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El regionalismo suramericano frente a nuevas crisis y desafíos: breves reflexiones

Rogelio Plácido Sánchez Levis

La globalización neoliberal, catalogada por algunos autores como "estrategia de acumulación capitalista centralizada", y asociada a la crisis general que afecta al sistema en su etapa posindustrial, golpeó severamente al continente latinoamericano, con sus mecanismos de gestión - la financiarización de la economía, la sobreacumulación, la sobreexplotación del trabajo y la exclusión social, y la depredación de la naturaleza – generando extraordinarios niveles de fractura social, descomposición política y regresión económica (Márquez, 2010). Ante tal panorama se dieron respuestas regeneradoras desde bases populares y sociales, e incluso de sectores de élite en conflicto con el status quo. De este fenómeno, surgieron experiencias de manejo del Estado y la vida pública con la mira puesta más allá del neoliberalismo.
La emergencia de gobiernos de orientación progresista, desde principios de la primera década del siglo XXI, después de años de aplicación ortodoxa del "Consenso de Washington" se hizo acompañar – con alcances y rasgos diferentes unos de otros - de esfuerzos en pos de la refundación del Estado, la apertura a la participación popular, la recuperación y uso de los recursos nacionales en beneficio de las grandes mayorías y la búsqueda de mayor autonomía dentro modelos hegemónicos de relacionamiento interestatal. Esto, sin lugar a dudas, tuvo repercusión en las formas y contenidos de los vínculos intrarregionales y en la narrativa, el manejo y diseño de la política frente a los centros hegemónicos del sistema internacional, en particular a Estados Unidos.
Sin embargo, las nuevas experiencias de manejo del Estado, de gestión de la política pública y de participación de las bases y sectores populares y sociales en el proceso político-institucional, no generaron un cambio fundamental en las estructuras de propiedad ni en las formas de apropiación del excedente de la producción (Caputo, 2003).
Los fenómenos planteados anteriormente han tenido su reflejo y repercusión sobre procesos y agendas que se asociaban a políticas de gobiernos que procuraban entornos amigables con sus dinámicas de cambio, mayores espacios de coordinación y concertación intrarregional, y el replanteamiento de las relaciones con los centros hegemónicos.
Aunque con niveles diversos de adhesión o aversión al hegemón hemisférico, se fomenta en los últimos años un reclamo desde varios de nuestros países por relaciones más simétricas, respeto al derecho y a las normas de convivencia internacional y por mayores niveles de concertación regional y de construcción desde el Sur. Sin embargo, el debilitamiento del progresismo con sus reveses electorales en varios de sus países y la desaparición física de grandes inspiradores de la integración (Hugo Chávez y Néstor Kirchner) restaron vigor y velocidad a los procesos de construcción y concertación regional.

El ordenamiento hegemónico hemisférico

La estrategia de defensa del estatus de primacía que siguió Washington tras el fin de la bipolaridad y los acontecimientos del 11-S se enfoca en lo fundamental, en reducir la influencia de aquellos rivales con mayor capacidad para disputarle su estatus hegemónico global. La ausencia de un competidor o amenaza de consideración a su supremacía en el continente y el bajo nivel de relevancia estratégica de la región construido desde Washington, hacen que su atención se centre en los fenómenos regionales que se conectan con su agenda de seguridad global, a procesos específicos que influyen en la estabilidad regional o a proyectos políticos opuestos a los intereses y valores de Estados Unidos promovidos por determinados gobiernos (Russell y Tokatlian, 2009)
La intensificación de la presencia diplomática, económica y comercial en la región de países con capacidad para disputar en un futuro la condición hegemónica de Estados Unidos (China en particular) inician un proceso de erosión gradual de los pilares monroistas sobre los cuales se edificó la política latinoamericana de Estados Unidos desde principios del siglo XIX. Sin embargo, estos desplazamientos aún no afectan en lo fundamental el ordenamiento hemisférico, considerando que el gigante asiático – que lidera los actores emergentes – podrá alcanzará el estatus de potencia global sólo a mediados del presente siglo.
Basado en sus abundantes recursos materiales, población, superficie territorial, contribución económica a la ONU, aspiraciones globales y en el consenso interno entre sus principales grupos políticos y económicos, Brasil ha apostado por un fuerte compromiso con el multilateralismo, la negociación y la mediación para incrementar su influencia en el mundo. Un proceso de mutación interna que se inicia con la dictadura militar en pos del ascenso de su estatus internacional.
Si bien la elevación de su jerarquía global, ha sido consensual entre las diferentes facciones políticas brasileñas, lo cierto es que los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT) - aún y cuando han buscado un nivel de autonomía que no comprometa el aval de Washington para ser aceptado en el club de las grandes potencias - se han inclinado más por alcanzar este objetivo mediante alianzas construidas desde el Sur (UNASUR, BRICS, IBSA, G-20, etc.) El juicio político contra la presidenta de Brasil Dilma Rousseff, y las causas judiciales abiertas a Luis Inacio Lula Da Silva, buscan, entre otros objetivos, socavar a un referente y apoyo indiscutible al progresismo, la integración regional y la construcción del multipolarismo.
Además de Brasil, la orientación de las fuerzas políticas gobernantes en el resto de los más grandes países de la Suramérica Atlántica en los últimos años, convirtieron a esta parte del continente en un foco de resistencia a la hegemonía, destacándose en este sentido Venezuela que puso sus capacidades económicas en función de desafiar el ordenamiento hegemónico regional y de promover el multipolarismo en los foros globales y a través de alianzas extra-regionales. La política de Washington en este caso particular, combina presiones e injerencias y se diseña sobre la base de la estimación que el proceso bolivariano es reversible ante la ausencia de su figura inspiradora, el desgaste del gobierno, la severa crisis económica y la reorganización de las fuerzas opositoras – con sus apoyos internos y externos incrementados – cuyos sectores más beligerantes se han hecho funcionales a la política de Estados Unidos con el respaldo político-diplomático más o menos explícito de sus aliados regionales.
La promoción desde Caracas de un foro como el Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), de posturas más radicales y confrontacionales con Estados Unidos, con un discurso favorable a la integración regional sin la tutela estadounidense, opuesto al hegemonismo y al intervencionismo, defensor de la soberanía y crítico con el ordenamiento político hemisférico, generó y continúa generando problemas a la diplomacia de Washington. Aún y cuando la desaparición física de Hugo Chávez, uno de sus grandes impulsores y la seria crisis económica que afecta Venezuela han tendido a restarle fuerzas, la Alianza continúa siendo un espacio para el respaldo político mutuo y de visibilización de las posiciones de los gobiernos más progresistas de la región.
La alternancia conservadora en Argentina desplazó a una de las fuerzas más comprometidas con el impulso de la integración regional. El respaldo explícito a la oposición venezolana ha sido uno de los primeros y más simbólicos gestos que marcan la reaproximación con Washington. La visita oficial del presidente Obama a ese país constituyó un espaldarazo al nuevo gobierno cuyas políticas económicas ya crispan y fracturan a la sociedad argentina.
Con un marcado debilitamiento de político y electoral, el gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de México, mantiene un bajo perfil en las discusiones regionales, mientras desarrolla esfuerzos visibles por estabilizar sus vínculos con el área y mantiene posturas muy próximas a Estados Unidos.
El respaldo mayoritario de las clases dirigentes y élites económicas colombianas a una salida negociada al conflicto interno instalado en ese país desde hace varias décadas, implicarán la dejación de las armas por los grupos guerrilleros, y con ésta, su planteamiento histórico de revertir el régimen por la vía armada y su aceptación del status quo político y económico. Estos procesos se acoplan al interés de Estados Unidos que ha convertido a Colombia en uno de los principales receptores de ayuda militar en el mundo y que considera a Bogotá uno de sus principales aliados regionales.
La Cumbre de Seguridad Energética del Caribe realizada en enero de 2015, donde el vicepresidente Joseph Biden anunció un ambicioso programa de cooperación en este estratégico campo, evidenció el interés de Washington por superar el distanciamiento con la subregión, reducir la influencia que Caracas ganó en los últimos años gracias a PetroCaribe – afectado en lo fundamental por la crisis interna venezolana – aprovechar los vastos recursos de energía renovable que poseen estos países (eólica, geotérmica, solar, biomasa, etc.) y abrir oportunidades para empresas estadounidenses a mediano y largo plazos.
La presencia en América Central de temas - como el narcotráfico, la migración ilegal, el crimen organizado transnacional, etc. - contenidos en la agenda exterior y de seguridad global de Estados Unidos, la relativa debilidad de esas naciones para manejarlos, la proximidad a sus fronteras y las posibilidades reales de mantener a esta porción del continente distanciada de los focos regionales más visibles de disputa y enfrentamiento a la hegemonía estadounidense, han estado en la base de los esfuerzos de acercamiento de la diplomacia del país norteño con iniciativas como el Plan de la Alianza para la Seguridad del Triángulo Norte, y otras que han tendido a reforzar la interdependencia de esos países con Washington.
El masivo rechazo regional al bloqueo contra Cuba, la recurrencia del tema en los foros regionales e internacionales, la incapacidad demostrada por las sucesivas administraciones de Estados Unidos para revertir el régimen de la nación caribeña, el interés del presidente Obama de incorporarlo a su legado, el significativo apoyo bipartidista que éste logró para su nueva política, y sobre todo, la intención de ganar mayores espacios de influencia en la sociedad cubana en preparación de la etapa post Castro, y de contar con capacidad de control ante fenómenos de impacto a su seguridad nacional (tráfico de drogas, flujos migratorios descontrolados, etc.), llevaron a la decisión del 17 de diciembre de 2014.
La nueva política hacia Cuba se puede entender además como parte de una estrategia más abarcadora que busca la recuperación de la influencia regional y responder con eficiencia a la presencia de competidores globales en el continente. Como resultado de los procesos descritos, Cuba ha tendido más a concentrarse en los desafíos que encarnan sus reformas internas y la solución de su conflicto histórico con Washington, que a promover políticas y respaldar proyectos contrapuestos a los intereses hegemónicos de Estados Unidos en el hemisferio.
Con el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con La Habana, el respaldo público a los diálogos de paz en Colombia, la estabilización de los nexos con la mayoría de los países, la calculada distancia con otros gobiernos de posturas críticas, y las sanciones y el acoso a Venezuela, trata de recuperar su capacidad de influencia en la región y crear un ambiente más propicio para avanzar con su agenda de intereses.
Si bien tradicionalmente la región andina no ha sido una prioridad de la agenda exterior de los Estados Unidos, su importancia estratégica ha variado en los últimos años. (González y Godoy, 2007). Consideramos que el potencial energético y la emergencia de proyectos políticos opuestos a los intereses y valores de Washington han tenido a elevar la atención prestada desde el país norteño.
Por encima de la heterogeneidad de la alianza política con la que gobierna y del complejo panorama interno marcado por crisis económica, reveses electorales y reorganización de las fuerzas opositoras, el gobierno de Rafael Correa ha percibido la integración regional como la forma de crear un entorno amigable a su proceso de cambios internos, de promover una nueva gobernanza regional y global, y de reducir la influencia de Estados Unidos con el que ha combinado discrepancia y cooperación. Al mismo tiempo, la diplomacia de Quito ha mostrado ser objeto de reajustes continuos en respuesta al cambiante panorama doméstico y externo, desarrollando una política pragmática, de clara defensa de sus intereses nacionales, que busca situar su relación con los centros hegemónicos dentro de parámetros de normalidad y cuidar con celo sus relaciones vecinales, especialmente con Perú y Colombia.
El proceso de profundos cambios políticos, sociales y culturales de Bolivia se tradujo en una política exterior con énfasis especial en ciertos ejes que podrían considerarse históricos, a saber, el respeto por la democracia y los derechos humanos, la reivindicación marítima, la lucha contra el narcotráfico, la integración económica y la cooperación transfronteriza, entre otros. (Ceppi, 2014).
La diplomacia de La Paz se ha mostrado desde 2006, extremadamente activa en la promoción de un nuevo orden multilateral, de revalorización de las culturas y los saberes ancestrales, de defensa del derecho internacional y de rechazo al orden hegemónico del hemisferio liderado por Estados Unidos.
El revés sufrido por el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) en el referéndum de 2016, no comprometió sus firmes posturas en favor de la integración, contra el hegemonismo y la búsqueda de una solución negociada y pacífica al diferendo con Chile por la salida al mar. Se trata de posiciones que cuentan con amplio respaldo interno. Los ajustes de estas líneas generales de acción política y diplomática, responderán en lo fundamental, a las lecturas del cambiante panorama externo.
La diplomacia boliviana tendrá que seguir lidiando con la intransigente postura del actual gobierno de Chile en relación con la salida al mar, que se basa en un consenso entre sus principales grupos económicos, el ejército y la clase política tradicional. El reconocimiento de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de su competencia sobre el caso constituyó un extraordinario respaldo a las posiciones defendidas por La Paz.
Con una complicada e inestable estrategia de alianzas internas y la presión de los principales grupos económicos del país, el presidente Ollanta Humala no produjo grandes rupturas en la política exterior del Perú, al menos en la forma en que lo planteaba el "Plan de Gobierno del Partido Nacionalista" o "La Gran Transformación 2011-2016" que constituyó la base del consenso con las fuerzas de izquierda que apoyaron su elección (Vidarte, 2013). El fallo favorable de la Corte Internacional de Justicia de La Haya a su diferendo marítimo con Chile, la estabilización de los vínculos con su entorno geográfico y el mantenimiento de una relación cordial pero distante con los gobiernos de posturas más radicales en la región parecen haber sido los rasgos distintivos de su diplomacia. Por su parte, la adhesión a la Alianza del Pacífico selló su aproximación con Estados Unidos y sus aliados regionales.
El presidente Pedro Pablo Kuczynski, no se ha mostrado inclinado a alterar las principales líneas de su antecesor. Cabe destacar que la sutil intervención del gobierno estadounidense, a través de su Agencia para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), revelando los vínculos de una de figuras más cercanas a su contrincante (Keiko Fujimori) con el narcotráfico, en plena campaña electoral, unido a su trayectoria y perfil políticos y profesionales, y el consenso existente entre las élites económicas y políticas del país, presagian una relación estrecha con Washington.

Los foros de concertación regional

Con casi el 9% de la superficie y el 3.5% de la población del mundo, y una economía que supera anualmente el billón de dólares, el MERCORUR constituye sin dudas un espacio relevante de integración. Sin embargo, su estancamiento no apunta a una pronta superación. De una parte Brasil, su gran motor impulsor, se encuentra inmerso en una aguda crisis política, económica e institucional que compromete, sin dudas, el avance del bloque. Por otro lado, el nada promisorio contexto económico regional y global, tiende a agravar la situación. (Carreño, 2016)
Al malestar generado por la asimetría de los beneficios para sus miembros (socios mayores versus pequeños), la acumulación de incumplimientos de normas, compromisos y acuerdos, y las divisiones internas por el enfrentamiento de enfoques desarrollistas-endógenos, por una parte, y librecambistas, por otra, se enfrenta ahora a la inédita situación con la presidencia pro tempore de Venezuela, en la que Uruguay se ve enfrentado a Argentina, Brasil y Paraguay que se oponen a reconocer el derecho que otorgan los estatutos del organismo a Caracas. Una situación que refleja la correlación de fuerzas en un nuevo contexto regional en el que la capacidad de los gobiernos progresistas se ve sensiblemente disminuida.
La referida crisis del MERCOSUR, ha permitido a Paraguay consolidar sus relaciones con Washington en correspondencia con la línea "aislacionista" del Partido Colorado de plena alineación con Estados Unidos y responder a las exigencias de sectores conservadores internos. Mientras tanto Uruguay, se mueve en una delicada ecuación que combina el cuidado de la tradicional amistad del Frente Amplio con sus socios bolivarianos, de un lado, y evitar un distanciamiento pronunciado sus socios subregionales.
Con un vigoroso inicio, como reacción al enfrentamiento interestatal provocado por la entrada sin autorización de las fuerzas militares colombianas en territorio ecuatoriano - saldada con la muerte de veintidós guerrilleros, incluyendo el segundo jefe al mando de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) – el nacimiento de UNASUR en 2008 fue impulsado los gobiernos progresistas en auge en aquel momento, el empuje y el liderazgo del presidente brasileño Lula da Silva, la prioridad dada por Washington a otras regiones del mundo, y la bonanza económica que beneficiada al subcontinente. Hoy día, el organismo ha visto reducida significativamente su capacidad de acción ante las crisis económicas y políticas de dos de sus grandes inspiradores – Venezuela y Brasil – el giro dado a su postura regional por el gobierno conservador del presidente Mauricio Macri en Argentina y el avance de otros espacios de integración como la Alianza del Pacífico y el Tratado de Libre Comercio del Pacífico. (Jacubovich, 2016)
Asimismo, se han hecho evidentes los esfuerzos de las fuerzas conservadoras en alianza con Washington para sabotear las iniciativas y esfuerzos mediadores de UNASUR, como ha sido el caso de su intervención en la crisis venezolana con la anuencia y el respaldo de las autoridades de ese país.
En el caso de CELAC, esta no rebasa las buenas intenciones y lo declarativo, aunque manteniendo el mérito histórico de constituirse en un foro que excluye a los hegemones hemisféricos. Con una amplia gama de temas que incluyen el combate a la pobreza, la transparencia y la lucha contra la corrupción, el desarrollo energético y la seguridad alimentaria, entre mucho otros, el foro ha dependido más de políticas de gobierno que le conceden mayor o menor prioridad que a políticas de Estado fundadas en la necesidad de contar con un espacio autónomo de reflexión y decisiones. Los cambios en el balance de fuerza regional deben tener también repercusiones directas en su funcionamiento, vitalidad y resultados.
La crisis de los migrantes cubanos ha puesto a prueba la coordinación y cooperación entre los países de la región. El flujo constante de ciudadanos del país caribeño – sumado al de personas de otros orígenes – ha devenido asunto sensible considerando la exposición de estos seres humanos a grupos mafiosos, el peligro que corren sus vidas, la vulneración de sus derechos en condición de migrantes y la violación de leyes, normas y políticas de los países de tránsito. El reclamo unánime a Estados Unidos para que derogue las normas y políticas que estimulan este fenómeno (Ley de Ajuste Cubano de 1996, Programa para profesionales Médicos Cubanos y la política "pies secos pies mojados") podrá marcar el inicio de la solución de este complejo problema.
En el ámbito del petróleo, se han registrado esfuerzos regionales liderados por Ecuador en pos de construir una posición común de respaldo a las naciones productoras que sufren de la disminución de sus precios en el mercado internacional. Representantes de Venezuela, Colombia, Bolivia, México y Ecuador acordaron en abril de 2016, "establecer un mecanismo de diálogo e integración en la región que permita compartir y hacer pública la información en materia de hidrocarburos: reservas, producción, demanda e inventarios. También convinieron en "promover por parte de los países productores de petróleo decisiones de producción basadas en información pública del mercado global y en la necesidad de balancear la producción y la demanda de crudo para alcanzar un precio de equilibrio."
La Alianza del Pacífico contrapuso el librecambismo al desarrollismo de los gobiernos progresistas, tras el fracaso del ALCA y ante la efervescencia de los foros de perfil anti-hegemónico. El potencial económico de los países miembros de la Alianza sigue siendo importante, sin embargo, cuando se analiza en una perspectiva histórica y analítica, ese potencial ha sido deteriorado por las políticas liberales practicadas durante los últimos treinta años.
Mientras las economías del Pacífico asiático han realizado progresos considerables en materia de desarrollo industrial, las cuatro economías de la AP han retrocedido y ahora pueden ser comparadas con las naciones menos desarrolladas del sureste de Asia. (León y Ramírez, 2014).
La AP pretende consolidar la base de países aliados de Estados Unidos en la costa del Pacífico, se constituye en soporte regional de la gran estrategia de Washington contenida en el Tratado de Libre Comercio del Pacífico (TPP), reedita en el alguna media la Alianza de Libre Comercio de las Américas (ALCA) impulsada en los noventa y la primera mitad de la década de los 2000, y busca el contrapeso ante MERCOSUR y otros foros autónomos de integración y concertación regional.







Es Doctor en Ciencias Históricas por la Universidad de La Habana y Magíster en Relaciones Internacionales por el Instituto Superior de Relaciones Internacionales "Raúl Roa García". Experto en Negociación y Manejo de Conflictos. Fue embajador de Cuba en Francia, Mónaco y representante permanente ante el Buró Internacional de Exposiciones. Ha sido profesor del Instituto de Altos Estudios Nacionales y asesor de la presidencia de la Asamblea Nacional y del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador. Es autor varios artículos publicados en revistas especializadas sobre relaciones internacionales.
América Latina se vincula al sistema dominante de reproducción y acumulación en calidad de ente subordinado, sin capacidad para producir movimientos que afecten el modelo global ni para sentar pautas que se generan en lo fundamental desde las naciones centrales. Con escaso margen de maniobra, la región ha tenido que lidiar con una división internacional del trabajo impuesta desde fuera, y también con la depredación de sus recursos naturales, la transferencia masiva de recursos financieros al exterior, la privatización de sus principales medios de producción y sectores económicos más estratégicos, entre otros fenómenos.
Asimismo la recuperación del Estado por parte de fuerzas sociales y políticas en el continente, repercutió más en la redistribución de la riqueza creada a través de programas sociales, incentivos a la economía popular y de otras varias fórmulas. El alza de los precios de las materias primas – que representan el 70% de las exportaciones de la región – permitió la conexión con sectores sociales excluidos por décadas de neoliberalismo a través de políticas de protección y promoción social. Sin embargo, la tendencia inversa de este fenómeno ha reducido la capacidad de cooptación, ha comprometido la realización de ciertas metas y objetivos estratégicos y ha repercutido en el ámbito político con reveses electorales que han tendido a detener los avances extraordinarios de las fuerzas progresistas en el continente.
De acuerdo con datos de la CEPAL, las exportaciones de América Latina hacia los BRICS se elevaron de 6% del total de sus ventas externas en 2001 a 13% en 2009. Asimismo China se convirtió en el principal o en uno de los mayores socios comerciales de la región, teniendo a Brasil, Argentina, Chile, México, Perú, Venezuela, Panamá, Costa Rica y Cuba, entre sus primeros socios. Más del 18% de las importaciones del continente corresponden a los BRICS.
La llegada de las potencias emergentes a la región en búsqueda de mercados, energía y recursos naturales para sus pujantes economías y de apoyo diplomático a las posiciones e intereses que promueven en el ámbito multilateral, ha constituido una oportunidad para los gobiernos latinoamericanos que han procurado reducir la influencia regional y global de Estados Unidos. De hecho, la narrativa de las fuerzas conservadoras regionales en plena recomposición – ya en el poder o en busca de éste – se compromete con la reversión de esta tendencia.
Sin embargo, las intenciones iniciales de desarrollar un activismo unilateral contra Caracas tuvieron que pasar por una medición más realista de fuerzas que han llevado a la diplomacia de Buenos Aires, a exponerse menos y a participar de iniciativas multilaterales que ocasionen menos daños inmediatos a sus intereses nacionales.
Se trata de un plan propuesto por la administración del Presidente Barack Obama dentro de la gran estrategia de reconstrucción de la hegemonía e influencia en América Latina y que se dirige a fomentar un cambio de las condiciones sociales y económicas en comunidades específicas de Honduras, Guatemala y El Salvador.

A modo de ejemplo, sólo en 2015 las exportaciones del bloque tradicional (los cuatro fundadores) cayeron alrededor de 16% mientras que se redujeron las exportaciones de Argentina en 17%, Brasil y Uruguay en 16%, y Paraguay en 15%. Si se agregara a Venezuela con una caída de sus exportaciones de 49%, el promedio de descenso sería mayor.

A finales de 2015, el foco de la crisis se ubicó en América Central donde los gobiernos – presionados también por el reclamo de sus ciudadanos que son discriminados en relación con los cubanos para entrar en territorio estadounidense - se alinearon, en sentido general, en torno a intereses y simpatías políticas: Nicaragua, liderando el rechazo a la Ley de Ajuste Cubano y las políticas de estímulo a la emigración ilegal de parte de Estados Unidos y Costa Rica, al lado de Washington. La persistencia y agravamiento del problema están tendiendo a modificar la postura de ciertos países cercanos a la potencia norteamericana como es el caso de Colombia, Panamá y más recientemente la propia Costa Rica. Una solución común global que pase por el reclamo a Estados Unidos de la derogación de dichas normas legales, será el inicio de la solución de tan compleja problemática.
Comunicado de la reunión de los países productores de petróleo en la sede de UNASUR, el 8 de abril de 2016
























Referencias bibliográficas

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