Aquí también cazamos patos

AQUÍ TAMBIÉN CAZAMOS PATOS Pedro López López*

(Publicado en “El Viejo Topo”, nº 176-177, marzo 2003, ISSN 0210-2706)

El pasado 14 de enero el director de la Fundación para la Defensa de la Glasnot, Alexéi Símonov, publicaba un artículo en el diario El País titulado “La caza de patos en Rusia”. En él quería denunciar que la libertad de prensa no ha existido ni existe en Rusia. Es loable su denuncia, pero algunos de sus postulados son erróneos, como intentaré demostrar. El ingenioso título proviene del siguiente supuesto que nos plantea: “imagínese que es usted un pato y que revolotea libremente sobre un lago [...] ve a otros patos iguales a usted [...] No se deje engañar por las apariencias. En cuanto se acerque, los cazadores dispararán sin piedad desde los arbustos. Se trata de señuelos. Esos patos son iguales a usted en todo, pero bajo el agua, en la que nadan libremente, están atados a la orilla por cordeles que usted no ve”. La cuestión está en que “un pato amarrado y un pato que vuela son patos muy diferentes”. Veamos si los patos que tenemos por aquí vuelan o están amarrados. El supuesto del artículo parece ser que aquí en Occidente disfrutamos de una envidiable libertad de prensa, mientras que en Rusia no la hay. Este supuesto forma parte de una tesis más general: la propiedad pública de medios de comunicación ahoga la libertad de prensa, mientras que el mercado sería la solución. Quizás en primer lugar habría que referirse a la situación laboral de los periodistas por estos pagos. En España hay aproximadamente un 80% de periodistas contratados en precario, y con sueldos bastante lamentables. ¿Son estos “patos” libres o están amarrados? Luego están sus jefes, que quizás no sean mucho más libres, aunque si se identifican al cien por cien con la empresa propietaria el medio en el que trabajan, es posible que lleguen a creerse libres y no perciban lo bien amarrados que están. Si prueban a ponerse díscolos, quizás se den cuenta de la diferencia. Para hablar de libertad de prensa hay que hablar de derechos y libertades de opinión, de expresión y de pensamiento. Estos derechos y libertades pertenecen a los ciudadanos, y confundir libertad de empresa con libertad ciudadana da origen a muchos errores. Símonov recorre varios puntos para demostrarnos lo libres que somos por aquí. En primer lugar, a él le parece que la información que se dio en la guerra del Golfo Pérsico es muy superior a la que se da en Rusia sobre Chechenia. Yo no lo tengo tan claro, y más bien creo que las mentiras que se contaron en la guerra del Golfo parecen haber constituido ya todo un modelo de desinformación digno de figurar en cualquier manual sobre la materia. Para Símonov, “la restricción del acceso a cierta información en la guerra del Golfo se impuso con el acuerdo mutuo de los militares y los periodistas. Era un acuerdo escrito y válido por poco tiempo”. No sé qué estima Símonov “poco tiempo”, pero parece ser que el acuerdo sigue vigente, y además parece ser que Estados Unidos y *

Pedro López López es Profesor de la Universidad Complutense y Vicepresidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España

otras potencias (p. ej., Gran Bretaña desde Las Malvinas) someten a una selección a los periodistas que van a cubrir una guerra, formando lo que se llama un “pool” de prensa. ¿Cree Símonov que los criterios de esta selección son eminentemente profesionales? Caramba, qué gusto vivir en un mundo como el que imagina Símonov. Pues, señor Símonov, sepa usted que en el Occidente de Estados Unidos y de la OTAN los militares envían a los canales de televisión los vídeos filmados desde los mismos aviones que bombardean objetivos, controlando ellos, por tanto, las imágenes que se ofrecen a la opinión pública, y presentándolas como si fueran videojuegos en vez de tragedias humanas. Se refiere, por otro lado, Símonov a desaparecidos civiles en Chechenia. Parece que en Estados Unidos también hay desaparecidos después del 11 de septiembre (y no me refiero a las víctimas de las Torres Gemelas, sino a personas detenidas sin cargos y sin poder contar con la mínima defensa que exige un Estado de derecho). En cuanto a la relación de los militares con la información, Símonov cita la frase que un oficial al confiscar dirige a un cámara de televisión: “Todo lo que aquí ha grabado no es verdad y no tiene ninguna relación con la realidad”. Me parece inverosímil que “los nuestros” no hagan lo mismo llegado el caso, o incluso más: ahí está el caso del fotógrafo español Juancho Rodríguez asesinado por un soldado estadounidense cuando tomaba fotografías durante la intervención de Estados Unidos en Panamá, intervención ocultada a la opinión pública sin una sola imagen, mientras se hacía fijar la atención en la caída de Ceaucescu en Rumanía. Pero el punto crucial del artículo es la alabanza del mercado como seguro garante del derecho a la información de la ciudadanía. Símonov resalta que la prensa estatal, “una especie en extinción en Europa y América, continúa floreciendo y reproduciéndose en los enormes espacios rusos”. Es claro que aboga por la prensa privada como solución, ya que la propiedad estatal “permite directa o indirectamente influir en el contenido de los periódicos”. Símonov, en su idílica visión de los medios de comunicación privados, debe de pensar que las grandes empresas propietarias (y también las anunciantes) de los medios de comunicación no influyen en los contenidos de los periódicos. ¿Alguien cree que un periódico o una cadena de televisión que es propiedad de una empresa que fabrica componentes de misiles puede dar una información veraz? Pues éste es el caso de la empresa Westinghouse, propietaria de la cadena estadounidense CBS, y en absoluto es un ejemplo excepcional. Por otro lado, no puede decirse que el proceso de concentración de medios favorezca el pluralismo político deseable para una mínima calidad democrática. ¿Cómo van a llegar a la opinión pública las voces de los grupos que critican al sistema económico si no tienen poder económico? Una democracia concebida a medida de los grandes poderes económicos no es una democracia para los ciudadanos. El empeño en identificar libertad de información con libertad de empresa, que es lo que hacen estos poderes económicos, no es más que una engañifa. Si la libertad para informar está condicionada a la capacidad económica, no podemos hablar de democracia en el ámbito informativo, una dimensión esencial hoy día para hablar de democracia. Si la opinión pública es moldeada por los mensajes interesados que lanzan las empresas, sin ninguna regulación pública (por ejemplo, cuando los medios mienten, no infringen ninguna ley, y por tanto no pagan por ello), estamos ante una dictadura mediática. En Occidente, señor Símonov, el que no tiene dinero no puede dirigirse a la opinión pública.

La censura no existe oficialmente en Occidente, pero existe realmente, dada la imposibilidad económica de cualquier proyecto mediático al margen de los intereses de las grandes empresas. Afortunadamente para cierto sector de la población, existen bastante medios de comunicación que circulan por internet y que todavía resisten el acoso de una tendencia reguladora destinada precisamente a acabar con ellos. Señor Símonov: no puedo dejar de suscribir cualquier crítica a la mordaza que los gobiernos intentan poner a los medios de comunicación. Es evidente que el suyo comete esta vil práctica, y le aseguro que me alegro tanto como usted de la liberación el pasado 23 de enero del periodista ruso Grigori Paskó, encarcelado por ejercer la libertad de expresión. Como sabrá usted, muchos occidentales hemos apoyado la campaña que Amnistía Internacional ha lanzado para su liberación. Pero también somos muchos por aquí los que no perdemos de vista que el poder político hoy día es bastante más débil que el económico, y que éste también pone mordazas. La libertad de prensa debe defenderse frente a cualquier poder, no sólo frente al poder político (que es corrompido, no lo olvidemos, por el económico). Los gobiernos occidentales hoy día siguen los dictados que les marcan las instituciones económicas internacionales (Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, etc.), instituciones que representan, a espaldas de los ciudadanos, los intereses de las grandes empresas. En este panorama, la función de los medios de comunicación es ocultar a la opinión pública la trama de intereses empresariales e intentar que apoye todo lo que favorezca estos intereses. Para hacer esto, no hay más remedio que desinformarla, de manera que no se dé cuenta de hasta qué punto los intereses de las grandes empresas divergen de los de la ciudadanía. ¿Por qué cree usted que ha surgido la necesidad de poner en marcha proyectos de información alternativos al que ofrecen los medios de comunicación convencionales? Está claro que para combatir la desinformación que sufrimos todos los ciudadanos en Occidente. En el Foro Social Mundial que se celebra en Porto Alegre estos días se ha debatido esta cuestión suficientemente, y se ha llegado a la conclusión de crear un Observatorio Internacional de Medios (Media Watch Global). Es una saludable reacción ciudadana ante la falta de credibilidad de los grandes grupos mediáticos. Entre la tentación de los gobiernos de utilizar en su provecho los medios de comunicación que controlan y la utilización de los medios controlados por grupos empresariales, la ciudadanía sólo tiene dos posibilidades: organizarse para el tipo de iniciativas al que me refería hace un momento, y exigir a los poderes públicos que protejan el derecho a la información arbitrando medidas legislativas para asegurar la calidad de la información que recibe la opinión pública, institución imprescindible para que podamos hablar hoy en día de democracia. Esta calidad no puede existir si se trata a la información como una mercancía, en vez de como un derecho, y éste es el tratamiento que las empresas mediáticas le dan. Pensar que la calidad informativa va a ser asegurada por las empresas (o por “el mercado”) es o de imbéciles o de espabilados que quieren sacar tajada en la gran industria mediática de nuestros días, destinada a facturar entretenimiento e informaciónbasura para que los consumidores que fabrican acepten un orden económico y social inaceptable para cualquier ciudadano consciente.