo se aplican ambas perspectivas al análisis de las relaciones EEUUAmérica Latina ver Hurrell, Andrew. "The United States and Latin America: Neo-realism Re-examined". En: Ngaire Woods, Explaining International Relations Since 1945 (Oxford: Oxford University Press, 1996), pp. 155-178. 74 Cifras obtenidas del CIA The World Factbook. www.odci.gov/cia/

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querer aplicar el neorrealismo de Waltz a la situación de estos dos países no se preguntaría por qué EEUU decidió descertificar; esa decisión sería apenas un síntoma de las incompatibilidades estructurales dictadas por la situación de anarquía en la que se halla el sistema internacional y, como se mencionó en la frase anterior, por la asimetría de poder. Para el neorrealista riguroso la descertificación era una sanción obvia, el reflejo de la hegemonía estadounidense.

que el hecho de que EEUU sea hegemón regional no explica por qué se llegó a tan agudo conflicto en los años 1995-1997. El otro problema que surge con respecto al enfoque neorrealista, es que dicho paradigma tendería a considerar exclusivamente situaciones conflictivas; el neorrealista es un pesimista con respecto a las posibilidades de cooperación. 75 Los argumentos de Bagley y Tokatlian son bastante ilustrativos. Ellos afirman que lo que EEUU llama "régimen prohibicionista" no constituye, en realidad, régimen de cooperación alguno, pues no cumple con los requisitos fundamentales: el régimen es ilegítimo dado el grado de unilateralidad a favor de EEUU; no es creíble porque se concentra en estrategias que apuntan especialmente a la oferta de drogas; y, por último, aquello que sucede entre EEUU y Colombia no es de carácter simétrico pues, de acuerdo con los autores, América Latina y el Caribe corren con mayores costos en la aplicación de políticas que EEUU. 76 El neorrealista incluso cuestionaría a Nadelmann por afirmar que existe un régimen del prohibicionismo de las drogas --así sea incipiente. Pero uno de los dilemas del neorrealista cuando se enfrenta al caso de Colombia y EEUU es que, en medio de las tensiones, han existido gran cantidad de acciones conjuntas en la lucha antinarcóticos, como el exitoso operativo que se lanzó para atrapar a Pablo Escobar en 1993 después de que hubiera escapado de la cárcel, como los ejercicios y operativos que reúnen a la Policía Antinarcóticos colombiana y la

No obstante, existen algunos inconvenientes con este enfoque. Uno de ellos es culpar a la hegemonía, o más específicamente a la gran asimetría de poder, de ser responsable por los “narco-conflictos”, no sólo entre Colombia y EEUU, sino entre EEUU y el resto de los países de América Latina. Es cierto que un sistema hegemónico presenta un contexto bastante particular y que ciertos actos son impensables, por ejemplo, sería absurdo que Colombia retara a EEUU a una guerra convencional; mientras que es natural que EEUU sí posea un margen de maniobra privilegiado. No obstante, ni la asimetría de poder, ni la anarquía, pilar ontológico por excelencia del neorrealismo, son causas directas de conflictos. Por ejemplo, es útil recordar que Colombia y EEUU sostuvieron relaciones políticas esencialmente armoniosas por más de 70 años bajo supuestas condiciones de asimetría de poder y anarquía, y que, incluso, fueron aliados cuando las drogas ya eran parte de la agenda bilateral. Más aún, en 1990, 30 años después de la Convención Única de Drogas Narcóticas de 1961 y más de 20 años después de que hubieran llegado agentes de la DEA (Drug Enforcement Agency) a Colombia, ésta última era considerada como país ejemplar de la lucha antinarcóticos y, las relaciones con EEUU eran excelentes. De manera

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Miersheimer, "The False Promise…" Bagley, Bruce y Juan Gabriel Tokatlian. "Droga y Dogma: la diplomacia de la droga de Estados Unidos y América Latina en la década de los ochenta". En: Pensamiento Iberoamericano, No. 19, enero-junio, 1991, p. 247. 76

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DEA, los entrenamientos conjuntos y el intercambio de información entre la comisión especial de fiscales que impulsó el proceso 8000 y el Departamento de Justicia de EEUU, entre otros. Lo cierto es que de 1995 a 1997 hubo mucha cooperación, al menos a nivel operativo y técnico, lo cual no se puede ignorar. Es más, las campañas de erradicación se intensificaron en estos años y Colombia tuvo un desempeño formidable --a pesar de ser objeto de las enérgicas discusiones políticas en torno a la medición de hectáreas efectivamente erradicadas.

supervivencia. Para los neoliberales institucionalistas, el proceso es algo más intrincado; toman en cuenta a actores domésticos (partidos políticos, gremios, ministerios) e instituciones internacionales (Naciones Unidas, CICAD -Comisión Interamericana para el Control del Abuso de las Drogas). No obstante, el interés nacional (o institucional, de acuerdo con el caso) se da después de una sumatoria y una suerte de "promedio" de las variables necesarias. Así lo expone Tatiana Matthiesen, quien aborda el tema del comportamiento estatal y el interés nacional, los cuales surgen a raíz de la interacción entre los planos doméstico e internacional (la doble negociación propuesta por Robert Putnam). De esta manera el presidente, el ministro o cualquiera que esté en la mesa de negociación con el embajador estadounidense, el zar antidrogas o el representante de la oficina antinarcóticos (Bureau for International Narcotics and Law Enforcement , INL) tiene que calcular tanto el impacto interno como el externo que puede acarrear la decisión que está tomando. Matthiessen arguye que este fue el modus operandi de los funcionarios colombianos del gobierno Gaviria cuando respondieron a las políticas de EEUU. 78 Sin embargo, surgen dos problemas con el concepto del interés nacional, con las preferencias estatales y las relaciones Colombia-EEUU en materia de drogas. El primero es que se asume que todos los colombianos tienen perfecta claridad acerca de las preferencias de Colombia en materia de drogas y, adicionalmente, se asume que dichos intereses son opuestos. Pues

Otros de los conceptos problemáticos en los análisis del conflicto ColombiaEEUU son los "intereses opuestos" y los "costos". Tanto los neorrealistas como los neoliberales institucionalistas parten de la siguiente premisa: los Estados y los demás actores internacionales son racionales toda vez que logran maximizar sus ganancias. Dicho de otra forma, de un menú de opciones dado, los actores logran escoger la ruta menos costosa después de haber examinado cada opción. Esta es la base "racionalista" tanto del neorrealismo como del neoliberalismo institucionalista. 77 Para los neorrealistas este proceso es casi automático; los líderes de los países pueden fácilmente discernir cuál es el interés nacional ya que es el mismo sistema internacional el que determina los lineamientos a seguir. El sistema opera de tal manera, que una suerte de mano invisible hace que todos los estados actúen para garantizar su 77

La decisión racional y la teoría de utilidad esperada (expected -utility theory) han dominado los paradigmas tradicionales de las relaciones internacionales. La decisión racional supone que los actores siempre tratarán de maximizar las utilidades esperadas en una transacción. Ver Levy, Jack. "Prospect Theory, Rational Choice, and International Relations". En: International Studies Quarterly Vol. 41, 1997, pp. 87-112.

78

Ver Matthiesen, Tatiana "¿Cuál es la teoría más adecuada para explicar las relaciones Colombia-EEUU?" En: Colombia Internacional No. 45 enero-abril, 1999, pp. 39-53 y Putnam, Robert. "Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two-Level Games". En: International Organization, vol 42, 1988, pp. 427-460.

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bien, ni los intereses son tan claros ni todas las posiciones de Colombia y EEUU se contraponen. El Estado colombiano, a diferencia de Bolivia, por ejemplo, nunca ha propuesto la legalización. Es cierto que no se pueden desechar aquellas voces débiles, escasas y poco estructuradas a favor de la legalización, no obstante es legítimo afirmar que en general, la sociedad colombiana ha condenado el consumo de drogas con la misma fuerza con la que los estadounidenses han rechazado el consumo de cocaína y heroína, de ahí que ningún gobierno colombiano hubiera propuesto formalmente la legalización. Es más, de hacerse una comparación de los lineamientos generales antidrogas de Colombia y EEUU saltarían a la vista las coincidencias antes que las divergencias. Los anteriores son apenas algunos ejemplos y no se pretende en este texto afirmar que los dos países coinciden en todos los aspectos de la política antidrogas. 79 Así mismo, se presentan casos en las posiciones de un país y otro que son menos claros de discernir, uno de ellos es el tema de la militarización de la lucha antidrogas y la postura que EEUU y Colombia han adoptado en los últimos 10 años. De esta manera se tiene que a finales de los 80, el president e Barco no se opuso a que personal militar colombiano participara en operaciones antinarcóticos o en la protección de jueces y figuras prominentes amenazadas por narcotraficantes; la administración Barco formó los Cuerpos Elite. Por otro lado, el Ministro de Defensa del presidente Gaviria, Rafael Pardo, quiso dividir las funciones entre policías y militares de una manera más clara, dejándoles a los primeros los asuntos antinarcóticos y la guerrilla a los segundos. En el caso de

EEUU y contrario a lo que comúnmente se cree, los dos Secretarios de Defensa de Reagan, Caspar Weinberger y Frank Carlucci se opusieron a que les fueran asignadas tareas antinarcóticos a los militares de su país, en lugar de apoyar ciegamente una intervención militar antinarcóticos. 80 El concepto de los "costos" es quizás más ambiguo e intangible que aquel del "interés nacional opuesto" y por ello no resulta sorprendente que ningún especialista hubiera descrito explícitamente cuáles son dichos costos. ¿Qué cosas cuestan? ¿A quiénes les cuestan? ¿Cómo se miden los costos? ¿Cómo se suman y cómo se acumulan? Sí, se afirma que la implementación de la extradición tuvo el "costo" del narcoterrorismo, pero ¿cuál fue el costo de la falta de inversión en el sistema judicial colombiano y cuál sería el costo de no implementar la extradición? Para los racionalistas hablar de costos es cuestión de jerga común, pero en realidad es muy difícil que dos individuos se comporten de acuerdo con una misma escala de costos, ya que existen una infinidad de variables externas y endógenas (factores culturales, psicológicos, morales) que hacen que una acción sea costosa o no. Adicional a las carencias mencionadas hasta el momento, los paradigmas tradicionales de las RI poseen, en sí mismos, severos problemas de fondo. En los últimos 20 años, esta disciplina ha estado dominada por la academia Anglo-Sajona y por las dos macro tendencias abordadas en los párrafos anteriores, el neorrealismo y el neoliberalismo institucional. 81 A nivel 80

Bagley, Bruce Myths of Militarization: the Role of the Military in the War on Drugs in the Americas. Miami: North-South Center, University of Miami, 1991, p. 2. 81 Waever, Ole. "The Sociology of a Not So International Discipline: American and

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Es importante reconocer y entender las reservas de Colombia con respecto a la extradición o al uso del herbicida tebuithirón.

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caso de tener o no un líder mundial. 82 Como consecuencia de esta concentración geográfica y temática, muchos supuestos desarrollados en el interior de los grandes paradigmas de las relaciones internacionales no se aplican a Colombia y a los fenómenos que los colombianos quieren analizar. Por ejemplo, uno de los pilares que sostienen al neorrealismo y al neoliberalismo institucionalista es el supuesto de la anarquía. Según este supuesto, el sistema internacional no posee rangos ni autoridad superior que determinen o dicten un "orden" a priori. Para el estudio de las relaciones Colombia-EEUU, la famosa característica de anarquía propuesta por Waltz nos dice poco acerca de la dinámica entre estos dos países porque las relaciones bilaterales se han desarrollado en un sub-sistema "jerárquico" y no anárquico, el cual lleva funcionando casi un siglo. En este caso, teorías de rango medio, o teorías acerca del funcionamiento interno de las esferas de influencia resultarían mucho más útiles. 83 Como consecuencia de

teórico los grandes debates giran en torno al tema de la cooperación; la importancia de las ganancias relativas o absolutas, el efecto que las instituciones tienen en el comportamiento de los países, el tipo de interacción entre variables sistémicas, estatales y societales, aquel ingrediente mágico que permita una aglomeración de estadosnación, el rol de países hegemones, la interacción entre el mercado y la política internacional, entre otros. A nivel empírico, estas teorías se han dedicado a estudiar el patrón de alianzas entre los estados más poderosos, las guerras mundiales iniciadas en Europa, el papel hegemónico ejercido por el Reino Unido y EEUU, y la evolución de Naciones Unidas y la Unión Europea. Sería ingenuo negar que, históricamente, estas teorías se han enfocado en los países más poderosos. Por ejemplo, ninguno de los escritos acerca de la teoría de la estabilidad hegemónica se hizo pensando en la hegemonía de EEUU sobre América Latina. La teoría de la estabilidad hegemónica difiere en tono y sustancia de la forma como los latinos conocen y se refieren a la "hegemonía". La famosa teoría de la dependencia sí trató de analizar este fenómeno tan pertinente a la periferia; pero desafortunadamente la dependencia fue rápidamente descalificada dentro de la comunidad de internacio nalistas. En realidad, la sustancia del debate de la hegemonía en las RI se volcó sobre el papel de Gran Bretaña en el sistema de naciones hasta la Primera Guerra Mundial, la forma como EEUU se demoró en asumir las funciones de hegemón económico (con respecto a Europea y "el resto") en los años 30 y 40 y, los prospectos de paz y prosperidad económica generales en

82

Ver Kindleberger, Charles. A World in Depression, 1929-1939 (Berkeley: University of California Press, 1987 y Wyatt-Walter, Andrew. "The United States and Western Europe: The Theory of Hegemonic Stability". En: Ngaire Woods, Explaining International Relations, pp. 126-154. 83 Aunque este tema merece un análisis más extenso, una primera lectura de los textos de política internacional en Colombia sugiere que a la interdependencia del Keohane de ese entonces se le dio una entusiasta bienvenida, pues comparado con el neorrealismo, la interdependencia le daba suficiente espacio teórico a los pequeños países para que figuraran en el análisis de política internacional. Nótese los hechos políticos significativos que alertaron a los centros de poder sobre la existencia de países periféricos que podían afectar su bienestar. Estos fueron la descolonización africana y el ingreso de estos nuevos países a las Naciones Unidas, el crecimiento del Movimiento de los No Alineados, la creación del Grupo de los 77 y el shock petrolero de 1973 donde unos pocos países tercermundistas "ahorcaron" a EEUU y a Europa.

European Developments in International Relations". En: International Organization vol. 52, No. 4, otoño 1998, pp.687-727.

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estos problemas teóricos y metodológicos al aplicar las principales teorías de las RI al caso de Colombia, se ha recurrido al método del popurrí teórico (pura distorsión), al uso de conceptos específicos en lugar de macro-teorías (como por ejemplo el tan trajinado concepto de la "autonomía"), o al tradicional "análisis de política exterior". 84

formulan en el interior del marco de los enfoques tradicionales de la disciplina. Así planteados, estos interrogantes tienden a dejar por fuera muchos de los debates y argumentos que se han tejido alrededor del narcotráfico y las relaciones Colombia-EEUU, y que gozan de agudeza analítica pero que no definen el problema de estudio en términos de la viabilidad de cooperación, que es lo que los grandes paradigmas de las RI se dedican a hacer. A continuación se verán los argumentos más sobresalientes sobre el conflicto político Colombia-EEUU.

Aquí no se pretende infundir total pesimismo con respecto al uso de los principales paradigmas de las RI para analizar problemas y situaciones colombianas, pues de los más recientes debates en este campo han surgido nuevas metodologías y teorías, aún en proceso de ajuste y formación, que se adaptan más fácilmente a los fenómenos colombianos y que postulan preguntas que son supremamente relevantes al proceso que ha vivido Colombia en su experiencia con EEUU y al proceso de construcción que le espera en el futuro. Pero antes de introducir las premisas básicas del constructivismo, una de las corrientes recientes, y su aplicación al entendimiento de las relaciones Colombia-EEUU, se repasarán el tema específico de este artículo, el tipo de preguntas que se han formulado con respecto a la crisis de 1995-1997 y los vacíos que persisten.

El primero es el de la “securitización” de las drogas. Éste sostiene que EEUU elevó el tema de las drogas de un problema clínico, policial y social a uno de seguridad nacional e internacional, y que por esto, el tratamiento del tema se tornó complejo y hostil. Unos dicen que este fue un acto caprichoso y otros sugieren que fue apenas una reacción al crecimiento de las mafias que aumentaron su poder económico y político hasta el extremo de querer comprar submarinos y penetrar las burocracias estatales, legislativas y judiciales en varios países. Así, los actores involucrados en la industria de las drogas ilegales (Bolivia, Colombia, Bolivia, México y Perú, los carteles de Cali y Medellín en Colombia, de Sinaloa en México y de Santa Ana en Bolivia, solo para mencionar algunos) se convirtieron en enemigos de EEUU toda vez que minaban su seguridad nacional. De la securitización se culpa especialmente el Presidente Ronald Reagan cuando declaró la guerra a las drogas en su discurso de Octubre de 1982, siendo que varios antecesores habían hecho los mismo; claro está, la época de Reagan fue especial por las consecuencias en materia de desarrollo legislativo, desarrollo burocrático y diseño de política. Fue bajo Reagan que se firmó la directiva para crear una

B. Una mirada a los principales argumentos en los análisis de las relaciones Colombia-EEUU y el problema del narcotráfico Los párrafos anteriores ilustraron el tipo exacto de preguntas que usualmente se 84

Los problemas y las deficiencias en el análisis de América Latina y las relaciones EEUUAmérica Latina utilizando los paradigmas de las RI merecieron un agudo comentario por Martha Cottam, quien termina optando por la línea cognitiva. Martha Cottam, Images & Intervention. US Policies in Latin America. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1994, p. 4.

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estrategia "nacional" en contra de las drogas, y fue ésta la que sirvió de piso para el lanzamiento del Zar Antidrogas y de la Estrategia Andina de George Bush, la cual vino acompañada de la extensión del papel de los militares en la "guerra" antinarcóticos. 85 También se argumenta que una vez terminada la guerra fría, el tema de las drogas reemplazó al comunismo. Siguiendo esta corriente Martha Cottam toma la línea psicológica y habla de la necesaria "imagen de enemigo" a la que todo Estado recurre. 86 Y muchos funcionarios estadounidenses que estuvieron en el Departamento de Estado en los 80 y comienzos de los 90 sostienen que una vez el comunismo abandonó la agenda política, llevándose con él al tema de Centro América, los US officials tuvieron tiempo y cabeza para dirigir su atención a las drogas ilegales y otras partes de América Latina, en lugar de ocuparse siempre de Nicaragua, El Salvador, Cuba y el supuesto boycot soviético. 87

reaccionar con antagonismo si sienten que su seguridad nacional está siendo amenazada. El argumento de la seguridad está en línea con dos tendencias analíticas, una la realista o neorrealista, y otra, la constructivista -depende de cómo se le formule. Un académico con tendencia a percibir al mundo como un espacio de competencia continua, donde cada cual busca su interés y su seguridad, tomaría por dado el hecho de que para EEUU las drogas son una amenaza a la seguridad nacional. Su análisis partiría de ese hecho y se dedicaría a observar la dinámica que surge entre los países de ahí en adelante. Otra alternativa dentro de la misma línea sería justificar que en realidad el tamaño de las mafias y la continua violación de fronteras por el tráfico ilegal representan una amenaza a la seguridad y soberanía nacionales, y que por esto, el tema merece ser tratado como una cuestión de seguridad nacional. En contraste, un constructivista, o un estudio inscrito dentro de la psicología política como el maravilloso trabajo de Deborah Larson para el caso de la Guerra Fría en Originis of Containment, se preguntaría cómo llegaron los estadounidenses a percibir a las drogas en términos de amenaza a su seguridad nacional, siendo que resulta bastante obvio que un misil intercontinental disparado desde China o Irak es más peligroso que Lehder o Escobar para EEUU. 88 Los de esta segunda línea se referirían a las realidades construidas a través de la interacción y tomarían en cuenta el papel que juegan las ideas y las percepciones. 89 Es decir, darían un paso

Muchos de estos argumentos, que se pueden agrupar bajo el toldo de la "securitización" son bastante acertados y, con seguridad, hubo una combinación de factores políticos, psicológicos y burocráticos que hicieron que el tema de las drogas se convirtiera en uno de "seguridad nacional". Así mismo, es bastante acertado afirmar que una vez se le rotula a un tema con el nombre de "seguridad nacional" este adquiere otra dimensión política, y tanto funcionarios como la opinión pública empiezan a 85

Ver Tokatlian. Drogas, dilemas y dogmas, capítulos 1 y 2; Mabry, Donald. "The Role of the Military". En: Perl, Raphael. Drugs and Foreign Policy. Boulder, Colorado: Westview Press, 1994; Max. G. Manwaring, "National Security Implications of Drugtrafficking for the US and Colombia". En: Small Wars & Insurgencies, vol. 5, No. 3, invierno, 1994. 86 Cottam, Martha. Images & Intervention. 87 Entrevistas realizadas en Washington, agosto de 1999.

88

Larson, Deborah. Origins of Containment: A Psychological Explanation. Princeton: Princeton University Press, 1985. 89 Ver Weldes, Jutta. "Constructing National Interests". En: European Journal of International Relations, septiembre, 1996, pp. 275-318. El constructivismo es una tendencia más bien reciente, pero la consideración de factores que podemos lla mar "subjetivos" en la

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atrás con respecto al neorrealismo para así poder descifrar fenómenos que no se pueden tomar como hechos automáticos.

EEUU y con las visas otorgadas a turistas colombianos) en 1988 cuando el narcotraficante Ochoa salió de la cárcel con base en un tecnicismo legal, pero el embargo no duró más de un mes. Fue un caso típico de resolución diplomática rápida y exitosa, tal como se había hecho tradicionalmente cuando surgía alguna desavenencia entre los dos países (lo único atípico fue que parte del dilema del mini- emabargo se manejó a través de la OEA en lugar de biltateralmente). 90

El argumento de la seguridad ciertamente explica por qué el tema de las drogas se tornó una pesadilla diplomática en el hemisferio. Persiste tan sólo un interrogante sin resolver en el caso de las relaciones ColombiaEEUU y es el siguiente. Para EEUU, las drogas se convirtieron en materia de seguridad aproximadamente a partir de 1986, año en que también se crea la certificación; y para Colombia, a partir de 1988/1989, cuando la acumulación de magnicidios, como el de Guillermo Cano y Luis Carlos Galán, estremece a la opinión pública, y cuando Virgilio Barco pronuncia sus emotivos discursos en Naciones Unidas solicitando que el narcotráfico sea declarado un crimen de lesa humanidad. Si las drogas ya eran un problema de seguridad nacional para todos y si el progreso en Colombia en el combate antidrogas en términos de encarcelamientos, enjuiciamientos y erradicación era mediocre, ¿por qué no hubo una descertificación entre 1986 y 1994? ¿Por qué no hubo un Operation Just Cause, o dicho más claramente, una invasión al estilo Panamá para tomarse a los narcotraficantes? Es cierto que hubo un corto pseudo-embargo (una suerte de operación tortuga con las flores colombianas que entraban a

Otros análisis de las relaciones Colombia-EEUU en este período se refieren exclusivamente al tema de la descertificación. Andrés Cavelier argumenta que el presidente Demócrata William J. Clinton se vio presionado por los Republicanos, y especialmente aquellos de ultra derecha. Así, Clinton no tuvo otra opción, dada la mayoría republicana en el Congreso, que acceder a las peticiones de linchamiento de Helms y sus asesores Dan Fisk y Elizabeth Demos. 91 Juan Tokatlian menciona no solo a Helms sino a Robert 90

El caso se resolvió en parte en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA) y a través de diplomacia directa con consultas entre el funcionario de la embajada estadounidense Philip McLean, el Embajador estadounidense Anthony Gillespie y Virgilio Barco. Ver Tirado Mejía, Alvaro. Colombia en la OEA. Bogotá: Ministerio de Relaciones Exteriores, 1998, pp. 244-252. Y entrevista a Philip McLean, Washington, agosto, 1999. 91 Cavelier menciona tres factores para la descertificación de 1997: las críticas republicanos, el director de antinarcóticos del Departamento de Estado Robert Gelabrd, y el timing del proceso 8000. El periodista Cavelier no entra en detalles acerca de los funcionarios involucrados en la orquestación de las "críticas", los nombres de Fisk y Demos los he añadido tras información obtenida en entrevistas en Washington, agosto de 1999. Ver Cavelier, Andrés. "El proceso de certificación en la lucha antidrogas: ¿Por qué Estados Unidos descertificó a Colombia en febrero de 1997?". En: Restrepo. Estados Unidos. Potencia y Prepotencia. Bogotá: TM ed.-IEPRI-DNP, 1998, pp. 74-77.

política internacional no lo es. Ejemplos ilustrativos sobre cómo influyen la ideología, la cultura, las ideas y las percepciones en la política internacional y en el proceso de toma de decisiones son Walker, Stephen. "The Interference between Beliefs and Behaviour: Henry Kissinger's Operational Code and the Vietnam War". En: Journal of Conflict Resolution, vol. 21, 1977, pp 129-168; Powell, Charles, et. al. "Opening the Black Box: Cognitive Processing and Optimal Choice in Foreign Policy Decision Making". En Charles Hermann, et. al. (editores.) New Directions in the Study of Foreign Policy. Boston: Allen & Uwin, 1987.

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Dole como artífices de la política de EEUU hacia Colombia. 92 Y Christopher Mitchell dice que el Senado estaba dividido con respecto a la descertificación pero que en la Cámara había unanimidad en contra de Colombia. 93 Ciertamente la dinámica entre el Ejecutivo y Legislativo estadounidense, que Robert Pastor ha llamado interbureaucratic politics, es una constante batalla de tira y afloje en la que las preocupaciones de partido y las demostraciones de poder entre un cuerpo y el otro tienden a primar por encima de la esencia de los temas. 94 Es por esto que el tema de las drogas y Colombia no son significativos en sí mismos sino en la medida en que se conviertan en una debilidad explotable de un presidente del partido opositor, al que por oficio, el Congreso debe cuestionar y hostigar --porque, al fin y al cabo, ésa es la función del Congreso. Así mismo ha habido en la historia de la política estadounidense muchos otros "caballitos de batalla" adoptados por Demócratas y Republicanos solo para competir por votos o hacer quedar mal al otro; desde la época de Bolívar y Monroe sucedía esto. La primera reunión Panamericana convocada por el Libertador dio incluso para un duelo entre el senador pro-esclavista de Virginia John Randolph y el Secretario de Estado Henry Clay. 95 Pero las relaciones Ejecutivo-Congreso son solo parte de la historia de la crisis. Aún

hace falta descubrir qué factor empujó a Colombia a caer en medio de la arena de batalla del Ejecutivo y el Congreso estadounidenses después de haber sido una de las naciones más exitosas en la lucha antinarcóticos. El tema de la descertificación es apropiado para reflexionar brevemente acerca del "análisis de política exterior", o más conocido en la literatura académica por su nombre en inglés, foreign policy analysis. El FPA es una herramienta diferente al neorrealismo o al neoliberalismo institucional. 96 No es un paradigma que propone una cosmovisión particular; se trata más 96

No se pretende sugerir que el "análisis de política exterior" no es una tarea propia de los internacionalistas, no obstante este tipo de análisis es un ejercicio distinto al propuesto por las tradicionales perspectivas, entre ellas el neorrealismo y el neo-liberalismo institucional. Por ejemplo, Keneth Waltz dice "Cualquier teoría cubre algunos asuntos y deja otros por fuera, la teoría del balance de poder [neorrealismo] es una teoría sobre los resultados producidos por las acciones no coordinadas de los estados. Esta teoría se basa sobre ciertas suposiciones acerca de los intereses y motivaciones de los estados. …pero por sí sola esta teoría no puede explicar las reacciones de los estados." Para explicar con exactitud las diferencias en las respuestas de cada país al entorno internacional se necesita otro tipo de teoría. "Una teoría de política exterior no podría predecir el contenido exacto de una política pero si podría" darnos pistas acerca de las diferentes políticas de los diferentes estados con base en sus características nacionales. Waltz, Keneth N. Theory of International Politics. New York: McGraw-Hill Inc., 1979, pp. 122-123. Traducción libre. Luciano Tomassini también advierte al lector latinoamericano acerca de esta diferencia: "Pero tal vez la ilusión más peligrosa haya sido la de confundir el estudio de las relaciones internacionales con el de la política exterior de cada país." Tomassini, Luciano (editor). Las Relaciones Internacionales de la América Latina. México: Fondo de Cultura Económica, 1981, p. 15. Para un repaso de todas las herramientas analíticas disponibles a los internacionalistas ver Woods, Ngaire. "The Uses of Theory in the Study of International Relations". En: Woods. Explaining International Relations. pp. 9-31.

92

Tokatlian, Juan Gabriel. "Diplomacia coercitiva, narcotráfico y crisis: ¿El deterioro irreversible de las relaciones entre Estados Unidos y Colombia?". En: Leal Buitrago, Francisco, et. al. Tras las huellas de la crisis política. Bogotá: TM ed.-Fescol-IEPRI, 1996, p. 191. 93 Mitchell,"¿Una espiral descendente?" p. 24 94 Pastor, Robert. Congress and the Politics of US Foreign Economic Policy. Berkeley: University of California Press, 1980. 95 Drexler, Robert. Colombia and the United States. Narcotraffic and a Failed Foreign Policy. North Carolina: McFarland & Co. Inc., 1998, p. 25.

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bien de una metodología analítica alternativa para explicar por qué el país Y decidió actuar en la forma X en lugar de la forma Z en un tiempo T. Claro está, alrededor del FPA se han elaborado bastantes teorías e hipótesis sobre los factores que más influyen en la formulación de políticas. Se debate si la estructura del sistema internacional, los condicionantes políticos internos o la ideología, entre otros, son las variables que con mayor eficacia explican la formulación de políticas. Algunos textos clásicos son los de Graham Allison y Ole Holsti. 97 Hasta el momento, los textos colombianos que han analizado la descertificación se han inclinado por la variable burocrática doméstica. 98 No obstante, los ejercicios realizados hasta el momento no han explotado al máximo las virtudes del FPA y aún quedan bastantes

interrogantes acerca de la formulación de políticas estadounidenses con respecto a Colombia, pero especialmente de la respuesta colo mbiana. Por ejemplo, sería interesante determinar si todas las decisiones con respecto a Colombia, bien sean políticas o económicas, siguen el mismo patrón, o si la dinámica Ejecutivo-Congreso está relacionada más bien con el tópico de la certificación y por lo tanto es aplicable a todos los países dentro y fuera del hemisferio. Así mismo, se podría buscar un patrón a lo largo de la historia para determinar si este es un fenómeno coyuntural o si es una dinámica que se desarrolla sólo cuando las dos ramas de poder están controladas por partidos diferentes. Por otro lado, las explicaciones que se centran en las figuras de Ernesto Samper, Myles Frechette y Robert Gelbard son importantes, pero parciales en el entendimiento de la crisis. El análisis de las personalidades y de los individuos no es errado; es más, hace parte de la línea que trata los mapas cognitivos de los tomadores de decisión (un área en la que se traslapan el FPA y la psicología política). Adicionalmente, existen dos razones más por las cuales el estudio del impacto de individuos es importante para entender la política de EEUU hacia los países de América Latina y viceversa: a) especialistas en relaciones América Latina-EEUU han observado que históricamente ha habido una tendencia en Washington a dejar las decisiones sobre América Latina en manos de los rangos medios y bajos, que los embajadores procónsules han sido numerosos, que los EEUU tienden a aferrarse a las personalidades en los países donde actúan, y que, como consecuencia, los individuos, no las estructuras, terminan por ser cruciales ante la falta de políticas (policies) sistemáticas y b) es usual en el caso de

97

Allison, Graham y Philip Zelikow. Essence of Decision. Explaining the Cuban Missile Crisis. New York: Longman, segunda edición, 1999 y Allison. "The 'Operational Code' Approach to the Study of Political Leaders: John Foster Dulles' Philosophical and Instrumental Beliefs". En: Canadian Journal of Political Science Vol 3, 1970 pp. 123-157. Para una discusión acerca de las diferentes escuelas del FPA ver Smith, Steve. "Foreign Policy Analysis: British and American Orientations and Methodologies". En: Political Studies, diciembre, 1983, pp. 556-565. 98 El uso del FPA para asuntos relacionados con Colombia no se ha limitado al tema de la descertificación. Hay varios análisis de la política exterior colombiana, como los capítulos de este volumen, los publicados en Colombia Internacional, y los textos clásicos de Drekonja, Gerhard. Retos de la política exterior colombiana. Bogotá: Cerec, 1983 y Pardo y Tokatlian. Política exterior colombiana. El interés colombiano por aprender acerca de la formulación de políticas exteriores de EEUU es bastante tardío considerando la importancia de EEUU y cantidad de años que lleva en curso la relación bilateral; los recientes textos producidos por el Instituto de Estudios Políticos y de Relaciones Internacionales buscan descubrir cómo se comporta EEUU en los temas relevantes para Colombia. Restrepo. Estados Unidos. Potencia y prepotencia y Tokatlian. Colombia y los Estados Unidos. Problemas y perspectivas.

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América Latina que las relaciones internacionales estén en cabeza de pocos, que sea un monopolio del presidente, el ministro de Relaciones Exteriores y algún consejero de confianza, de ahí el peso que puedan tener los individuos en la formulación de la política exterior.

no haber existido Samper y su error, no habría originado la crisis de las relaciones. De aceptar este argumento, todavía quedarían algunas preguntas ¿qué sucede entonces con la "securitización" de las drogas, con las riñas entre Clinton y los Republicanos o con la aparente re-hegemonización regional? ¿Son tan solo situaciones que funcionan como un contexto permisivo, facilitador, es decir, que predisponen hacia un resultado pero que no causan necesariamente conflictos internacionales? Permanece aún una pregunta adicional que no se puede descartar y que la opinión pública colombiana se formuló calladamente durante el auge de la crisis en medio de brotes anti-americanos: ¿y por qué a Samper y no a los presidentes pasados? Esta es una pregunta tabú pues supone que la filtración de dinero del narcotráfico en campañas políticas y los nexos entre políticos y narcotraficantes no sólo precedieron a Samper sino que eran una práctica frecuente y, hasta cierto punto, extendida y, además, que toda una sociedad fue testigo silencioso y alcahuete de dicho proceso. Por supuesto, ningún representante del gobierno colombiano o académico colombiano se habría atrevido a formular esta pregunta porque habría implícitamente corroborado las acusaciones estadounidenses en el sentido de que a Colombia "se la tomaron" los narcotraficantes. No obstante, la pregunta es apenas lógica si consideramos que, contrario a la experiencia exitosa de Turquía, donde el narcotráfico disminuyó, en Colombia la industria de drogas ilícitas creció continuamente desde los años 60, los carteles crecieron en tamaño y en número, los cultivos aumentaron en los últimos 15 años, la violencia generada directa o indirectamente por el narcotráfico se incrementó desde finales de los años 80, y las amenazas recibidas por jueces, magistrados,

De nuevo, así como sucede con las otras explicaciones que se han explorado en los párrafos anteriores, al enfoque que se centra en los individuos presenta inconvenientes analíticos. Por ejemplo, muchos mitos se tejieron alrededor de una alianza conspirativa entre el Embajador Frechette, Robert Gelbard y Michael Skol (el segundo en el bureau de Asuntos Inter-Americanos del Departamento de Estado) para inducir la caída, digna o no, de Samper. Pero el área de las personalidades es peligrosa, pues exige un conocimiento muy detallado de los individuos. Hoy en día ya se tiene conocimiento más preciso acerca de los eventos de 1995-1997: Frechette y Gelbard eran más rivales que amigos y Skol aparentemente se opuso a las tácticas de Gelbard, quien a su vez, estaba interesado en realzar su prestigio en el círculo diplomático. Sólo basta con recordar que del INL Gelbard fue nombrado en Bosnia --un ascenso dentro de la escala de la diplomacia en Washington. 99 En resumen, centrar los análisis exclusivamente en personalidades es académicamente complejo llevando a una serie de vacíos en términos del entendimiento del contexto tanto temporal como espacial. Queda, además, otra duda empírica. Algunas explicaciones de la crisis se han centrado en la figura de Samper exclusivamente; así, la crisis se originó porque el presidente gestionó o permitió (cualquiera de estas dos variantes) la financiación de su campaña presidencial por parte del narcotráfico, es decir, de 99

Entrevistas a Michael Skol, Washington, agosto 1999.

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policías y congresistas, entre otros, se multiplicaron a partir de finales de los 80. Y no se puede olvidar que rumores de infiltraciones existen de manera menos pública desde los 70 y de manera más pública desde los 90. Así como EEUU reaccionó en contra de Samper ha podido reaccionar en contra de otras administraciones u otras circunstancias. ¿Por qué EEUU no descertificó a Colombia cuando se abolió la extradición durante la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 o cuando se escapó Escobar de la cárcel en junio de 1992? 100

tres grandes debates, uno entre realistas e idealistas (años 20-30), otro entre behaviouristas y tradicionalistas (años 60) y un tercero conocido como el debate entre paradigmas (neorrealistas y realistas -- interdependentistas y neoliberales institucionalistas -dependentistas, marxistas y otras líneas de economía global), o "el tercer gran debate", como también se le conoce en la literatura de las RI. Más recientemente, desde la segunda mitad de la década de los 80 y los 90 ha habido otro debate y es aquí donde surge el constructivismo. 101 A grandes rasgos, el debate se ha dado a lo largo del eje racionalista-reflectivista. A un extremo están los racionales "aburridos" (como los llama Ole Weaver) y al otro extremo están los posmodernistas deconstructivistas, con los que resulta imposible trabajar pues cuestionan la posibilidad de adquirir conocimiento, a estos también se les llama antifoundationalists. En medio de estos dos polos, y a raíz del debate entre racionalistas y reflectivistas, ha surgido el constructivismo; a lo largo de los 90, especialmente después de la publicación del famoso artículo constructivista de Alexander Wendt en 1992 102 , los grandes del neorrealismo (Miersheimer, Grieco) y de la antigua interdependencia (Keohane) se han embarcado en un interesante y dinámico diálogo académico con los nuevos 103 constructivistas (Onuf , 104 105 Kratochwil , Wendt, Katzenstein ).

Como se ha visto a lo largo de esta reflexión, el análisis de una situación de política internacional no es sencillo, no sólo por la complejidad intrínseca del objeto de estudio, sino por la variedad de formas en la que pueden abordarse los temas. A continuación se sugiere el uso de herramientas provistas por la escuela constructivista para el análisis de las relaciones Colombia-EEUU. II. Una lectura constructivista A. Una breve introducción constructivismo

al

Sin ahondar en los detalles históricos y filosóficos del desarrollo de las RI, podemos afirmar que han sobresalido 100

Esta pregunta merece algunos comentarios. Primero, funcionarios estadounidenses sí estaban al tanto de los esfuerzos de los narcotraficantes por influenciar el proceso legislativo en la constituyente con el fin de crear leyes que facilitaran el negocio de las drogas, entre ellas la extradición. Segundo, se podría argumentar que EEUU fue paciente con Colombia entendiendo que exigencias como la de la extradición habrían detonado el narcoterrorismo (las bombas y los magnicidios). Juan Tokatlian ha sugerido un quid pro quo tácito con respecto a la posición de Colombia en la Guerra del Golfo y la adopción de medidas neoliberales Drogas, Dilemas y Dogmas, capítulo 7 (ninguna fuente colombiana o estadounidense ha apoyado la hipótesis del arreglo tácito).

101

Una reciente y crítica genealogía de las Relaciones Internacionales se encuentra en Weaver, Ole. "Figures of International Thought: Introducing Persons instead of Paradigms". En: Neumann, Iver B. and Ole Waever (editores). The Future of International Relations. Masters in the Making. London: Routledge, 1997, pp. 137. 102 Wendt, Alexander. 'Anarchy is What States Make of It: the Social Construction of Power Politics'. En: International Organization 46, 2, Spring, 1992. 103 Onuf, Nicholas. A World of Our Making: Rules and Rule in Social Theory and

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objeto de estudio principal y, a diferencia de los neorrealistas, aquí no se hacen suposiciones acerca de los intereses de los Estados sino que se estudia la manera como los intereses surgen y cambian, moldeados por los procesos de interacción. Se es lo que se es (se tiene una identidad X) por la forma en que se interactúa con los demás y por la forma de concebirse a sí mismo dentro de la interacción. Así, Wendt cuestiona el supuesto de la anarquía y todos sus corolarios. Wendt dice que la anarquía no tiene, necesariamente, por qué producir estados-nación celosos de su supervivencia que buscan maximizar toda acción y que sospechan de las acciones de los otros (el dilema de la seguridad y el panorama neorrealista). Por ejemplo, tanto Suiza como Irak se hallan en el supuesto sistema anárquico pero EEUU sólo percibe con recelo a Irak y no a Suiza. La anarquía es lo que los Estados han hecho de ella. Wendt dice que el neorrealismo de Waltz no está equipado para observar y explicar por qué los Estados A y B se perciben como amigos o como enemigos, o por qué la soberanía de unos países se respetan y otras no, o por qué algunas potencias han sido revisionistas y otras no. Si la política internacional se trata de poderes, capacidades e intereses ¿qué previene a EEUU de conquistar a las Bahamas o a Nigeria? Por qué EEUU aparentemente no tiene interés en hacerlo?

Antes de continuar, se advierte que el constructivismo no es una panacea, que no es una escuela homogénea y que aún le falta nutrirse de estudios empíricos para avanzar y afianzar tanto conceptos como pasos metodológicos. El constructivismo cuestiona varios supuestos de los paradigmas tradicionales de las RI y gira el microscopio un par de grados para poder examinar otros objetos; en suma, los constructivistas se formulan preguntas distintas. Primero, los constructivistas se fijan más en los procesos de interacción y de aprendizaje entre actores internacionales en lugar de fijarse en las estructuras de distribución de poder. Es decir, un constructivista miraría cómo a lo largo de los años, EEUU y Colo mbia crean y moldean una relación bilateral en lugar de concentrarse inmediatamente en el hecho de que EEUU es más poderoso y Colombia un país pequeño. Este proceso de interacción genera convenciones de comportamiento o instituciones, entendiéndose por ésto la existencia de prácticas que se han convertido en rutinas más o menos estables y que están reguladas por normas o reglas de juego que a su vez van surgiendo de la continua interacción. Segundo, los constructivistas observarían no sólo los cambios de comportamientos de los países u otros actores (es decir, un cambio de política) sino que retrocederían unos pasos en el camino analítico para descubrir cómo es que las identidades mismas de los actores son las que determinan los intereses y el comportamiento. Las identidades son el

El constructivismo finalmente ha abierto nuevas perspectivas de análisis y ofrece ciertas ventajas para el estudio de las relaciones Colombia-EEUU. Una de ellas es que finalmente se tiene una macro-tendencia que sirve para analizar a todos los Estados-nación y a varios tópicos, no solo a las potencias y la cuestión de la guerra y la paz. Es cierto que, hasta el momento, el mayor evento de política internacional que ha

International Relations. Columbia: University of South Carolina Press, 1989. 104 Kratochwill, F. Rules, Norms and Decisions. Cambridge: Cambridge University Press, 1989. 105 Katzenstein, Peter J. (editor). The Culture of National Security. Norms and Identity in World Politics. New York: Columbia University Press, 1996.

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empujado este debate es la implosión de la Unión Soviética y el final de la guerra fría, un fenómeno que ninguno de los paradigmas tradicionales fue capaz de predecir o explicar, y por esto, parte de los esfuerzos teóricos de Wendt y otros estuvieron alimentados por la necesidad de entender y explicar tan trascendental episodio en la historia mundial. No obstante, a medida que pasa el tiempo, emergen las bondades del constructivismo para explicar otros fenómenos y contestar preguntas que antes no tenían respuesta. Los siguientes párrafos intentarán hacer una lectura constructivista de las relaciones Colombia-EEUU.

caprichoso en el percepción de los colombianos. No obstante, una vez resueltos los problemas de Panamá surgió una nueva relación de amistad entre dos naciones que se identificaron a sí mismas con los valores Occidentales de la democracia y el liberalismo económico. Esta amistad fue reforzada por las continuas alianzas en las batallas más significativas, al menos para EEUU, del siglo XX. Mientras otros países en América Latina fueron problemáticos para EEUU, Colombia gozó, por lo general, de una excelente reputación. Nunca fue percibida como una amenaza en los años 20 y los 30 comparada con el nacionalismo mexicano (especialmente por las consecuencias de la nacionalización del petróleo) o con el rechazo visceral argentino a todo lo que tuviera que ver con EEUU y su influencia regional. Colombia aceptó con brazos abiertos la política del Buen Vecino y en las guerras mundiales, fue aliada, especialmente durante la segunda guerra cuando declaró, muy temprano, estado de beligerancia en contra de Alemania y Japón y ofreció su territorio para que EEUU estableciera bases (oferta que no fue aceptada). Durante la guerra fría Colombia también se armó contra el comunismo y recibió entrenamiento y helicópteros para combatir al comunismo que amenazaba desde adentro a través de las guerrillas (FARC, ELN y EPL al principio, luego M-19 en los años 70). En los años 60 Colombia se convirtió en el caso estrella de la Alianza para el Progreso que lanzó J.F. Kennedy formalmente en 1961. Colombia mantuvo su democracia mientras los países del Cono Sur y Centro América caían uno a uno bajo dictaduras militares. Colombia siempre fue aliada en la campaña pro-democratizadora estadounidense; su declaración durante la invasión a Panamá en 1989, condenó

B. La crisis de las relaciones Colombia-EEUU en 1995-1997 Una larga y excepcional historia de alianza A diferencia de la experiencia regional, las relaciones entre Colombia y EEUU sobresalieron en el siglo XX por su estabilidad y armonía, al menos hasta 1995. Es cierto que el siglo empezó con un hito negativo, siendo éste la intervención de EEUU en las relaciones entre el gobierno central y la provincia de Panamá. Algunas consecuencias de este episodio fueron: la creación de un nuevo Estado, el establecimiento de un enclave colonial en el canal de Panamá, una paranoia (justificada o no) con respecto a la autonomía política y una profunda herida en la memoria colectiva de los colombianos, que siempre resucitan al episodio de Panamá en los momentos álgidos del sentimiento antiamericano. Panamá y las intervenciones militares de EEUU en el Caribe en la época de la “Diplomacia de las Cañoneras” y luego en 1965 en República Dominicana, en 1983 en Granada y en 1989 en Panamá (de nuevo) cimentaron y garantizaron la imagen del hegemón abusivo y

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la intervención pero admitió que la culpa era finalmente de Noriega por haberse alejado de la democracia. A mediados de los ochentas y en los noventas nuestro país también se convirtió en aliado económico cuando se embarcó por completo en la línea de la economía de mercado. Y finalmente, Colombia ha sido aliada en la lucha antidrogas, participó así mismo en las convenciones mundiales de 1961, 1972 y 1988, firmó convenios en 1979 y 1980 para la asistencia legal mutua y la extradición y a partir de 1989 se convirtió en la vitrina de la Estrategia Andina. Virgilio Barco y George Bush institucionalizaron la guerra contra las drogas que había empezado en los 70. La Estrategia Andina no fue una imposición: los funcionarios colombianos contribuyeron a tejerla e implementarla y recuérdese que la primera reunión fue en Cartagena en 1990, que Barco fue especialmente activo en la diplomacia presidencial que volcó los ojos sobre Colombia y sobre el principio de corresponsabilidad, y que funcionarios del gobierno Barco crearon el Programa Especial de Cooperación, el que trajo de nuevo a Colombia la agencia de cooperación estadounidense AID.

América Latina. En los años 60, especialmente bajo Lleras Restrepo, Colombia fue percibido como líder regional. No obstante, en el largo plazo, el regionalismo colombiano no suscitó antagonismos irreconciliables con los EEUU. Es más, la participación activa del país realzó su imagen de nación occidental y confiable pues jugó siempre bajo las normas aceptadas por las potencias occidentales del sistema internacional en lugar de transformarse en un elemento "antisistémico" como Cuba. En suma, Colombia siempre fue percibida como un Estado cooperativo. 106 La cooperación antidrogas: el proceso de institucionalización de la guerra antidrogas 107 La posición de Colombia frente al narcotráfico y a las medidas nacionales e internacionales para combatirlo no ha sido homogénea. Primero, no parece haber unanimidad en la sociedad con respecto a la definición de los problemas relacionados a las drogas ilícitas. Segundo, la percepción negativa de la industria de las drogas ilícitas ha estado fragmentada; ciertamente se ha 106

Las fuentes consultadas para la sección histórica fueron Randall, Stephen. Colombia and the United States. Hegemony and Interdependence. Georgia: University of Georgia Press, 1992 y Drexler, Robert. Colombia and the United States. Narcotics Traffic and a Failed Foreign Policy. North Carolina: McFarland & Co., 1998, Smith. Talons of the Eagla, Schoultz, Lars. Beneath the United States. A History of U.S. Policy toward Latin America. Cambridge: Harvard University Press, 1998 y los volúmenes correspondientes al continente americano en la colección oficial estadounidense Foreign Relations of the United States. 107 Algunos argumentos de esta sección fueron desarrollados en Alexandra Guáqueta, Explaining the Deterioration of the United States-Colombian Relationship in 1995-1997. Conflict and Cooperation in the War against Illegal Drugs, tesis de M.Phil. sin publicar, Universidad de Oxford, abril 1998.

Las últimas líneas dibujan la cara aliada de Colombia; pero no se sugiere que en todos las aspectos, políticos y económicos, Colombia y EEUU siempre han estado sincronizados. La identidad latinoamericana del país también lo ha llevado a desarrollar y conservar posturas que cuestionan las acciones de los EEUU, por ejemplo, tal es el caso de su tradicional apego al principio del no-intervencionismo. Colombia aprovechó las arenas multilaterales, como la OEA y sus conferencias antecesoras y las Naciones Unidas para expresar sus reservas con respecto a la actitud de EEUU frente a

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condenada el uso, pero sobresale la tolerancia tácita o explícita con respecto al tráfico. Tercero, la percepción estatal y societal ha cambiado con el correr del tiempo y son varias las razones que explican este cambio. Entre ellas están el tamaño del negocio mismo, el surgimiento de la narco- violencia, las campañas de propaganda antidroga y el reciente crecimiento de una suerte de ética anticorrupción. A pesar de estas fracturas internas, el Estado colombiano condenó al narcotráfico y desde 1989 se embarcó en un proceso de institucionalización de la guerra contra las drogas que incrementó y tecnificó la cooperación antidrogas. Los analistas preocupados con el tema del conflicto solo vieron discrepancias entre EEUU y Colombia en los 90, cuando en realidad nunca antes había estado Colombia (y otros vecinos de América Latina) tan en línea con el prohibicionismo antidrogas y nunca antes había actuado tan de cerca con agentes y funcionarios estadounidenses.

reclutamiento regional y cerciorarse de que el Ejecutivo estuviera cumpliendo son sus tareas. Así fue también como George Bush heredó un mandato para "hacer más", crear el National Drug Control Strategy y la oficina del Zar Antidrogas (Office of National Drug Control Policy). Todo esto coincidió con el crecimiento de la industria de las drogas ilícitas a nivel mundial, en América Latina y en Colombia, lo que confirmaba la necesidad de incrementar y mejorar las formas de lucha; coincidió con la respuesta normativa de la comunidad internacional hacia las drogas a través de la Convención de Viena, de la cual se derivaron leyes a nivel nacional en los diferentes países signatarios 108 y, finalmente, coincidió con un cambio en la percepción colombiana frente al narcotráfico. Después de varios años de matanzas, bombas y magnicidios, los colombianos, al menos el presidente Barco, estaba decidido a declararle la guerra a los narcotraficantes. Así nacen la Estrategia Andina y posteriormente el ATPA (Andean Trade Preference Act) en noviembre de 1991 --fecha en que es aprobada por el Congreso estadounidense.

En EEUU hubo diferentes eventos y procesos burocráticos que hicieron que el prohibicionismo antidrogas adquiriera un nuevo ímpetu en 19891990. Los escándalos de las guerras mafiosas en la Florida y del crack a mediados de lo s años 80 llevaron al Congreso a preocuparse por el asunto de las drogas; era una demanda del constituyente primario, de los ciudadanos. Así empezaron a crearse una serie de leyes para dinamizar la lucha antidrogas dentro y por fuera de los EEUU. La percepción de que Reagan había traicionado las necesidades en el frente de las drogas por su obsesión con Centro América también llevó al Congreso a ejercer su papel de control (el check and balance) al ejecutivo y de ahí, por ejemplo, nació la certificación. Un mecanismo con función doble: dinamizar la guerra contra las drogas mediante el

Después de 1990 Colombia y EEUU cooperaron más, no menos en la lucha antinarcóticos. Y a lo largo de los 90 y hasta 1994 todo marchó siguiendo una pauta más bien rutinaria. Sí, hubo desaveniencias y momentos difíciles -como en toda relación-- pero estos obstáculos se superaron hábilmente. Así se manejó el problema de la extradición, el de los radares que proporcionaban información para el derribamiento de aviones, la fuga de Escobar y el acta de 1992 que permitía arrestos estadounidenses extra-territoriales. 108

Ver comentarios de Uprimmy, Rodrigo. "Jueces, narcos y políticos: la judicialización de la crisis política". En: Leal Buitrago, Francisco. Tras las huellas, p. 112.

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Incluso se hallaron mecanismos ad hoc, bastantes imperfectos, para continuar con la asistencia legal mutua que se había interrumpido en 1993.

de Estupefacientes se creó y trajo consigo a personajes, algunos activos y carismáticos como Gabriel de Vega. El Bloque de Búsqueda se modernizó, la Fiscalía creada en 1991 adquirió un papel importante en la lucha antidrogas, el entrenamiento de la policía antinarcóticos se incrementó y se institucionalizó la sustitución de cultivos primero a través de programas de UNDCP (United Nations International Narcotic Control Program) y luego con el PLANTE (Plan Nacional de Desarrollo Alternativo).

Hubo tres aspectos técnicos y burocráticos fundamentales de la etapa de la institucionalización de la guerra contra las drogas que son importantes para entender cómo las prácticas previas de cooperación van cambiando y cómo, a pesar de más (no menos) cooperación, empieza a distorsionarse el patrón tradicional de las relaciones bilaterales. El primero fue la expansión de la burocracia antidrogas en EEUU y en Colombia. La ONDCP, la oficina hoy dirigida por Barry McCafrrey, se creó y para 1993 tenía más de 80 personas. Las oficinas antidrogas se volvieron importantes y adquirieron más responsabilidades, así el Bureau for International Narcotic Matters se amplió y modernizó para dar paso al Bureau for International Narcotics and Law Enforcement en 1994. Hasta los embajadores estadounidenses adquirieron funciones adicionales, adoptaron tareas en la coordinación de la implementación de las política antidrogas en los diferentes países. 109 Así se abrió el espacio administrativo y político para que los embajadores de los países andinos se tornaran figuras con mayor poder político. 110 En Colombia también se creció la maquinaria antinarcóticos. La Dirección Nacional

El segundo aspecto se refiere al control y a la supervisión administrativa y política de las acciones antinarcóticos. A medida que fueron creciendo el número de personas involucradas y las operaciones, creció el monitoreo, y a medida que fue creciendo y perfeccionándose el monitoreo surgieron preguntas acerca de la adecuada medición de las políticas y las estrategias. Dos años después del lanzamiento de la Estrategia Andina y de la Estrategia Nacional Antidrogas en EEUU, el público y los expertos comenzaron a impacientarse con los resultados. Y era apenas natural, pues la estrategia era ambiciosa y "comprehensiva" comprometiéndose a resultados rápidos. A nivel burocrático y político surgió, desde 1991 hasta 1995, un gran debate sobre cómo medir los resultados antinarcóticos. Un reporte de 1991 del General Accounting Office111 afirmó: "No hay criterios adecuados para evaluar la efectividad. Por esto es difícil evaluar la manera como la asistencia de EEUU ha

109

U.S. General Accounting Office Report. Drug War. Observations on Counternarcotics Aid to Colombia. Washington D.C.: GAO, 1991, p. 15. 110 No debe confundirse la actitud proconsular con la expansión del poder político, aunque ciertamente la combinación de estos dos elementos ha traído grandes consecuencias diplomáticas. Recordemos en el caso de Robert Gelbard cuando fue embajador de Bolivia entre 1988 y 1992. Ver Gamarra, Eduardo. "USBolivian Counternarcotic Efforts During the Paz Zamora Administration: 1989-1992". En: Bagley, Bruce y William O. Walker III, Drug trafficking in the Americas, p. 221-228.

111

De gran credibilidad en el medio estadounidense, el GAO es la oficina fiscalizadora del Congreso por medio del cual se vigila la implementación de políticas por parte del Ejecutivo. Desde los 1970s produce reportes disponibles al público y la política antidrogas ha sido motivo para numerosos y detallados informes especialmente en los 1990s.

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contribuido a mejorar la efectividad de Colombia en sus programas militares y policivos y si la asistencia ha llevado a una reducción de la producción y de los embarques de cocaína colombianos". 112 Al final, la decisión sobre la cooperación siguió siendo más política que técnica y los funcionarios recurrían en gran medida a su percepción sobre el progreso en lugar de ceñirse a las innumerables estadísticas. Claro está que la "tecnificación" del monitoreo condujo a ciertos aprietos pues las mediciones se incrementaron y, con ellas, la información "científica" aplicada a la estimación de la cooperación, llevando a grandes contradicciones. En tercera instancia, las nuevas estrategias antidrogas redoblaron el énfasis externo de las políticas estadounidenses trayendo más expertos y más atención política sobre Colombia.

drogas ilícitas en EEUU, a la disminución del tráfico de drogas desde Colombia o en general en el mundo. Sí, se "hacía más", pero el negocio parecía más robusto que nunca. ¿Y quién era responsable? El prohibicionismo en su esencia nunca fue cuestionado; ya era muy tarde, había una maquinaria antidrogas enorme y funcionarios entrenados e indoctrinados. Nótese que en 1993 Clinton quiso reducir la ONDCP y concentrarse en medidas domésticas, pero le fue imposible luchar contra el atrincheramiento del ala radical en contra de las drogas asentada en la burocracia del Ejecutivo y en el Congreso. 113 Las respuestas para explicar el "extraño" fenómeno se volcaron sobre la voluntad de los países de América Latina en la cooperación antidrogas. Es fácil entender cómo llegaron los funcionarios estadounidenses a este raciocinio. Bastó solo con recurrir a las percepciones históricas acerca de los Latinoamericanos para culparlos de ineficientes y corruptos. 114 No obstante, Colombia seguía siendo aliada en 1994.115 El reporte de la estrategia antidrogas de 1994 decía: "Colombia ha manifestado una fuerte voluntad política, a pesar del alto precio que paga en términos de violencia…Colombia ha hecho buen uso del apoyo antinarcóticos estadounidense…Colombia ha reformado su sistema judicial y su capacidad de interdicción. Con la

Al final, se presentaron varias consecuencias a raíz de las iniciativas que empujaron a "hacer más" con respecto a la industria de las drogas ilícitas. Colombia internalizó las medidas e hizo parte de la institucionalización de las drogas y así, garantizó el patrón histórico de alianza y garantizó el patrón regional de penetración del hegemón en el sistema interno del país cliente. Hubo una fragmentación de ambos Estados en sus relación bilateral, que para 1994 incluía una compleja red intergubernamental a nivel burocrático y político. Esto hizo que el mane jo de las relaciones se fuera volviendo cada vez más complejo. Las expectativas sobre la lucha antidrogas se crecieron y por ende, las desilusiones. El mayor dilema empezó cuando los funcionarios observaron que sus programas y políticas eran cumplidos a cabalidad sin que esto condujera a la disminución de las 112

113

Lupsha, Peter. "La guerra contra las drogas". En: Thoumi, Francisco y Alexandra Guáqueta (editor). El rompecabezas de las drogas ilegales en Estados Unidos. Una visión ecléctica. Bogotá: Ediciones Uniandes, 1997, p. 54 114 Una excelente historia sobre cómo los estadounidenses se formaron opiniones negativas de los latinoamericanos a través del tiempo se encuentra en Schoultz. Beneath the United States. 115 "NDCS 1994: Reclaiming our Communities from Drug and Violence", en CRS International Narcotics, p. 457.

U.S. GAO, Drug War. Observations, p. 5.

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ayuda de las agencias investigativas de los EEUU y de sus fiscales, Colombia ha mejorado notablemente…". 116

exterminado, las investigaciones para atrapar al cartel del Cali ya habían avanzado pero aún no había resultados, los cultivos ilícitos habían aumentado, la erradicación aérea y masiva se había instaurado, la violencia seguía al mismo nivel, el contacto de los narcotraficantes con políticos se hizo más visible por el escándalo de los narcocassettes y la guerrilla seguía causando desórdenes en las áreas rurales (siempre tan lejanas del centro) como lo había hecho desde los años 60. Adicionalmente, para 1995 el prohibicionismo había avanzado bastante en su proceso de institucionalización. Es cierto, sin embargo, que la implementación de muchas de las medidas, por ejemplo, el sometimiento a la justicia era aún deficiente. 117

Colombia: de aliado a amenaza A mediados de 1994 Colombia era el candidato número dos, después de Chile, para ingresar al NAFTA (North American Free Trade Agreement). Unos meses después, en marzo de 1995 el status de aliado de Colombia fue cuestionado con la primera certificación condicional otorgada al país. Los medios de comunicación ya se referían a una crisis de confianza mutua y a la "cubanización" de Colombia. Así pues empezó la primera etapa del conflicto. Lo crucial de esta etapa fue el cambio de imagen de Colombia; Colombia pasó de ser el aliado tradicional, la democracia ejemplar de la región, a ser un país tomado por narcotraficantes en el que no se podía confiar. El efecto de este cambio de imagen fue el cambio de expectativas en Washington y el cambio de la forma como se manejó el disenso. A diferencia de los enfoques tradicionales sobre cooperación, se argumenta en este artículo que la percepción sobre la cooperación de Colombia estaba íntimamente relacionada con su imagen, con su identidad. Antes, Colombia era amiga, y por supuesto, los amigos siempre cooperan, y cuando los amigos se equivocan no hay grandes tormentas, pues una amistad sólida no se cuestiona por disensos de rutina. Pero esta vez fue distinto, Colombia había cambiado.

Varios factores contribuyeron a que la percepción sobre Colombia y su cooperación cambiara. Uno de ellos fue el incremento de información disponible a los funcionarios estadounidenses (debido a la mayor interacción ocasionada por la implementación del mayor número de medidas de cooperación antidrogas) sobre cómo funcionaba Colombia y el hecho de que la información disponible tuviera un significado para los funcionarios. En 1995 las imperfecciones de la democracia colombiana que antes habían sido "tan sólo" imperfecciones se convirtieron en prueba fehaciente de que Colombia no era la misma. Una revisión a los reportes de derechos humanos (que son bastante completos en el tema de la política colombiana en general) sobre Colombia desde los años 70 hasta la fecha muestra que los

¿Pero qué tan radical fue el cambio?, se preguntarán algunos. ¿Qué tan diferente era Colombia en marzo de 1995 de lo que había sido en 1993 o en agosto de 1994 o incluso en diciembre de 1994? El negocio de las drogas persistía, el cartel de Medellín se había 116

117

Ver Garzón Saboyá, Edgar Alfredo. "Aspectos legales y praxis del narcotráfico y lavado de dinero". En: Thoumi, Francisco, et. al., Drogas ilícitas en Colombia. Su impacto económico, político y social. Bogotá: ArielPNUD-Dirección Nacional de Estupefacientes, 1997.

Ibid.

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tomadores de decisiones de EEUU tenían a su disposición una gran cantidad de información sobre la violación de derechos humanos, la guerrilla, la democracia restringida, la influencia del narcotráfico y la corrupción; no obstante, esta información nunca cuestionó los parámetros básicos con los que se medía y juzgaba a Colo mbia. Desde los 70 hasta los 90 Colombia seguía siendo "la democracia más estable y vieja del continente". 118 Pero el cambio a nivel ideológico sucedió entre 1993-1995. 119

los años 90 la retórica acerca de la democracia invadió el círculo políticoideológico en forma de avalancha y ésta se convirtió en la posición más preciada de EEUU y de Occidente. El discurso sobre la democracia permeó los intereses, la identidad, las políticas, las metas, las instituciones y las normas, y la seguridad de los EEUU se definió en términos de democracia. 121 Esta atmósfera fue la que coexistió en los primeros años de la década de los noventa cuando se ajustaban y perfeccionaban las nuevas técnicas antinarcóticos y las nuevas formas de medición acerca de la eficacia y la cooperación. Uno de los problemas con el concepto de la democracia es que siguió siendo amplio, un tanto abstracto, menos cristalino que el concepto del comunismo con la Unión Soviética a la cabeza. Esta vez, en los 90, cualquier cosa podía tomarse como una amenaza a la democracia y a la seguridad de los EEUU toda vez que la democracia era la esencia de la identidad de los EEUU y de su política exterior de la posguerra fría. Así Colombia se convirtió en una amenaza.

Otro de los factores que contribuyó a este fenómeno fue la manera de entender el fenómeno del narcotráfico. Es útil recordar el argumento de la securitización. Pues bien, a medida que los años 90 avanzaron, las drogas no sólo se convirtieron en una cuestión de seguridad, también en una amenaza a la democracia especialmente por su capacidad corruptora. Pero ¿por qué es este cambio conceptual tan importante? Pues bien, las administraciones Bush y Clinton se enfrentaron con arduos debates políticos e intelectuales acerca de la nueva misión de EEUU en el mundo ya que aparentemente el combate al comunismo no era necesario. La respuesta a esta búsqueda fue la democracia. Claramente no fue una respuesta nueva, pero quizás la más obvia teniendo en cuenta la historia política de EEUU. 120 Lo cierto es que en

Cuando Clinton lanzó la estrategia antinarcóticos de EEUU, después de la necesaria revisión que se da con los cambios de gobierno, afirmó lo siguiente: "[La nueva] Estrategia también implica un reto a que cambiemos la forma como observamos los

118

Véase Departamento de Estado de los Estados Unidos. Country Reports on Human Rights Practices. Años 1978-1995. 119 En 1997, por ejemplo, fue la primera vez que EEUU se preocupó por la guerrilla colombiana, no solo por sus nexos con el narcotráfico, sino por su poder de desestabilizar al país. Washington y en cierto modo Bogotá también, "descubrieron" finalmente la guerrilla sólo hasta ese entonces. Antes había sido tan sólo un "ruido" lejano. 120 Para una historia de la tradición estadounidense en la promoción de la democracia ver Smith, Tony. America´s Mission: The United States and the World Wide

Struggle for Democracy in the Twentieth Century (Princeton: Princeton University Press, 1994. 121 Ver Varas, Augusto. "Post Cold War Security Interests and Perceptions of Threat in the Western Hemisphere". En: Schoultz, Lars, William C. Smith y Augusto Varas (editores). Security, Democracy and Development in USLatin American Relations. Miami: University of Miami, North-South Center Press, 1994, p. 18.

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programas internacionales del control antinarcóticos. El narcotráfico internacional es una actividad que amenaza las instituciones democráticas, alimenta el terrorismo y la violación de los derechos humanos, y contrarresta el desarrollo económico. …El tráfico global de drogas afecta de forma importante la seguridad americana y su bienestar. Carteles ricos, violentos y poderosos son una creciente y fundamental amenaza a las democracias frágiles y al crecimiento económico. …Los EEUU piensan que es más fácil trabajar con los Estados democráticos y adherentes al libre mercado y que éstos están más dispuestos a cooperar con la comunidad internacional en un esfuerzo común en contra de la industria de las drogas 122 ilegales."

"corrupción". El International Narcotic Act de 1992 incluyó "medidas legales y policivas para prevenir y castigar la corrupción pública, especialmente por altos funcionarios gubernamentales"123 como un criterio para dar certificación plena a otros países en la lucha contra las drogas. Y la estrategia antinarcóticos de la administración Clinton para el continente americano afirmó que los capos eran el primordial objetivo estratégico por que su "habilidad para corromper e intimidar constituye la amenaza más seria que el narcotráfico representa para la democracia, el estado de derecho [rule of law] y la estabilidad económica". 124 El tema de la voluntad política de los otros países como una explicación al fracaso de las políticas (en lugar del cuestionamiento al prohibicionismo) también surgió en los análisis. La estrategia de 1994 dice: "Los Estados Unidos asistirán a aquellas naciones que tienen la voluntad política para combatir el tráfico ilegal de drogas. …Mientras tanto, en aquellos países en los que la voluntad política y el compromiso se mantengan débiles, continuaremos con iniciativas diplomáticas y otro tipo de iniciativas eficientes en su costo para fortalecer la voluntad de combatir la

Por primera vez se consideró a Colombia como una amenaza a la democracia (en general) y una amenaza a los EEUU. El tema de la corrupción también se puso de moda en los años 90. Y las lecturas sobre la forma como las drogas podían ser una amenaza introdujeron el ingrediente de la

123

U.S. Congress, International Narcotics Control Act of 1992 H.R. 6187, 102 Congress, Sec. 490, Washington, enero 3, 1992. 124 FY Country Programs. A Counternarcotic Strategy for the Wes tern Hemisphere", INL webpage, 1998.

122

National Drug Control Strategy 1994, pp. 410-490, especialmente páginas 410, 451 y 452. El énfasis en negrilla no está en el original y fue añadido por el autor.

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producción de narcóticos y el narcotráfico". 125

por medio de una nefasta conversación telefónica con el cuestionado presidente colombiano. Clinton percibió a Samper como un líder en quien no se podía confiar. Es, quizás, imposible especular acerca de la importancia del "incidente Haití" para las relaciones ColombiaEEUU. ¿Qué habría pasado si Colombia hubiera participado en Haití? ¿Habría Clinton apaciguado a Gelbard en su persecución a Samper por tratarse de un aliado? De lo único que se tiene certeza es que el incidente sirvió para corroborar en el interior del círculo de Washington lo que algunos funcionarios pensaban hacía algún tiempo atrás acerca de Samper. Téngase en cuenta que la famosa reunión de junio de 1994 donde se le advierte a Samper sobre los dineros calientes, Cresencio Arcos, el segundo en el INL después de Gelbard dijo: "Este hombre tiene la arrogancia de la corrupción. Me recuerda al presidente de Honduras cuando le pregunté alguna vez acerca del enorme anillo que llevaba su esposa y que todo el mundo sabía de donde provenía". 127 Las cualidades (o defectos) que se percibieron sobre Samper se traslaparon con la identidad de la nación. Samper no era un líder confiable, luego Colombia no era amiga, ni aliada, ni tenía voluntad para combatir el narcotráfico.

Así, la voluntad y la alianza de Colombia se cuestionaron, no con base en las acciones antidrogas, sino con base en su nueva identidad de narcoEstado y su identidad de país latinoamericano tradicionalmente caótico. Hubo un tercer factor adicional que contribuyó a cambiar las ideas que se tenían de Colombia en Washington, este fue el "incidente Haití". Uno de los temas que heredó Clinton de Bush fue el de Haití, la política hacia la dictadura de Raúl Cedrás y los balseros emigrando hacia EEUU. En 1994 Clinton inició un proceso diplomático para el cual buscó el apoyo de las Naciones Unidas y de los miembros de la OEA (Organización de Estados Americanos) con el fin de "facilitar" el retorno de Jean Bertrand Aristide (el líder depuesto) a Haití --este sería el retorno a la democracia. La posibilidad que Colombia cooperara mediante algún gesto (por ejemplo el envío de tropas policivas) se discutió en los círculos diplomáticos de Washington y la sugerencia llegó a oídos de Samper. Al parecer, para diciembre de 1994 se había llegado a un trato mediante las consultas realizadas por el Subsecretario de Estado para Asuntos Latinoamericanos Alexander Watson con el Presidente Samper. Sin embargo, a la hora de cooperar, Colombia condenó la política hacia Haití y no participó. 126 La noticia llegó a Clinton

Desde 1995 en adelante a Colombia se la trató de forma diferente porque ya no era la Colombia de antes, había adquirido otra identidad a los ojos de los funcionarios estadounidenses. Este cambio estuvo más relacionado con la percepción sobre Colombia que con una falta de cooperación. Uno de los problemas, claro está, fue la mezcla perversa entre la politización de la certificación (no se certificaba con base

125

Congressional Research Service, International Narcotics Control and United States Foreign Policy: A Compilation of Laws, Treaties, Executive Documents, and Relates Materials. Washington: EEUU, GPO, diciembre, 1994, p. 454. 126 Memorando sin fecha del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia elaborado por Francisco Coy y entrevista con Philp Mclean, Washington, agosto, 1999.

127

Mauricio Vargas, Lesmes, Jorge y Edgardo Téllez, El presidente que se iba a caer. Diario secreto de tres periodistas sobre el 8000. Bogotá: Editorial Planeta, 1996, p. 47.

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en los datos objetivos) y la tecnificación de la medición de cooperación (pero por otro lado, las reglas formales ataban a los funcionarios a llevar a cabo evaluaciones anuales que se especializaban y volvían más minuciosas cada año).

presidente de un país --como en los "viejos" tiempos y como solía hacerse en territorios que nunca habían sido Colombia. Por su parte, Colombia fue incapaz de manejar la certificación condicional y mucho menos las descertificaciones de 1996 y 1997 debido a la crisis interna desatada, en parte, por el proceso 8000. La administración Samper estaba ocupada, en guerra contra los "conspiradores" y contra cualquiera que se acercara a los estadounidenses. A la vez, la imagen del hegemón malévolo, la imagen de Panamá, previno cualquier acercamiento. El embajador Myles Frechette vino a simbolizar al "vampiro", al típico procónsul. Las relaciones bilaterales cambiaron desde la crisis. La relación entendida como una institución cambió sus prácticas y normas establecidas en el pasado. Esta vez, la alianza y todas sus ventajas no estaban garantizadas; esta vez, EEUU podía intervenir abiertamente en los asuntos internos de Colombia. No obstante, nunca invadió al estilo Panamá! Colombia dejó de ser la vitrina latinoamericana para convertirse en el típico cliente de las esferas de influencia. La gran ironía es que la crisis fue producto mismo del aceleramiento de la cooperación, de su institucionalización, que detonó una serie de transformaciones en la manera como históricamente venían relacionándose Colombia y EEUU.

De ahí en adelante siguió la segunda y más aguda etapa del conflicto, las descertificaciones de 1996 y 1997, las peleas entre Gelbard y los colombianos, la intromisión de EEUU en el proceso 8000 a través de la descertificación y los temores de invasión y de golpes de estado. Los años 1996 y 1997 fueron especialmente frustrantes para los colombianos ya que la cooperación antidrogas sobre el terreno no solo continuó sino que se fortaleció al tiempo que había crisis y reiteradas acusaciones de falta de cooperación. Por ejemplo, en 1996 y 1997 la administración Samper fumigó un promedio de 32447 hectáreas de coca por año equivalente al 44% del área cultivada, mientras que en 1991-1994 se fumigó tan sólo un 4.5% del área (1790 hectáreas promedio al año). En 1996 y 1997 se incautaron 401917 kilos de hoja de coca por año, casi el doble del promedio para 1991-1994.128 La administración Samper también firmó el Convenio de Interdicción Marítima y suscribió nuevos acuerdos de cooperación internacional con el Reino Unido y España e implementó nuevas leyes contra el lavado de dinero. 129 Las percepciones sobre la cooperación antidrogas de Colombia se contaminaron en 1996 y 1997 por la imagen de Colombia y por la obsesión de Gelbard con Samper. EEUU perdió de vista su meta; la política inicial era aumentar la cooperación antidrogas en lugar de promocionar la caída del

A diferencia de un neorrealista, el constructivismo tiene una gran ventaja y es que nos muestra una realidad dinámica donde los cambios son posibles. Colombia no puede cambiar la asimetría de poder entre ella y EEUU pero si puede cambiar las prácticas que constituyen su relación y, a través de ella, su misma identidad. Finalmente el constructivismo resulta un enfoque especialmente atractivo para Colombia

128

Cifras oficiales de la Policía Antinarcóticos. Presidencia de la República, Colombia. La lucha contra las drogas ilícitas. 1996 un año de grandes progresos. Bogotá, 1996. 129

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porque formula preguntas acerca de su identidad, un debate que hasta ahora comienza a darse en círculos intelectuales. 130 La identidad colombiana es producto de variables tanto internas como externas. Wendt dice que la identidad puede alterarse por la interacción con otros por vía de la cooperación internacional pero también a través de esfuerzos internos para transformar la di entidad existente. Los párrafos anteriores fueron un relato sobre la construcción social e ideológica de Colombia como amenaza a través de la convergencia de múltiples procesos. Los párrafos del futuro narrarán cómo Colombia logró reconstruir su propia identidad.

130

Gómez Buendía, Hernando (comp). ¿Para dónde va Colombia? Bogotá: Tercer Mundo Editores-Colciencias, 1999.

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DEMOCRACIA

INEQUIDAD Y VIOLENCIA

INEQUIDAD Y VIOLENCIA POLÍTICA: UNA PRECISIÓN SOBRE LAS CUENTAS Y LOS CUENTOS

cualificaciones que iré exponiendo en los siguientes acápites. En los últimos treinta años la idea ha estado rondando en varias de las revistas élite de las ciencias sociales en el mundo -American Journal of Sociology, American Journal of Political Science, Journal of Conflict Resolution, entre otras-- , y la noción de que es provincialmente colombiana constituye en sí misma un provincialismo estridente. Intentaré explicar aquí la discrepancia entre los resultados de los trabajos cuantitativos nacionales y los internacionales.

Francisco Gutiérrez Sanín 131 ¿Se relacionan variables socioeconómicas como la desigualdad o la pobreza con la violencia política? Existe la sensación de que mientras que en la década de los 80 la respuesta común era a la afirmativa, ofreciendo como respaldo intuiciones sociológicas y evidencia cualitativa, en los 90 se pasó a una negación cada vez más enfática. Para apoyarla se introdujeron algunas herramientas cuantitativas que la naturaleza misma del fenómeno --de “grandes números”-- estaba reclamando a gritos. Buena parte de los “estudios económicos sobre la violencia” coincide en señalar que la noción de que la desigualdad genera violencia es insostenible, idiosincráticamente colombiana y políticamente interesada. Se ha creado, al parecer, un acuerdo -esta vez por el no --, cuantitativamente alfabeto y menos dispuesto a encandilarse con tentaciones retóricas. Al parecer, nos encontramos ante un avance en el estado del arte en los estudios sobre la violencia.

El artículo procederá de la siguiente manera. En la primera sección, se plantean los términos del debate. Ante todo, se intenta precisar sobre qué se está hablando: en qué consiste la hipótesis de la relación entre desigualdad y violencia (que de ahora en adelante llamaré RDV). En seguida, se hace una revisión de los estudios cuantitativos publicados en los últimos años en las mejores revistas del mundo (de los que no he podido encontrar una sola cita en nuestro medio). Es difícil sacar una conclusión diferente a la siguiente: convergen precisamente al polo opuesto al que aparentemente están convergiendo los trabajos nacionales. Son programas de investigación de décadas, que cuentan con un refinado aparato metodológico. No les haré justicia, limitándome a exponer las líneas generales de sus conclusiones y razonamientos e indicándole al lector interesado –o especializado-- dónde puede encontrar los respectivos textos. En la segunda sección centro mi atención en el tema de la racionalidad. ¿Es compatible el enunciado de que hay una correlación entre desigualdad y violencia con el enfoque racionalista de que los eventos políticos deben ser explicados sobre microfundamentos que tengan en cuenta actores que realizan cálculos de costo-beneficio? También aquí hay un contraste entre la forma en

¿Qué tan genuino es este avance? En la presente revisión bibliográfica, pretendo mostrar que en algunos sentidos es más bien un retroceso. Ante todo, los mejores estudiosos del mundo cada vez más tienden a concluir que en efecto la correlación sí existe, aunque con varias 131

Profesor del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional. El presente artículo se elaboró

en el contexto de la investigación Violencia y sistema político cofinanciada por COLCIENCIAS.

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que han abordado la pregunta las investigaciones internacionales y nuestras interpretaciones económicas de la violencia. En la tercera sección, hago una crítica de la literatura cuantitativa nacional sobre RDV, contrastándola con los estudios internacionales. Quiero subrayar con el mayor énfasis que no se refiere en lo más mínimo a todos los trabajos cuantitativos que se han hecho en nuestro medio, algunos de los cuales son del mayor interés (ver, por ejemplo, Martínez, 2001). La crítica se centra únicamente en los trabajos que han intentado explícitamente falsificar RDV. En la cuarta, intento mostrar que, aunque RDV no es todo el aparato explicativo, ni nadie pretendió que lo fuera incluso en las versiones más ingenuas, casa muy bien con un dispositivo simple que muestra a Colombia como país con alta proclividad a la violencia política, debido a que se halla en el área de intersección de al menos tres características de “alto riesgo”.

significativos, que ayudan a pensar el caso colombiano. El lector juzgará. 1. Los términos de un debate 1.1. ¿Sobre qué estamos discutiendo? Una revisión de la literatura social colombiana en la década de los 80, al menos si se centra en algunas de las publicaciones emblemáticas de nuestra violentología, tendría que llegar a una conclusión sorprendente: RDV concitó más bien poca atención. Como la caridad entra por casa, usaré como ejemplo al IEPRI. Daniel Pécaut (1998), en su cuidadosa revisión de los artículos publicados sobre violencia en Análisis Político ni siquiera nombra a RDV como una hipótesis 132 significativa . Varios textos tempranos sobre la guerrilla y la lucha no la nombraban (Pizarro, 1991 y 1989); tampoco es posible encontrar libros dedicados a explicarla o defenderla. Una breve escaramuza entre Pécaut y Pizarro llevó a un abandono sorprendentemente rápido de RDV. La hipótesis jugó en términos generales más bien un papel de explicación auxiliar, tanto en textos de coyuntura como en monografías regionales (algunas de gran calidad, cfr. Bejarano, 1988). Más que sobre RDV hay material acerca de una vía de inferencia que va precisamente en la dirección

Este es un artículo de divulgación. He sido laxo con la terminología y uso como sinónimas expresiones que en un contexto técnico no lo son, para hacer más ágil la exposición. No incursiono en ningún detalle estadístico o analítico, dejando algunas pocas observaciones de tal carácter relegadas a sendas notas de pie de página. Aunque intenté dar un buen panorama de la literatura internacional, habrá con seguridad omisiones. Pero he buscado no incurrir en documentación selectiva. Con un par de excepciones, me he circunscrito en la revisión a libros muy importantes y a las que reconocidamente son las mejores revistas del mundo en estas materias (trabajos cuantitativos y formales sobre la violencia política). Esto me ha permitido reseñar algunos de los más notables trabajos y argumentos de cada tendencia, tanto la opuesta como la favorable a RDV. Creo que en todo caso son textos muy

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Cosa en que le asiste toda la razón. Lamenta, una vez más con razón, que el interés de la revista en la violencia ostensiblemente esté disminuyendo aunque “el tema...no está próximo a perder importancia en Colombia”. La “lista aproximada” de los aspectos relevantes es la siguiente: estudios sobre el período 19301950; relaciones entre el sistema político, el Estado y la violencia; entre el universo jurídico y ético y la violencia; entre conflictos sociales y violencia; análisis de los protagonistas de la violencia; y, en fin, estrategias gubernamentales. RDV no aparece.

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contraria: los impactos de la violencia sobre las estructuras socio-económicas (Sánchez y Meertens, 1989), un tema que por desgracia parece haber desaparecido del mapa de las preocupaciones académicas pese a su creciente importancia. Sin duda, el esfuerzo explicativo estaba centrado en el carácter excluyente del sistema (político, socio-económico o ambos), que inspiró numerosos trabajos133 . Cinco minutos de reflexión convencerán al lector de que la hipótesis de la exclusión y RDV no son equivalentes (puede haber altos niveles de exclusión política junto con índices de equidad muy buenos, como en los regímenes socialistas de Europa Central y Oriental en la década del 60; la vía inversa, alta inclusión pero mucha desigualdad, ya no es tan directa).

(correlativamente, pobreza) la hace más proclive a la violencia política. Ahora bien, esta aseveración parece a primera vista eminentemente razonable. Se cruza, sin lugar a dudas, con el núcleo duro del pensamiento político clásico, como lo puede comprobar el lector consultando directamente las fuentes y/o leyendo una obrita maravillosa de Hirschman (1977) que, aunque dedicada a otro tema, ronda continuamente por los lados de RDV. Aparte de ello, ofrece unos microfundamentos a la explicación de la violencia: la injusticia (o, en la otra dirección, la igualdad, como en el famoso aforismo de Tocqueville) es fuente continua de motivaciones para la acción. Es decir, no necesariamente invisibiliza a los individuos. No extraña que RDV aparezca frecuentemente en la literatura especializada (también en aquella influída por la economía política) para explicar las diferencias entre los regímenes de los países en donde hay más y menos desigualdad:

Así, pues, RDV sirvió más como sentido común de académicos, columnistas y algunos tomadores de decisiones que como programa de investigación. Era una convicción implícita que se invocaba típicamente para completar el aparato explicativo; si se quiere, una suerte de “caldo de cultivo” intelectual. Si es necesario embrollar esta aseveración con un poquitico de jerga, diría que ya desde 1987-1988 la mejor violentología colombiana era historicista-culturalista, y sólo marginalmente estructuralista. La noción central de este “estructuralismo marginal” se puede enunciar de una manera muy llana: el hecho de que Colombia sea un país con altos niveles de desigualdad

“La principal diferencia entre las democracias de América Latina y las del norte con respecto de las consecuencias de las fuerzas del mercado es que en buena parte de América Latina aquellas estimulan la desigualdad extrema y dejan amplias porciones de la población casi completamente al margen de las ganancias del crecimiento, mientras que en el Norte han sido generalmente consistentes con al menos niveles estables de inequidad y con ingresos crecientes para prácticamente todo el mundo. Si un sistema económico ofrece ganancias a la mayoría de la población tiene una alta probabilidad de ser protegido por todas las partes en un sistema político con elecciones libres. Si concentra las ganancias en una minoría entonces o la mayoría debe ser mantenida en la ignorancia de qué está

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Para una muestra de esa producción ver: Ramírez (1990); Pécaut (1987). Estoy convencido de que la situación era similar en muchos otros centros académicos. A propósito de Pécaut, cuya influencia en nuestra violentología ha sido muy grande, hay que recordar que ha criticado varias veces las versiones más vulnerables de RDV.

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sucediendo o, si se apercibe de ello, el sistema será destruído” (Sheehanan, 1988: 184)

inspiración: la sociología de la deprivación relativa, de Ted Gurr, y (posteriormente) la política comparada. A propósito de la primera, sirve para aclarar uno de los malentendidos básicos que han hecho carrera en nuestro medio. Gurr y sus discípulos fueron atacados acaloradamente por los marxistas, quienes consideraban que sus teorías eran conservadoras y funcionalistas. La noción de que aceptar RDV tiene una traducción política directa –justificar implícitamente a la guerrilla, digamos– es insostenible. Para poner otro ejemplo entre los muchos posibles, el estudioso que más ha hecho en los últimos veinte años por probar la validez de RDV, Edward Muller, publicó recientemente en coautoría un vibrante trabajo analítico dirigido a demostrar el carácter estéril y destructivo de las revoluciones en el siglo XX (Weede y Muller, 1997).

El párrafo anterior permite establecer de manera más precisa los términos de la discusión. Divídanse a los países en dos o tres (o n) categorías según su nivel de inequidad. RDV establece que en las categorías más inequitativas habrá tendencialmente menos lealtad y por tanto más inestabilidad del régimen, lo cual genera violencia política. La línea de inferencia en la perspectiva de Sheehanan (y se verá que es un planteamiento más o menos estándar) procede así: Inequidad->Pérdida de lealtad>Desestabilización de la democracia>Violencia política Estamos hablando de países o de regímenes, de desigualdad y de violencia política. Cualquier evaluación o falsificación debe darse en esos mismos términos; de lo contrario, está planteando simple y llanamente otro debate. Nótese que RDV no implica que la causa inmediata de toda insurrección sea la desigualdad, ni que la base social de los insurgentes sean los pobres, ni que la violencia se produzca en las regiones o municipios más deprimidos, ni que las rebeliones siempre son justas; está planteando una correlación nacional entre variables socioeconómicas y violencia, mediada por el régimen político. No más, no menos.

Aunque la teoría de la deprivación relativa sigue siendo uno de los grandes referentes de la literatura, la gran ruptura metodológica provino de la segunda fuente de inspiración –los estudios en política comparada-- con el trabajo clásico de Powell (1982). Powell construyó una base de datos de 29 países, con el fin de establecer cuáles son las causales de la violencia y la (in)estabilidad en las democracias contemporáneas. Usó un sencillo pero poderoso modelo multivariado. La conclusión del libro pionero de Powell es que, aunque hay alguna correlación entre desigualdad, por un lado, y violencia 134 e inestabilidad por el otro, su nivel de significación es mínimo. Tiene mucha menos importancia que variables como tamaño del país y diversidad étnica, para sólo nombrar dos

Ahora bien: lo que suena razonable no siempre es cierto. A veces es estridentemente falso. ¿Qué tan sólida es RDV? ¿Hay estudios cuantitativos sobre el tema? ¿Qué nos dicen? 1.2. La literatura internacional

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Midiendo violencia por la tasa de homicidios por 100 mil habitantes. Algunos investigadores han sugerido no usar tasas sino el logaritmo de las cifras absolutas.

Los numerosos estudios cuantitativos sobre RDV han tenido desde la década de los 60 dos fuentes principales de

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de las verdaderamente importantes. Hay que aclarar que Powell llegó a esta conclusión después de controlar por nivel relativo de desarrollo 135 . Es decir, buena parte del peso de la inequidad en el modelo se debía a otro factor, nivel de desarrollo, de suerte que en realidad había, como en la cita de Sheehanan de la sección anterior, dos categorías de países. En la primera (Norte), están asociados desarrollo (la verdadera variable independiente)-equidadestabilidad. En la segunda (por ejemplo, países de América Latina) nos encontramos con una asociación simétricamente inversa. El resultado es muy consistente, tanto internamente como con lo que nos dicen otros estudios: una de las pocas conclusiones aparentemente inamovibles de la ciencia política mundial es que desarrollo discrimina a la vez equidad y estabilidad democrática, al menos durante la segunda postguerra.

de investigación, un importante ejemplo y un resumen grueso de sus resultados: a) Programa de investigación. "La hipótesis de que la inequidad de ingresos (income inequality) tiene un impacto negativo a lo largo del tiempo sobre el nivel de democracia de un país está apoyada en la proposición teórica de que la desigualdad extrema genera un conflicto de clase intenso e irreconciliable, esto es, incompatible con una democracia estable”. b) Ejemplo. “Entre los Estados económicamente avanzados de la Europa anterior a la Segunda Guerra Mundial, la destrucció n (breakdown) de las democracias ocurrió en aquellos países con sistemas de tenencia de tierra inequitativos, de “terrateniente y campesino”, en los cuales una clase terrateniente con un fuerte interés material en el gobierno autoritario se oponía a los esfuerzos de las clases subordinadas para redistribuir la propiedad y el ingreso a través del proceso electoral. El exhaustivo análisis histórico comparativo de Stephens demuestra el papel crítico jugado por la desigualdad agraria como determinante de la estabilidad de las democracias europeas”

A conclusiones contrarias a las de Powell ha llegado Muller, posiblemente el más notable investigador del mundo en el tema. Basándose en intuiciones teóricas que tienen una deuda mayor con Lipset que con la deprivación relativa, en un conocimiento detallado de la literatura histórica sobre la caída y desagregación de las democracias y en un refinado aparato cuantitativo, ha defendido RDV con extraordinaria fuerza a lo largo de varios lustros. No tengo nada mejor que citar su programa

b) Resultados. "La asociación bivariada entre la desigualdad de un país y la estabilidad de la democracia durante el período de 20 años entre 1961 y 1980 es fuerte. Entre 33 democracias con datos sobre distribució n del ingreso, 8 de las 10 democracias en las que el 20% más acomodado obtenía más del 50% del ingreso experimentaron la destrucción de la democracia, mientras que sólo 1 de las 23 democracias en las que el 20% más rico obtenía menos del 50% del ingreso sufrió de inestabilidad. Por tanto, la tasa de mortalidad de la democracia, dada una alta desigualdad del ingreso, fue del 80%; mientras que para los países con baja desigualdad fue

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En palabras de Powell: “Los países menos equitativos fueron más violentos, en una comparación descriptiva. Pero las relaciones se tornan insignificantes una vez se controla por población y, sobre todo, por nivel de desarrollo económico. Es obvio que la desigualdad es un problema de primera importancia en algunas democracias. Pero a través de todo el conjunto de sistemas democráticos, las diferencias en distribución de ingresos no son significativas, una vez se controla por las variables de contexto” (Powell, 1982:53).

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del 4%” (Las citas de los anteriores tres párrafos se encuentran en Muller, 1995:990).

correlacionada negativamente y de manera bastante fuerte con la estabilidad en los países democráticos” (Muller, Seligson, Hun der Fu, 1989). Segundo, y vinculado con lo anterior, es difícil que la democracia pueda sostenerse en un entorno de alta conflictividad, relativa deslealtad y apatía frente a las instituciones (todos los cuales estarían relacionados con la desigualdad, si se da crédito al razonamiento de Muller). Numerosos estudios de caso, así como trabajos formales, han enfatizado en la fragilidad de los regímenes democráticos ante altos niveles de polarización138

Suena, y es, contundente. Pero, ¿qué tiene que ver con la violencia política? Primero, y creo que no se insistirá nunca lo suficiente en el punto, democracia y violencia están inversamente relacionados. Con la descomposición de la democracia, los países quedan sometidos a escoger entre orden, en su versión más restrictiva, y anarquía 136 . Ninguna de las opciones es particularmente atractiva. En este terreno, la experiencia histórica parece terminante: las democracias tienen sin duda sus Gulags, pero los autócratas matan mucho más137 . Los países con regímenes democráticos, como el propio Rummel explica, cometen asesinatos masivos allí donde no están limitados por libertades básicas y una opinión pública vigilante; por ejemplo, Francia o Estados Unidos en el sudeste asiático. Pero en casa se portan mucho mejor. La anarquía, causada valga por caso por una confrontación civil y la creación de dominios territoriales por parte de señores de la guerra, tampoco es muy alentadora. Krain ha mostrado, usando modelos logit, que “el involucramiento en una guerra civil es el predictor más consistente de genocidios y politicidios, aunque otras variables relacionadas con la estructura de oportunidad política ejercen algún efecto" (Krain, 1997:331). No tiene nada de raro, pues, que Muller y asociados hayan encontrado que “la desigualdad de ingreso está significativamente asociada con la violencia política en todo el mundo, y

La divergencia de resultados entre Powell y Muller y asociados se debe entre otras cosas a bases de datos y métodos ligeramente diferentes. Esto plantea dos preguntas: ¿quién finalmente tiene la razón? Y: ¿son robustos los estudios estadísticos dado que con algunos cambios pequeños del modelo llegan a conclusiones muy distintas? Me centraré en la primera139 . Para contestarla, Krain realizó un estupendo ejercicio. Retomando exactamente la misma base de datos del libro clásico de Powell, reprodujo el análisis multivariado que éste había realizado pero con instrumentos ajustados al estado del arte de 1998. En particular, utilizó modelos de conteo de eventos que se basan en estimadores de 138

Ver por ejemplo Downs (1957) para nombrar sólo uno de los textos fundacionales en ciencia política que se refieren al tema. 139

La segunda tiene un carácter estrictamente estadístico, y por lo tanto no tiene cabida en un artículo de divulgación como éste. Muller la atendió con sus asociados en Dickson, Muller, Seligson (1993), mostrando la robustez de sus resultados . Que sepa, no ha sido refutado. A propósito, esta clase de debates metodológicos – que sin embargo son fundamentales-- no aparecen todavía en nuestro medio. Los modelos se siguen considerando cajas negras que producen automáticamente “la verdad”.

136

He formulado a propósito la alternativa en términos de una dualidad que jugó un papel muy importante en nuestra historia. 137

Ver la página web de Rudolph J. Rummel: http://www.hawaii.edu/powerkills/welcome.htm l

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concluyentes141 . A la vez, algunas variables políticas sí que habían pasado la prueba ácida de la investigación comparada. “El conflicto político violento debería ser más común ahí donde los regímenes son parcialmente democráticos, o semirepresivos. Estos regímenes no son lo suficientemente represivos como para inhibir la acción colectiva pero no son lo suficientemente abiertos como para proveer canales efectivos y pacíficos de participación política. La investigación comparada (cross national research) ha confirmado una relación de U invertida entre la represividad del régimen y la violencia política masiva, teniendo los regímenes semirepresivos niveles más altos de violencia política” (Schock, 1996:105). Otra variable clave es la debilidad del Estado. Pues bien: controlando por niveles de represividad, Schock encontró que RDV era altamente significativa. A partir de ahí, llega a la siguiente, y fundamental, conclusión: “En el largo plazo, las democracias no sobreviven si no están en capacidad de corregir una situación de desigualdad severa” (Schock,1996: 128)

máxima verosimilitud, según una técnica desarrollada por Gary King en 1989 precisamente para estudiar fenómenos como los homicidios políticos, entre otros140 . Es decir, Krain simplemente replicó el trabajo de Powell, pero introduciendo mejoras técnicas. El resultado es que la desigualdad de ingresos “es extremadamente significativa (p Inversión extranjera, teniendo como uno de sus principales efectos aumentar radicalmente la desigualdad entre los trabajadores. "Vistos en su conjunto, nuestros resultados conducen a la conclusión de que es la penetración de las corporaciones multinacionales, y no la desigualdad de ingresos, la que da cuenta directamente de los altos niveles de violencia política colectiva experimentados por algunas naciones 143 "(London y Robinson, 1989).

Antes de seguir adelante vale la pena hacer una breve síntesis. La pregunta por RDV es una de las más importantes en ciencias sociales en el mundo; ha tenido inspiración en diversas fuentes teóricas y ha producido trabajos cuantitativos de gran calidad. En la década de los 80 los resultados no parecían concluyentes, entre otras cosas porque la desigualdad podría co-ocurrir con bajo nivel de desarrollo y por tanto no ser en realidad una variable independiente. En el resumen que hacen Dudley y Miller (1998) de la literatura de los 70 y 80: “Sin embargo, la evidencia a favor de un efecto de la desigualdad en la violencia política interna es mezclada. Los estudios de Sigelman y Simpson (1977), Muller (1985), Muller y Seligson (1987), Boswell y Dickson (1990) y Schock (1996) reportan una relación positiva y significativa entre desigualdad de ingresos. De otro lado, Hardy (1979) y Weede (1981, 1987) concluyen que la relación entre desigualdad de ingresos y violencia política desaparece una vez se introduce un control por nivel de

-> Desigualdad en la propiedad de la tierra y “desigualdad pautada” (patterned inequality). El argumento de Midlarsky (1989) contra Muller (1989) es particularmente interesante: no es la desigualdad en sí, sino la previsible, la que genera inestabilidad, pue sto que crea desesperanza y “no futuro”. Analizando la propiedad de la tierra de algunos países centroamericanos con nuevos instrumentos matemáticos, Midlarsky trata de demostrar que esta modalidad, y no la de ingresos, es el mejor predictor de la turbule ncia y la rebelión.

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La respuesta se encuentra en:. Dixon, Muller y Seligson (1993), que enfrentan los dos reparos de Brockett de la siguiente manera. Por una parte, en sus bases de datos cuando la tasa de homicidios por 100 mil habitantes es muy alta la truncan (poniendo digamos una cota superior de 50), pero como los subconteos son más probables en los países más violentos, el truncamiento en esencia resuelve el problema. Por otra parte, muestran que en su caso los resultados de regresión por mínimos cuadrados y el uso de estimadores de máxima verosimilitud convergen.

b) Brockett (1992) criticó severamente a Muller por usar bases de datos que 142

Esto, claro, es una simplificación, porque todos estos autores hacen análisis multivariado. 143

Me parece interesante subrayar que algunas figuras del Frente Nacional tenían esta intuición básica (que “demasiada” inversión extranjera podía conducir a tumultos sociales): Alberto y Carlos Lleras, por ejemplo.

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desarrollo económico”145 . Sin embargo, en la del 90 el panorama se ha ido aclarando, y con algunos trabajos de gran factura (debidos a Muller, Schock y Krain, entre otros), parece establecido que RDV no sólo es correcta sino muy significativa, sobre todo si se toma como variable mediadora la naturaleza del régimen político. Esto no quiere decir que el debate haya terminado. Debo notar, sin embargo, que empíricamente las perspectivas que compiten con los hallazgos de Muller, se relacionan con la naturaleza de la desigualdad o de la pobreza (el índice y el concepto correlativo) que constituirían la variable independiente, o con la existencia de una variable de control (típicamente, nivel de desarrollo), no con la idea de que no hay ninguna relación entre variables socio-económicas y violencia política.

estados mentales son apenas una parte de la explicación del conflicto; esta debe pasar por decisiones e interacciones de individuos con objetivos. Otros autores, no muy simpatizantes del punto de vista racionalista, han insistido sin embargo en la autonomía de lo político y en la importancia explicativa de las “estructuras de oportunidad” que se abren a medida que los actores, a veces inconscientemente, van alterando las condiciones del juego (McAdams, Tilly y Tarrow, 2000). Una y otra perspectiva abren preguntas de doble vía. De un lado: ¿el nuevo y más dinámico paradigma interactivo se porta bien cuando es confrontado con la investigación empírica? (No siempre las teorías atractivas son válidas). De otro: ¿las investigaciones que validan RDV no estarán siendo falsificadas por los avances teóricos?

Donde sí hay todavía mucho por espulgar es en el nivel teórico y en la naturaleza de la explicación.

En una revisión de lo que se había hecho alrededor de RDV hasta el momento, Lichbach intentó debatir ambos problemas. Lo hizo desde un punto de vista estrictamente racionalista. Lichbach (1989:470) llegó finalmente a la siguiente pesimista conclusión sobre los estudios cuantitativos comparados:

2. ¿Se rebelan los actores racionales? 2.1. Dos programas competitivos El problema de las explicaciones basadas en la estructura socioeconómica es que pueden invisibilizar a los agentes, a los procesos de decisión, a todo aquello que tiene la sociedad de no determinístico, de orden emergente, de resultado de la interacción estratégica. Con la propagación de la teoría de la decisión racional al estudio de muchos problemas sociales, entre ellos el de la violencia y la criminalidad, el estrecho determinismo de la teoría de la deprivación relativa quedó al descubierto. La base material y los

“ En cuanto al conflicto, los teóricos de talla creen, sin excepción, que la desigualdad económica es, por lo menos, una causa potencial de disenso... Sin embargo, ni uno sólo de los rompecabezas ha sido solucionado hasta el momento...El rompecabezas del conflicto parece en la actualidad tan imposible de resolver por medio de estudios cuantitativos como lo fue por medio de estudios de caso a los que aquellos trataron de reemplazar. Si los estudios cuantitativos han de hacer la tarea que los estudios de caso no pudieron realizar, entonces cambios

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El subrayado es mío. Nótese que los autores no citan artículos relevantes de los 90 en contra de RDV.

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significativos deben ocurrir en este campo de estudios"

ésta a contextos sociales humanos-no económicos han permitido incorporar a la explicación narrativa histórica, estructura y cultura (Bates y asociados, 1998). Segundo, RDV se refinó y cada vez más fue capaz de introducir aspectos del régimen político como “variable mediadora” (Schock), así que desigualdad y naturaleza del régimen más que variables competitivas se han vuelto complementarias. Por eso cuantitativistas más cercanos a la visión de “estructuras de oportunidad”, como Krain, han podido llegar a aceptar RDV sin desdecirse de sus anteriores trabajos. Tercero, las conclusiones contradictorias –a favor o en contra de RDV-que con razón tanto mortificaban a Lichbach han ido desapareciendo. El panorama se aclara, los resultados comienzan a converger.

Nótese que la crítica iba dirigida no sólo a RDV sino en general a los estudios cuantitativos sobre el conflicto y la violencia política. Esto no tiene nada de sorprendente, ya que ha habido una permanente tensión entre el instrumentario estadístico de la investigación empírica –con su énfasis en variables, correlaciones, grupos-- y la teoría de la decisión racional, cuyo programa consiste en encontrar los microfundamentos de fenómenos complejos desde una metodología individualista. Obviamente no estoy hablando de una contradicción absoluta, sino de una tensión dinámica, cuya resolución sin embargo, debe subrayarse, no es fácil. Por eso, sigue siendo notable “el poco impacto [de la teoría de la decisión racional] en la investigación social empírica en general y en el macro-análisis de datos (large scale analysis) en particular”(Blossfield y Prein, 1998:3). Este problema no ha sido advertido en nuestro medio, puesto que aquí sigue prevaleciendo la trivializante dicotomía cuantitativocualitativo, como dos áreas claramente separadas y sin contradicciones internas. Como resultado, algunos de nuestros trabajos cuantitativos se declaran automáticamente racionalistas. Señalaré más adelante que NO lo son.

De nuevo, todavía hay muchos puntos sin aclarar. Particularmente fuerte me parece la observación crítica que dirige Brockett a Muller: RDV explica bastante bien la descomposición de las democracias, pero no nos cuenta por qué en condiciones de inequidad que incluso pueden haberse vuelto peores – por la acción misma de las dictaduras-se producen oleadas de restauración democrática. Me parece claro que cualquier respuesta que se intente dar pasa por los actores sociales, y en ese sentido la teoría de la decisión racional puede jugar un papel importante: ayudar a entender por qué la gente se rebela.

Ahora bien, las razones para el pesimismo de Lichbach ya no están vigentes. Primero, las teorías mismas han cambiado. Mientras que en su artículo Lichbach establecía que en realidad RDV sería una refutación a la teoría de la decisión racional, este claramente no es el caso 146 . Más aún, los esfuerzos más recientes por adaptar

2.2. El homicidio político en Colombia y el programa racionalista El tema, desgraciadamente, no ha suscitado entre nosotros el menor esfuerzo de respuesta seria. ¿Qué motiva a un individuo a entrar a las FARC, al ELN o a las AUC? ¿Qué incentivos selectivos ofrecen esas organizaciones para sus miembros? ¿Cuáles son los costos de estar allí? ¿Son idénticos para uno y otro grupo los

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Por ejemplo, Krain (1998) encuentra simultáneamente evidencia a favor de RDV y de teorías racionalistas.

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incentivos y los costos? ¿Y cuál es la respuesta racional de las bases sociales –de los no miembros que viven en territorios dominados por alguna de esas organizaciones–? De hecho: ¿podemos, en condiciones de terror extremo, hablar de racionalidad? No considero que la última pregunta sea retórica, esto es, que se conteste automáticamente con sólo enunciarla. Pero no podemos pasar por encima de ella.

ejemplos. Montenegro y Posada parten del hecho de que los criminales matan porque obtienen beneficios sin cargar con los costos del castigo. Una paráfrasis de los supuestos de Becker, pero incorrectamente aplicada. Estamos hablando de unos criminales específicos: ¿cuál es el beneficio de asesinar? No nos lo cuentan. ¿Hay que contar con una suerte de pulsión homicida, de tal suerte que causarle daño a otro produce placer en sí? Esto nos acerca mucho más a Lombroso que a Becker. Si se va a construir un modelo racionalista sobre el homicidio en Colombia –y más aún si se trata del político-- se necesitan unos mínimos supuestos sobre las motivaciones. Ese vacío lo trata de llenar Rubio, mi segundo ejemplo, pero el resultado es increíblemente crudo. Rubio propone una supuesta “ley universal”: la gente quiere ganar más plata. A partir de ahí concluye que los integrantes de las FARC están ahí por dinero. Claro, el dinero cuenta, aunque no todos los enrolados tienen sueldo. Pero: ¿y los costos? Quien entra a las FARC abandona la familia, pone en riesgo su vida, se somete a una disciplina brutal y arbitraria. Y tiene que someter a otros, incluídos sus más cercanos amigos, cosa que a mucha gente no le hace la menor gracia. A la orden del superior jerárquico tiene que dejar a su pareja, y trasladarse a otra región del país; casi nunca puede ver a sus hijos. Y si quiere abandonar la organización se encontrará en serios problemas. Es un compromiso de por vida. Nada de esto entra en los cálculos de Rubio. Este modelo sin costos poco tiene que ver con la teoría de la decisión racional (y en cambio parece una producción de la oficina de reclutamiento de las FARC: “enriquécete y goza”).

Algunos de nuestros estudios cuantitativos han querido cubrirse con una pátina racionalista, ya que quizás la consideran sumamente “objetiva”, poniendo al descubierto la incomprensión tanto de los problemas empíricos que tienen al frente como de la teoría misma. La inspiración directa de este intento son los modelos criminalísticos de Becker. Ahora bien, independientemente de lo que se opine del trabajo de Becker147 , se trata de una mente de primera clase. ¿Cómo procede Becker? Intenta una cuidadosa evaluación formal –esto es, abstracta-de en qué consiste la función de utilidad de los criminales –su forma de calcular beneficios y costos 148 –, la de la sociedad y la forma en que interactúan. Después llega a conclusiones sobre cómo, en ese mundo abstracto, debería la sociedad comportarse para desestimular a los potenciales criminales, infringiéndoles el máximo daño. Este método no ha sido adoptado aquí. Ilustro la diferencia con dos 147

Elster alguna vez comentó que Becker era una excelente ilustración del aforismo de William Blake: “Uno sólo sabe cuándo es suficiente cuando es más que suficiente”. Creo que tiene razón. 148

El punto de partida de Becker es que los criminales son racionales, es decir, maximizadores de alguna función de utilidad, no necesariamente “materialistas estrechos”. Esta observación crucial es frecuentemente olvidada. Ver el ya clásico Becker (1993), epecialmente pp. 390 y ss.

Paralelamente a las construcciones de Becker, se ha desarrollado una potente literatura intentado precisamente responder a esa pregunta tan

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absolutamente fundamental para nosotros: ¿por qué la gente se rebela? Comenzando con el clásico de Mancur Olson, diversos autores han intentado ofrecer una respuesta racionalista al problema de la rebelión, la insurgencia y la revolución149 . En esos artículos hay preguntas importantes, métodos para tratar de producir respuestas adecuadas, formulaciones teóricas de gran significación. Pero, una vez más, no se encuentra una sola cita de ellos en nuestra literatura; el único referente es el modelo criminalístico de Becker. Es un producto de achatar el problema, olvidándose de la vital dimensión del homicidio político. Pero eso me lleva a temas más específicamente colombianos de los que he venido discutiendo.

a) Intentan inventar la rueda. Simplemente, desconocen la literatura internacional publicada desde los 60 hasta hoy en revistas de primera fila; una literatura de fácil acceso, debatida en detalle y con permanente presentación de resultados de investigación que son punto de referencia para el estudioso pero a la vez comprensibles en sus líneas generales para el lego culto. El libro de Powell es de conocimiento obligado más o menos para cualquier buen estudiante de ciencia política, y para un especialista hacer marcos teóricos gigantescos sobre lo divino y lo humano sin nombrar siquiera a Muller, Powell, Lichbach o Gur r (como en Gaitán, 1995) es una inadvertencia imperdonable. Casi diez años perdidos reinventando la rueda son una experiencia verdaderamente penosa, que obliga a volver una y otra vez sobre la necesidad de salir de la provincia y de exigir un nivel de familiaridad mínimo con los debates internacionales de punta.

3. Temas colombianos 3.1.

¿Avance o retroceso?

Hay ya varios estudios cuantitativos sobre la violencia en Colombia; algunos son extraordinariamente valiosos. Me centraré en los relacionados con RDV y en particular en los intentos de falsificarla. No quiero ser injusto con trabajos pioneros, algunos de los cuales además han producido efectos laterales benéficos. Con todo, contienen tal cantidad de errores tan sustanciales que es lícito preguntarse si en el área específica bajo consideración –la validez o no de RDV-- constituyen un avance o un retroceso. Paso a enumerar los problemas –repito, muy muy básicos-- en los que incurre este corpus de textos (para discusiones algo más detalladas de estos problemas, ver Gutiérrez (1999a) y (1999b)):

b) Como consecuencia directa de lo anterior, hay también un retraso tecnológico considerable. Para poner un ejemplo, los modelos de conteo de eventos están en circulación en el mercado de las ideas desde 1989, pero aquí nadie se ha dado por enterado. Correlativamente con el retraso técnico, hay una saturación –diría exasperación-política, que a menudo no ha dejado pensar con claridad. c) No se han precisado los términos del debate, ni la tesis que se pretende falsificar. Por ejemplo, hay un abismo entre usar tasas de homicidios por 100 mil habitantes y tasas de homicidios políticos. A propósito, las intuiciones de los tomadores de decisiones en los últimos 30 años, también se referían exactamente a eso: “las causas objetivas de la subversión”. Al buscar invalidar el papel de las “causas objetivas de toda

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Para una excelente revisión bibliográfica de esta línea de investigación, ver Will (1996).

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la violencia”, simplemente se está hablando de otra cosa.

dificultades de la reflexión metódica. En la otra dirección, y parafraseando el conocido aforismo teológico, un poco de formalismo aleja de la literatura y la historia pero mucho acerca a ellas. De hecho, una y otra –a través de estudios de caso, situaciones básicas, conceptos-alimentan permanentemente lo mejor de los estudios formales y cuantitativos en ciencias sociales.

d) Tienen con frecuencia –no siempre-un penoso sesgo antiteórico. Por ejemplo, en un influyente artículo, Montenegro y Posada (1995) plantearon que, dado que el tema tenía una honda repercusión en las políticas públicas, había que sacarlo de las – peyorativamente llamadas-- “teorías holísticas” y operacionalizarlo de la manera más simple posible 150 . Doble error. Por una parte, entre más serio y vital sea el tema más se necesita de una buena y fuerte teoría. Por la otra, una correlación estadística no es una correlación causal; todo ejercicio estadístico en ciencias sociales necesita un aparato conceptual que lo sostenga y valide. Si no fuera así, se podrían plantear las nociones más bizarras, y después defenderlas cuantitativamente.

Varios de estos trabajos tienen problemas básicos adicionales, que he tratado en otra parte; aquí me he detenido en tendencias generales. Ahora bien, hay otros errores no tan groseros, pero igualmente sustanciales, que sin duda revisten mayor interés. Los agrupo en tres categorías: a) La falta de una perspectiva comparada. De todos los textos relacionados de una u otra manera con la falsificación de RDV, entie ndo que el único que compara es el de Londoño (1996), aunque su base de datos está expuesta a reparos fundamentales151 . ¿Cuáles son las ventajas de la perspectiva comparada? Entre otras cosas, como nos lo recuerda Schock (1996:110), "permite examinar una gran cantidad de países que han experimentado diferentes niveles de conflicto político. Examinar un número grande de países permite a su vez explicitar patrones generales que quizás no se revelen cuando se tiene en consideración sólo unos pocos casos”. Ahora bien, la violencia política no es un problema exclusivamente colombiano, como lo pone de presente la lectura cotidiana de la prensa, así que

Me parece que la intención es presentarse como el partido de los objetivos contra el partido de los subjetivos, de aquellos que se quedan en la interpretación “solamente verbal”, según la divertida expresión de Santiago Montenegro en un artículo periodístico. Pero, como ya lo advirtiera Keynes (1942:383) en una reflexión citada hasta la saciedad, los “hombres prácticos” que pretenden emanciparse de todos los sesgos terminan presos de las versiones más estrechas y naïf de una u otra teoría. La construcción de un modelo por supuesto que pasa por la subjetividad, por la escogencia entre diversas alternativas teóricas, etc.; esto, ni qué decir tiene, está a kilómetros de distancia de la aceptación de que “todo vale” porque es una construcción social, o de la santificación de la confusión mental como alibi para evadir las

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Comprende sólo países de América Latina, en los que los niveles de desigualdad son altos. El excluir de su ejercicio a los países con bajos niveles de desigualdad simplemente invalida su ejercicio. También Londoño aparentemente ignora lo que se ha es crito antes sobre el tema, pues ni lo cita ni lo tiene en cuenta.

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Ver también Montenegro y Posada (1994), que a propósito incurre en una grosera subestimación del homicidio político, convirtiéndolo así en un “no-problema”.

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parece necesario entender los “patrones generales” para ver tanto qué compartimos con ellos como cuáles son nuestras especificidades.

diferente. Refutar la idea de que en los municipios más deprimidos hay más asonadas ni contradice ni reafirma la hipótesis de que los países más desarrollados tienden a ser más estables.

b) El cambio de la unidad de análisis, relacionado con el punto anterior. Como dije al principio, la unidad de análisis de los mejores estudios cuantitativos 152 es la nación. Una sencilla analogía seguramente ayude a explicar por qué ha sido así. Supóngase que estamos comparando sistemas políticos divididos en dos categorías (desarrollados y subdesarrollados), para ver si el grado de desarrollo tiene impacto sobre la calidad de la democracia. Una pregunta central es si los países más avanzados tienden o no a ser más estables, abiertos, etc.. Aquí se relacionan indicadores agregados (PIB per cápita, por ejemplo) con el comportamiento global del sistema político. Pero nótese que cada país tiene una gran variabilidad interna; hay municipios muy deprimidos en Estados Unidos o Italia, verbigracia, pese a ser naciones del primer mundo. Se podría analizar qué influencia tienen tales variaciones municipales sobre el comportamiento de los partidos o la naturaleza de las preferencias políticas, por ejemplo, pero no sobre el “sistema”: no hay tal cosa como “sistema político municipal”, relativamente autocontenido, autónomo y diferenciado. No estoy sugiriendo que la pregunta sobre la variabilidad subnacional sea inoficiosa o poco interesante; puede arrojar mucho. Lo único que estoy diciendo es que es

Esto es precisamente lo que pasa con RDV. Con gran entusiasmo se ha intentado demostrar –como se verá, tampoco aquí el resultado es concluyente-- que a nivel municipal no hay correlación entre pobreza, o desigualdad, y violencia. ¡Pero esto no dice absolutamente nada sobre RDV! El Cuadro 1 muestra 4 posibles niveles de análisis en los cuales se pueden enunciar preguntas sobre las relaciones inequidad y violencia. La idea del cuadro es hacer énfasis en que la tesis bajo consideración cambia a medida que nos desplazamos de una unidad a otra. También cambian los fenómenos considerados. Si paso de T1 a T2, estoy “perdiendo” el papel de la desigualdad entre países como posible generador de violencia y me quedo sólo con la desigualdad intranacional; si voy de T2 a T3, pierdo el papel de la desigualdad entre los municipios, la noción de sistema, etc.. He incluído T4 un poco como juego de reducción al absurdo para ilustrar qué sucede cuando no hay claridad sobre la unidad de análisis. Se podría tratar de crear un índice de las diferencias de ingresos intrafamiliares – entre padres e hijos, hermanos y hermanas, etc.–. Después, correlacionar ese índice con violencia homicida (quizás a través de un sondeo de opinión) y concluir que RDV es falsa. Muy pocos considerarían esto como un ejercicio serio, pese a que en muchos sentidos el individuo y la familia son unidades de análisis más sensatas que el municipio.

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En realidad, de casi todos aquellos que aparecen en revistas serias, aunque con algunas excepciones, derivadas del hecho de que el Sur de los Estados Unidos constituye (relativamente) una unidad separada, autocontenida y con problemas específicos, un poco (sólo un poco) como el Mezzogiorno Italiano: más homicidios, más inequidad y conflictos étnicos, etc..

c) Los trabajos internacionales a favor o en contra de RDV no usan series de tiempo, aunque sí en ocasiones dos o más períodos. De manera característica, 74

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RDV no establece que la violencia política covaría con la desigualdad; postula efectos de umbral. Hay dos razones para que ello sea así. Primero, la desigualdad evoluciona muy lenta y gradualmente –un economista encontró una feliz metáfora: “estudiar los cambios en los índices de desigualdad es como sentarse a mirar crecer el pasto”-- mientras que la violencia lo hace abruptamente y a saltos153 . Segundo, y principal, no estamos frente a un continuo, sino frente a categorías discretas. Muchos países europeos, por ejemplo, tienen hoy un buen margen de latitud para empeorar sus índices de equidad sin que esto se refleje en la vida política. En los países subdesarrollados, a la inversa, pequeñas mejoras o “movimientos de la aguja” no tienen incidencia. Las diferencias entre uno y otro enfoque se resumen en el Cuadro 2.

prevalecer durante un largo período un orden social antidemocrático en el que disminuyen los delitos. Por tanto, también es necesario acudir a otros índices, como ya se ha hecho: ataques guerrilleros, masacres, etc.. ¿Quiénes participan en la guerra? ¿Cuál es la distribución regional de los actores armados por variables socioeconómicas? Esto ha comenzado a ser investigado, por Echandía (por ejemplo 1999), con resultados interesantes. La guerrilla colombiana –al igual que tantos otros señores de la guerra en el mundo contemporáneo-- tiende a ubicarse allí donde encuentra recursos ilegales de rápida y fácil explotación que le permitan financiar una guerra prolongada y costosa. Este acto de voluntad está superpuesto a los procesos sociales espontáneos, y uno y otros pueden actuar en direcciones distintas. Tal intuición se ve reforzada por la interesante tesis de grado de María Alejandra Vélez, que usa índices de presencia guerrillera. María Alejandra resume sus resultados con respecto de las FARC de la siguiente manera: “Se comprueba que si bien los recursos económicos son muy importantes y definitivos a la hora de explicar la presencia guerrillera a nivel municipal, debido a la necesidad de financiar la guerra, el nivel de pobreza de la población al tener en cuenta todos los municipios donde actualmente las FARC hace presencia sigue siendo muy relevante para explicar la presencia guerrillera. Así, para las FARC la probabilidad de hacer presencia aumenta en un 154.7% si este municipio tiene cultivos ilícitos (coca y amapola), en 292.9% si es un municipio petrolero, y en 120.3% si es un municipio con explotaciones de oro. Sin embargo, esta probabilidad aumenta también en 240.15% si aumenta la población en miseria de un municipio” (Vélez, 1999:49). Parece ser que la guerrilla apareció en regiones en las cuales había

3.2. Otras preguntas ¿Qué podemos recoger de los trabajos que intentan falsificar RDV? Tienden a demostrar dos tesis: a) que no hay una correlación entre variables socioeconómicas municipales y violencia; y b) que la violencia colombiana no es una función lineal de la pobreza o de la desigualdad. Creo que una y otra nos dicen cosas importantes, que hay que saber interpretar. La primera podría estar relacionada con las bases sociales tanto de la rebelión como de la contrainsurgencia, aunque la condición es que se logre separar homicidios políticos de otros. Recuérdese que allí donde un solo actor armado establece sus dominios puede 153

Se puede, claro, sacar el logaritmo de las cifras de homicidios y suavizar la curva de distintas maneras. Pero esto no soluciona los problemas, y no está exento de dificultades técnicas específicas.

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una deprivación extrema, y más o menos simultáneamente con el auge coquero y minero del país se fue desplazando hacia las zonas ricas. Aún hoy subsistiría una coexistencia de las dos dinámicas. Hasta donde sé un análisis semejante no ha sido intentado para el fenómeno paramilitar.

violencia. Sarmiento colige que ahí donde hay disputas por rentas significativas, bajos niveles educativos y alta desigualdad, hay más violencia. El segundo enunciado nos recuerda que la guerra tiene dinámicas autónomas, aunque eso estaba ya muy bien dicho en algunos de los títulos clásicos de nuestra sociología de la violencia. Como ya se vio, el hecho de que dentro de un país, Colombia por ejemplo, las tasas de homicidios no covaríen con alguna medida de pobreza o inequidad no dice mayor cosa sobre RDV. Pero no basta con esta constatación. Es menester abrir la caja negra de tales dinámicas autónomas, ver en qué consisten. En particular, parece decisivo saber por qué en un país en el que hay instituciones y tradiciones democráticas perfectamente reales y duraderas tenemos a la vez altos índices de inequidad y guerra. Montenegro y Posada, Rubio y Gaitán y otros han ofrecido una respuesta, la ineficiencia de la justicia, que es todavía preliminar. Tal vez no funcione mucho para la explicación de la violencia política, porque los delincuentes políticos pertenecen generalmente a organizaciones muy grandes que los ponen a cubierto de la ley. Y en cuanto a la delincuencia común, según lo señalé en un acápite anterior, habría que saber por qué agentes racionales cometen homicidios ahí donde se les presenta la oportunidad. No sé si sea posible establecer la correlación entre delitos contra la vida y delitos contra la propiedad; si fuera positiva y significativa, eso llenaría en buena parte el bache explicativo (los agentes racionales matan para robar, porque saben que la probabilidad de castigo es muy bajita;).

¿Es la desigualdad irrelevante en este análisis? No, incluso si se tiene en cuenta toda la violencia homicida. Un estudio de Sarmiento y Becerra (1998) muestra que el problema tiene más aristas de las que uno pensaría. Sarmiento utilizó como variables la riqueza (medida a través de un índice de condiciones de vida), 154 el coeficiente Gini (como medida de la distribución de la riqueza), y la escolaridad. Sus conclusiones son básicame nte las siguientes: 1- Parece existir una asociación entre los municipios con violencia creciente y mejores niveles de vida. 2- La tasa de homicidios no está asociada positivamente a niveles mayores de pobreza; por el contrario se encuentra una correlación positiva entre el índice de homicidios y la riqueza. 3La desigualdad está correlacionada positivamente con la violencia155 . Además esta parece producir un mayor impacto en los municipios de violencia creciente. 4- La relación entre violencia y capital humano (medido como los años de educación promedio de las personas del hogar) es inversa. 5- En aquellos municipios donde la participación ciudadana (medida por medio del porcentaje de votantes sobre la población en capacidad de votar) es más intensa hay mayores niveles de 154

Este índice toma en cuenta las desigualdades en 12 variables agrupadas en cuatro factores: el acceso y disfrute de bienes físicos, el acceso y disfrute de capital humano, el acceso a servicios públicos domiciliarios y la composición de la familia. 155 Esto coincide básicamente con los resultados de Blau y Blau (1992) para el caso norteamericano.

Así, pues, los estudios cuantitativos asociados al nuevo consenso conducen a preguntas muy interesantes un poco como el burgués ge ntilhombre de Molière, que escribía prosa sin saberlo.

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Hay que explicitar tales preguntas, refinar el instrumentario para responderlas y dejar de tratar de inventar la rueda.

África, América Latina y Asia así lo confirman. RDV, pues, no tiene una traducción política directa, por ejemplo en términos de simpatías o antipatías con respecto de un actor armado o de las ventajas o desventajas de continuar este o aquel proceso. ¿Es entonces muda e irrelevante? ¿Nos dice algo en realidad sobre nuestro propio conflicto? ¿Y en ese caso, qué?

3.3. Consecuencias para las políticas públicas Ahora bien, RDV puede ir asociada a varias teorías y visiones de mundo. No necesariamente significa justificar la rebelión. Tampoco permite pasar por encima de los factores políticos. Como se vio en los acápites anteriores, RDV plantea en realidad dos líneas de causalidad encadenadas según la siguiente línea de inferencia (de a) a b) y de b) a c)), con algunos otros pasos intermedios dependiendo del autor:

Pienso que básicamente dos cosas: una conjetura para el corto o mediano plazo y una certeza para el largo plazo. Las examino en este orden. La conjetura es que hacer “hacer reformas igualitarias a tiempo es baratísimo”, es decir, que los impactos de una reforma igualitaria en términos de violencia política son fuertes. Según Booth (1991:61), por ejemplo, “es chocante la modestia de las medidas redistributivas y las reformas que compraron la estabilidad en Costa Rica y Honduras en la mitad de la década de los 80. Ninguno de los dos gobiernos llevó a cabo una cirugía redistributiva radical, pero cada uno sí transladó pequeñas cantidades de riqueza hacia los pobres y se empeñó en una recuperación de los salarios de la clase obrera. Ambos gobiernos se autolimitaron para no reprimir brutalmente a sus oponentes y a los agraviados, aunque esa restricción fue solamente relativa en el caso de Honduras, cuyos niveles de represión fueron bajos sólo en comparación con los espantosos estándares de las naciones vecinas”. El texto de Booth es extremadamente interesante, y se podría presentar evidencia adicional a su favor 157 , aunque sufre de la maldición típica de los estudios cualitativos comparados: muchas

a) Inequidad–> b) Régimen Político Inestable–> c) Violencia Es perfectamente posible que haya mejoras sustanciales en a), pero que el régimen siga dando tumbos durante un largo período, generando violencia. Y esta, a su vez, tiene sus propias lógicas relativamente autónomas, entre otras quizás la de generar desigualdad. Tal idea está implícita en algunos de los textos ya revisados, pero también se ha explicado minuciosamente en esa sociología política de los 80 y principios de los 90 que vale la pena releer: deudas de sangre, expropiaciones, odios partidistas y territoriales, desplazamientos, destrucción de familias156 . Finalmente, puede ser el caso que la desigualdad desestabilice al régimen, pero que la rebelión no encarne los motivos genuinos de protesta ni sea un demiurgo histórico liberador. No sólo Colombia, sino muchos casos de la historia reciente de

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De hecho, la destrucción de las familias podría ser una importante vía indirecta a través de la cual la inequidad genera violencia, como se intenta demostrar enShihadeh y Steffensmeir (1994)

Cualquiera que conozca con algún detalle el caso costarricense no puede dejar de conjeturar que el paquete de reformas introducido después de la guerra de 1948 tiene mucho que ver con la estabilidad de ese país.

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variables y pocos casos. Pero sus conclusiones, sin ser definitivas, resultan sugerentes.

violencia entre los más desiguales. Entre más casos tomemos, más clara se hará la correlación. La analogía con los proverbiales lanzamientos de la moneda se sugiere sola. Si usamos una moneda “correcta”, entre más lanzamientos más tenderán los resultados a dividirse en dos mitades, una de cruces y otra de caras. Eso no obsta para que puedan producirse ristras de 20 cruces seguidas, y sólo alguien muy inocente podría alegar que alguna de esas ristras pone en cuestión las leyes de la probabilidad. Adicionalmente, hay efectos de umbral. Variaciones dentro de una misma categoría no necesariamente tienen impacto.

La certidumbre es que sin una reforma igualitaria que siente las “bases materiales del consenso”, según la expresión de Przeworski, la sostenibilidad democrática a la larga es altamente improbable. Basta echar una mirada a nuestro alrededor (por ejemplo el área andina) para encontrar ejemplos que ilustran esta conclusión a la que se ha llegado después de décadas de estudios y de refinamientos del aparato conceptual y estadístico. Formas extrema de desigualdad desestabilizan la democracia, y tanto la inestabilidad como la carencia de democracia producen muertos. En otra dirección, las reformas igualitarias son también una oportunidad para el desarrollo, como en nuestro medio lo ha reiterado correctamente Rudolf Hommes, y una vez más desarrollo y vida democrática sana están altamente correlacionados. La demanda por una sociedad mucho más equitativa no es una concesión a la guerrilla, sino un acto de responsabilidad con las generaciones presente y futuras.

El acierto consiste en señalar que es necesario ofrecer causas adicionales para entender específicamente qué sucede en Colombia, pues aunque muchos países subdesarrollados e inequitativos viven guerras y explosiones sociales, pocos están expuestos a una sangría como la nuestra. Esto es, no se puede entender la violencia política colombiana sin saber que el nuestro es un país con mucha inequidad, aunque esta no explique los niveles y las modalidades que aquella ha adquirido en nuestro caso. La conclusión nos retrotrae obligatoriamente a la explicación multicausal, de la que con tanto ahínco querían huír Montenegro y Posada.

Conclusiones Un contra-argumento a la aplicación de RDV para el caso colombiano que se escucha incluso entre personas con alguna preparación formal, es que hay otros países con mayor inequidad y menor violencia. El enunciado tiene un aspecto erróneo y otro legítimo. El error consiste en suponer implícitamente que RDV plantea una función “monótona creciente”: a más desigualdad, mayor violencia política. Por supuesto que no. RDV establece una tendencia –una proclividad, si se quiere–. Es decir, si tomamos muchos países, tenderemos a encontrar más

Afortunadamente, no es necesario correr muy lejos para encontrar buenas hipótesis que solucionen el problema. Aún más, aventuraría que en conjunto, las siguientes tres condiciones deberían poder contestarnos por qué en Colombia hay niveles tan altos de violencia política: a)

RDV158 .

b)

Narcotráfico. Mientras que en la

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Otra variable socioeconómica fundamental es nivel de desarrollo, pero no he tenido ocasión de tratarla aquí.

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mayoría de los países latinoamericanos el tránsito de la década de los 80 a la de los 90 significó el fin de la guerra fría, para nosotros y otros pocos implicó el involucramiento en otra guerra internacional, que además en nuestro caso mantuvo viva la anterior. El narcotráfico alimentó y envenenó el viejo conflicto gobierno-guerrilla, y la existencia de una guerra civil es el mejor predictor para un país de la ocurrencia de politicidios y genocidios. c)

una relación de U invertida entre represividad y nivel de violencia, alcanzando el punto máximo en los países semirepresivos. Ahí estamos nosotros 160 . El lector verá, siguiendo la Gráfica 1, que con respecto a los anteriores tres factores Colombia está en el área de máximo peligro; en América Latina quizás no haya otro caso. En términos de desigualdad (ver por ejemplo Gráfica 2), semi-represividad y narcotráfico Colombia ha aparecido consistentemente en el “piso superior” en los últimos 20 años. Esto no equivale a una condena, pero sí a una alta probabilidad de caer en un ciclo violento. Ya que las metáforas médicas son tan populares –y tan peligrosas-aventuraría una. Tener inequidad, semirepresividad y narcotráfico es respecto a la violencia política como ser fumador, sedentario y consumidor de grasas saturadas respecto del infarto. No necesariamente te va a dar uno, pero si te da nadie se va a extrañar. Si queremos paz en serio –es decir, si se piensa actuar sobre las variables decisivas relacionadas con la sostenibilidad democrática en el largo plazo-- habrá que actuar sobre la inequidad, el problema del narcotráfico y el carácter del régimen. No es fácil acopiar los recursos y la voluntad políticos para hacerlo, pero no veo otra salida. La proclamada reforma a la justicia para hacerla más eficiente, en la que parecerían concordar muchos de los trabajos aquí reseñados, puede ser necesaria pero no es suficiente. Como en nuestro país el Estado de Derecho es precario, la justicia no sólo es lenta sino

Carácter semi-represivo del régimen. En Colombia, la democracia no es ficticia. Pero convive con una permanente exclusión de la oposición, la crítica y la movilización social (y también, en las décadas de los 60 y 70, con severas restricciones institucionales). Un buen indicador es que en el país ha habido regularmente elecciones competitivas, pero a la vez el solo espectro de la alternación en el poder (de conservador a liberal antes del Frente Nacional, y de bipartidista a otro después de 1958) da origen a una cantidad enorme de traumatismos. Somos un típico régimen semirepresivo (y esto se ha yuxtapuesto a otra característica agravante: la debilidad del Estado 159 ). En casi todos los demás países de América Latina ha habido una oscilación entre dictaduras y democracias algo más alternantes y flexibles ante la oposición. Como explica la investigación comparada, hay

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Se podría poner el reparo de que la Constitución de 1991 significó una apertura significativa del régimen. De acuerdo. Pero muchas restricciones formales del Frente Nacional fueron reemplazadas por restricciones informales, como el homicidio (consúltense, por ejemplo, las cifras de asesinato de sindicalistas).

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Y por tanto, en ocasiones el régimen es semi -represivo simplemente porque quiere, aunque no puede, ser más participativo; o porque quiere, o no puede, ser más represivo.

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también arbitraria y sesgada; su mejora depende (directamente) de cambios en el régimen político y (de manera indirecta) de la redistribución de activos. Para seguir, indebidamente, con la tónica médica: debido a que los aparatos de justicia y seguridad son en nuestro contexto parte del conflicto, proclamar que hacerles una reingeniería es la solución (de un problema unicausal) equivale a ofrecerle una aspirina a un enfermo de cáncer.

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COLOMBIA: GUERRA Y DESPLAZAMIENTO

países vecinos y a “calentar” las zonas fronterizas. Desde inicios de los años 80, la magnitud y degradación de la confrontación armada han hecho del desplazamiento la única opción de seguridad para miles de habitantes de los territorios en conflicto.

Nora Segura Escobar 161 Del mismo modo que hace un siglo, Colombia ingresa al XXI signada por la guerra y también como entonces se aferra a una incierta esperanza de paz y pretende encontrar signos de un futuro menos inquietante. Numerosas expresiones sociales buscan implantar un nuevo discurso de fraternidad y consolidar un vocabulario de reconciliación, mientras las distintas élites del poder actúan, desde sus lógicas particulares, a nombre de los intereses colectivos y de los proyectos de paz que cada una pretende representar. Paralelamente, un número incalculable de familias e individuos expulsados violentamente de las zonas rurales recorre la geografía nacional buscando seguridad y protección en ciudades y poblados. En su mayoría, en un tiempo muy corto se desdibujarán como desplazados y se confundirán en la masa de pobres urbanos, también en su mayoría producto de procesos migratorios impregnados de violencias anteriores.

No obstante, el “problema de los desplazados” no corresponde solamente a la confrontación entre fuerzas insurgentes, paramilitares y el Estado. Subsidiarias de estas, también otras formas de ejercicio violento del poder expulsan poblaciones habitantes de las regiones insertas en megaproyectos de desarrollo, el control territorial de zonas estratégicas económica y/o militarmente, la defensa de intereses sobre la tierra o de consolidación de poderes regionales. Se trata pues de una muy compleja interacción de distintos tipos de violencia, incluida la delincuencia común organizada, cuyos efectos de terror precipitan la huida de la población desarmada. Por otra parte, tras largos años de invisibilidad y de silencio sobre el tema, en los que pocas voces, inaudibles para las esferas oficiales decisorias, se pronunciaban y algunas organizaciones no-gubernamentales y religiosas desplegaban una importante aunque inevitablemente modesta acción de apoyo a las víctimas, hoy se cuenta con recursos de mayor envergadura, en el terreno legal, institucional, económico, profesional y organizativo, sin que necesariamente se haya comenzado a cerrar la brecha entre las urgencias de la población desplazada y la capacidad virtual para atenderla. 162 Por el

La violencia colombiana ha tenido como escenario prioritario las zonas rurales y ha hecho de la población campesina y colonizadora su principal, aunque no exclusiva víctima. Hoy, flujos migratorios en múltiples direcciones (campo-ciudad, intraurbanos, inter e intra regionales) dan cuenta de la móvil y extensa geografía de los conflictos sociales y de la presencia de los grupos en armas en una escala inédita, que comienza ya a comprometer las relaciones con los

162

Cfr. Salazar, otras. Identificación de la oferta para la atención a la población desplazada por la violencia política en Colombia. Informe Ejecutivo. Bogotá: Comité Internacional de la Cruz Roja, 1998. “Desplazamiento forzado y políticas públicas. Entre la precariedad del Estado y el asistencialismo” En: CODHES informa. Boletín No. 12, julio 24 de 1998.

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Socióloga, investigadora independiente. Profesora de la Universidad Externado de Colombia y exprofesora de la Universidad del Valle.

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contrario, resulta agobiante calibrar la enorme discrepancia entre la desprotección de los cerca de 2 millones de colombianos desplazados y la poco significativa acción gubernamental, la limitada (aunque indispensable) ayuda internacional y la escala de acción de las ONG nacionales y extranjeras.

el fuego cruzado o en otros son víctimas de los riesgos inherentes a los conflictos armados. Con excesiva frecuencia los gobiernos ignoran el problema o niegan su existencia de cara a la comunidad internacional. En la ley 387 de 1997 sobre Población Desplazada, Colombia acogió la definición propuesta por el SecretarioGeneral de las Naciones Unidas en 1992 y sus ajustes posteriores: personas o grupos e personas que se han visto forzadas a abandonar su lugar habitual de residencia por razones de conflicto armado, violencia generalizada, violación de sus derechos o por desastres producidos por los seres humanos y que no han traspasado las fronteras nacionales reconocidas. 164

El presente capítulo se inicia con un muy breve recorrido sobre cómo se registra el desplazamiento en distintos segmentos sociales en Colombia, luego se sitúan algunos hitos de la escalada de la confrontación armada en los años 80 para finalmente dibujar con trazos gruesos los rasgos centrales de la población desplazada. El desplazamiento, definiciones

imágenes

y

Desde la óptica de sus víctimas los desplazamientos poblacionales forzados son desde luego episodios traumáticos que en el nivel individual implican pérdidas de distinta índole (vidas, bienes, modos de vida, redes de relaciones, referencias identitarias, etc) y que en el plano colectivo más amplio se traduce en fracturas de las estructuras demográficas, de producción económica y cultural, en los modos de vida y en el tejido social, en grados distintos pero a todos los niveles de lo local a lo nacional. Ahora bien, la profundidad de las rupturas para los desplazados puede variar si la expulsión es intempestiva o si permite algún grado de preparación, es decir si es un resultado meramente reactivo a riesgos específicos (amenazas, bombardeos, masacres) o si

Pese a que el desplazamiento interno es uno de los problemas mas agudos del mundo contemporáneo cuya magnitud gira alrededor de 20-25 millones de personas, 163 tanto el registro de las víctimas como las estructuras de ayuda humanitaria constituyen el eslabón más débil en toda la cadena de las migraciones forzadas. A diferencia de los Refugiados (definidos por el traspaso de las fronteras nacionales) los desplazados internos no logran atraer la visibilidad internacional ni la prioridad de la acción gubernamental, de manera que con excesiva frecuencia quedan librados a una muy frágil atención humanitaria de carácter privado y/o a las redes familiares de apoyo que logren movilizar. En algunos casos son objeto de persecución oficial o de agentes privados, en otras quedan atrapados en

164

Ibíd. pp.16-19. Estos autores presentan el proceso de elaboración de la definición operacional vigente para los organismos de la comunidad internacional. La diferenciación con los Refugiados y la precisión del mandato para la intervención humanitaria de estos organismos constituye la óptica predominante en la construcción conceptual del desplazamiento interno. Para el caso colombiano cfr. nota No. 10 adelante.

Varios. “Estructura familiar, niñez y conflicto armado”. Informe de Investigación. Bogotá: Facultad de Derecho. Universidad Nacional de Colombia, 1997. 163 Francis M. Deng y Roberta Cohen. Masses in Flight. The Global Crisis of Internal Displacement. Washington: The Brooking Institutions, 1998, p.1.

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asume tonalidades preventivas 165 . En los planos local y regional, como es obvio, la magnitud de las rupturas es relativa entre otras cosas al volumen de desplazados en relación con el de quienes permanecen y las características del lugar de salida y el de quienes habitan y las características del lugar de llegada.

también corrientes de simpatía circulan en la expresión popular “el pobre ayuda al pobre” . En los sectores medios y altos su presencia puede asociarse con incrementos en los niveles de delincuencia, inseguridad, subversión o deterioro urbano aun cuando también con sentimientos de simpatía e ideas de justicia social. 166

Para los actores armados en los marcos de una profunda polarización sociopolítica, los desplazamientos corresponden o bien a costos inevitables de la guerra o bien a estrategias perversas del “enemigo”. En el primer caso se opera con mecanismos de autoexoneración de las responsabilidades en tanto la violencia contra la población desarmada se registra como violencia tolerable. En el segundo caso la responsabilidad se atribuye al otro polo y se registra como violencia intolerable. En cada caso, desde luego la población civil se instrumentaliza a la luz de que “quien no está conmigo esta contra mí”.

Los analistas suelen distinguir, según el origen, tres tipos distintos de migración forzada: a) los que emanan de la acción de fuerzas económicas (desempleo, desarrollo tecnológico, agotamiento de nichos productivos, etc); b) la expulsión por fuerzas de la naturaleza (inundaciones, derrumbes, terremotos, crisis ambientales etc) y, finalmente c) el desplazamiento por razones de violencia (confrontación armada, amenazas, bombardeos, masacres, peligros de reclutamiento armado, etc). Al mismo tiempo, se registran como eventos independientes y como

Para los habitantes de los lugares de llegada la presencia de los desplazados suele acompañarse de sentimientos y percepciones contradictorios mezcla de solidaridad, temor y rechazo. En los sectores pobres pueden verse como rivales frente al empleo, los cupos escolares, la atención hospitalaria y otros bienes muy escasos, o como receptores privilegiados de alguna ayuda gubernamental o privada aunque

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La presencia de los desplazados está marcada por actitudes adversas y/o con grados distintos de ambivalencia según se trate de las autoridades civiles o militares, los empresarios, la Iglesia, las ONG, los vecinos, etc. Es bien conocido el caso de 450 familias campesinas instaladas en la Hacienda Bella Cruz, Departamento del Cesar, cuya propiedad era reclamada por la familia de Carlos Arturo Marulanda, ex-Embajador colombiano ante el gobierno de Bélgica. Por acción de paramilitares 280 familias se desplazaron, un grupo viajó a Bogotá y ocupó el INCORA (Instituto Colombiano de la Reforma Agraria) como medida de presión. La entonces Gobernadora de Cundinamarca y posteriormente las autoridades civiles y eclesiásticas de Boyacá les negaron el refugio temporal. Finalmente fueron reubicados en dos fincas en el Tolima. En otro nivel, por ejemplo, hay dirigentes comunitarios y vecinos que perciben a los desplazados positivamente como fuentes de recursos pero negativamente como competencia, fuentes de inseguridad, presión sobre la infraestructura local, etc.

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La idea del desplazamiento como “prevención” parece obvia en cuanto las víctimas son los sobrevivientes que buscan preservar su vida y seguridad (quienes no lograron hacerlo hoy están muertos). No obstante, con la idea de prevención se quiere acentuar una diferencia muy sutil pero importante con la mera “reacción” de terror, en cuanto un mínimo grado de control del proceso permite atenuar en alguna medida sus efectos corrosivos. El predominio de cada tipo puede asociarse también con una violencia selectiva (política por ejemplo) o con estrategias de despoblamiento masivo.

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expresiones coyunturales de dinámicas que afectan a segmentos de la población no relacionados entre sí. 167 Aún cuando es claro que tal tipología resulta indispensable en el terreno empírico y en las estrategias de intervención social (pública y privada) 168 es preciso no perder de vista los efectos acumulados e interactivos sobre segmentos de la misma población en relación con las dinámicas de la pobreza y la exclusión. Así, por ejemplo, muchos desplazados por violencia se instalan en terrenos no urbanizables de las periferias urbanas con alto riesgo de inundación o derrumbe, otros habían emigrado años atrás expulsados a las zonas de colonización en busca de tierras, muchos descienden de familias que se vieron forzadas a abandonar sus tierras y bienes en períodos anteriores de violencia, y otros circulaban por diversos enclaves económicos o ciclos agrícolas como mano de obra flotante. Así pues pueden ocurrir superposiciones y refuerzos mutuos de los distintos tipos.

diluírse rápidamente en la pobreza urbana los caminos que han conducido a ella pueden traducirse en más altos niveles de incapacitación, indefensión y desorientación. En efecto el carácter intempestivo y el terror en la salida, las experiencias de muerte, las amenazas y hostigamientos, en muchas ocasiones el quiebre de las solidaridades entre vecinos, las pérdidas materiales y simbólicas, la erosión de los fundamentos de la identidad y de la autoestima, entre otras, hacen de la expulsión por violencia una forma particular y muy traumática de emigración, agudizada por la muy precaria o nula ilusión del retorno que la continuidad de la guerra impone.

La óptica Estatal

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Partimos de que la existencia misma del desplazamiento forzado constituye un indicador de una profunda incapacidad del estado colombiano para cumplir con sus funciones constitutivas que por lo demás se manifiesta en el conflicto armado con respecto al monopolio legítimo de la armas, el control territorial, la administración de justicia, el monopolio tributario, la garantía de seguridad y protección de los

En todo caso cabe insistir en que si bien los rasgos reconocibles del desplazamiento violento tienden a 167

Los desplazamientos poblacionales más frecuentemente politizados (refugiados y desplazados internos) se relacionan conceptualmente con fenómenos de nacionalidad, de religión, etno-raciales y de clase. Su visibilidad remite entre otras cosas al carácter episódico y masivo de los movimientos, en forma similar a lo que ocurre en los desastres naturales. Por el contrario, en las expulsiones por razones económicas, normalmente el desplazamiento se percibe como producto de la decisión voluntaria, individual o familiar, y por tanto no se registra como problema para la acción pública. 168 La asociación de la exposición al riesgo y la pobreza puede verse en Douglas, Mary. La aceptabilidad del riesgo según las ciencias sociales. Barcelona: Paidós, 1996. Para el caso colombiano véase Saavedra, María del Rosario. Desastre y riesgo: actores sociales en la reconstrucción de Armero y Chinchiná. Bogotá: CINEP, 1996.

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La pregunta obvia es, hasta cuándo una persona o familia puede llamarse desplazada? que desde luego remite a un horizonte mínimo de protección y seguridad por parte del Estado. La política pública según la Ley 387 de 1997 fija un criterio temporal de 1 año susceptible de ampliación de manera excepcional. Desde otras perspectivas cabe suponer que las huellas materiales, emocionales y generacionales del desplazamiento pueden persistir por largo tiempo dependiendo de la relación entre la profundidad de las pérdidas y la riqueza de recursos internos y externos (de diverso orden) a disposición de las víctimas. Sus señales externas, por el contrario, tienden ocultarse intencionalmente como mecanismo de autoprotección y seguridad personal.

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ciudadanos, entre otros. 170 Como se mencionó antes, la existencia del desplazamiento forzado por violencia tiende a ser ocultada por los gobiernos (incluido el colombiano) a la mirada internacional en el nombre de la soberanía e ignorada internamente en el nombre de otras urgencias y prioridades (incluidas las de la guerra).

En esta se formulan cuatro estrategias: prevención, ayuda de emergencia, consolidación-estabilización socioeconómica y sistemas de información. Se asignan responsabilidades por entidades y niveles de la administración y se establecen algunos mecanismos de intercomunicación entre ellos. En su concepción y formulación esta política resulta bastante razonable pero en su desarrollo efectivo ha demostrado ser más de papel que de pesos, cifras y acción real. El recurso a los principios de descentralización administrativa ha permitido al gobierno central delegar la responsabilidad en las instancias regionales y locales y diluir los compromisos presupuestales implícitos en la ley.

Así, los avances en el reconocimiento gubernamental de “el problema de los desplazados” provienen sin duda de la presión vigilante de la comunidad internacional, de la acción de muchas ONG nacionales y extranjeras y también de la presencia puntual de segmentos de la población desplazada. El tema solo en los años 90 empezó a ser reconocido oficialmente pese a que desde la década anterior la escalada de la violencia hacía evidentes los desplazamientos masivos de población en algunas regiones. Al comenzar los años 90 se asumió el término de desplazados como forma específica de expulsión violenta y más tarde se promulgó la Ley # 387 del 18 de julio de 1997 que traza los lineamientos de una política pública para la población desplazada por la violencia. 171

No obstante lo anterior y pese a la precaria legitimidad del gobierno, durante la administración de Ernesto Samper (1994-1998), aparte del trabajo legislativo se desplegó una actividad más o menos sistemática para desarrollar en alguna medida las estrategias previstas en la ley. Se nombró a César García como Consejero Presidencial para los Desplazados y se designó a la Red de Solidaridad (programa gubernamental para la atención de la pobreza) como el eje central de la política. Se hicieron avances en los procesos de registro censal para acceder a la ayuda de emergencia, se hicieron contratos con la Cruz Roja Internacional, con ONG y con otras organizaciones para la distribución de la ayuda de emergencia y para la prestación de algunos servicios gubernamentales. También se

170

Cfr. la literatura reciente sobre “Failing states”. Para el caso colombiano cabe revisar la hipótesis de Paul Oquist sobre el derrumbe parcial del Estado en su interpretación de La Violencia de los anos 50. Violencia, Conflicto y Política en Colombia. Bogotá: Biblioteca Banco Popular, 1978, especialmente el Cap.IV. 171 Bajo la administración de César Gaviria la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos impulsó un primer diagnóstico del desplazamiento a través de una Misión in-situ del Instituto Americano de Derechos Humanos. Sus recomendaciones conjuntamente con las de organizaciones eclesiásticas y no gubernamentales fueron trabajadas por una Comisión gubernamental y posteriormente recogidas como Programa nacional de atención integral a la población desplazada por la violencia. Documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social, CONPES No. 2804 del 13 de septiembre de 1995, del Departamento Nacional de Planeación-D.N.P.-

La crisis gubernamental de la administración Samper limitó el desarrollo institucional y legislativo de ese Programa de modo que tras otro documento CONPES (2924 de 1997) finalmente se dio a la luz pública una política con fuerza de ley.

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adelantaron gestiones de coordinación entre distintas agencias e instituciones del Estado. Durante esta administración se realizaron dos experiencias de relocalización campesina mediante la adquisición de terrenos y estrategias de apoyo productivo. No obstante, en relación con la magnitud de los problemas se logró una cobertura bastante modesta y un ritmo muy discontinuo parcialmente en razón de la inestabilidad institucional.

radical con la administración anterior: eliminó tanto la Consejería para los Desplazados como la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y asignó estas y otras funciones a la VicePresidencia de la República, entidad institucional y presupuestalmente con espacio limitado. En todas las entidades se hicieron relevos de personal, se congelaron o abolieron programas de manera que muchas experiencias institucionales acumuladas se perdieron. Se mantiene la acción que desplegaba la Red de Solidaridad pero necesariamente disminuida en virtud de los recortes presupuestales.

La actual administración, de Andrés Pastrana (1998-2002), originalmente inscribió el tema de los desplazados en su Programa de Gobierno denominado Plan Colomb ia, articulado conjuntamente a un plan especial para las zonas en conflicto y a un programa de sustitución de cultivos ilícitos. 172 Aparte de un enorme déficit presupuestal y de otros condicionantes incluidos los del conflicto armado, este gobierno comparte la visión de disminuir el tamaño del Estado y de redefinir el gasto social como estrategia de desarrollo.

Además este gobierno dio una prioridad extraordinaria al diálogo con la guerrilla de las FARC suponiendo quizás que por esta vía se acortaba el camino. Si a esto se suma un enorme déficit de las finanzas públicas que ha impuesto recortes en múltiples niveles y la peor recesión económica de los últimos 70 años, puede entenderse el panorama de desprotección y desesperanza que rige para la población desplazada. Simultáneamente el conflicto armado sigue en ascenso y el número de desplazados crece correlativamente sin hacer mención de los nuevos contingentes de desplazados que ya empiezan a generarse en las fronteras con Ecuador con la puesta en operación del Plan Colombia focalizado en la región suroccidental del país.

Por otra parte, desde sus inicios el gobierno se propuso marcar un deslinde 172

Véase Presidencia de la RepúblicaDepartamento Nacional de Planeación-D.N.P. Cambio para construir la paz 1998-2002. Bases. Bogotá, noviembre de 1998, especialmente el Capítulo 4 Desarrollo y Paz: Instrumentos y prioridades para la construcción de la paz. Pp. 225-331. Muy rápidamente este programa de gobierno se fue desvaneciendo y hoy lo que se conoce como Plan Colombia es un programa muy controvertido financiado en lo fundamental por el gobierno norteamericano para la erradicación del narcotráfico en una región controlada por la guerrilla de las FARC. Los fondos provenientes de este Plan prometen dar nuevo aire a la Red de Solidaridad y reanimar las estrategias de erradicación manual y de cultivos sustitutivos de la coca, con lo cual se podría neutralizar en algún grado la expulsión de los habitantes de estas regiones. La fumigación aérea indiscriminada es un factor precipitante, no vinculado al conflicto armado, de éxodos poblacionales.

En los niveles regional y local de gobierno se dan variaciones muy importantes frente a los desplazados con cada administración. Es claro que para ellos se constituyen en un peso adicional de demandas acumuladas y presiones sobre los recursos públicos normalmente deficitarios. También en el terreno político, la polarización y las presiones de los grupos de poder localmente más fuertes pueden inclinar

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la voluntad política en direcciones opuestas según el caso, aunque cabe destacar los esfuerzos de algunos Alcaldes Municipales por consolidar algún espacio de equidistancia de los polos en conflicto.

variable según las características familiares, y en materiales básicos para dormir y preparar la comida) y a los servicios sociales previstos por la ley (salud, educación). A su turno las ONG, elaboran sus registros con base en la población que demanda sus servicios y que generalmente ya ha cumplido con el requisito legal. No obstante, los dos sistemas de conteo pueden solaparse y dar lugar a duplicaciones. Ahora bien, como puede verse, quienes formalmente aparecen como desplazados son los sectores sociales más desprotegidos y que pasan por el tamiz de la ayuda humanitaria tanto oficial como privada, pero, quedan por fuera quienes tienen recursos personales y/o familiares que les permiten escapar esa vía, quienes por razones de seguridad, miedo o desconfianza hacia la autoridad no se reportan o quienes finalmente desconocen los procedimientos para obtener el reconocimiento.

Otros ángulos del Estado como el Ministerio Público, a través de la Defensoría del Pueblo (creada por la Constitución de 1991), la Unidad Especializada de Investigaciones sobre la Violación de Derechos Humanos (creada en septiembre de 1995) y la Procuraduría, juegan puntualmente un papel muy importante en la defensa de los derechos de los desplazados.

Las cifras de los desplazados Las cifras de los desplazados internos como las de muc has otras víctimas de los conflictos armados son en lo fundamental aproximaciones y estimativos con grados muy relativos de precisión aunque es obvia la importancia de determinar la magnitud y localización de tales fenómenos demográficos. La medición y registro así como la calidad de los datos están insertos en una dinámica muy volátil también sujeta a la polarización y a muy distintos intereses. Como en otros casos también en este, las cifras tienden a independizarse de su origen a través de la reiteración acrítica en distintas publicaciones y fuentes de información, de modo que se construyen verdades incontrovertidas que poco contribuyen a la claridad sobre los problemas.

Pese a que, como ya se ha dicho, desde comienzos de los años 80 se operó en Colombia un cambio muy notable en la escala, extensión y características de la confrontación armada, el primer intento sistemático de registro y medición de la expulsión poblacional por esas razones apenas apareció en 1995 y no por cuenta del Estado sino de la Iglesia Católica 173 y de algunas 173

Conferencia Episcopal de Colombia. Derechos Humanos. Desplazados por violencia en Colombia. Bogotá, 1995. Este estudio cubre el período 1985-1994. La Consultoría para los Derechos Humanos y el DesplazamientoCODHES - es una ONG. que con el apoyo de la Iglesia y de otras ONG laicas realiza actualizaciones periódicas y las publica en un Boletín. A su turno, Diego Pérez del CINEPCentro de Investigación y educación popularcubre los 10 primeros meses de 1997 en su “Informe sobre el desplazamiento forzado en Colombia”. Bogotá, noviembre de 1997. En virtud del sistema de capilaridad de la organización diocesana y de la centralidad de las parroquias en la vida local, el clero

Desde el ángulo oficial la condición de los desplazados se reconoce formalmente mediante el acto de declararse ante la autoridad competente y en consecuencia de ser registrados como tales. Este procedimiento los habilita como beneficiarios de la ayuda de emergencia (consistente en dinero,

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ONG. Desde 1993 la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos con el apoyo de fondos y de asesoría internacional había iniciado la instalación de un sistema nacional de registro de las violaciones a los derechos humanos de los colombianos, que desde luego debería incluir el desplazamiento forzado, pero como ya se ha mencionado antes, la crisis que acompañó la casi totalidad del período presidencial (‘94-’98) opuso enormes barreras al desarrollo de esta iniciativa. Actualmente, además de la discontinuidad y parálisis temporal suscitadas por el relevo partidista en la jefatura del Estado, otras interferencias asociadas con los cambios que la administración Pastrana ha incorporado en las estrategias de paz y en los esquemas administrativos para su gestión, han repercutido en un muy limitado avance del sistema informativo.

Desde el inicio de la administración Pastrana, el Plan de Desarrollo desconoció las cifras oficiales heredadas del período anterior y también las de CODHES, que si bien no son unánimemente aceptadas son las más utilizadas por distintas fuentes nacionales y extranjeras. En su lugar optó porque “en el corto plazo el gobierno establecerá y posteriormente aplicará una metodología única y oficial para cuantificar e identificar con precisión el número de familias desplazadas, su lugar de origen y las causas que ocasionaron el desplazamiento...” 174 Puede verse la suspicacia sobre las cifras y los esquemas metodológicos usados en su recolección, lo que equivale a poner en cuestión la construcción de “el problema de los desplazados” y además a negar su magnitud como problema de urgencia pública. Adicionalmente en aquel documento se filtra un prurito tecnocrático respecto del gasto social y es la suspicacia sobre la legitimidad de quienes demandan la atención estatal.

Como resultado de estos conteos independientes (gubernamentales y no gubernamentales), se presentan enormes discrepancias en las cifras, en virtud de que se utilizan definiciones distintas, se registran períodos no comparables, en una palabra se procede desde ópticas asimétricas. Así, mientras las ONG que se ocupan del tema estiman que los desplazados por violencia entre 1985 y 1998 ascienden a 1.500.000, en mayo de 1998 aún bajo la administración Samper, el Consejero Presidencial para los Desplazados se refería a las 340.000 personas desplazadas entre 1996 y 1998, “cuyos niveles de necesidad los hacía absolutamente dependientes de la ayuda estatal”

A fines de 1998 el Sistema de Información gubernamental comenzó a sistematizar los cerca de 12.000 registros acumulados correspondientes al período ´96 -´98 pero sobre los nuevos movimientos poblacionales no se hacen mayores avances ni pronunciamientos. Los registros aluden, como ya se explicó, a quienes en el lugar de llegada, a todo lo largo del territorio nacional, han realizado el trámite para ser acreditados como desplazados y que los autoriza para acceder a la ayuda de emergencia.

La guerra interno diocesano presenta enormes ventajas comparativas, respecto de las instituciones del Estado, para captar información sobre el desplazamiento.

y

el

desplazamiento

Los desplazamientos forzados visibles 174

Presidencia de la República-D.N.P. op.cit. p. 236.

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han ocurrido prioritariamente en zonas del interior del país y solo en pocas ocasiones y/o en los últimos tiempos han comprometido las fronteras con los países vecinos. Generalmente se ha tratado de movimientos masivos que por eso mismo han cobrado visibilidad y han suscitado respuestas bilaterales inmediatas. Otra cosa puede ocurrir en el futuro con el Plan Colombia y las percepciones de amenazas a la seguridad de la región.

1. La espiral de la violencia. Desde comienzos de los ‘80 las cifras del conflicto-desplazamiento comienzan a elevarse en forma inédita: se amplían a un mayor número de regiones (incluidas las zonas urbanas), crece el número y tipo de actores, se disparan el volumen de recursos económicos y tecnológicos comprometidos, la capacidad destructiva y los niveles de degradación de la guerra y en consecuencia se hace más aguda la asimetría entre los grupos en armas y la población desarmada, todo lo cual repercute en los patrones de expulsión poblacional. Este incremento en la dinámica de la violencia y del conflicto armado coincide, en el escenario político, con los acuerdos de paz de la administración Betancur (´82-´86), con el nacimiento y persecusión de la Unión Patriótica, 177 y en otros escenarios del orden público con la doble estrategia de los narcotraficantes de infiltrar y de enfrentar al Estado. Como efecto conjunto, se llega también a niveles inéditos de debilidad y de

Colombia como país de regiones expresa este carácter en las dinámicas de la violencia y de la especificidad de los nudos del conflicto, del predominio de los grupos en armas y de su articulación con otros factores del poder, de manera que las estrategias de desplazamiento-repoblamiento y de control territorial, están fatalmente articuladas a la estructura y dinámica regionales 175 . Así. regiones como el Magdalena Medio, los Llanos Orientales y Urabá presentan una ya larga historia de conflictos armados y de desplazamientos poblacionales mientras que otras como el noroccidente del Chocó apenas recientemente han entrado en esta dinámica. 176

fuerzas de seguridad de ese país. Los otros se dirigieron a Pavarandó a donde llegaron en marzo de 1997, alrededor de 7.000 desplazados. La travesía fue muy penosa: el miedo a quedarse en el camino, la escasez de alimentos, de techo, de medicamentos, varios suicidios de ancianos, muertes accidentales, numerosos partos, etc. Durante varios meses vivieron en campamentos bajo la protección conjunta de la Consejería Presidencial para los Desplazados, la Cruz Roja y algunas ONG pero con la idea fija en el retorno. Para un recuento detallado véase, Amnistía Internacional. Colombia, Retorno a la Esperanza. Las comunidades desplazadas de Urabá y del Medio Atrato. Bogotá, octubre 2.000. 177 La Unión Patriótica es uno de los intentos brutalmente fallidos por consolidar un partido político de izquierda, como alternativa al bipartidismo tradicional. Su cercanía con las FARC, pero desde luego también con la distancia de ser un grupo desarmado, lo hizo una víctima inerme de la intolerancia de la derecha armada y desarmada. Se estima que alrededor de 2.500 militantes han sido asesinados o desaparecidos.

175

Lo regional no hace referencia sola ni prioritariamente al esquema políticoadministrativo de Departamentos, pero la recolección y presentación de la información relevante a nuestros propósitos tiende a darse en sus términos. En cuanto a lo local como realidad socio-política, cobra vigencia en la organización municipal a través de los procesos de descentralización provistos por la Constitución Política del 91. No en balde su control se ha convertido progresivamente en uno de los escenarios de la confrontación entre fuerzas insurgentes y contra-insurgentes. 176 Vale mencionar el caso de Pavarandó. En diciembre de 1996 los enfrentamientos de guerrilla y paramilitares indujeron el desplazamiento de 7 comunidades negras de Riosucio habitantes de las riberas de los ríos Salaquí y Truandó. Se dividieron en dos columnas: unos se internaron en la selva rumbo a Panamá, de donde fueron expulsados nuevamente por la acción del gobierno y las

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fragmentación estatal, de crisis de la justicia y de incremento de la impunidad y la inseguridad ciudadana. Veamos algunos hitos de esta escalada.

las zonas relativamente marginales de sus orígenes. 179 A su turno el ELN también, en 1983, inicia una estrategia de expansión ligada al petróleo como eje de su financiación: la explotación del nuevo pozo de Caño Limón en Arauca y la construcción del oleoducto al Puerto de Coveñas en el Océano Atlántico. Progresivamente incluye otros recursos naturales como el oro y el carbón vinculados al mercado de exportación.

“...Entre 1981 y 1982 cuando se llevó a cabo la séptima conferencia (de las FARC), los factores de orden militar juegan un papel muy importante; (...) se determinó que cada frente sería ampliado a dos hasta conseguir la creación de un frente por Departamento. Aparecen 3 frentes nuevos en la zona de Caquetá y el Meta y otros 2 en el Magdalena Medio. Entre 1982 y 1983 otros 10 frentes se añaden a los 15 que existían anteriormente. Se localizan en Vichada, Norte del Huila y occidente del Meta, Córdoba, en la Sierra Nevada de Santa Marta, Magdalena Medio Santandereano, noroccidente de Cundinamarca, sur de Bolívar y centro del Tolima. (...) En cuanto a los determinantes financieros, la coca en la década de los ‘80 juega un papel decisivo que explica el número creciente de frentes que se consolidan en Meta, Guaviare y Caquetá. Así mismo las FARC se vinculan a esta actividad en los departamentos de Putumayo, Cauca, Santander y en la Sierra Nevada de Santa Marta.” 178

En los inicios de los años ‘80 también el EPL se hizo muy visible en zonas agroindustriales como Urabá (productor de banano para exportación) y a partir del ‘84 logró un importante crecimiento al calor de los acuerdos de paz con la administración Betancur. En conjunto, al incremento de la actividad guerrillera y del narcotráfico, como era de esperar, a todo lo largo de la década del ’80 el Estado colombiano responde con un crecimiento del gasto militar superior al de la década anterior. Los mayores esfuerzos se concentran en la modernización del equipo bélico y en el incremento del número de soldados incorporados. El gasto para las Fuerzas Armadas durante el cuatrienio de Belisario Betancur (“82-“86) tuvo un incremento significativo (excepto en 1985) que continuó bajo la administración Barco (‘86-´90). Durante el cuatrienio siguiente la presidencia de Gaviria, aumentó el pie de fuerza tanto del ejército como de la policía. 180

Según esta misma fuente el proceso de expansión geográfica de las FARC, que se prolonga hasta la fecha, es correlativo de la progresiva articulación de sus finanzas, además de la coca y el secuestro, a la extorsión de otras fuentes de riqueza regionales muy dinámicas (ganadería, agricultura comercial, petróleo, contrabando) muy distintas de

179

Con los procesos de descentralización administrativa, los fiscos municipales se pusieron en la mira como fuente de financiación de las FARC con éxitos variables según la zona 180 Granada, Camilo José. La evolución del gasto en seguridad y defensa en Colombia 1950-1994. Paz Pública. Bogotá: Universidad de los Andes. Documento de Trabajo No.1, 1997, p.38. Este autor niega que haya habido un conflicto entre el gasto social y el gasto en seguridad por parte del Estado colombiano. El

178

Echandía, Camilo. Expansión territorial de la guerrilla colombiana: geografía, economía y violencia Paz Pública. Programa de Estudios sobre Seguridad, Justicia y Violencia. Bogotá: Universidad de los Andes. Documentos de Trabajo No 1., 1997, p.4. 92

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rápidamente fueron asimilados por el paramilitarismo. Así, para mediados de los ‘90, Carlos Castaño 182 , cabeza visible de los paramilitares expresaba que: “...(la ACCU) es una organización contrainsurgente de carácter nacional y aspiramos a que donde haya un frente guerrillero haya un frente de autodefensa. Y como se van perfilando las cosas en este país, así va a ser porque cada día el Estado, a través de sus Fuerzas Armadas, demuestra ser más incapaz de controlar ese avance de la guerrilla. Entonces nosotros tenemos que ir marchando paralelo a como se vaya perfilando nuestro enemigo”183 .

La dinámica de la guerra se ve propulsada con la expansión de los grupos paramilitares, estrechamente vinculados desde sus inicios en la década anterior con el narcotráfico y con los intereses ganaderos y terratenientes. La expansión de la guerrilla y de sus formas de financiación por la vía del secuestro y la extorsión entre otras, estimula la canalización de enormes masas de dinero en el fortalecimiento de ejércitos privados para la apropiación irregular de una justicia con eficacia militar, que como es obvio implica pasar por encima de la ley, los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

182

Castro Caycedo, Germán, En Secreto. Bogotá: Planeta Colombiana Editorial, 1996. p. 227. El autor presenta el texto de la primer entrevista concedida a un periodista por Carlos Castaño, jefe paramilitar de las ACCU (Autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá). Carlos y su hermano Fidel (aparentemente muerto) provienen de una familia de Amalfi, Antioquia, cuyo padre fue secuestrado por la guerrilla y posteriormente fue asesinado por no pagar el rescate fijado. Los motivos personales de venganza y odio bien pronto se articularon con otras fuerzas e intereses concretando alianzas estratégicas con narcos y terratenientes y con la velada o abierta complicidad de sectores de la fuerza pública.

A su turno, y frente al clamor ciudadano por seguridad, el Estado, autorizó la organización de grupos de autodefensa campesina 181 , que en su mayoría muy crecimiento de sus recursos y del Estado mismo han permitido atender ambas prioridades según surge de comparar la participación porcentual en el PIB, del gasto social (5.48%) y del gasto en defensa y justicia (2.23%) entre 1950 y 1994. 181 En una ingenua pretensión de replicar la experiencia de las Rondas Campesinas del Perú en la lucha contra Sendero Luminoso, el gobierno autorizó la organización de grupos civiles que, en principio, deberían cumplir tareas preventivas de información y alerta a las autoridades sobre eventuales ataques de la guerrilla. Era de esperar como en efecto sucedió que en su mayoría tomaran otros rumbos. En Urabá, por ejemplo, en 1995 los Grupos de Apoyo a Organizaciones de Desplazados (GADE) reporta la existencia de dos grandes estructuras paramilitares: una militar bajo la dirección de Fidel Castaño (los Mochacabezas, los Tangueros y los Scorpion), con armas de corto y largo alcance, radios y estaciones de comunicación, en su mayoría ex-soldados y que utilizan los métodos más brutales para atacar a la guerrilla y su base social. La otra estructura, las Autodefensas Campesinas, están encargados del repoblamiento de los terrenos ya “limpiados” por los paramilitares, son reclutados mayoritariamente en la misma región, reciben salario mensual y realizan labores agrícolas y de vaquería propias de la región. Cfr. Urabá: el mayor éxodo de los últimos años. Bogotá, junio 2 de 1995.

183

En los diálogos con el gobierno, las FARC administran muy hábilmente el tema de los paramilitares, condicionando, a conveniencia, distintas coyunturas a su desmonte por parte del Estado por cuanto no admiten que haya diferencia entre los dos. Véase un análisis pionero del paramilitarismo en 1997.Cubides, Fernando. Los paramilitares y su estrategia. Paz Pública. Bogotá: Universidad de los Andes. Documento de Trabajo No. 8., 1997. Si bien no puede decirse que existe una política pública de apoyo a los paramilitares y si bien recientemente y bajo la presión internacional se ha incrementado la acción de la justicia en casos muy conocidos de complicidad de las fuerzas militares, es bien conocido que en los niveles medios y bajos en 93

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naturaleza, para lo cual recurren a estrategias de silencio, mimetismo, acomodo, compra de seguridad o simpatía real con alguno de los grupos en armas. Pero es claro que se trata de equilibrios inestables y de situaciones volátiles que adicionalmente operan con costos emocionales considerables.

De esta manera quedan sentados los hitos centrales de una escalada inédita de la confrontación armada y de la espiral de violencia que desde la segunda mitad de los ‘80 dispara las cifras de asesinatos, masacres, bombardeos, amenazas, y como consecuencia el terror y los desplazamientos.

Además, como se afirmó antes, más allá de la confrontación armada pero en íntima relación con ella, en grados distintos según regiones y localidades impera un clima de impunidad en el que florecen muchas formas de delincuencia organizada, de complementación entre organizaciones y formas de operación legales e ilegales, de deslizamientos de miembros entre los distintos tipos de organizaciones que también actúan sobre la expulsión poblacional, en cuanto se impone la ley del más fuerte . Así por ejemplo, puede verse cómo la consolidación de la gran propiedad y el concentración de la tierra operan a través del tráfico con terrenos de titulación precaria alimentando verdaderos movimientos de contra reforma agraria 184 , mientras la despoblación del campo acumula el desempleo y la pobreza en pueblos y ciudades por cuenta de los desplazados.

2. Los motivos para emigrar El contexto de violencia, polarización e impunidad que rige en las zonas de conflicto ha auspiciado su progresiva degradació n y el despliegue de innumerables formas de maltrato físico, psicológico y simbólico de los colombianos. Por eso la recolección y publicación de los registros sobre los éxodos poblacionales, y el miedo y desorientación de quien hace el reporte de causales y agentes causantes específicos, convierten el tema en riesgo personal y los materiales en objeto susceptible de manipulación. Para nuestro propósito interesa más bien identificar nudos generadores de desplazamiento en sus características generales. Pero los desplazamientos no necesariamente requieren un evento precipitante. La población habitante de las zonas de conflicto tiene que aprender a vivir en situaciones límite y a convivir con riesgos de distinta

Las luchas de los paramilitares en contra de la guerrilla por el control territorial y de la población, con mayor frecuencia se ha dado en la idea de “quitar el agua al pez” que en el enfrentamiento directo, aún cuando

algunas regiones, por acción y/o por omisión hay una gran responsabilidad de la fuerza pública en la mano libre de los paramilitares. Analizando tendencias recientes de las cifras de violencia, algunos organismos de derechos humanos sostienen que la disminución visible de los delitos cometidos por la fuerza pública se corresponde justamente con el ascenso de los atribuibles a los paramilitares.

184

A partir del clima de zozobra imperante, cualquiera puede recurrir a las amenazas, los rumores, la exacerbación de la percepción de incertidumbre, para presionar a pequeños ocupantes de terrenos en imp osibilidad de hacer luego reversible la expropiación, por carencia o precariedad de títulos de propiedad o de pruebas adecuadas para formalizar derechos adquiridos. De aquí que infructuosamente se ha demandado la congelación del mercado de tierras en las zonas de conflicto, como mecanismo temporal de protección al patrimonio de los desplazados.

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también en él. Así, las masacres como estrategias de terror contra la población desarmada les permiten quebrar la base social de su enemigo. 185 En los tiempos recientes también la guerrilla ha comenzado a operar de forma similar. Bajo la disyuntiva reduccionista e instrumental de amigos o enemigos que caracteriza la definición de los civiles por parte de los grupos armados, cualquier gesto o acción por insulsa que parezca, puede ser indicador de delación, de colaboración con el enemigo y entonces cualquiera puede ser justificado como objetivo militar. Las organizaciones y sus líderes en primer lugar y en segundo lugar la población civil, devienen amigos o enemigos, sin que logren abrirse un espacio para que germine la 186 neutralidad.

En la lucha antiguerrillera las acciones indiscriminadas de la fuerza pública, en particular los bombardeos aéreos, se convierten en eventos que precipitan la huida intempestiva de los habitantes de la región. Eventualmente hay movimientos de retorno pero también salidas definitivas. Otros tipos de acciones y eventos actúan en la misma dirección pero en ocasiones la sola presencia militar moviliza los sentimientos de desconfianza e inseguridad que durante largos años han teñido las relaciones de la población civil y las fuerzas armadas. En efecto, los antecedentes de desapariciones y maltratos, el control a la circulación de personas, alimentos y drogas, el robo de animales y comida, las exigencias a las mujeres para la preparación de alimentos, el lenguaje amenazante y soez, etc, son experiencias muy frecuentes en esas relaciones.

185

Véase: Pecaut, Daniel. “Configuraciones del espacio, el tiempo y la subjetividad en un contexto del terror: el caso colombiano”. En: Revista Colombiana de Antropología. Vol. 35. Enero- Diciembre, 1999. También publicado como capítulo del libro: Guerra contra la sociedad. Bogotá: Ed. Planeta- Espasa hoy, mayo, 2001. 186 Desde la ya casi legendaria experiencia de La India en el Magdalena Medio, innumerables iniciativas civiles en otras regiones se empeñan en constituir espacios locales para la neutralidad. En aquella experiencia iniciada en 1987 la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare, logró durante tres años mantener un muy difícil proyecto de paz y de equidistancia de los polos del conflicto (guerrilla-ejército-narcoparamilitarismo) y generar proyectos de desarrollo para su región, lo que le valió el Premio Nobel Alternativo de la Paz en 1990. Recientemente bajo las auspicios de la Diócesis de Apartadó y el CINEP (ONG de los jesuitas) han surgido varias Comunidades de Paz en Antioquia y Chocó con población desplazada de Riosucio-Pavarandó, San José de Apartadó, La balsita, etc. Algunos grupos indígenas también se han planteado en términos similares adoptando una posición de neutralidad activa. La declaración de “comunidad de paz” implica el compromiso de no involucrarse en el conflicto, no portar armas, prohibición de dar información o apoyo logístico a alguno de los bandos. A cambio se reclama el respeto al derecho a la vida, el

Las acciones guerrilleras desde luego son factores de expulsión. Aparte de la confrontación a la contrainsurgencia, otras formas indirectas de ho stigamiento contribuyen al terror y al éxodo de los habitantes: Las tomas violentas de pueblos apartados y el uso de armas artesanales con poca posibilidad de focalización y control; la quema y destrucción de lugares públicos; las emboscadas; las presiones tributarias sobre los habitantes tanto en especie como en servicios personales; las amenazas, etc. . Algunas condiciones subjetivas y/o consideraciones familiares son muy importantes como factores de éxodo. Resulta sorprendente la capacidad de la gente para soportar la adversidad pero respeto a la condición de civiles y el respeto a los límites de sus comunidades. La respuesta de los bandos armados, incluida la fuerza pública ha sido de hostilidad de manera que la sola referencia a la neutralidad suscita suspicacia.

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ésta tiene límites variables, de modo que los costos emocionales de convivir con el peligro van minando la resistencia y erosionando la capacidad interna de negociación. Así, por ejemplo cuando hay hijos/hijas susceptibles de reclutamiento por cualquiera de los grupos armados; cuando hay parientes cercanos que presionan la salida con ofertas de apoyo en otro lugar; cuando algún incidente hace “tocar fondo” o cuando se da una combinación de estos u otros elementos, se configura una coyuntura favorable que puede precipitar la salida.

Departamentos con los volúmenes más altos fueron Antioquia y Santander seguidos por Meta, Córdoba y Boyacá. En el primer caso, el punto de gravitación del conflicto fue Urabá, zona bananera de exportación, que a lo largo de los años ’80 estuvo bajo el dominio de las FARC y del EPL. A partir de la desmovilización de este último grupo en 1991, los grupos paramilitares (Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, ACCU) disputaron ese espacio a las FARC, aliadas con pequeños reductos del EPL . Hubo masacres de civiles a cargo de todos los grupos, y éxodos constantes y en ocasiones circulares, hacia Medellín en Antioquia y Montería en Córdoba.

Se observa, pues, que los caminos del desplazamiento son múltiples y presentan tonalidades variadas pero su dinámica está inexorablemente ligada a la de los conflictos armados y a la incapacidad del Estado para dar protección o hacer prevención con el instrumento de la “alerta temprana” previsto por la ley No. 387.

La región geográfica del Magdalena Medio abarca municipios de los Departamentos de Antioquia, Santander, Bolívar, Boyacá y Caldas. Es una zona de colonización, tradicionalmente conflictiva en virtud de los Intereses conjuntos de la Texas Petroleum Co. de terratenientes antioqueños, antiguos militares y pequeños colonos y títulos de propiedad no siempre claros. Posteriormente, desde los años ’70 estuvo bajo el dominio de las FARC y luego, hasta el presente, de narcotraficantesparamilitares que en algún momento recibieron entrenamiento de exmilitares israelíes. En torno de esta región, una de las más polarizadas del país, ha habido éxodos incesantes de población y en ella han ocurrido algunas de las masacres más impresionantes.

3. Las regiones La expansión de las organizaciones guerrilleras sobre la geografía nacional y sus cambios en la escala de operación, en las fuentes de financiación, y la subordinación progresiva del proyecto político al proyecto militar, acentúan las estrategias de control territorial como eje de las relaciones con la población civil. La presencia paramilitar, por su parte, en simbiosis con el narcotráfico y con los intereses sobre la tierra también va imponiendo una lógica de copamiento estratégico y de disputa por el territorio. Así, cada proyecto en ciernes reclama una población controlada y controlable y la emigració n de la que no lo es.

A su turno, los Departamentos receptores más altos son en su orden Cundinamarca, Santander y Antioquia. Para el tercer trimestre de 1998 Codhes registra los mayores datos de expulsión en Antioquia, Cundinamarca,

Según el estudio de la Conferencia Episcopal, entre 1985 y 1994, sobre un total de 586.261 desplazados, los

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Santander, Bolívar y Córdoba. 187 En el período intermedio sobresalen los desplazamientos masivos en Chocó, probablemente uno de los más numerosos en la historia reciente y que como se menciona en otro lugar, comprometió la frontera con Panamá. Como zonas de llegada, en su orden, figuran Antioquia, Santander y Bolívar, además de Bogotá que según esta fuente es la primera receptora de desplazados.

hay incidencia del desplazamiento. Además coinciden los datos de presencia armada (guerrillera y paramilitar) en municipios de Antioquia, Boyacá, Santander, Huila, Tolima, Caquetá, Valle y Chocó 189 que registran también importantes expulsiones violentas. En los dos últimos años se ha dado la expansión de los grupos paramilitares sobre el territorio de un debilitado ELN: la zona del sur de Bolívar, su tradicional área de operación y hacia la zona del Catatumbo y la Serranía de Perijá, limítrofe con Venezuela, en Norte de Santander. Más recientemente este movimiento expansivo de las ACCU se ha dado hacia el sur en los Departamentos del Valle del Cauca y Cauca, disputándole el territorio al ELN y a las FARC y finalmente hacia el Departamento de Putumayo, región hegemónica de las FARC. Los desplazamientos, como es de esperar, han seguido estas mismas rutas, han multiplicado las ciudades y pueblos de llegada y tienden a comprometer de modo creciente las fronteras con los países vecinos.

Otra fuente 188 identifica ocho grandes regiones agrarias, epicentros de expulsión poblacional, que prácticamente cubre todo el territorio nacional aún cua ndo se trata de solo de algunos municipios en cada una: - Caribe (Urabá, Córdoba, Sucre) - Sierra Nevada de Santa Marta (Magdalena, Cesar) - Catatumbo y Perijá (Norte de Santander) - Magdalena Medio (Bolívar, Santander, Antioquia, Caldas, Boyacá) - Norte de la Orinoquia (Arauca, Casanare) - Ariari-Guayabero-Guaviare (Meta, Guaviare) - Amazonia (Caquetá, Putumayo) - Suroccidental (Valle, Cauca, Huila, Tolima).

Los desplazados: heterogeneidad y continuidad

Por otra parte de los 342 municipios que entre el ’93 y el ‘95 presentan las más altas tasas de asesinatos, secuestros y/o intenso conflicto armado, 284 (83%) tienen presencia guerrillera y 152 (44%) de organizaciones paramilitares, de justicia privada al servicio del narcotráfico, de manera que también

En tanto movimiento migratorio, el desplazamiento entraña una temporalidad variable con un antes y un después analíticamente muy importantes para calibrar la profundidad de la destrucción y el desarraigo, como función del tiempo, las condiciones y recursos necesarios para reconstruir un

187

En el informe No.14 de Codhes Informa, se reportan 93.072 nuevos desplazados durante este trimestre. 188 Reyes, Alejandro. “Violencia y Desplazamiento forzoso en Colombia” (s.f.). Véase también Codhes. Alerta Temprana, Informe No. 1 del 7 de mayo de 1998 y Codhes Informa. Boletín No. 11 del 15 de julio de 1998.

189

Cfr. respectivamente Echandía, op.cit. y Cubides.op.cit. Nótese que en el período de referencia de la Conferencia Episcopal (´85-94) los dos primeros departamentos expulsores de población son Antioquia y Santander, que a su turno ocupan los dos primeros lugares también en cuanto a presencia guerrillera y paramilitar.

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proyecto de vida y superar los traumas. Los procesos de la transición entre el pre y el post constituyen un tiempo variable y sus fronteras difusas. 190

la violencia, de los tipos de riesgos y de las probabilidades de morir o de sobrevivir, y en consecuencia, también de ser desplazadas. Así, los dos hitos temporales del desplazamiento (prepost) están atravesados por estas diferencias. Veamos:

El término “desplazados” en abstracto impide dar cuenta de la heterogeneidad de las personas, familias y comunidades expulsadas de su territorio y desarraigadas de su hábitat. Si bien muchos eran habitantes rurales, también un número importante sale de poblados y ciudades intermedias, estaban insertos en la economía local y regional a través de muy distintas formas ocupacionales y de relación con la tierra u otros recursos naturales; ideológicamente pueden haber tenido cercanía a alguno de los polos en conflicto o haber desarrollado animadversión hacia todos.

•

Como ya se mencionó antes, una parte importante de la recolección de información pasa por el tamiz de las ONG nacionales e internacionales, de las iglesias y de algunas agencias del Estado que proveen servicios y ayuda humanitaria, de modo que las representaciones mentales sobre quiénes son los desplazados tienden a restringirse a los sectores sociales más pobres y/o que no tienen una red familiar o institucional de apoyo alternativo. Otros sectores sociales con recursos económicos, sociales, culturales y/o redes de apoyo institucionales o familiares de alguna solvencia, que no pasan por la demanda de la ayuda humanitaria, quedan excluidos de la contabilidad y del análisis. Así la estratificación social propia de las sociedades rurales y semi-rurales quedan borradas en la caracterización de la población víctima en el lugar de salida así como en el de llegada, de manera que se desconocen las rutas de restablecimiento y las estrategias de reconstrucción de la cotidianidad en condiciones no signadas por la pobreza absoluta y el abandono. 192

•

El género, construcción simbólica de diferencia entre hombres y

Pese a todas la s variaciones, comparten el común denominador de ser víctimas de la inseguridad y el miedo, de la impotencia frente al poder de las armas, y el dolor por las pérdidas pero también todas estas experiencias pasan por algunas especificidades que como el estrato social, el género y lo generacional191 actúan selectivamente sobre las modalidades de exposición a 190

En un trabajo anterior, “Desplazamiento en Colombia: perspectivas de género”, Revista Foro, No. 34, Junio 1998 señalé la necesidad de integrar las ópticas analíticas de los estudios del desplazamiento y los de la población desplazada. Por ejemplo, incluir otras unidades de análisis más amplias distintas del hogar porque es claro que la expulsión poblacional entraña la destrucción o el deterioro de los vecindarios de una localidad y de regiones enteras. Hasta el momento se ha mirado el fenómeno a través de encuestas de hogar pero se echan de menos estudios sobre el impacto demográfico, económico, político y comunitario para la localidad o la región. 191 No sobra hacer una alerta metodológica sobre los riesgos de hacer inferencias, extrapolaciones u otras formas similares de construir una población pretendidamente homogénea a partir de muestras limitadas en términos cuantitativos, regionales y temporales, por ejemplo.

192

La responsabilidad del Estado no puede restringirse a la ayuda humanitaria y a los sectores más pobres aún cuando desde luego establecer prioridades resulta imprescindible. Aspectos de la seguridad personal, de la seguridad social, de los cupos educativos, por ejemplo, pueden ser urgencias para otros sectores sociales desplazados.

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están abocados al “rebusque” 193 pero la experiencia y saberes domésticos permiten a las mujeres ingresar en el mercado laboral mediante la oferta de servicios personales, de pequeñas ventas de alimentos, etc. mientras que los saberes agropecuarios de los hombres más difícilmente les permiten conectarse a la economía urbana o noagraria. En asocio con estas experiencias, con frecuencia las mujeres descubren una nueva sociabilidad extradoméstica, un espacio existencial más amplio que el previamente recorrido y, por esa vía, eventualmente acceden a mecanismos de reparación de los traumas del desplazamiento. Igualmente la maternidad, como principio de la identidad femenina, constituye una muy compleja fuerza de soporte y de presión hacia la superación de las pérdidas. Para los hombres, la erosión de su papel de proveedor, eje sustantivo de su identidad masculina y fuente de poder doméstico, constituye una pérdida más de las ya constituidas por el desplazamiento.

mujeres y principio dicotómico de estructuración de relaciones sociales, bajo las condiciones de la guerra se expresa en un esquema por el cual los hombres se definen como actores y con relación a un espacio extradoméstico mientras las mujeres se definen en términos adscriptivos por el lugar que tradicionalmente se les ha asignado. Muy esquemáticamente puede condensarse en los elementos siguientes: En la situación pre-desplazamiento los hombres (más que las mujeres) son actores armados y en esa condición más proclives a ser víctimas directas de la guerra. De igual manera, dado que con mayor frecuencia que ellas, los hombres son agentes de organizaciones sociales, cívicas, sindicales y políticas, también más fácilmente devienen objetivo militar. A su turno, las mujeres son, prioritariamente, víctimas de guerra de modo vicario, por sus relaciones supuestas o reales con combatientes o por razones no vinculadas a la condición de actor social o de agente comunitario. Por el contrario, la violencia sexual, forma específica y atávica de agresión a las mujeres, en el contexto de la guerra connota elementos de poder y humillación del enemigo hombre y, de modo simultáneo de afirmación del macho sobre la hembra. Por su parte, las mujeres combatientes y/o involucradas en organizaciones (políticas, cívicas, sindicales, religiosas, comunitarias) combinan los riesgos comunes a las mujeres y a los hombres.

No en balde el retorno y la reproducción del pasado es más un sueño masculino que femenino: regresar al mismo lugar o reubicarse en otro similar atado a un proyecto de vida rural-agrario. Las mujeres, por el contrario, tiend en a situarse como madres al lado de sus hijos y estos tras algún tiempo 193

Colombianismo que tiene una doble connotación. En este caso se refiere a la combinación de actividades económicas, generalmente de mínima escala y de retornos monetarios muy limitados, asociados con la pobreza y las estrategias de supervivencia y de multiplicación de miembros familiares para la percepción de ingresos. El otro significado acentúa la propensión a violar la ley, y en general a anteponer la eficacia pragmática a cualquier consideración ética o límite normativo, que puede estar presente en las prácticas de supervivencia de los pobres pero que básicamente se refiere a muchas de las prácticas en la producción de riqueza de los sectores altos y medios.

En la etapa post-desplazamiento y ligado a las estrategias de supervivencia y de reconstrucción, también el esquema dicotómico del género se expresa tanto en la órbita ocupacional como en otros escenarios: En un contexto no agropecuario, ambos sexos

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quedarse en el lugar de

dependencia, sobre-representación de mujeres y de menores de 14 años, de viudas y de huérfanos, de familias uniparentales y de mujeres jefes de hogar, con la consiguiente desprotección y fragilidad provenientes conjuntamente de la guerra y de la pobreza.

Llama la atención que en las pocas experiencias auspiciadas tanto por el Estado como y principalmente por ONG nacionales e internacionales, la reconstrucción de la vida comunitaria reproduce los esquemas dicotómicos del género, perpetúa la participación de las mujeres solo como amas de casa y madres y vuelve a excluirlas como actores en los escenarios cívicos y comunitarios. A su turno, los programas sociales dirigidos a la familia, no incluyen a los hombres y así los privan de participar en alguna forma de reparación. •

El desplazamiento y sus crisis. Por definición el desplazamiento violento es una experiencia muy traumática por la serie de fracturas, discontinuidades, pérdidas y heridas profundas que lo acompañan pero sus efectos y formas de superación puede variar enormemente. Hasta ahora ha predominado la representació n mental de los desplazados en su dramática singularidad pero muy poca conciencia se tiene en Colombia sobre el desplazamiento como proceso de destrucción del pasado, el presente y el futuro colectivos. Bajo la idea de crisis y sin ninguna pretensión exhaustiva, a continuación se puntualizan algunos impactos sobre la organización social, los hogares y las personas:

Lo generacional, como principio que define fronteras cronológicas de actividad y de relaciones, en la guerra maximiza los riesgos de reclutamiento y de muerte para los y las jóvenes al tiempo que para las personas mayores puede traducirse en relativa protección. La niñez, a su turno, de barrera de protección pasa a fuente de exposición a distintos riesgos bajo la lógica instrumental de las armas. También estas dimensiones generacionales actúan en los procesos de transición postdesplazamiento, a favor de la reinserción de niños y jóvenes de ambos sexos y en contra de las personas mayores. 194

•

En virtud de lo anterior, los hogares de la población desplazada presentan rasgos propios de situaciones de guerra, paralelos a los identificados como producto de la pobreza: bajos índices de masculinidad, altos índices de

En las condiciones de degradación del conflicto armado y de la violencia en Colombia, las estrategias de terror apuntan al quiebre de las solidaridades, a exacerbar los conflictos habituales entre vecinos y familiares, a estimular la delación como mecanismo de autoprotección, y por tanto a debilitar el tejido comunitario, los procesos organizativos y los rituales de integración.

En este sentido cabe preguntarse ¿En qué medida el carácter predominantemente familiar (no comunitario ni masivo) de los éxodos en Colombia puede ser un indicador de la

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Cfr. Alvarez, otros. Desplazamiento forzoso y reubicación: un estudio de caso. Bogotá: Procuraduría General de la Nación. Procuraduría delegada para la defensa del menor y la familia. Instituto de Estudios del Ministerio Público, 1998.

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efectividad del terror como dispositivo de control? Evidencias puntuales para algunas regiones, di entifican en el pre desplazamiento, fenómenos de atomización social, bajos niveles de afiliación a organizaciones voluntarias o de participación en actividades sistemáticas de índole extradoméstica. En el post desplazamiento igualmente se registra una muy sensible propensión a distanciarse de las organizaciones y de los pares en desgracia.

en las capacidades propias, el desaliento, en fin, todo lo que constituye deterioro de la autoimagen, anulación de recursos internos e inmovilidad para la acción, pueden prolongarse en el tiempo con todas sus consecuencias. Pero los requisitos objetivos en los lugares de llegada exigen otras condiciones subjetivas. La composición de la canasta familiar (conjunto de bienes necesarios para la subsistencia familiar) en algunas zonas rurales campesinas incluye ítems que no están insertos en la economía monetaria bien porque se intercambian entre vecinos y parientes o porque son de autoproducción. Otros ítems como la energía, por ejemplo, tienen subsidios Estatales y en todo caso los costos pueden ser matizados con el uso de la leña. La economía de los pueblos y ciudades de llegada, por el contrario, implica una canasta familiar monetizada en su totalidad (agua, transporte, alimentos, energía, vivienda), restricciones en el espacio vital y con mucha frecuencia para los sectores más pobres, condiciones de usura, sobrecostos y mercados no regulados.

Si bien no es posible señalar ninguna direccionalidad causal, es claro que la experiencia del desplazamiento y en general los muy bajos niveles de protección y de apoyo estatal, tienden a ratificar una posición de individualismo, de desconfianza hacia las instituciones públicas y los espacios cívico-políticos y de confianza solo en las propias fuerzas para “salir adelante” según la fórmula popular. •

El desarraigo, en el nivel de los hogares, se amarra en múltiples pérdidas: la muerte o desaparición de familiares, amigos o vecinos; la destrucción de la base material que condensa un medio de subsistencia, el trabajo acumulado, la seguridad para la vejez y la herencia patrimonial de los hijos; la ruptura de las actividades, las relaciones sociales y con un entorno físico, en fin, todo cuanto da sentido a la vida cotidiana, alimenta la construcción de la identidad individual y colectiva y respalda una posición de respetabilidad. A su turno la salida a un entorno de incertidumbre e inseguridad (física, laboral, etc) y de dependencia personal en una economía totalmente monetizada tampoco permite que el miedo y sus impactos desaparezcan. Por el contrario y dependiendo de las circunstancias particulares, el efecto de desorientación, de pérdida de fe

Frente a esto, la dificultad para la inserción laboral en un mercado estrecho, saturado de informalidad es quizás el nudo más crítico en el lugar de llegada, agravado a su turno por las condiciones subjetivas de desorientación, dolor y miedo. Para quienes vienen de una actividad agropecuaria, en su mayoría hombres, sus calificaciones y experiencias resultan generalmente inútiles para la competencia en la vía salarial no agraria. En el otro extremo aparece un tipo social característico de las zonas de colonización, y también víctima de desplazamiento forzado, en cuyo caso no es la tierra sino el “rebusque” el eje de su construcción social. Es un

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personaje con distintos grados de arraigo a una localidad o región particular, pero que igualmente enfrenta la ruptura de un nicho económico y de sociabilidad fundamental en su modo de vida propio. Entre esos dos polos, las crisis del desarraigo pueden asumir intensidades diferentes y grados de dependencia variados considerados en los niveles individual y familiar. Desafortunadamente en las condiciones colombianas se trata de costos que en lo esencial corren por cuenta de las víctimas directas y tienden a verse solo en esa dimensión.

edad y las relaciones de autoridad de los padres parecen entrar en crisis. La estrategia de multiplicar los perceptores de ingreso (monetario o no) incorpora a la mujer y a los hijos en una dinámica nueva, no porque la experiencia de trabajo lo sea en ambos casos sino porque le da visibilidad a la participación económica de todos los miembros. La crisis de la masculinidad tradicional es un resultado predecible de su debilidad en la provisión económica familiar. Esta, como fundamento de la identidad y de la autoridad masculina adulta se desdibuja ante el deslizamiento del sustento económico a la órbita femenina y/o juvenil. Por otro lado también la autoridad del padre, que en muchas ocasiones ya se ha comenzado a erosionar desde antes de salir, continúa este proceso en las zonas de llegada.

No obstante otra realidad aparece cuando se consideran los costos sociales en una perspectiva regional, en relación con el volumen de población que sale y la que se queda y en la óptica del agravamiento de los desequilibrios regionales que han caracterizado el desarrollo del país. Los impactos sobre la economía regional y sus encadenamientos, la oferta de alimentos, el empleo, la distribución del ingreso y los patrones de tenencia de la tierra, por ejemplo. Los efectos sobre el Estado local, las finanzas públicas y la expansión de los sectores más pobres y de sus demandas acumuladas. La infraestructura urbana, la disponibilidad de tierras urbanizables con condiciones de seguridad y la capacidad instalada de las redes domiciliarias y de otros servicios públicos. Las repercusiones sobre la calidad de vida y la condición de ciudadanos, la gobernabilidad, en fin, los costos incalculables para la construcción de un tejido social denso y los años perdidos para la consolidación de una sociedad democrática. •

Por eso, recursos muy incrustados en la masculinidad tradicional como el consumo de alcohol y el lenguaje del autoritarismo, pueden agudizarse e incrementar los episodios de violencia intrafamiliar y extra-doméstica. Pero también otra respuesta, nada novedosa en nuestras tradiciones, es la deserción del hogar por parte del esposo-padre. Así la jefatura femenina del hogar bien por viudez o por abandono físico y/o funcional del hombre, es otro de los impactos de la violenciadesplazamiento sobre estos hogares. 195 195

Los debates sobre la jefatura femenina del hogar particularmente en relación con la “feminización de la pobreza” han ocupado miles de páginas y horas. El fenómeno de la viudez masculina y femenina, por el contrario, al menos en Colombia ha sido muy poco estimulante del interés académico. En razón de la violencia política, en particular contra la Unión Patriótica y del terrorismo de los narcotraficantes, las “viudas de la violencia” tuvieron en los años anteriores alguna visibilidad pública y organizativa. Cfr. Segura

El desplazamiento y el desarraigo con mucha frecuencia se asocian con cambios en las relaciones de familia. Los esquemas tradicionales de división del trabajo por sexo y

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Los hogares uniparentales asociados con la pobreza, generalmente a cargo de una mujer adulta, constituyen una realidad muy compleja y difícil como consta en la abundante literatura especializada.

A su turno, las mujeres pueden encontrar en su trabajo un amarre a la economía monetaria, una fuente de poder para renegociar su posición en la familia y/o una manera de ampliar las fronteras de información y sociabilidad, 196 pero también una duplicación o en todo caso una extensión de su jornada laboral que puede comprometer también a las hijas u otras mujeres menores de edad. •

•

Las características de los hogares desplazados a cuya cabeza está una mujer, comparten muchos rasgos con los hogares definidos como pobres a través de las metodologías convencionales NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas) o Línea de Pobreza, pero las rutas por las cuales se encuentran en ese fondo común pueden tener diferencias prácticas importantes de registrar en los análisis y en las intervenciones.

Escobar, Nora. “Mujer y narcotráfico. Consideraciones sobre un problema no considerado”. En: Revista Foro, No. 14, Abril de 1991. Otra arista interesante la constituyen los hogares monoparentales a cuya cabeza está un hombre, porque en manera alguna parecen corresponder a una formación simétrica con los encabezados por mujeres. Cfr. Nora Segura, otros. La mujer desplazada y la violencia. Op. Cit. 1996. 196 Las estrategias para satisfacer las necesidades familiares pueden auspiciar rituales y prácticas femeninas muy terapéuticas individual y colectivamente. Es el caso, por ejemplo de la “Olla Comunitaria” en Montería que luego se ha intentado replicar en otros casos: algunas mujeres muy pobres decidieron juntar sus escasísimos víveres para hacer una comida colectiva que, al hacerse cotidiana rindió frutos en varios niveles. Aparte de solución económica, este nicho de solidaridad y sociabilidad cobró una gran importancia en la visibilidad y valoración de las mujeres, primero en sus hogares, luego en el vecindario y finalmente en todo el escenario urbano. Los efectos sobre el empoderamiento de las mujeres es evidente, pero como lo expresó un líder indígena..” para los hombres no hay olla comunitaria”.

Aparte de lo mencionado antes, el desplazamiento también remite a crisis colectivas en distintos ámbitos de la vida nacional. En ciudades como Cartagena, Montería, Barrancabermeja, Cali son evidentes los cambios en la fisonomía urbana y en la expansión del sector informal. En Bogotá, el crecimiento de las localidades periféricas resulta bien notorio, entre otros en las cifras de inseguridad y delincuencia cuyas primeras víctimas son los sectores más pobres. Barrios enteros de desplazados, en ocasiones con el auspicio de urbanizadores piratas o mediante la invasión de terrenos públicos o privados, aparecen en las ciudades capitales.

Las organizaciones insurgentes y la delincuencia organizada comparten un nicho nutricio en las barriadas populares y en los sectores juveniles “sin futuro”. 197 La competencia por esta población a nombre de otros proyectos de vida y propuestas no violentas, resultan muy limitadas. Por ejemplo algunos esfuerzos de las administraciones locales por incrementar la retención escolar, por controlar la violencia escolar, etc son muy plausibles pero se 197

La noción de no-futuro en Colombia ha alimentado una veta de elaboración cultural que va desde los análisis académicos hasta la producción literaria, fílmica y musical. Se han construido personajes cinematográficos que como el protagonista de Rodrigo D. No Futuro, condensan la tragedia de los niños sicarios en Medellín o el de las niñas de la calle en La vendedora de Rosas. La población juvenil de los sectores populares, en todo caso, constituye un tema de crucial importancia en la perspectiva de la paz y del post-conflicto.

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requiere de otras estrategias complementarias para controlar la exclusión del sector educativo. •

Las acciones colectivas de los desplazados, las tomas de oficinas públicas, las marchas y otras maneras de hacerse visibles en reclamo de atención, han tenido lugar en varias regiones del país y en ocasiones mezcladas con otras causas que no necesariamente permiten expresar las prioridades y urgencias de los desplazados. No sobra insistir en que el clima de polarización opone una dinámica muy desfavorable a la organización autónoma y a la defensa de los legítimos y múltiples intereses de los desplazados. Acciones como la toma de la sede de la ACNUR (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) u otros medios discutibles tienden a ensombrecer una causa humanitariamente urgente, justa y legítima.

Paradójicamente en tales condiciones, la presencia masiva de desplazados y su visibilidad hacen que ellos nuevamente sean la primera aunque no única víctima. El estigma que los asocia con inseguridad, problema, subversión, delincuencia, etc. los convierte en autores de su propia desgracia y en responsables de su desprotección.

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¡AQUÍ ESTAMOS! 198 LA 199 TIERRA PA'QUIEN LA TRABAJA ha sido el conocido lema de la ANUC, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, especialmente de su ala más combativa, conocida en aquella época como la Línea Sincelejo. De cierta manera, esta misma idea ha estado presente en el espíritu - no en la práctica- de la primera Ley de Reforma Agraria en Colombia, la 135 de 1961, y de otras reformas agrarias formuladas y parcialmente aplicadas en la América Latina de los años cincuenta y sesenta. Pero..., ¿ quién trabaja la tierra? He aquí nuestro primer problema. Entre los funcionarios del Estado y los expertos agrícolas, y aún en el seno del mismo movimiento campesino, las mujeres estaban presentes, si acaso, como agricultoras auxiliares, buenas ayudantes de los jefes de hogar y solidarios reemplazos de los esposos ausentes en cumplimiento de tareas organizativas. Quien verdaderamente trabajaba la tierra, se pensaba, era el varón. Las mujeres, entonces, no eran reconocidas como agricultoras "titulares", agricultoras por su propia cuenta. Si bien la Secretaría Femenina de la ANUC, creada ante la presión de 900 mujeres campesinas reunidas en el Cuarto Congreso Campesino en 1977, fue la primera Secretaría de esa índole entre las organizaciones campesinas de América Latina, ésta solía expresar la problemática femenina en términos de su rol materno y supeditar sus reivindicaciones propias a la lucha de clases. "Sólo la participación en la lucha popular general puede llevar a la conquista de los derechos de las mujeres", escribió Carta Campesina en 1978.200 Mientras que desde el Estado se comenzó a reconocer, a través de la legislación, la igualdad formal de

1. AQUÍ ESTAMOS titulamos, a finales de los años setenta, un grupo de mujeres urbanas y rurales, la primera revista que pretendía animar a las mujeres campesinas en su lucha por la tierra, a hacer sentir su presencia dentro de la organización campesina, a formular sus demandas específicas ante el Estado. Esta iniciativa histórica, si bien no prosperó en términos periodísticos, reflejó en su momento un proceso de por sí irreversible: el de la concientización y organización de las mujeres campesinas colombianas. Aquí estamos decían las compañeras campesinas, aquí estamos en primera línea durante las tomas de tierras - las recuperaciones en el lenguaje de la época -; aquí estamos poniendo resistencia pacífica contra los desalojos hechos por la policía y los capataces de los hacendados - porque así lo han registrado los anales de la organización campesina y de la misma policía: la fuerza de choque la constituían las mujeres -; aquí estamos, en una sola noche levantando ranchos y sembrando maíz antes de que nos echen; aquí estamos con nuestros proyectos económicos sosteniendo a los compañeros que se encuentran al frente de la organización; aquí estamos y no nos movemos; solidarias, firmes, bien plantadas sobre la tierra.... ¿ nuestra tierra? ... o ¿ la tierra de quién? 198

Palabras pronunciadas en el lanzamiento del libro Género, propiedad y empoderamiento: tierra, estado y mercado en América Latina de Carmen Diana Deere y Magdalena León. Bogotá: TM editores/ UN- Facultad de Ciencias Humanas, 2000, el lunes 12 de marzo de 2001, auditorio edificio de postgrados, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de Colombia.

200

Citado en Meertens, Donny (1997) Tierra, Violencia y Género, Universidad de Nijmegen, pp.188,189. (2ª edición Universidad Nacional de Colombia, CES, 2001).

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Ph. D. en Antropología. Especialista en cuestiones de género.

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mujeres y hombres en todos los campos; mientras, por el otro lado, las organizaciones campesinas exacerbaban la resistencia y tenacidad de sus mujeres de base - y de una que otra líder- en la lucha por la tierra..., las mujeres campesinas como sujetos sociales, cuando del ejercicio de sus derechos se trataba, se desvanecían en las tinieblas de la privacidad. La privacidad de la familia campesina, representada por un jefe varón. En Colombia tomaría más de una década y requeriría el crecimiento fuerte e independiente de organizaciones campesinas femeninas como la ANMUCIC, y de líderes mujeres en las organizaciones campesinas mixtas, para que se abordara esta contradicción entre lo público y lo privado en la lucha por, y el reconocimiento de, los derechos a la tierra.

políticas públicas que cambian repentinamente de enfoque: del individuo a una colectividad cuyo supuesto representante nunca ha sido elegido democráticamente. Por ello, el camino de jefatura del varón a la jefatura doble o compartida ha sido más largo y difícil que el del reconocimiento de la jefatura femenina en ausencia de varones adultos en la familia. Por ello, también, escriben las autoras en sus Conclusiones: "Cada paso del proceso (de inclusión de las mujeres) es un punto de controversia porque implica nada menos que el cuestionamiento del patriarcado" (p.411). EL LIBRO GÉNERO, PROPIEDAD Y EMPODERAMIENTO, se basa en una larga tradición de ambas autoras. ¿ Quién no recuerda Mujer y Capitalismo Agrario en Colombia y Las Trabajadoras del Agro, libros pioneros coordinados por Magdalena León en 1980 y 1982 (Bogotá, ACEP) ¿ o, desde 1976, los numerosos estudios de Carmen Diana sobre la familia campesina en Cajamarca, norte de Perú, culminando en 1990 en su libro Household and Class Relations, Peasants and Landlords in Northern Perú (Berkeley, University of California Press); o, de ambas autoras, La Mujer y la Política Agraria en América Latina en 1986 (Bogotá, Siglo XXI Editores y ACEP), o Acceso de la mujer a la tierra en América Latina, capítulo este, escrito en 1987 por Magdalena León, Patricia Prieto y María Cristina Salazar para el libro de la FAO sobre Mujeres campesinas en América Latina: desarrollo rural, migración, tierra y legislación (Santiago de Chile). Sobra decir que hay decenas de títulos de ambas investigadoras que aquí quedaron sin mencionarse.

2. ES ESTA TENSIÓN ENTRE LO PÚBLICO Y LO PRIVADO, en la lucha por la inclusión de las mujeres en el derecho a la tierra, la que podemos considerar un eje central del libro de Carmen Diana Deere y Magdalena León. De los años sesenta hasta hoy en día, desde las reformas agrarias excluyentes hasta las triangulaciones del poder femenino para meterse en las rendijas de las contra-reformas neoliberales, en todo ese proceso, la familia campesina, ha estado en el centro de la atención, como unidad de producción y consumo para unos, o como locus de subordinación y desigualdad para otras. Más que todo, la familia campesina, en el imaginario social, ha sido el ejemplo por excelencia de la tradición, del arraigo, de la armonía, del idilio, por ende, de la sociedad patriarcal legitimada, cuya privacidad no se toca. En torno a ella se suele ubicar la frontera entre lo privado y lo público; es el punto de "quiebre" de las teorías de justicia social y de las

Ahora bien, esta obra magna (en todos los sentidos) no sólo es el fruto de

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investigaciones más amplias en que las autoras abarcan doce países latinoamericanos; tampoco es únicamente una actualización de sus libros anteriores. No, este libro es mucho más. Representa un nuevo enfoque, más político, más feminista. Feminista en el sentido de la "militancia académica" como siempre lo han entendido Magdalena y Carmen Diana: esto es, enfocando sus rigurosos análisis hacia los nudos persistentes de la inequidad de género; y conectando sus observaciones con los debates teóricos más representativos del tema. En efecto, en Género, Propiedad y Empoderamiento, se articulan temas que Carmen Diana y Magdalena han trabajado a lo largo de su vida profesional: la tierra, la participación política, el movimiento social de mujeres, el poder y el empoderamiento. La propiedad de la tierra, frecuentemente objeto de áridos análisis economicistas, se convierte aquí en un fértil terreno para analizar las oportunidades de inclusión y empoderamiento de las mujeres dentro de un marco de justicia social, abonado éste a su vez por numerosas referencias a los temas de los debates feministas del cambio de milenio: lo público y lo privado; la igualdad y la diferencia; la igualdad de oportunidades y la acción positiva; la redistribución y el reconocimiento; la autonomía organizativa de las mujeres o las alianzas tripartitas entre mujeres del Estado, mujeres de la política formal y mujeres del movimiento social (el llamado triángulo del poder 201 ).

las cuales he organizado en un orden que va de lo empírico/histórico hasta el entrelazamiento con las teorías de género: 1) La obtención de una igualdad formal en el derecho de propiedad no ha redundado en una igualdad real en la distribución de bienes entre hombres y mujeres especialmente en cuanto a la propiedad y el control sobre la tierra -; es decir no conllevó un derecho efectivo (el término es de la conocida investigadora hindú Bina Agarwal) de las mujeres a la tierra. 2) La desigualdad de género en la propiedad de la tierra es el resultado de un complejo juego histórico de mecanismos de exclusión y de inclusión, basados en ideologías patriarcales, cuya expresión primordial radica en el concepto de jefe de hogar varón, considerado depositario "natural" de los derechos a la tierra. Estos mecanismos operan a través de las prácticas de la herencia que privilegian a los hombres; a través del Estado con sus sesgos masculinos en la adjudicación y la titulación de tierras; a través del mercado que tradicionalmente ha sido un área de dominio masculino, e incluso, en las comunidades indígenas, a través de la asignación preferencial del derecho de uso sobre las tierras colectivas a los jefes de hogar hombres. 3) Mientras las reformas agrarias con su ideología acerca de la familia prácticamente han excluido a las mujeres - sobre todo a las casadas - de la adjudicación de tierras, durante la crisis y las contrarreformas neoliberales de los años ochenta y noventa, las mujeres han ganado mejores condiciones para acceder a la tierra, al menos en algunos de los países latinoamericanos. Estas ganancias se

3. EL ARGUMENTO CENTRAL del libro, que se desarrolla en medio de una enorme, a veces aplastante, riqueza de información, se divide en cinco tesis, 201

Lycklama, Geertje, Virginia Vargas y Saskia Wieringa (comps.). Triángulo de Poder. Bogotá: Tercer Mundo Editores, 1996.

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deben no tanto a las políticas neoliberales, sino al fortalecimiento del movimiento social de mujeres, particularmente de mujeres rurales, en medio de la crisis, y a la triangulación de poderes femeninos mediante la cual se logró la incorporación de demandas campesinas femeninas en las políticas del Estado.

La propiedad de la tierra indudablemente brinda protección, o dicho en otras palabras, reduce la vulnerabilidad y aumenta el bienestar de la familia y de los individuos que hacen parte de ella. En la medida en que los análisis comiencen a tomar en cuenta las inequidades e intereses particulares existentes en el interior de la familia, las políticas dirigidas exclusivamente al jefe de hogar varón, se cuestionan. Ya en los años ochenta los defensores del enfoque de Mujer en el Desarrollo descubrieron que el aumento de los ingresos de las mujeres campesinas beneficiaba en mayor medida al bienestar de los niños que el aumento de los ingresos de los hombres jefes de hogar. En la misma línea de argumentación, la propiedad de la tierra por parte de las mujeres (y con ella el acceso a crédito y asistencia técnica) permitiría aprovechar más plenamente su potencial productivo y aumentar los índices de desarrollo de la sociedad. Deere y León argumentan que estos enfoques, llamados de bienestar y de eficiencia, tienden a concentrarse en las mujeres en forma aislada y no logran modificar las prácticas sociales de subordinación o de exclusión de las mujeres casadas o viudas (entre otras con respecto a la herencia). Para ello se necesita un enfoque más explícitamente basado en la equidad de género.

4) No es la titulación individual de la propiedad a nombre de hombres y mujeres por aparte, sino la titulación conjunta a la pareja, la que tiende a ser la medida más efectiva en la práctica, para lograr cambiar la desigualdad de género en los derechos a la tierra. La titulación conjunta, es más aceptable que la titulación individual de hombres y mujeres, porque no amenaza la unidad familiar ni recarga la distribución de la tierra disponible donde ésta está escasa. El concepto de la titulación conjunta da cabida, además, a toda una serie de discusiones teóricas sobre el libre ejercicio de los derechos individuales, la protección a la mujer campesina y las relaciones individuo - familia. 5) Finalmente, las autores reiteran la centralidad del tema de la propiedad sobre la tierra para las teorías de género y los actuales debates feministas, en tanto se relaciona estrechamente con las nociones de bienestar, igualdad y empoderamiento. Estos debates se articulan, a su vez, con los cuestionamientos a la universalidad de los derechos humanos desde posiciones del relativismo cultural y las luchas de las minorías étnicas. A esta temática, y a la lucha de las mujeres indígenas por sus derechos, las autoras dedican el capítulo 7 de su libro.

Pero la equidad de género es un concepto bastante complejo. Remite tanto a la igualdad como a la diferencia. Y este binomio ha sido objeto de los más intensos debates en el seno de los movimientos feministas y el movimiento social de mujeres. Mientras para unas la equidad de género se tiene que construir en torno al reconocimiento y a una nueva evaluación de la feminidad, para otras implica minimizar las diferencias y establecer una participación y distribución equitativa de los bienes

4. BIENESTAR, IGUALDAD, EMPODERAMIENTO

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valiosos. Las autoras adoptan la teoría desarrollada por la filósofa política Nancy Fraser -tan en boga en el momento- quien reformula el debate en unos nuevos términos y plantea que la equidad se descompone en dos elementos entrelazados: redistribución y reconocimiento. Dice Fraser:

tanto de cooperación como de conflicto, la propiedad de la tierra ayudaría a las mujeres a mejorar su posición de resguardo, es decir su capacidad de seguir adelante aún en el caso en que otros miembros de la familia hayan retirado su apoyo. En otras palabras, la adquisición de derechos a la tierra por las mujeres, está ligada a un proceso de empoderamiento.

"El género (...) tiene una faceta político-económica que lo ubica dentro del ámbito de la redistribución, pero tiene también una faceta cultural-valorativa que lo ubica, simultáneamente, dentro del ámbito del reconocimiento. (...) Las dos facetas no están separadas nítidamente la una de la otra. Más bien se entrelazan para reforzarse dialécticamente, pues las normas androcéntricas y sexistas se institucionalizan en el Estado y la economía, y las desventajas económicas de las mujeres restringen su voz, impidiendo de esta forma su igual participación en la creación cultural, en las esferas públicas y en la vida cotidiana"202 .

EL EMPODERAMIENTO remite a la autonomía, el control sobre el curso de la vida y los bienes, la organización. Ha sido definido por Jo Rowlands, una de las autoras del libro sobre empoderamiento que compiló Magdalena en 1997203 , como un conjunto de procesos en las dimensiones individual, colectiva y de relaciones cercanas, centrados en el núcleo de la autoconfianza, la autoestima, la dignidad y el sentido de la capacidad individual y grupal de realizar acciones de cambio. Estas tres dimensiones del empoderamiento están presentes en el libro, atraviesan todas sus divisiones y se profundizan en dos capítulos: el 4 "La construcción de la igualdad de género" y el 6 "La lucha por los derechos de la mujer a la tierra y sus resultados". La dimensión colectiva del empoderamiento es representada por los movimientos de mujeres en el escenario internacional de los organismos multilaterales y las Conferencias Mundiales sobre la Mujer y el Desarrollo. A lo largo de dos décadas, los movimientos de mujeres no sólo lograron modificar los enfoques productivistas y bienestaristas de las

El tema de la propiedad de la tierra, ubica a Deere y León con más énfasis en el campo de la redistribución. Sin embargo, las autoras no descuidan el proceso dialéctico entre las dos facetas: la propiedad de la tierra, argumentan, es el producto de una toma de conciencia y un proceso de organización de las mujeres; mientras que, una vez lograda, esta propiedad fomenta su capacidad de negociación. Además, dentro de la familia, y vista ésta como una unidad

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Rowlands, Jo "Empoderamiento y Mujeres Rurales en Honduras: un modelo para el desarrollo". En: Magdalena León (comp.) Poder y Empoderamiento de las Mujeres, Bogotá: Tercer Mundo Editores y Universidad Nacional de Colombia-Programa de Estudios de Género y Fondo de Documentación Mujer y Género, 1997, pp. 213-245.

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Fraser, Nancy. Iustitia Interrupta, Bogotá: Siglo del Hombre Editores y Universidad de los Andes, 1997, p. 33,34.

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políticas MED -Mujeres en el Desarrollo- e introducir las nociones de derechos y equidad de género, sino que alcanzaron a posicionar el tema de la propiedad de la tierra, prácticamente ausente hace veinte años, en un destacado lugar en la agenda de Beijing en 1995. (Hasta tal punto, que se estuvo al borde de un cisma con los países islámicos por la inclusión, no de la propiedad femenina en sí, sino de la norma de equidad de género, nuevamente, en las herencias).

va desde las confrontaciones políticas a escala mundial sobre unas pocas líneas en la Plataforma de Acción de Beijing; pasando por las misivas del INCORA a sus funcionarios locales sobre la obligatoriedad de la titulación conjunta; hasta adentrarse en las consideraciones tácticas para convencer a los hombres campesinos de compartir el título con su esposa.

La dimensión colectiva, desde luego, también está presente en el ámbito nacional y local. Sin el proceso de concientización y de organización de las mujeres rurales a partir de 1984 (cuando se produjo el primer CONPES para la mujer rural); sin la presión y veeduría permanente de la organización femenina campesina, Colombia no hubiera tenido su Ley de adjudicación y titulación de la tierra con equidad de género: la Ley 30 de 1988, que establece la obligatoriedad de la titulación conjunta a la pareja campesina. La aplicación de esta Ley en la práctica, sin embargo, no ha sido fácil. Y es aquí que quiero hacer nuevamente un paréntesis y reflexionar sobre el significado de estas dificultades. La misma Jo Rowlands y muchas de las estudiosas de procesos de empoderamiento hemos encontrado que las más grandes resistencias de parte de los hombres no se encuentran ni en la concientización individual ni en la figuración en lo público o en lo organizativo. Estas resistencias, a cambio, se perciben en forma exacerbada en las relaciones cercanas: en el interior de la comunidad; con los funcionarios locales; en la cotidianidad de la pareja.

Finalmente, me resta un último punto por resaltar entre los muchos que han surgido de la lectura del libro. A lo largo del texto, Deere y León agrupan los doce países según variados criterios y temáticas de comparación. Una de esas agrupaciones se refiere a los derechos a la tierra durante las guerras, los procesos de paz y las post-guerras de Centro América. Encontramos en esos apartes un verdadero tesoro de experiencias, estrategias, logros, fracasos y lecciones, que deberíamos traer a la actualidad del conflicto armado colombiano. Porque desde las guerras hay que pensar las post-guerras. Porque las crisis - tanto las económicas como las políticas- no sólo arrojan pérdidas sino también promueve n nuevas potencialidades.

5. LA GUERRA Y DESPUÉS

Por ende, creo que este libro va a ser una fuente de información, de análisis, de inspiración y de herramienta política. Para que desde el Estado y la sociedad civil se promuevan los derechos a la tierra con equidad de género, con miras a la reconstrucción del tejido social. Y para que no sólo las mujeres campesinas, sino también las mujeres desplazadas, las reinsertadas y las retornadas, puedan decir nuevamente: AQUI ESTAMOS... y desde donde estemos, reclamamos, disfrutamos, enajenamos o vendemos NUESTROS DERECHOS A LA TIERRA.

El libro de León y Deere tiene esta gran virtud, la de haber abordado los derechos efectivos a la tierra de las mujeres en una amplia panorámica que

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EL TEMA DEL PODER EN LA CÁNDIDA ERÉNDIRA

sino al poder que respiramos a cada paso que damos por el mundo. Si despojamos a la abuela y a Eréndira de su capa de cuento de hadas, de su supuesto realismo mágico, encontramos en ellas disposiciones anímicas que nos resultan muy familiares: tanto las que conocemos en nuestra propia carne como las que nos llegan a través de noticieros y cualquier otra fuente de divulgación de la actividad humana.

Elsa Cajiao204

Siento una gran fascinación por el poder, y no es una fascinación secreta. Al contrario: creo que es evidente en muchos de mis personajes, hasta en Úrsula Iguarán, que es tal vez donde menos la han notado los críticos, y es por supuesto la razón de ser de El otoño del patriarca. El poder es sin duda la expresión más alta de la ambición y la voluntad humana, y no me explico cómo hay escritores que no se dejan inquietar por algo que afecta y a veces determina la realidad en que viven.

Como sugiere García Márquez, se puede emprender el estudio del poder en cualquiera de sus obras, pero en este artículo me he inclinado por La cándida Eréndira pues es, a mi juicio, –incluso más que El otoño del patriarca– el relato que más se aproxima al poder en estado puro. Es, si se me perdona lo sui géneris de la expresión, una especie de parábola antropológica sobre el abuso de poder.

Gabriel García Márquez, El olor de la guayaba INTRODUCCIÓN

Antes de entrar en materia, he creído necesario situar al lector y refrescar su memoria con una breve información sobre el argumento, el estilo y la estructura de La C.E., sin olvidar el contexto en que se desarrolla. Esta última cuestión la abordo quizás con un prurito patriótico, que espero me sepan perdonar, pues he notado que las tendencias críticas actuales, centradas en la intuición, el discurso y el lenguaje, cuando se aplican a la obra de García Márquez, tienen el efecto inevitable de relegar al mundo de lo ilusorio (léase también realismo mágico) el contexto social y geográfico que tanto le ha servido al autor de materia prima literaria.

¿Es efectivamente el poder, como dice García Márquez, la expresión más alta de la ambición y la voluntad humana? Al menos para muchos de sus personajes literarios sí lo es. Pero ¿qué verosímiles, qué reales, resultan a nuestros ojos?. Es cierto que algunos críticos sólo ven (o sólo quieren ver) en relatos como La increíble y triste historia de la cándida Eréndira y de su abuela desalmada 205 , una mera retórica, un cuidadoso y brillante ejercicio formal donde lo irreal, lo hiperbólico y, en suma, el lenguaje son los protagonistas. Sin embargo, cuando nos liberamos del corsé de las teorías y de las metodologías, empezamos a reconocer en la humanidad de sus personajes la nuestra. Y con la nuestra no sólo me refiero a la bestia ansiosa de poder que se esconde en toda persona

Érase una vez Tras la publicación en 1967 de Cien años de soledad y mientras se preparaba para su nueva novela El otoño del patriarca, García Márquez comenzó a escribir una serie de narraciones cortas

204

Escritora colombiana residente en Barcelona. De aquí en adelante abreviaré este largo título por La C.E. 205

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que, en un principio, llamaría “cuentos infantiles” y que se recopilarían en 1972 bajo el título de La increíble y triste historia de la cándida Eréndira y de su abuela desalmada. 206

misterioso del cuento maravilloso es sustituido por el desierto inclemente; el paisaje humano de príncipes, labriegos y agricultores, por indios, contrabandistas, soldadesca y buscavidas de toda índole.

No obstante, en el transcurso de la escritura, los cuentos tomaron otro rumbo y García Márquez acabó por referirse a ellos como “ejercicios de piano” cuya finalidad había sido la de “romper con el estilo anterior”. 207

En cuanto a los personajes principales, se nos presenta la oposición clásica del cuento maravilloso entre un ser malévolo y poderoso y una criatura ingenua e indefensa, como es el caso de La Cenicienta, la Bella Durmiente o Blanca Nieves. Eréndira, al igual que Cenicienta, es una niña terriblemente maltratada y explotada, huérfana, desvalida y de una mansedumbre imposible. Pero las semejanzas entre las dos heroínas, notorias al principio, se van debilitando a medida que avanza el relato, porque el calvario de Eréndira y la degradación moral a la que sucumbe no tienen parangón con éste ni con ningún otro cuento para niños. Asimismo, la abuela comparte con los villanos del cuento maravilloso varias características. Por un lado, tiene mucho de ser fabuloso con su cuerpo descomunal de cetáceo, su blancura marmórea, su sangre verde y su inaudita resistencia a la muerte. Por el otro, su inclemencia la emparenta con la madrastra cruel arquetípica de los cuentos tradicionales. La singularidad de este personaje está en los esporádicos destellos de compasión, que emergen como una lucecita diminuta en el océano de su maldad, y en sus terribles nostalgias.

Aunque La C.E. podría parecer a primera vista un sencillo relato episódico a la manera de los cuentos de hadas, una lectura más atenta nos permite percatarnos de la complejidad del estilo y de su gran riqueza evocativa. Ambientada en la parte más septentrional del departamento de la Guajira, La C.E. narra las desventuras de una joven cuya malvada abuela obliga a prostituirse por haber incendiado accidentalmente la casa donde vivían. Si bien García Márquez se vale del cuento maravilloso para definir la trama y la estructura, así como, en líneas generales, las funciones de los personajes, el escenario que elige, o sea la Guajira, le exige severas modificaciones en el género tanto a nivel temático como formal. Para empezar, el bosque frondoso y 206

He trabajado con la edición de Mondadori, que incluye los siguientes títulos: Un señor muy viejo con unas alas enormes (1968); El mar del tiempo perdido (1961); El ahogado más hermoso del mundo (1968); Muerte constante más allá del amor (1970); El último viaje del buque fantasma (1968); Blacamán el bueno, vendedor de milagros (1968); La increíble y triste historia de la Cándida Eréndira y de su abuela desalmada (1972). 207 Véase García Márquez habla de García Márquez, entrevista con Nativel Preciado (1969), pág. 43, (entrevistas recopiladas por Alfonso Rentería Mantilla). Bogotá, Rentería Editores, 1979.

El envilecimiento de la heroína, el sacrificio sin la compensación esperada del héroe redentor (me refiero a Ulises, el amante de Eréndira) así como la inutilidad de sus poderes mágicos y la función metafórica, que no causal, de los objetos maravillosos, desmitifican el cuento de hadas y revierten el orden de su universo. Si en el cuento de hadas lo portentoso desempeña un papel

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esencial, en La C.E. lo mágico, debido a su cotidianidad, no produce ningún asombro: es el reflejo de un modo de entender la vida, en donde lo natural y lo sobrenatural están íntimamente intrincados.

la índole de las pruebas descomunales con que tiene que vérselas para sobrevivir; la segunda, para darnos una medida del poder que la subyuga.

El nomadismo, el ambiente miserable y festivo a la vez, la justicia concebida como un asunto privado y la visión del mundo basada en el fatalismo y las supersticiones son quizás los rasgos más destacables mediante los que se representa en La C.E. el espíritu de los habitantes del desierto guajiro. En aras de la brevedad, ejemplifico sólo uno de estos aspectos: El nomadismo de la abuela y Eréndira es de alguna manera trasunto del modo de vida de los wayúu (los primitivos habitantes de la Guajira), cuya economía, basada en el pastoreo y los trabajos estacionales, los obliga a ir constantemente de un lado a otro y a levantar sus viviendas transitorias con la misma rapidez con que la abuela tiende su carpa en cada pueblo a que llega.

En este artículo desarrollo la idea de que la psicología de la abuela fue tejida a partir de los mismos personajes que sirvieron para modelar al dictador de El otoño del patriarca. Para construir su mítico dictador, García Márquez leyó innumerables biografías, y mucha literatura relacionada con dictadores. Desde los escritos de Plutarco hasta las biografías de todos los tiranos latinoamericanos, pasando por obras literarias como el Julio César de Shakespeare o El señor Presidente de Asturias. La coincidencia en el tiempo de la escritura de La C.E. con la documentación para El otoño… es el hecho que explica que el personaje de la abuela en La C.E. comparta tantos rasgos de carácter con el patriarca. Son dos sátrapas de idéntica naturaleza aunque el alcance de su poder difiera significativamente.

El poder

El conflicto trágico de La C.E. descansa particularmente en el carácter peculiar del entorno físico que la rodea. Las fuerzas de la naturaleza moldean, predisponen y anticipan la tragedia. El escenario exótico del desierto y el viento huracanado son la base de la representación de un mundo hostil e insondable cuya significación no conoce Eréndira ni nadie. Así, la imagen de la “enorme mansión de argamasa lunar” con que se abre el relato contrasta con el desbordamiento de las fuerzas de la naturaleza. La imagen siguiente, enfrenta la corpulencia cetácea de la abuela con la fragilidad de la jovencísima Eréndira. Estos dos antagonismos desmesurados (entre la naturaleza indómita y la obra del hombre y entre los dos personajes principales) marcan y definen la acción. La primera sirve para poner de manifiesto el aislamiento de la víctima y

Por supuesto, no todas las obras que leyó García Márquez para documentarse se ven reflejadas en El otoño o en La C.E. Por ejemplo, los dictadores de novelas tan emblemáticas como Tirano Banderas de Valle-Inclán, El reino de este mundo de Carpentier o El señor presidente de Asturias, carecen, a mi juicio, de la dimensión humana y de los matices emocionales que tienen los personajes de García Márquez. Los mencionados autores, más que el poder mismo, abordan la sombra siniestra y asfixiante que proyecta, y no muestran voluntad de ahondar en su psicología. En cambio se resaltan los notables paralelismos que hay entre los tiranos del Nobel colombiano y los de Shakespeare, así como la influencia en él del cine del neorrealismo italiano.

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La naturaleza del poder

modernidades. Su principal fuente de energía es Erédira. Su sexualidad es la caída del agua; los hombres, las turbinas que generan el dinero mediante el que compra otras fuentes de energía secundarias (los indios, los burros) y terciarias (los músicos). La finalidad de esta empresa no es producir riqueza y bienestar para aquellos que la conforman. Su único y elevado fin es alimentar los sueños –o más bien delirios– de grandeza de la abuela. Parte del dinero, es cierto, se invierte en mantenimiento. Eréndira tiene ropas de reina y una cama de lujo (pág. 138). Los catorce indios que conforman la servidumbre, los músicos y los burros también comen. La abuela es quien mejor come. Recordemos el contraste inicial de la puesta en contexto: ella parece una ballena mientras que Eréndira es frágil y escuálida. A lo largo de los años su tamaño aumenta hasta hacerse monumental. No hay mayor ostentación de poder en una sociedad miserable como en la que viven nuestras protagonistas que la opulencia de carnes. Eso, junto a la parafernalia de que se rodea atrae cada vez a más gente. Es anuncio de miel para el pobre.

El poder es el poder. Ya sea ejercido legalmente o detentado. Ya sea en la Rusia de los zares o en la estalinista, en el Egipto de los Faraones, en la Alemania de los káiseres, entre los bosquimanos, ya sea el que ejerce un cabeza de familia o el que ejerce la abuela de Eréndira sobre su miserable corte en su igualmente miserable reino. Si no hay mecanismos externos que lo delimiten y refrenen, su expresión casi inevitable es la tiranía. Y el tirano es bulímico con el poder. Nunca se sacia, nunca consigue la suficiente grandeza. Su presa, o sea sus súbditos (ya sean uno o cien mil), nunca la sueltan. Hay que arrebatársela. Los tiranos nunca dejan el poder voluntariamente, por cansancio o por amor (como renunció al trono de Inglaterra Eduardo VIII), o por reconocimiento de su propia ineficacia. Jamás. Para el tirano, el poder es el ejercicio de su supremacía sobre los demás. Eso lo define. Por eso necesita como mínimo de un subordinado. El escritor o el matemático pueden bastarse con papel y lápiz, el escultor con un poco de barro, pero el poderoso no existe sin nadie debajo de él, sin nadie a quien exprimir, sin nadie que dependa de él. La abuela de Eréndira pertenece a la estirpe de los tiranos. En un principio reinó sobre una numerosa servidumbre, pero tras la muerte de su marido y de su hijo tuvo que renunciar a todos sus siervos, menos a uno. Es decir, a Eréndira. Y no está dispuesta a perderla bajo ningún concepto. Su domesticación desde el nacimiento vale más que su peso en oro.

En un principio, la abuela le dice a Eréndira que la deuda (por la destrucción de la casa) la puede redimir en ocho años. Pero esto no sucede, la abuela encuentra cada vez nuevas razones para alargar el plazo. No es una cuestión de dinero, pues con los lingotes de oro que han acumulado podrían vivir más que dignamente. Lo que la abuela quiere es más poder. Ya no se contenta con hombres corrientes sino que quiere ser “complacida y honrada por las más altas autoridades” (pág.139) y que en su casa se discutan “los asuntos del gobierno y se arregle el destino de la nación” (pág. 140). Ni más ni menos, su sueño es la conquista del mundo vía el cuerpo de su nieta. ¿Cómo pues va a soltar su presa? Sin ella, sin su esclava,

Para vivir se necesita consumir energía motriz: la de uno o la ajena. Cuanta más energía ajena se consume, más poderoso se es. Se pueden explotar animales (los bueyes en la yunta), personas e ingenios mecánicos y robóticos. La abuela no cuenta con estas dos últimas

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todos sus sueños se derrumbarían como un castillo de naipes. La abuela es el paradigma del tirano bulímico de poder. Abundan en la historia estos personajes. Lo que los emparenta a todos es la soledad porque su relación con los demás está medida según el servicio que presten a su grandeza. Por eso se equivocan los críticos que dicen que la abuela quiere a Eréndira, que su actitud es fruto del egoísmo y no del desamor. 208 Para refutar este argumento, me remito en primer lugar a un episodio del relato, donde la abuela regatea con el director de los músicos e intenta convencer al fotógrafo de que comparta los gastos de los músicos:

–Quédate, hijo –insistió la abuela– aunque sea por el cariño que te tengo. –Pero no pago la música –dijo el fotógrafo. –Ah, no –dijo la abuela. Eso no. –¿Ya ve?–dijo el fotógrafo–. Usted no quiere a nadie. La abuela palideció de rabia. –Entonces lárgate –dijo–. ¡Malnacido! (pág. 129) El verdadero tirano, como la abuela o, por decir alguien más, Sadam Hussein no tiene amistades. Tiene, si acaso, hombres de confianza, pero no amigos. Ni siquiera los lazos familiares le permiten bajar la guardia, entregarse, como exige el amor. Sadam Hussein, el tirano paranoico de Irak, no se fía de nadie. Su cocinero, por ejemplo, es el padre del hombre que prueba sus alimentos, quien a la vez está casado con una de las hijas de Sadam. Su unicidad no permite la igualdad con ningún semejante. Para el tirano el poder es el núcleo de su vida. De ahí su soledad. De ahí la soledad de la abuela y sus tremendas nostalgias. Eréndira es para ella una esclava, es el buey atado a la yunta al que alguna vez el amo da un golpecito cariñoso y le deja descansar, no vaya a morirse y privarlo de su energía. Nótese también en el pasaje arriba citado que el punto de referencia de la abuela es el senador Onésimo Sánchez, precisamente la máxima autoridad de la región.

“No seas truñuño 209 , le dijo [la abuela] al fotógrafo. “Fíjate lo bien que le va al senador Onésimo Sánchez, y es gracias a los músicos que lleva”. Luego, de un modo duro, concluyó: –De modo que pagas la parte que te corresponde, o sigues solo con tu destino. No es justo que esa pobre criatura lleve encima todo el peso de los gastos. –Sigo solo con mi destino –dijo el fotógrafo–. Al fin y al cabo, yo lo que soy es un artista. [Cuando el fotógrafo está a punto de irse, la abuela le dice:] –Si quieres, quédate hasta mañana, la muerte anda suelta esta noche. También el fotógrafo percibió el canto de la lechuza pero no cambió de parecer.

El tirano no sólo carece de límites éticos para imponer su voluntad sino que capta como nadie el sentir popular. No es cierto que cada pueblo tenga el gobernante que se merece, más bien es al revés. Aquel que sabe entender las necesidades y pasiones de su pueblo es quien puede manipularlo. Esa fue precisamente la baza de Hernán

208

Tal es la opinión de Ruy Guerra (director de la versión cinematográfica de la historia de Eréndira): “Love can be repressive if it is not exorcised responsibly. The grandmother is simply selfish in her love” (entrevista a Guerra por Pat Aufderheide. Véase World Cinema since 1945, edited by William Luhr, New York, 1945). 209 Avaro, cicatero.

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Cortés 210 con los aztecas y es también la de la abuela. Cuando ésta maquilla a Eréndira le dice: “Te ves horrorosa, pero así es mejor: Los hombres son muy brutos en asuntos de mujeres” (pág. 99). La abuela conoce bien el negocio: no es gratuito que antes de casarse hubiera trabajado en un burdel. Sabe también que la música festiva atrae público, crea la sensación ilusoria de abundancia y por tanto invita a quedarse, a gastar, a disfrutar de la vida. Ella tiene a Eréndira para ofrecerla a la masa sedienta de placeres. Al único a quien no consigue manipular es al fotógrafo. Este es otro solitario, una ave carroñera y oportunista con pretensiones de artista que al final también recibe su merecido. Paga con su vida la insolencia de no haberse aliado con la abuela. Con los tiranos, no hay medias tintas, o estás con ellos o en su contra.

amo-esclavo es parasitaria: uno crece y se desarrolla a expensas del otro. La realidad social como fuente de la imaginación Ahora cabe preguntarnos de qué barro se ha moldeado el personaje de la abuela. García Márquez se sirve en gran medida del universo mítico de los indios guajiros para componer el estilo y los motivos del relato 212 , pero ¿es posible que la organización social de esta cultura le haya prestado también elementos para construir su tiranuela? Es muy improbable (con todo que a nivel anecdótico pueda haber habido algún personaje inspirador). Veamos por qué. Los wayúu son un pueblo eminentemente nómada, cazador y sin escritura, con una economía prácticamente de subsistencia. 213 Su estructura social no es jerarquizada y por tanto, no hay una parte de la población que trabaje en provecho de la otra 214 . La abuela es blanca, extranjera, aunque tenga la desfachatez de llamar alijunas 215 a los misioneros españoles. Llegó a aquellos confines del mundo fugitiva de un crimen:

Eréndira, por su parte, completamente cosificada, tiene impedido cualquier crecimiento como persona. De ahí que mientras vive la abuela, conserva el aspecto de una niña y se comporta como tal. Sólo la muerte de su captora consigue transfo rmarla: Eréndira se inclinó sobre la abuela, escudriñándola sin tocarla, y cuando se convenció de que estaba muerta, su rostro adquirió de golpe toda la madurez de persona mayor que no le habían dado sus veinte años de infortunio.211 Con movimientos rápidos y precisos, cogió el chaleco de oro y salió de la carpa (pág. 152).

Nadie conoció los orígenes ni los motivos de esa familia [la de la abuela]. La versión más conocida en lengua de indios era 212

La influencia de las culturas amerindias y en particular la de los indios wayúu es notoria en La C.E. y también en Cien años de soledad. Desafortunadamente, el alcance de este trabajo no nos permite ahondar en tan interesante materia. 213 Tengamos presente que nos referimos a La Guajira que conoció García Márquez en los años 40 y la del recuerdo de sus abuelos. 214 Hago hincapié en que no me refiero al conjunto de la población de la Guajira, sino sólo a los wayúu. 215 Los wayúu llaman alijuna a todo aquel que no pertenece a su etnia, especialmente a los blancos.

El estancamiento emocional de Eréndira en la infancia es una metáfora precisa de la esencia de la esclavitud. La relación 210

Véase Rubert de Ventós, El laberinto de la hispanidad. Barcelona, Planeta, 1987. 211 Las cursivas son mías.

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que Amadís, el padre, había rescatado a su hermosa mujer de un prostíbulo de las Antillas, donde mató a un hombre a cuchilladas, y la traspuso para siempre en la impunidad del desierto (pág. 89).

mandatos; en todos los casos, ya se trate del control de los bienes materiales o del de los humanos, es una manifestación de poder de unos hombres sobre otros hombres y sobre las riquezas. 217 La aventura de la abuela sólo se entiende pues desde la perspectiva de los que conocen el valor de la acumulación de riquezas y de los que gozan de algún conocimiento que les permite situarse por encima de los demás. Un amigo mío, natural de la Guajira, me decía de su infancia: “Éramos fe lices en nuestra pobreza porque no sabíamos lo que era el progreso”. La abuela, en cambio, no puede ser feliz en ese “reino de pobres”. Su carácter altivo y el recuerdo de sus glorias pasadas le impiden conformarse con la miseria en que se sumen tras el incendio de la casa. Sus nostalgias de haber sido La Dama, la mujer más bella de la Tierra y la matrona de un palacete son el motor de su desesperada búsqueda de poder y de la tragedia de Eréndira.

Como dice Posada Carbó, la inmigración masiva que tuvo lugar en América Latina entre 1824 y 1924 tuvo un impacto muy débil en Colombia, donde, hasta 1939, los extranjeros nunca excedieron el 0,34% del total de la población. 216 Es fácil imaginar que ese porcentaje fue aún más bajo en la Guajira por su rigor climático y su lejanía del resto de la nación. Es fácil imaginar también, por estas razones, que la Guajira se convirtiera más en refugio de fugitivos y aventureros que de personas con espíritu emprendedor. ¿Y qué status social adquiere la abuela en la región? Su falta de escrúpulos, su belleza y la profesión de contrabandista legendario de su marido la sitúan en una posición privilegiada. Vive como una reina. Muerto su esposo y marchitada su juventud, le quedan aún otros recursos: su falta de escrúpulos unida a su astucia, su hermosa nieta y, lo que no es poco: sabe leer y escribir. En La C.E. la autoridad local está compuesta por truhanes (pág. 113) y analfabetos (pág. 131) y la ignorancia y la miseria de la mayoría de los habitantes permiten comprarlos con cualquier cachivache. La abuela usa la escritura para sus fines más primitivos, es decir para controlar e inventariar su patrimonio. Oigamos en palabras de Lévi-Straus cuáles fueron estos usos primitivos:

Algunos informes recogidos por Posada Carbó nos resultan útiles para constatar que el talante de los pobladores de la Guajira y la actitud de las autoridades estatales frente a ellos son los mismos que se reflejan en el relato, y cómo la laxa relación entre habitantes y autoridades sirve de caldo de cultivo del abuso de poder: En la Guajira se desarrolló una tradición de resistencia a las autoridades, estimulada por la distancia y la falta de comunicaciones. Como lo observó von Schenk en 1880, “la autoridad de los jueces y alcaldes es prácticamente nula, y se les nombra para llenar una formalidad”.

(…) fueron, en primer lugar, los del poder constituido: inventarios, catálogos, censos, leyes y 216

Posada Carbó. El Caribe colombiano: una historia regional, págs. 316-17. Bogotá, Áncora editores, 1998.

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Claude Lévi-Straus, Entrevistas con Georges Charbonnier, México, Siglo XXI, pág. 26.

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(….) A la pobre presencia del Estado, se sumaba una Iglesia débil. A finales del siglo XIX von Schenk observaba: “Del catolicismo sólo quedan algunos restos no muy claros en la conciencia de esta gente. Todavía existen algunas iglesitas de los tiempos españoles, semidestruidas, pero raras veces llega allí un sacerdote”. La falta de influencia de la Iglesia se reflejaba en muchas facetas de la vida social, desde la organización familiar hasta la política. Las uniones libres eran más comunes que los matrimonios. La idea de otra vida estaba ausente a menudo : “El individuo tiene el presentimiento de que nada quedará de él, y por lo tanto no tienen por qué cuidar de su reputación; ávido de vivir, disfruta de la vida; el momento presente es lo único que le preocupa”. 218

economía pueden favorecer ciertos tipos de dominación. Tales modos obedecen a diversos factores que desbordan el ámbito de este trabajo; pero es seguramente en la visión del mundo de la sociedad, con sus reglas de conducta, estratificación y grado de cohesión donde se gesta la infamia o la compasión; el respeto a los demás o su explotación. Y allí donde no hay unas reglas que delimiten el alcance del poder, su abuso tiende a florecer casi como una necesidad orgánica. El abuso de poder y la crueldad están íntimamente asociados hasta el punto de ser inseparables. En el mundo que se describe en La C.E., la esclavitud de la joven es posible porque hay una sociedad y un sistema de valores (o ausencia de ellos) que la permiten e incluso la fomentan. Ninguna autoridad –ni civil, ni policial ni religiosa– regula las relaciones entre individuos. Veamos cómo se ejemplifica esto en La C.E.: –Y entonces para qué lo tienen a usted de alcalde? –preguntó la abuela. –Para que haga llover –dijo el alcalde. Luego, viendo que la nube se había puesto fuera de su alcance, interrumpió sus deberes oficiales y se ocupó por completo de la abuela. –Soy una pobre mujer sola en la inmensidad del desierto. El alcalde, con el ojo derecho torcido por el calor, la contempló con lástima. –Entonces no pierda más el tiempo, señora –dijo–. Se la llevó el carajo (pág. 113).

Este panorama de ausencia de una vida política organizada se refleja en el relato de manera profusa. Un signo de ello es la absoluta libertad con que se mueven los contrabandistas. Lo máximo que pueden hacer las autoridades contra ellos es amonestarlos con poca convicción: “Por lo menos tengan la vergüenza de no circular a pleno sol” (pág. 132). Pero la muestra más flagrante de la total ineficacia de las instituciones legales es la impunidad con que, merced a la carta de un senador corrupto e influyente, la abuela trafica con su nieta.

Frente al desamparo institucional, cada cual ha de valerse por sus propios medios. Como quien dice, cada cual hace lo que puede o le da la gana, sin más temor que el de la represalia personal. De ahí, la facilidad con que el

Indudablemente, los modos de organización social de un pueblo y su 218

Posada Carbó, El Caribe colombiano, págs. 65-67.

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más fuerte cae en la tentación de oprimir al más débil. Al contrario que en las sociedades cohesionadas donde existen mecanismos legales pensados para proteger a los más débiles (como dice Noam Chomsky, el grado de desarrollo de una sociedad se mide por el trato que da a sus marginados), en las poblaciones desestructuradas donde conviven grupos sociales de procedencia y credos distintos sin una autoridad reconocida que aglutine y regule sus actividades, tal como sucede en el árido y paupérrimo territorio donde se desarrolla La C.E., el poder queda tirado en la calle a merced de quien quiera recogerlo.

patriarca. Los extravagantes dictadores latinoamericanos fueron, en gran medida y como lo confiesa García Márquez, 219 la materia prima de su patriarca, pero también lo fueron grandes personalidades de la historia universal, como el caso de Stalin, de quien el patriarca heredó las manos de doncella. 220 Aunque el patriarca, la abuela y también la Mama Grande ejercen su dominio en la región geográfica del Caribe, son personajes ahistóricos. El hecho de que los tres carezcan de nombre 221 y sea incierta su procedencia más que otorgarles una dimensión mítica, los caracteriza como paradigmas universales del poderoso. Si bien difieren en el alcance de su dominio, en el fondo son lo mismo: seres totalmente corrompidos por el poder.

A pesar de las peculiaridades de la Guajira y de la compenetración del relato con el entorno, La C.E. también puede interpretarse perfectamente como una alegoría de todos los lugares donde el poder otorga impunidad. Por ejemplo, la carta del senador Onésimo Sánchez que la abuela utiliza para prostituir a su nieta “bajo el amparo de la fuerza pública” (pág. 138) es una caricatura alegórica de los regímenes políticos donde, al menos en la práctica, las palabras inmunidad e impunidad son sinónimos exactos. Y tampoco circunscribamos la alegoría al llamado Tercer mundo. Lastres de la arbitrariedad de los poderosos se arrastran en las democracias actuales en la forma de la inmunidad parlamentaria, privilegio que en muchos países no sirve a su intención de amparar a los diputados para expresar libremente su opinión sino como parapeto frente a la ley en los casos de corrupción y abuso de su cargo.

Por otra parte, el uso del contexto social como marco de la historia para resaltar la miseria y la carencia de valores humanos como fuentes de la corrupción y el abuso de poder parece estar inspirado en el cine del neorrealismo italiano. García Márquez ha tenido una larga y apasionada relación con el séptimo arte. De hecho, La C.E. fue concebida inicialmente como un guión222 después de que el autor estudiara realización en Cinecittá y 219

García Márquez, El olor de la guayaba. Conversaciones con Plinio Apuleyo Mendoza, pág. 89-91. Bogotá, La oveja negra, 1982. 220 No sé si la crítica ha llamado la atención sobre este hecho y sobre el tremendo contraste entre las delicadas manos femeninas del patriarca y sus patas de elefante. 221 El patriarca y la Mama Grande tuvieron nombre propio en tiempos remotos, antes de comenzar a ejercer el poder. 222 Del guión sólo se publicaron algunos fragmentos en la revista “Papeles” del Ateneo de Caracas, N. 11, Caracas, junio de 1970, págs. 7-25 y en “La cultura en México”, Suplemento de “Siempre”!, México, N. 456, 4 de noviembre de 1970, págs. I-VVIII. Posteriormente, fue llevado al cine por Rui Guerra, en 1983.

las fuentes textuales Como he apuntado anteriormente, mientras García Márquez componía La C.E., se estaba documentando para crear al dictador de El otoño del

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quedara impresionado con el trabajo de Roberto Rossellini 223 . La influencia es tanto estética como temática. Sirva de ilustración la película Alemania año cero de Rossellini, donde el niño protagonista, al igual que Eréndira, es corrompido (hasta el punto de convertirse en asesino de su padre) por un hombre cuyos sueños de grandeza son tan desaforados que ni siquiera la derrota bélica logra desvanecerlos. El contexto social de miseria extrema y de desconcierto espiritual contribuyen a arrojar el niño al abismo. Paralelamente, Eréndira es presa de un mundo cruel que no le brinda otra salida que el asesinato y la traición.

Una de las características principales de las tragedias de Shakespeare es que los personajes más ruines y egoístas suelen mostrar algún rasgo de vergüenza y humanidad que hace menguar en alguna medida el desprecio y el horror que nos provocan. Por ejemplo, el rey Claudius (Hamlet) y Macbeth se arrepienten de sus crímenes iniciales. La cadena de asesinatos y felonías que siguen al primero no son fruto de la crueldad o la venganza sino, de hecho, actos defensivos. Es su pasión por el poder lo que los arrastra y lo que enturbia los rasgos loables de su carácter que cuidadosa e intencionadamente pone Shakespeare de manifiesto. En el mismo sentido, lo que hace humanos y trágicos a los villanos de García Márquez, como la abuela o el patriarca, son sus destellos de bondad, su soledad y sus amargas nostalgias. En su caso, no es el remordimiento o el temor a un castigo en el más allá lo que atormenta su espíritu, como hasta cierto punto pasa con Macbeth y Claudius, sino la nostalgia. Pero no se trata exactamente de una nostalgia del pasado real sino de uno que nunca existió. El patriarca busca en los artilugios mecánicos de que se rodea una satisfacción tardía, una compensación a las carencias de su infancia. La abuela, en sus pesadillas, añora la inocencia perdida en su juventud en algún prostíbulo de las Antillas para haber podido gozar de un amor puro. Son seres que inspiran lástima, tanto o más que sus víctimas.

Al margen de estas influencias (que anoto sólo a modo anecdótico con el único fin de poner de relieve la sintonía de García Márquez tanto con la estética como con las grandes preocupaciones morales de las vanguardias artísticas de su época), quisiera detenerme ahora en los paralelismos que, a mi modo de ver, existen entre los villanos y los poderosos de Shakespeare y los de García Márquez, no con el ánimo de escudriñar y catalogar influencias o intertextualidades, sino de situar nuestros dos tiranos en un contexto literario más universal para apreciar mejor el tratamiento de su complejidad psicológica y la pasta de que están hechos. Cito como preámbulo un par de frases de dos dramas de Shakespeare: There is some soul of goodness in things evil. 224 . No beast so fierce, but knows some touch of pity. 225

Los personajes principales de las tragedias de Shakespeare, ya sean héroes o villanos, nunca son unívocos. Estos últimos, que son los que aquí nos interesan, tienen cualidades intelectuales y de carácter fuera de lo común y, en el caso de Macbeth y Claudius, una consciencia moral que los atormenta. Claudius es valiente, cortés con su mujer y devoto de ella; en un

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En el cuestionario Proust que le pone Plinio Apuleyo, García Márquez dice que “El general de la Rovere” (de Rossellini) es la película que le hubiera gustado dirigir. (El olor de la guayaba, pág. 124). 224 Shakespeare, William, Henry V, Act 4, Scene 1. The complete Works of William Shakespeare. London, University Books, 1980. 225 Ibíd. Richard III, Act 1, Scene 2.

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principio, desea sinceramente convertirse en un buen padre para Hamlet. Sólo cuando vislumbra las sospechas que crecen en su corazón decide eliminarlo. En los asuntos de gobierno también se maneja con dignidad y eficacia. Otro tanto puede decirse de Macbeth. Su valor es casi sobrehumano y su elevada consciencia moral está a la par de su ambición. En realidad, si no fuera por Lady Macbeth, cuya apetito de poder no tiene ningún límite, Macbeth jamás se hubiera atrevido a matar al rey Duncan, al menos en las condiciones en que lo hizo. Su noción del vasallaje, de la gratitud, el parentesco y la hospitalidad se lo hubieran impedido.

abuela con la ayuda de Ulises, el lastre de su desgracia la perseguirá a donde quiera que vaya. El final del relato no deja lugar a ninguna duda. En el cuento de hadas el final también se aprovecha para dar una doble lección con el comportamiento de la heroína: por un lado, una lección de nobleza y, por el otro, de justicia. Una vez que la Cenicienta se casa con el príncipe y en consecuencia, alcanza el poder, no se muestra vengativa sino magnánima. En cambio Eréndira, tras ser liberada, actúa con una ruindad que la hace émula de su abuela. La lección de justicia en el cuento de hadas es obvia: el bien siempre triunfa sobre el mal. En La C.E. se desmitifica esta utopía. Eréndira no es una heroína de cuento de hadas, ni es tampoco como los niños huérfanos de Dickens. A ella el sufrimiento la ha endurecido, le ha matado el alma.

El cuadro que de la monstruosa abuela nos ofrece García Márquez tampoco carece de matices. Innegablemente, es una mujer valiente, simpática, de mucha autoridad y una astucia que, a pesar de aplicarla al lamentable oficio de explotar a su nieta, despierta nuestra admiración. Por su parte el patriarca, al igual que la abuela, en su huida hacia delante, no se detiene en remordimientos. Estos los asaltan en forma de pesadillas y terrores nocturnos. A ninguno de los dos el poder les da lo que más anhelan. En la abuela es la inocencia perdida y en el patriarca, la infancia que nunca tuvo.

Las fuentes inspiradoras para la desmitificación de la heroína del cuento de hadas rebasan el terreno de la literatura y muy probablemente están en la experiencia directa del autor. La indefensión de la infancia es una constante en su obra. Y lo que más perturba es que el abuso de poder contra los menores proviene de sus propios padres o de los que ejercen sus funciones, como en La C.E.. Aparte de la abuela de Eréndira, hay numerosas figuras paternas verdaderamente monstruosas. La representación de esta matrona explotadora se anticipa en Cien años de soledad en el episodio en que Aureliano Buendía vive su frustrante iniciación sexual. Eréndira aparece prefigurada en la nieta mulata que es obligada a acostarse por la abuela con una media de setenta hombres por noche. Su miseria es expuesta aún con mayor patetismo que en la C.E:

En cuanto al débil, al esclavo, el retrato de García Márquez se queda en el bosquejo. Quizá porque el esclavo no es más que un bosquejo de humanidad. Al impedírsele todo crecimiento, excepto el aguijón del odio, no tiene otra identidad que la que le permite su amo. La desmitificación que hace García Márquez en La C.E. del héroe cautivo es total. Es una desmitificación cargada de un pesimismo realista. En el cuento de hadas, la heroína a la vez que triunfa sobre el enemigo conquista la felicidad. Aunque ciertamente Eréndira vence a la

Tenía el pellejo pegado a las costillas, la espalda en carne viva y la

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LA OTRA MIRADA respiración alterada por agotamiento insondable. 226

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En todos estos casos, incluido el de Eréndira, el lector puede notar que se trata de variaciones de un mismo tema. La figura de partida es una niña indefensa (o una adolescente) que contempla atónita el universo de los adultos y su propia tragedia sin atinar a comprenderlos. En cierto modo, siempre es la misma niña que recorre los textos de García Márquez mostrando, bajo distintos ropajes, el mismo desamparo.

Pero la verdadera figura de la madre terrible en Cien años de soledad la encarna Fernanda del Carpio (mujer de Aureliano Segundo), quien antepone su honor mojigato a cualquier sentimiento de amor materno que pudiera sentir. Sus prejuicios e intransigencia la empujan a enterrar viva a su hija (Meme) en un convento y a criar a su nieto bastardo (Aureliano), como un troglodita, alejado de todo contacto humano. En Muerte constante más allá del amor,227 Nelson Farina utiliza a su hija (Laura) como moneda de cambio para obtener del senador Onésimo Sánchez (personaje que reaparece en La C.E.) “una falsa cédula de identidad que lo pusiera a salvo de la justicia”228 (pág. 57). En Del amor y otros demonios, una niña de 12 años, Sierva María de todos los Santos, es enterrada por su padre en un convento bajo la sospecha de estar poseída por el demonio, aunque, en este caso, el padre actúa así por cortedad de entendimiento, no por intransigencia o deseo de imponer su autoridad. El caso de la madre es bien distinto. Dominada por un odio irracional hacia la niña, se desentiende de ella desde su más tierna edad. La deja a merced del azar y la servid umbre y, finalmente –ya no por odio sino por indiferencia– en manos de la temible y poderosa Inquisición.

los símbolos del poder Era un desfile de carretas tiradas por bueyes, sobre las cuales se amontonaban algunas réplicas de pacotilla de la parafernalia extinguida con el desastre de la mansión, y no sólo los bustos imperiales y los relojes raros, sino también un piano de ocasión y una vitrola de manigueta con los discos de la nostalgia. Una recua de indios se ocupaba de la carga, y una banda de músicos anunciaba en los pueblos su llegada triunfal. La abuela viajaba en un palanquín con guirnaldas de papel, rumiando los cereales de la faltriquera, a la sombra de un palio de iglesia. Su tamaño monumental había aumentado, porque usaba debajo de la blusa un chaleco de lona de velero, en el cual se metía los lingotes de oro como se meten las balas en un cinturón de cartucheras. Eréndira estaba junto a ella, vestida de géneros vistosos y con estoperoles colgados, pero todavía con la cadena de perro en el tobillo (Pág. 138).

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Cien años de soledad, pág. 144. Madrid, Cátedra, 1997. 227 Relato que forma parte de la colección de cuentos en que aparece La C.E. 228 A semejanza de la abuela de Eréndira, Nelson Farina se refugia en la impunidad del desierto tras haber matado y descuartizado a su primera mujer. Por otra parte, en La C.E. no se dice explícitamente de qué medio se vale la abuela para conseguir el salvoconducto del senador Onésimo Sánchez, pero sabiendo que su único activo es el cuerpo de su nieta, es lógico pensar que actuó de modo semejante a Nelson Farina.

Este pasaje de gran expresividad simbólica tiene como motivo las festividades re ligiosas y resulta idóneo

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para ejemplificar los símbolos de poder que apuntalan la relación de Eréndira y su abuela. En él se acumulan prácticamente todos los que han ido tejiendo la urdimbre psicológica del dominio y la sumisión.

cautiverio en el tobillo y las manos libres para poder trabajar. Otro significativo símbolo de poder de este pasaje son los relojes. En la puesta en contexto, el narrador nos cuenta que uno de los múltiples quehaceres de Eréndira es darle cuerda a los relojes y concertarlos, tarea en la que tarda seis horas completas. No es extraño que este símbolo también aparezca en El otoño del patriarca estrechamente vinculado al dictador, que tiene el poder de cambiar la noche en día y viceversa. El que manda tiene el control del tiempo del dominado. El poder está por encima de los ritmos circadianos. Eréndira, por ejemplo, no tiene tiempo ni siquiera para dormir.

La figura de poderoso de pacotilla de la abuela está enmarcada por numerosos símbolos caricaturizados del poder (“nunca se vio –dice el narrador al comienzo del pasaje arriba citado– tanta opulencia junta por aquellos reinos de pobres”). El palio de iglesia bajo cuya sombra se cobija del sol infernal del desierto la hace parecer un remedo grotesco de una personalidad importante o de una imagen sacra en procesión religiosa. Viaja sentada, elevada sobre un trono. Los jerarcas y reyes de todos los tiempos han sido conscientes del papel clave de la corpulencia física en la intimidación de los vasallos. Razón por la que desde siempre hayan empleado diversos medios para engrandecer su figura. El trono se caracteriza por situar al rey por encima de cualquier humano. La corona (o la tiara papal) además de realzar su dignidad y representar el poder que le dan sus riquezas, sirve para elevar su estatura.

Eréndira, que caminaba al paso del burro agobiada por el calor y el polvo, no hizo ningún reproche a las cue ntas de la abuela, pero tuvo que reprimirse para no llorar. –Tengo vidrio molido en los huesos –dijo. –Trata de dormir. –Sí, abuela. Cerró los ojos, respiró a fondo una bocanada de aire abrasante, y siguió caminando dormida (pag. 102).

Los demás símbolos refuerzan la parodia: las guirnaldas –emblema del triunfo– del palanquín son de papel, los bienes que ha ido acumulando a lo largo de los años con el sacrificio de su nieta son simples oropeles que alimentan sus sueños de grandeza. Un báculo de obispo (pág. 104) le sirve para hacer menos rabiosa la tarea de mover su descomunal cuerpo y para imponer su autoridad cuando la s circunstancias lo exigen. Eréndira, por su parte, aunque ahora va sentada a su lado (al comienzo de su peripecia viaja a pie, al paso del burro de su dueña), va atada. Como los esclavos y los reos condenados a trabajos forzados, lleva la cadena del

El dictador de El otoño del patriarca en su paroxismo amoroso por Manuela Sánchez hace levantar a sus súbditos a las 2 de la madrugada y decreta que es pleno día. Sin duda, una de las obsesiones de García Márquez es el tiempo. Es, de hecho, el pilar estructural más importante de El otoño…. y de Cien años de soledad. En este último, el tiempo comienza con la formación de la familia de los Buendía y termina con el encierro voluntario y para siempre del último vástago de la estirpe. En El otoño…, el punto de referencia temporal

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es el dictador. Con su muerte se acaba hasta la eternidad. La abuela, por su parte, no sólo es y ha sido dueña de su nieta sino que también lo es de su futuro, más allá de su propia muerte. Su visión del porvenir de Eréndira, tiene en el tono la autoridad de un presagio divino:

es la noche que conoce a Ulises, precisamente cuando dispone libremente de su cuerpo, de sí misma. El tirano es también el dueño del discurso, el intérprete de la voluntad y los sentimientos de su dominado o dominados. A nivel lingüístico, donde mejor se ejemplifica esta potestad es en el plural mayestático, prerrogativa de reyes, papas y otros altos ma ndatarios. Ese “nosotros” engloba al rey –la cabeza pensante– y a los súbditos y metaboliza cualesquiera que puedan ser los discursos ajenos. “El cabeza de familia” es, a nivel metafórico, otra síntesis de la unidad orgánica que conforma el poderoso con sus dominados. Esta expresión odiosa refleja la índole jerárquica de la familia. La relación de Eréndir a y su abuela está fundamentada en una tradición familiar autoritaria que todavía se agazapa impune en la mayoría de países supuestamente democráticos.

–Serás una dueña señorial. Una dama de alcurnia venerada por tus protegidas, y complacida y honrada por las más altas autoridades. Los capitanes de los buques te mandarán postales desde todos los puertos del mundo (pág. 139). El prestigio de tu casa volará de boca en boca desde el cordón de las Antillas hasta los reinos de Holanda. Y ha de ser más importante que la casa presidencial, porque en ella se discutirán los asuntos del gobierno y se arreglará el destino de la nación (pág 140).

El desamparo de Eréndira, explotada y vilipendiada por quien debiera protegerla, convierte a La C.E. en un relato de terror, aunque en clave de cuento de hadas. Cuesta aceptarlo como tal porque, en primer lugar, este relato elude cualquier clasificación estricta y, en segundo lugar, porque el mal no está representado por seres o hechos sobrenaturales, con los que tradicionalmente se suele asociar el género. En historias como Drácula de Stoker, Frankenstein de Mary Shelley o La casa de Usher de Edgar Allan Poe, el terror es causado por seres fantásticos, o por lo macabro. En La C.E., en cambio, el mal está representado por alguien muy humano, por alguien que podría pasar por una persona normal si otras hubieran sido sus circunstancias. La abuela de La C.E. es una representación sin tapujos de la maldad humana, un retrato hiperrealista de los explotadores sexuales de cuyas infamias tenemos actualmente noticia

Pero la máxima expresión de dominio quizá no es el control del tiempo de su esclava sino el de su sexualidad. Tanto la represión como la explotación sexual son formas de colonización de la intimidad, la esencia de la subyugación espiritual del dominado. El extenuante trabajo sexual de Eréndira es traducido por el narrador con la metáfora “la galera mortal de la cama” (pág. 116), que alude a las terribles embarcaciones en que en el siglo XVIII se explotaba, a menudo hasta a la muerte, a los convictos a galeras. Otro símbolo sutil de la alienación de Eréndira, que enlaza con el de la sexualidad, es su hablar lacónico. “Sí, abuela”, es todo lo que tiene por respuesta. En el convento de los misioneros llega al mutismo absoluto. Nadie consiguió sacarle una palabra. La única vez que Eréndira se torna locuaz

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Los tintes de terror en un hecho tan antiguo como la explotación del hombre por el hombre se hacen visibles merced a la mentalidad moderna que rechaza barbaries antes aceptadas como dictados del destino, castigo divino o con la convicción profunda de que unas personas habían nacido para ser sojuzgadas por otras en razón de su innata inferioridad racial, mental, espiritual o moral. En la guerra de secesión estadounidense, un enorme conglomerado humano defendía la esclavitud sin la más mínima conciencia de culpa, en la Alemania nazi, miles de ciudadanos y de instituciones se convirtieron, por acción u omisión, en terribles verdugos; en la Yugoslavia de Karadzic y Milosevic, el vecino se volvió contra el vecino sin más argumentos que el sueño de una gran Serbia; en el País vasco, centenares de ciudadanos normales vitorean los asesinatos de ETA. Todas estos verdugos no son seres sobrenaturales, ni enfermos mentales como los psicópatas habituales de los thrillers estadounidenses. De su misma pasta está hecha la abuela de Eréndira. No es una persona sádica que disfrute con el sufrimiento ajeno, sino una más de las que se aprovechan de la impunidad y las alas que les otorga n una ideología o un simple territorio. La violencia, dice Isaac Asimov, es el recurso del incompetente. Yo diría más bien que es el recurso principal de nuestra especie. La subyugación de otras criaturas y de nuestros semejantes más débiles ha sido el condimento esencial de las civilizaciones. Sobre las espaldas de los oprimidos se ha construido la grandeza de los imperios. La relación de Eréndira y la abuela es una parodia de esto, pero una parodia muy seria.

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excepcional de un mártir en la búsqueda del camino de la libertad. Camilo Torres es un héroe especial, un auténtico intelectual que se sumó a la guerrilla.

EL CURA DE LA REVOLUCIÓN 229 -Camilo Torres, by Germán Guzmán, Sheed and Ward, 310 pp. -Camilo Torres, his life and his message, edited by John Álvarez García; Templegate, 128 pp. - Camilo Torres por el Padre Camilo Torres Restrepo (1956-1966) Sondeos N° 5. Centro Intercultural de Documentación - Colombia-Camilo Torres un símbolo controvertido 1962-1967 Centro Intercultural de Documentación. Dossier N° 12.

Pero hay también una visión más oscura de Latinoamérica: la de un continente cruento. Increíblemente diverso, denso y complicado, resistente al cambio, sufrido, la visión del continente deprimente. Desde esta perspectiva Torres murió en vano, no como un mártir, aunque lo hiciera con convicción. Colombia – ¿Qué significado tie ne la muerte de un hombre en su vida política? Colombia es un país duro, en “vía de desarrollo” pero desarticulado y limitado. Tres cordilleras andinas lo elevan desde el Pacífico hasta sus nudos montañosos. Arriba en las frías depresiones el ambiente rural transcurre en medio de pequeños odios y rencillas. En los valles a lo largo de los ríos Cauca y Magdalena, los cultivadores de café y los dueños de haciendas ganaderas viven también en medio de sus rencores. En las grandes ciudades, Bogotá, Medellín y Cali en el interior y Barranquilla en el Caribe, todos los tratos son sospechosos. La lluvia cae eternamente, o amenaza con caer, encerrando a la gente, dejando las calles desoladas y resplandecientes, haciendo más profundo el lodo en los campos, dejando al país tan gris como una película en blanco y negro. Por doquier el sentimiento es de soledad, de exclusión.

Por John Womack, Jr230 . Históricamente a Latinoamérica se la ha visto como un lugar lleno de conmoción. Enormes montañas, selvas exuberantes, pobreza y riqueza desbordante, la política envuelta en sangre, en suma la visión de un continente apasionante. Esta imagen no sólo ha obsesionado a turistas y a artistas sino también a hombres de negocios, religiosos, gobernantes y revolucionarios. La Nueva Izquierda, aquí, en Europa y en Latinoamérica se ha volcado últimamente hacia este continente. Para ellos la muerte de Camilo Torres, el clérigo y sociólogo colombiano muerto en una acción revolucionaria en 1966, al igual que la muerte del Che en 1967, es un ejemplo 229

Por considerarla un modelo en el género de la reseña; incluimos aquí la primera reseña hecha sobre la vida y obra de Camilo Torres, que apareció en la New York Review of Books el 23 de Octubre de 1969. Tiene el valor antológico de haber dado a conocer la vida y la obra de Camilo, con la correspondiente caricatura de David Levine, en los círculos intelectuales newyorkinos y norteamericanos, evaluando el conjunto de los títulos que a esa fecha, 1969, habían aparecido sobre él. ( N. del E.) 230 Historiador, profesor de la Universidad de Harvard.

Colombia tiene una coherencia superficial. Durante 150 años, desde su independencia de España en 1819, una sola clase social ha regido allí. Los partidos liberal y conservador se han mantenido gracias a su capacidad para cooptar en sus filas a unos cuantos advenedizos, y excluir a los

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intransigentes. De las Grandes Familias han salido por tradición los jerarcas de la política, la religión y la economía del país. Maestros de la manipulación y de la coerción, conforman, tal vez, la oligarquía más perspicaz de la América Latina moderna. Pero lo permanente del control que ejerce dicha oligarquía en el país, agrava los conflictos. El peor obstáculo para un cambio lo constituyen la clave de esa dominación: los dos partidos tradicionales. Dentro de las Grandes Familias son los partidos los que han mantenido lazos de unión, un pacto entre caballeros liberales y conservadores, y un debate erudito en Bogotá. . Sin embargo, hacia el pueblo, la gente del común, las Familias liberales se identifican a sí mismos, a sus clientes, empleados, deudores e inquilinos como “rojos” y las Grandes Familias conservadoras a su vez como “azules”, y a éste nive l los partidos contribuyeron a que se transformaran las rivalidades entre familias en enfrentamientos locales. Gracias a las Grandes Familias la política todo lo invade pero no por ello alivia el desamparo.

Los asesinatos se incrementaron después de 1950, cuando en una elección viciada, un conservador subió a la presidencia. Los colombianos terminaron por reconocer que a pesar de las motivaciones políticas que la desencadenaron, ésta no era una guerra civil ni una guerra de liberación nacional, y simplemente la llamaron La Violencia. Los asesinatos eran por lo regular de carácter partidista pero siempre guiados por el desenfreno, cometidos por pequeñas bandas, masacres sin estrategia y sin la dignidad de una lucha por una causa o por una defensa. Fue una insensatez en el sentido clásico de la palabra, un asunto privado, o mejor, miles y miles de asuntos privados, vecinos quemando las casas de sus vecinos y asesinando a sus familias, maniáticos homicidas convirtiéndose en jefes locales; el gobierno enviando al ejército y a la policía a dispararle a los refugiados como si fueran apátridas. En 1953, para rescatar al país, el General Gustavo Rojas Pinilla se tomó el poder y estableció una dictadura militar. Durante varios meses los asesinatos disminuyeron. Luego Ro jas Pinilla se corrompió y los asesinatos reiniciaron con mayor fuerza. No fue hasta que la oligarquía recuperó el poder, depuesto Rojas y reinstalados los partidos en 1958 que las matanzas disminuyeron. Simple terror y venganza, La Violencia nunca se tornó en revolución. La memoria que ha dejado es la del sufrimiento, pero no la del orgullo ni la del coraje.

En las pocas ocasiones en que la oligarquía pierde el control, el país entra en agonía. En la última debacle comprendida entre 1948 y 1958 los partidos prácticamente se desintegraron y los colombianos se asesinaron unos a otros sumando probablemente una cifra de 180 mil muertos. La matanza empezó bajo el gobierno de un presidente conservador, con el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, reconocido líder liberal de orígenes y convicciones populares. A raíz de su asesinato en Bogotá y otras ciudades sus partidarios desencadenaron graves disturbios. Para reprimirlos los conservadores se organizaron en contra de todos los “rojos”. En retaliación los liberales, en donde quiera que estaban aún al mando, hicieron lo propio contra los “azules”.

Desde 1958 la oligarquía ha manejado con mano firme el “desarrollo” (término en boga ) del país. Los jefes de los partidos conservador y liberal han cooperado en un Frente Nacional, un acuerdo al que llegaron los partidos y en

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el que hasta 1974 se turnarán la presidencia cada cuatro años y se mantiene la estricta paridad en el desempeño de los cargos públicos. La economía en expansión, con un Instituto de Reforma Agraria y un impuesto de renta e ingresos fiscales que se incrementan de modo gradual la han convertido “la vitrina de la Alianza para el Progreso”, y a los ojos de la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) (con un incremento del 6 por ciento en el Producto Nacional Bruto PNB) demuestra ser solvente. Pero las dificultades persisten. La distribución del ingreso indica que tres cuartas partes de la población son pobres. La Violencia continúa en algunas zonas periféricas, y en algunos lugares se convierte en una lucha revolucionaria con liderazgo comunista. La oligarquía sin embargo permanece incólume y sólidamente asentada en el poder. El presidente Carlos Lleras Restrepo visitó Washington en junio, y es en estos años el único presidente latinoamericano que puede dejar tranquilamente su país para hacer un viaje a los Estados Unidos y regresar de forma desapercibida.

Rosario, El Liceo Ricaurte y el Liceo Cervantes. Pero más que estudiar al chico le gustaba practicar deportes, investigar y escribir reportajes para el periódico estudiantil. Durante su último año en el colegio sus padres le hicieron prometer que mejoraría sus notas, y de hecho al finalizar ese año obtuvo menciones. Luego en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional ya convertido en un joven atractivo, escribía de nuevo para los periódicos y parecía más feliz persiguiendo chicas que dedicado a sus libros, apenas permaneció un semestre. Al año siguiente, 1948, terrible año para el país, con el asesinato de Gaitán, las revueltas, la represión, Camilo Torres entró en un proceso de reflexión. Pero más que la Violencia lo que parecía atormentarlo eran las eternas quejas de su familia y el hecho de que su novia se hubiese ido al convento. De vacaciones en la extensa llanura colombiana, lejos de casa, decide que su vida es un absurdo. En el idealismo y egoísmo típicos de un joven de 19 años, reflexionó: “El gran problema: ¿Dónde y como podría ser yo más útil?” Pero los únicos usos que se le ocurrían para su vida eran profesiones lucrativas como médico, abogado, ingeniero, químico...” su respuesta final “Una solución definitiva y la más lógica”: convertirse en religioso. Pero esto lo imaginaba en principio Camilo Torres como un retiro monacal, una vida de asceta. De nuevo en casa casi escapa para unirse a los Dominicanos pero su madre lo detuvo en la estación del ferrocarril y organizó su entrada al Seminario arquidiocesano en Bogotá para tenerlo más cerca de casa y en los círculos apropiados.

Este es el país que dio a luz a Camilo Torres y en el que murió por tratar de cambiarlo. Ante todo Camilo Torres fue un intelectual. Pero los privilegios que su país le diera lo confundieron y coartaron hasta el punto de que difícilmente pudo seguir su vocación. Nacido en una familia liberal acomodada, en Bogotá en 1929, niño enfermizo, hijo menor de un reconocido pediatra bogotano y de una bella mujer perteneciente a una de las Grandes Familias, Camilo tuvo privilegios pero poco gusto por el aprendizaje. Asistió a los colegios preferidos por la élite bogotana: El Colegio Alemán, El Colegio Jesuita del

Por seis años, durante la peor parte de La Violencia, el colapso de los partidos y el golpe militar, el joven Torres se preparó para recibir las órdenes

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sagradas. En el seminario, Camilo disfrutaba más del juego con sus compañeros que de los dogmas o del estudio de los cánones. “Ellos tuvieron que aguantarme” diría Camilo Torres más tarde refiriéndose a su época del seminario. Ordenado en 1954 comenzó su carrera sacramental no como un cura de pueblo, como Bernano en angustiosa búsqueda por salvar almas, sino como cualquier otro clérigo de primera en Bogotá, más guapo que nunca con su sotana negra. Sin una parroquia o una misión asignada, pasaba sus días en ceremonias elegantes. Según los chismes bogotanos tenía reputación de seductor de monjas. A los 25 sólo era un ser interesante para su familia y sus amigos y para unas cuantas chicas de esa ciudad que lo vio nacer. Se necesitó de un viaje a Europa para que sus verdaderos talentos salieran a flote.

Universidad de Lovaina. Sus textos fueron los clásicos: Tönnies, Durkheim, Weber, T. H. Marshal, Parsons, MacIver. Pero aprendió de sus profesores algo más que los conceptos de Comunidad y Sociedad o de Estructura y Función. Por ejemp lo, de aquellos que se denominaban “proMarxistas” ( en particular Francois Houtart ) aprendió que los católicos deben conocer sus sociedades y deben tratar de reformarlas, que los curas deben ser sociólogos natos y organizadores de sus comunidades. Implícita en todas sus lecciones estuvo la doctrina predominante en Lovaina desde la Segunda Guerra, el socialismo católico moderno del Jesuita Roger Vekemans. Lo que Torres estaba aprendiendo era la nueva teología que florecería en el Ecumenismo cuyo mensaje urgente era el de la responsabilidad humana, un llamado en contra de la eterna excusa acerca de los límites humanos, una afirmación de la capacidad y responsabilidad del hombre. Lo esotérico que pudiera haber en la nueva teología no importó mucho a éste ávido estudiante colombiano. Lo que le importaba era el mensaje que Dios se había revelado no para que el hombre dependiera de él, sino para que el hombre asumiera su responsabilidad. CamiloTorres tomó esto como un mandamiento de caridad.

En 1955 probablemente para deshacerse de él, el arzobispo de Bogotá lo envía a Bélgica a estudiar a la Universidad Católica de Lovaina. Allí el joven cura se encuentra en otro país dividido y algo lúgubre, pero un país que lo liberaría; un país europeo típico donde los conflictos sociales no eran motivo de vergüenza como en América Latina, sino que eran un asunto de debate público, organizados y legítimos, un país donde las clases sociales se empeñaban en una lucha cotidiana sobre asuntos específicos, y en el que muchos católicos, porque la mayoría lo era, se consideraban a sí mismos socialistas, un país en fin en el que sus ciudadanos asumían lo que hay de humano en los conflictos. De nuevo en una universidad, pero libre ahora de pretensiones acartonadas y de la implacable culpa que sentía en casa, descubriendo un mundo abierto al intelecto, Camilo Torres decide pensar.

Las exigencias de la sociología, la responsabilidad, y la caridad estaban mezcladas en su cabeza. “El conocimiento científico no se puede concebir sino como servicio al hombre y a Dios...” Escribió Torres para un seminario en la Universidad Nacional, dejando perplejos a sus antiguos profesores. De vacaciones en París pasó un período con curas obreros, recogiendo basuras. Durante unas cortas vacaciones en Bogotá dio una entrevista y dijo al periodista: “nosotros (los hombres jóvenes cultos) no

Se concentró en la sociología, una especialidad destacada en la

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podemos permanecer impasibles frente a la miseria física y moral de la mayoría de la población”.

auspicio oficial él y otros jóvenes profesionales fundaron el Departamento de Sociología de la Universidad, el Programa Nacional para la Acción Comunal, y llevaron a cabo el primer Congreso de Sociología en Colombia. Destituido de la Capellanía pero nombrado decano de La Escuela Superior de Administración Pública, dio seminarios a altos funcionarios del Estado sobre cuestiones sociales, patrocinó cursos sobre reforma agraria para campesinos, y promovió cooperativas rurales. Mientras tanto enseñaba Sociología y entrenaba organizadores comunitarios en la Universidad y en la Administración Pública. Por designación del Arzobispo accedió a un cargo en la junta ejecutiva del Instituto Colombiano para la Reforma Agraria. Y por sus propios medios organizó cooperativas en los barrios marginados de Bogotá y a su vez condujo a profesionales y estudiantes a desarrollar proyectos en dichas zonas.

Pero sus mejores esfuerzos fueron intelectuales. En 1958, se graduó de su Maestría en Ciencia Política y Social de la Universidad de Lovaina. Su tesis “Aproximación a la Realidad Socioeconómica de la Ciudad de Bogotá” fue un buen trabajo académico. La disciplina que demostró al hacerla probaba que Camilo tenía ahora sus ímpetus bajo control. Para completar su formación y tras una gira por Europa oriental, Camilo Torres regresó a Lovaina y trabajó como vicerrector de un colegio especial para la capacitación y entrenamiento de curas latinoamericanos. También planeó su tesis doctoral y organizó a un grupo de estudiantes colombianos en Europa para estudiar los problemas de su país. Pero Colombia no le dejaría estar lejos de casa. Primero su madre vino a vivir con él y luego se propuso hacer su investigación sobre Colombia. En 1959, a los treinta años y convertido en un serio y ferviente intelectual, Camilo Torres regresa a casa.

Comenzó a divulgar sus ideas sobre la ciencia social y el servicio social en múltiples entrevistas, conferencias, mesas redondas. Siempre ocupado, afable y sincero el airoso padre Torres, se convirtió pronto en una celebridad: “el padre Camilo”. Pero la verdad es que lo mejor de él seguía siendo su producción intelectual. Su mejor ensayo “ La violencia y los cambios socioculturales en el campesinado colombiano” estaba centrado en un argumento original y persuasivo acerca de que la Violencia había sido una revolución inadvertida pues había sacado a los campesinos colombianos de sus antiguos prejuicios locales y los había conducido a un ámbito nacional. Lo claro del análisis probó las calidades de Torres como hombre independiente, lúcido y carismático. Pero Camilo Torres se había granjeado enemigos, y los más astutos de ellos temían la

Durante un tiempo Colombia le permitió dar lo mejor de sí. Una vez derrocar al dictador militar, la oligarquía se realineó en el Frente Nacional, atenuada la Violencia, con reformas gubernamentales y un progreso claramente en marcha, el país podía soportar las críticas de los intelectuales. Con Juan XXIII en Roma y John F. Kennedy en Washington, las críticas podrían incluso dejar bien librados a los gobernantes. En todo caso, a comienzos de los sesenta Camilo Torres era como una estrella en ascenso En la Universidad Nacional fue un capellán nato, carismático. Bajo

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influencia que podía ejercer sobre sus alumnos y lo hicieron cambiar su carrera de la Universidad a la administración pública. Pero Camilo sentía cada vez más que como intelectual, podía incidir en el destino de su país.

violentos y justificando la alianza con los marxistas. Mientras más militante se volvía, más lo impulsaba el propio país a la lucha política y a la búsqueda del poder, para el cual, en verdad, no tenía talento alguno. En febrero de 1965, cuando surge una nueva emergencia económica y la crisis política consiguiente Camilo diseña un programa nacional para una reforma radical, una plataforma política. En marzo fue de gira por diferentes ciudades en busca de respaldo. Finalmente se vio impulsado a la política nacional, donde evidentemente muchos lo querían, pero donde estaba perdido.

Puede decirse que en 1964 Colombia había reclamado a Camilo Torres, y lo había sacado del trabajo que mejor desempeñaba. Nuevas emergencias lo preocupaban – una caída económica, un alza desaforada en los precios, el resurgimiento de la Violencia en varias zonas rurales ahora conformados como “repúblicas independientes” además de una gran abstención en las elecciones para Congreso. Mientras más se preocupaba por el país, más aprendía sobre su organización. Al estilo de C. Wright Mills ana lizó la oligarquía como una "élite del poder", una pequeña clase organizada que dominaba a las vastas “clases populares” desorganizadas. Su principal obstáculo económico era a sus ojos la dependencia respecto de los norteamericanos, quienes, a diferenc ia de la retórica al uso, más que ayudarlo se beneficiaban de él.

La carrera política de Camilo Torres duró apenas cinco meses. Empezó en medio de una gran confusión que él mismo ayudó a crear. El 22 de mayo de 1965, habiendo pedido de antemano al arzobispo tanto su degradación al estatus de laico (para servir a la iglesia y al país de forma más efectiva) como un permiso para regresar a Lovaina (para proseguir con sus estudios de doctorado) presentó la plataforma del Frente Unido del Pueblo Colombiano. Esta plataforma repetía la ya familiar convocatoria de la izquierda latinoamericana, a todos los ciudadanos en todos los bandos (excepto los “partidos tradicionales”) a unirse a las campañas a favor de la reforma agraria y urbana, del impuesto de renta progresivo, la nacionalización de servicios básicos y de exploración explotación de las riquezas del subsuelo, etc. .

Mientras más aprendía sobre el país más se mostraba inconforme con él y más militante se volvía. “Si los ‘líderes populares’ convocaran a las ‘clases populares’ a un ‘frente unido’”, decía Camilo, a pesar de las objeciones de la oligarquía ‘el grupo de presión de las mayorías’ podría establecer “una verdadera democracia”. Abiertamente hizo sus primeras declaraciones de corte fidelista a la prensa acerca del imperialismo yanqui. En Lova ina en la Segunda Conferencia Internacional por la Vida en el Mundo presentó un trabajo sobre “ la revolución, como imperativo cristiano” profesando cambios radicales, ya sea pacíficos o

Era inevitable el conflicto con los jerarcas políticos y religiosos quienes lo condenaban por mezclar la política con la religión. Su arzobispo lo hizo destituir de sus cargos en la Universidad y en la Administración pública. En junio las denuncias oficiales se hicieron

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más notorias y lo forzaron a organizar su Frente Unido. De nuevo solicitó su estatus de laico y el arzobispo se lo concedió. Sin sotana y vestido simplemente como “Camilo” en pantalones y camiseta deportiva, hastiado del análisis intelectual y adoptando un nuevo tono acerca de “la toma del poder” pudo hacer política como un hombre común. Pero no pudo decidirse por una estrategia. Consideraba a la vez que la oligarquía era decadente y omnipotente, y sostenía, alternativamente, que un movimiento popular podía llegar a formarse dentro del orden establecido o que no lo podría hacer, Torres se oscilaba de manera irreflexiva entre la acción por vía legal o ilega l.

estudiantes, obreros, soñadores y revolucionarios, Camilo Torres trató de organizarlo como un partido nacional. Pero como lo explicaría públicamente, su movimiento tenía un objetivo inusual, que no era el de competir en las elecciones de la oligarquía sino tomar el control en el momento en que la oligarquía fallara. También empezó a publicar una serie de manifiestos incisivos, Mensajes, como él los llamaba, dirigidos a obreros, campesinos, mujeres, estudiantes, soldados entre otros. Allí estaba el intelectual, intuyendo las esperanzas populares y las ansiedades y temores que conocía a través de sus investigaciones, reafirmándole a la gente que los sintió en carne propia, e insistiendo que el Frente Unido los aliviaría. Vistos de modo retrospectivo esos Mensajes eran una propaganda impresionante, a menudo tan buena como la de Perón o del mismo Fidel, en realidad mucho mejores que el promedio de los sermones radicales. Ellos mostraban a un Camilo que con el tiempo se podía convertir en el mayor teórico de la izquierda Latinoamericana. Pero a sus amigos confesaba orgullosamente “Soy un guerrillero en la ciudad en una misión”.

En julio ganó el apoyo de algunos liberales de extrema izquierda, unos cuantos curas disidentes, y sectas como las de los Demócratas Cristianos, los simpatizantes de Fidel Castro, los maoístas, todos actuando todavía dentro de la ley, todos públicamente orientados hacia la gran “convención popular” que se reuniría cinco meses más tarde. Pero a la vez hizo contactos con guerrilleros que estaban fuera de la ley, argumentando que su “trabajo legal” terminaría en “dos o tres meses”. En agosto y comienzos de septiembre se hacía patente el apoyo popular en las grandes ciudades. En discursos y por medio del semanario radical Frente Unido urgió a sus seguidores a formar comités locales para la Revolución... para conseguir que el gobierno alimente a los hambrientos (y) vista a los desnudos...”

A finales de septiembre los demócratas cristianos le retiraron su apoyo, temiendo la disolución en un grupo mayor, y los comunistas se enfrascaron en sempiternas discusiones. Ya sin respaldo, Torres no podría mantener el firme apoyo popular. Quizá la mayoría de su gente temía a la violencia, ya que, a diferencia de él, ellos sí la habían vivido.

De repente Camilo Torres se convirtió en el líder popular más inspirador, de más arrastre, desde Gaitán. Mientras su frente unido se convertía en un movimiento importante, conformado por un grupo apasionado de

A mediados de octubre el Frente Unido fracasó, debido a una confusión que el mismo Camilo contribuyó a agravar. Su oficina principal permaneció abierta, el semanario radical continuó y los

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Mensajes siguieron apareciendo, pero Camilo se esfumó, acosado y desconsolado, convencido ya de que entre más difícil fuera hacer la revolución ésta llegaría más pronto... poco después llegarían noticias de que se había unido a la guerrilla.

“Cada verdadero revolucionario debe reconocer la vía armada como la única salida... Ha llegado el momento... Militantes del Frente Unido: Pongamos nuestros lemas en práctica. ¡liberación o muerte! " El anuncio sorprendió a la clase política. Pero no produjo una revuelta popular. El 15 de febrero, repeliendo una emboscada en la zona del ELN, una patrulla del ejercito mató cinco guerrilleros. Uno de ellos era Camilo Torres. El ejercito lo sepultó, pero no informó dónde, y su tumba se ha mantenido en secreto. En algunas ciudades hubo protestas estudiantiles.

La carrera revolucionaria de Torres duró apenas cuatro meses. El grupo guerrillero al que se había unido, el Ejercito de Liberación Nacional (ELN), era una de las dos organizaciones guerrilleras comunistas en Colombia. Sus bases estaban unas 250 Kilómetros al norte de Bogotá. Las de la otra guerrilla otros tantos hacia el sur oeste. El ELN tenía una organización más fresca y definida que la del otro grupo. Sus tácticas también eran más vistosas. Los escuadrones móviles del ELN maniobraban agresivamente atacando al ejercito y la policía, mientras que la otra guerrilla, convertida en milicia, en grupos de autodefensa escasamente defendía el territorio de sus “pequeñas repúblicas”.

Desde su muerte el “cura guerrillero” se ha convertido en una figura internacional, no de la talla del Che, algo menor, pero sí de su perfil. En Cuba Fidel ha dado su nombre a una escuela. Aquí, en Norteamérica al igual que Francia, Bélgica, España y Latinoamérica (incluyendo Cuba) pensamos que es muy importante la forma como él vivió y murió y nos preocupamos acerca de los interrogantes implícitos en su carrera. ¿Cómo puede existir política después de la visión del Apocalipsis? ¿El apartarse de un régimen supone el desconocimiento de su poder? ¿Es el radical empleo de la violencia un compromiso o un escape, o un puente entre los dos? ¿Pueden los católicos honestos y los comunistas ver la misma realidad, como Fidel decía, exaltando a Camilo Torres, y sería esto suficiente para unirse en una revolución continental? ¿Puede el socialismo católico crecer donde los jerarcas de la iglesia no lo desean? ¿Y en qué se convertiría sin su aprobación? ¿Existe una teoría católica particular sobre la revolución, que supere la doctrina defensiva de una guerra justa y la doctrina ofensiva de una guerra santa? Pronto, alguien podrá escribir un buen libro sobre la iglesia y las Revoluciones Modernas, con un capítulo acerca de

Para Camilo Torres era más importante el liderazgo del ELN, organización a la vez nacionalista y comunista, integrada por jóvenes con formación universitaria y que seguían el modelo de la revolución cubana. El otro liderazgo era viejo, crudo y moscovita. En el ELN el ímpetu humano, la emotividad parecían ser más importantes que la ideología, es por esta razón que un católico podía encajar sin tener que renunciar a sus creenc ias. En los campos secretos del ELN Camilo Torres recibió un breve entrenamiento como guerrillero. Dejó crecer su cabello y su barba al estilo fidelista. El siete de enero de 1966, en volantes que circularon en Bogotá, formalmente anunció su entrada al ELN. Los guerrilleros, declaró, luchaban por los mismos ideales que el Frente unido.

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Torres, poniendo nuestras preocupaciones en perspectiva.

haríamos en Nueva York, París o ciudad de México. Y Colombia parece haberla asimilado. Causó conmoción y estupor inicialmente al punto que los amigos intelectuales de Torres no parecían soportar su muerte. Cuando Germán Guzmán, un cura y sociólogo como Torres, colega suyo por cinco años trató de “interpretarlo” su nerviosa retórica reveló su incapacidad ocasionada por el duelo. Otros lamentaron que un camarada tan joven e inteligente y procedente de respetable familia hubiese muerto a esa edad. También la oligarquía tuvo sentimientos agudos de pena por el hijo que habían perdido. Pero pronto el país lo superó, por ahora lo ha asimilado, para unos como un héroe muerto, para otros como un muerto, impertinente y que había perdido la cabeza, de cualquier forma las condiciones no parecen haber cambiado. La inutilidad del esfuerzo de Camilo Torres se hizo evidente durante la visita del Papa Pablo a Colombia, hace un año. Cuándo el Papa repitió ante una multitud de conmovidos aparceros y jornaleros agrícolas el lema de la reforma agraria “La tierra pertenece a quien la trabaja” Un furioso propietario en la multitud se atrevió a gritar “¿ Y una mujer pertenece a quien la perjudique?” .

La literatura acerca de Torres aparece difusa y repetitiva, la mayoría en artículos de periódicos católicos e izquierdistas. Dos nuevos libros en inglés añaden muy poco a nuestro conocimiento. Los dos son traducciones de versiones idealizadas colombianas acerca de Camilo Torres. El Camilo Torres de Germán Guzmán, es tortuoso leerlo, un ejercicio obsesivo de hagiografía, increíblemente tergiversado e inútil excepto por algunos documentos del archivo personal de Torres (y por otra parte la traducción es demasiado mala) Camilo Torres, su vida y su mensaje de John Alvarez García es ligeramente mejor – con un empalagoso prólogo de Dorothy Day en donde por cierto confunde a Colombia con Guatemalauna introducción del traductor acerca de Colombia y dieciséis Manifiestos de Torres (la traducción es mejor pero con algunos errores.) Sin embargo, ahora podemo s estudiar seriamente al hombre, gracias a los dos buenos volúmenes CIDOC del Centro Intercultural de Documentación de Ivan Illich en Cuernavaca. Camilo Torres es una selección de sus principales escritos y pronunciamientos. Colombia Camilo Torres es una bibliografía extensa que cita material de y acerca de Torres en periódicos, revistas y libros. Esos volúmenes son una incalculable ayuda para la "Torresología". La dificultad radica en que las ediciones del CIDOC sólo están disponibles si se escriben directamente a Cuernavaca y la bibliografía es únicamente para suscriptores.

En Colombia, todavía, entre más informada e interesada esté una persona de lo que ocurre en su país, más consciente se hace de que vive una mentira, o más subversiva se vuelve. La primera tendencia es la que prevalece, la segunda recuerda la compulsión que Torres describió en sí mismo, porque era un colombiano, un sociólogo, un cristiano y un cura, Torres decía que no podía evitar convertirse en un revolucionario. Al final, para aquellos que van más allá, la opción sigue siendo todavía el suicidio físico o moral.

Pero el significado de la muerte de Camilo Torres radica en las diferencias que haya podido producir en el país donde ocurrió, y no la reflexión que

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Las clases educadas y patrióticas aguzan el suplicio de las almas que no tiene cura. La gente del común continúa avivando sus propios tormentos. Todo esto va más allá de la pasión y la depresión. Todo lo que podemos decir acertadamente de nosotros es que nuestro país también está llevando a hombres pensadores a engañarlo o conspirar en su contra.

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MEMORIA DE UN PAÍS EN GUERRA Los Mil Días 1899-1902 Gonzalo Sánchez - Mario Aguilera (Editores) Bogotá, Planeta, 2001

aspectos económicos y políticomilitares tradicionalmente incluidos aunque sometidos por momentos a una mirada renovadora-, sino muchos otros que una perspectiva convencional de la política y de la guerra hubiera dejado de lado: el arte y la música, la literatura y los intelectuales, el papel de la mujer, la historia desconocida de los más humildes participantes -entre otros-, e intenta explícitamente, por lo menos en dos de sus textos - los de Ch. Bergquist y C.E. Jaramillo-, un examen comparativo entre la guerra de los Mil Días y la crisis presente de la sociedad colombiana, hecho poco frecuente en la historiografía nacional.

Por : Renán Silva , Departamento de Ciencias Sociales, Universidad del Valle. Sin lugar a dudas este es el libro más importante que se haya escrito hasta el presente sobre la guerra de los Mil Días, y no sólo, ni principalmente, porque no abunden los buenos trabajos históricos sobre ese episodio centenario con que concluyó nuestro agitado siglo XIX y entramos al siglo XX, igualmente repleto de conflictos y tensiones de compleja y difícil solución. Esperemos que, como lo sugiere M. Deas, uno de los mejores conocedores del tema y autor de uno de los capítulos del libro, estemos en vísperas de una renovación historiográfica del problema, renovación no por azar coincidente con uno de los momentos más difíciles del país, empantanado en una guerra sin esperanza, que se ha convertido en el principal obstáculo para la democratización y el progreso de la sociedad colombiana.

Los editores del libro, Mario Aguilera y Gonzalo Sánchez, son dos académicos reconocidos, cada uno con su propia obra -en marcha o consolidada-, pero del segundo de ellos es necesario decir que, además de sus pioneros trabajos sobre sociedades campesinas, política tradicional y bandolerismo en Colombia, es el responsable de otras dos compilaciones esclarecedoras sobre la historia moderna del país: Pasado y Presente de la Violencia en Colombia con Ricardo Peñaranda- y Grandes potencias, el 9 de abril y la Violencia, dos libros notables que tienen la virtud de recordarnos que la investigación social es un trabajo colectivo, y que por fuera de ciertas obras fundadoras y solitarias como las de Jaramillo Uribe, Reichel- Dolmatoff, el primer Fals Borda y la reflexión sobre historia colonial de Germán Colmenares -obras no muy frecuentes en una sociedad-, la ciencia social se construye de manera progresiva, por medio de esfuerzos coordinados que, para un momento preciso, sintetizan el “estado del arte” de un problema o conjunto de problemas.

El libro, un grueso volumen de 428 páginas, con muy pocas erratas y en general escrito de manera pulcra, está constituido por 17 capítulos, todos (menos uno que corresponde más bien a un testimonio) apoyados en investigaciones originales y firmados por especialistas en el tema, lo que se complementa con un interesante anexo documental y una cronología adecuada. Se trata de un libro que intenta por primera vez y con cierta originalidad la más amplia panorámica sobre la historia de ese largo conflicto, haciendo entrar en el campo del análisis no sólo los

De entrada hay que decir que, posiblemente, el mérito mayor de este

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libro sea su decidido interés por el presente, sin que del análisis histórico se haga un ejercicio de anacronismo o dé lugar a lecciones morales sobre nuestra situación actual. Como lo señalan los editores desde la propia primera frase de su Introducción: “Este es un libro sobre la guerra de los Mil Días que se ha hecho pensando en la del día de hoy”. “Pensando en la del día de hoy”, pero por fuera de toda analogía superficial o postulado continuista que harían del hoy simplemente la figura repetida y monótona o tan sólo aparentemente renovada del ayer, lo que no impide desde luego plantear posibles conexiones parciales entre elementos del pasado y el presente. Tal como lo indica con exactitud C. Bergquist en el polémico pero reflexivo texto con que se cierra el libro, “La comparación... más que una formulación prescriptiva es un ejercicio analítico. La comprensión de lo que pudo haber conllevado a pacificar el país en el siglo pasado no necesariamente conduce a una fórmula de paz aplicable y satisfactoria para comienzos del siglo XXI... El ejercicio de enfocar diferencias y similitudes aporta una perspectiva que tal vez puede ayudar a desentrañar la complejidad de la crisis contemporánea y sopesar las opciones políticas que se vislumbran actualmente en Colombia”.

cambios y permanencias en la evolución de una sociedad. Hay que advertir -para que se comprenda el esquematismo y la injusticia de estas líneas- que la obra que comentamos resulta difícil de valorar, tanto por la riqueza de algunos de sus textos y la propia extensión del volumen, como por la diversidad de temas y enfoques -un verdadero mosaico- y cierta desigualdad de los textos, lo que a veces hace pensar al lector que si bien los diferentes capítulos encuentran un punto de unidad formal en el tema: la guerra de los Mil Días, no encuentran esa misma unidad en relación con un problema, como si existiera ausencia de un núcleo común de discusión, de conexión interna entre los textos, más allá del proyecto general de recrear aspectos variados del conflicto, y esto aunque en dos o tres ocasiones se encuentran menciones críticas de unos autores respecto de otros, punto sobre el que volveré. Como no resulta aconsejable tampoco referirnos a cada uno de los textos - lo que nos impide, entre otras cosas, hablar de la novedad que contiene el soberbio texto de H. Tovar Pinzón: “Tras las huellas del soldado Pablo”-, tomaremos más bien el camino de presentar algunos reparos -algo menos que una crítica- a ciertos aspectos de este libro en donde creemos que se expresan tanto algunas de las dificultades de nosotros los historiadores colombianos respecto del oficio, como algunos problemas que son propios de las ciencias sociales, ofreciendo siempre por lo menos un ejemplo de lo que queremos señalar. Y en los renglones finales nos gustaría destacar otro de los puntos que consideramos notable en este libro valioso y en general juicioso, libro que desde ahora debe verse como una importante contribución a un debate,

Desde este punto de vista el libro, sin ninguna concesión al historicismo, nos recuerda la vigencia del análisis histórico como una forma excepcional de encarar el presente. Norbert Elias, hace ya muchos años, criticó con fina ironía la tendencia de los sociólogos a “refugiarse en el presente”, perdiendo de vista no sólo que las estructuras y procesos sociales se “fabrican” en la duración, sino que, por paradójico que parezca, la distancia hace más precisa la observación y el análisis de los fenómenos sociales, y nos permite concluir con alguna exactitud sobre

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sobre el pasado del país y sobre nuestra crisis presente.

Pero en donde los problemas de objeto, contexto y tratamiento de fuentes me parece que se concretan de manera más aguda es en el capítulo elaborado por J.D. Cortés, sobre “Clero, política y guerra”, que además muestra una redacción descuidada, a la que agrega ciertas generalizaciones discutibles, si tenemos en cuenta la documentación que el autor cita, y un tono sectario, poco académico e injustificado, como cuando habla, por ejemplo, de “cierta historiografía sectaria” -también la llama “liberal” entre comillas, como era de esperarse-, para referirse a la obra de C.E. Jaramillo, uno de los pioneros y principales estudiosos modernos de la guerra de los Mil Días. Citemos de manera breve y sólo como ilustración del tono admonitorio y autoritario de quien debe ser sin lugar a dudas un joven e impetuoso historiador: “Quiero llamar la atención sobre los inconvenientes de esta historiografía que borra los matices y se muestra incapaz de darle contexto internacional al desempeño de la institución” eclesiástica. (Cf. p. 193, Nota 59 y p. 185).

Se puede señalar en primer lugar, al tenor de este libro y si este sirve de medida de la actual profesionalización de la investigación histórica en Colombia, que los historiadores tenemos una gran dificultad para definir con precisión un objeto que nos libere de la descripción puramente empirista, y aun pintoresca, de un conjunto de eventos, tal como me parece que sucede, por ejemplo, con el capítulo sobre “La música en tiempos de guerra”, a cargo de Ellie Anne Duque, en general correcto con relación a sus fuentes, pero más cerca de la crónica que del trabajo histórico propiamente dicho. De la misma manera puede haber en nuestro trabajo de historiadores cierta dificultad para fijar con exactitud qué es lo que constituye, en términos temporales, un contexto, por lo que se termina más bien operando de manera práctica con la vieja noción de antecedentes, como sucede, por ejemplo, en el artículo de A. Martínez Carreño, “Mujeres en pie de guerra”, quien además parece aceptar sin ninguna discusión el lenguaje de la tradición, cuando refiriéndose a la participación de las mujeres en la Revolución de los Comuneros en 1782 por lo demás un contexto excesivo para hablar de la mujer en la guerra de los Mil Días-, nos habla de “esas verdaderas furias” que “encabezaron los motines, insultaron a las autoridades, saquearon los estancos... derramaron... incendiaron...”, haciendo suya una imagen que se encuentra en la documentación oficial sobre el evento, pero que no por ello deja de resultar unilateral e interesada y termina achacando a las mujeres una “economía moral” que las hace la mejor expresión de la “sin razón”, tal como las presentaron las autoridades oficiales en ese entonces.

Puede pensarse igualmente que el libro editado por Sánchez y Aguilera expresa bien los obstáculos que tenemos los historiadores para construir a través de lo que escribimos verdaderos diálogos, punto en el que simplemente nos mostramos como discípulos aplicados de nuestra tradición cultural dominante, con su proverbial característica de no escuchar lo que el otro dice o empobrecer el argumento contrario con el fin de imaginariamente “derrotarlo”, rasgo que se reconoce en las más famosas polémicas intelectuales en el país. El problema de la ausencia de ese espíritu dialogante que reclama la ciencia y la investigación puede observarse cuando miramos con cuidado los escasos puntos en que unos

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autores hacen referencia a las tesis de otros que también han estudiado el problema, actitud loable, pero aquí deformada al perder de vista el significado preciso de la tesis que se critica, o el momento de su formulación.

siglo XIX en Hispanoamérica de E. Posada Carbó -texto tan importante por muchos aspectos, sobre todo por aquellos que tienen que ver con las relaciones entre política y religión, y con la caracterización que hace Posada de buena parte de la historiografía moderna como “dependiente de una visión secularizada del mundo”, lo que nos parece una crítica fecunda-. Cuando Posada Carbó intenta discutir la afirmación de G. Sánchez acerca del carácter poco transformador de las estructuras sociales que han tenido las guerras civiles en América Latina, simplifica y reduce hasta el exceso. Aquí la injusticia -o la incomprensiónparece ser doble. De una parte Posada Carbó, al resumir lo que piensa que son las afirmaciones de Sánchez (cf. p. 60) olvida mencionar de manera explícita que se trata de observaciones fechadas, como siempre ocurre en historia-, que son observaciones que tienen algo más de diez años de haber sido propuestas, lo que no puede dejar de mencionarse cuando se habla de un autor en ejercicio que mantiene una perspectiva abierta en sus análisis.

Los ataques -en realidad escaramuzas de una batalla no librada- más infundados y superficiales son los que se dan contra la tesis de Ch. Bergquist acerca de las dos grandes fases de las guerra de los Mil Días, un fase inicial en que las fuerzas regulares se encontraban bajo el control de gentes de cierta prestancia social, y otra caracterizada, en el momento de la guerra de guerrillas, por una dirección más popular, menos centralizada y posiblemente más anárquica y sangrienta. Como toda tesis que no pertenezca al campo de la religión, y por lo tanto al terreno de la dogmática, la observación de Bergquist debe ser tan sólo aproximada y debe haber mil rasgos de la realidad que la ponen en entredicho. Eso es lo normal en el campo de la investigación. Pero para criticarla no es necesario falsearla, y simplemente hay que recordar lo que efectivamente dice el autor, quien por fortuna en este mismo libro (cf. p. 387/8) la ha vuelto a recordar de manera sencilla y en lenguaje claro: “Sin embargo, a partir de mayo de 1900, con la derrota del ejército liberal a manos de las fuerzas gubernamentales en la batalla de Palonegro, la tónica de la guerra cambió. Los liberales iniciaron una guerra de guerrillas y el liderazgo de los grupos en conflicto pasó a manos de personas de una extracción social menos privilegiada”, que es mucho menos de lo que se le quiere poner a decir en el artículo de M. Aguilera (cf. p. 327, Nota 54).

De otro parte, el fondo de la afirmación: “Las guerras civiles, por lo menos las colombianas... , exige distinguir entre modificación de las estructuras y jerarquías sociales, de un lado, y procesos de cambio en la estratificación social, de otro. Creemos que nadie ignora hoy que las guerras civiles y la formación de los ejércitos en el siglo XIX produjeron procesos de movilidad social, esos que, por lo demás, inquietaban tanto a Simón Bolívar, quien pensaba que los “pardos” ascendía n demasiadas posiciones sociales a través del ejército y llegarían a hacer imposible la democracia (!). De hecho el ejército fue un canal de movilidad social desde la segunda mitad del siglo XVIII, en el período

La misma ausencia de un diálogo productivo se encuentra en el capítulo contextual sobre las guerras civiles en el

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borbónico, cuando la monarquía ibérica realizó un esfuerzo de organización de un ejército moderno en sus dominios de ultramar. Este punto está bastante claro desde los antiguos trabajos de Allan Kuethe sobre la formación del ejército en América Hispana. Y lo mismo ocurrió en el siglo XIX, ya bajo la República. Pero, como se sabe, y nos parece que a eso se refieren la afirmaciones de Sánchez, la modificación de un conjunto de posiciones sociales no representa de manera inmediata la modificación de una estructura y jerarquía sociales, que es lo que exp lica por qué un proceso de movilidad social y de creación de nuevos grupos sociales no tenga por fuerza que haber modificado “los cimientos de la república señorial”, tesis que, por lo demás, simplemente constata el escaso o nulo papel revolucionario que la violencia ha cumplido en estas sociedades.

sobre la “pérdida de Panamá”- podría figurar en cualquier otra recopilación de artículos sobre Colombia o sobre economía histórica con enfoque institucional. No que sea equivocado o falto de calidad. Simplemente que nada enseña sobre la guerra de los Mil Días, desde el punto de vista de las relaciones entre la economía política del período y la guerra, nada que sea consubstancial al evento, nada que permita intuir sistemas de relaciones, sobre todo porque en cambio de ser un capítulo de historia económica es un ejercicio de economía histórica -según la vieja distinción de Pierre Vilar-, pues antes que examinar un material histórico empírico y sus múltiples formas de evolución se trata de aplicarle, como camisa de fuerza, un modelo de análisis, en este caso el “institucionalismo” de North, para finalmente llegar a las conclusiones que son supuestos del enfoque. Así por ejemplo: “Debido a la falta de instituciones estables y a la carencia de iniciativas emprendedoras, Colombia obtuvo un escaso progreso con el modelo de desarrollo hacia hasta 1910”, caso en el cual el historiador debe de nuevo iniciar su camino para interrogarse acerca del por qué de la ausencia de instituciones estables y de iniciativas emprendedoras. Así pues, con relación a este punto, podemos contentarnos con lo que desde tiempo atrás ya sabíamos y que los contemporáneos de los sucesos siempre afirmaron: que las crisis de las exportaciones, que terminaban debilitando aun más un Estado débil desde su fundación, y prolongando la pobreza general de la sociedad, parecen haber sido un ambiente propicio para la guerra.

Un punto más sobre el que quisiéramos llamar la atención tiene que ver con un problema más teórico, una dificultad general de las ciencias sociales y no simplemente de esta compilación. Se trata del problema de las “articulaciones”, o más sencillamente, de las relaciones entre procesos diversos del acontecer social, por ejemplo entre el funcionamiento económico y la actividad política. Esperemos que al haber colocado al inicio del volumen un capítulo sobre la economía de mediados y fines del siglo XIX los editores no hayan tenido en mente ningún esquema a priori de un orden de determinaciones. Pero en cualquier caso, el capítulo sobre “economía”, firmado por Thomas Fischer, no agrega nada al conocimiento del acontecimiento político llamado guerra de los Mil Días, pues es “contextual” en el más flojo sentido de la expresión, y perfectamente -como el otro texto de Fischer que aparece en libro, el que trata

Finalmente una palabra sobre un punto que consideramos notable en el libro, y que se encuentra presente desde la Introducción, pero particularmente, de forma explícita y reiterada, en los

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capítulos de Ch. Bergquist y C.E. Jaramillo, es decir en los dos textos que ya mencionamos como escritos en clave comparativa y que sin rodeos se refieren a la hora presente del país. Parecería que esos dos textos, estimulantes y polémicos, discutibles, como todo en ciencias sociales, son un jalón más en el esfuerzo de la intelectualidad académica del país por liberarse de una visión de la historia nacional que la izquierda marxista, la insurgencia guerrillera y la teología de la liberación construyeron desde los años 60, y que en parte sigue siendo hegemómica en las universidades colombianas. Es una visión que se caracteriza por una profunda injusticia frente a las tradiciones de nuestra vida republicana -defectuosa y limitada como tantas otras historias republicanas, pero no por ello menos portadora de algunas tradiciones democráticas valiosas-, con su postulado central de que el sistema político colombiano es por definición un sistema bloqueado, imposible de reformar y en el cual cualquier propósito de cambio no violento se encuentra por principio condenado al fracaso.

distancias existentes entre las ideologías y las prácticas efectivas, entre la política proclamada y la cultura política vivida, entre las ideologías y mentalidades, entre los fines perseguidos y los objetivos realmente conseguidos, es algo de primera importancia para la cultura nacional. Particularmente sobre el último punto mencionado, aquel de la distancia entre los fines que se proclaman y los objetivos que se consiguen, tema reiterado en diferentes partes del volumen, siempre será bueno insistir. Por ejemplo sobre ese tema insistió, en algunas ocasiones, uno de los varones venerables en los que dicen buscar inspiración quienes defienden a toda costa una cierta idea de revolución. Citemos pues, para terminar, a esa figura paternal y amable, de don Federico Engels: “ Quienes han hecho una revolución, siempre comprueban al día siguiente que no tenían idea de lo que estaban haciendo, que la revolución una vez hecha, no se parece en absoluto a la que hubieran querido hacer. Es lo que Hegel llamaba la ironía de la historia”.

Como sabemos, se trata de una visión de la historia nacional que ha llegado a ser parte de las llamadas “memorias disidentes”, sobre las cuales ironiza M. Deas en su texto, pero que ha encontrado, aun en sus periodizaciones, el estatuto del único relato verdadero del pasado y presente colombianos, por lo menos bajo la forma de historiografía académica y estudiantil dominante. Mostrar los límites y los equívocos de esa construcción histórica es otro de los méritos mayores de esta compilación, y de los textos de Jaramillo y de Bergquist, por discutibles que resulten muchas de sus proposiciones. Y es que relativizar el supuesto contenido progresista de la “violencia revolucionaria”, mostrar las terribles

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En 1994 hizo su campaña para el Congreso repartiendo condones en las calles en Bogotá. Los condones eran para combatir simbólicamente “el SIDA de la corrupción”. Un grupo de empresarios floricultores y el poderoso industrial Hernán Echavarría la apoyaron económicamente en esa campaña 231 . Tuvo una alta votación, en buena parte dada su campaña publicitaria, y salió electa.

INGRID BETANCOURT, LA RAGE AU COEUR, XO ÉDITIONS, PARÍS, 2001, 249 PP. Por Eduardo Sáenz Rovner, Ph. D. Profesor titular, Universidad Nacional de Colombia. En este libro, la política colombiana Ingrid Betancourt narra pormenores de su vida y de eventos recientes en el país, especialmente aquellos relacionados con la financiación por parte de los narcotraficantes de Cali de la campaña presidencial de Ernesto Samper y su gobierno entre 1994 y 1998. El tono de la obra se revela desde las primeras páginas en las que Betancourt escribe sobre la amenaza contra su vida, amenaza que recibió por parte de un misterioso visitante en su oficina en el Congreso en diciembre de 1996.

Durante el gobierno de Ernesto Samper, Betancourt fue una de sus principales detractoras. La autora recuerda cómo conoció a Samper en 1986 y que desde entonces le pareció un populista cínico. Incluso lo acusa de haberse apropiado de un plan de desarrollo para la costa del Pacífico colombiano que ella había elaborado en el Ministerio de Hacienda a comienzos de la década de los años 90. Afirma que Samper, “elegido con el dinero de los narcos, hará asesinar a la mayor parte de los testigos” e intentará silenciarla a ella.

Nacida en 1961, la autora se crió en París donde su padre, Gabriel Betancourt Mejía, era diplomático. Este último ocupó altos cargos en el Estado colombiano, entre ellos el de ministro de Educación en dos ocasiones, embajador en Francia y en la UNESCO. Su madre también fue política y congresista, ligada a importantes líderes liberales como Carlos Lleras Restrepo y Luis Carlos Galán Sarmiento.

La autora narra la reunión que ella y otros congresistas sostuvieron con los hermanos Rodríguez Orejuela y José Santacruz, cabecillas del Cartel de Cali, en esa ciudad en febrero de 1995. Estos últimos les comentaron sobre su colaboración con el presidente César Gaviria para perseguir a Pablo Escobar. Les ratificaron que financiaron la campaña presidencial de Samper y que tenían comprados a la mayoría de los

Betancourt estudió Ciencia Política en París y se casó con un diplomático francés con quien tuvo dos hijos. Su deseo de volver a Colombia y la negativa de su marido a vivir en una nación tan convulsionada ocasionaron su separación. De regreso al país, Betancourt trabajó en el gobierno de César Gaviria en los ministerios de Hacienda y Comercio Exterior bajo las órdenes de Rudolf Hommes y Juan Manuel Santos respectivamente.

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Aunque Betancourt no lo menciona, los nexos de su familia con el Establecimiento empresarial vienen desde que su padre trabajó para la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), ocupó la Secretaría de Asuntos Técnicos y Económicos de la Presidencia de la República, y fue presidente de Cristalería Peldar a mediados del siglo XX. Ver Quién es quién en Venezuela, Panamá, Ecuador, Colombia, Oliverio Perry & Cía. Editores, Bogotá, 1952, p. 575.

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representantes a la Cámara y a la mitad de los senadores. Betancourt asegura que los Rodríguez Orejuela se entregaron a la justicia 232 voluntariamente .

El 20 de julio de 1996, y después de la sesión conjunta anual del Senado y la Cámara, hubo un intento de atentado contra Betancourt en el barrio La Candelaria en el centro de Bogotá. La pericia de su chofer les permitió escapar de dos autos que los perseguían. Como advierte la autora, este evento no se conocía en público hasta la publicación de este libro.

Betancourt menciona los asesinatos de varias personas que supuestamente sabían demasiado sobre los nexos entre los narcotraficantes caleños y la campaña Samper Presidente. Estos asesinatos, según la autora, fueron ordenados por el mismo Samper. Entre las víctimas estaban el chofer de Horacio Serpa, ministro del Interior de Samper, Elizabeth Montoya, nexo de este último con los narcotraficantes, y Alvaro Gómez, político conservador de oposición. El chofer de Serpa iba a declarar en la Fiscalía cuando fue asesinado. Montoya, según Betancourt, ya había contactado a Alfonso Valdivieso y estaba acumulando documentos que comprobarían las transferencias bancarias a favor de Samper.

En 1998, Betancourt creó un movimiento político llamado Oxígeno y llegó al Senado con la votación más alta para dicha corporación en el país. Andrés Pastrana le pidió apoyo para su campaña presidencial. Betancourt puso como condición que en caso de ser electo Pastrana realizaría una serie de reformas políticas y constitucionales por referéndum. Pastrana aceptó pero, una vez posesionado como presidente, se echó para atrás y tuvo una fuerte discusión en privado con Betancourt. Así, Pastrana no escapa en este libro a las críticas de Betancourt quien lo describe como “mal alumno, estudiante mediocre”, político “de poca envergadura”.

En junio de 1996 le enviaron a Betancourt una carta amenazando con matar a sus dos hijos. La carta venía acompañada con la foto de un niño decapitado. Inmediatamente envió a sus hijos a vivir con la abuela paterna en Francia. Las páginas que narran el exilio de sus hijos son desgarradoras; parecen repetir los sentimientos que ella describe al recordar el divorcio traumático de sus propios padres cuando la autora tenía 14 años. Por tanto, el libro nos muestra las tensiones de una mujer que tiene que escoger entre una carrera –para ella, casi una misión- y su familia, y se inclina por la primera.

Para concluir, hay literatura académica que señala los orígenes de clase de un buen número de narcotraficantes y los conflictos entre éstos y las elites tradicionales 233 . En un espíritu similar, pero en tono de denuncia, Betancourt divide el país entre los narcotraficantes y sus aliados políticos de una parte, y las personas “de bien” y los pocos políticos impolutos –como ella- en la orilla opuesta. 233

Sobre este tema y para el caso antioqueño ver Mario Arango Jaramillo, Impacto del narcotráfico en Antioquia, Editorial J.M. Arango, Medellín, 1988; Mary Roldán, “Colombia: cocaine and the ‘miracle’ of modernity in Medellín”, en Paul Gootenberg, compilador, Cocaine. Global histories, Routledge, Nueva York, 1999.

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Para una versión diferente sobre este último punto ver Rosso José Serrano, Jaque mate. De cómo la policía le ganó la partida a “El Ajedrecista” y a los carteles del narcotráfico, Grupo Editorial Norma, Bogotá, 1999.

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LA RAGE

Aunque hay que reconocer que Betancourt subraya el tremendo daño que los narcotraficantes le han hecho al país y el cinismo de un presidente de la República electo con la ayuda de los primeros, este libro nos recuerda el enfoque de la periodista María Jimena Duzán en un conocido trabajo suyo 234 . Y se podría señalar sobre el libro de Betancourt lo mismo que el historiador Michael F. Jiménez escribió en The Nation sobre la obra de Duzán:

vale la pena que sea traducido y publicado en Colombia.

“Según [la autora], un pequeño pero ilustrado y valiente segmento de la clase alta colombiana ha enfrentado a los narcotraficantes […] Los héroes de su historia son las damas y los caballeros cultos y pertenecientes a la clase alta tradicional, quienes libran una lucha titánica por el futuro del país […] Revive la vetusta narrativa de las elites latinoamericanas sobre la defensa de la civilización ante la barbarie”235 . Habría pues que recordar las relaciones económicas entre muchos empresarios establecidos y los narcotraficantes, lo mismo que sus alianzas en “aventuras” de extrema derecha. Sin olvidar, por supuesto, cómo familias tradicionales han vivido de la alta burocracia y han realizado todo tipo de contratos con el Estado durante años (precisamente ese mismo Estado que hoy pretenden moralizar y/o desmontar). De todas formas, este libro, orientado al público francés y escrito en una narrativa ágil e interesante, bien

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Ver María Jimena Duzán, Crónicas que matan, Tercer Mundo Editores, Bogotá, 1992. 235 Michael F. Jiménez, The Nation, Septiembre 5 al 12 de 1994, pp. 246-249.

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MUNDO DESBOCADO

MUNDO DESBOCADO. CÓMO LA GLOBALIZACIÓN ESTÁ REMODELANDO NUESTRAS VIDAS Anthony Giddens. New York: Routledge, 2000, 124 pp.

podemos leer en varios niveles: como un ejercicio de análisis, como una formulación de política, o como un ejercicio prospectivo acerca de cómo reconfigurar la naturaleza del universo social. Cualquiera que sea la perspectiva de uno como lector, lo mejor sería comenzar por la quinta parte de este volumen, que es la que hace explícita la construcción del propio razonamiento. En busca de una visión nueva y panorámica, Giddens postula la globalización, el riesgo, la tradición, la familia y la democracia como sus referentes centrales. En verdad hay grandes diferencias entre el riesgo, que implica estrategias de promoción del cambio, y la familia un concepto con raíces institucionales profundas en la civilización occidental. Aún así debemos apreciar el esfuerzo que el autor hace por abordar el aquí y el ahora, sin prescindir del todo del pasado, o de las consideraciones predictivas.

por Irving Louis Horowitz

El papel de cualquier escrito académico que verse sobre los grandes temas y problemas de la sociedad es el de diseccionarlos y convertirlos en trozos digeribles. La trayectoria que tiene nos dice que el autor de este libro tiene muy buenas condiciones para llevar a cabo ese tipo de trabajo. “Anthony Giddens es el actual director de la LONDON SCHOOL OF ECONOMICS y ha sido consejero tanto de Bill Clinton como de Tony Blair. Autor de 31 libros, que incluyen títulos tan conocidos como La Tercera Vía y Más allá de izquierda y derecha, su obra ha sido traducida a 22 idiomas. Ha enseñado en varias universidades entre ellas Cambridge, Harvard, Stanford y La Sorbona”, como dice la contracarátula de este libro.

A la globalización está dedicado el primero de los cinco segmentos. El colapso del imperio soviético y del mundo bipolar que existió durante gran parte del siglo XX, es lo que introdujo la globlalización del libre mercado y de la política democrática. Giddens asume, aun cuando no siempre de manera explícita, que esos dos "picos gemelos" son los que ayudan a explicar por qué el sistema comunista llegó tranquilamente a su ocaso. Pero si la globalización significa racionalidad económica en una escala internacional, deja intacto al estado a escala nacional. Giddens afirma que la presente es "la primera generación que vive en la antesala de una sociedad global cosmopolita". La ventaja es que presumiblemente ya no tenemos enemigos, y solo hay entidades con diferencias étnicas, raciales y religiosas. De mi parte no estoy tan seguro de qué manera lo anterior distingue a nuestra época de los siglos

El presente ensayo, estirado hasta convertirlo en libro, ha de tomarse con seriedad debido a la proximidad del profesor Giddens con "Tony" y con "Bill" , las cabezas del poder ejecutivo en el Reino Unido y en los Estados Unidos. Dos hombres cercanos a Giddens de los que podemos presumir que tienen intereses creados en la mejor manera de diseccionar el mundo. Este breve escrito monográfico se inició como texto de las Conferencias Reith de 1999; dada su brevedad, la larga lista de personas a las que se les da reconocimiento por haber contribuido a la materia de la que trata, hace suponer que el profesor Giddens estima mucho su contenido. Y éste a su vez lo

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pasados en cuanto a la intensidad de los conflictos, pero sí es cierto que la globalización implica una ruptura con el aislacionismo como posición política en el mundo occidental. Giddens ve como solución a la pérdida del poder, el vínculo de la globalización como fuerza económica con el cosmopolitismo como pauta cultural. Una formulación que hace difícil entender cómo la impotencia, o pérdida de poder que experimentan los individuos es mayor en un contexto global que en un contexto nacional.

diversa clase conectados.

de

riesgos

están

Al atacar al fundamentalismo, el autor retoma uno de los temas dominantes a lo largo de su obra, en la medida en que ha tendido a considerar la tradición como una antigüedad, una invención del pasado. Dicha perspectiva nos confirma que Giddens es un hombre de la Ilustración, o para decirlo en términos del siglo XXI, un cosmopolita. Tiende a ver la tradición poco más que como una adicción, la influencia del pasado sobre el presente va en dirección contraria a la actualidad global. Giddens ve en el actual un mundo en el que hay diversas creencias religiosas y normas culturales pero compitiendo por la necesidad de una justificación racional de sus respectivas tradiciones. Se nos asegura que la tradición termina siendo fundamentalismo, ya sea religioso o político, en tanto que la modernidad conduce al cosmopolitismo. Una vez más, Giddens asevera que necesitamos algo sagrado, y lo encuentra en una moralidad cosmopolita. Yo deduzco que él está postulando un estilo tolerante en lo personal, y una convicción política de corte liberal.

El segundo concepto, el de riesgo y su complemento el de toma de riesgo, es, de lejos, la parte más comprometida del libro. El autor anota, correctamente, que el riesgo está asociado al auge de lo probabilístico y de la incertidumbre en las ciencias. El manejo del riesgo es pues una tarea de los gobiernos y también de los individuos, basta mirar los daños ambientales que produce la industria química y sus accidentes, o los que implican la toma de decisiones en asuntos más mundanos como la dieta personal, el uso de las medicinas, o incluso el matrimonio, para comprender las modificaciones que se han producido en las relaciones entre el conocimiento científico y la sociedad. Giddens se opone a la superstición y otras formas de comportamiento luddita, en tanto que reconoce que hoy los individuos afrontan un nuevo desafío: determinar por sí mismos la cantidad de riesgo aceptable en la búsqueda y conformación de sus estilos de vida. Pero cómo, en concreto, la globalización incide en la toma de riesgos, no es algo que se examine acá. Por tal razón no se ven conexiones entre los riesgos que implica la manipula ción genética de nuevos tipos de alimentos, y el eterno riesgo que implica el matrimonio. Pero como veremos en las consideraciones que hace Giddens sobre los asuntos domésticos, en últimas, esa

El inconveniente serio que tiene esa línea de argumentación es que no logra demostrarnos la creciente interdependencia del mundo. La brecha económica entre naciones ricas y pobres siguen siendo muy grande, y la incidencia de cada uno de los males, desde la muerte prematura por el SIDA y las carencias básicas, hasta las diferencias económicas que son prácticamente irremontables, siguen existiendo. Mientras que a Samuel Huntington se le cita con frecuencia, su idea acerca del choque de las civilizaciones no es tenida en cuenta, tampoco aquella noción suya que entiende al mundo como dividido por luchas de gran escala por motivos de

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religión, etnicidad raza y otra multitud de características adscritas. Aun cuando Giddens tiene razón al considerar la naturaleza inventada de mucho de lo que pasa como tradición, esto difícilmente desvirtúa la percepción contemporánea de un mundo con más divisiones que las que implica la línea de tradición y modernidad, tal como lo era, por cierto, el mundo preglobalizado. Si las tradiciones son una invención humana, eso no nos exime de ocuparnos de ellas.

con la moderada ambición de mostrar cómo el cosmopolitismo y la creciente globalización del mundo pueden dar por terminadas formas seculares de disensión pero termina con formulaciones dogmáticas y no fundamentadas. Todo ello apenas puede menos que inflamar las pasiones, y reafirmar las posturas de quienes Giddens pretendía convencer. Más aún, la conocida definición marxista, en el Manifiesto Comunista según la cual el matrimonio es una prostitución legalizada, encuentra aquí una clara resonancia en la convicción de Giddens de que el matrimonio es una "inequidad legalmente definida". Con qué piensa reemplazar Giddens la obsoleta institución matrimonial, resulta menos claro.

Giddens se ha hecho a un nombre gracias a la difusión que alcanzó su obra sobre La tercera vía tal difusión que ese título ha llegado a ser un eufemismo para muchas cosas, a veces contradictorias. Y los inconvenientes de esa perspectiva se hacen evidentes en el capítulo sobre la familia. Mientras lo que escribió sobre el riesgo mantiene un cierto sentido de equilibrio, en lo que hace a la familia se declara partidario abierto de los nuevos estilos de las relaciones interpersonales, según afirma teniendo "los argumentos de la derecha política y del fundamentalismo en mente" Giddens postula que "la persistencia de la familia tradicional, o de aspectos de ella en muchas partes del mundo es más de lamentar que su decadencia" ¿ Cuáles son las fuerzas más importantes que promueven la democracia y el desarrollo económico en los países pobres? Según Giddens, son la cantidad y la calidad de la educación de las mujeres. ¿ Y qué es lo que debe cambiar para hace posible mejoras necesarias en ambos sentidos? "Lo más importante, la familia tradicional" (p. 83) La incidencia de la catástrofe social que significa en las sociedades modernas la multitud de familias deshechas y cierta tendencia al abandono de todo tipo de reglas morales, parece dejar indiferente a Giddens. Tal vez sea esto lo más perturbador en una obra que comienza

El capítulo final, sobre la democracia, está lleno de obviedades, tales como la redundante definición de la democracia: " la idea más poderosa y llena de energía del siglo veinte " ( "powerful energizing idea " p. 88 ) Y una vez más nos topamos con lo que podría ser una "paradoja". Mientras que Giddens asegura que la democracia se está ampliando en el mundo, afirma a la vez que hay una desilusión creciente que proviene de la corrupción y del mercado libre. En oposición a Peter Berger, Michael Novak, e Irvin Kristol, aquí recibimos la notificación de que frente a la disyunción entre democracia y capitalismo, el presente nivel de globalización es incapaz de producir una "cultura civil". Y puesto que los estados comunistas fueron menos capaces aún de crear una cultura semejante, ¿ con qué debemos reemplazar tanto al comunismo como al capitalismo? La solución de Giddens a ese problema consiste en una inquietante teorización acerca del federalismo mundial y en otras

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consideraciones que nos hacen retroceder a la cultura angloamericana de mediados del siglo XX y a escritores como Emery Reeves, y H.G. Wells.

Son evidentes las limitaciones del papel de consejeros que han asumido algunos científicos sociales. También en ello hay vientos de cambio, y se advierten cambios en los propios términos del debate. El New York Times ya en Junio del 2000 nos informaba que la Tercera Vía, y sus miembros fundadores el presidente Clinton y el primer ministro Blair, pasaban tiempos difíciles, y que los propios líderes se enzarzaban en una discusión por los términos adecuados de sus respectivas orientaciones.

Pero el más inquietante de los aspectos de este pequeño tratado es la inferencia que extrae Giddens de sus observaciones acerca de la globalización. A donde quiera que dirige su mirada, Giddens encuentra la necesidad de mayor ingerencia gubernamental en los asuntos de la gente. Pese al reconocimiento del significado de la caída de los regímenes totalitarios de Rusia y del Este de Europa, que el propio Giddens señala y señaló en su momento, sigue encontrando necesario "democratizar la democracia", lo que nos conduce bien pronto a la formulación de " democratizar tanto por arriba como por abajo el nivel de la nación" (p. 93). Que esto difícilmente puede confundirse con el llamado mundial a la reducción del gobierno lo hace evidente la conclusión del propio Giddens: "Nuestro desbocado mundo no necesita menos sino más gobierno, y esto es algo que sólo las instituciones democráticas nos pueden proporcionar " (p. 100) Toda la historia del siglo XX puede pasar ante los ojos de Giddens. Y es una historia que confirma que en materia de gobierno lo mayor no es lo mejor, y que la democracia desde arriba termina en regímenes como los de Robespierre o Lenin, y que el llamado de los líderes a "las masas" suele significar la liquidación de los individuos que se les oponen. El impulso de la administración Clinton en los Estados Unidos, y del gobierno Blair en el Reino Unido que habla de promover la democracia desde arriba, encuentra su confirmación ideológica en Giddens. Pero como jefes de estado están mejor servidos por sus críticos que quienes los defienden como cruzados de una causa.

La evidencia indica que la retórica de la democracia social basada en el libre mercado y la globalización, ha suavizado su postura. Dicha retórica se ha mostrado oscura, y el movimiento opositor en su contra se muestra más amplio y más convincente de lo que los líderes de la democracia desde arriba habían anticipado. Ya el canciller alemán Schröeder se ha apartado de la declaración inicial sobre la Tercera Vía, mientras que el Primer Ministro del Canadá, Jean Chrétien, otro entusiasta de los primeros tiempos rechaza del todo ese rótulo y prefiere ser llamado" un hombre del centro radical". La Tercera Vía se encuentra atrapada en el propio y ambiguo nacionalismo que buscaba superar. Algunos de sus ecos se oyen en Brasil y en Suráfrica, pero no encontramos nada de ella en democracias sociales como Finlandia en el norte o en España en el sur de Europa. Los que se ven como "desbocados" son los esfuerzos por mantener algún significado coherente para términos como la Tercera Vía, y globalización. Los esfuerzos iniciales de Giddens como profeta político, en sus obras La Tercera Vía y Más allá de izquierda y derecha se han convertido en slogans intelectuales sin sustancia. Tal vez estemos en el vértice de un mundo desbocado, pero hay poca evidencia que esté corriendo en la

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dirección prevista o aprobada por el profesor Giddens. * Irving Louis Horowitz, editor de la Revista Society, profesor emérito de sociología y ciencia política de la cátedra HANNAH ARENDT, en Rutgers, la Universidad Estatal de New Jersey. Reseña cedida por al autor expresamente a ANALISIS POLÍTICO. La traducción es de Fernando Cubides, profesor de la Universidad Nacional de Colombia.

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