Analisis Sistema Financiero Mexicano.docx

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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN

LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN


COLECCIÓN DE PRÓLOGOS DEL CONSEJO NACIONAL DE UNIVERSITARIOSCOLECCIÓN DE PRÓLOGOS DEL CONSEJO NACIONAL DE UNIVERSITARIOS
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TRABAJO FINAL:





ALUMNO: CAMAS JAIMES ELMER ANGEL
GRUPO: 1153 COMUNICACIÓN

Introducción

En México los jóvenes somos el presente de nuestro país y debemos de dejar a las nuevas generaciones el ejemplo de participación en actividades como la política, la cultura, el arte, y diversos temas de interés y beneficio para nuestra sociedad. Como mexicanos tenemos la obligación de involucrarnos en la construcción de nuestro país, la política no consiste solamente en participar en partidos o exigir al gobierno resultados, sino también en salir a la plaza a expresar nuestras opiniones, a abrirnos a la discusión y, sobretodo, a luchar por aquello que creemos, la política no es ganar elecciones sino construir una sociedad libre y justa. Es verdad que varía mucho la manera de expresar las inconformidades sobre los acontecimientos y las decisiones que toman nuestros gobernantes, pero no debemos de perder la brújula entre la libertad de expresión, la manipulación, el chantaje y vandalismo, creo que hay maneras y los canales adecuados para expresar nuestra opinión, debemos de prepararnos, informarnos y aportar ideas que beneficien a nuestra sociedad. Podemos no estar de acuerdo o criticar métodos pero siempre debemos preferir ciudadanos comprometidos y activos, cumpliendo sus obligaciones cívicas, a mujeres y hombres apáticos, viviendo en la conformidad. Como futuro de este país debemos recordar que la democracia no se acaba en el voto, la democracia se trata de fijar una postura, presentarla a la sociedad y debatirla y por supuesto que en este proceso gritar y aplaudir también es válido. ¿Qué es la apatía política? Un estado de indiferencia, pasividad, falta de interés respecto de la política. Se la vive siempre como espectador y se intenta ignorarla. Va acompañada de una baja receptividad a estímulos políticos y un bajo nivel de información. ¿Los jóvenes son cultos en la política? En primer lugar, es importante aclarar que para tener una participación se necesita de socialización política y una cultura evaluativa, según los expertos la mayoría de los jóvenes no tiene la información y formación necesarias para participar correctamente en la política, debido a que las escuelas y su propio país no se las brindan, hoy en día el conocimiento político de los jóvenes es escaso esto la podemos ver en estadísticas reportadas en el informe de la la encuesta "La cultura política de los jóvenes en México" para el Instituto Federal Electoral (2012), también es importante que los mismos jóvenes se acerquen y profundicen más sobre los asuntos políticos.
Es urgente que blindemos a nuestra juventud contra las drogas, violencia e inseguridad con oportunidades de educación y empleo. La inseguridad y la violencia se combaten con más eficiencia atacando el problema de raíz, abatiendo la falta de oportunidades de empleo y educación, sobre todo en nuestros jóvenes.



PROLOGO 1 por José Luis Calva
"Crisis Económica Mundial y Futuro de la Globalización"

En todas las principales regiones del mundo la recesión económica está profundamente arraigada lo que provoca un paro generalizado, el colapso de los programas de bienestar social y el empobrecimiento de millones de personas. La crisis económica va acompañada de un proceso de militarización a escala mundial, una "guerra sin fronteras" dirigida por Estados Unidos de América y sus aliados de la OTAN. El comportamiento de la "larga guerra" del Pentágono está íntimamente relacionado con la reestructuración de la economía global. No nos encontramos ante una crisis o recesión económica definida en sentido limitado. La arquitectura financiera global sustenta unos objetivos estratégicos y de seguridad nacional. La agenda militar de Estados Unidos y la OTAN sirve a su vez para refrendar a una poderosa elite de los negocios que mina y eclipsa implacablemente las funciones del gobierno civil. Este prologo lleva al lector por los pasillos de la Reserva Federal y del Consejo de Relaciones Exteriores, detrás de las puertas cerradas del Banco de Pagos Internacionales, dentro de las lujosas salas de juntas de las corporaciones de Wall Street donde con un clic del ratón del ordenador se llevan a cabo rutinariamente transacciones financieras de amplio alcance desde las terminales de ordenadores conectados con los principales mercados de valores. Cada uno de los autores de esta oportuna obra colectiva investiga bajo la dorada superficie para revelar una compleja red de engaño y distorsión mediática que sirve para ocultar el funcionamiento del sistema económico global y su impacto devastador en las vidas de las personas. Nuestro análisis se centra en el papel de poderosos actores económicos y políticos en un entorno labrado por la corrupción, la manipulación financiera y el fraude.
A pesar de la diversidad de puntos de vista y perspectivas presentados en este volumen, en última instancia todas las personas que han contribuido a él llegan a la misma conclusión: la humanidad está en la encrucijada de crisis económica y social más grave de la historia moderna. El colapso de los mercados financieros en 2008 y 2009 fue el resultado del fraude institucionalizado y de la manipulación financiera. Los "rescates de bancos" se implementaron según las instrucciones de Wall Street, lo que llevó a la mayor transferencia de riqueza en dinero de la historia documentada mientras que simultáneamente se creaba un insuperable déficit público. Con el deterioro a escala mundial del nivel de vida y la caída en picado del gasto de los consumidores, toda la estructura del comercio internacional de artículos está potencialmente en peligro. El sistema de pagos y de transacciones de dinero está en una situación caótica. Tras el colapso del empleo, se ha trastocado el pago de salarios, lo que a su vez desencadena una caída de los gastos en artículos de consumo y servicios necesarios. Este proceso de decadencia económica es acumulativo. Se ven afectadas todas las categorías de la fuerza de trabajo. Ya no se implementan los pagos de salarios, se trastoca el crédito y las inversiones de capital están paralizadas. Mientras tanto, en los países occidentales la "red de seguridad social" heredada del Estado de bienestar que protege a los parados durante un periodo de empeoramiento económico también está en peligro. En América Latina, las estructuras jurídicas, políticas, ideológicas, Culturales y sobre todo económicas, se hallan bajo el dominio del modo de producción capitalista globalizada y por lo tanto bajo la dirección del gran capital y sus conglomerados. De allí, que sus gobiernos sin excepción responden a estos intereses, llámense países capitalistas o socialistas. Parte del antecedente de esta situación, podemos ubicarla, a partir del año 1989, cuando el Instituto de Economía Internacional de Washington (W.I.E.I.), reunió en una conferencia extraordinaria a economistas del congreso norteamericano y del gobierno, a los líderes y ejecutivos de las principales empresas trasnacionales en especial las petroleras, a miembros de las comunidades académicas y centros de estudio, a los representantes de las instituciones internacionales multilaterales más importantes como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, Organización Mundial del Comercio, todo esto con el firme propósito de sentarse a discutir acerca de las reformas necesarias a ser impulsadas para que el continente latinoamericano saliese de la llamada "década perdida", la década de la inflación y la recesión y pudiese retomar el camino del "crecimiento y la estabilidad". A esta reunión, se le calificó como el consenso de Washington. Bajo éste "argumento" el imperio del gran capital marcó el camino a seguir y se comenzó a establecer los diversos programas impuestos por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.
En el caso de Venezuela se comienza a ejecutar estas políticas, desde el momento que se nombra la Comisión para la Reforma del Estado (Gobierno de CAP) y por razones de inestabilidad política para ese entonces y que todos conocemos, esta desaparece, asumiendo este papel la Asamblea Nacional Constituyente derivada del poder constituido y no originaria, que impulsara el Presidente Chávez. Estas Constituyentes derivadas del poder constituido se comienzan a dar en toda América Latina. La poderosa y rápida expansión del capitalismo globalizado y su teoría económica del neoliberalismo en nuestro Continente, chocaban frecuentemente con el ordenamiento jurídico de las naciones de nuestra región. De allí que ese imperio del gran capital se planteó la necesidad de las reformas constitucionales, para darle bases jurídicas a sus inversiones ya que las anteriores constituciones en su mayoría aún en el marco del capitalismo, tenían un carácter estadístico aunque se quedara en el plano de la teoría, que amparaban innegablemente ciertas posturas nacionalistas. Todo este panorama siguen desarticulando los procesos jurídicos de los Estados nación, para darle paso, a nuevas formas "jurídicas" de subordinación de los pueblos a las potencias que los dominan, al mismo tiempo que coloca en crisis, el llamado estado de derecho ante el nacimiento del Estado Moderno, las filosofías jurídicas y políticas que orientaban el derecho positivo de los Estados - Nación, se transformó en la modernidad, en aras de abrirle camino a la legalidad de nuevas formas del "derecho internacional" facilitando la legitimidad al mundo globalizado con nuevas interpretaciones jurídicas acerca de la soberanía, democracia, justicia, integración, desarrollo, libertad entre otros conceptos y así ajustarlos a los intereses de quienes dominan y justificar en el plano internacional las aberraciones que cometen contra los pueblos, sus economías, ecosistemas a través del extractivismo irracional incluyendo los crímenes de guerra.
En el actual proceso de globalización tenemos un sistema al que al autor llama "manejo global sin gobierno global". Instituciones como la OMC, el FMI, el Banco Mundial y otras, conforman un sistema de manejo global, pero que está muy lejos de ser un gobierno global y carece de un mecanismo democrático de rendición de cuentas". La tarea consistiría, entonces, en reformar las políticas y la gobernanza de la economía mundial. Para empezar, la crisis financiera global ha remarcado la importancia de contar con eficaces estructuras de regulación financiera, aumentando su coordinación internacional. Dadas las interconexiones de los sistemas financieros nacionales, los crecientes servicios financieros transfronterizos y los gigantescos flujos de capitales, las dislocaciones que se producen en una parte del sistema pueden tener grandes repercusiones. Por ello, no sólo se ha reconocido la relevancia internacional de ampliar la regulación y supervisión de los enormes bancos globales de importancia sistémica, aumentando sus requerimientos de capital y restringiendo sus actividades de riesgo, sino también se ha planteado la relevancia mundial de mejorar la regulación de los títulos financieros, de ejercer mayor escrutinio sobre los fondos de inversión de alto riesgo y de regular los derivados de crédito, especialmente los "Credit Default Swaps", que son un producto financiero que consiste en una operación financiera de cobertura de riesgos, incluido dentro de la categoría de productos derivados de crédito, que se materializa mediante un contrato de swap sobre un determinado instrumento de crédito en el que el comprador de la permuta realiza una serie de pagos periódicos al vendedor y, a cambio, recibe de éste una cantidad de dinero en caso de que el título que sirve de activo subyacente al contrato sea impagado a su vencimiento o la entidad emisora incurra en suspensión de pagos. Aunque un CDS es similar a una póliza de seguro, se diferencia significativamente de ella en que no se requiere que el comprador del CDS sea el propietario del título (y por tanto haya incurrido en el riesgo real de compra de deuda). Es decir, un seguro se establece sobre algo que es propiedad del asegurado, pero un CDS se hace sobre un bien que no es propiedad del que contrata el CDS. A este tipo de CDS se le denomina "desnudo", y en realidad es equivalente a una apuesta. Además de someter a una rigurosa regulación y supervisión a las agencias calificadoras de riesgos y poner al alcance de reguladores a los centros financieros extraterritoriales que funcionan como paraísos fiscales, en los cuales se depositan (y desde los cuales se mueven) gigantescos recursos de acaudalados particulares, empresas no financieras e intermediarios financieros.
Es un escenario optimista. La experiencia del pasado en el mundo en desarrollo, al igual que la gran depresión en los Estados Unidos y la "década perdida" de Japón a fines del siglo XX, indican que en las crisis que como la actual implican menos apalancamiento y cambios radicales en los balances, el efecto recesivo tiende a ser fuerte y prolongado. La única proyección de 2008 que resultó acertada fue el escenario pesimista previsto por las Naciones Unidas, de acuerdo con el cual la recesión continuaría a lo largo del año 2009, Dada la información reciente sobre la evolución de la actividad económica incluso este escenario luce ahora optimista. El propio FMI , que generalmente se cuenta entre los organismos optimistas en materia de proyecciones económicas, señaló a fines de enero que el PIB mundial a precios de mercado disminuiría un 0,6%, casi dos puntos porcentuales menos que las estimaciones que había dado a conocer hace apenas dos meses antes. Por su parte, las proyecciones del sector privado son aún más pesimistas. Conviene subrayar que a lo largo de la crisis uno de los principales problemas ha sido la falta de coordinación de las autoridades internacionales, con la notoria excepción de las medidas aplicadas por los bancos centrales a fin de mejorar la provisión de liquidez. Uno de los capítulos más recientes de esta descoordinación es la falta de consenso europeo sobre la necesidad de poner en marcha una política fiscal más expansiva.
En todo caso, cabe recordar que Europa tiene estabilizadores automáticos más desarrollados que los Estados Unidos (en particular, seguros de desempleo más generosos) y que, por ello, sobre este país recae la responsabilidad de adoptar medidas fiscales discrecionales ambiciosas. Mucho se ha discutido, además, si los paquetes fiscales deben o no centrar su atención en la expansión del gasto, para garantizar un efecto cierto sobre la demanda agregada, o incluir medidas tributarias cuyos efectos en la demanda agregada son más inciertos. Por otra parte, nunca había sido más evidente que es preciso mejorar la institucionalidad para coordinar las políticas macroeconómicas mundiales y manejar la globalización financiera. De hecho, la crisis también ha revelado la necesidad de crear una nueva institucionalidad europea e incluso estadounidense en materia de reglamentación, debido a la complejidad institucional del sistema de regulación y supervisión prudencial en los Estados Unidos, que involucra un sinnúmero de agencias tanto federales como estaduales. No nos encontramos ante una crisis o recesión económica definida en sentido limitado. La arquitectura financiera global sustenta unos objetivos estratégicos y de seguridad nacional. La agenda militar de Estados Unidos y la OTAN sirve a su vez para refrendar a una poderosa elite de los negocios que mina y eclipsa implacablemente las funciones del gobierno civil. Este prologo lleva al lector por los pasillos de la Reserva Federal y del Consejo de Relaciones Exteriores, detrás de las puertas cerradas del Banco de Pagos Internacionales, dentro de las lujosas salas de juntas de las corporaciones de Wall Street donde con un clic del ratón del ordenador se llevan a cabo rutinariamente transacciones financieras de amplio alcance desde las terminales de ordenadores conectados con los principales mercados de valores.




PROLOGO 2 por José Luis Calva
"Estrategias Económicas Exitosas en Asia y en América Latina"

En 1979, México y China comenzaron la orientación de sus economías hacia los mercados externos, pero lo hicieron con estrategias radicalmente distintas. China lo hizo mediante una estrategia de mercado dirigido ("economía de mercado socialista") por Deng Xiaoping. México lo hizo mediante una estrategia neoliberal ("economía de mercado") por el gobierno de Miguel de la Madrid. Durante la vigencia del nuevo sistema económico China ha experimentado profundos cambios. El control estatal sobre la economía, que estuvo tradicionalmente basado en las decisiones directas de la autoridad pública, ha dado paso a un sistema de intervención indirecta ejercida principalmente por medio de palancas económicas y jurídicas tales como las tarifas tributarias, tasas de interés, tipos de cambio, emisión monetaria, política crediticia, para orientar la economía de una manera más eficiente.
La Asamblea Popular Nacional de China aprobó en marzo del 2004, casi por unanimidad de sus integrantes, la enmienda constitucional que reconoce, por primera vez desde la toma del poder por Mao en 1949, la propiedad privada "legalmente" adquirida y le da el carácter de inalienable. Consagró en el texto jurídico una realidad práctica: la propiedad privada, fruto de las relaciones capitalistas de producción que constituyen más de la mitad de sus exportaciones y contribuyen con un tercio del PIB, sin tomar en cuenta a los denominados "sombreros rojos", que son empresas estatales dirigidas y manejadas por empresarios privados. Ya en 1988 y 1989 se habían aprobado enmiendas constitucionales que declaraban a la propiedad privada como "complemento" y "componente importante" de la economía nacional, aunque el gobierno y la burocracia oficial conservaban el control político del proceso económico. Esta reforma constitucional fue posible gracias a una alianza entre el Partido Comunista de China y el "lobby" de empresarios capitalistas norteamericanos con el propósito de mantener el control político sobre este nuevo paso en el proceso de transición económica, que tiende a proteger y garantizar la integridad de las inversiones extranjeras. Sin embargo, en lo que es parte de la dualidad social y económica de China, el reconocimiento de la propiedad privada de la tierra aún no ha llegado al campo, cuyos trabajadores sólo tienen el usufructo de la tierra.
Como consecuencia de la coexistencia de la planificación con las fuerzas del mercado, como medios de regulación económica, afirman los dirigentes chinos que se han abierto posibilidades de competencia "justa" en el seno de un amplio mercado unificado, abierto y ordenado. De lo cual han resultado nuevos y más flexibles mecanismos de fijación de los precios. Después de las reformas progresivas en la estructura económica, los precios del 80% de los medios de producción, del 85% de los productos agrícolas y del 95% de los bienes industriales de consumo están fuera del control gubernativo directo y se fijan en función de la oferta y la demanda.
Un poderoso mecanismo de mercado cobró fuerza en las cinco zonas de apertura del sur de China en combinación con un fuerte dirigismo estatal. Con la reversión de Hong Kong a la soberanía china el primero de julio de 1997 y el compromiso del gobierno de Pekín de observar en él durante 50 años la política de "un país, dos sistemas", este territorio pasó a constituir sin duda la avanzada de la liberalización económica en China. Y conforme aumenta la prosperidad de los ciudadanos, en el curso de la dinamizada economía de los focos de apertura, se establecen nuevos negocios y pequeñas empresas de naturaleza privada que contribuyen a la progresiva modificación de la estructura de la propiedad, en el marco del proceso de profunda transformación política y económica que se adelanta en China.
Miguel de la Madrid será recordado por muchas cosas. Pero sin duda una de las huellas más marcadas de su administración fue que su sexenio representó el período con la mayor inflación en la historia moderna del país. Y es que durante su gestión el nivel de ese indicador llegó a promediar 100 por ciento anual. Sin embargo, hay quienes también reconocen que fue durante su sexenio cuando el país vivió una transición clave, económicamente hablando. Fue entre 1982 y 1988 cuando De la Madrid decidió seguir el ejemplo de algunos líderes mundiales de su época quienes emplearon –en sus propios países– políticas económicas liberales. Es decir, de tener un Estado con una gran injerencia en la economía se adquirió una política de libre mercado lo que en el corto y largo plazo significó un cambio radical en la forma de gobernar al país. Sí, es verdad que el gobierno de "Miguel de la Madrid" podrá ser cuestionado en muchos aspectos. Pero en el caso particular de sus políticas económicas se puede decir que fue un presidente modernizador. Y es que su período presidencial estuvo lleno de sobresaltos económicos que en parte fueron fruto de las malas administraciones que le antecedieron.
La nacionalización bancaria llevada a cabo por López Portillo, el control de cambios y el gasto excesivo de gobierno representaron una pesada losa para Miguel de la Madrid. Por si esto no fuera suficiente a mitad de su sexenio se sufrió el temblor más devastador de la historia del país. Y si el dato de la inflación llegó a acaparar los titulares en su administración tuvo el tino de emplear ideas económicas modernas que en su momento desafiaron la tradición Keynesiana tan bien acogida en las décadas anteriores. De la Madrid decidió seguir el ejemplo de países como Estados Unidos e Inglaterra quienes ya habían roto con la tradición económica Keynesiana. Cuando Miguel de la Madrid apenas era candidato, las enseñanzas de John Maynard Keynes ya comenzaban a ser cuestionadas en algunos países. Después de la Segunda Guerra Mundial las enseñanzas de este economista se habían tomado como verdad absoluta. La teoría de que el uso de mayor gasto gubernamental representaba el principal motor de la economía, fue la predominante en el mundo durante mucho tiempo. Y efectivamente, de esta manera se generó crecimiento sostenido por décadas. Hasta que finalmente llegó un punto de quiebre donde se tuvo un aumento sostenido en precios y una baja en el empleo. Esto generó la crítica de economistas como Milton Friedman quien revivió la teoría desarrollada por Friedrich Hayek quien optaba por un liberalismo económico. Aunque Friedman admiraba el valor de las ideas de Keynes, insistía que se habían vuelto obsoletas con el paso del tiempo.
Para economistas como Friedman acatar las ideas de Keynes había llevado a un alto nivel de gasto gubernamental en muchos países aunado a un alto proteccionismo nacional, sindicatos de alto poder y una gran cantidad de empresas paraestatales. En resumen, el rol del gobierno en la actividad económica era predominante. Sin embargo las cosas comenzaron a cambiar y ante la nueva visión económica entró en vigor una nueva corriente de libertad económica en las políticas de gobierno. No es casualidad que las ideas de Ronald Reagan en Estados Unidos y de Margaret Thatcher en Inglaterra hayan sido tan semejantes y en la misma época. Ambos gobiernos se caracterizaban por emplear distintos factores: reducción de impuestos y gasto gubernamental, intento de mantener inflación baja, privatización de industrias y la reducción de la regulación gubernamental. A los pocos meses, México intentaría entrar en esa misma tendencia con resultados que aún están en la mesa de debate.
A principios de la década de los ochenta la liberalización económica no era un tema bien recibido. Sin embargo, Miguel de la Madrid tomó la decisión de adoptar las medidas que se estaban llevando a cabo en otros países e implementarlas en México. Para muchos, gracias al cambio radical en las políticas económicas, se logró detener el problema de endeudamiento que se había venido generando desde los sexenios anteriores. Y es que Miguel de la Madrid llevó a cabo la eliminación del control de cambios establecidos por López Portillo. Esto significó que el tipo de cambio sería dictado de nuevo por el mercado por lo que habría menos distorsiones en el comercio exterior. Otra de las medidas que se acreditan a este sexenio fue la privatización de empresas estatales que tan sólo en seis años se redujeron de mil 551 a 413. Además se promovió la desregulación de mercado y la descentralización del poder y se sentaron las bases para la reprivatización de la Banca. Miguel de la Madrid desarrolló un plan de austeridad para mantener las finanzas públicas en niveles estables y se le considera pionero al estimular el comercio exterior cuando logró que México entrara al GATT (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio). Para muchos, De la Madrid aplicó políticas económicas correctas que en su momento fueron muy criticadas debido a los sacrificios de corto plazo que se tuvieron que hacer.
En el sexenio de Miguel de la Madrid, desde 1985 para ser exactos, un puñado de jóvenes economistas, partidarios de desplazar al Estado por el mercado, maniobraron con habilidad y lograron arrebatar el poder a los políticos tradicionales. El supuesto derecho de mando de estos economistas o tecnócratas no provino de las urnas o de algo semejante las elecciones de 1988 carecieron de credibilidad y las de 1994 de equidad sino de su supuesta capacidad para conocer y manipular las variables económicas.
Ya en el poder, los tecnócratas-políticos se dijeron portadores de una ideología que presentaron como ciencia distinta y superior a la que había fracasado bajo el neopopulismo locuaz o frívolo de Luis Echeverría y de José López Portillo, y en ella fincaron su legitimidad. Se trató de una ideología manufacturada en las grandes universidades norteamericanas, notablemente en la de Chicago, que estaba siendo puesta en práctica en la Gran Bretaña de Margaret Thatcher y en el de Estados Unidos de Ronald Reagan, y que logró derrotar económicamente a la hoy desaparecida Unión Soviética. El proyecto de esos nuevos líderes mexicanos era la reintroducción de la lógica del mercado en un sistema económico ineficiente, dominado por un gobierno obeso, por los intereses corporativos y corruptos de sindicatos, organizaciones ejidales y patronales, y por industriales y comerciantes parasitarios, protegidos de la competencia externa. Desde la perspectiva de estos economistas encabezados por Carlos Salinas de Gortari, la lógica de la oferta y la demanda globales era la vía más eficiente en la asignación de los recursos escasos; era la única forma de superar el subdesarrollo e introducir a México al selecto grupo de los países triunfadores. Por ello, la gran meta del grupo salinista fue lograr la integración de México a la economía más fuerte del mundo mediante un tratado de libre comercio con Estados Unidos.
Para no repetir la triste historia de Mijail Gorbachov en la Unión Soviética que por reformar políticamente un viejo sistema estatista y autoritario destruyó tanto al sistema como al país, los tecnócratas decidieron que el camino adecuado era una modernización selectiva: transformar la economía, pero preservar y usar a fondo los instrumentos políticos heredados: autoritarios, antidemocráticos y pre modernos. Fue así como el salinismo dio forma a algo que se puede llamar autoritarismo de mercado.
En esta ambiciosa empresa, contó con el apoyo incondicional de los factores de poder norteamericanos, de Europa occidental y de Japón. Igualmente forjó una sólida alianza con el PAN, los antiguos maoístas, la iglesia católica de Juan Pablo II y, sobre todo, con la banca y un puñado de empresarios mexicanos a los que, a cambio de un apoyo político efectivo, se les dieron todas las facilidades para acumular sumas fantásticas de capital que pronto pusieron a 24 de ellos en la lista de los mega millonarios del mundo.
Este cambio afectó profundamente todo el tejido de la sociedad, pero el costo lo pagaron sobre todo aquellos que tenían menos instrumentos políticos para defender su posición y que no estaban en condiciones de resistir el embate directo de la competencia externa: los marginados, los indígenas, el sector agrícola de temporal, los micro, pequeños y medianos empresarios e incluso algunos de los grandes; los sindicatos, y una clase media consumista y muy dependiente de las actividades burocráticas. Para imponer el cambio y controlar las inevitables reacciones en contra, el supuesto neoliberalismo económico se hizo acompañar y apoyar del autoritarismo tradicional, cuyos dos grandes pilares eran el presidencialismo sin límites y el partido de Estado; es decir, el antiliberalismo político.
Por un tiempo, la osadía del proyecto modernizador de la tecnocracia rapidez y profundidad deslumbró a propios y extraños, y el éxito nacional e internacional pareció acompañar a los arquitectos del nuevo modelo económico. Pero, finalmente, la contradicción básica entre los principios que guiaban el proyecto impidió que los afectados tuvieran canales de expresión institucionales y adecuados. Esta presión social sin salida y la imposibilidad del autoritarismo de detectar los errores estructurales a tiempo el presidencialismo extremo es impermeable a la crítica dieron al traste con el modelo tecnocrático original, aunque no sin antes hacerle pagar un costo muy alto a la sociedad mexicana.
Al descuido histórico de los gobiernos posrevolucionarios en materia de policía e impartición de justicia, que produjo corrupción e incompetencia en abundancia, se le viene a añadir hoy un elemento externo que hace todavía más difícil que en México realmente tome forma ese supuesto "Estado fuerte" capaz no sólo de privatizar y cobrar impuestos, sino de enfrentar con éxito a la delincuencia. Ese elemento es el narcotráfico. Según cálculos de la Procuraduría General de la República, resulta que en 1994 los ingresos brutos de los varios grupos de narcotraficantes que operan en México, pudo ascender a los treinta mil millones de dólares. La magnitud de la cifra es impresionante. Representa prácticamente el mismo monto de las reserves del Banco de México, reportadas en 30.5 mil millones de dólares a fines de marzo de ese mismo año. Un narcotráfico tan fuerte como el Banco de México bien puede penetrar todas las estructuras gubernamentales que considere necesarias: los aparatos de seguridad, la Procuraduría General de la República, los gobiernos estatales, las policías, el ejército, todos.
El Estado ha ido perdiendo terreno desde hace tiempo frente a la corrupción policiaca y judicial; sin embargo, poco se hizo al respecto en el sexenio salinista, y no porque faltaran recursos económicos sino porque faltaron recursos humanos y, sobre todo, faltó voluntad y sobró irresponsabilidad política.
Y es que en realidad, el objetivo central de largo plazo del proyecto neoliberal mexicano al cual se subordinaron de terminados objetivos específicos de corto plazo la firma del TLC, el control de la inflación, la disciplina fiscal, es la creación de ese sector social que desde hace mucho está en formación en México, pero que por diversas razones nunca ha cuajado: la gran burguesía. Con el Estado en retirada, se abre ahora un espacio de liderazgo económico, político y cultural que sólo puede ser llenado por el gran capital. La modernización neoliberal, en países como el nuestro, lleva casi de manera inevitable a que la burguesía, la gran burguesía esa que el estatismo mantuvo por tanto tiempo dependiente y débil se convierta en la clase estratégica, aunque ya no sea una burguesía nacional sino trasnacional.




PROLOGO 3 por José Luis Calva
"Mercados e Inserción de México en el Mundo"


México: un fracaso en comercio internacional. El contexto mundial exige a todos los participantes del Comercio Exterior la búsqueda constante de innovación, eficiencia y generación de negocios sustentables. Bajo este complejo ambiente, el apoyo de expertos especialistas con profundo conocimiento en Comercio Exterior, que potencien el aprovechamiento de las ventajas competitivas, faciliten la eliminación de riesgos fiscales o de Comercio Exterior, y coadyuven en el diseño e implementación de las mejores prácticas, permite lograr una constante generación de valor para las empresas y sus accionistas.
A pesar de las diferencias institucionales en distintos países, las "reformas estructurales" (liberalizar los mercados y privatizaciones) se confundieron con políticas de "estabilización económica", ya que estabilidad macroeconómica no es sinónimo de "liberalización". Peor aún, dada la velocidad con que algunas reformas fueron institucionalizadas, se crearon efectos negativos peores de los que antes existían. Por lo tanto, si bien la estabilidad macroeconómica es importante para lograr cierto crecimiento económico, las reformas parecen no haber ayudado mucho para fundamentar un piso a partir del cual se puede pensar el "desarrollo" de los países latinoamericanos. La "globalización" que en los hechos solamente funciona para hablar, y en todo caso solamente ambiguamente, de los montos de inversiones extranjeras directas e indirectas, se refleja en el fenómeno de concentración de las mismas. Además, si bien los flujos financieros han sido la clave para explicar las variaciones del crecimiento económico, la apertura indiscriminada de los mismos produjo efectos nocivos de inestabilidad macroeconómica que se creía iban a paliar.
A su vez, las exportaciones de la región crecieron y se diversificaron en algunos casos, pero igualmente aquí fueron los sectores tradicionales los que llevaron la delantera. Un fenómeno inédito fue la tasa de crecimiento del comercio dentro de la región dados los procesos de integración en la región del "Mercosur" y la "Comunidad Andina", que se interrumpió en 1998. Además, hubo una nueva "especialización en el marco de las exportaciones", el llamado patrón del norte "que se caracteriza por exportaciones manufacturados con elevados contenidos de insumos importados" (maquila México y Centroamérica) en dirección hacia el mercado estadounidense y el otro patrón "sur" (Sudamérica) que combina "exportaciones extra regionales de productos básicos y de manufactura basadas en recursos naturales, muchos de ellos también intensivos en capital, con un comercio intrarregional diversificado"(p. 40). Por lo tanto, son las inversiones extranjeras directas las que han dado dirección al proceso; la especialización del "norte" concentra las inversiones de las empresas trasnacionales que participan en la producción más integrada y en Sudamérica predominan las de los servicios y recursos naturales y en producción para los "procesos de integración regional." De todas maneras, el crecimiento económico ha sido "desalentadoramente lento" dice Ocampo: "entre 1999-2003 en conjunto, la tasa media de crecimiento fue de sólo 2,6% al año o 0,9% por habitante, menos de la mitad de la registrada en América Latina entre 1945 y 1980, esto es, 5,5% al año o 2, 7% por habitante". Igualmente, las propias reformas de liberalización para comienzos de los años noventa presentan el mismo deterioro de la "relación entre crecimiento y déficit comercial" En tres ensayos Ocampo describe la trágica situación económica de la región, hace un diagnóstico, critica las visiones en materia económica que fundamentaron las políticas económicas en la región y ofrece alternativas así como algunas propuestas políticas de carácter utópicas pero realizables a pesar de la nauseabunda pobreza teórica y material que nos tiene encarcelados bajo el lema: "el mercado resolverá sus problemas". Demuestra que las "reformas de mercado", de la mano con el infame "Consenso de Washington", construidas a partir de la leyenda negra que se creó en torno a la "industrialización liderada por el Estado" han dejado mucho que desear para decirlo diplomáticamente. Dada la preeminencia de la idea de que nuestras economías estaban dominadas por un Estado sobredimensionado, economías cerradas, anti exportadoras, anti mercado, las reformas de mercado y la "liberalización" traerían consigo un "crecimiento estable" a la región. A pesar de las diferencias institucionales en distintos países, las "reformas estructurales" (liberalizar los mercados y privatizaciones) se confundieron con políticas de "estabilización económica", ya que estabilidad macroeconómica no es sinónimo de "liberalización". Peor aún, dada la velocidad con que algunas reformas fueron institucionalizadas, se crearon efectos negativos peores de los que antes existían. Por lo tanto, si bien la estabilidad macroeconómica es importante para lograr cierto crecimiento económico, las reformas parecen no haber ayudado mucho para fundamentar un piso a partir del cual se puede pensar el "desarrollo" de los países latinoamericanos. La "globalización" que en los hechos solamente funciona para hablar, y en todo caso solamente ambiguamente, de los montos de inversiones extranjeras directas e indirectas, se refleja en el fenómeno de concentración de las mismas. Además, si bien los flujos financieros han sido la clave para explicar las variaciones del crecimiento económico, la apertura indiscriminada de los mismos produjo efectos nocivos de inestabilidad macroeconómica que se creía iban a paliar.
A su vez, las exportaciones de la región crecieron y se diversificaron en algunos casos, pero igualmente aquí fueron los sectores tradicionales los que llevaron la delantera. Un fenómeno inédito fue la tasa de crecimiento del comercio dentro de la región dados los procesos de integración en la región del "Mercosur" y la "Comunidad Andina", que se interrumpió en 1998. Además, hubo una nueva "especialización en el marco de las exportaciones", el llamado patrón del norte "que se caracteriza por exportaciones manufacturados con elevados contenidos de insumos importados" (maquila México y Centroamérica) en dirección hacia el mercado estadounidense y el otro patrón "sur" (Sudamérica) que combina "exportaciones extra regionales de productos básicos y de manufactura basadas en recursos naturales, muchos de ellos también intensivos en capital, con un comercio intrarregional diversificado". Por lo tanto, son las inversiones extranjeras directas las que han dado dirección al proceso; la especialización del "norte" concentra las inversiones de las empresas trasnacionales que participan en la producción más integrada y en Sudamérica predominan las de los servicios y recursos naturales y en producción para los "procesos de integración regional."
Entre los factores considerados, como determinantes (educativos, demográficos, ocupacionales y patrimoniales), el factor educativo a pesar de su ampliación de cobertura, no ha aumentado las oportunidades del empleo, e ingresos de la región ("sólo un 47% de los jóvenes de la zonas urbanas, y un 28% de los de la zonas rurales, han mejorado sus perspectivas de ocupación elevando su nivel de instrucción". En el capítulo segundo: "La Globalización y la agenda de desarrollo", discute los aspectos generales 118 de la llamada (como hemos dicho equívoca) "globalización" y sus implicaciones para repensar el desarrollo. La tesis de que los países tienden a nivelar sus ingresos entre sí a medida que crecen y se transforman, es un mito si se toma la evolución de las últimas dos décadas. Una vez más, si se puede hablar de convergencia fue para el período de crecimiento de los años 1950-1973. Más bien los sistemas sociales tienden a una divergencia sistémica en términos de sus niveles de ingresos. A la divergencia del ingreso por habitante se le suma el aumento de las desigualdades "dentro de los países". Si bien la divergencia en los niveles de "desarrollo ha sido compatible con algunas experiencias del desarrollo exitoso, particularmente durante las tres décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial en un conjunto amplio de países en desarrollo, así como en varias naciones de Asia en las últimas décadas también con la subsistencia de verdaderas trampas de pobreza; el estancamiento del ingreso relativo de países de ingreso medio, como el que caracterizó a América Latina entre 1870 y 1973, la vigorosa reanudación de la tendencia hacia la divergencia de los ingresos por habitante en las últimas décadas se contrapone a las expectativas de la liberalización económica aceleraría la convergencia".
Es paradójico como también lo ha remarcado Chang (2002), que los "períodos de mayor crecimiento del comercio mundial no fueron aquellos que se caracterizaron por el predominio de regímenes comerciales liberales". Las disparidades se dan porque la economía mundial se conforma por economías con distintos grados de poder y de ingreso: la mejor manifestación de esto es que, pese a algunos cambios, la jerarquía mundial de los niveles del PIB per cápita se mantuvo notablemente estable durante el siglo pasado, como lo demuestra el hecho de que cerca del 60% de las disparidades de ingreso actuales pueden atribuirse estadísticamente a disparidades que ya existían en 1913". El mundo económico internacional está articulado a partir de asimetrías entre diversas naciones, Ocampo usa el vocablo "desnivelado", y que si no se enfrentan adecuadamente se polarizará aún más. Ello requiere una política económica que garantice "bienes públicos globales"; un sistema mundial sustentado en una "ciudadanía global" y así gradualmente superar "las asimetrías". Supone también que los derechos políticos y sociales de las naciones "no es automático" y deben construirse; igualmente la idea de la ciudadanía global, con obligaciones y responsabilidades en una comunidad internacional heterogénea, con el derecho a ser "diferente". Por lo mismo, se requiere una cooperación a nivel internacional para reducir las asimetrías en cuestión. La asimetrías se observan en una mayor vulnerabilidad macroeconómica de los países en desarrollo dadas las reglas del comercio internacional y la moneda vehicular del mismo; la concentración del progreso y desarrollo de la tecnología en uno de sus polos y la "creciente movilidad de capitales" en contraposición al de la mano de obra a nivel internacional; esos tres fenómenos crean una acumulación circular creciente de las desigualdades y asimetrías al no verse enfrentadas con políticas económicas adecuadas.
En síntesis, es insuficiente una política macroeconómica "responsable", se requiere también una política y estrategia de "desarrollo productivo" que incluya en su horizonte las políticas "meso económicas". Es que el "crecimiento económico" esta "intrínsecamente vinculado al contexto estructural, constituido por el aparato productivo tecnológico, la configuración de los mercados, las características de los agentes empresariales, y la forma como estos mercados y agentes se relacionan con el contexto externo"). Se resaltan entonces aquellos elementos que conciben el crecimiento y el desarrollo como producto de elementos "dinámicos" que no se conforman automáticamente, sino que requieren de ciertas condiciones muy particulares para producir sus efectos positivos en el contexto en que están insertos. No es meramente una evolución "tecnológica" como si ella fuese un elemento independiente de las relaciones sociales: la propia evolución "institucional" forma parte de ese contexto y de las reformas necesarias para dinamizar a la economía y los sectores articulados entre sí. Ello supone un Estado que promueva políticas y estrategias de "inversión nacional". Entre sus objetivos se deben proponer la diversificación de la base exportadora, estrategias para mejorar los "encadenamientos entre la producción nacional" e internacional; estrategias que facilitan explotar sinergias entre la mejoría de la clase trabajadora y el crecimiento económico ampliando el mercado interno de "bienes de consumo popular" y apoyo a conformar conglomerados productivos.
Sobre todo mayor inversión pública y privada en educación, capacitación laboral, ciencia y tecnología. Debido a que la "globalización" ha producido desigualdades y problemas sociales de mayor envergadura, la política social debe concentrarse en tres áreas prioritarias: la educación, el empleo y la protección social y en todas ellas las políticas deben ser "ambiciosas": pero especialmente la educativa, "la universalización de la educación pública básica de calidad y en políticas selectivas orientadas hacia los sectores más pobres". La política laboral debe asumir que la creación de empleo es solamente viable a largo plazo si los sectores económicos en cuestión son competitivos. La protección social debe sustentarse en sistemas de seguridad social, contribuciones obligatorias, subsidios y transferencias públicas. Y para ello, dadas las desigualdades de ingresos de la región, hay que elaborar una "pacto fiscal" que pueda cubrir y satisfacer las diversas necesidades. Por lo tanto, supone elevar la recaudación tributaria. Un proyecto de esta naturaleza debe superar esquemas compensatorios de apoyo y concentrarse en la generación de empleos, y eso implica crear las condiciones adecuadas para que los sectores productivos de las pequeñas empresas crezcan ya que son las entidades que generan mayor empleo. Todo lo cual supone que no existen "mecanismos automáticos que garanticen que la rápida innovación tecnológica en sectores dinámicos se traduzca en un crecimiento económico de carácter general" (p. 150) y aquí son importantes las estrategias y políticas de producción de desarrollo productivo. En el tercer capítulo "Mercado, cohesión social y democracia", Ocampo deja el diagnóstico estrictamente "económico" y hace explícitos sus puntos de vista éticos o políticos que guían sus propuestas de desarrollo social.
Como concibe que la "democracia" es mucho más que el sistema parlamentario, representativo, sino más bien, la "extensión efectiva de los derechos humanos, en su doble dimensión de derechos civiles y políticos" (p. 155), se impone pensar en reglas macroeconómicas claras y "fuertes" para sustentar todas y cada una de la demandas que surgirán de un mundo político-social y económico plural. Las instituciones de carácter público deben ser reivindicadas, ya que son el sustento del propio "mercado" que tanto se quiere universalizar, pero entonces ello implica pensar sus condiciones de existencia, que no pueden ser generales, dadas las historias locales de cada nación-región. Así el funcionamiento macroeconómico de las políticas de desarrollo a largo plazo tendrá que complementarse con aquellas que se refieren a aspectos sociales o ecológicos. Ello supone dar mayor participación en la toma de decisiones a una variada gama de "intereses" desiguales. Además aunque "el liderazgo natural recae sobre el Estado, las instituciones que se desarrollen para cumplir estas funciones deben tener en cuenta no sólo las 'fallas del mercado', sino también las 'fallas del gobierno' (y de otras formas de acción colectiva". Por ello Ocampo supone que los objetivos sociales no podrán realizarse sino se incide en el "funcionamiento de los mercados", por lo tanto el centro de la política de desarrollo obliga a una discusión de la política "económica". La integración social o cohesión social de las naciones impone discusiones de índole político que el vocabulario de la tecnocracia estatal e ideas como la del "óptimo de Pareto", eluden.
Sobre todo mayor inversión pública y privada en educación, capacitación laboral, ciencia y tecnología. Debido a que la "globalización" ha producido desigualdades y problemas sociales de mayor envergadura, la política social debe concentrarse en tres áreas prioritarias: la educación, el empleo y la protección social y en todas ellas las políticas deben ser "ambiciosas": pero especialmente la educativa, "la universalización de la educación pública básica de calidad y en políticas selectivas orientadas hacia los sectores más pobres". De allí la importancia de un pacto fiscal y transparencia del gasto público. También las Instituciones Internacionales tendrán que cambiar algunas de sus reglas, ya que estamos ante un mundo económico heterogéneo, desigual y asimétrico y la idea de "nivelación del campo de juego" no mejora la posibilidad del desarrollo de los países y/o regiones menos poderosas. La dificultad está en cómo promover un mayor nivel de democratización en dichas instituciones internacionales (FMI, Banco Mundial), y de hecho la "ausencia de una verdadera internacionalización de la política es, en tal sentido, la paradoja principal que caracteriza al actual proceso de globalización".
PROLOGO 4 por José Luis Calva
"Políticas Macroeconómicas para el Desarrollo Sostenido"

Hoy en día, se reconoce ampliamente que una política macroeconómica orientada hacia la estabilidad es una condición necesaria para el desarrollo, así como para alcanzar y mantener niveles altos de desarrollo. No obstante, existe menos acuerdo con respecto al enfoque, la intensidad y la secuenciación de estas políticas orientadas a la estabilidad. Por ejemplo, mientras la mayoría ubicaría el objetivo de bajar la inflación en primer lugar, otros aceptarían un cierto nivel de flexibilidad en las finanzas públicas, a fin de afrontar mejor las recesiones o los cambios estructurales. Al parecer, las políticas de estabilización propuestas por las instituciones de Bretton Woods no han surtido efecto, ya que la situación económica de los países en desarrollo ha incluso empeorado en algunos casos. En la actualidad, estas políticas están siendo reorientadas hacia el objetivo de la reducción de la pobreza. En este contexto, el trabajo realizado por EMPANALYSIS estudiará el fundamento de la integración de "objetivos de empleo" en los procesos de los DELP, así como en las políticas macroeconómicas necesarias para alcanzar esta meta. La formulación y la promoción de políticas macroeconómicas orientadas al empleo es un componente central del Programa Global de Empleo.

El departamento EMP/ELM llevará a cabo un análisis en diversos países para profundizar en cuestiones tales como el grado de maniobra de la política macroeconómica nacional en los países en desarrollo, la necesidad de evitar caer en la "trampa de la estabilización", el aporte que una política macroeconómica adecuada puede realizar a la reducción de la pobreza y la creación de empleo y, de manera general, las posibilidades y limitaciones de las políticas macroeconómicas expansionistas. También contribuirá a la discusión analítica y en materia de políticas sobre las relaciones entre la pobreza y el empleo, analizando, en particular, las interacciones entre la política macroeconómica y las políticas del mercado de trabajo. La labor futura también contribuirá a los debates conexos en materia de desarrollo, especialmente para exponer la relación entre el crecimiento, el empleo y la pobreza. Uno de los principales fenómenos a los que está sometida la economía de mercado es el de la existencia de ciclos económicos. Los ciclos o fluctuaciones cíclicas de la actividad económica pueden definirse como las oscilaciones de la actividad económica que dan lugar a la expansión y la contracción alternada de la economía en forma de eventos sucesivos. Esto implica que el crecimiento económico no es un proceso lineal de incremento en la cantidad de bienes y servicios producidos, sino que se presentan alternativamente épocas de auges y recesiones. El concepto de ciclo económico se refiere a las fluctuaciones periódicas de la actividad económica en el contexto de la tendencia al crecimiento de largo plazo. El ciclo es la sucesión de períodos de expansión del crecimiento del producto, seguido de períodos de contracción. El ciclo implica cambios entre períodos de rápido crecimiento de la producción (recuperación y prosperidad) y períodos de relativo estancamiento o declive (contracción y recesión), producidos en el transcurso del tiempo. Estas fluctuaciones son medidas generalmente en términos del Producto Interno Bruto de una determinada economía. El proceso de desarrollo del ciclo económico, en especial en el corto plazo, también se suele denominar coyuntura.
Desde un punto de vista más preciso, el ciclo económico y la coyuntura pueden ser definidos desde cuatro puntos de vista compatibles entre sí: 1) en primer lugar, y como introdujimos más arriba, por coyuntura se entiende la aceleración y desaceleración periódica de las tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto; 2) una segunda interpretación implica la sucesión de variaciones más o menos regulares con respecto a una recta de crecimiento equilibrado, definida como la tendencia estadística de las tasas de crecimiento; 3) en tercer lugar, coyuntura se refiere a las diferencias estimadas entre la tasa de crecimiento del producto potencial con respecto a la tasa de crecimiento de la demanda agregada de la economía (se produce un año de recuperación si la tasa de crecimiento potencial es inferior a la tasa de crecimiento de la demanda; de lo contrario, si el crecimiento potencial supera el crecimiento de la demanda la economía, se halla en un año de recesión); 4) por último, se puede entender el ciclo económico como las variaciones del grado de ocupación del producto económico potencial estimado. La macroeconomía moderna da poco apoyo a la idea de los ciclos de períodos regulares. Sin embargo, se han adoptado para su clasificación los siguientes tipos: ciclos cortos o de Kitchin: son ciclos de inventario con una duración de 3-5 años, no necesariamente registran una crisis en el descenso; los ciclos de inversión fija o de Juglar: tienen una duración de 7-11 años, se distinguen por la presencia de auges y crisis cíclicas; el ciclo de in - versión en infraestructura o de Kuznets: tiene una duración aceptada de 15-25 años; el ciclo tecnológico de largo plazo o de Kondratieff: suele ser definido con una duración de 45-60 años. Entre los ciclos sectoriales más importantes están el de la industria de la construcción, de 18 años en promedio, y el de la agricultura, de 10 años de duración en promedio. Se pueden distinguir cuatro fases del ciclo económico: la expansión, donde se produce un incremento en la producción y los precios, y bajan las tasas de interés; la crisis, que suele comenzar por los mercados de capitales continuándose en quiebras bancarias y empresariales; la recesión, donde se produce una caída en los precios y la actividad con un aumento del desempleo y de las tasas de interés; y la recuperación, que comienza cuando las acciones se recuperan por las caídas en los precios y los ingresos. Existe, sin embargo, una discusión técnica aún no superada en cuanto a qué implica exactamente un decrecimiento sostenido del PIB, lo que da lugar a la definición técnica de la recesión. Según algunos autores, la medida es dos trimestres; para otros es más. De todos modos, conceptualmente existe consenso en cuanto a que una recesión es una disminución significativa de la actividad que afecta al conjunto de una economía, con una duración de más de unos meses, normalmente evidenciada en el PIB real, el ingreso real, el empleo, la producción industrial y las ventas mayoristas y minoristas. Desde el punto de vista empírico, más recientemente, la investigación del ciclo económico se ha enfocado en el estudio de patrones periódicos y regulares, así como en las interacciones temporales y causales en los agregados macroeconómicos (como el consumo, la inversión, gasto público e impuestos, etc.). En especial el diseño y el uso de los indicadores estadís- ticos previos, paralelos y posteriores al valor asociado o relacionado del PIB (por ejemplo, datos de inventarios o stocks comerciales, capacidad industrial utilizada, índice de desempleo) se utilizan para comprobar y, sobre todo, anticipar la existencia o no de una interrelación regular entre diferentes indicadores macroeconómicos. Si la respuesta es afirmativa, la interrelación con un concepto teórico de la coyuntura puede ser profundizada y este concepto puede ser utilizado para elaborar diagnósticos empíricos, pronósticos y recomendaciones para una política macroeconó- mica efectiva. Como ejemplo de crisis económica con recesión podemos mencionar que la crisis de los años treinta (1930), que comenzó ligada al famoso jueves negro de la bolsa de Nueva York, es quizá la crisis económica más estudiada. Más recientemente, un fenómeno análogo, la caída de las cotizaciones del Nasdaq en marzo-abril de 2000, cerró, en marzo de 2001, un ciclo expansivo largo de la economía de Estados Unidos (la expansión se prolongó por 10 años, la más larga registrada en la cronología de Estados Unidos) que arrancó en marzo de 1991. En el presente, la crisis de las hipotecas ha llevado a una crisis profunda, que algunos analistas estiman como análoga a la de 1930. Los ciclos más recientes generalmente terminaron con la caída de la inversión especulativa en una burbuja de confianza que termina colapsando, con los períodos de contracción y estancamiento reflejados en un proceso de purga de las empresas ineficientes y un cambio de los recursos de los destinos menos productivos a los más productivos. Entre 1945 y 1990, sin embargo, los ciclos parecían estar más asociados a elementos políticos como la política fiscal y monetaria.
Durante los ochenta, la crisis de la deuda generó un nivel inédito de inestabilidad macroeconómica. En ese contexto, la estabilización adquirió una prioridad absoluta y la cuestión del crecimiento fue relegada a un segundo plano. En los últimos años, sin embargo, la problemática relacionada con el crecimiento y el desarrollo productivo ha ido ganando espacio en la agenda de política económica en América Latina. Esto, sin lugar a dudas, representa un importante avance. El factor fundamental que posibilitó el cambio en las prioridades asignadas a la estabilidad y el crecimiento ha sido la transformación operada en el mercado internacional de capitales: en lo que va de los noventa se registró una fuerte caída en las tasas de interés externas y hubo una sensible flexibilización en el racionamiento del crédito que los países de la región venían sufriendo. De tal forma, se desactivaron los dos factores fundamentales que habían actuado como generadores de la crisis de la deuda. Bajo estas nuevas circunstancias, los gobiernos han contado con más grados de libertad para llevar a cabo en forma exitosa políticas de estabilización y, como consecuencia, se observa una generalizada mejoría en la evolución de las variables agregadas clave en los países de la región (con la excepción importante de Brasil). Al dejar de ser la estabilización una necesidad tan acuciante, se abrió la posibilidad de pensar en el crecimiento. Como regla general, se ha estado buscando la reactivación de las fuentes del mismo a través de la implementación de reformas estructurales orientadas a profundizar el rol de los mercados y a aumentar la eficiencia de la estructura productiva. Debe tenerse en cuenta, no obstante, que la consolidación de la estabilidad está lejos de ser un hecho. Algunos factores estructurales de inestabilidad macroeconómica están intactos, la crisis de la deuda dejó secuelas que no han sido superadas y han aparecido nuevas tensiones macroeconómicas como subproducto de la aceleración del ritmo en la implementación de las reformas estructurales.
Hemos planteado que la nueva situación representa un avance. Pero si se toman en cuenta los factores potenciales de desequilibrio remanentes se hace necesario agregar que también representa un desafío. El núcleo de este último consiste en cómo utilizar inteligentemente el mayor espacio para implementar políticas de reforma y crecimiento conservando los logros recientes en términos de estabilidad. Una condición para enfrentar este desafío es entender -aunque más no sea de manera rudimentaria- la forma en que interactúan los factores macroeconómicos y microeconómicos. Esto es, entender cómo las restricciones de consistencia macroeconómica (de corto y largo plazo) condicionan y son condicionadas por los desequilibrios generados durante el proceso de reformas y por los cambios consecuentes en la base productiva. Este artículo analiza los factores que afectan la relación entre consistencia agregada y desarrollo productivo. Tales factores son sumamente complejos. En el tratamiento de esa problemática es ineludible la utilización de resultados analíticos pertenecientes no sólo a la macroeconomía y la microeconomía sino también a la teoría del crecimiento, la teoría financiera, las finanzas públicas, la organización industrial, el comercio internacional y la dinámica del cambio tecnológico. El enfoque ha de ser necesariamente interdisciplinario para ser fructífero. Este es, precisamente, uno de los obstáculos más difíciles de superar. La interacción sistemática en el plano analítico entre los macroeconomistas y los especialistas pertenecientes a cada una de las ramas mencionadas -en especial con aquellos dedicados al análisis de la organización industrial, la innovación y el cambio tecnológico- es reducida. Es por ello que el carácter de este artículo no puede sino ser exploratorio (entre otras cosas debido al sesgo macroeconómico de la formación de sus autores). Nuestro mayor anhelo al escribirlo es que sea de alguna utilidad para futuros estudios interdisciplinarios de la relación entre lo "micro" (i.e. los factores relacionados con la estructura productiva) y lo "macro" (i.e. la consistencia agregada). Este anhelo tiene sus raíces en la firme creencia de que buena parte de los secretos del crecimiento se encuentran escondidos en la compleja trama de las relaciones "micro-macro". Si las formas más importantes de interacción "macro-micro" pudieran ser identificadas, entonces sería posible analizar la manera en que diferentes escenarios macroeconómicos, caracterizados por diversas configuraciones de las variables agregadas, afectan positiva o negativamente la conducta de los agentes, la morfología institucional y, por ende, la eficiencia y el sendero de crecimiento de la estructura económica. Y sería también posible evaluar si las reformas estructurales orientadas a cambiar las características del contexto en el cual se toman las decisiones microeconómicas son esperable que actúen en favor o en contra de la consolidación de la estabilidad. Obviamente, dados nuestros objetivos, el análisis estará orientado primordialmente a dilucidar cuáles son las particularidades de esos mecanismos en el actual contexto latinoamericano, caracterizado por una estabilidad no consolidada y por una aceleración de las reformas estructurales orientadas a profundizar el rol de los mercados. El contenido del artículo es el siguiente. En la sección primera se analiza por qué "el problema macroeconómico" tiene entidad propia y cómo afecta y es afectado por la estructura microeconómica, tanto real como financiera. También se hace un intento por identificar los canales de transmisión "micro-macro" de mayor relevancia. La sección se cierra con algunas reflexiones sobre la forma en que las interacciones micro-macro contribuyen a determinar la potencialidad de crecimiento de una economía. El tratamiento que hacemos de las cuestiones mencionadas en esta sección es relativamente abstracto. En la segunda sección, en cambio, hacemos un esfuerzo por aplicar las ideas desarrolladas a problemas concretos. El propósito es dar cuenta de algunos hechos estilizados de la interacción micro-macro extraídos de la experiencia latinoamericana. Los hechos estilizados que hemos seleccionado para el análisis están estrechamente vinculados con los desafíos de política del presente, cuyo núcleo lo constituye la relación entre estabilización y reforma estructural. En primer lugar, se presenta una visión estilizada de los principales problemas macroeconómicos que enfrenta la región en los noventa y su relación con los desbalances estructurales. Posteriormente, se presentan dos ejemplos relacionados con el proceso de reforma estructural. Se examinan las consecuencias diferenciales que tuvo sobre la evolución de la estructura productiva la existencia de dos configuraciones macro muy diferentes en las recientes experiencias de apertura comercial en Brasil y la Argentina. El segundo ejemplo enfatiza los efectos de lo micro sobre lo macro. Se compara la evolución reciente de la estructura financiera en algunos casos seleccionados de países de América Latina y, sobre esa base, se muestra cómo tal evolución condiciona lo que puede hacerse en el plano de la estabilización macroeconómica. En ambos casos se trata de mostrar también los efectos interactivos y de feedback micro-macro. Esta sección (y el trabajo) terminan con algunas reflexiones finales que, a modo de conclusión, exponen las implicancias principales de nuestro análisis para la política económica.
Hemos planteado que la nueva situación representa un avance. Pero si se toman en cuenta los factores potenciales de desequilibrio remanentes se hace necesario agregar que también representa un desafío. El núcleo de este último consiste en cómo utilizar inteligentemente el mayor espacio para implementar políticas de reforma y crecimiento conservando los logros recientes en términos de estabilidad. Una condición para enfrentar este desafío es entender -aunque más no sea de manera rudimentaria- la forma en que interactúan los factores macroeconómicos y microeconómicos. Esto es, entender cómo las restricciones de consistencia macroeconómica (de corto y largo plazo) condicionan y son condicionadas por los desequilibrios generados durante el proceso de reformas y por los cambios consecuentes en la base productiva.
PROLOGO 5 por José Luis Calva
"Reforma Fiscal Integral"

La nueva política económica es parte fundamental de la discusión sobre la reforma democrática del Estado. La reforma fiscal integral es esencial para el apoyo a la infraestructura productiva. Un manejo adecuado de la política económica debe permitir el crecimiento sostenido del producto interno bruto (PIB) y la redistribución de la riqueza nacional como eje estratégico del combate a la pobreza, para fortalecer el federalismo y la democracia, instrumentar una adecuada fiscalización de los recursos públicos, avanzar hasta las últimas consecuencias en el combate a la corrupción, y eliminar el uso discrecional de los recursos públicos. En consecuencia, la política económica y la política fiscal no deben limitarse a la simple recaudación de impuestos; debe ser, ante todo, promotora del desarrollo económico y social. La reforma fiscal se ha considerado como una prioridad de país, por la cual se ha hecho poco, o en la que se han tomado medias aisladas, es decir, no de fondo, para progresar en una reforma integral que conjugue las necesidades del país y las fuentes de los ingresos públicos. El fortalecimiento de los ingresos tributarios se ha privilegiado con deuda pública y recursos petroleros, propiciando con ello pérdida de tiempo y de oportunidades, a pesar de que los presidentes de México en esas décadas pasadas tenían mayoría aplastante en el poder legislativo para aprobar iniciativas importantes en materia fiscal. Pero, ¿qué es la reforma fiscal? Son los cambios económicos que necesita el país en materia de ingresos públicos, para ser estos aplicados en beneficio de los ciudadanos como gasto social y desarrollo del país. La política fiscal sigue siendo el tema, porque todos sabemos que la verdadera reforma fiscal integral está pendiente, y ésta tiene que realizarse. O hacemos la reforma, o muy pronto nos encontraremos con un país sin salidas, sin recursos, sin estabilidad económica, ni política. Todos estamos de acuerdo en que debemos de realizar una verdadera reforma fiscal integral, que nos permita dejar atrás la incertidumbre de lo que ocurrirá de no ser adoptado un nuevo modelo de política fiscal. En estos últimos años hemos escuchado que ya se tiene la reforma fiscal que se presentará ante la Cámara de Diputados en turno para su análisis y discusión. Después de los debates y heroicas posiciones, finalmente se aprueba una miscelánea fiscal que no tenía otro objetivo, sino el de obtener los recursos indispensables para el próximo ejercicio fiscal. Partiendo del supuesto de que cuando pretendemos corregir y resolver determinada problemática, ya sea de una empresa, de una institución, o, incluso, personal, se debe partir de un estudio para tener la claridad de qué se debe hacer y poder alcanzar el objetivo que se persigue. Hasta el momento, podría sugerirse que la actual política fiscal es insuficiente, inequitativa y desalienta la inversión. Un diagnóstico general de una reforma fiscal partiría, por lo menos, del reconocimiento de las siguientes debilidades de nuestro sistema tributario: Contamos con una reducida base de contribuyentes activos; debilidad de los instrumentos de recaudación hacendaria; complejidad en los procesos de pago; excesivo centralismo fiscal; alto costo de los procesos de recaudación; inseguridad jurídica para el contribuyente; excesiva dependencia de los ingresos fiscales del petróleo y sus productos; desigualdad en el trato fiscal, que se reduce a la inequidad; incapacidad para ampliar la base de contribuyentes y, finalmente, podríamos agregar la falta de incentivos fiscales que promuevan la creación de empleos, la reinversión, la actualización tecnológica, la nueva inversión productiva y la inversión en investigación. Kalifa, Pérez, Tijerina.
Durante mucho tiempo el gobierno, en su propósito de evitar al máximo las posibilidades de evasión, ha ido incorporando año tras año trámites, requisitos, procedimientos, medidas y continuos agregados en las diversas disposiciones fiscales, lo que ha propiciado que se pierda el rumbo, hasta parecer, más que un sistema de recaudación, un conjunto de obstáculos que dificultan la obligación contribuir. La reforma fiscal se tiene que ver como una visión moderna y de largo plazo, que envíe a nacionales y a extranjeros un claro mensaje de estabilidad y de seguridad jurídica. No podemos, no debemos, seguir enmendando la política fiscal, sino crearla desde su origen. Ya hemos probado con demasiados cambios parciales o misceláneas anuales. México debe comenzar desde el principio; tomar en cuenta que existe gran experiencia acumulada y que se requiere la participación, tanto de contribuyentes, como de especialistas en la materia, para que aporten sus conocimientos y podamos contar con una política fiscal no solamente recaudatoria, sino que ésta también propicie la inversión. Por otro lado, una reforma fiscal que implique e inspire: simplificación integral; confianza en el contribuyente, de equidad, de incentivar la actividad económica; de dar seguridad jurídica al contribuyente, y de considerar la competitividad tan necesaria hoy en día por el entorno internacional, sería la base fundamental para la creación de una política fiscal acorde a las necesidades del país. Aunque teóricamente se han establecido las características que debe reunir un buen sistema tributario, la estructura tributaria en México está alejada de los principios de equidad, neutralidad, justicia, eficiencia, mínimos costos administrativos y facilidad para ejecutar la política fiscal. La violación de estos principios básicos de la tributación ha llevado al sistema tributario mexicano a problemas estructurales casi endémicos que se han reflejado en incrementos sustantivos de la evasión fiscal. El principio de proporcionalidad y equidad con que deben cumplirse las leyes fiscales conforme a la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política Mexicana, no deben confundirse, pues tiene naturalezas diversas, ya que el primer requisito significa que las contribuciones deben estar en proporción con la capacidad contributiva del sujeto pasivo, mientras que la equidad consiste en que estos reciban un trato igual, lo que se traduce en que las leyes tributarias deben tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales.
La neutralidad es un principio impositivo básico inspirador de las reformas fiscales. Un impuesto neutral es aquel que no altera el comportamiento de los agentes económicos, es decir, de los contribuyentes. En el campo empresarial se exigiría que las decisiones sobre las fuentes de financiación, el nivel y la composición de la inversión, el lugar de localización, la combinación de factores, la forma jurídica o el tamaño de la empresa no estuviesen afectadas por factores fiscales. El concepto de neutralidad en la elección de la forma jurídica y la dimensión empresarial, según el cual la forma jurídica o la dimensión de una empresa, no debería estar condicionado por razones fiscales. En el año 2002 la Cámara de Diputados discutió y aprobó la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación; quedó claro que la actual estructura y las partidas de ingresos tributarios eran insuficientes para cubrir las necesidades de gasto público que requiere nuestro país, y precisamente esta insuficiencia de ingresos públicos es una asignatura pendiente en la agenda económica del país. A finales de la década de los 70, el entonces secretario de Hacienda, Antonio Ortiz Mena (secretario de Hacienda con Adolfo López Mateos de 1958-1964 y con Gustavo Díaz Ordaz de 1964-1970, 12 años), actor principal del "desarrollo estabilizador" lo definió de la siguiente manera: "El esquema de crecimiento que conjuga la creación de un ahorro voluntario creciente y la adecuada asignación de los recursos de inversión con el fin de reforzar los efectos estabilizadores de la expansión económica, en vez de los desestabilizadores que conducen a ciclos recurrentes de inflación-devaluación." "Donde se dispone que para encarar las responsabilidades del Estado, se deberá contar con una proporción más alta de los recursos totales de la comunidad."
Los objetivos que debería de considerar una reforma fiscal integral en México, son los siguientes: Incrementar la recaudación fiscal Consideramos que por las características particulares de nuestro país (polarización económica de la sociedad, bajos niveles de ingreso de una parte importante de la población, economía informal importante, etc.), lo más estratégico es incrementar la recaudación a base de recargar más la recaudación en los impuestos al gasto, en los impuestos indirectos como el impuesto al valor agregado, el impuesto especial sobre producción y servicios, los impuestos ecológicos, etc. y mucho menos en los impuestos a la inversión, en los impuestos directos como el impuesto sobre la renta (ISR). El impuesto al activo debe eliminarse porque no sólo no reporta una recaudación importante, sino porque es uno de los elementos que hacen complejo nuestro sistema tributario. Este esquema es el que ha mostrado ser efectivo para elevar la recaudación a niveles aceptables en otros países miembros de la OCDE y de Sudamérica y es el que nos permitirá competir con ventaja en la captación de flujos de capitales, que a su vez permitan la creación de fuentes de empleo en nuestro país. No debe perderse de vista que los impuestos indirectos son de más fácil cumplimiento para los contribuyentes, más fáciles de recaudar, de supervisar y de administrar. Ampliar la base de contribuyentes Resulta impostergable efectuar un combate frontal a la evasión y a la economía informal-ilegal, que es una de las principales fuentes de evasión fiscal, que algunos ubican ya a niveles del 50% del total de la economía. Preocupa la enorme tendencia alcista de este fenómeno, que incluye también al contrabando, la piratería y el mercado de lo robado. Federalización de los impuestos Es altamente conveniente que cada uno de los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) recaude sus propios impuestos, conforme a las facultades establecidas para ello. Existe una extraordinaria oportunidad de elevar la recaudación nacional por esta vía a través de una adecuada administración de los impuestos que le son propios a estos niveles de gobierno, incluyendo en ello al impuesto predial, que hoy en día esta aproximadamente cinco veces por debajo de lo que podría recaudarse a pesar de las altas tasas de impuestos prevalecientes, por virtud de la administración ineficiente que, entre otras cosas, no incluye toda la base de contribuyentes existentes. Sin duda, esta estrategia representa la vía más sana para fortalecer el federalismo. Estímulos fiscales Debe diseñarse una estrategia de verdaderos estímulos fiscales de largo plazo, que ahora adolecemos, que efectivamente sirva como: i) detonador de la inversión nacional y extranjera y del empleo, como sucedió en China y otros países, y ii) detonador del ahorro por parte de las personas físicas. Todos estos conceptos: inversión, empleo, ahorro; requieren de una urgente y efectiva promoción por parte del Estado. Simplificación de las disposiciones fiscales Desde las épocas de Adam Smith ya se destacaba la importancia de que las disposiciones fiscales fueran de fácil y de sencillo cumplimiento. Es por ello que resulta urgente simplificar en serio las disposiciones fiscales, de tal forma que se facilite su cumplimiento. Ejemplo de esto lo constituye la obligación que todavía tienen las empresas de reconocer los efectos de la inflación en la base gravable del ISR, cuando ésta se ha reducido ya a estándares internacionales. De hecho, las normas de información financiera (NIF B-10) ya están contemplando esta circunstancia. También se deben reducir las excesivas cargas administrativas que se imponen a los contribuyentes. Seguridad jurídica Es un reclamo ingente de toda la población el que se fortalezca la seguridad jurídica en nuestro país, a través de la emisión de disposiciones claras y sencillas que den certeza al contribuyente. Ejemplo realmente crítico de falta de seguridad jurídica lo constituyen las nuevas disposiciones en materia de deducción del costo de ventas, que suele ser la deducción más importante (alrededor del 60% del total de las deducciones) para la mayoría de los contribuyentes del ISR. La seguridad jurídica es una condición necesaria para justificar la justicia fiscal y para atraer la inversión nacional y extranjera. Permanencia de las disposiciones fiscales Es muy importante dotar de permanencia a las disposiciones y esquemas fiscales establecidos, de tal forma que los contribuyentes estén en posibilidad de planear en el mediano y en el largo plazo. Si bien es cierto que la política fiscal del país es un instrumento de política económica y, por lo tanto, no puede ser estática, es realmente muy grave que con demasiada frecuencia se están cambiando las "reglas del juego". Cultura fiscal Es también muy urgente el que se haga lo necesario para crear y mantener en nuestro país una cultura, un civismo fiscal, muy particularmente desde las aulas escolares a las que asisten las nuevas generaciones. En este rubro, al igual que en otros de la vida nacional, es urgente rescatar el estado de derecho y de respeto a las leyes. Independencia del SAT De una vez por todas, dotar de independencia al Servicio de Administración Tributaria (SAT), con el propósito de contar con un organismo independiente y profesional que administre de manera objetiva el tema de los impuestos en nuestro país, que no esté sujeto a las decisiones de los gobernantes en turno, que difieran de una estrategia de largo plazo. Procuraduría de la Defensa del Contribuyente Como todo país civilizado, debe hacerse lo necesario para que entre en funciones la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, que sirva de sano contrapeso al desempeño del SAT y de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Rendición de cuentas Otro aspecto que deben atender los tres niveles del Gobierno en su conjunto, es la rendición de cuentas, toda vez que en muchos casos existe desconfianza entre la población de que los impuestos que paguen serán adecuadamente utilizados, además de que no se percibe que se reciban los servicios básicos a que está obligado el estado para con la población. Regímenes preferenciales Es imprescindible dar una sensación de equidad, por lo cual, consideramos que es urgente que se eliminen los regímenes preferenciales que no tengan una verdadera justificación económica, con el objetivo de que todos tributemos bajo las mismas bases.
Para México, las cifras de la OCDE –en sus Perspectivas económicas de América Latina 2009– son las siguientes: como porcentaje del PIB, los ingresos tributarios (del gobierno central más los gobiernos locales, incluyendo impuestos petroleros), representan 19.93% del PIB; los impuestos indirectos –sobre bienes y servicios– alcanzan 11.29% del PIB, mientras que los impuestos sobre la renta y las contribuciones a la seguridad social apenas suman 7.94% del PIB. Como resultado, la redistribución fiscal es casi inexistente: el coeficiente de Gini antes de impuestos y transferencias es de 0.510 y apenas desciende a 0.494 después de la redistribución fiscal. La prevalencia de sistemas fiscales basados en impuestos indirectos, que no reducen la desigualdad, deriva –en una típica causación circular– de la enorme concentración de la riqueza y el poder político. Hasta el Banco Mundial lo ha reconocido: "Un nivel elevado de desigualdad económica y política suele crear instituciones económicas y mecanismos sociales que favorecen sistemáticamente los intereses de quienes tienen más influencia" (BM, Informe sobre el desarrollo mundial 2006). Por eso, las reformas orientadas a reducir la desigualdad a través de impuestos progresivos sobre el ingreso suelen toparse con formidables obstáculos. Sin embargo, la historia universal muestra que es factible romper estos círculos viciosos de desigualdad. De hecho, los países desarrollados de la OCDE no vinieron al mundo con sus sistemas hoy vigentes de redistribución fiscal. Hasta comienzos del siglo XX, Francia, Reino Unido y otros países hoy desarrollados tenían elevados niveles de desigualdad. "Sin embargo –recuerda también el Banco Mundial–, lograron reducir drásticamente la desigualdad en el transcurso del siglo xx y en periodos relativamente cortos: de dos a tres décadas". Un factor crucial fue el establecimiento de Estados de bienestar sumamente redistributivos. Es una buena noticia: la tremenda desigualdad y la ausencia de un sistema fiscal redistributivo no son condena divina. La experiencia de los más ejemplares países desarrollados demuestra que es factible la construcción de fuertes coaliciones políticas comprometidas con una tributación progresiva como camino seguro hacia la equidad y el desarrollo. Desde luego, para construir la amplia base de apoyo social y político que haga factible una modernización tributaria integral, la conformación efectiva de un sistema nacional integrado de transparencia, rendición de cuentas y auditoría social es elemento nodal de la reforma. Es, a la vez, atributo esencial de un sistema político realmente democrático.


PROLOGO 5 por José Luis Calva
"Sistema Financiero para el Desarrollo"

El hecho de tener un sistema financiero sano promueve el desarrollo económico de un país porque permite la inversión de capital hacia actividades productivas, como la construcción, la industria, tecnología y la expansión de los mercados. Es decir que el sistema financiero contribuye al progreso de una sociedad, ofreciendo soluciones para suplir necesidades de vivienda, estudio, trabajo, entre otros. El conjunto de entidades que conforman el sistema financiero están organizadas de tal forma que intentan llegar a cubrir la mayoría de necesidades que una población puede exigir para que el ciclo económico no pierda su velocidad. Es por lo anterior que existen establecimientos como los bancos, corporaciones financieras y compañías de financiamiento. Todas con objetivos y funciones que identifican diferentes mercados y distintas necesidades. Los productos y servicios que ofrece el sistema financiero afectan directamente la vida de todos los agentes que participan en él, lo que obliga al Estado a realizar una vigilancia a través de normas y regulaciones, otorgando confianza a la sociedad y estabilidad a la economía en general. El sistema financiero es esencial en el desarrollo de la economía moderna La importancia del sistema financiero se puede mostrar también con aspectos relacionados en la vida cotidiana, tales como la demanda de dinero o la tenencia de activos. Al ofrecer rendimientos atractivos, liquidez y reducciones en el riesgo se estimula el ahorro y también se permite evaluar opciones de inversión o acceso a créditos que se reflejan en el uso eficiente de los recursos. Lo anterior implica que cada producto y servicio que ofrecen las instituciones financieras logran satisfacer adecuadamente a los usuarios. La posibilidad de realizar transacciones o pagos de manera rápida y eficaz sin correr mayores riesgos, también permite que las personas encuentren un sitio seguro para guardar sus ahorros obteniendo adicionalmente una rentabilidad. El sector también tiene una función transaccional, ya que facilita el pago de bienes y servicios y de esta manera, el comercio e intercambio entre personas, empresas y países. Al permitir el uso de tecnología y de diferentes medios de pago con amplia aceptación reduce costos transaccionales. Las entidades bancarias son las encargadas de proporcionar la liquidez que necesita la economía para continuar con su crecimiento. Entre más robusto y equilibrado sea el sistema financiero más va a contribuir al desarrollo y crecimiento tanto de la sociedad como del país.
Ahora se analizan los efectos más importantes que ha tenido el proceso de globalización sobre el sistema financiero en el ámbito mundial y sobre todo en nuestro país. Por otro lado, se observa una mayor desintermediación de los agentes tradicionales del manejo monetario. Uno de los efectos más importantes del proceso de globalización financiera ha sido la paulatina y cada vez más importante expansión del flujo de capitales a nivel mundial, la cual ha dinamizado no solo la actividad del sistema bancario, sino también la del sistema bursátil. La actividad bancaria Internacional a esta sustentada en lo que se denomina como el "Sistema Bancario Internacional", compuesto fundamentalmente por las operaciones externas de los Bancos Nacionales y las actividades de los mercados extranjeros no regulados o euromercados. A partir de 1983, los préstamos del Sistema Bancario Internacional crecieron en forma acelerada. De una cifra de 170 m.d.d. de este año, ascendieron a 820 m.m.d.d. en 1989, concentrándose el 70% de estos recursos en los países industrializados. Los Bancos Japoneses por su parte, mostraron el comportamiento más dinámico dentro del sistema, pues sus tasas de crecimiento promedio anual entre 1983 y 1987 fueron superiores al 100%. Este comportamiento se encuentra relacionado con un conjunto de factores peculiares al proceso Japonés, tales como la desregulación de su sistema financiero durante los últimos años, la alta especialización del sistema bancario, las elevadas tasas de ahorro de su población, y, contrariamente a la mayoría de los países industrializados, los crecientes y continuos superávit en la balanza de pagos. Otra característica asociada con el proceso de globalización del Sistema Bancario es que las actividades de préstamo de la mayoría de los Bancos se concentraron en ofrecer una amplia gama de facilidades crediticias a Bancos de otros países. Como resultado de ello, se incrementaron sustancialmente las operaciones bancarias, pues pasan de una cifra de 973 m.m.d.d. en 1980 a 4,025 millones en 1990. El proceso de globalización financiera mundial, asociado principalmente a la difusión de la información financiera de los diferentes mercados de capitales, ha provocado una mayor interrelación entre los comportamientos de los mercados de valores más importantes a nivel internacional, de manera que los sucesos que alteran el comportamiento de un mercado en particular repercuten de inmediato en resto de los mercados del mundo.
A continuación nos referiremos a las transformaciones que sufren los componentes del sistema financiero derivados del proceso de liberalización así, como inicialmente se aborda los cambios que sufre la banca mexicana desde su privatización hasta la crisis de 1995, del surgimiento del Fondo Bancario de Protección para el Ahorro y el de Venta y Valuación de Activos (VVA), cuya operación implica grandes retos para el saneamiento del Sistema Financiero. Además de mencionar brevemente las implicaciones políticas y el papel vigorizante y de importancia que juega el Congreso de la Unión con la autorización del nuevo paquete legal de reformas al sector financiero. A mediados de 1990 se envió al Congreso de la Unión la iniciativa de decreto para la modificación de los Artículos. 28 y 123 Constitucionales, con el que se daba respuesta a la situación urgente de cambio en el Sector Bancario. En las reformas propuestas, y finalmente aprobadas democráticamente por el Constituyente permanente, se buscaba que el estado dejara de desempeñar el papel de propietario mayoritario de las Instituciones de la Banca Comercial. La iniciativa presidencial se basó en la tesis de la reforma del Estado: "En las nuevas circunstancias del País, es necesario que los recursos público, la energía y el trabajo de la administración se dedique a sus fines propios". Adicionalmente en la misma iniciativa se hizo hincapié en la sanidad financiera de la banca. "Los Bancos se venden no porque estén mal, se venden porque la reforma del Estado no acepta recursos inmovilizados en el capital de los bancos, cuando prevalecen aún necesidades apremiantes en nuestra sociedad, y porque la rectoría sobre el sistema financiero se puede ejercer con los ordenamientos jurídicos vigentes". Con base a lo anterior se delinearon los principios que se tendrían que cumplir con la privatización de los Bancos, haciendo hincapié que estos fueron preparados durante el sexenio de Miguel de la Madrid y aplicados e incorporados en el sexenio de Salinas de Gortari. Para entender los acelerados cambios del sistema bancario mexicano es preciso contextualizar él porque de muchas de las acciones de política económica instrumentada durante los últimos años. Así mismo es necesario hacer referencia a las estrategias adoptadas en el pasado. Así como sus consecuencias en el desarrollo económico, el empleo, la producción y en general sobre la capacidad de nuestro aparato productivo para generar riqueza y distribuirla entre la población. En el transcurso de los últimos 56 años, no obstante que se han presentado periodos de crisis, nuestra economía se ha modernizado, logrando ubicarse en la posición número 10 por la importancia del tamaño de su producción y en la posición número 22 por su competitividad. Cambio en buena media su carácter especialmente rural por otro urbano y moderno; y hace poco más de una de cada adopto el nuevo modelo de desarrollo radicalmente diferente al que había prevalecido entre 1940 y 1970. En este proceso el sistema financiero también ha cambiado, aún que es preciso mencionar que su evolución no ha sido un modelo de cambio gradual, sino acelerado y hasta dramático, como ha sido la inserción de México en la globalización. Se hace necesario hacer una revisión de varias de las etapas por las que ha transitado México, con el objeto de distinguir los rasgos más importantes de cada una de ellas e identificar aquellos aspectos que han enmarcado la modernización de nuestro sistema financiero y que sin duda ha incidido en el progreso del país.
El Sistema Financiero Mexicano objeto del presente trabajo está integrado por diversas instituciones las cuales tienen como objetivo captar, administrar y canalizar tanto la inversión como el ahorro nacional o extranjero. Creemos que este fue creado debido a la creciente necesidad de las micro, medianas y pequeñas empresas ya que para su óptimo funcionamiento deben obtener financiamiento a corto plazo ya sea que este provenga de la banca u organismos similares; aunque las empresas de mayor capacidad con frecuencia optan para combatir esta imperiosa necesidad el emitir obligaciones, colocar acciones en la bolsa o bien por aceptaciones bancarias, entre otras opciones que a continuación se describen en el desarrollo de la presente investigación. Existen investigaciones psicométricas que han demostrado el grado de interrelación internacional de los índices de precios y cotizaciones de los diferentes países, los cuales se han incrementado sustancialmente después de octubre de 1987. La gran movilidad Internacional de capitales y el grado de sustitución de activos denominados en diferentes monedas, producto de la reducción de los niveles de riesgo en los Mercados Financieros, y del proceso de desregulación y eliminación de un conjunto de controles existentes, han provocado una de las tendencias más claras a la igualación a las tasas de interés entre los activos financieros sustitutos de los diversos mercados del mundo. En este sentido y bajo una situación de tipos de cambio flexible, las tasas de interés nacionales convergen con las internacionales, corregidas por una prima bancaria equivalente a la devaluación esperada por los agentes económicos. Hay factores estructurales que limitan la posibilidad de aprovechar los beneficios de la globalización financiera y de estos los más importantes y que apremian su atención para efecto de que nuestra economía nacional alcance los niveles de recuperación económica son: el reducido nivel de ahorro interno, las distorsiones provocadas por la crisis de 1994, las desviaciones entre la regulación y las sanas prácticas de la regulación de algunos intermediarios, la escasa cultura bursátil entre inversionistas y emisores y el verdadero combate contra el lavado de dinero.
Es importante que el análisis de los montos que se encuentran financiados y bajo auditorias que hoy en día se llevan a cabo al FOBAPROA arrojen los resultados esperados para efecto de aliviar la tensión que causan los montos contenidos en este fondo al sistema financiero del país y al mismo tiempo determinar el papel del criterio económico que establezca el gobierno Zedillista ante el entorna nacional. No cabe duda que el costo económico que significará el salvamento del sistema bancario tal y como se expuso en el Capítulo Tercero de este análisis va a redituar en una carga muy pesada para la población mexicana, ya sea que se reconozca como una deuda pública interna por parte del gobierno o no, el Congreso de la Unión seguramente está consciente que esta es una gran oportunidad para el juego político y electoral de las próximas elecciones del año 2000, pero sin lugar a dudas la población mexicana está viendo con asombro lo que le está costando y les costará haber entrado a un proceso democrático nacional, ya que a final de cuentas: los juegos políticos electorales, el influyentísimo de los grandes personajes políticos de nuestro país, la caída estrepitosa de la pequeña y mediana industria, y los miles y millones de dólares que han salido del país no son otra cosa más que los claros índices de las llamadas crisis recurrentes que el país ha vivido en los últimos 20 años y que sin duda recibirá un milenio y si no es que más de un siglo que continuaran estas crisis recurrentes. El costo nos queda claro que es no solamente uno aunque integrado por una multiplicidad de factores económicos, políticos y financieros. Y este costo es el gran costo social que el pueblo mexicano no podrá tolerar más porque ha llegado a su término el esperar como se nos ha prometido y se nos prometió durante estos últimos 20 años el fabuloso desarrollo de una vida social y económica, más justa y equitativa para la población de nuestro país. Todo esto sin duda ha limitado como se dijo anteriormente las posibilidades de aprovechar las ventajas de la globalización mundial, ya que si por un lado el grado de desarrollo económico que se crea en el sistema financiero, al igual que en cualquier otro sector industrial, la necesidad de cambios tecnológicos o en su defecto la necesidad de adaptar innovaciones tecnológicas que permitan el desarrollo el mercado financiero a la par con la economía en su conjunto. El reducido nivel de crecimiento económico observado en México durante la época de los 80's aunado a la política económica dirigida a estabilizar la economía, significaron cierta sumisión del sector financiero al financiamiento rápido del sector público. En este sentido, los cambios regulatorios de finales de la década de los 80's y principios de los 90's determinaron, en gran medida, nuevas necesidades para el sector financiero, referidas básicamente a la necesidad de mayor eficiencia del sistema en su conjunto y la incorporación de nuevas figuras e instrumentos financieros que no necesariamente evolucionaron como se esperaba. Así vale la pena recordar el caso de las Sociedades de Ahorro y Préstamo o el de las Uniones de Crédito. Así como el proceso de globalización conlleva beneficios para el país, es importante analizar las tendencias negativas que estos presentan bajo el ambiente económico que prevalece hoy en día. Durante el periodo 1974-1982 la fuga acumulada, medida como el flujo de capitales a corto plazo ascendió a 32.7 mil mdd, equivalente a cerca del 40% de la deuda bruta. Este fenómeno se explica por la conjunción de factores de expulsión y atracciones de capitales. De los primeros cabe considerar que son derivados de la política instrumentada en México y referido a la sobre valuación del tipo de cambio, la falta de incentivos al ahorro interno debido a la generación de tasas de interés reales negativas y a factores de riesgo político, las cuales produjeron en gran medida la restricción del sector financiero, obligando a los inversionistas a buscar en el extranjero tasas superiores de rendimiento. Por último el riesgo político y la política económica se derivan de la falta de protección a la propiedad de los activos (como se comprobó con la estatización de la Banca) así como el riesgo de intervención gubernamental en el mercado financiero. A consecuencia de ello los inversionistas buscaron en los mercados internacionales mayor seguridad a sus capitales. Otro efecto negativo de la globalización financiera es que al avanzar la tecnología y la regulación más flexible dio lugar a una exposición de delitos como el lavado de dinero. En Europa prácticamente existe una red muy efectiva contra operaciones sospechosas de las cuales hemos sido testigos como los que nos mostró el Gobierno Suizo con el caso de Raúl Salinas de Gortari. En nuestro país se elaboró el manual de operación para prevenir y detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita en el mercado financiero mexicano, al cual deberán ceñirse cada banco, casa de bolsa o cualquier otro intermediario financiero, con el fin de reportar sistemáticamente las operaciones relevantes o sospechosas que pudieran involucrar el lavado de dinero. A través de este manual, la Banca estará obligada a identificar al cliente cuando la operación supera el equivalente a los 10 mil dólares, y se exceptúa él depósito que emplean empresas establecidas que tengan cuentas con la institución para realizar pagos de nómina. El costo nos queda claro que es no solamente uno aunque integrado por una multiplicidad de factores económicos, políticos y financieros. Y este costo es el gran costo social que el pueblo mexicano no podrá tolerar más porque ha llegado a su término el esperar como se nos ha prometido y se nos prometió durante estos últimos 20 años el fabuloso desarrollo de una vida social y económica, más justa y equitativa para la población de nuestro país.


PROLOGO 7 por José Luis Calva
"Sistema Financiero para el Desarrollo"

La industrialización es la creación de industrias con carácter predominante en la economía de un país. El proceso de industrialización describe el periodo transitorio de una sociedad agrícola a una industrial. El periodo del porfiriato, fue uno de los periodos más importantes en la etapa histórica del país, fue una etapa de muchos cambios y de muchos problemas sociales y políticos. El gobierno Porfirista es más juzgado, ya que solo se toman en cuenta ciertos hechos, que si bien son importantes, hay muchos más hechos en la labor Porfirista que son dignos de reconocerse, por eso yo pienso que el porfiriato es una de las etapas más interesantes y de más amplio estudio. La labor Porfirista fue una labor de muchos años, en los cuales existió de todo tipo de problemas, desde los problemas de injusticias sociales en el campo, hasta serios problemas de libertad de expresión y de represión. Pero por otro lado también existieron grandes cosas como una reactivación económica que coloco a México como uno de los piases que nacían con un futuro enorme. Bajo la dictadura porfiriana México consiguió un importante progreso económico, apoyado en gran medida por el alto crecimiento de población que experimentó el país en esas décadas. Aumentaron los latifundios a costa de las tierras de las comunidades indígenas, la desamortización de los bienes eclesiásticos y las tierras baldías. Con las grandes propiedades, la agricultura se orientó a la exportación y creció espectacularmente, sobre todo en la producción de henequén, café, cacao, hule y chicle. Se favoreció la llegada e inversión de capital extranjero. El Estado no intervenía en los conflictos obreros, dejando libertad de acción a los patronos. Se pagaban salarios bajos, lo que evitaba la llegada de inmigrantes y favorecía el empleo de mano de obra nacional y una alta rentabilidad. Y con ese capital extranjero se financiaba el programa de progreso, la construcción y expansión de la red de ferrocarriles concedidos a las compañías extranjeras y el desarrollo de la minería de plata.
La industrialización en México inicia en el Porfiriato, en 1880 se inició el proceso de la expansión económica con la construcción de ferrocarriles financiados por inversiones extranjeras que también facilitaron el acondicionamiento de los puertos, la explotación de las minas, operaciones de establecimientos bancarios, transportes y grandes casas de comercio. Las transformaciones económicas durante el Porfiriato. Durante el porfiriato en México el sistema económico capitalista, mediante la inversión de capital y tecnología aportada por empresarios extranjeros cuyo interés radicaba en aprovechar la riqueza de recursos naturales en nuestro país , y la mano de obra barata que no podían encontrar en sus respectivas naciones. Por ser un país con una gran diversidad de recursos naturales, tanto agrícolas como mineros y petrolíferos, resultaba muy atractivo para los países industrializados, en el marco de la competencia política y económica que en esos años se daba entre las potencias por el dominio del mundo. El crecimiento económico en México de esa época se ha considerado como "crecimiento hacia fuera "porque todas las ramas de producción de mayor desarrollo, como la industria de extracción y la agricultura de productos tropicales estuvieron sujetas a las necesidades del exterior, ya que surtían de materia prima a la industria extranjera, mientras quedaba relegado el sector productivo dedicado al consumo interno. La penetración del capital extranjero pudo ser posible por las facilidades y concesiones que otorgó el gobierno mexicano a los empresarios interesados en adquirir tierras para explotarlas. Los capitales provenían de Estados Unidos, Francia, Inglaterra y Alemania, países cuyos empresarios se inclinaron por diferentes áreas de la economía.
La tendencia de la tierra eral el principal problema del sector agrario en nuestro país durante el régimen de Obregón. Para resolverlo, el presidente consideró necesario fomentar la pequeña propiedad ,no simpatizó la idea de crear propiedades comunales; opinó además, que el reparto agrario debería ser gradual y que los latifundios no necesitaban ser destruidos todos, sino sólo los que poseían tierras ociosas , sin trabajar, consideró que la conformación de ejidos eran una medida política necesaria para organizar a los campesinos y contempló la conveniencia que los ejidos estuvieran bajo la protección del Estado, hasta convertirse en pequeñas propiedades. Plutarco Elías Calles basó su política agraria en la idea que no bastaba con entregar las tierras a sus nuevos propietarios, si no que era necesario garantizar la producción mediante la dotación de implementos, créditos, semillas y agua. A esto él le llamo "Solución Integral". En el año de 1925, decretó la ley Sobre la Repartición de Tierras Ejidales y Constitución del Patrimonio Parcelario Ejidal; los procedimientos usados para la repartición de tierras fueron la "restitución" y la "dotación". En el mes de Enero de 1926 entro el vigor la Ley Federal de Irrigación para incrementar la cantidad de tierras cultivables, fomentar la transformación de buen número de campesinos en pequeños propietarios y establecer la división de tierras irrigadas en pequeñas propiedades. La política agraria e industrial en el gobierno de Cárdenas, El régimen del presidente Cárdenas puso mucho énfasis en el desarrollo de la economía Mexicana. Como un factor decisivo para lograr ese propósito estaba la política agrarista, que permitió realizar una intensa reforma agraria. Apoyo el ejido con deseo que este fuera la base de la economía del campo mexicano, sin dejar de lado la propiedad privada. Para ser efectiva la inversión económica que reconstruyera adecuadamente al sector agrícola, el gobierno creo las bases necesarias a fin de dotarlo con apoyos técnicas educativas, médicos y financiaron, así como la infraestructura adecuada para unir las zonas de producción agrícola con las de consumo: caminos, carretera y sistema de riego. La política agraria cardenista transformo la economía al separar cada vez mas de ella al sistema agrícola basado en las haciendas orientándola hacia un mercado parecido al del libre competencia basada en la producción ejidal y la de pequeña propiedad privada. El régimen de cárdenas se distinguió también por el apoyo otorgado a la actividad industrial del país , estimulando la participación activa de los inversionistas mexicanos, aprovechando la crisis económica mundial l de 1930 que provoco la retirada de los estadounidenses cuyos capitales ya no se invirtieran en nuestro país, así como posteriormente la aparición inminente de la segunda guerra mundial. A fines del sexenio, el gobierno reglamento la exportación de materias primas, buscando con ello que estas fueran mejor aprovechadas para la producción nacional, en vez de que se enviaran a otros países; Decreto la desaparición de varios impuestos que hacían muy pesadas la carga fiscal de las empresas industriales; expidió leyes que fomentaron las creación de nuevos tipos de industrias, además de otras disposiciones. Con toda esta especie de "Revolución industrial", al finalizar el periodo presidencial Cardenista, surgió un modelo económico con las características de la economía mixta, observándose claramente sus dos sectores: el público, encargado de la administración gubernamental y el privado dedicado a las actividades productivas.
La política seguida por cárdenas de apoyo a la organización de los obreros y la fundación de petromex, fueron los antecedentes más cercanos a la expropiación petrolera. El Sindicato Único de Petróleos exigió a las compañías petroleras la firma de un contrato colectivo, emplazándolas a huelgas en caso de no cumplir tal demanda, la cual finalmente estallo el 31 de mayo de 1937, durando aproximadamente 40 días pues termino el 9 de julio. La lucha de los trabajadores petroleros fue bien vista por el presidente y la población, a pesar por los problemas causados por la escasez de petróleo, ya que afecto a todas las empresas y zonas petrolíferas. El viernes 18 de marzo, las compañías extranjeras aceptaron hacer el pago, pero ya eras demasiado tarde, ese día, a las 10 de la noche, el presidente Cárdenas declaro la expropiación mediante la cual la riqueza petrolera que explotaron los extranjeros, regreso a propiedad de la nación mexicana. La expropiación petrolera fue afectada por Lázaro cárdenas con base a la ley de expropiación de 23 de noviembre de 1936 y en el artículo 27 de la constitución mexicana. Todos los sectores de la población le manifestaron su apoyo al presidente pero a nivel internacional la situación creo serios conflictos, pues las compañías iniciaron una campaña de desprestigio, así como los embargos contra México. Inglaterra rompió relaciones diplomáticas con nuestro país, mientras las tensiones aumentaron con estados unidos, pero el gobierno de este país finalmente acepto el hecho. La reacción de calma y aceptación relativa de ambos países, poseedores de la mayoría de las empresas petroleras establecidas en México, se debió al estallido de la segunda guerra mundial, prácticamente iniciada con la invasión alemana en Austria.
El proceso de sustitución de importaciones para producir los bienes internamente se incrementa en forma notable en esta época a raíz de la segunda guerra mundial. Los países participantes en la guerra sobretodo Estados Unidos, no pueden satisfacer la demanda de productos manufacturados de nuestro país (escasez de oferta) Dichos bienes tienen que ser producidos internamente, al mismo tiempo que se fomenta la exportación de algunas manufacturas. Por su parte la agricultura sigue ayudando al proceso de industrialización con la transferencia de excedentes, precios bajos, manos de obra, alimentos y materias primas baratas, etc., lo que hace aumentar la inversión en la industria. También el Estado empieza a invertir directamente en la industria, invierte en algunas industrias que se consideran básicas para el desarrollo del país y absorbe algunas empresas que estaban a punto de quebrar, lo que ayuda a mantener el nivel de empleo. La crisis externa que amenazaba al país a fines de la década de 1940 no llega a manifestarse debido a la guerra de Corea que permitió a nuestro país seguir aumentando no solo sus exportaciones si no sus importaciones; todo ellos hace posible que las inversiones en la industria sigan creciendo, aunque también se intensifica la inversión extranjera. Para 1950 el crecimiento se extiende a todos los sectores dando lugar a que el producto interno bruto aumente a razón del 6% anual, este crecimiento favorece el incremento de exportaciones y de Importaciones de bienes manufacturados, y esto hace que también las inversiones aumenten. La inversión extranjera sigue aumentando en las ramas industriales; el crédito publico se expande y, a mediados de la década se recurre otra vez a la devaluación (todo ello con el fin de impulsar al proceso de industrialización).El crecimiento de la industria a partir de 1950, se ve apoyado por tres elementos fundamentalmente 1.- Expansión de la producción agrícola 2.-Proteccionismo 3.-Atracción de capitales externos
El proceso de industrialización se consolida a fines de la década de 1950 y principios de los 60, el crecimiento económico se sostiene por la abundante oferta agrícola, la entrada de divisas por turismo y el incremento del proceso de sustitución de importaciones. El crecimiento de la industria en los 50 no fue muy bueno debido a estas causas: Baja el poder de compra con la devaluación. Se concentra el ingreso en pocas manos Durante el periodo de Adolfo López Mateos(1958-1964) se dio un impulso industrial muy vigoroso a México con lo que la producción fabril creció en un 52% , se hicieron fuertes inversiones tanto en el sector público como en el sector privado dándole une inversión muy fuerte a la rama automotriz , petroquímica, mecánica y de papel, la exportación paso de 8,862,000,000 a 11,570,000,000, se firmaron tratados comerciales con Grecia, Indonesia, Yugoslavia, Polonia, República Árabe e Italia. Para la década de los 60 el PIB crece a muy buena tasa cerca del 7%, el consumo se incrementa y hay un gran impulso a las actividades de construcción. La industria crece más que la economía en su conjunto. La estructura productiva del sector industrial se vuelve más diversificada; se producen ya bienes intermedio y algunos de capital, por su lado las inversiones extranjeras directas en la industria siguen aumentando en forma considerable Durante el periodo de 1964 a 1970 el gobierno le dio un impulso especial a la industrialización rural, las obras de irrigación y el desarrollo de la electrificación. También se promovió el resurgimiento de la minería, dándole asistencia técnica a 13 entidades para localizar futuras zonas industriales para promover productos que eran factibles elaborar en México en condiciones remunerativas, también se concedió estímulos fiscales. En el siguiente periodo de 1970 a 1976 el ritmo y crecimiento de la economía fue menor que en décadas anteriores a costa de una constante y creciente subida de precios muchos mexicanos siguieron sin beneficiarse del crecimiento económico especialmente la población pobre, el poder adquisitivo del peso se deterioró en forma paulatina: se incrementó la dependencia del país . Muchos problemas económicos. La tónica no cambio hubo crecimiento económico sin desarrollo y el peso mexicano se devaluó de 12.50 a 19.00 pesos por dólar. Por consiguiente el periodo de 1976 a 1982 en medio de una aguda crisis financiera, económica y moral, empero, a finales de 1976 justamente en los inicios del nuevo gobierno- se anunció un aumento de verdadera importancia en las reservas mexicanas de hidrocarburos. López Portillo se negó con terquedad a que el país ingresara al GATT (Acuerdos Generales sobre aranceles y comercio). En junio de 1981 los precios mundiales del petróleo descendieron poniendo en evidencia la fragilidad de la estrategia económica del régimen. "La petroquímica es la actividad industrial en la que se aplica los principios de la química en la transformación del petróleo. Los sorprendentes avances que ha tenido esta industria a lo largo de este siglo le ha permitido producir una gran variedad de productos plásticos de alta calidad para los usos más diversos. En la última mitad de este siglo el plástico ha venido a sustituir al vidrio, la madera, la piedra, el papel y los metales como materia prima en la elaboración de los diversos objetos para todo uso. La gran versatilidad del plástico y lo económico de su producción le han permitido invadir el mundo entero".
Del mismo modo tenemos el análisis del grupo GENTOR que su mayor producción era el de empacar granos, después prosiguió con las despensas a domicilio y de ahí creció a los mercados Astra y autoservicios con la finalidad de no solo cubrir trabajadores sino a todo el público, como otra fuente creo la fábrica de zapato llamado Propie, por problemas de sindicato cerro su empresa que repartía despensa a domicilio y por favorecer a sus intereses vendió sus auto mercados dándole auge a una empresa que era de menor importancia siendo en la actualidad la empresa número 1 en calzado de Latinoamérica llamada ANDREA, por lo tanto la industrialización se da gracias a que la gente arriesga su dinero a base de satisfacer las necesidades de la población. En cuanto a los pequeños empresarios los cuales se ha tratado en México de apoyar podemos ver que es muy grande la diversidad de empresas que existen en todo México, en especial me siento muy orgullosa de que mi ciudad Monterrey sea la capital de la industria en México y realmente me doy cuenta de que siendo una pequeña producción no deja de ser industria. En mi caso particular a la vuelta de mi casa, una casa en realidad es una pequeña industria que se encarga de hacer maceteros de cerámica, ellos los producen y los venden, en frente de mi casa se realizan todos los acabados de aluminio llamado Aluregio y mi propia Madre la veo como una empresaria al fundar con sus 3 hermanas una peletería en la cual invierten en materia prima, producen y venden con su mercado el cual les demanda producto debido a los factores de clima, población entre otros.
Toda industria se va dando según las necesidades de la población, como ejemplo tenemos al grupo Cervecero el cual importaba los empaques y las botellas para su producto, para bajar los costos y crear más industria produjo su propio empaque creando entonces los empaques Titán; del mismo modo se ocupó de fabricar sus propias botellas creando a su vez Vitro y así es como dependiendo de la necesidad se va desarrollando la industrialización. En un futuro espero que gracias a la industrialización en México sea cada vez mayor y esto fortalezca al desarrollo del país y pueda salir de ser un país considerado del tercer mundo como lo está hasta ahora.
PROLOGO 8 por José Luis Calva
"Crisis Energética Mundial y Futuro de la Energía En México"

México enfrenta una amenaza que pone en riesgo su desarrollo económico futuro: la dificultad de acceso a los insumos energéticos necesarios para el desempeño de su actividad industrial y comercial, así como para satisfacer el consumo residencial y agrícola. En respuesta a ello, diversas fuerzas políticas han planteado modificaciones al marco normativo vigente. Sin embargo, poco se ha señalado sobre el concepto de cambios institucionales en materia de desarrollo sustentable, incluso cuando el país es sumamente vulnerable a los fenómenos climáticos exacerbados a causa del incremento en las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Nuestro país ha aumentado considerablemente sus emisiones de dióxido de carbono (CO2) a partir de una política de crecimiento industrial basada en los hidrocarburos. Tan sólo en el periodo de 1971 a 2010, dichas emisiones aumentaron en 330%. Pero el problema que enfrenta ahora México va más allá de valores morales intergeneracionales y de protección ambiental que podrían cuestionar qué tipo de nación queremos heredar a nuestros hijos. Los efectos negativos del cambio climático son palpables y tienen un costo real: desde el año 2000, le han significado a nuestro país pérdidas calculadas en 285,350 millones de pesos. Además, aproximadamente 1 de cada 5 mexicanos vive en municipios de alta vulnerabilidad a cambios climáticos. Ante estas preocupaciones, se fijaron metas legales para incrementar el acceso a energías que no pongan en riesgo el desarrollo sustentable y que prometan coadyuvar a la seguridad energética nacional. En específico, se estableció la necesidad de realizar una transición energética7 hacia fuentes de energía renovables que le permita al país desarrollar su actividad productiva de forma ininterrumpida y sustentable
Ofrecer visiones globales en temas energéticos no es sencillo dada la gran cantidad de datos con que hay que trabajar, por ello es necesario hacer uso de modelos matemáticos simulados por ordenador y una de las mejores herramientas para ello es la dinámica de sistemas. En el Grupo de Investigación en Energía y Dinámica de Sistemas de la Universidad de Valladolid hemos construido un modelo para estudiar el agotamiento de los combustibles fósiles y nucleares y las alternativas para su sustitución. El modelo que hemos utilizado se centra en dos aspectos clave: la energía eléctrica y el petróleo; y presta especial atención a la sustitución de este en el transporte. El modelo consiste, básicamente, en una comparación de oferta y demanda energéticas. El crecimiento del PIB mundial es supuesto a priori con una serie de escenarios y, siguiendo las tendencias de consumo de décadas pasadas, se estima la demanda futura de energía. Usamos las estimaciones de diversos expertos para calcular la oferta futura de petróleo y de electricidad de diversas fuentes (carbón, gas, uranio, renovables). Si la demanda de energía es mayor que la oferta el escenario de crecimiento que hemos escogido será imposible. De esta forma, el modelo detecta los escenarios de crecimiento económico y las políticas que son incompatibles con los límites físicos. Para estimar la oferta de energía hemos recopilado los estudios realizados hasta la fecha, buscando aquellos que no solo hablan de recursos o reservas, sino que tienen en cuenta los límites en los ritmos de extracción, como el peak oil. Tomamos para cada recurso una estimación media que consideramos adecuada, en la figura 1 se pueden ver las curvas de extracción de petróleo que hemos recopilado. La sustitución energética Cuando se habla de crisis energética con frecuencia se hacen cálculos sobre el potencial de las energías renovables y se habla de sustituciones generalistas, pero a menudo se pasa por alto que no todos las fuentes energéticas son intercambiables de forma directa y en algunos casos requieren no solo importantes cambios tecnológicos, sino costosas infraestructuras y cambios sociales. En este modelo nos hemos centrado en dos aspectos: la sustitución del petróleo en el transporte y la sustitución de la electricidad de origen no renovable por electricidad renovable. El modelo no tiene en cuenta algunos usos importantes de la energía como el carbón o el gas natural para generación de calor o para la industria, aspectos que hemos dejado para futuros modelos. La sustitución del petróleo es muy problemática, ya que con él se consiguen combustibles líquidos de los que depende más del 90% del transporte. Los sustitutos tecnológicos más inmediatos en el transporte son los biocombustibles y los vehículos eléctricos e híbridos, tecnologías que ya están siendo comercializadas. El vehículo basado en hidrógeno, los combustibles sintéticos, el biogás y alternativas similares no las hemos introducido en el modelo, porque se encuentran todavía en fase de desarrollo y no hemos querido introducir futuros avances tecnológicos sobre los cuales no tenemos datos reales de prestaciones (estamos viendo estos últimos años muchas expectativas tecnológicas que terminan dando resultados mediocres). Tampoco hemos considerado, de momento, otras formas de ahorrar petróleo como el gas natural, y los cambios en los patrones de movilidad o calefacción.
Responder al reto mediante una fuerte expansión en la generación de electricidad a partir de energías renovables es factible mas no sencillo, ya que se trata de un sector de claroscuros. Por un lado, existe una serie de obstáculos que opacan sus beneficios y limitan que desarrolle su potencial máximo. Por el otro, hay diversas áreas de oportunidad que pueden vigorizarlo bajo un escenario normativo y de políticas públicas favorable. Así, los principales impedimentos para que nuestro país realice una transición hacia una canasta energética más diversificada son: a. Un todavía escaso conocimiento sobre las tecnologías disponibles, así como sus respectivos beneficios y costos; b. Una limitada infraestructura de transmisión eléctrica que impide el suministro de electricidad producida a partir de energías renovables con localización remota y de difícil almacenamiento; c. Un marco regulatorio que asigna aún una ventaja competitiva a las fuentes fósiles de energía a través de subsidios ineficientes y perversos; y, d. Una oferta limitada de productos financieros para el desarrollo de proyectos de energías renovables. Pese a estos obstáculos, hay cuatro aspectos del sector de energías renovables que tendrían que ser considerados en la discusión de las leyes reglamentarias de una posible reforma al sector energético: I. El gran margen de expansión de las energías renovables aún no explotado en la generación y uso de energía eléctrica: las energías renovables sólo tuvieron una participación del 18% dentro de la canasta energética de producción de electricidad en 201210, y se tiene la meta de incrementar tal participación en 17 puntos porcentuales más, en especial debido a que 61% de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) proviene de la producción de electricidad a partir de fuentes fósiles de energía; II. El potencial de crecimiento de la demanda de electricidad en el sector industrial en general, y la agroindustria en particular: porque 60.25% de las ventas por GW/hora pertenecen a este sector y los programas de ahorro en costos energéticos como el balance neto o net metering le representan a las empresas mayores márgenes de rentabilidad, además de que pueden ser utilizados por éstas como estrategia de mercadotecnia al ofrecer una imagen corporativa socialmente responsable, lo cual a su vez puede verse reflejado en mayores ventas; El potencial de generación eléctrica en el corto y mediano plazo con distintos recursos renovables como las energías eólica, solar fotovoltaica y geotérmica: porque México cuenta con un potencial de calidad mundial en cada uno de estos recursos y la capacidad instalada de generación de electricidad a partir de dichas fuentes renovables aún es muy baja.
Con esto en cuenta, el Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C. (CIDAC) elaboró cinco recomendaciones para que México pueda lograr una transición energética hacia una mayor inclusión de las energías renovables en su canasta energética que propicie una actividad productiva y desarrollo económico sustentable: 1. Delinear y ejecutar una política de impulso a las energías renovables que esté ligada a una política de innovación y aumento de productividad en la industria que, además de atender las necesidades específicas de cada tipo de tecnología, considere las ventajas comparativas de la industria nacional; 2. Promover una mayor difusión de los beneficios y costos de las energías renovables para: eliminar la asimetría existente entre potenciales usuarios y proveedores de las tecnologías; reducir la incertidumbre de los inversionistas respecto a la fiabilidad de las energías renovables; y, finalmente, promover el desarrollo de más productos financieros adecuados a las necesidades de cada proyecto; 3. Fortalecer el marco regulatorio del sector de energías renovables y, en especial, fortalecer a los órganos reguladores. En primer lugar, debido a que el área de oportunidad por excelencia del desarrollo de las energías renovables es la generación de electricidad, se tiene que dotar a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) de la facultad de determinar las tarifas del servicio público de energía eléctrica, de manera que se reflejen de manera fiel y transparente los costos de la red. En segundo lugar, en función de que algunas tecnologías renovables ponen presión en los recursos hídricos y en el uso de suelo de las zonas potenciales de los proyectos, se deben asignar atribuciones regulatorias fuertes a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT); 4. El esquema de temporadas abiertas tiene que ser modificado de tal manera que se establezca una figura que garantice la participación de las partes interesadas en el desarrollo de proyectos de creación de infraestructura para la transmisión de electricidad producida a partir de energías renovables y finalmente, 5. Los subsidios a fuentes fósiles de energía tienen que ser eliminados y los casos específicos focalizados, no sólo porque son regresivos y envían las señales inadecuadas a los consumidores de energía, sino también porque evitan la competencia en igualdad de condiciones entre las tecnologías fósiles y las renovables En las siguientes secciones se presentan de forma detallada los puntos señalados. En particular, se exponen los motivos por los que la canasta energética del país tiene que diversificarse (Sección I), cuál es el estado actual de las energías renovables en México y su avance con respecto al mundo (Sección II), cuál es el marco regulatorio existente (Sección III), cuáles son las limitantes del desarrollo del sector de este tipo de energías (Sección IV), qué áreas de oportunidad y políticas pueden impulsarlas en México en los siguientes años (Sección V) y por último, qué conclusiones aporta el presente estudio (Sección VI)
Tras varias décadas de un modelo energético monopólico, que prácticamente estaba agotado, 2014 es el año en que México dispone de un nuevo marco regulatorio para el Sector Energético, con reglas de operación modernas y acordes con los estándares internacionales, en un marco de transparencia, rendición de cuentas y anticorrupción, con reguladores fuertes e independientes. El potencial de esta reforma solo puede entenderse en el contexto de los retos estructurales que actualmente enfrentamos, de la competencia global económica, y de nuestras aspiraciones y exigencias de desarrollo social y económico como nación. El mundo cambia continuamente y México tenía que realizar los cambios estructurales para lograr la seguridad energética que nos debe permitir satisfacer las necesidades crecientes de la sociedad mexicana, en términos de cantidad, calidad y precio. Actualmente, somos deficitarios en la producción de gasolinas, diésel, gas natural y petroquímico, sin embargo, con esta reforma, y a partir de las reservas y recursos prospectivos que poseemos, nuestra realidad cambia, brindando el potencial para apalancar el desarrollo social y económico en el mediano y largo plazo. En cuanto a cifras, en el golfo de México se ubica el 50% de los recursos prospectivos de reservas de crudo de nuestro país, que representan 26,600 millones de barriles. Respecto al gas Shale, México posee la 6.a reserva internacional: 600 billones de pies cúbicos; de gas natural posee 61 billones de ft3. Reforma constitucional y leyes secundarias 7 Sin embargo, decimos que somos deficitarios en esta materia, debido a que se producen únicamente 2.5 millones de barriles de crudo diarios. De ellos, 1.2 millones se destinan a la refinación local, y el resto (1.3 millones) se exporta. Esta dinámica obliga a que nuestro país importe 49% de la gasolina que necesita, así como 32% del diésel, 40% del gas natural, y 65% de los petroquímicos que requiere el consumo nacional (cifras al primer trimestre de 2014). El objetivo último de esta importante reforma es que México logre la autosuficiencia energética; incremente su competitividad en el precio de energéticos a favor de la industria nacional; maximice los ingresos derivados de dichas actividades, y garantice la estabilidad económica del país, a través de un desarrollo económico y social sostenido, en el mediano y largo plazo. Esta meta es responsabilidad y reto de todos, Estado, reguladores y sociedad, incluidos los empresarios y ciudadanos, quienes debemos asegurar que el nuevo modelo logre dichos objetivos, en forma sostenida y con valores éticos, para concretar un ambiente de confianza y certidumbre jurídica que atraiga la inversión que generará los empleos y la actividad económica esperada. Esto requerirá grandes esfuerzos de todos, ya que estamos en un mundo globalizado y cambiante, en el que cada nación se mueve bajo su propia dinámica y realiza los cambios que considera necesarios y convenientes para lograr su propio desarrollo. Nuestra visión debe ser integral, globalizada y moderna, para convertirnos en el primer destino de la inversión nacional y extranjera. Reforma Energética 2014 8 La Reforma Energética establece un sector totalmente diferente y, consecuentemente, detona una nueva dinámica de riesgos y oportunidades. Algunos de los que enfrentarán las empresas de esta industria son: Competencia - Se originará nueva o diferente competencia, tanto nacional como internacional. Tecnologías - Se requieren tecnologías nuevas para la explotación eficiente, competitiva y segura (incluyendo la perspectiva medioambiental). Fusiones, asociaciones y alianzas - Será necesario buscar socios que complementen el perfil de habilidades y competencias que las empresas interesadas actualmente poseen, para lograr el éxito. Consumidores - En algunas actividades, se eliminan las barreras de entrada, por lo que los participantes deberán incorporar diferenciadores de calidad y servicio que satisfagan las expectativas de los consumidores. Cadena de suministro y contenido nacional - Requerimiento de proveedores con estándares de nivel internacional, competitivos en precio, calidad y entrega. Recursos humanos - Actualmente hay una insuficiencia de talento humano, con habilidades y competencias diferenciadas, acordes con las expectativas de las compañías internacionales. Sistemas y procesos - Estructurados para cumplir, de forma eficiente y efectiva, las obligaciones de proporcionar información operativa, financiera y fiscal de los contratos y, considerando a las empresas como entidades legales, para que cumplan con los aspectos fiscales, laborales y regulatorios. Infraestructura - Actualmente es insuficiente y de poca calidad. Se requiere un alto nivel de inversión en infraestructura de comunicación, servicios y educación especializada. Terrenos y comunidades - Se tendrán que desarrollar habilidades de comunicación y negociación a partir del apropiado entendimiento de las diversas culturas e intereses de las comunidades. Eficiencia y competitividad - Los participantes deberán diseñar su negocio, a partir del logro de la máxima eficiencia en sus procesos, de tal suerte que puedan ser competitivos en un nuevo mercado, con mayor cantidad de participantes. Seguridad industrial y medioambiente - A partir de las tendencias globales y, particularmente por los retos específicos de esta industria, es imperativo desarrollar un enfoque de sostenibilidad y medioambiente, que permita satisfacer los requerimientos regulatorios y expectativas de la sociedad en general. Burocracia - Se deberá considerar la carga burocrática en los planes y costos de las actividades, particularmente la relacionada con la apertura de una empresa y la obtención de permisos para operar a nivel estatal y municipal. Procesos de licitación - Se han incorporado diversas obligaciones, cuyo cumplimiento originará costos. En tal sentido, la adecuada evaluación operativa y financiera de cada proyecto es crítica para la propuesta correspondiente y evitar incumplimientos. Inseguridad - Este es un reto que impactará en diversos grados a los participantes, y puede originar problemas para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los contratos. Reportes a reguladores - Bajo el principio de transparencia, se han establecido diversos requerimientos de reportes a los reguladores, los cuales deben ser entregados de forma correcta y oportuna. El incumplimiento de esta regulación puede originar la cancelación de la asignación, contrato o permiso. La reforma constitucional en relación con el Sector Energético se instrumenta a través de 21 leyes secundarias, que incluyen 6 nuevas leyes y modificaciones a otras 15 ya existentes. Hemos incorporado en este documento los principales contenidos y cambios en la legislación secundaria que consideramos centrales para la instrumentación de la Reforma Energética. A continuación, explicamos algunos términos comúnmente utilizados en la Industria de Petróleo y Gas, que serán empleados en este documento.
Hasta antes de la reforma, México contaba con un modelo tradicional de Industria Eléctrica en el que un organismo del Estado, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), verticalmente integrado, estaba encargado de desarrollar todas las actividades de la cadena industrial, desde la generación de la energía hasta su entrega a los usuarios finales. Este modelo permitía, por excepción, la participación de generadores privados en aquellas actividades que la ley no consideraba de "servicio público". Nueva estructura industrial La reforma busca darle dinamismo y vigor a una Industria Eléctrica con enormes retos hacia el futuro, mediante la atracción de recursos privados para su desarrollo. La nueva estructura es semejante a los modelos de mercados eléctricos mayoristas establecidos alrededor del mundo, desde principios de la década de los noventa. Romper la cadena industrial en sus distintos eslabones, permitiendo sin restricción la participación privada en la generación, comercialización y, mediante asociaciones o contratos que el Estado celebre con particulares, en las actividades de transmisión y distribución La Reforma Energética en México brinda grandes oportunidades de inversión para las empresas nacionales y extranjeras, que podrán participar en prácticamente todos los sectores industriales y de servicios relacionados con la Industria Energética. Desde la perspectiva de la infraestructura, México tiene grandes oportunidades de desarrollo, debido a la insuficiencia que hay en este rubro. Los retos son amplios y, consecuentemente, las necesidades de inversión en el corto, mediano y largo plazo brindan grandes oportunidades de negocio para aquellas empresas que posean la tecnología, experiencia y capacidad financiera requeridas. Adicionalmente, la posición geográfica de México, al lado de la economía más grande del mundo, su ubicación estratégica que le da acceso a dos océanos, así como su orientación de apertura económica, lo colocan en una posición privilegiada para invertir y realizar negocios. Al respecto, como ya fue mencionado en cada sección del presente documento, existen retos y complejidades que deben ser enfrentados para lograr una implementación exitosa de cualquier iniciativa estratégica. Por ello, todos los jugadores que estén interesados en participar en el nuevo mercado energético de México, deben considerar la obtención de asesoría especializada, brindada por expertos en la industria y en el mercado, que les permita iniciar eficiente y rentablemente sus operaciones en el país.

PROLOGO 9 por José Luis Calva
"Políticas Agropecuarias, Forestales Y Pesqueras"

México ha carecido de un sistema de seguridad social que asegure a los campesinos una jubilación digna. Los jóvenes han seguido abandonando el campo; y las remesas de dinero de los jóvenes a las personas que han permanecido en el campo se han convertido en un factor muy importante de los ingresos rurales. Por otra parte, no se han creado mecanismos que brinden seguridad e ingreso a unos campesinos de avanzada edad que se aferran a su propiedad para enfrentar la vejez. El traspaso de las tierras de una generación a la siguiente, condición para acelerar los cambios técnicos y consolidar la organización de los productores, así como para atraer al campo a una proporción de jóvenes emprendedores, no ha contado con el apoyo público que la habría hecho posible. En la misma situación quedó la reforma institucional. La reforma constitucional creó instituciones como los Tribunales Agrarios, la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional, pero al igual que en la mayoría de las instituciones de promoción y fomento, permanecieron sin movimientos, quedándose en un estado de reposo. Podemos definir la política agropecuaria como "…el conjunto de medidas e instrumentos que aplica el estado en materia agropecuaria con el fin de lograr el desarrollo socioeconómico del campo.". En México, la política agropecuaria también conocida como agraria, está conformada por la política agrícola, la política ganadera, y la política pesquera, estas conforman el motor del desarrollo económico del país y son fundamentales en el medio rural. Actualmente "México cuenta con un territorio nacional de 198 millones de hectáreas de las cuales 145 millones se dedican a la actividad agropecuaria…" (Unidas) desgraciadamente desde 1982 hasta el presente comprende un proceso de liberación. Después de la culminación de la revolución mexicana, al establecer las políticas que regirían nuestro país, establecen las políticas Agrarias y la distribución de la tierra, de la cual emana la reforma agraria y la postura agrarista, mientras algunos solo se preocupaban de la distribución de las tierras, para otros era más importante la producción de las tierras, misma idea que compartía Francisco I. Madero Presidente Revolucionario, la gran problemita surge con la confianza de los mexicanos en que nunca se agotaría la extensión de tierra.. (Unidas) El crecimiento de la población, el sector rural reformado quedo devastado ya que no se contempló el crecimiento de la población, estamos hablando que en 1990 el porcentaje era menor en un 50%, y de esta población solo unos pocos se dedicaban al campo. La política agraria busca la mejora de la vida del campesino, y de sus familias, nacen los ejidos y las pequeñas propiedades pero eso ya no era suficiente, la población incremento y se tenía que buscar una reestructuración de las tierras. Las reformas políticas en especial al marco jurídico que se presentaron surgieron como una innovación a el sector agrario ya que buscaba estructurar todas esa variables que no se contemplaron en un principio , como lo es el desarrollo rural, adecuación a el marco jurídico, canalización selectiva de recursos a productores de bajos ingresos, apoyos compatibles con estabilidad macroeconómica e integración gradual de la economía, reducción de la deformación en las cadenas productivas ,tienen como base la promoción de una nueva ley agraria que sonaba muy prometedora.
La obediencia al Gobierno reformado tenía un fuerte apoyo en la ley agraria. Las tierras que se entregaban en provecho permanecían como propiedad de la nación por concesión a una empresa, las cuales eran el ejido o la comunidad. El ejido, un ente poderoso de personalidad jurídica, asamblea de socios y autoridades representativas, era la autoridad pública encargada de vigilar el cumplimiento de la concesión. Las parcelas que se entregaban para disfrute personal a los ejidatarios quedaban inmovilizas a condiciones particulares muy restrictivas: En primera instancia hablaba de que la tierra debía ser cultivada personalmente por el titular, no podía mantenerse inactiva, venderse, alquilarse ni usarse como garantía; no podía ser quitado a una persona, pero podía ser heredada por un sucesor escogido por el propietario siempre que no hubiese sido dividida. El incumplimiento de estas condiciones implicaba castigos que revocaban sin compensación los derechos de satisfacción de la parcela y la pertenencia al ejido. Las dependencias agrarias del gobierno eran las únicas con la facultad de convocar a la asamblea ejidal, claro siempre y cuando un fuera validada por funcionarios públicos posterior tomaba las decisiones principales sobre casos como cuando ocurría una privación de derechos agrarios, pertenecía a la autoridad agraria federal asignar tales derechos a otro solicitante de tierras. La producción de autoconsumo aportaba no sólo seguridad de alimentación al pueblo sino también libertad para continuar con sus hábitos tradicionales. Importante era el ingreso financiero obtenido sobre todo por la generación de empleos; pero la proporción de los alimentos comprados con lo que les pagaban era mínima y menor de la que se obtenía con el autoconsumo: la reforma agraria había cumplido aparentemente su propósito aparentemente. Las tierras competentes para el cultivo fueron escaseando y cada vez se tenía menos rendimiento; ello se debía a la falta de humedad, al excesivo número de tierras en pendiente, a la vulnerabilidad a las plagas, y a riesgos relacionados con la incorporación de tierras marginales. Por esta razón, de no intervenir obstáculos represivos (hambre, guerras, pestes, etc.) podría tener consecuencias mayores como la escasez de vida humana. Las frecuentadas crisis económicas nacionales hicieron que redujese el intervencionismo público y que los inversionistas privados se retirasen del sector primario. El campo mexicano se descapitalizó y la pobreza extrema se concentró en él. Desde 1965 el crecimiento del producto agropecuario fue en promedio inferior al aumento de la población nacional y, en algunos años, fue incluso inferior al aumento de la población rural. A pesar de los cambios en la estructura de la producción agraria, el suministro nacional de alimentos registró un déficit. La importancia relativa de las exportaciones agropecuarias en la balanza comercial ha disminuido, Desde los 70's, en promedio cerca de la tercera parte del consumo aparente de granos básicos se ha cubierto con importaciones en vez de producirlos nosotros mismos. A fines del siglo XX un poco más de la quinta parte de la fuerza de trabajo nacional dedicada a la producción agropecuaria aportaba apenas un 5 por ciento del producto interno bruto: esta cifra refleja la pobreza de los trabajadores del campo, la aguda desigualdad existente en el sector rural, y la situación marginal del sector rural en la economía y la política nacionales.
El deterioro progresivo pero acelerado del sector rural se prolongó hasta 1992, cuando fue posible alcanzar un consenso suficiente, aunque distante de la unanimidad, para reorientar y dar dinamismo al desarrollo rural, y combatir la pobreza, el atraso y la marginación. La primera etapa ese proyecto de reorientación de largo alcance fue la reforma del artículo 27 Constitucional en materia agraria, así como las leyes reglamentarias derivadas. La nueva versión del artículo se promulgó el 6 de enero de 1992, y unos meses más tarde se promulgó la Ley Agraria y la Ley Forestal. Sin embargo, la crisis política de 1994 y la crisis económica de 1995 retrasaron o suspendieron la aplicación de los programas compensatorios y, lo que era más importante, de una reforma institucional que no sólo era complemento sino condición de la reforma integral de gran alcance. La reforma quedó inconclusa; sus metas sociales y económicas no se alcanzaron. Pese a estas limitaciones, la reforma produjo efectos positivos que conviene analizar. El reparto agrario, entendido como una obligación del Estado, había cumplido su propósito después de 75 años. El ejido, sociedad de propietarios de tierras, permaneció como sujeto jurídico de la propiedad social. A través de la decisión mayoritaria de sus socios, reunidos en asamblea con facultades especiales, el ejido podía vender la tierra de uso común, arrendarla, aportarla como capital a una sociedad mercantil, usarla como garantía hipotecaria, o decidir su explotación colectiva. El ejido podía incluso disolverse o adoptar la forma de una comunidad agraria con objeto de conseguir una mayor protección. Desde 1992, el crecimiento de la producción agropecuaria ha sido equivalente al crecimiento de la población, que ha descendido al 1,5 por ciento anual. El índice de crecimiento de la producción ha sido insuficiente para frenar el deterioro del sector agropecuario y acabar con la pobreza. Las exportaciones agropecuarias han crecido aceleradamente aprovechando las ventajas proporcionadas por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. La producción nacional de cereales y plantas oleaginosas no ha descendido aunque su estructura se ha modificado a causa del abandono de los cultivos no competitivos.
El sistema de financiamiento público rural, que técnicamente estaba en quiebra, fue desmantelado para ser reorganizado posteriormente; este proceso aún no ha culminado. El aparato institucional y su burocracia no han seguido el ritmo de las nuevas normas legales ni se han adaptado al espíritu de la reforma. Persiste un centralismo de carácter autoritario y paternalista. Aún no es posible hacer un balance de una reforma muy reciente, afectada por una crisis económica profunda y por la alternancia política del Gobierno. La reforma presenta signos alentadores pero no está exenta de incertidumbre y señales de alarma. Los conflictos agrarios han sido menos frecuentes e intensos, aunque persisten focos aislados de riesgo en regiones indígenas, donde los conflictos se utilizan como instrumento para la satisfacción de otras demandas. Aparentemente se ha detenido el deterioro económico del sector agropecuario, aunque su crecimiento ha sido modesto e insuficiente para compensar los atrasos acumulados. Los ingresos y el nivel de vida de la mayor parte de los sectores más pobres del campo no han disminuido, aunque las aspiraciones y las expectativas creadas por las reformas distan de haberse realizado. Hay desaliento, confusión e incertidumbre entre los productores rurales; y pese a la movilización reciente de las organizaciones rurales, las instituciones públicas se han mostrado indiferentes o ineficaces al atender sus peticiones. En la opinión y en los debates sobre cuestiones nacionales, el campo no ha tenido prioridad; los partidos políticos no han formulado propuestas claras y alternativas posibles, y la opinión sólo ha reaccionado ante desastres o enfrentamientos. El debate legislativo sobre el campo ha sido escaso, y ha omitido considerar el problema central: sin un auténtico desarrollo rural sostenible que combata la pobreza y el atraso no podrá haber en México un progreso económico y democrático. Las soluciones de mediano plazo sólo serán posibles si se logran de inmediato los acuerdos nacionales y se inician los programas que pongan fin a una reforma inconclusa y quizá imperfecta. El campo se encuentra rezagado y aumenta las protestas encabezadas por los campesinos y productores. Necesitamos una política agropecuaria que ayude de manera tangible y de raíz la reducción de la pobreza que se vive en el medio rural, fortalecer la seguridad alimentaria, necesitamos una verdadera transformación agropecuaria en todo el país. Se requiere urgente una verdadera política agropecuaria que mejore los precios al consumidor y las ganancias para los productores.
El tema forestal, hoy día, adquiere singular relevancia al reconocerse que la protección de bosques y selvas se ha convertido en un asunto de tutela jurídica, toda vez que es denominador común que es un derecho inalienable de las personas, el gozar de un medio ambiente adecuado para nuestro desarrollo y bienestar, como lo establece la propia Constitución mexicana. Por si esto fuera poco, hay voces que señalan que el asunto de protección a los recursos naturales –agua, biodiversidad, bosques y selvas, entre otros– debe ser concebido como un asunto de seguridad nacional por los gobiernos de los Estados e incluso, existen instrumentos internacionales que vinculan a los Estados participantes a tomar medidas eficaces para proteger los recursos naturales y para promover el desarrollo, siempre y cuando éste sea sustentable. El crecimiento de estos usos del suelo refleja, de manera inversa, las tendencias en las existencias de la vegetación, en el sentido de que las superficies de tierras de cultivo, de pastoreo y zonas urbanas han aumentado en casi exactamente la misma medida en que la superficie de los bosques, selvas y matorrales se ha reducido. Cabe señalar que adicionalmente, una política forestal atinada, contribuiría de manera importante a cumplir con uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio planteados por la Organización de las Naciones Unidas en el año 2000, consistente en reducir a la mitad la proporción de la población mundial que padece pobreza y hambre. La gestión del biólogo José Cibrián como titular de la Comisión Nacional Forestal, de la que se esperaba mucho, ha sido más bien grisácea. Más pareciera que está ocupado en quedar bien con el Secretario y con el Presidente de la República –lo cual no estaría mal, siempre y cuando se cumpliera con los objetivos básicos de su gestión– que en realmente implementar una política eficaz de crecimiento y rehabilitación forestal.
PROLOGO 10 por José Luis Calva
"Políticas de Educación, Ciencia, Tecnología y Competitividad"

Las políticas públicas son planes de acción gubernamental orientados al desarrollo de proyectos (en este caso educativos), con apoyo en diversas instituciones. Las presiones que sufre el Estado en términos de política pública, son dos: Supranacionales e Infra nacionales, en este artículo fijaré mi atención en las segundas. Una política pública, implica racionalismo e incrementalismo, el racionalismo hace referencia a la contribución de objetivos de la mejor manera posible; mientras que el incrementalismo, alude a la resolución paulatina de las problemáticas enfrentadas. Recientemente han surgido distinto enfoques y esquemas en política públicas, uno de ellos es la política basada en la evidencia, en la cual se hace uso del conocimiento. En el presente mostrare el papel de las políticas educativas dentro del contexto de la globalización y con las pertinencias teóricas que le refieren, ya que hoy en día la nueva gestión pública NGP es una estrategia valiosa para la descentralización del sistema educativo. Con la NGP en México, se busca satisfacer los valores típicos de la modernidad. En segundo lugar haré un esquema de la historiografía de las políticas educativas, considerando la década de los ochentas como una brecha que transforma el sistema educativo, culminando en los noventas con el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica. El diseño e implementación de las políticas de educación básica en México se encuentran atravesados por dos aristas internacionales que buscan calidad. Una es la nueva gestión pública NGP (en este caso del sistema educativo) y el otro sería el movimiento de la GBE el cual es una estrategia para la descentralización del sistema educativo. La NGP en México busca la eficacia, la calidad y la modernidad, afirma Calva. "…Tratándose de la NGP, se busca establecer una gestión eficaz y eficiente para ofrecer servicios de calidad que satisfagan a los usuarios (clientes), mediante la modernización del aparato administrativo y de una nueva relación entre el gobierno y los ciudadanos…" Los desafíos a los que se enfrentan los países en vías de desarrollo, como lo es en el caso mexicano son múltiples, sin embargo, algunos autores afirman que varias de las políticas educativas en los países en vías de desarrollo, no se basan en investigación o en análisis técnicos, a pesar del acervo de conocimientos acumulados. Reimers y McGinn demostraron que existe una escaza interacción entre los especialistas y quienes formulan las políticas públicas, generando que las decisiones importantes en política educativa se encuentren desagregadas del cumulo de conocimientos e investigaciones que generan los académicos y especialistas. Por otra parte, Muñoz-Izquierdo argumenta que influir directamente en una política con conocimiento especializado, es sumamente complejo, ya que en éste intervienen elementos de carácter científico, político y de "naturaleza social". Laswell aseguraba necesario un "intercambio creativo" entre los científicos y los hombres de acción con el fin último de alcanzar la realización de la dignidad humana. Los diagnósticos sobre la educación básica en México, coinciden en que en este nivel se cimentan las bases y la estructura fundamental del sistema educativo, ya que es ahí, dónde se imparte el compendio de conocimientos esenciales para estructurar la ciudadanía. La evidencia histórica ha demostrado que existe una correlación entre la educación básica de calidad y las posibilidades de desarrollo, y es ahí, dónde se centran los esfuerzos por impulsar políticas educativas adecuadas a las necesidades nacionales.
Uno de los principales desafíos es la creciente competitividad para acceder al mercado laboral, en el cual el papel educativo y los certificados juegan un importante factor como medio de acceso a la movilidad social, ya que el grueso de la sociedad, apuesta por la educación como respuesta a la modernidad. En este sentido, quedan estrechamente vinculadas las políticas educativas con los alcances y pertinencias de las políticas públicas. El carácter "público" en política educativa, supone tres máximas: transparencia, interés general y financiamiento colectivo. Todo análisis sobre políticas educativas, se enfrenta a diversos retos de orden teórico y técnico-metodológico. Las decisiones en política educativa, son el resultado del diálogo, la multiplicidad de argumentos, la polémica y los acuerdos o consensos a los que llegue. La complejidad y escala de las políticas educativas, requiere de información confiable, de conocimientos especializados, y de cálculos precisos para una adecuada implementación, ya que de estas dependen efectos políticos y sociales para el Estado. Las políticas educativas tienen un papel central en la actualidad, su desarrollo consta de tres fases: diseño, operación y resultados. Los fracasos de las políticas educativas se deben a los errores de diseño a las grandes decisiones que se toman, más que a los operadores mismos. La mayoría de las políticas educativas en México, se han visto atravesadas por distintas Reformas Políticas y algunos cambios estructurales. De ahí la importancia en fomentar el vínculo entre la academia y las políticas públicas, para que estos cambios estructurales sean ventajosos para el sistema educativo. El papel actual de las políticas educativas corresponde a las políticas públicas y a la gestión, ya que en conjunto brindan un panorama complementario del sistema educativo. "En cuanto a las perspectiva de la gestión, consideremos que a través de ésta es posible analizar la implementación de la reforma educativa como parte del proceso de la formulación de las políticas educativas, la cual corresponde a lo que hoy se conoce como la nueva gestión pública…" Del el enfoque de gestión apunta a un compendio de teorías y metodologías sobre la forma en que el gobierno se administra en diferentes sectores como lo es el educativo. Este enfoque se presenta una renovada manera de realizar el cumplimiento de las funciones públicas y programas públicos. La adaptación de los modelos mexicanos hacia la gestión en el terreno de la gestión escolar, implican muy a menudo a las reformas educativas, como respuesta a las diferentes esferas de la sociedad. La experiencia mexicana de su adopción y adaptación de los modelos de gestión, tanto en sus sistemas administrativos como en el caso específico de la gestión escolar en el marco de la reforma educativa, es única y responde a las condiciones políticas, económicas, sociales y culturales precisas en las que se ha puesto en práctica. Es importante hacer alusión al planteamiento pre resolutivo que poseen las políticas educativas para delimitar su espacio académico, investigativo y profesionalizante con respecto a la administración pública. "Cabe señalar que la política pública, en un afán deliberado por tomar distancia respecto de la administración pública, como disciplina académica y como ejercicio profesional en el gobierno, adquirió un enfoque predominantemente predecisional, que dio un exacerbado énfasis de la disciplina a la importancia de la información y el análisis que asegurara y mejorara la calidad de la formulación de la política, dejando a los administradores la "fácil" tarea operativa de instrumentar la supuestamente correcta política definida…"
A pesar de la pobre inversión en ciencia, tecnología e innovación en las últimas décadas, el desarrollo de la ciencia en México debe ser considerado como una historia de éxito. Un ejemplo de lo anterior es el hecho de que nuestro país cuenta en la actualidad con cerca de 40 mil investigadores distribuidos en todo el territorio nacional, señaló en entrevista Juan Pedro Calva San Román, ex presidente de la Academia Mexicana de Ciencias. Explicó que el surgimiento de especialistas empezó a configurarse hace 60 años, cuando en el país los investigadores se contaban en apenas por unos cientos, y fue a partir de la segunda mitad del siglo pasado que empezó a producirse un crecimiento anual sostenido en este rubro. "De esos 35 mil o 40 mil que hay hoy en día, entre 19 mil y 20 mil pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), según datos del Conacyt. Esto quiere decir que pasar de unos cuantos cientos a 40 mil, significa que ha habido un crecimiento de alrededor del 8% anual. "¿Qué otro sector en México se ha desarrollado a lo largo de seis décadas con un crecimiento anual promedio de 8%? -preguntó Calva-, ninguno – respondió él mismo. Por eso digo convencido que el desarrollo de la ciencia en México es una historia de éxito". Sin embargo, el investigador del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, expresó su preocupación por que este crecimiento científico esté al servicio de la sociedad, la cual debe verse beneficiada por la ciencia que se genera en el país. Los cuatro puntos sustanciales en la Agenda Nacional. Juan Pedro Calva, quien formó parte del núcleo inicial que elaboró el documento Hacia una Agenda Nacional en Ciencia, Tecnología e Innovación que fue entregado desde el mes de septiembre a los representantes de los tres Poderes de la Unión y a gobernadores, explicó algunos de los aspectos clave de esta Agenda, la cual probablemente servirá de base para la formulación de la política de ciencia de la actual administración. Calva identificó cuatro temas sustanciales en la propuesta realizada por más de 60 instituciones y organizaciones académicas, educativas, científicas y empresariales: financiamiento, definición de objetivos, planeación y seguimiento, y gobernanza. "México ha mantenido niveles de inversión que están muy por debajo del promedio mundial recomendado que es del 1% del Producto Interno Bruto (PIB), incluso abajo del promedio latinoamericano, lo que se tiene que corregir y parece ser que esto ya se empezó a mover. "Después de saber con qué recursos contamos tenemos que definir qué es lo que vamos a hacer con ellos. No podemos simplemente incrementar la inversión y esperar que las cosas se hagan mágicamente. Debemos determinar los grandes objetivos nacionales, a los autores que se van a involucrar en cada uno de ellos, y definir los plazos para alcanzarlos".
Como tercer tema está el binomio planeación-seguimiento. En este punto, el también ex coordinador del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) sostuvo que la inversión que se ha hecho en ciencia, tecnología e innovación (CTI) en México ha carecido de continuidad al darle preferencia a los planes sexenales, lo que ha impedido el desarrollo del país; y como parte de esta planeación es necesario dar seguimiento a los programas y proyectos. "Si queremos estar seguros que vamos avanzando en una dirección, tenemos que medir. Por ejemplo, en el tema de innovación, durante los últimos tres años se invirtieron 3 mil 500 millones de pesos. ¿Cuáles fueron los resultados?, pues sobre esto no se tiene una idea clara; entonces ¿por qué en lugar de invertir esa cantidad no se gastan diez millones de pesos para financiar un equipo profesional que le dé seguimiento y proporcione informes confiables?". Propuso que estos equipos de evaluación de resultados sean independientes del Conacyt: "En esto hice hincapié desde el FCCyT cuando fui coordinador (2008-2012), porque hablé del conflicto de intereses. Si Conacyt contrata directamente la evaluación de sus programas, no se puede evitar que se diga lo que se quiere de ellos". En cuanto a la gobernanza, el cuarto de los aspectos centrales de la Agenda, Calva hizo la siguiente analogía: "Ajustemos el motor de tal manera que cuando pisemos el acelerador responda y el sistema nacional de CTI no está diseñado para responder". Es por esto -explicó Calva- que se sugirió la creación de una secretaría de Estado para CTI, "fue una propuesta que apoyé desde mi época como presidente de la Academia Mexicana de Ciencias (2006-2008), cuando se daba la transición al entonces presidente electo Felipe Calderón. "Entonces se argumentó de manera simplona que se aumentaba la burocracia y ésta ha crecido en México en los últimos seis años por arriba del 30% sin que se haya creado ninguna secretaría. La burocracia crece o disminuye por voluntad política, no por creación de un ministerio". Y frente a la propuesta de crear una secretaría de CTI integrada la educación superior, Juan Pedro Calva expresó su apoyo a esta idea, pero consideró que es una tarea mucho más compleja para la que se necesita tiempo, por lo que dijo es más práctico y operativo pensar en la dirección opuesta: darle coherencia al desarrollo CTI y posteriormente incorporar a conveniencia la educación superior.
La falta de competencia, un sistema educativo deficiente y la baja inversión en investigación y desarrollo son las principales deficiencias que muestra México en cuanto a su capacidad de aumentar la competitividad en el ramo de la tecnología de la información, de acuerdo con el "Reporte Global de Tecnología de Información", elaborado por el Foro Mundial Económico (WEF, por sus siglas en inglés). México bajó nueve posiciones en el ranking, con respecto a la medición de 2007-2008, ubicándose ahora en el nivel 67, por debajo de Panamá y Uruguay, dentro de un espectro de 134 países. La problemática se centra en el estancamiento que el país presenta en relación a la apertura de la competencia, relacionada con el marco regulatorio y político y aunada a la poca preparación de la sociedad para poder acceder a este tipo de herramientas. México se encuentra por debajo de países como Barbados, cuya disposición a usar la tecnología lo ha colocado en la posición 36 del reporte, por encima del resto de los países de la región, seguido de Chile (posición 39), que cuenta con un fuerte apoyo del Gobierno para llevar a cabo políticas que mejoren la penetración de la tecnología en todos los niveles. Otras naciones latinoamericanas como Costa Rica, Argentina, Venezuela y Brasil se encuentran en los lugares 56, 87, 96 y 59 respectivamente. "Para que un país aproveche las TI se requiere de un ambiente propicio (infraestructura y regulaciones), una visión conjunta de los actores sociales (gobierno, empresas y población), además de que su uso depende de la preparación impartida por el Gobierno", dijo la directora y economista senior del reporte del Foro Mundial Económico, Irene Mia. Uno de los principales datos que arroja el reporte, es que las empresas comienzan a mostrar rezagos en el uso de la tecnología (posición 76), al contrario del Gobierno (posición 36) que ha comenzado a utilizar plataformas tecnológicas, como la propuesta de e-Gobierno. La importancia del avance de México en la tecnología se puede reflejar en el impacto que tendría un incremento de 10% en el uso de banda ancha en el país, lo cual representaría un 5.2% del Producto Interno Bruto (PIB) per cápita, 1.63 millones de empleos con beneficios por 158,000 millones de pesos, mejores escenarios en educación y ahorros en el gasto corriente de hasta 76,500 millones de pesos, de acuerdo con cifras de Juan Alberto González Esparza, director general de Microsoft de México.
El directivo de Microsoft México, instó al sector empresarial a ser más estructurado en el momento de presentar las propuestas al Gobierno, así como incrementar la colaboración entre la academia y el sector privado. México es uno de los países más competitivos para la inversión productiva a nivel internacional debido a su estabilidad macroeconómica y política, baja inflación, tamaño y fortaleza de su mercado interno, tasa de crecimiento económico y su capacidad para generar manufactura avanzada (productos de alta tecnología). México es una economía abierta que, a través de su red de acuerdos de libre comercio, garantiza el acceso a mercados internacionales. El país ofrece costos competitivos y una posición geográfica estratégica. También cuenta con capital humano joven y altamente calificado. En la actualidad, México ofrece múltiples oportunidades, gracias al compromiso del gobierno del presidente. Por eso, de la visión neoliberal que concibe la elevación de la eficiencia y la competitividad como responsabilidad exclusiva de cada mexicano, sin que el Estado aporte o genere las condiciones económicas, sociales e institucionales que la hagan factible, es necesario pasar a una visión realista donde el Estado asuma y cumpla eficazmente sus responsabilidades en el desarrollo humano, económico y ambiental. En esta perspectiva, la elevación de la calidad del sistema educativo, desde la educación preescolar hasta los programas de posgrado, así como la ampliación sostenida de su cobertura, el desarrollo de la investigación científica y tecnológica, el diseño e instrumentación de programas eficaces de capacitación laboral, así como el despliegue de incentivos a la innovación tecnológica, constituyen responsabilidades ineludibles del Estado para construir una economía próspera y una sociedad más justa y cohesionada.


PROLOGO 11 por José Luis Calva
"Empleo Digno, Distribución del Ingreso Y Bienestar"

Hablar hoy de trabajo no implica necesariamente preguntarnos acerca de su existencia y continuidad. Atrás parecen haber quedado las tesis acerca del fin del trabajo. En el nuevo rumbo del debate se habla de cómo debería ser hoy el trabajo. En ese marco, en 1999 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) resurgió de sus propias cenizas trayendo una nueva noción: el trabajo decente. La labor de la OIT se unificó detrás de cuatro objetivos estratégicos: derechos en el trabajo, empleo, protección social, perseguido todo por medio del diálogo social. Estos dieron el contenido sustantivo al Programa de Trabajo Decente a partir de 2008. Por otra parte, desde otras latitudes pero también en los años noventa (del siglo pasado), surgió otra noción de trabajo: el trabajo digno. Impulsado desde algunos movimientos sociales latinoamericanos, este concepto se centra en una comprensión de la actividad laborativa humana como no-mercantil y no-individual, sino basada en el bienestar de la comunidad. La noción de dignidad aparece aquí como disruptiva y anticapitalista. El empleo (igual a salario) no es lo relevante, sino la forma de organización que se da el colectivo, orientada hacia el interés general. El objetivo de este artículo es abordar las nociones de trabajo decente y trabajo digno de manera comparada. Vamos a pensar los supuestos epistemológicos sobre los que se basan, pero centralmente nos concentraremos en los efectos políticos de ambos. En otras palabras, nuestra intención es discutir las implicancias de uno y otro concepto en el marco del capitalismo de principios del nuevo siglo. El trabajo decente: ¿qué trabajo?, ¿qué decencia? La noción de trabajo decente se presenta como democrática e igualitaria. En el actual marco (globalizado) de no respeto por la legislación laboral y de ampliación de la brecha entre ricos y pobres, el trabajo decente aparece como un concepto que defiende los intereses de los trabajadores. Así explicado, claramente hay que apoyar el Programa sobre Trabajo Decente. Sin embargo, aquí queremos realizar una crítica de sustento epistemológico y de sus efectos concretos en el accionar político. En primer lugar, veamos qué entiende la OIT por trabajo. Sin embargo, no puede negarse que el trabajo es algo que se vende y se compra, aunque los mecanismos del mercado laboral están sujetos a fines más elevados (Rodgers, Lee, Swepston y Van Daele, 2009: 8). Entonces, el trabajo no sería simplemente un artículo de comercio, una mercancía.
Pero si no es una mercancía, ¿qué es? Ajustando un poco más las categorías, para la OIT, "todas las formas de trabajo pueden ser fuentes de bienestar y de integración social si están debidamente reglamentadas y organizadas" (Rodgers, Lee, Swepston y Van Daele, 2009: 8). Es decir que si no se puede evitar que el trabajo sea convertido en una mercancía, entonces lo que sí se puede hacer es poner límites a su nivel de mercantilización. El objetivo de la regulación es "impedir la explotación", concretamente limitando las horas de trabajo y tomando medidas para proteger a quienes podrían resultar más vulnerables. La explotación es entendida como el trabajo en condiciones forzosas: se trata de un trabajo no-asalariado (o sub-asalariado), trabajo en condiciones similares a la esclavitud. La OIT propone la conversión de este trabajo forzoso en trabajo decente, y que el trabajador tenga un mínimo poder económico, para dejar de estar dentro del área de los "más explotados". De este modo, la solución es la inclusión de estos trabajadores en una economía monetaria, en la relación salarial. Para la OIT el trabajo no sería una mercancía, pero sólo en el plano de los principios, porque debe aceptar que de hecho éste se compra y se vende en el mercado laboral, pues es un sujeto y objeto de derecho como cualquier mercancía. Ya que el trabajo es de hecho una mercancía, lo importante pasa a ser su reglamentación. Es así que el trabajo decente condensa los objetivos históricos de la OIT: empleo y regulación del trabajo. Como explica Ghai (2005), el trabajo decente debe cumplir con las siguientes características: 1) que pueda ser libremente escogido y que no haya discriminación en la selección (sea por sexo, nacionalidad o raza); 2) que existan medidas de protección para la salud de los trabajadores; 3) que haya libertad de asociación y sindicalización así como libre acceso a la negociación colectiva[1]; 4) que exista un mínimo de seguridad social; 5) que se garanticen el tripartismo y el diálogo social. Tal empleo es una fuente de dignidad, satisfacción y realización para los trabajadores (Ghai, 2005: 15; la traducción es nuestra). De aquí se desprende que la OIT parte de la comprensión del trabajo como empleo, es decir, del modo en que éste existe en el capitalismo, poniéndose como objetivo su reforzamiento. ¿Qué implica que tal trabajo sea fuente de dignidad? Para pensar esto, tenemos que ver cómo se constituyó la ética en el capitalismo y cuál es la concepción de decencia que subyace a esta definición. La ética capitalista designa "aquella mentalidad que aspira a obtener un lucro ejerciendo sistemáticamente una profesión, una ganancia racionalmente legítima (…)" (Weber, 1998: 71). La "actitud ética" en el capitalismo consiste en comprender el movimiento de la sociedad del capital: la búsqueda de la ganancia. El deber profesional (la ganancia) se pone como el "deber ser" de la ética social del capitalismo (Weber, 1998: 59): quien se aparta de este mandato ético es arrojado fuera de las filas del mercado. Pero esta mentalidad del "individuo moderno" no es natural, sino que es el producto de un largo y continuo proceso formativo, de imposición del trabajo y de generación de subjetividades adecuadas al capital, proceso que en Marx es presentado como la acumulación originaria.
Es el proceso en el cual el trabajo, abstraído de sus cualidades particulares, pasa a ser la mediación social principal (Postone, 2006). La ley del capital es la que rige todas las relaciones sociales. Así, en el capitalismo la ética se construye sobre el pilar del trabajo (abstracto). Consideramos así que la ética moderna debe comprenderse como un modo de existencia de la expansión del valor. El carácter dual del trabajo en el capitalismo (trabajo concreto y trabajo abstracto) (Marx, 2002) implica la separación de la vida humana en esferas. La fetichización resultante de (y en) el proceso de producción implica asimismo la fetichización de la vida social. El individuo vive su vida (como) separada en esferas autónomas. Así, la ética (capitalista) es particular a este momento histórico debido a que la base del ser social en el capitalismo son la igualdad y la libertad (mercantil). Esta igualdad y libertad no son totalmente ficticias (ya que en la esfera política operan como reales), pero tampoco son íntegramente reales (ya que la base de la sociedad del capital es la propiedad privada). Somos entonces libres y autodeterminados en el sentido político, pero estamos sujetos a coacciones y obligaciones objetivas que operan con independencia de nuestra voluntad; somos por ello, también objetos. La moralidad resultante parte de esta escisión, de esta esquizofrenia social (Holloway, 2002) que al reproducirse cotidianamente no permite la reconciliación entre las diferentes esferas en el marco del capitalismo. El trabajo decente sería entonces una forma del fetichismo de la mercancía, pero a nivel de las categorías: cristaliza la sociedad sintética, intenta asir lo no-idéntico al interior del sistema conceptual (Adorno, 2005). El movimiento del antagonismo es detenido al interior del concepto. La identidad niega lo que está alienado, niega las formas particulares cuyo modo de existencia en el capitalismo es el trabajo (abstracto). En ese sentido, la categoría de trabajo decente es no-verdad. Pero asimismo, ésta posee un núcleo de verdad: parte de la existencia de la relación salarial como modo de vida en el capitalismo. El dinero sigue siendo la verdad del mercado, expresada aún en la relación salarial. Sin dinero, no vivimos. En otras palabras, la noción de decencia se desprende de la reproducción del capital. El único modo de vida socialmente aceptado es a partir de la venta de mi mercancía. Entonces, la decencia es igual a empleo, que a su vez es igual a salario. Finalmente, el trabajo decente tiene como fin la incorporación de las masas de trabajadores precarios dentro del circuito del salario. Esto implica reimponer la monetización en las relaciones sociales, vía salario. Se trata del impulso por construir una nueva forma de integración del trabajo al capital. Lleva en sí mismo un nuevo modo de imposición del trabajo, un intento por reimpulsar la centralidad de la relación salarial en el marco del comando del capital-dinero.
En definitiva, el trabajo decente está expresando un intento de integración de las formas de insubordinación del trabajo al capital bajo el aspecto de la reconciliación moral del mundo. El trabajo digno como expresión de la humanidad Para iniciar, cabe aclarar que no es general el uso de la noción de "trabajo digno" (la cual aparece en la lucha zapatista en México), ya que en algunos casos se habla de "trabajo auténtico", "trabajo autónomo", "trabajo autogestionado", o "trabajo genuino". Esto muestra que estos conceptos surgen "desde abajo", desde las luchas particulares, y no es un concepto propuesto "desde arriba", como sería el de trabajo decente de la OIT. En los movimientos sociales no aparece la noción de decencia sino la de dignidad. La dignidad es entendida como rebeldía, como negación. Es la negación de la negación, la revuelta contra el desgarramiento de nuestra humanidad (Holloway, Matamoros y Tischler, 2008). La dignidad implica la transformación de las personas (sujetos jurídicos) en sujetos (creadores). Sujeto aquí no es lo mismo que trabajador. Al entendernos como sujetos, se puede concebir el desborde de las formas (auto)impuestas por el capital. La dignidad es vista como recuperación de la humanidad. Es así que varios grupos piqueteros decían "nosotros no queremos inclusión. Por lo menos yo no quiero ser explotado, no peleo para que me vuelvan a explotar". Como decíamos, el sujeto es diferente de la clase obrera porque la figura del trabajador implica la separación de lo económico y lo político. Marca la existencia de una obligación para que vendamos nuestra fuerza de trabajo mientras que somos abstractamente libres e iguales en el plano de los derechos liberales. Frente a esto, la dignidad implica la reconciliación de las esferas política y económica. Es la generación de una subjetividad integrada, contrapuesta a la fragmentación capitalista (Ferrara, 2003). Entonces, mientras que el trabajo decente afirmala identidad de clase (trabajadora) en tanto la puesta en el centro de la relación salarial, el trabajo digno niega esa misma identidad, ya que va más allá del salario. No obstante, el sujeto digno nace de la misma realidad que el obrero sindicalizado, es decir, de la misma sociedad productora de valor. El sujeto digno surge en-contra-y-más allá de la clase obrera. El ejemplo del zapatismo mexicano es claro en la tendencia a la unidad de las esferas. Las Juntas del Buen Gobierno (JBG) asumen no sólo la representación política, sino que llevan adelante las decisiones en el ámbito económico: deciden sobre la producción, así como sobre la circulación y comercialización. En este sentido, no existe la producción "privada", individual, por fuera de las necesidades de la comunidad. Cada JBG decide acerca de lo económico (qué producir y cómo hacerlo) pero no de modo separado a las propias comunidades, ya que lo central es el ida-y-vuelta que se produce a partir del diálogo entre los sujetos que viven la cotidianeidad comunitaria y los miembros de la JBG (Dinerstein, Pascual y Ghiotto, 2009). Esto ha dado pie a hablar de "otra economía" y de "otro comercio". De todo ello se desprende el principio del "mandar obedeciendo". El trabajo digno no puede concebirse como una actividad individual, sino que parte del colectivo. Aquí es central la autogestión colectiva. Pero aunque el objetivo del trabajo no sea la obtención de un beneficio monetario individual, la ley del valor continua imponiéndose sobre el colectivo. Esto sucede con las fábricas recuperadas (en Argentina) y con todas las cooperativas que surgieron a partir de los emprendimientos productivos de los movimientos sociales. Es decir que la productividad del trabajo se impone, por lo cual estos procesos deben ser vistos en todas sus contradicciones. Mismo así, el objeto en este caso no es la rentabilidad, sino el colectivo: se constituyen subjetividades distintas. Luchar por el trabajo digno no implica dejar de lado las reivindicaciones salariales o dejar de pelear por mejores condiciones laborales, sino que ese ya no es el objetivo buscado. Hay claridad acerca de un hecho: "lo que es indigno es la explotación" (Colectivo Situaciones, 2002: 69). Entonces, el problema es la venta de la fuerza de trabajo, la propia economía de mercado. A diferencia de lo que vimos con la OIT, donde mediante la regulación del trabajo se intenta lograr "menos explotación", en estas organizaciones el horizonte es generar otras relaciones sociales que no sean de explotación. Esto se entiende como un proceso lento, que va al ritmo de la práctica cotidiana del hacer colectivo. El proceso consiste principalmente en la generación de nuevos lazos de solidaridad, que son negados y redimensionados cotidianamente por las relaciones sociales capitalistas. Esto implica crear una nueva subjetividad integrada que trascienda la subjetividad del salario (Ghiotto, 2010). Significa a su vez romper con el imaginario de la "necesidad" de un patrón (en la fábrica) o un líder (en el movimiento) que diga lo que hay que hacer. En su lugar aparece la idea de que la producción no es algo que se agota en la remuneración, sino que trasciende el momento económico individual pasando a ser un tema del colectivo entero. Se trata entonces de "una nueva concepción del trabajo", que es parte de un proceso subjetivo lento y difícil. Decencia versus dignidad: acerca de un trabajo emancipado La diferencia entre trabajo decente y trabajo digno es un problema eminentemente político, pero político entendido dialécticamente. Es decir que no es una cuestión económica, del mercado laboral, sino que involucra la totalidad de las relaciones sociales. Como vimos, ambas nociones surgen de una misma sociedad, la sociedad que produce valor, pero mientras el trabajo decente implica la identidad, la universalidad abstracta, el cierre, el trabajo digno plantea la esperanza. La concepción aquí presentada es que mediante la noción de trabajo decente la OIT expresa la búsqueda del capital de un nuevo modo de imponer un comando sobre el trabajo que genere estabilidad para un nuevo proceso de acumulación a largo plazo. Este estaría basado en la centralidad (nuevamente) del pleno empleo y de la relación salarial. Tal como en sus orígenes de la primera posguerra, la OIT simboliza otra vez el "acuerdo de paz para las clases". Cristaliza, a partir de su vocación de universalidad, la necesidad de generar un piso de regulación para el desarrollo de las relaciones laborales con el fin de permitir la acumulación del capital. Opuesto a lo anterior, el trabajo digno hace estallar la búsqueda por imponer el comando sobre la insubordinación. Mientras que la idea de decencia se mantiene dentro de la forma-valor, la dignidad expresa la rebeldía, la humanidad. Sin embargo, hay que aclarar que la noción de trabajo decente expresa también una utopía de reconciliación social, expresándose a través de nociones como "justicia social" y "equidad". Por ello el Programa de Trabajo Decente es ampliamente apoyado por el movimiento sindical internacional.
Pero aquí sostenemos que se trata de una falsa utopía, porque la reconciliación es imposible al interior de una sociedad fragmentada por la producción de valor. Por esto mismo explicamos que el trabajo decente es no-verdad. Por otra parte, la noción de dignidad expresa la dimensión dialógica de las relaciones sociales, es decir, la acción de ponerse como un particular, de decir "aquí estamos", no de modo identitario y sintético, ya que esa es la forma del capital, sino de una particularidad que exprese el sujeto revolucionario como constelación de multiplicidad de voces (Tischler en Holloway, Matamoros y Tischler, 2008). La política de la dignidad, al decir de John Holloway, es mucho más que la felicidad como logro del placer material. Parafraseando a Max Horkheimer, sólo una psicología ingenua y economicista podría entender la aspiración de felicidad como la mera satisfacción de las necesidades materiales. Los ideales de la historia (y del presente) no son independientes de los hombres y de sus realidades. Por ello, la noción de trabajo digno se basa en una ética del colectivo social, es la moral del grupo. Una sociedad que lograra la reconciliación sujeto-objeto no necesitaría contar con el estudio separado de la ética, porque allí la moral estaría inmersa en las propias relaciones sociales (de producción), es decir, emanaría de esas relaciones. Sería la reconciliación de interés y deber. En definitiva, en una sociedad reconciliada no se habla de trabajo decente, sino de un hacer social libre; no se reivindica un "bajo nivel de explotación", sino un hacer apropiado para la autodeterminación colectiva.
PROLOGO 12 por José Luis Calva
"Derechos Sociales Y Desarrollo Incluyente"

La construcción y aplicación del Índice Estatal de Cobertura de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (IECDESCA) es el primer resultado cuantitativo de la investigación aplicada que sobre el tema inició la Dirección General de Planeación y Análisis en 2007. El objetivo de las investigaciones que ha emprendido dicha Dirección, es ofrecer un panorama concreto del estado que guardan los derechos fundamentales en México a través del trabajo interdisciplinario. Es por ello que se han realizado diversas acciones que tienen como fin, por un lado, identificar áreas de oportunidad estratégica para quienes se ocupan de los derechos humanos, y, por el otro, identificar el grado de armonización jurídica nacional en varias materias de derechos humanos vinculadas a tratados internacionales y el grado en que se adecuan a los parámetros internacionales. Lo anterior se ha venido realizando con la convicción de que estos esfuerzos redundarán en beneficio del pleno establecimiento de la cultura de respeto a los derechos humanos en nuestro país. El primer ejercicio que se realizó se refiere únicamente a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, pero se contempla construir índices asociados a cada una de las diferentes categorías de derechos fundamentales para, finalmente, conformar un indicador global compuesto de los derechos humanos en México por entidad federativa. En 2007 se presentó una primera versión de la investigación, que incluyó información correspondiente al año 2000, la cual puede ser consultada en nuestra página electrónica, donde además se incluye una somera descripción de la metodología. El presente documento, que está destinado a un público distinto, condensa tanto la metodología de elaboración del Índice, como los resultados y el análisis derivados de la actualización del IECDESCA realizada durante 2008, misma que se basó en información de 2005 y subsecuente.2 La utilidad de mediciones de este tipo se centra en la posibilidad de desarrollar jerarquizaciones de las entidades federativas con base en la cuantificación objetiva del estado de cobertura de los derechos fundamentales, y de ello derivar acciones estratégicas que habrán de ser emprendidas por quienes tienen la competencia respectiva, para beneficio de la población del país. En este contexto, el objetivo de este ejercicio se circunscribe a la generación de un indicador estadísticamente robusto, que facilite la medición del grado de cobertura o desprotección de la población nacional respecto a sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA), distinguiendo las diferencias y desigualdades a nivel estatal y regional en México. En la primera sección de este trabajo se presentan someramente los conceptos de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en un sentido amplio. En segundo lugar se describe el método estadístico utilizado para generar el índice de cobertura de los DESCA y se muestra el proceso mismo de construcción del indicador, desde la justificación y selección de datos, hasta la extracción de los factores con los que se construye el IECDESCA. En la tercera sección, se presentan los resultados de la investigación, desde las perspectivas estatal y regional, incluyendo las diferentes agrupaciones y jerarquizaciones creadas a partir del valor del índice respectivo, como un estudio de la distribución poblacional del país bajo el enfoque del IECDESCA. En la sección de conclusiones se señalan las diferencias fundamentales entre el ejercicio realizado en 2007 y su actualización en 2008, tanto en términos de su diseño como de sus resultados, y se desarrollan los principales hallazgos que se derivan de la investigación en su conjunto. Se finaliza con algunas referencias bibliográficas y sitios de internet, en los que localizamos la mayor parte de los datos para la actualización 2008 del indicador.
Como señalamos, tradicionalmente la doctrina jurídica ha dividido al Derecho para su estudio en dos grandes ramas, a saber: 1) El Derecho Público o conjunto de normas que regulan la organización del Estado como poder soberano; esto es, se trata del Estado y las funciones de gobierno. El Cotidiano 99 7 2) El Derecho Privado o conjunto de normas que regulan las relaciones entre los particulares y son de exclusiva utilidad para los individuos; o sea para personas jurídicamente equiparadas. Sin embargo, consideramos insuficientes para las exigencias modernas la tradicional clasificación anterior entre Derecho Público y Derecho Privado, proporcionada por Ulpiano con la sentencia: Publicum jus estad statum rei romanae; privatum quod ad singularum utilitaten. En otras palabras, se llama Derecho Público al que trata del gobierno de los romanos, y derecho privado al que se refiere a la utilidad de los particulares, tal es la traducción vertida por Ortolan en sus comentarios a las Instituciones de Justiniano. En efecto, es admisible la distinción propuesta por Ulpiano; sin embargo, desde que fue propuesta resultó incompleta. Es muy estricta en cuanto al deslinde de Derecho Público y Privado, toda vez que deja al margen un grupo importante de normas que por su esencia y por su naturaleza no corresponden ni al gobierno ni a la utilidad de los particulares, de tal suerte que para resolver el problema que implica la clasificación dicotómica del derecho, hay que tener en consideración tres elementos: individuo, sociedad y estado, de tal manera que, a nuestro modo de ver, el tercer elemento es el que constituye el Derecho Social, entendiendo por este: "el conjunto de normas jurídicas tutelares de la sociedad y de sus grupos débiles obreros, campesinos, indígenas, entre otros, consignadas en las constituciones modernas y en los códigos orgánicos o reglamentarios".3 De lo anterior, debemos precisar que se debe buscar en el análisis del Derecho Social los principios que le informan de contenido y que lo diferencian plenamente del Derecho Público y Privado. Sin determinar los principios jurídicos informantes del Derecho Social, no es posible hablar de la existencia del mismo como parte de la sistematización del Derecho. Al respecto el maestro Lucio Mendieta y Núñez sostiene que los factores comunes de las normas de Derecho Social son: a) Se refieren a los individuos en cuanto a integrantes de grupos o sectores de la sociedad bien definidos: obreros, campesinos, desvalidos. b) Tienen un marcado carácter protector de las personas, grupos o sectores que caen bajo sus disposiciones. c) Al regular fundamentalmente intereses materiales de ciertos grupos o sectores de la sociedad, pretenden establecer las instituciones o controles para la transformación de las contradicciones de intereses de las clases sociales.4 De tal manera que, históricamente hablando, se ha dicho que "el derecho social surge en una etapa de la civilización condicionada por la industria, impulsada por la ciencia moderna y los grandes descubrimientos de nuestro siglo".5 Nació así una nueva disciplina jurídica que, fundamentada en el principio de justicia social, no tendía a ser, en consecuencia, sino un derecho igualador de las naturales desigualdades sociales que ya no atendía simplemente al aspecto Libertad, sino que se encuentra regido básicamente por el de Justicia y se encamina prioritariamente, también, a nivelar las desproporciones existentes entre las personas y las clases sociales. De acuerdo con el doctor Sergio García Ramírez, podemos decir: "Si buscamos resumir la tendencia de estas modificaciones deberíamos sin duda recordar el carácter ético, equiparado, tutelar del derecho contemporáneo, que cesa ya de ver individuos aislados para volver la mirada hacia los grupos y las clases; que desconoce el primado de la autonomía de la voluntad, para abrazar el control social de la libertad; que cercena los derechos absolutos, para reorientarlos en sentido social que acude en defensa del débil –la mujer, el niño, el trabajador, el campesino, el anciano, el enfermo, el arrendatario en la abigarrada complejidad que tienen los destinatarios de este nuevo derecho– para dotarlos de las armas necesarias a fin de que sea en verdad posible, y no simplemente grotesca, su lucha por la vida, que introduce el dirigismo contractual y crea nuevos ordenes jurídicos: el Derecho Laboral, el Agrario, el de la Seguridad Social así las cosas, las normas del Derecho Social se multiplican y abarcan gran diversidad de campos, al modo que es fuertemente expansiva y penetrante la preocupación que las genera, nutre e impregna el propósito tutelar que provoca la socialización del derecho".6 De aquí que su misión no sea otra que proteger al débil y tutelar al desamparado. La distinción que tradicionalmente se hacía entre Derecho Público y Privado se ve en mucho alterada por la irrupción de lo social, que en tanto organizador de la sociedad se ve obligado a incursionar, consecuentemente, en el campo antes reservado al juego contractual y regido por el principio de autonomía de la voluntad, dando lugar a la aparición de una tercera categoría que ha dado en llamarse derecho mixto, por la clara penetración pública en los primitivos dominios del derecho privado".
En materia de arrendamiento inmobiliario habitacional se reformaron, en julio de 1993, diversas disposiciones del Código Civil del Distrito Federal, del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, de la Ley Federal de Protección al Consumidor y de la Ley del Notariado, para dar lugar a una legislación antiinquilinaria que establece todas las prerrogativas jurídicas y procesales a favor de los arrendadores en evidente legislación promobiliaria. En efecto, se redujeron los términos procesales, se restringieron los medios de prueba ( periciales verbigracia) y, en general, se atentó contra los derechos inquilinarios y la legislación proteccionista y tutelar del año de 1984, de tal suerte que se rompió con la tendencia continua de protección a los inquilinos que data desde el siglo pasado (Leyes de Reforma), continuada en 1928 y 1984, para dar lugar a una legislación que, aún ahora, sigue siendo repudiada y suspendida su aplicación como pone de manifiesto su impopularidad e ineficiencia. En efecto, primero se suspendió su vigencia hasta 1998 y ahora hasta el 2000. Una ley que no es vigente, no es eficaz. Igualmente se abrogó el Decreto de Prórroga de los Contratos de Arrendamiento de las Casas y Locales que se citan de 1948, esto es las llamadas rentas congeladas. Finalmente, ahora se encuentra en proyecto y en la mira la reforma del Artículo 123 constitucional y de las Leyes Federales del Trabajo, con lo que se culminará un largo proceso de involución legislativa y atentatoria del Derecho Social Mexicano que contraría las decisiones políticas fundamentales del pueblo de México, adoptadas en 1917, y el proyecto nacional que bien podemos catalogar de Constitucionalismo Social y Estado Social de Derecho. Ahora bien, resta señalar que también está en el Senado un proyecto de Ley de Cultura que desaparece al Instituto Nacional de Antropología e Historia, lo que implica un atentado contra la cultura porque desaparece a dos instituciones fundamentales de la vida y de la cultura nacional. Sin embargo, la aplicación ortodoxa de la política neoliberal que pregona el Estado desde hace tres sexenios ha dado como resultado una abdicación de la rectoría económica del Estado para dejar la economía al libre juego de las fuerzas del mercado. Así, mediante su política de privatizaciones desmanteló al sector público (por medio de una amañada reforma al artículo 28 constitucional redefinió las áreas estratégicas y prioritarias para poder privatizar la petroquímica secundaria, y ahora pretende privatizar el sector eléctrico; - 12 Desarrollo social donó al sector social a su suerte y casi extinción, privilegiando al sector privado; abrogó la Ley de Monopolios para establecer una Ley de Competencia Económica, que es una asimilación extra lógica de la Legislación Federal Norteamericana; abrogó la Ley de Atribuciones del Ejecutivo en materia económica y canceló la reforma agraria). En general, lo anterior pone en evidencia la existencia de una verdadera involución legislativa, mediante la expedición de leyes que contrarían las decisiones políticas fundamentales del pueblo de México y de su definición de Estado Social de Derecho, derivado del constitucionalismo mexicano.
Reflexiones finales a) La evolución histórica y social de las luchas libertarias del pueblo mexicano motivó para que en el Constituyente de Querétaro de 1917 se asumieran una serie de decisiones políticas fundamentales que perfilaron el proyecto nacional que estableció imperativamente nuestra Carta Magna, y que se ha definido como Estado Social, inaugurado por nuestro pueblo en el concierto internacional de las naciones. b) De dicho proyecto nacional que se desprende de nuestro Constitucionalismo Social se deriva una amplia gama de normas jurídicas que integran el Derecho Social Mexicano, profundamente humanista, tutelar y proteccionista de los sectores desvalidos y desprotegidos de la sociedad y con un fin último de justicia social. c) Es evidente la existencia de una verdadera ofensiva y atentado contra las decisiones políticas fundamentales del pueblo de México, incorporadas a la Constitución que tienden a desfigurar al Estado Social de Derecho y al Derecho Social Mexicano, y que se traduce en una auténtica involución legislativa. d) Resulta necesario e indispensable retomar el proyecto histórico de la nación mexicana que se desprende del Constitucionalismo Social de 1917 y se instrumenta en el Derecho Social Mexicano. Defender la Constitución, su proyecto nacional y el Estado Social de Derecho es defender y hacer la Revolución.
PROLOGO 13 por José Luis Calva
"Desarrollo Regional Y Urbano"

Si se desea medir el desarrollo regional en México las variables relevantes son los índices de producción per cápita y las medidas del bienestar de la población tales como índice de marginación, índice de pobreza e índice de desarrollo humano. Al parecer, no solo en México sino en el mundo en materia de desarrollo regional como sub-regional no existe una fórmula de crecimiento que cause la convergencia. Todo lo contrario, las inferencias estadísticas, indican que el capitalismo en una escala mundial, como efecto de la globalización genera fuerzas que vienen a acentuar la divergencia y la polarización. La estagnación mundial, por otra parte, se explica por varias razones de las que destacan las llamadas trampas del desarrollo, que paralelamente con los círculos viciosos de la pobreza, actúan como patentes de la contradicción fundamental que ya cita Carlos Marx desde 1848 que afirma que no es compatible el carácter social de la producción con el carácter privado de los medios de producción. Las contradicciones existentes entre las metas de la rentabilidad empresarial y la existencia de demandas carentes de poder adquisitivo que aumentan con el crecimiento demográfico, así como la existencia de grandes monopolios que generan desabasto e inflación son los principales factores que la explican. La existencia del Estado y su efecto multiplicador en el gasto, así como su papel en cuanto al crecimiento inducido de la economía con una planificación central orientada a la equidad, que no privilegia la eficiencia empresarial ni la razón del libre mercado, es básica para garantizar la generación de bienes destinados a las necesidades más estrictas de la población, inmediatas y prioritarias. En un entorno neoliberal, el concesiona miento de lo público a lo privado cuestiona la resolución de los problemas sociales y las contradicciones económicas, que generan polarización, divergencia con exclusión, estagnación y disrupciones sociales. En las naciones en vías de crecimiento, como la mexicana, la inversión pública en infraestructura está altamente ligada a la creación de empleo y al crecimiento económico socialmente sustentable. Por ello es importante que las fuerzas del desarrollo en el país partan de dotar de infraestructura urbana y productiva a sus habitantes, fortaleciendo los sistemas de comunicación, los servicios públicos, especialmente en materia de educación y salud y la investigación. Políticas de redistribución territorial de la población que tiendan a concentrar a la población dispersa en pequeñas localidades en centros urbanos tales como ciudades medias permiten una mejor atención y eficiencia en materia de aplicación de inversión pública con carácter de bienestar social. Así también, políticas que procuren organizar y ordenar el territorio acorde a las necesidades básicas de la población y a la posibilidad del crecimiento económico ordenado. En ello el financiamiento debe partir de una redistribución más social y justa del ingreso nacional, que provea los recursos en cuanto ahorro que den los recursos para la inversión, misma que debe ahora ser regulada y orientada a desarrollos sustentables en lo social, en lo económico, en lo político, en lo cultural y en materia de medio ambiente. Donde destaque el combate a la pobreza basado no en políticas paliativas tipo SEDESOL o PROCAMPO, sino en reformas estructurales que toquen el reparto económico.
Para relanzar el crecimiento económico en el país son necesarias políticas públicas que concilien la eficiencia empresarial para un mayor crecimiento con la equidad del desarrollo. Abandonar el corte de política sectorial para canalizar los recursos no solo a las áreas estratégicas para el desarrollo corporativo, sino prioritarias para mejorar la calidad de vida de la población en general. Esto es, reorientar la planeación hacia el desarrollo regional convergente. Queda claro que la convergencia en el desarrollo regional de México observada todavía a inicios de 1980 se interrumpe con la crisis estructural que desde 1976 presenta la economía nacional. La economía tradicional y en especial las actividades primarias son las que más han resistido la ruptura, no obstante, son también aquellas que menos beneficios observan de la apertura económica, la desregulación y la integración puesto que dependen principalmente de la demanda externa, como presentan alto grado de monopolización a efecto de los agro negocios transnacionales, la cambio de tenencia de la tierra y la suspensión y redimensionamiento de los subsidios y subvenciones. La divergencia entonces se da entre lo urbano y lo rural. La dinámica económica actual en las regiones tiene características como conductas distintas, tal como lo cita Mendoza. El Sur-Sureste es la región con las peores condiciones socioeconómicas, con un dinamismo menor al nacional, con baja competitividad y una fuerte heterogeneidad productiva. El Centro está muy determinado por el Distrito Federal, que tiene buenas condiciones socioeconómicas; sin embargo, la región tiene el menor dinamismo de todas las regiones, está perdiendo participación en el FIB nacional y no tiene competitividad. El Pacifico es una región de condiciones socioeconómicas medias con una dinámica de crecimiento menor a la del país, por lo que está perdiendo participación relativa en el PIB. El Centro-Norte muestra bajos indicadores de condiciones socioeconómicas pero tiene el mayor dinamismo y la mayor competitividad en el país, por lo que su participación en el FIB y sus niveles socioeconómicos están mejorando. La Frontera Norte tiene las mejores condiciones socioeconómicas del país y su dinámica de crecimiento la está llevando a mejorar su posición en el contexto nacional. Cada región presenta una situación sui generis, algunas entidades se han visto abiertamente beneficiadas por la apertura económica, tales como Aguascalientes, Guanajuato (Bajío), Querétaro, así como otras de economías más modestas como lo es el estado de Coahuila. Contraparte, hay otras entidades que quedan al margen del incentivo globalizador tales como Nayarit, Guerrero, Oaxaca y Sinaloa. Destacan como las entidades más beneficiadas el Distrito Federal, Baja California y Nuevo León. Las entidades críticas son las del sur tales como Chiapas, Guerrero, Oaxaca e Hidalgo. Con base a los resultados que arroja el estudio de Mendoza Pichardo (2007) se tiene que. El Distrito Federal, Nuevo León y Campeche tenían e! mayor FIB per capita. El FIB per capita más bajo se encontraba en Tlaxcala, Guerrero, Chiapas y Oaxaca. En Aguascalientes Coahuila, Querétaro, Guanajuato, Zacatecas, Durango, Nuevo León, Puebla y Tamaulipas el PIB per capita creció mas de 2°/o por año en el periodo 1993-2003, mientras que creció menos de 0.50/0 en Guerrero, Oaxaca, Sinaloa, Tabasco, Quintana Roo y Nayarit. Recomienda el mismo autor, como resultado de su estudio que: Una política regional que intentara revertir las fuertes desigualdades existentes entre las regiones y los estados de México, debería enfatizar e! gasto público y la creación de infraestructura hacia la región Sur-Sureste, en particular a los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Pero también debería incrementarse el gasto público hacia los estados de las otras regiones que tienden a quedar rezagados, como son Sonora y Tamaulipas en la Frontera Norte, Nayarit y Sinaloa en el Pacifico, San Luis Potosí en et Centro Norte, e Hidalgo en el Centro. En la mayoría de los casos os esfuerzos de gasto público e infraestructura deberán definirse a un nivel desagregado, es decir, al nivel municipal y de AGEB. Dentro de las fuerzas del desarrollo los estudios recientes conciben que existe una alta relación entre el crecimiento económico y el desarrollo humano (capital humano). Por otra parte, en naciones donde se tiene en cuenta el factor humano en cuanto a su capacidad adquirida de generar satisfactores, la inclusión de esquemas donde existe el convivio de lo público con lo privado (economía mixta), son el principal móvil de su crecimiento. Ya los autores de la corriente de la Tercera vía, como Giddens (1999), lo indican en diferentes estudios. Está no solo la experiencia de Francia, Inglaterra y España para confirmar la experiencia, sino el de toda Europa de ésta. Incluso la misma China. No se niega el planteamiento clásico que sustenta que el crecimiento en sí depende de la disponibilidad de los factores de la producción, el libre tránsito de los mismos, como el crecimiento demográfico. No obstante, con los trabajos de J. Schumpeter y los teóricos de la teoría de la utilidad marginal, la innovación, inventiva, creatividad y capacidad de emprendimiento se suman como otras fuerzas del desarrollo. Actualmente se anexa a la lista aspectos que tienen que ver con la economía de la información y el conocimiento.
Las economías clásicas logran crecimiento en el grado de la disponibilidad de los factores de la producción, los garantes institucionales en cuanto reparto económico y contrato social, así conforme sea su crecimiento demográfico, pero recientemente se admiten nuevas fuerzas del desarrollo dentro de las que destaca la información. El conocimiento aplicado (tecnología), la existencia de patentes, licencias y derechos de autor, como la información hacen las veces de detonadores o catalizadores que re incentivan el crecimiento. Por lo que el desarrollo humano es a su vez un potencializadora económico en el grado que se canalicen recursos en materia de nutrición, salud y educación. Nadie cuestiona que una forma de procurar la convergencia regional en cuanto crecimiento económico en México debe principalmente canalizar sus esfuerzos al desarrollo humano, priorizando las entidades que muestran mayor rezago. Problemas tales como la exclusión o marginación de ciertos grupos sociales deben concebirse como prioritarios para incluirles en atención de salud, nutrición y educación. Especialmente en estados tales como Hidalgo y Tlaxcala en el centro sur de México, como en el sur del territorio que comprenden los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. La cuestión fiscal no debe abandonar su fundamento económico principal de tratar de contrarrestar las fuerzas polarizadoras del ingreso como de divergencia regional. De esta forma, así como grava más al rico para dar al humilde, debe trasladar recursos públicos a regiones de alto nivel de marginación, pobreza y deficiencias en desarrollo humano. Deben abandonarse subsidios que privilegian a sectores altamente capitalizados del país tales como la banca y los sectores financieros y de aseguramiento a la producción (El FOBAPROA significó un subsidio a estos sectores que supera los cien mil millones de dólares), para canalizarlos a la atención de la población más vulnerable en procuración del desarrollo humano. El crecimiento económico regional depende de la capacidad de ahorro e inversión de las mismas. No obstante, los subsidios estatales e inversión pública complementan y sufragan las carencias de los lugares más pobres del país. Se sabe que la inversión extranjera privilegia a las zonas de mayor dinamismo y capitalización económica, y no atiende las regiones de exclusión económica y social. Por ello, la respuesta está en la capacidad del Estado en captar recursos y canalizarlos a remediar la divergencia regional, la pobreza extrema, la marginación y el desarrollo humano precario. Al Estado federal le corresponde reasignar el gasto fiscal a través de políticas compensatorias con discriminación positiva en materia de creación de infraestructura básica para vincular a los estados y las regiones mas pobres con la economía nacional e internacional y así aumentar la productividad y abaratar los costos y los tiempos de transporte; necesita invertir mas que proporcionalmente en educación salud y seguridad y por lo pronto en programas de combate a la pobreza para mitigarla. Los incentivos fiscales a los empresarios a favor del fomento del desarrollo humano de las regiones más pobres del país pueden alentar la inversión de dichos lugares y con ello el crecimiento y la mejora en materia de bienestar social, así como otros incentivos fiscales que deduzcan impuestos a las empresas de regiones con muy alto grado de marginación en pro de mejorar las remuneraciones a sus trabajadores (cuyo pago sea dado a gastos familiares tales como alimentación, colegiaturas, uniformes, medicamentos, entre otros). El ramo 33 de la federación debe comprenden un fondo muy superior al que tradicionalmente se da a las entidades federativas. Se requiere una nueva reforma al Artículo constitucional 115 que dote al municipio de capacidad de recaudación en rubros que tradicionalmente son competencia estatal y federal. Impuestos que canalicen a programas sociales tales como respaldo al DIF en materia de desayunos escolares, becas alimenticias para educación secundaria y media, atención a indigentes como poblaciones marginales. Destacan los fondos de remesas familiares de trabajadores mexicanos en el extranjero, como de su capacidad de emprendimiento para formar cooperativas comunitarias y proyectos de desarrollo local comunitario en razón de la mejora de bienestar de los habitantes. Y en este sentido, se requiere la capacidad organizativa a nivel empresa para proyectar desarrollos viables y socialmente sustentables. En este aspecto es importante evaluar el impacto que tiene la divergencia en cuanto a mantener la unidad nacional y territorial. Mientras existan regiones contrastantes en el país las disrupciones son de esperarse. Es por tanto necesario abatir las diferencias existentes en cuanto desarrollo en el territorio, puesto que social, política y culturalmente no son sustentables lo que indica que pueden ser causa de ruptura, crisis, confrontación como fraccionamiento.
La teoría neoclásica El enfoque neoclásico supone que el mecanismo de mercado será equilibrador y que con tiempo cualquier disparidad en el rendimiento de los factores tenderá a desaparecer.8 Es una teoría que se basa en el modelo de la oferta y sugiere que las diferencias interregionales del crecimiento son resultado de la movilidad de los factores y de los diferenciales de rendimiento de capital y mano de obra entre las regiones. La suposición fundamental es que el capital y la mano de obra se mueven de las regiones de rendimiento bajo a las de alto rendimiento. El capital buscará localizarse en donde las ganancias esperadas son altas. El mismo comportamiento de localización se observa en la mano de obra. La teoría de la acusación circular acumulativa El argumento central de esta teoría postula que con el tiempo las fuerzas del mercado tenderán a ampliar y no a estrechar las tasas de crecimiento diferencial entre las regiones avanzadas y las rezagadas. La acumulación industrial y el desarrollo de infraestructura en las localidades avanzadas generan ahorros para el desarrollo de negocios. A medida que aumentan las economías que las empresas pueden aprovechar se estimula el crecimiento industrial y así el proceso se vuelve autorreforzante. Mientras que las tasas de crecimiento en las regiones rezagadas tenderá a declinar, ya que sus ventajas no son suficientes para hacer contrapesos a las regiones avanzadas. El proceso se repite y con el tiempo se amplia la brecha entre las regiones de crecimiento rápido y las de crecimiento lento11 La hipótesis general es que los centros de crecimiento habiéndose desarrollado por una variedad de razones históricas o geográficas, desarrollan ventajas acumulativas, de tal forma que la brecha entre su prosperidad y las de la periferia tienden a ensancharse. La experiencia internacional de más de medio siglo a la fecha indica que entre las nuevas fuerzas del desarrollo se deben tomar en cuenta los efectos de la competencia y la rivalidad entre las empresas existentes, la formación de la demanda interna y los sectores de apoyo y conexos. Se requiere de la formación de nuevos centros regionales diamantistas y para ella es indispensable no solo una masa crítica de gasto público en ellos, sino llevar adelante un plan multidimensional que pueda generar factores de impulsa hacia la configuración de una región diamantista. Es indispensable que el gasto público sea sostenido durante un tiempo suficiente para permitir la formación de los factores de impulso. Es fundamental la participación de la iniciativa privada. Donde por regionales diamantistas se debe entender con base al trabajo de Michael Porter (La ventaja competitiva de las naciones), aquellas que logran un alto nivel de coordinación y articulación entre lo financiero, un clima de concurrencia altamente competitivo, una demanda interna significativa con crecimiento sostenido, así como la articulación de sus sectores que le son estratégicos para su logística y aprovisionamiento. Finalmente, Castaingts (2007) indica que… es vital comenzar a impulsar relaciones económicas entre las zonas diamantases y de éstas con las regiones jade y carbón. Donde la región jade es la región jade es aquella que logra en grado las características de la región diamante, y que está próxima a consolidarse, y la región carbón es la antípoda de la región diamante y que inicia la formación y exploración de las 4 características de la región diamante, pero que está en vías de su formación. Las investigaciones sobre planeación regional recomiendan que las políticas sectoriales y su aplicación en los ámbitos federales y regionales requieren de una organización armónica del territorio que permita promover el desarrollo al interior de las regiones con un sentido de equidad económica y social. En México no existen políticas públicas explícitas tendientes a elevar la competitividad desde un punto de vista integral y a largo plazo. A nivel regional las entidades han enfrentado en forma autónoma su competitividad de tal manera que los beneficios se han distribuido en forma desigual en el ámbito geográfico del país. En ese contexto, los estados mejor comunicados al principal mercado de exportación, así como aquellos que cuentan con una mejor infraestructura física, de capital humano e institucional, han mostrado un mejor desempeño, mientras que los estados y regiones que no tienen estos atributos, muestran fuertes retrocesos.2 En ese contexto el presente documento analiza los principales enfoques para el estudio del desarrollo regional, presenta un diagnóstico general sobre la situación de las entidades y regiones del país a través de algunos indicadores compuestos, como el índice de marginalidad, pobreza y competitividad; posteriormente se describen las políticas y programas de desarrollo regional aplicadas en México a partir del año 2000, por último, se mencionan los problemas que actualmente enfrenta la política regional y los retos y desafíos en el mediano y largo plazo.
Las investigaciones sobre planeación regional recomiendan que las políticas sectoriales y su aplicación en los ámbitos federales y regionales requieren de una organización armónica del territorio que permita promover el desarrollo al interior de las regiones con un sentido de equidad económica y social.39 La acción de gobernar implica necesariamente promover políticas coordinadas cuyo propósito se centre en reducir las brechas entre entidades y municipios y la acción de planificar regiones consiste en un proceso incluyente en el que los protagonistas tomen decisiones en un ámbito espacial determinado. En el nuevo contexto de la economía global el desarrollo económico regional adopta nuevas modalidades, donde las políticas se orientan básicamente hacia la atracción de inversiones y de fortalecimiento a la competitividad de las empresas locales. Por ello es necesario intensificar las relaciones horizontales entre ciudades y regiones. Según Iracheta, los planes no han sido diseñados para ser documentos políticos que guíen la acción de los gobiernos. Su carácter técnico, separado de los procesos reales de decisión, ha provocado que su cumplimiento sea relativo. La experiencia empírica y teórica sobre el desarrollo regional indica que el equilibrio territorial óptimo es casi imposible ya que depende de la dotación inicial de recursos necesarios a la producción y la capacidad innovadora de los individuos para aumentar la productividad y competitividad y un ambiente social, político e institucional favorable. Héctor Ferreira propone algunas medidas necesarias para institucionalizar la política de desarrollo regional: diseño y operación de nuevas políticas y formas de acción de corte sectorial-regional; revitalización, despliegue y consolidación de los procesos de planeación meso-regional; consolidación de las relaciones de las meso-regiones hacia abajo y hacia arriba; regionalización de los procesos de programación presupuestación y nuevos mecanismos de financiamiento de la inversión pública; preparación y consenso de los ajustes requeridos en el marco legal a la luz de las prácticas de planeación regional y con sus actores y un Proyecto Territorial de Nación construido a partir de las regiones.41 La experiencia histórica ha demostrado que ni el capital ni el trabajo se dirige de manera preferente al espacio en el que son escasos; su lógica de localización depende más de la rentabilidad. En ese escenario la acción del Estado es fundamental para corregir los desequilibrios regionales provocados por la acción del mercado y los actores sociales.




PROLOGO 14 por José Luis Calva
"Cambio Climático y Políticas De Desarrollo Sustentable"

Los científicos definen al cambio climático como todo cambio que ocurre en el clima a través del tiempo, resultado de la variabilidad natural o de las actividades humanas. El calentamiento de la Tierra o "calentamiento global", por su parte, es la manifestación más evidente del cambio climático y se refiere al incremento promedio de las temperaturas terrestres y marinas globales. A pesar de que el clima cambia de manera natural, los expertos señalan que existen claras evidencias de que el calentamiento del planeta registrado en los últimos 50 años puede ser atribuido a los efectos de las actividades humanas. Los científicos definen al cambio climático como "…todo cambio que ocurre en el clima a través del tiempo, resultado de la variabilidad natural o de las actividades humanas". La atmósfera terrestre es una delgada película constituida por una masa gaseosa de composición prácticamente homogénea y especialmente sensible desde el punto de vista termodinámico a los cambios de concentración de bióxido de carbono (CO2) y otros gases de efecto invernadero (GEI). La atmósfera constituye uno de los principales bienes ambientales globales, producto de la evolución de la vida en el planeta e indispensable para la continuidad de la misma. A mayor concentración de GEI en la atmósfera, mayor la opacidad de ésta a la radiación infrarroja que emite la superficie terrestre al calentarse por la radiación solar, y mayor el efecto invernadero. El efecto invernadero natural mantiene la superficie terrestre 33°C por encima de la temperatura promedio que tendría con una atmósfera de composición igual a la actual, pero sin la muy pequeña presencia de GEI. Muchas actividades antropogénicas (es decir, que son de origen humano), en particular aquéllas que implican la quema de combustibles fósiles o la destrucción de la vegetación natural, han impulsado la creciente incorporación a la atmósfera de cantidades adicionales de GEI, que dan lugar al proceso de cambio climático de tipo antropogénico. La presencia humana y sus actividades, fundadas en patrones de consumo inéditos y en el uso generalizado de los combustibles fósiles, ha logrado así, en un lapso de décadas, transformaciones climáticas de una magnitud superior a las que el sistema natural experimentó en el transcurso de muchos miles de años. Los principales Gases de Efecto Invernadero son: Bióxido de Carbono (CO2), Metano (CH4), Óxido Nitroso (N2O), Ozono (O3), Vapor de agua. Existen otros gases de efecto invernadero con menor concentración en la atmósfera pero debido a su "potencial de calentamiento", son reconocidos en el Protocolo de Kioto. El potencial de calentamiento global (GWP) permite una contabilidad en términos de equivalentes del bióxido de carbono = CO2e. Las equivalencias basadas en el potencial de calentamiento global se sustentan en valoraciones realizadas en el SAR (por sus siglas en inglés: Segundo Informe de Evaluación del IPCC) y en el TAR (por sus siglas en inglés: Tercer Informe de Evaluación del IPCC). En 2005, entre los 194 países miembros de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), México se localizaba en la intersección de los conjuntos constituidos por los 25 países con mayor población, mayor PIB y mayores emisiones (se consideran sólo emisiones de CO2 por quema de combustibles fósiles). En el contexto mundial, México contribuye con alrededor del 1.6% a las emisiones de GEI, que en el 2006 éstas fueron de 715 millones de toneladas de CO2 (M tCO2e). La Síntesis para Tomadores de Decisiones del Cuarto Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (PICC; IPCC por sus siglas en inglés), reconoce que «el calentamiento del sistema climático es inequívoco. Ello impactará adversamente las zonas costeras, pues incrementará su vulnerabilidad ante fenómenos hidrometeorológicos extremos, incrementará la humedad en la atmósfera al tiempo que reducirá la humedad en los suelos, propiciará la erosión de éstos y disminuirá la disponibilidad y la calidad del agua, con lo que se reducirá la productividad agrícola. Por otra parte, la continua elevación de las concentraciones de CO2, determinada por medición directa, constituye la información más incontrovertible respecto al cambio climático. La evolución de las concentraciones de los demás GEI es muy semejante a la del CO2. Las concentraciones atmosféricas actuales de CO2 de 386 ppm y de metano (CH4) de 1,774 partes por mil millones, (ppmm) exceden significativamente los valores de los últimos 2 mil años. La problemática derivada del proceso de cambio climático seguirá agravándose mientras no se logre estabilizar el nivel actual de concentraciones. Esta estabilización requiere una reducción drástica de las emisiones globales de GEI. Cuanto más rápido se logre esta reducción, menor será el nivel al que se puedan estabilizar las concentraciones y, cualquiera que sea el nivel de estabilización, mantenerlas implicará, en el futuro, limitar de manera radical y permanente las emisiones de GEI, a niveles que representen una muy pequeña fracción de las emisiones actuales. El sistema climático presenta una gran inercia y las consecuencias del incremento de las emisiones de GEI se harán sentir durante mucho tiempo. Aun cuando se lograran minimizar las emisiones humanas de GEI al punto de lograr la estabilización de sus concentraciones en la atmósfera, la temperatura en la superficie terrestre continuará incrementándose lentamente durante más de un siglo. Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. En 1992, en el marco de la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, se adoptó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) que entró en vigor en 1994 y a la fecha ha sido ratificada por 194 países. De acuerdo con el artículo 2 de la Convención, su objetivo último consiste en: «Lograr, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Convención, la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático. Ese nivel debería lograrse en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, asegurar que la producción de alimentos no se vea amenazada y permitir que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible». La Convención no establece metas concretas de reducción de emisiones, aunque sí incluye un compromiso no vinculante para que los países desarrollados incluidos en el llamado Anexo I regresen, al final de la década, a los niveles de emisiones que tenían en 1990. La ausencia de metas de reducción fue considerada inadecuada y, con el objetivo de reforzar los compromisos cuantitativos que limitan el volumen total de emisiones de GEI de los países desarrollados, la Tercera Conferencia de las Partes (COP-3), en 1997, adoptó el Protocolo de Kioto que entró en vigor en 2005, en el cual casi todos los países del Anexo I de la CMNUCC quedaron en el Anexo. La Convención divide a los países en tres grupos principales, de acuerdo con sus diferentes compromisos: Las Partes incluidas en el Anexo I son los países industrializados que eran miembros de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) en 1992, más los países con economías en transición (PET), en particular, la Federación de Rusia, los Estados Bálticos y varios Estados de Europa central y oriental. Una obligación que afecta únicamente a las Partes incluidas en el anexo I es la de adoptar políticas y medidas relativas al cambio climático con el fin de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero a los niveles de 1990 no más tarde del año 2000. Esta disposición les obliga a dar ejemplo de firmeza para hacer frente a los problemas de cambio climático. La Convención otorga "cierto grado de flexibilidad" a las PET, en consideración de las recientes perturbaciones económicas y políticas de dichos países. Varias de esas Partes han hecho uso de esa flexibilidad y han seleccionado un año de referencia distinto de 1990 para sus compromisos específicos, con el fin de tener en cuenta los cambios económicos ocurridos que dieron lugar a grandes recortes en las emisiones. Las Partes incluidas en el Anexo II son los países miembros de la OCDE incluidos en anexo I, pero no las PET. Deben ofrecer recursos financieros para permitir a los países en desarrollo emprender actividades de reducción de las emisiones de conformidad con lo dispuesto en la Convención y ayudarles a adaptarse a los efectos negativos del cambio climático. Además, "deben tomar todas las medidas posibles" para promover el desarrollo y la transferencia de tecnologías ambientalmente sanas a las PET y a los países en desarrollo. El financiamiento ofrecido por las Partes incluidas en el anexo II se encauza fundamentalmente a través del mecanismo financiero de la Convención. Las Partes no incluidas en el Anexo I — nombre dado a estos países por razones de comodidad — son en su mayoría países en desarrollo. Algunos grupos de países en desarrollo son reconocidos por la Convención como especialmente vulnerables a los efectos negativos del cambio climático, en particular los países con zonas costeras bajas o con zonas expuestas a sequía y desertificación. Otros (como los países cuyas economías dependen particularmente de la producción y la exportación de combustibles fósiles) son más vulnerables a los posibles efectos adversos de las medidas de respuesta a los cambios climáticos. El Protocolo de Kioto. En diciembre de 1997, la Tercera Conferencia de las Partes (COP-3), celebrada en Kioto, Japón, adoptó por consenso un protocolo que fue precedido por negociaciones durante los dos años anteriores. En virtud de este protocolo, los 38 países y la Unión Europea incluidos en su Anexo B, que coincide con el Anexo I de la Convención, salvo dos excepciones (ver Tabla 2) se comprometieron a reducir sus emisiones, en conjunto, 5.2% por debajo de los volúmenes que emitían en 1990, durante el periodo 2008 – 2012. Para facilitar el cumplimiento de los compromisos cuantitativos de reducción de emisiones de los países del Anexo B, el Protocolo de Kioto (PK) estableció tres Mecanismos de Mercado: la Implementación Conjunta (IC, o JI por sus siglas en inglés), el Comercio de Emisiones (CE, o ET por sus siglas en inglés) y el Mecanismo para un Desarrollo Limpio (MDL, o CDM por sus siglas en inglés). La Implementación Conjunta establece la posibilidad de que un país Anexo I/Anexo B implemente proyectos de reducción o de captura de emisiones en el territorio de otro país Anexo I/Anexo B, y contabilice para sí el monto logrado como Unidades de Reducción de Emisiones (ERU, por sus siglas en inglés). El Comercio de Emisiones autoriza a que las Partes Anexo I/Anexo B comercien entre sí una fracción de sus respectivos permisos de emisión determinados por los límites que les impone el Protocolo. Luego de la entrada en vigor del PK el 16 de febrero de 2005, este mecanismo recibió un fuerte impulso apoyado en el mercado europeo de permisos de emisión. El Mecanismo para un Desarrollo Limpio es el único que contempla la participación de países no-Anexo I en el comercio de emisiones, como vendedores de Reducciones Certificadas de Emisiones (RCE, o CER por sus siglas en inglés) sustentadas en proyectos de mitigación registrados. El beneficio es recíproco, pues las Partes del Anexo B del PK reciben apoyo de las Partes no-Anexo I para cumplir a menor costo sus compromisos de reducción, en tanto estas últimas reciben fondos adicionales que incentivan procesos productivos más limpios e impulsan el desarrollo sustentable. México en la CMNUCC. México firmó la CMNUCC en 1992, el mismo año en que se adoptó, y una vez aprobada por el Senado de la República, ratificó este instrumento en 1993. Firmó el Protocolo de Kioto (PK) en 1997, el mismo año de su adopción y, una vez aprobado por el Senado, lo ratificó en el año 2000. La CMNUCC entró en vigor el 21 de marzo 1994 y el PK el 16 de febrero 2005. Con base en el artículo 133 Constitucional ambos instrumentos forman parte de la legislación mexicana en la materia.
Nuestra formación profesional que tiene como base al pensamiento lineal y puntual también se ve reflejada en otros sectores de desarrollo como la problemática que tenemos en el calentamiento del planeta, olas de calor, el aumento del nivel del mar, la contaminación del aire y del agua. Las crecidas de los ríos, la sequía, la desertificación, la deforestación y la pérdida de diversidad biológica que las observamos dependiendo en que sector nos encontremos por ejemplo: el agua, otros desde el punto de vista "generación de gases de invernadero" y sus efectos en el cambio climático. En nuestro país esta apreciación se consolida en la administración y gestión del agua está repartida en varias instituciones siendo la principal dependiente del Ministerio de Agricultura y el tiempo y el clima la tienen en SENAHMI y la "generación de gases invernadero y sus efectos en el cambio climático en el Ministerio de Medio Ambiente y otro importante efecto se maneja a través de los Estudios de Impacto Ambiental aprobados por el Ministerio de Energía y Minas. Todos los fenómenos expresados influyen prácticamente en todas las actividades humanas (salud, energía, transporte, seguridad alimentaria, gestión de recursos hídricos, turismo, biodiversidad) lo cual demanda darle la importancia que tiene y buscar de trabajarlo en forma holística y equilibrada.
Este propuesta de cambio paradigmático tiene a nivel mundial un importe impulsor en el Organización Meteorológica Mundial – OMM, organismo intergubernamental responsable de coordinar y aplicar todos los programas relacionadas con el tiempo, el clima y el agua, actuando en numerosos frentes en forma integral: observación y vigilancia, mitigación de desastres, protección de la vida y de los bienes, investigación y ayudas a la investigación, asi como creación de capacidad. A lo expresado se suma una herramienta muy importante la comprensión y predicción de procesos dinámicos y físicos de la atmosfera y del océano, asi como de las interacciones ecosistemitas dentro del sistema de nuestro planeta (prospectiva del comportamiento climático). Según manifiesta la OMM "Uno de los mayores éxitos científicos de finales del siglo XX fue, por ejemplo, la capacidad de predecir episodios de El Niño hasta con un año de antelación". El cambio climático afecta a todos los países en todos los continentes. Tiene un impacto negativo en la economía nacional y en la vida de las personas, de las comunidades y de los países. En un futuro las consecuencias serán todavía peores. Las personas viven en su propia piel las consecuencias del cambio climático, que incluyen cambios en los patrones climáticos, el aumento del nivel del mar y los fenómenos meteorológicos más extremos. Las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por las actividades humanas hacen que esta amenaza aumente. De hecho, las emisiones nunca habían sido tan altas. Si no actuamos, la temperatura media de la superficie del mundo podría aumentar unos 3 grados centígrados este siglo y en algunas zonas del planeta podría ser todavía peor. Las personas más pobres y vulnerables serán los más perjudicados. Tenemos a nuestro alcance soluciones viables para que los países puedan tener una actividad económica más sostenible y más respetuosa con el medio ambiente. El cambio de actitudes se acelera a medida que más personas están recurriendo a la energía renovable y a otras soluciones para reducir las emisiones. Pero el cambio climático es un reto global que no respeta las fronteras nacionales. Las emisiones en un punto del planeta afectan a otros lugares lejanos. Es un problema que requiere que la comunidad internacional trabaje de forma coordinada y precisa de la cooperación internacional para que los países en desarrollo avancen hacia una economía baja en carbono. Los países están trabajando para adoptar un acuerdo global en París este mes de diciembre con el objetivo de luchar contra el cambio climático.
En suma: el Estado debe asumir plenamente sus funciones como representante del interés común de la nación normando, vigilando y promoviendo la utilización racional de nuestros recursos naturales, el mejoramiento ambiental, la erradicación de la pobreza ("no puede haber peor desequilibrio ecológico que el hambre" decía el brillante ambientalista Fernando Cesarman) y la cohesión social. Regular los procesos productivos y de consumo, introduciendo incentivos para utilizar mejor los recursos naturales, minimizar impactos ambientales y restaurar ecosistemas; diseñar e instrumentar políticas que realmente incluyan, entre sus criterios de eficiencia económica, la cohesión social y la eficiencia en el uso, preservación y restauración de los recursos naturales; y, en general, pasar a una estrategia que considere congruentemente la sustentabilidad ambiental como elemento nodal de un verdadero desarrollo económico es, por tanto, una tarea de la más alta prioridad nacional.

PROLOGO 15 por José Luis Calva
"La Agenda de la Democracia En México"

La democracia en que vivimos. En el año 2000, por primera vez en más de 70 años, se logró en México, la alternancia en el poder. Sin embargo, este cambio en el régimen político, más que significar el inicio de una transición a la democracia, ha propiciado un reacomodo en el sistema político mexicano, continuando y profundización un modelo económico que ha deteriorado aún más la vigencia de los derechos humanos. Una verdadera transición a la democracia habría implicado el inicio de una lucha contra la impunidad y el reconocimiento de la verdad y la justicia para las víctimas de crímenes del pasado; el estrechamiento de los márgenes de desigualdad, incluyendo la pobreza y la marginación rural, indígena y femenina; y la reconciliación nacional con base al reconocimiento de la diversidad y la apertura de espacios de participación política de la ciudadanía. La decepción de la "transición" ha dejado claro en la conciencia pública, que una democracia formal electoral es insuficiente para atender los graves y añejos agravios a la sociedad, dando pie a diferentes movimientos de resistencia y desobediencia civil. Lucha contra la impunidad, por la verdad y la justicia. Al inicio del sexenio (2000-2006) de Vicente Fox Quesada, ex presidente de la República, se anunció la creación de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra los Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), dependiente de la Procuraduría General de La República. Esta figura, que se prefirió a una Comisión de La Verdad, tenía como misión investigar los crímenes de lesa humanidad en contra de los movimientos sociales y políticos de los años 70's y 80's (aproximadamente a partir de la masacre de Tlatelolco en octubre de 1968, hasta las ejecuciones y desapariciones forzadas ocurridas en el sexenio de José López Portillo finalizado en 1982), en lo que se conoció como la guerra sucia. Esta Fiscalía se entrevistó con numerosas familias de las víctimas, con sobrevivientes y testigos, pero inició apenas tres procedimientos significativos, dos contra los militares De La Barreda y Quiroz Hermosillo por la desaparición de Jesús Piedra, hijo de la luchadora social Rosario Ibarra, y uno contra el ex presidente Luis Echeverría por genocidio en los eventos de San Cosme en 1971 que, sin embargo, no fructificaron. Con la llegada, en el 2006, del impugnado Presidente Felipe Calderón Hinojosa se cerró dicha Fiscalía, sin ninguna información con respecto a sus investigaciones, salvo un informe preliminar filtrado a la prensa, que no ha sido oficialmente publicado. La administración de Felipe Calderón ha guardado silencio con respecto a este urgente tema para la sociedad. Esta actitud omisa no fue nueva. Algo similar hizo el ex presidente Fox con respecto a las investigaciones de los crímenes cometidos por grupos paramilitares en Chiapas, al cerrar las dos fiscalías creadas en el sexenio (1994 – 2000) del ex presidente Ernesto Zedillo: la Fiscalía de Chenalhó, encargada de investigar los sucesos alrededor de la masacre de Acteal, y la Fiscalía para Delitos Cometidos por Presuntos Grupos Civiles Armados. La primera cerró con un informe que concluía que la masacre de Acteal fue producto de los problemas intracomunitarios, la segunda simplemente cerró, sin ninguna información con respecto a sus gestiones y sus investigaciones, a pesar de que tuvo contacto e información privilegiada del grupo paramilitar Paz y Justicia, y sus vínculos con el Ejército Mexicano. Tanto en el caso de la FEMOSPP, como el de las fiscalías especiales para Chiapas, los expedientes abiertos se dispersaron entre los diferentes ministerios públicos en lo local y lo federal, individualizando los delitos y dejando de lado el fenómeno de los grupos paramilitares y la investigación de las responsabilidades del Estado, traicionando el derecho a la verdad y a la justicia. La falta de voluntad política para actuar frente a la impunidad tiene una cortapisa en la incapacidad institucional para procurar y administrar justicia. De acuerdo a estadísticas rescatadas por Miguel Carbonell, 85% de las víctimas no acuden a denunciar los delitos; se denuncia solamente uno de cada 15 delitos cometidos; se castigan menos de 1% de los delitos cometidos; 99% de los delincuentes no terminan condenados; 60% de las órdenes de aprehensión no se cumplen; 92% de las audiencias en los procesos penales se desarrollan sin la presencia del juez; 40% de los presos no ha recibido una sentencia condenatoria; 80% de los sentenciados nunca habló con el juez que lo condenó; la posibilidad de que el presunto autor de un delito llegue ante la autoridad judicial es de 3.3% del total de delitos denunciados, lo que equivale a decir que la impunidad se da en 96.7% de los casos.
Una mirada más cualitativa nos muestra que las víctimas tienden a ser las mismas. Amnistía Internacional señala en su Informe México: Leyes Sin Justicia que "a los más pobres se les niegan también sus derechos civiles básicos: no tienen protección contra la violencia policial y varias formas de violencia privada; se les niega el acceso igualitario a las instituciones del Estado y los juzgados; sus domicilios pueden ser invadidos arbitrariamente; y, en general, están forzados a vivir una vida no sólo de pobreza sino también de humillación recurrente y miedo a la violencia, muchas veces perpetrada por las fuerzas de seguridad que supuestamente deberían protegerlos". En términos de Guillermo O'Donnell (2004: 49) este sector de la población no sólo es materialmente pobre, sino también legalmente pobre. Desigualdad Una característica de la democracia es la igualdad, no sólo en la participación en la dirección de los asuntos públicos, sino también de sus resultados. La pobreza constituye una violación a los derechos humanos que se torna más grave en tanto se vuelve más generalizada. Para la Red Nacional de Derechos Humanos, la desigualdad constituye una violencia estructural, dado que, entre otras cosas, "según cifras de la Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, del 2007, en México el 42% de la población vive en la pobreza, y casi el 14% vive en pobreza extrema. Esta violación generalizada se torna más escandalosa si consideramos que Carlos Slim, uno de los hombres más rico del mundo, concentra casi el 8% del PIB en México y que las 38 familias más ricas de México concentran el 14.4% del PIB mientras que el 10% (más de 10 millones) más pobre recibe el 1.6% del PIB y el 60% de la población más pobre (más de 60 millones de personas) concentra tan sólo el 27.6%.del PIB. Según el PNUD, si se transfiriera tan sólo el 5% del ingreso, de la quinta parte de la población más rica en México a los más pobres, aproximadamente saldrían de la pobreza 12 millones de mexicanas y mexicanos." Esta desigualdad es producto de una mala distribución de la riqueza que depende no sólo de factores económicos sino sobre todo de decisiones políticas. La preocupación por el mantenimiento de los índices macroeconómicos no basta para generar condiciones dignas de vida, sino un rediseño del papel regulatorio del Estado para generar condiciones de igualdad, lo cual implicaría el reconocimiento y la garantía de los derechos sociales. Reconciliación y participación política. La llegada de Felipe Calderón a la Presidencia de la República, genera un retroceso en la certeza de los procedimientos electorales para la alternancia. Iniciado en el período de Vicente Fox, el intento de desafuero del entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, en el año 2005, con el fin de no permitirle registrarse en tiempo como candidato a la presidencia de la República, se profundizó durante las elecciones de julio de 2006, en el que se presentaron diversas irregularidades en el proceso que no fueron atendidas por las autoridades correspondientes.
La falta de certeza en la legalidad de las elecciones ha generado dudas con respecto a la legitimidad del nuevo presidente y un movimiento de impugnación, encabezado por el mismo López Obrador. La tercera pieza del deterioro la constituye la destitución arbitraria de los Consejeros Electorales del Instituto Federal Electoral en 2007, afectado la autonomía de este instituto que en el año 2000 fue pieza clave para la alternancia en el poder y el fin de un régimen de 70 años. El deterioro institucional de los órganos relacionados a la legalidad electoral es un reflejo de la degradación y deterioro de los partidos políticos para representar los intereses de la población una vez que llegan al poder. Protegidos en el monopolio del acceso al poder público, el régimen político actual se constituye principalmente por los tres mayores partidos PRI, PAN y PRD, que conforman los poderes del actual Estado Mexicano. Una vez que el PRI perdió el poder presidencial y las mayorías en las cámaras, contrario a lo esperado, los partidos de oposición comenzaron a alejarse de las demandas sociales para entrar en el juego electoral de la alternancia, buscando ganar espacios de representación política sin importar con quien hicieran alianzas. Del régimen del partido único se pasó a un régimen de partidos en los que algunos han denominado partidocracia. En consecuencia no es capaz de actuar como filtro y moderador de las desigualdades sociales. Es también un Estado casi completamente sordo a las demandas de equidad y reconocimiento que surgen del sector popular y, al contrario, es reproductor activo de las desigualdades existentes, así como también facilitador de las más devastadoras consecuencias de la globalización." En ese mismos tenor, el grupo Paz con Democracia ha señalado en su Llamamiento a la Nación Mexicana de noviembre de 2007, que "(El) proceso de ocupación neoliberal ha provocado una degradación profunda de la política y un vaciamiento de la democracia representativa, con la correspondiente crisis, descrédito y corrupción de los partidos, incluyendo a los de la llamada izquierda institucionalizada, que devienen útiles y funcionales al capital. Los partidos políticos se han mimetizado con el Estado en la aplicación de la política neoliberal, de tal manera que son inconsecuentes con la defensa de los intereses nacionales, sociales y ciudadanos. Los partidos mexicanos son la expresión de la crisis de legitimidad y credibilidad que provoca la democracia tutelada por los poderes fácticos. Al divorciarse de la sociedad, estos partidos devienen en grupúsculos marcados por el arribismo, el oportunismo y la corrupción". Esta arbitrariedad antes exclusiva del PRI, en lugar de eliminarse con la participación y contrapeso del resto de los partidos, se ha extendido. Hoy es posible ver acciones arbitrarias en la criminalización de la pobreza y de la protesta social, con la participación concertada de los tres principales partidos: PRI, PAN y PRD. En el sexenio de Fox, particularmente desde 2004, ocurrieron graves casos de represión como lo fue el caso de los alter-mundistas en Guadalajara en 2004, bajo el gobierno del PAN en el que se infringieron numerosas detenciones arbitrarias y torturas.
Los casos de Atenco en el Estado de México y u de la APPO en Oaxaca, en 2006, ambos gobernados por el PRI en el ámbito estatal y en mancuerna con el PAN en el nivel federal. En Guerrero, entidad gobernada por ex miembros del PRI, cobijados y postulados por el PRD, no es diferente. La acción de despojo y criminalización de los comuneros de Cacahoatán, por la construcción de la represa de La Parota fue concertada entre el gobernador Zeferino Torreblanca y el ex presidente Fox; actualmente, el hostigamiento militar y policiaco a las organizaciones indígenas de Guerrero, ha dado como resultado cientos de órdenes de aprehensión contra líderes sociales, decenas de presos políticos y recientemente la ejecución de dos defensores de derechos humanos Raúl Lucas y Manuel Ponce de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco. Esta política represiva es continuada e incrementada por el ahora presidente Felipe Calderón, permitiendo ejecuciones de activistas sociales y políticos, desapariciones forzadas como la de Raúl Reyes y Edmundo Amaya, miembros del Ejército Popular Revolucionario, detenciones arbitrarias y encarcelamientos políticos, y en general la criminalización de la protesta social. La Red Nacional de Derechos Humanos en su Documento Conceptual sobre el derecho a la protesta, ha explicado que la criminalización de la protesta social se caracteriza por la judicialización de los conflictos sociales y la renuncia al diálogo y la política. Como lo ha señalado la Red Nacional de Derechos Humanos, se lleva el conflicto a la arena judicial y se encarcela y somete a proceso penal a los líderes o participantes de los movimientos y las protestas sociales, quienes entonces deben concentrar sus energías en defenderse de dichas acusaciones. Se trata de la aplicación de una política de criminalización de la protesta social como forma de control del descontento social, reformado la legislación penal para enfrentar sus manifestaciones. Crisis democrática La conjugación de la falta de legitimidad política, el cierre de espacios de diálogo, la debilidad institucional particularmente frente al crimen organizado y la creciente protesta social tanto civil como armada, se ha traducido en una profundización de la militarización de la policía y de la presencia de unidades del Ejército, por todo el territorio nacional en un literal estado de Guerra. Justificada como "guerra contra el narcotráfico" ha cobrado alrededor de 10 mil muertos en poco más de dos años de la administración calderonista, cerca de dos mil más que en el sexenio de Fox (El Universal, 13 de marzo de 2009). Esta guerra que tiene el propósito formal de recuperar la seguridad en las calles, ha provocado exactamente lo opuesto, una escalada de violencia armada y el reforzamiento de las cárteles de la drogas que ahora controlan el secuestro, el mercado negro y cada vez más el comercio formal a través de la venta de seguridad, generando un verdadero estado de sitio y un terror generalizado. El estado actual de las cosas no tiene otro responsable que el gobierno federal, dado que ha decidido atacar el fuego con gasolina. La guerra es lo opuesto al estado de derecho. Apostar a la militarización y a la violencia armada en lugar de fortalecer la institucionalidad para tener la capacidad de enfrentar el conflicto de manera pacífica, es rechazar definitivamente, a la posibilidad de una transición a un régimen democrático de derecho, traicionada y postergada por la nueva composición de la oligarquía política que aún gobierna el destino de México a la vieja usanza. Desobediencia civil, resistencia y democracia desde abajo En los últimos años 7 años ha existido una creciente efervescencia social en México caracterizada por un sentimiento de inconformidad. No es un hecho menor que estas experiencias sean fundamentalmente indígenas, ello se debe por un lado a su identidad común y a su memoria histórica y por el otro, a la oportunidad política para estos movimientos, suscitada por el debate sobre sus derechos partir de la entrada en vigor del Convenio 169 de la OIT y al contexto del 500 aniversario de la conquista española, no sólo en México sino en toda América Latina. El movimiento indígena en México no está reivindicando derechos para sí sino para todos porque están conscientes que su suerte depende de la de todos que navegamos en este barco llamado México, y eso le pone otra característica, su universalismo a partir del reconocimiento de la igualdad en la diversidad. Conclusión. La llamada transición en el poder en el año 2000, después de un régimen de 70 años del PRI ha devenido en una nueva oligarquía con características de partidocracia que en ningún sentido han significado un avance mínimamente significativo en mejorar las condiciones democráticas de la sociedad, que de acuerdo a Charles Tilly debería reflejarse en algún grado en al menos uno de estos indicadores: Los derechos y obligaciones se han ampliado a una proporción mayor de las personas bajo la jurisdicción del Estado; los derechos y obligaciones se distribuyen cada vez con mayor igualdad entre los ciudadanos; es consultada de manera obligatoria la ciudadanía, con respecto al personal y a las políticas del Estado; y/o se ha ofrecido a los ciudadanos, incluidos los miembros de grupos minoritarios, una mayor protección contra acciones arbitrarias por parte de los agentes del Estado. El desenlace está aún por verse, todo parece indicar que la crisis del Estado mexicano tiende a una mayor profundización, antes que podamos vislumbrar una salida. Quizá surjan salidas insospechadas y procesos sociales y políticos aún por confluir, pero las semillas de una época más democrática están germinando en las tierras que se habían desechado. Valdrá la pena no sólo ser observantes sino participes de esta historia.



PROLOGO 16 por José Luis Calva
" ¡ Sí Se Puede ! Caminos al Desarrollo con Equidad"

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) trabaja de manera conjunta con los países para promover el desarrollo humano sostenible. Con este propósito, orienta sus actividades a generar soluciones que permitan ampliar las opciones de vida de la población sin que estos beneficios comprometan a los de generaciones futuras. De acuerdo con el Plan Estratégico 2014-2017, PNUD asigna particular importancia a los grupos poblacionales que experimenten las mayores desigualdades y exclusión en cuanto al acceso a las oportunidades y al logro de los resultados, especialmente a las mujeres y los hogares encabezados por ellas. En consecuencia, la reducción de la desigualdad de género y la promoción del empoderamiento de la mujer se hallan entre los resultados a los que el PNUD se compromete. En 2012, México contaba con 117,053,750 habitantes. En ese año, las mujeres representaban el 51.2% de la población (CONAPO a). La dinámica poblacional mostraba que el número de mujeres por grupo etario iba en aumento desde los 0 y hasta los 19 años. El grupo etario con mayor número de mujeres (9.5%) era el de 15 a 19 años. A partir de esta edad, la población femenina se reducía dentro de los grupos. PNUD prioriza la comprensión de las características específicas de los retos que enfrenta la población femenina, puesto que un mayor entendimiento de éstos permite la planeación de soluciones con mayor potencial transformador. Como organización basada en el conocimiento experto, ofrece un diagnóstico de las condiciones de desarrollo humano mediante dos indicadores cuantitativos, objetivos y oportunos: el Índice de Desarrollo Humano (IDH) desagregado para mujeres y hombres, y el Índice de Desigualdad de Género (IDG). El diagnóstico presentado en este informe se basa en la información disponible más reciente y corresponde al año 2012. El desempeño de las mujeres en las variables que integran los índices componentes del IDH muestra contrastes respecto de lo ocurrido en el ámbito nacional. Por un lado, en lo que respecta al Índice de Salud (IS), la esperanza de vida al nacer en México era de 74.27 años en 2012, y la esperanza de vida de las mujeres era de 77.28 años, es decir, tres años mayor que el promedio nacional (CONAPO 2014a). Por otro lado, en uno de los rubros que componen el Índice de Educación (IE) —la escolaridad promedio— las mujeres tuvieron logros por debajo de lo observado en el ámbito nacional. El promedio para mujeres mayores de 24 años era de 8.11, mientras que el valor nacional fue de 8.39. En el segundo rubro que integra al IE —los años esperados de escolaridad— las mujeres tuvieron un desempeño similar al nacional. En otras palabras, las mujeres tenían una permanencia esperada dentro del sistema escolar de 13.09, y ésta era de 13.08 a nivel nacional (INEGI 2008-2012). Por último, en lo que se refiere al Índice de Ingreso (ii), el ingreso per cápita anual de las mujeres era de 19,556.08 dólares PPC en 2012 (CONEVAL 2014). El Índice de Desigualdad de Género refleja tres dimensiones en las que las mujeres pueden experimentar desventajas respecto de los hombres: salud reproductiva, empoderamiento y participación en el mercado laboral. La dimensión de salud se mide mediante la tasa de fecundidad en adolescentes y la tasa de mortalidad materna. En 2012, la tasa de fecundidad en adolescentes fue de 0.066 (CONAPO 2014b); es decir, de cada mil nacidos, 66 fueron de mujeres entre 15 y 19 años. En cuanto a la tasa de mortalidad materna, la Secretaría de Salud reportó un 42.03 por cada 100,000 nacidos vivos. El empoderamiento se observa mediante la representación de las mujeres dentro del Congreso y los logros alcanzados en educación secundaria y superior. En el ámbito nacional, se observó que 23.2% de los escaños parlamentarios eran ocupados por mujeres y el resto por hombres (INEGI 2010a). Introducción IDENTIFICAR LAS BARRERAS PARA LOGRAR LA IGUALDAD 11 Aunado a lo anterior, el 52.9% de las mujeres de 25 años o más contaba al menos con educación secundaria. Esta cifra fue 3.9% menor a la de los hombres: 56.9% de ellos tenía al menos este nivel de estudios (INEGI 2008-2012). La última dimensión mide la participación de las mujeres y hombres en el mercado laboral. El 43% de las mujeres mayores de 14 años formaba parte de la Población Económicamente Activa (pea), hecho que contrasta con la participación de los hombres, que fue de 78% (INEGI 2012). Estos indicadores —calculados por la Oficina de Investigación en Desarrollo Humano (OIDH) con la metodología más reciente, y desagregados por entidad federativa y municipio— dan constancia de aspectos clave para el desarrollo humano, como la salud, la educación y el ingreso, y revelan cómo los contrastes en otros rubros —participación en el mercado laboral, empoderamiento y salud reproductiva— pueden generar desigualdad. Asimismo, el análisis sobre las Instancias de la Mujer en las Entidades Federativas (IMEF) examina las capacidades institucionales en las entidades federativas y permite formular lineamientos de política para la focalización de recursos públicos. Para alcanzar un desarrollo humano sostenible en México, es fundamental combatir los rezagos asociados a la desigualdad de género. El PNUD ofrece este diagnóstico a las autoridades gubernamentales federales, de las entidades y de los municipios, así como a todas las personas interesadas en el tema para que, de manera conjunta, se avance en la construcción de una estrategia de desarrollo social integral que garantice el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres mediante políticas públicas e inversión de recursos públicos focalizados.
La publicación Indicadores de Desarrollo Humano y Género en México: nueva metodología es la aportación más reciente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México para profundizar, desde la perspectiva de la igualdad de género, en las oportunidades y desafíos que enfrentan el país y la sociedad a fin de asegurar un desarrollo pleno y equitativo para todas las mexicanas y los mexicanos. La publicación analiza las tres dimensiones del desarrollo humano (salud, educación e ingreso) con los datos más recientes disponibles del INEGI, CONAPO, CONEVAL, SEP y SSA. Asimismo, identifica las desigualdades que viven las mujeres en el país y realiza un mapeo georreferenciado de los rezagos más profundos. En esta publicación, además, se examina las capacidades institucionales de las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF) con el propósito de identificar áreas de oportunidad para fortalecerlas, así como asegurar una mejor focalización de los recursos públicos que les permitan cumplir con los objetivos estales y nacionales. Si bien los esfuerzos realizados alrededor del mundo para dotar a la población de capacidades básicas se han traducido en un incremento sostenido del valor del Índice de Desarrollo Humano (IDH) o en la consecución de una parte importante de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), es una realidad que las sociedades todavía luchan por incorporar a la mujer en el círculo de la prosperidad. En este sentido, la publicación destaca el logro alcanzado en la dimensión de educación, que muestra las tasas de crecimiento más significativas para todos los estados de la república entre 2008 y 2012. No obstante, la dimensión de salud continúa siendo un reto, pues fue la que mostró las pérdidas más grandes en este periodo. Para el PNUD, esta publicación enriquece la perspectiva del desarrollo humano al dotarla de una nueva visión que permite conocer las oportunidades y profundizar en los retos en materia de igualdad de género y contribuir a que éstos puedan ser superados. Con este nuevo estudio, los gobiernos estatales tendrán una oportunidad para retomar las iniciativas exitosas de las IMEF y ofrecer nuevos elementos para diseñar políticas públicas que contribuyan a cerrar brechas entre mujeres y hombres.
El compromiso del PNUD con la igualdad de género —establecido en el Plan Nacional de Desarrollo— se suma al del gobierno de México. Buscamos iniciativas transversales que aseguren no sólo la participación plena de mujeres y niñas, sino que permitan reducir brechas, con la intención de lograr la plena igualdad. La publicación abonará a esta reflexión y contribuirá a que las y los tomadores de decisión comprometidos con la construcción de la igualdad entre mujeres y hombres fortalezcan sus acciones. Asimismo, en 2015 se conmemorará el 20° aniversario de la 4° Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing, al tiempo que los países miembros de la ONU estarán definiendo una nueva agenda de desarrollo. En este marco, el estudio permitirá contar con una evaluación sólida de la situación de México y ofrecer recomendaciones concretas que contribuyan a definir metas y prioridades en materia de igualdad de género para ser incorporadas en esta nueva agenda de desarrollo post-2015. Este trabajo muestra también el compromiso del PNUD y del Sistema de las Naciones Unidas en México con la inclusión social y la promoción de la igualdad en un marco de derechos, ya que el trabajo que realizan las agencias en México pone especial énfasis en las y los ciudadanos en condiciones de vulnerabilidad, particularmente las mujeres y las niñas. Por ello, consideramos que la información que a continuación presentamos será de particular interés para definir las prioridades estatales y nacionales, así como para diseñar las acciones que a partir de hoy se emprendan. Hoy, cerca de 80 líderes mundiales se reúnen en las Naciones Unidas para comprometerse a poner fin a la discriminación contra las mujeres de aquí al año 2030 y anunciar medidas concretas y cuantificables para iniciar un cambio rápido en cada país para el logro de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Este acto marca un hito histórico que contará con compromisos expresados por jefas y jefes de Estado y de gobierno. En este marco, la República Popular China, país anfitrión de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en 1995, y ONU Mujeres, organizan conjuntamente la "Reunión de Líderes Mundiales sobre igualdad de género y empoderamiento de las mujeres: un compromiso para la acción". Dinamarca, Kenia y México fueron los países anfitriones de las tres conferencias mundiales sobre la mujer que precedieron a la Conferencia de Beijing de 1995. Las jefas y los jefes de Estado y de gobierno de Chile, Croacia, Islandia, Kenia y México presiden conjuntamente el evento. El presidente de la República Popular China, Xi Jinping, inauguró el evento. En él afirmó que "tenemos todavía un largo camino por delante para alcanzar la igualdad de género…La comunidad internacional debe reafirmar el espíritu de la Conferencia de Beijing con compromiso renovado y comprometer mayores esfuerzos para promover la igualdad de género y el pleno desarrollo de las mujeres". En sus observaciones iniciales, el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, se dirigió directamente a las y los líderes mundiales reunidos: "Como jefas y jefes de Estado y de gobierno tienen el poder y la responsabilidad de garantizar que la igualdad de género es, y sigue siendo, una prioridad nacional". Continuó señalando tres esferas para la acción: "En primer lugar, les insto a crear y aplicar enérgicamente políticas coherentes de igualdad de género. En segundo lugar, asignar fondos significativos a la igualdad de género para lograr que los compromisos se hagan realidad. Y en tercer lugar, supervisar el progreso para que todos los gobiernos sean responsables ante sí mismos y ante los demás respecto a los compromisos que se contraen hoy aquí". "Las y los líderes más importantes del planeta están asumiendo personalmente la responsabilidad de su compromiso con la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres", destacó la Secretaria General Adjunta y Directora Ejecutiva de ONU Mujeres, Phumzile Mlambo-Ngcuka. "Ahora el mundo se fija en ellas y ellos para que encabecen las medidas necesarias para cambiar las reglas del juego a fin de afianzar y mantener la implementación. Hoy damos los primeros pasos firmes hacia el 25 de septiembre de 2030". El Presidente de México, Enrique Peña Nieto durante su intervención en la Reunión Líderes Mundiales de Igualdad de Género y Empoderamiento de las Mujeres: Un Compromiso para la Acción, afirmó en su intervención del día de hoy que el empoderamiento de las mujeres enriquece y da solidez a las grandes causas de la Humanidad. Durante su primera intervención en la sede de la ONU, en Nueva York, señaló que "México ha incluido la perspectiva de género como eje transversal del Plan Nacional de Desarrollo e impulsó una reforma política que obliga a los partidos a que el 50% de las candidaturas a legislaturas sea para mujeres". Mencionó el impacto de esta reforma en las recientes elecciones y en la integración de la actual Legislatura de la Cámara de Diputadas y Diputados con un 42% de mujeres, la mayor en su historia. Ante la ONU, el Presidente mexicano anunció tres medidas que implementará su gobierno para impulsar la igualdad de género: "elevaremos a nivel ministerial la coordinación de los trabajos del Sistema Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres, máximo mecanismo de coordinación interinstitucional en esta materia; se promoverá una mayor corresponsabilidad entre mujeres y hombres para mejorar la distribución de la carga de trabajo en el hogar, e intensificaremos las acciones para prevenir el embarazo en adolescentes y reducir la mortalidad materna". ONU Mujeres saluda el liderazgo de México, actor con responsabilidad global en el proceso multilateral de definición de la nueva agenda, en la que ha promovido la inclusión social y económica y la igualdad de género como eje rector de la misma. Mexico también se destaca por su cooperación internacional y regional en el desarrollo de estadísticas de género; la inclusión de la igualdad de género en los acuerdos globales como los relativos al clima, y la Alianza Mundial de Cooperación Eficaz al Desarrollo, entre otros. Si bien las medidas anunciadas por los y las líderes mundiales varían, coinciden en un mensaje común: los Objetivos de Desarrollo Sostenible no se pueden alcanzar sin la igualdad de género. Si los países actúan inmediatamente para traducir los objetivos en medidas, y cierran la gran cantidad de brechas pendientes en la implementación de la histórica Plataforma de Acción de Beijing de 1995, el mundo podría conseguir la igualdad de género de aquí al año 2030. Además de representantes de gobierno, también participan activistas a favor de la igualdad de género de la sociedad civil, el mundo empresarial y organizaciones multilaterales. Esta reunión de líderes mundiales es la culminación de un largo viaje de 18 meses impulsado por ONU Mujeres para examinar el estado de la implementación de la Plataforma de Acción de Beijing en su 20º aniversario. Una cifra récord de 167 países llevaron a cabo exámenes nacionales que evaluaron el progreso y las deficiencias como base para adoptar nuevos planes de acción nacionales a fin de acelerar el logro del empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género. Los y las líderes del mundo al adoptar el 25 de septiembre la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: Transformar nuestro mundo, señalan que "Considerar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas a través de todos los objetivos y metas hará una contribución fundamental para el progreso." La priorización de la igualdad de género y los derechos humanos de las mujeres y las niñas se refleja así de manera transversal en todos los elementos de la Agenda 2030, lo que incluye la declaración; metas, objetivos e indicadores; medios de implementación; asociaciones globales, y el seguimiento y la revisión. De manera específica, destaca el Objetivo 5: "Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas". Finalmente, el día de ayer, najo la premisa de que no existe desarrollo sostenible sin igualdad, la Alianza Global para la Cooperación Efectiva al Desarrollo (AGCED) -de la que México forma parte- se comprometió este sábado a seguir avanzando en la agenda de igualdad de género mediante acciones de política presupuestaria. El compromiso fue adquirido en el marco del evento Alcanzar soluciones de Desarrollo Eficaz: el caso de presupuestos con perspectiva de género, convocado por la AGCED, y el cual fue copresidido por la canciller mexicana Claudia Ruiz Massieu. ONU Mujeres y las Naciones Unidas en México se suman a las mujeres y hombres en México, a los esfuerzos de todos los órdenes y niveles de gobierno, la sociedad civil, la academia y el sector privado para lograr la plena participación de las mujeres en la economía, la política, la ciencia, la cultura y la sociedad, y en la implementación de la Agenda de Desarrollo Sostenible en México recientemente acordada.



PROLOGO 17 por José Luis Calva
"Seguridad Pública, Derechos Humanos y Cohesión Social"

Para la sociedad, el tema de la seguridad pública ha sido muy importante ya que forma una parte esencial de su bienestar. Un Estado de derecho genera la seguridad necesaria en la sociedad para que puedan realizar sus actividades cotidianas con la confianza de que su patrimonio y otros bienes están exentos de todo peligro. En un Estado que no cumple con su función de seguridad, los ciudadanos deberán centrar sus esfuerzos en la defensa de sus derechos y bienes. En las comunidades primitivas, surgieron de manera natural para la defensa de sus bienes y derechos, un conjunto de normas que tenían por objeto otorgarles a sujetos aptos, la facultad de usar la fuerza para mantener el orden. Al surgir el Estado moderno, establecieron mecanismos que buscaban proporcionar seguridad al ciudadano ante posibles violaciones de derechos y libertades por parte de otros individuos. Encontramos el fundamento primario del régimen jurídico de la seguridad pública en el artículo 21 de la Constitución, que establece: "la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, se coordinarán, en los términos que la ley señale, para establecer un Sistema Nacional de Seguridad Pública" (Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos). Así, parte de un principio de coordinación e integración, lo cual implica una eliminación del principio de división de poderes y autonomía de los Estados, pues en lugar de convertir a la función de seguridad pública en materia federal la voluntad del legislador fue establecer canales permanentes de articulación institucional, que permitan una mayor eficacia operacional, tal y como el referido precepto constitucional lo señala, al establecer que "la Seguridad Pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios en las respectivas competencias que esta Constitución señala". La seguridad no puede alcanzarse solamente con estrategias de la autoridad sino que para alcanzarla es necesario que los tres poderes de gobierno intervengan junto con las instituciones encargadas de la salud, la educación y la sociedad. Es por eso que la búsqueda de la seguridad debe de ser una visión global para lograr una interacción más justa. El Estado es el encargado de vigilar el orden público y de garantizar la paz y la seguridad de la comunidad por medio de las normas, pero ¿qué es una norma? Una norma es la encargada de prescribir la obligatoriedad de ciertas conductas buscando la protección de los valores como un bien común, justicia, seguridad. Por lo tanto la seguridad es un valor al que todos tienen derecho en el cual, el individuo busca la protección de sus bienes y derechos confiando en que no serán objeto de ataques violentos y si éstos llegaran a producirse, resultaría protegido. Como función del Estado, la seguridad pública es el medio idóneo para el cumplimiento de ese valor, el Estado se encarga de coordinar actividades tales como la prevención, persecución, sanción de delitos, reinserción del delincuente, preservando la libertad y manteniendo el orden y la paz públicos. Valores tutelados por la seguridad pública. La vida y la integridad de la persona: La vida es el valor más importante de todo ser humano y por lo tanto debe ser objeto de protección jurídica y material por parte del Estado. La protección de este valor se lleva a cabo a través de ciertas actividades de prevención con las que se busca evitar la realización de ciertas conductas que tengan como resultado el daño o afectación a la vida. Esta función preventiva provoca la imposición de normas que buscan proteger este valor por cualquier ser humano o contra actos de autoridad, prohibiendo la tortura, sanciones inhumanas o crueles, mutilación, tormento o azotes así como reserva la pena de muerte para delitos como traición a la patria, pero es inaplicable por no estar prevista en los códigos penales tanto estatal como federal.
El orden y la paz públicos: Para que el Estado pueda mantenerse, es necesario el orden público, ya que sin él, la sociedad estaría desordenada, repleta de caos y anarquía y por lo tanto causaría la autodestrucción del Estado. En una sociedad donde el orden y la paz públicos no tengan un valor fundamental, difícilmente puede hablarse de la libertad y la protección de los derechos. La función del Estado, hablando de seguridad pública, es crear y conservar las condiciones necesarias para que los ciudadanos puedan ejercer su libertad y derechos libremente. Los derechos y las libertades de las personas: La tutela de los derechos humanos y la libertad de las personas implican la protección de los individuos frente al Estado y nuestra Constitución Política reconoce los derechos fundamentales de cada individuo los cuáles pueden ser reclamados por cualquiera por su calidad de ser humano. La población encuentra la protección de sus derechos y libertades contra cualquier acto de autoridad, ya sean actos de molestia (artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos) o de privación (artículo 14) por parte de la policía, Ministerio Público, jueces, magistrados u otros miembros del Poder Judicial. La policía mexicana, mejor dicho la seguridad pública, como concepto integral e integrador, ha sufrido un proceso errático y desgastante que nos ha llevado a dar tumbos y no tener una mínima ruta que proporcione certidumbre y confianza. Hoy necesitamos dar una respuesta a fondo al gravísimo y extremadamente preocupante problema de la inseguridad pública. Para ello, necesitamos romper con la vieja visión esquemática, unívoca y depredadora, que sólo ve en la inseguridad pública la oportunidad para llenar las cárceles y el fomento de penas a diestra y siniestra. (Pedro José Peñaloza. La Seguridad Pública: Más Allá de Policías y Ladrones). No podemos hablar de México como un Estado fallido pero si es verdad que las estructuras de seguridad, inteligencia y justicia se encuentran sobrepasadas y corrompidas y es necesario encarar prontamente su reforma si se quiere enfrentar el problema. Los analistas mexicanos coinciden en que México no es un Estado fracasado, aunque algunas de sus instituciones si lo son. Básicamente, las encargadas de la seguridad pública y del combate contra el crimen organizado. (Raúl Benítez Manaut. La Crisis de Seguridad en México). El último recurso de un Estado ante una situación de gravedad será recurrir a sus fuerzas máximas, las militares. Se puede afirmar que se trata de un Estado solo parcialmente fallido, en la medida en que el fracaso se concentra en las estructuras de seguridad, inteligencia, policiales y de justicia para combatir la inseguridad. La actividad delictiva y su evolución en el tiempo no pueden ser entendidas y explicadas si no se analizan y miden los niveles de castigo y de impunidad reinantes en una sociedad. Sabemos que si un crimen no sanciona, se estará invitando a más individuos a delinquir. Detectar y detener al presunto responsable de un delito e imponerle castigo si se comprueba su culpabilidad, son partes del proceso penal que deben ser eficazmente logrados por las instituciones encargadas de dichas tareas (policías, ministerios públicos, tribunales, y sistema carcelario). Si se falla en estos procesos, las instituciones serán incapaces de ofrecer seguridad a los ciudadanos. Como conclusión podemos mencionar que en la teoría, el Estado debería de contemplar los puntos necesarios para garantizar la seguridad pública en el país pero trasladando esto a la realidad, nos damos cuenta que es muy difícil gracias a la corrupción existente en las instituciones que se encargan de mantener esta seguridad en el territorio mexicano. Se puede combatir esta delincuencia desde su interior haciendo valer las normas y aplicándolas correctamente a los individuos que delinquen, evitando así las conductas que la sociedad considera negativas y logrando inculcar la conducta positiva en sociedad.
El primer problema de este tema, es la conceptualización del término seguridad pública, al que se le han intentado agregar campos que no le corresponden. La Seguridad Pública, es la función a cargo del Poder Ejecutivo, mediante la cual, a través de acciones efectivas de información, disuasión y actuación firme, se logra la prevención de conductas delictivas, garantizando con ello, la tranquilidad e integridad de cada uno de los integrantes de la sociedad. Esta función forma parte de todo un sistema penal, que involucra diversos sectores y a los tres poderes de la Unión, en el afán de combatir el delito y castigar a sus autores.
La Seguridad Pública es tan sólo una de las funciones concretas que tiene a su cargo el Ejecutivo para prevenir los delitos, más no la única. Quinientos años antes de Cristo, Confucio escribió lo siguiente: "Cuando se le conduce al pueblo mediante disposiciones y órdenes administrativas, y cuando por medio de castigos se procura meterle en razón, ciertamente que el pueblo evitará los delitos, mas no tomará conciencia de que la comisión de delitos es algo de lo que tiene que avergonzarse. Cuando mediante la fuerza de unos principios morales se le guía exteriormente hacia el bien y se vinculan sus actividades externas a un extenso catálogo de formas de comportamiento ritualizadas, entonces tendrá el sentimiento de vergüenza, se apartará del mal y marchará por el camino correcto". Esta cita nos permite precisar que la educación, es uno de los medios por excelencia para introyectar normas y valores a las personas para alejarlas del delito. Pero ¿qué sucede cuando en una Nación los gobernantes son los primeros en poner el ejemplo de las conductas ilícitas? ¿Cuántas veces hemos presenciado saqueos a las arcas de la Nación por parte de gente que se aprovechó del poder y que nunca fue sancionada? ¿Qué podemos esperar de la concepción de los mexicanos cuando las dos televisoras más grandes se disputan el auditorio a base de programas que hacen una auténtica apología del delito? ¿Y que puede pensar la sociedad de un Presidente de la República que en dos ocasiones ha pedido a esos consorcios que eviten ese tipo de programación y sus peticiones han sido desdeñadas?
Luego entonces podemos advertir que el tema de la Seguridad Pública, tiene diversas aristas. Y es el momento en que debemos preguntarnos si las acciones que ha emprendido el gobierno, realmente están dirigidas a este ámbito, o a uno diverso y riesgoso. Me refiero al tema de la Seguridad Nacional, la cual se entiende como la acción del Estado destinada a garantizar la consecución y salvaguarda de los objetivos nacionales, a pesar de los antagonismos internos o externos, que existan o que puedan existir. Como se ve, el contenido de la Seguridad Pública y de la Nacional, son muy distintos, porque en el primero, el objeto de protección es el ciudadano, mientras que en el segundo, lo es el grupo en el poder.
La Doctrina de la Seguridad Nacional tiene sus orígenes en la necesidad que el gobierno tiene de evitar problemas en la conducción del país. En el caso mexicano, el primer antecedente de la existencia de un mecanismo de Seguridad Nacional, lo fue el Departamento Confidencial creado en el año de 1929; mismo que en el año de 1938 pasó a ser la Oficina de Información Política y en 1942 el Departamento de Investigación Política y Social. Estas dependencias tuvieron como finalidad la obtención de información sobre actividades de grupos considerados disidentes a la política oficial. Entre ellos, se catalogaron a sindicatos, profesores, alumnos, intelectuales, etcétera. El momento más álgido de la Seguridad Nacional en nuestro país, lo encontramos en el año de 1941, cuando el entonces Presidente de la República, General Manuel Avila Camacho, envió una iniciativa al Congreso de la Unión, que adicionaba el delito de espionaje en tiempos de paz y creaba, en el artículo 145 del Código Penal, el tristemente célebre delito de disolución social, que a la letra decía: "Se aplicará prisión de dos a seis años, al extranjero o nacional mexicano, que en forma hablada o escrita o por cualquier otro medio realice propaganda política entre extranjeros o entre nacionales mexicanos, difundiendo ideas, programas o normas de acción de cualquier gobierno extranjero que perturbe el orden público o afecte la soberanía del estado mexicano. Se perturba el orden público, cuando los actos determinados en el párrafo anterior, tiendan a producir rebelión, sedición, asonada o motín. Se afecta la Soberanía Nacional cuando dichos actos puedan poner en peligro la integridad territorial de la República, obstaculicen el funcionamiento de sus instituciones legítimas o propaguen el desacato de parte de los nacionales mexicanos a sus deberes cívicos. . . ." La Segunda Guerra Mundial amenazaba naciones y la supuesta invasión imperialista tenía que ser rechazada por las democracias americanas. Realmente lo que se pretendió combatir, como ahora lo sabemos, fue la presencia del socialismo en nuestro Continente. La vida de Salvador Allende fue un precio muy alto por el atrevimiento socialista. En la década de los 70's, prolija en movimientos guerrilleros, se creó la Dirección Federal de Seguridad, entre cuyas funciones se encontraba la de analizar e informar de hechos relacionados con la seguridad de la Nación. La policía política llegó a su fin, cuando su Director, acusado de narcotráfico por un valiente periodista, ordenó su asesinato. Pero la historia de los organismos de investigación no quedó ahí. La desaparecida dirección cedió su lugar al Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el cual tiene como atribuciones, el establecer y operar un sistema de investigación e información para la seguridad del país; recabar y procesar la información generada por el sistema señalado, determinar su tendencia, valor, significado e interpretación específica y formular las conclusiones que se deriven de las evaluaciones correspondientes; realizar los estudios de carácter político, económico y social que se relacionen con sus atribuciones; realizar encuestas de opinión pública sobre asuntos de interés nacional y las demás que le confieren otras disposiciones. Esta es, la policía política de México. No obstante lo anterior, ahora se ha creado la Policía Federal Preventiva, cuyo segundo de abordo es nada más ni nada menos que quien era segundo de abordo en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Y dentro de las atribuciones de esta Policía, se encuentran el garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz públicos; vigilar los parques nacionales, las instalaciones hidráulicas y vasos de las presas, los espacios urbanos considerados como zonas federales, inmuebles e instalaciones dependientes de la Federación, así como obtener, analizar y procesar información. Esta nueva corporación, al igual que el CISEN, son organismos desconcentrados que pertenecen, en subordinación, a la Secretaría de Gobernación. Es claro que con esta corporación, no se apuntala el sistema de seguridad pública, sino que se fortalece el control político. CISEN, PFP e Inteligencia Militar, son ahora los conductos del Gobierno que le permitirán tener una información privilegiada para actuar en consecuencia. Los ciudadanos seguiremos acostumbrándonos a la nota roja, a aumentar al trauma de la crisis económica el de la inseguridad y a tomar precauciones, tanto para evitar encontrarnos con un delincuente o con un elemento político-policiaco. Lo que se demanda es seguridad pública, no seguridad nacional, porque ésta última, en lugar de combatir el delito, combate la disidencia y acota los derechos políticos de los ciudadanos, situación intolerable en un régimen democrático. Y no solamente esto, sino una revisión integral de todo el sistema penal que está intencionalmente construido para hacer del derecho penal, un instrumento de marginación social y que de seguir así, será uno de los tantos detonadores que ni siquiera la labor de inteligencia podrá prevenir.
Queremos que México sea mejor, que salga de sus problemas, que avance, que se desarrolle, que sea mejor para nosotros, pero sobre todo, mejor para nuestros hijos. El esfuerzo es mayor, pero es mucho lo que cada quien puede hacer para que esto se logre. Por lo tanto, debemos empeñarnos en hacer lo más que podamos, sinceramente, en la función que nos ha sido encomendada. Cada quien en su espacio, cada quien cumpliendo bien, y más que bien su tarea. Hoy es el tiempo de la ciudadanía, del ciudadano. Debemos tener muy claro que el ciudadano es el actor central de la política y que es quien tiene y debe seguir teniendo el poder y la fuerza. En México tenemos Constitución, leyes e instituciones, así también tenemos la voluntad de respetarlas y hacerlas valer: lo que no es más que un Estado de derecho


PROLOGO 17 por José Luis Calva
"Los Jóvenes De Hoy: Presente Y Futuro"

Los jóvenes constituyen un sector importante porque conforman más del 50% de la población en México. Precisamente una de las grandes problemáticas que ha llamado la atención de los gobiernos y de los estudiosos de la política es el desinterés y la indiferencia manifestadas por parte de estos hacia la participación política, por ende, a la política misma; lo anterior queda demostrado en la segunda Encuesta Nacional de la Juventud del año 2005, en la cual se registró que el 22.3% de los jóvenes muestran un interés nulo por la política y las elecciones; el 38 % dice no estar interesado en ver noticias sobre política. La razón argumentada fue que los políticos no eran honestos, respuesta que claro, denota la problemática de la participación política. Este sector no cree en los representantes de gobierno por que son un grupo poblacional al que sólo se le es reconocido en vísperas de elecciones, es en esas épocas donde se les valora, sin embargo el valor adquirido es mercantil. Otro factor que pareciera crucial al momento de poner en tela de juicio si se esta interesado o no en la política, es el estar informado. La información como guía para la toma de decisiones y criterios en los ciudadanos se torna difícil de diferenciar en relación a la publicidad política. Lo anterior es un efecto producido por los medios masivos de comunicación a la orden de los intereses del mercado que a su vez se impone ante el Estado, ya que "al parecer, el papel actual del Estado-Nación consiste en gran medida en proteger el sistema mundial de comercio libre y en abastecer a las empresas de infraestructuras y servicios públicos al menos coste posible" (Hertz, 2001). Así se ha dado por asumir como información política a todos los productos comunicativos que distribuyen alguna idea o imagen política; el joven ciudadano ya no elige una forma de gobierno, compra un producto: la imagen creada del candidato. Este es el panorama que se le muestra al sector juvenil de la población en México, uno anunciado ya desde los años 60´s hasta la actualidad por varios pensadores y teóricos como Herbert 2 Marcuse en El hombre unidimensional, obra en la cual denuncia la manipulación ejercida por los medios y el mercado sobre el hombre, consecuencia del actual sistema económico que es el capitalismo, así también lo hace Norbert Lechner en Los patios interiores de la democracia describe el miedo de las personas de no poseer una certidumbre sobre el futuro, Zygmunt Bauman presenta esta problemática en Vida de consumo donde habla de una sociedad " que promueve, alienta o refuerza la elección de un estilo de y una estrategia de vida consumista… una sociedad en la cual amoldarse a los preceptos de la cultura del consumo y ceñirse estrictamente a ellos es, la única opción unánimemente aprobada…un requisito de pertenencia" (Bauman, 2006), se encuentra también Ulrich Beck, que en su obra La invención de lo político dice de la necesidad de reprensar la política, la necesidad de certidumbre para la sociedad, en este caso certidumbre para los jóvenes, también otros autores como Giovanni Sartori en Ingeniera constitucional comparada critica el uso de los medios visuales de comunicación como una forma de publicidad en lugar de información política necesaria y Noreena Hertz quien en El poder en la sombra describe la realidad sobe el Estado en la política actual, es decir, que " la economía se respeta más que la política; el ciudadano ha sido abandonado a su suerte, porque lo único que importa ya es el consumidor. La participación en el mercado ha sustituido la participación política" (Hoosbaum, 1999 citado en Hertz, 2001). Son algunos de los autores que hablan acerca de la crisis de la política en esta sociedad consumista. Nos encontramos frente a un país transitado por jóvenes herederos de una nación, a la que, con el paso del tiempo, han visto caer y levantarse. Los universitarios al igual que los demás jóvenes son parte de la misma exclusión hecha por el Estado cuando literalmente "no se les necesita", es decir cuando no hay elecciones. También muchos universitarios provienen de estratos sociales de un nivel económico bajo, la diferencia sustancial de unos con otros es la forma en que ven a la sociedad, a la política y las acciones que llevan a cabo a partir de su conocimiento los definen y caracterizan de los demás jóvenes. Por la situación de que no hay lugar en la sociedad para los jóvenes y menos aún en la sociedad consumista, pues esta se encarga de producir los llamados "residuos" (Bauman, 2001), que no son más que la población que no cabe dentro de una sociedad donde la principal características es el consumo, en la cual cada vez hay más personas sin acceso a productos y servicios casi básicos, además es una forma de llamar a toda la población joven existente, que no tiene ingresos propios, sin trabajo fijo y sin posibilidad de cupo en esta sociedad donde el mercado necesita clientes no ciudadanos. Es en estas sociedades donde cada vez se hace más necesario el pensamiento crítico y sistemático para que los jóvenes en busca de lugar tengan la capacidad de cuestionar la realidad en la que viven, no solo el sector universitario. La realidad es que estos últimos son quienes tienen obligación de ser los que propicien una participación política adecuada en los demás jóvenes. El impulso a la participación en el resto del sector juvenil les corresponde, además de el compromiso de una participación informada para que los demás jóvenes alcancen a "ver" los alcances de votar informadamente y las consecuencias de no hacerlo. Los universitarios son los menos susceptibles a esa "libertad manipulada", de la que se ha hablado en párrafos anteriores, que es ejercida por el mercado, pues simplemente se suele informar por medio de fuentes más confiables y su desarrollo intelectual les permite discernir entre una publicidad o propaganda y la información que realmente describe una propuesta de desarrollo para el país. Es lo que discierne entre un grupo de jóvenes y otros, he aquí la importancia de la educación, que aunque es tema de otro planteamiento es vital para que se propicie esta apertura de mente y el pensar críticamente entre los jóvenes como mayoría de la población en México Sin este pensamiento crítico, la información adecuada y los juicios valorativos fuera del consumismo, este grupo podría seguir en el estancamiento en el que se encuentra, es decir seguirían siendo "residuos" en la sociedad, donde no son tomados en cuenta y solo son dominados por lo que el mercado les ofrece para distraerlos de lo verdaderamente importante como lo es el desarrollo 9 de su país, los idiotiza, les muestra una realidad que no es la de ellos, les impone ideas superfluas y efímeras pero no hay un proyecto integral verdadero para que este grupo de "residuos" salga adelante. Así la manipulación surge a partir de que no saben que harán en el futuro pues no tienen nada seguro y al dirección social que necesitan, el mercado no se las puede dar, y el Estado esta imposibilitado a ello. Es por esto que es necesaria una renovación en la política propiciada por jóvenes con una perspectiva crítica. Para que los universitarios tengan un pensamiento crítico estos tienen la misión de desarrollarlo al observar la realidad, interesarse por ella, para llegar al descubrimiento de nuevas maneras de ver, hacer , entender y desarrollar la política, reinventar, es decir no solo reproducir viejas formas o costumbres en relación al cómo ver la política y la participación política, sino ser auctores como dice Pierre Bordieu(1997), dejar de ver la realidad que los medios masivos de comunicación quieren que se vea y sea considerada como real, dejar de esperar que formen un camino en el que se diga que los jóvenes caben muy bien, se necesita empezar un modo de pensamiento diferente que promueva el interés y la visión crítica respecto a las necesidades o reformas políticas en un país subdesarrollado. Los jóvenes universitarios, capaces de generar ese pensamiento crítico necesario tienen la oportunidad de manejar y producir nuevas teorías, pensadas desde la realidad propia y real, no la simulada y manipulada. Es por eso que se argumenta que los universitarios tienen la presión de propiciar la participación en los demás pues estos al tener la capacidad de discernir y de dar opiniones objetivas, por que ser jóvenes además de que muchos universitarios provienen de estratos sociales bajos económicamente, podrían funcionar como una especie de reguladores de la participación social pensada y analizada entre los demás, esto no necesariamente se tendría que hacer mediante campañas grandes sino empezando los mismos universitarios por participar críticamente, explicar el porque es importante la información política al momento de elegir y sobretodo explicar los beneficios sociales que una elección pensada traería a la sociedad, sin olvidar precisar que el cambio de pensar nos e da rápidamente, dejar en claro que la participación desinformada o la no participación política son un problema cultural, es decir, es parte de la forma valorativa en la sociedad subdesarrollada en la que se vive. El moldear a la sociedad como dice Ulrich Beck (1999), reinventar las formas de hacer política, por que la educación, la economía, la difusión cultural, el desarrollo científico y tecnológico, dependen de las estrategias que se implementen por la política, pues esta es la guía, la 10 directora del desarrollo de un país y el generar una política eficiente hace que su sociedad funcione y evolucione. Es en este contexto donde los universitarios tiene la responsabilidad de promover la confrontación de ideas y junto con los demás jóvenes promover una contingencia real, aunque claro esta contingencia aparecerá paulatinamente, pero se dará pie a la apertura de posibilidades de crecimiento y desarrollo sociales y de nación y consecuentemente una renovación política.
La juventud es espectadora de las olas de corrupción, violencia e impunidad que diariamente inundan nuestro país, y luchan por ser partícipes en la construcción y el cambio favorable en las vías de la democracia. En tiempos anteriores los jóvenes se mostraban con gran desinterés ante el medio político, debido principalmente al gran repudio que tenían al gobierno y sus principales actores políticos, quienes abusaban de su poder para callar las voces de los opositores utilizando artimañas de exacerbada violencia y con esto la violación a los derechos humanos más fundamentales de quienes se manifestaban en su contra; qué mejor ejemplo que la prisión de Lecumberri, que próximamente se convertirá en museo, donde en 1968 fueron detenidos y atrozmente denigrados estudiantes. Estas prácticas que con alevosía practicaba el gobierno generaban miedo y sumisión entre la juventud, cuyo único "delito" era exigir libertades. Si algo nos ha quedado claro al paso de los sexenios es que los gobiernos muy difícilmente aceptan trabajar con quienes no militan en su partido. Mucho menos en tiempos de campaña, ya que es cuando más están expuestos a la crítica social. Circunstancia que nuestro actual presidente no pensó el año pasado al entrar a una universidad en donde surgiría uno de los grupos más representativos de la historia contemporánea, un movimiento juvenil que olvidó la sumisión y recordó que la exigencia y la participación son los ejes principales del cambio. Éste fue el movimiento que dio paso a que los jóvenes de México se levantaran y salieran a las calles a manifestarse, a expresar sus ideales, exhibiendo sus propuestas y formando asambleas, marcando un momento crucial en el proceso electoral, puesto que fue en estas pasadas elecciones cuando se han presentado más jóvenes a votar en la historia de nuestro país. Este movimiento ha traspasado fronteras ya que tuvo influencia internacional al inspirar a que jóvenes en otros países expresaran su inconformidad ante su gobierno. 
Por ejemplo, España, donde los jóvenes se manifestaron contra las medidas de austeridad que proponían hacer recortes en los recursos destinados a la educación.
Las voces de los jóvenes del mundo se unen para exigir que se les permita participar en las decisiones gubernamentales que afectan sus vidas: educación, oportunidades de trabajo, derechos humanos y, sobre todo, libertad de expresión. Muchos gobiernos ya han reconocido estos movimientos y han comenzado a tomarlos en cuenta, aunque todavía falta mucho por hacer. Otro factor que resulta importante recalcar es el gran desenvolvimiento que han tenido los jóvenes en las redes sociales, formando parte de la esfera política exponiendo información de su interés, informándose y dando su opinión sobre temas de alta relevancia, logrando con esto la libre expresión y el acceso a información inmediata, y con mucho mayor credibilidad que muchos medios monopólicos que muchas veces manipulan la información para su beneficio. Un ejemplo cercano que nos expone el poder real que tienen las redes sociales ante las decisiones gubernamentales es la de los detenidos de San Lázaro, en la que las exigencias de los jóvenes en las redes sociales fueron cruciales para lograr que el gobierno reformara su constitución al reducir la condena que ameritaban el delito de atentar a la paz pública. Ha llegado el momento en que los viejos moldes, engranajes oxidados, prácticas anticuadas, nepotismo y la siempre presente corrupción, el cáncer más dañino que hemos enfrentado, queden atrás. Es tiempo de romper los patrones, mirar al pasado y reconocer que hicimos mal para saber qué debemos hacer diferente hoy para no repetir los mismos errores. Nosotros los jóvenes somos los únicos que podemos romper las cadenas, ya que en nuestras manos está el futuro de México
En México los jóvenes somos el presente de nuestro país y debemos de dejar a las nuevas generaciones el ejemplo de participación en actividades como la política, la cultura, el arte, y diversos temas de interés y beneficio para nuestra sociedad. Como mexicanos tenemos la obligación de involucrarnos en la construcción de nuestro país, la política no consiste solamente en participar en partidos o exigir al gobierno resultados, sino también en salir a la plaza a expresar nuestras opiniones, a abrirnos a la discusión y, sobretodo, a luchar por aquello que creemos, la política no es ganar elecciones sino construir una sociedad libre y justa. Es verdad que varía mucho la manera de expresar las inconformidades sobre los acontecimientos y las decisiones que toman nuestros gobernantes, pero no debemos de perder la brújula entre la libertad de expresión, la manipulación, el chantaje y vandalismo, creo que hay maneras y los canales adecuados para expresar nuestra opinión, debemos de prepararnos, informarnos y aportar ideas que beneficien a nuestra sociedad. Podemos no estar de acuerdo o criticar métodos pero siempre debemos preferir ciudadanos comprometidos y activos, cumpliendo sus obligaciones cívicas, a mujeres y hombres apáticos, viviendo en la conformidad. Como futuro de este país debemos recordar que la democracia no se acaba en el voto, la democracia se trata de fijar una postura, presentarla a la sociedad y debatirla y por supuesto que en este proceso gritar y aplaudir también es válido. ¿Qué es la apatía política? Un estado de indiferencia, pasividad, falta de interés respecto de la política. Se la vive siempre como espectador y se intenta ignorarla. Va acompañada de una baja receptividad a estímulos políticos y un bajo nivel de información. ¿Los jóvenes son cultos en la política? Las voces de los jóvenes del mundo se unen para exigir que se les permita participar en las decisiones gubernamentales que afectan sus vidas: educación, oportunidades de trabajo, derechos humanos y, sobre todo, libertad de expresión. Muchos gobiernos ya han reconocido estos movimientos y han comenzado a tomarlos en cuenta, aunque todavía falta mucho por hacer. Otro factor que resulta importante recalcar es el gran desenvolvimiento que han tenido los jóvenes en las redes sociales, formando parte de la esfera política exponiendo información de su interés, informándose y dando su opinión sobre temas de alta relevancia, logrando con esto la libre expresión y el acceso a información inmediata, y con mucho mayor credibilidad que muchos medios monopólicos que muchas veces manipulan la información para su beneficio. Un ejemplo cercano que nos expone el poder real que tienen las redes sociales ante las decisiones gubernamentales es la de los detenidos de San Lázaro, en la que las exigencias de los jóvenes en las redes sociales fueron cruciales para lograr que el gobierno reformara su constitución al reducir la condena que ameritaban el delito de atentar a la paz pública. Ha llegado el momento en que los viejos moldes, engranajes oxidados, prácticas anticuadas, nepotismo y la siempre presente corrupción, el cáncer más dañino que hemos enfrentado, queden atrás. Es tiempo de romper los patrones, mirar al pasado y reconocer que hicimos mal para saber qué debemos hacer diferente hoy para no repetir los mismos errores. Nosotros los jóvenes somos los únicos que podemos romper las cadenas, ya que en nuestras manos está el futuro de México


Conclusiones

Ahora más que nunca los jóvenes jugamos un papel fundamental dentro de nuestra sociedad. En el futuro, a partir de los espacios que existen, los jóvenes tendrán que estar preparados para asumir los retos que implican esos espacios. No solamente se necesita el reclamo por espacios, sino también asumir la responsabilidad que los espacios involucran, para lo que debemos estar preparados. Preparados política y técnicamente para asumir los retos que se van a plantear en el futuro. En ese sentido creo que de una u otra manera, los jóvenes vamos a seguir luchando, pero uno de nuestros retos será saber responder a los espacios. El principal desafío que tenemos los jóvenes es justamente lograr constituir ese tejido social dentro de los diferentes sectores, y a partir de este tejido, ser un elemento que incite a las transformaciones sociales que el país requiere. Además, otro de los desafíos es que, nosotros teniendo el conocimiento de los males de la política, tenemos como tarea fundamental no reproducir los vicios de la política antigua. Por el contrario, debemos producir propuestas, alternativas y planes que sean realmente ejecutables, que no caigan en la demagogia, que no sean utilitaristas, respondiendo únicamente a un proceso electoral. Debemos construir, en cambio, organización social, construir organizaciones políticas realmente consolidadas que tengan como fin un trabajo a largo plazo, y que estas organizaciones, estos partidos sean los encargados de formar nuevos cuadros preparados, buenos líderes que trabajen por nuestro país y la democracia. No solo es cuestión de declarar culpables señalando únicamente a la política y los políticos, sino que existe una corresponsabilidad en la ciudadanía. En este sentido creo que nos corresponde – inclusive dentro de nuestros núcleos familiares, grupos de trabajo, compañeros de universidad, amigos - comenzar a participar políticamente, comenzar a difundir información de formación política que de una u otra manera vaya visibilizando el espectro de la política dentro de nuestra sociedad. Una de las tareas fundamentales, es entonces, que desde nuestros hogares comencemos a discutir, a interesarnos. Además, es necesario entender que todos tenemos un rol en la sociedad y dentro de ese rol hay responsabilidades ligadas al campo político, entonces creo que los jóvenes debemos ser quienes generemos los canales de discusión, de análisis, que nos permita vincularnos a la política, desde lo micro hacia lo macro. Así mismo hay que continuar socializando, dentro de las organizaciones barriales, organizaciones sociales, instituciones, los espacios de participación que existen. Sin embargo, creo que todo responde a un proceso, a un proceso a largo plazo. Para generar una vinculación fuerte con la participación ciudadana se debe pasar por un proceso a largo plazo. Proceso que debe empezar desde nuestros hogares, donde desde pequeños, debemos inculcar la participación en diferentes espacios. Es difícil encontrar una estrategia para que de manera inmediata se genere el sentido de empoderamiento de los diferentes espacios políticos, no creo que sea posible, sino que responde a un proceso a largo plazo.