Enfoque estructural

Miércoles,  03  de  Abril  de  2013                                                                                                                                                Antología  Denis  Sulmont     ______________________________________________________________VII  Parte:  Enfoques  

EL ENFOQUE ESTRUCTURAL1 Denis Sulmont 1989 Esta  obra  está  bajo  una  Licencia  Creative  Commons  Atribución-­‐NoComercial-­‐SinDerivar  4.0  Internacional.  

En este texto, trataremos de recoger y discutir los aportes del enfoque estructural. Este enfoque abarca una amplia gama de interpretaciones teóricas, políticas e históricas que tienen en común el insistir en la desigualdad de las relaciones económicas y sociales existentes, y enfocarlas como resultantes de un ordenamiento global de la sociedad. A diferencia del enfoque liberal, el enfoque estructural no se sustenta en el comportamiento independiente de los individuos y de las instituciones, sino en las determinaciones derivadas de una matriz de relaciones entre las partes constitutivas de un todo articulado2. El objeto del análisis es la “estructura social”, entendida como combinación de determinados elementos y niveles interrelacionados que definen la situación de los sujetos sociales. Esta perspectiva, como veremos, no excluye necesariamente la lógica de los actores sociales, pero su punto de partida es fundamentalmente el aspecto estático del ordenamiento de la realidad social. El enfoque estructural guarda relación con las corrientes políticas desarrollistas, reformistas y radicales involucradas en el proceso de industrialización posterior a la crisis de los años 30 y a la Segunda Guerra Mundial. Su principal fuente de inspiración se encuentra en los planteamientos de la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas (CEPAL), y en los modelos de interpretación derivados de ellos, tales como el esquema centro-periferia, el “dualismo estructural” y la “teoría de la dependencia”. Con la finalidad de realizar un balance de los aportes y limitaciones de dichos modelos, abordaremos los siguientes puntos: En primer lugar, señalaremos el contexto social y político en el cual se ubica el pensamiento de la CEPAL en el Perú, y su relación con las corrientes                                                                                                                         1

  Texto   inédito   elaborado   como   parte   una   reflexión   crítica   a   los   diferentes   enfoques   de   análisis   de   la   problemática  laboral  en  el  Perú.  Departamento  de  Ciencias  Sociales  de  la  Pontificia  Universidad  Católica   del  Perú,  1989.   2  Sobre  el  concepto  de  estructura    en  la  ciencia  social,  ver  la  discusión  que  ofrece    Sergio  Bagu  en  su  libro   “Tiempo,   realidad   social     y   conocimiento”   (1970).   El   autor   define   la   estructura   como     “un   todo   cuyas   partes   se   encuentran   interrelacionadas     y   cumplen   funciones     que   sólo   podrían   cumplir   dentro   de   este   todo”;  este  autor  cuestiona  la  oposición    entre  estructura    e  historia  y  plantea  la  necesidad  de  relacionar   el  análisis  sincrónico  y  diacrónico,  recogiendo  el  concepto  de  dinámica  estructural  presente  en  Marx,  y   la   de   estructura   estructurante   presente   en   Piaget.   Para   Bagu   la   estructura   no   se   sobrepone   a   los   hombres  sino  que  esta  construida  en  base  a  la  realidad  relacional  humana.    

 

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desarrollistas y reformistas. En segundo lugar, confrontaremos los elementos de este enfoque presente en la tradición aprista y sus variantes actuales. En tercer lugar, revisaremos el modelo de análisis propio del “dualismo estructural” y de la “heterogeneidad tecnológica”. A continuación discutiremos los conceptos de “marginalidad”, “economía campesina” y “sector informal urbano”. Finalmente, intentaremos articular los aportes del análisis estructuralista con la lógica de los actores sociales.

1. MATRIZ DE INTERPRETACIÓN 1.1.

El pensamiento de la CEPAL en el Perú.

El pensamiento de la CEPAL corresponde a la iniciativa de las elites industrializantes latinoamericanas respecto a la implementación de políticas y de un marco institucional que permita el desarrollo de las economías nacionales de la región. (Raúl Prebish, Oswaldo Sunkel). Pedro Paz resume siguiente modo:

los aspectos centrales del enfoque cepalino del

“Existe, en un plano más general, un conjunto de ideas originarias, presente en dicho pensamiento a lo largo de sus diferentes fases, que refieren al proceso de cambio a largo plazo de las economías de la región. Esta concepción general es precisamente la que más interesa desde el punto de vista del a teoría del desarrollo. De acuerdo a ella, y en forma resumida, se concibe que la estructura económica de la periferia es dual y especializada, y que la del centro es integrada y diversificada; esta diferenciación estructural está a la base del carácter de las relaciones comerciales entre centro y periferia, caracterizadas por el intercambio de manufacturas por productos primarios. Junto a eso, se concibe también que el proceso técnico y el aumento de la productividad son más acelerados en el centro, generándose una tendencia al crecimiento dispar de los ingresos; o dicho con otras palabras, a la concentración de los frutos del progreso técnico. El deterioro de los términos de intercambio constituye el mecanismo a través del cual está tendencia se materializa. Finalmente, se concibe que los diferentes ritmos de incremento de la productividad y del ingreso refuerzan dinámicamente la desigualdad estructural entre centro y periferia. (…) La más general y directamente ligada a dichas ideas, plantea la necesidad de sustituir el “laisser faire” por una política deliberada e integral de desarrollo, cuyo eje central gire en torno a la industrialización y cuya coherencia quede asegurada por la planificación. De postulaciones relativas a distintos campos de la política económica. Así se postula la necesidad de ciertas medidas proteccionistas, de la defensa de los precios de los bienes primarios de exportación, de la cooperación internacional en los campos financiero y tecnológico, de la integración de ciertas características específicas en lo relativo a las políticas industrial y agrícola, la necesidad de introducir cambios de estructura, etc.”. (Paz. 1972:3)  

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En el Perú, no obstante el persistente predominio del “liberalismo criollo” de las clases dominantes, las tesis desarrollistas de la CEPAL tuvieron un importante impacto sobre empresariado y los sectores medios técnicoprofesionales ligados al proceso de diversificación y modernización económica de los años 50-60; formaron parte de los planteamientos de los nuevos partidos políticos reformistas organizados al final de la dictadura de Odría (Acción Popular, Democracia Cristiana y Movimiento Social Progresista), y alimentaron las corrientes nacionalistas presentes en diferentes instituciones , en especial la Fuerza Armada, incorporándose a la estrategia de “seguridad nacional”3 también influyeron sobre algunos sectores del APRA y de la izquierda marxista. Las recomendaciones de la CEPAL derivadas de en un importante estudio sobre la industrialización en el Perú en 1956, fueron acogidas favorablemente por los líderes de los sectores modernizantes de la burguesía y de la tecnocracia, como el que se organizó en torno al movimiento “Acción para el Desarrollo” 4. 1.2.

La dependencia

La teoría de la dependencia constituye una versión radicalizada del enfoque estructural de la CEPAL; su principal expresión en el Perú se encuentra en los trabajos de Anibal Quijano5. El concepto de la dependencia busca explicar el desarrollo y subdesarrollo en base a las relaciones de subordinación de la estructura interna de producción y del capital a los centros de acumulación y de poder a nivel internacional. En su versión más radical, reintroduce en el análisis la categoría del imperialismo, así como el de los “modos de producción”. También intenta sistematizar un análisis de clases sociales en el contexto de una estructura social dependiente. En un importante ensayo llamado “Naturaleza, situación y tendencia de la sociedad peruana”, Anibal Quijano (1967) centra su análisis en las sucesivas modificaciones de las relaciones de dependencia como factor explicativo de los cambios que registra la estructura de clases en el país. Habla de una nueva dependencia, es decir el desplazamiento del eje de dominación de los tradicionales enclaves primarios exportadores bajo el control directo del capital extranjero hacia la producción urbano-industrial, como consecuencia de la reorientación y diversificación de los intereses capitalistas centrales. Sobre esta base, explica la evolución de la estructura productiva y ocupacional, subrayando el fortalecimiento de la clase obrera urbano-industrial, junto con el desarrollo de las relaciones mercantiles en el campo. El análisis de Quijano recoge el planteamiento cepalino de las relaciones desiguales entre centro y periferia, traduciéndolas en términos de subordinación imperialista y mostrando cómo estas, a su vez, se reproducen                                                                                                                         3

  El   pensamiento   de   la   CEPAL   tuvo   una   influencia   decisiva   en   el   Centro   de   Altos   Estudios   Militares   (CAEM),   donde   se   han     formado     los   oficiales     que     diseñaron     e   implementaron   las   reformas   estructurales  de  la    Junta  Militar  presidida  por  el  General  Velasco,  entre  1968  y  1975.       4  Acción  para  el  Desarrollo,  fundada  en  1963,  reunió  a  importantes  figuras  empresariales  u  tecnócratas   (entre  ellas  Manuel    Ulloa),  con  perspectivas  políticas  globalizantes.       5  Entre  los  autores  más  representativos  de  esta  vertiente,  señalemos  a  Gunder  Frank  y  Ceso  Furtado.    

 

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en la estructura social dependiente, mediante mecanismos de “colonialismo interno”. A diferencia del esquema desarrollista de la CEPAL, y también el desarrollo y modernización del capital en el país con un proceso de creciente dependencia externa; por ello descarta la tesis de la “burguesía nacional”; sostiene la inviabilidad de un proyecto nacionalista basado en dicha clase y la necesidad de asumirlo desde una perspectiva socialista. En este sentido, las conclusiones de Quijano coinciden con la crítica que hacía Mariátegui a los planteamientos de Haya de la Torre. Quijano, al igual que Julio Cotler; cuestionó el proyecto reformista velasquista a través de la Revista Sociedad y Política (por lo cual fueron deportados en 1974). Para Quijano, dicho proyecto constituía una mayor subordinación de la economía nacional al imperialismo, en el marco de una nueva dependencia. Ciertamente los trabajos de Quijano han contribuido a profundizar la interpretación estructural de la sociedad peruana. Su mayor mérito ha sido de combinar el análisis de las clases sociales con el de las relaciones de dependencia a nivel externo e interno. Además, enriqueció este análisis, incorporándole una dimensión cultural, con el tema de la “Cholificación”. (Quijano, 1965). Las limitaciones del análisis de Quijano en dos aspectos principales que se retroalimentan: en primer lugar, el carácter determinista de la dependencia externa como factor explicativo de los cambios sociales; y en segundo lugar, el propio sesgo estructuralista que da al tratamiento de las clases. No obstante, la rigurosa delimitación de las fracciones de clases, de su modo de articulación y de las sucesivas etapas que modifican su composición, estas clases aparece como situaciones sobre-determinadas, donde la práctica social y política de los actores no tiene espacio. La dinámica de los movimientos sociales y las sujeciones políticas nacionales resulta encerrada en la lógica estructural de dominación. Los cambios en las estructuras de dominación no son atribuidos a una movilización de los protagonistas implicados, sino a la variación de los intereses del capital imperialista. Por ello, el enfoque de Quijano tiende a sustentar una concepción maximalista del antiimperialismo socialista. 1.3.

El estructuralismo marxista

El modelo de interpretación de Quijano se inscribe en el esfuerzo de incorporar el análisis marxista de clases en el esquema de la CEPAL (reformulado en los términos de la teoría de la dependencia), este esfuerzo ha sido continuado con el intento de formalización estructuralista del marxismo desarrollado por la escuela de Althusser, que ejerció una importante influencia sobre numerosos investigadores sociales latinoamericanos durante los años 70. El tema central de este enfoque estructural marxista es el de la “articulación de los modos de producción”6.

                                                                                                                        6

  Encontramos   una   crítica   del   marxismo   althuseriamo   en   el   comentario     de   F.E.   Cardoso   a   una   ponencia   de  Nicos  Poulantzas  en  el  seminario  sobre    ”Las  Clases  Sociales  en  América  Latina”,  realizado  en  1971     (publicado  en  Benitez,  Coord.,  1973)  

 

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El estudio más sistemático en esta dirección fue el de Rodrigo Montoya, publicado en 1970, bajo el título revelador de “A propósito del carácter predominantemente capitalista de la economía peruana”. Montoya parte del concepto de “formación social”, definido del siguiente modo: “Toda formación social (el término es de Lenin) está constituida por varios modos de producción de bienes materiales, uno de los cuales es necesariamente dominante, por una estructura jurídico-política y varias ideologías, de las cuales una es también necesariamente dominante. Estas tres estructuras existen dentro de una unidad de combinación general y de forma diversas de articulación entre los modos de producción con la estructura política y las diversas ideologías”. (Montoya, 1976). A su vez, el modo de producción de bienes materiales7 es definido como un conjunto de relaciones sociales de producción determinadas por la propiedad o no propiedad de los medios de producción y por un determinado nivel de desarrollo de las fuerzas productivas. El análisis de Montoya se sitúa en una polémica con los sectores de izquierda (particularmente los partidos maoístas) que tipifican la sociedad como “feudal” o “semi-feudal”, y sustentan, por lo tanto, la necesidad de pasar por una revolución “democrático-popular”; su objetivo es defender una concepción de la revolución “simple y llanamente socialista”, demostrando la predominancia del capitalismo y su articulación con modos de producción no capitalistas en el país. Montoya crítica la tesis de la semi-feudalidad en estos términos: “Suponemos que “semi-feudal” significa un poco de feudalismo y otro poco de otra cosa, que sería lo capitalista. Si no se dice semicapitalista, sino semi-feudal es porque se está asignando, conscientemente o no, a la parte feudal un predominio en el país, lo que es falso como veremos en este trabajo. Quienes sostienen la “feudalidad” de Ayacucho o Puno, perciben la apariencia de un árbol y esta apariencia hace que pierdan de vista la realidad que está en el bosque”. (Montoya, 1976). Para el autor, el objeto real que el concepto de “semi-feudalidad” designa se encuentra en determinados modos de producción no capitalista, subordinados todos al modo de producción capitalista, esos serían básicamente cuatro: 1. el servil, 2. el de aparcería (incluyendo el yanaconaje), 3. El parcelario (mini-fundistas y pequeños propietarios independientes y                                                                                                                         7

 El  autor  distingue  el  modo  de  producción  de  bienes  materiales  entendido  como  categoría  descriptiva,   del   Modo   de   producción   en   general,   como   totalidad   social   que   comprende   la   articulación   de   las   estructuras   económicas,   jurídico-­‐política   e   ideológica   de   un   sistema   social   considerado   en   términos   puros  (capitalismo  o  feudalismo  por  ejemplo)  (op.cit.:16);  señala  como  referencia  conceptual  a  las  obras   de   Althusser,   y   al   libro   deMartha   Harnecker   “Los   conceptos   elementales   del   materialismo   histórico   (1968)  de  amplia  difusión  en  los  círculos  marxistas  latino-­‐americanos  a  principios  de  los  años  70.    

 

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comuneros), 4. Los rezagos de modos de producción primitivo (comunal y tribal). Al analizar cada uno de los modos de producción, Montoya intenta evaluar su peso relativo, a partir de la información disponible en el censo de 1961 y otras fuentes estadísticas. El resultado de esta indagación es que las relaciones de producción “estrictamente capitalistas” absorben el 49% de la PEA total y 31% de la PEA agraria, contribuyendo al 80% de la producción del país. Las relaciones no capitalistas de producción se concentran sobre todo en la “pequeña producción campesina” que comprende el 42% de la PEA agrícola; el modo de producción “servil” y de “aparcería” suma menos del 9% de los trabajadores del campo. Se supone que dicho porcentaje se reduce aún más después de la Reforma Agraria. Una de las conclusiones centrales de Montoya es la siguiente. “El conjunto de relaciones de producción capitalista (…) subsisten en el país como soporte para la penetración capitalista y desaparecen luego de la consolidación del capitalismo. De este modo, la existencia o no existencia de las relaciones pre-capitalistas no depende, fundamentalmente, de su propio desarrollo autónomo, sino del desarrollo capitalista. Se combinan, por lo tanto, distintos desarrollos y si puede hablarse de un desarrollo global del Perú, este es desigual y combinado”. (Montoya, 1976). No obstante su esquematismo – que el mismo autor reconoció en sus investigaciones posteriores8-, el libro comentado representa una importante precisión del enfoque estructuralista marxista. Su aporte se circunscribe ante todo a la realidad campesina. Pero al igual que Quijano, queda atado a las categorías formales y deja de lado la dinámica de la lucha social. Por otra parte el análisis no llega a especificar lo que llama “desigual y combinado”, por lo cual no queda claro cómo el “predominio capitalista” se va imponiendo y sobre todo cuáles son los límites del desarrollo capitalista. Cada modo de producción es tratado en forma separada9, de manera más o menos estática. La crítica al concepto de feudalidad no recoge la riqueza del análisis que sobre lo particular desarrolló Mariátegui10. La conclusión del libro da a entender que el                                                                                                                         8

 Ver  su  estudio  sobre  la  articulación  entre  capitalismo  y  no  capitalismo    en  el  eje  regional  Lima-­‐Lomas-­‐ Puquio-­‐Andahuaylas,   que   cubre   el   periodo   1880-­‐1980.   En   la   introducción   de   este   trabajo,   el   autor   señala:  “En  mí  a  propósito  …  quedaban    pendientes  dos  problemas  fundamentales:  superar  los  límites   estrechos   de   una   aproximación   exclusivamente   económica,   enriqueciéndola     con   un   acercamiento   político   y   cultural   ideológico   del   desarrollo   capitalista   del   Perú.   Y   además,   incorporar   la   perspectiva   histórica  en  el  análisis”.  Montoya,  1980:  12)     9  Un  aspecto  de  la  crítica  al  modelo  de  los  “modos  de    producción  consiste  en  señalar  que  este  modelo   tiende  a  tratar  las  relaciones  de  producción  al  margen  de  los  procesos  de  reproducción  (en  particular  la   reproducción  de  la  fuerza  de  trabajo).       10  Para  Mariátegui,  la  feudalidad  –cuya  vigencia  no  se  contradice  con  el  predominio  del  capitalismo-­‐  es   una  herencia  colonial,  asociada  a  la  opresión    del  a  población  indígena,  que  tiene  su  base  en  el   latifundismo,  es  decir  el  problema  de  la  tierra.  La  servidumbre  es  parte    consustancial  del  latifundismo.   La  sobrevivencia  de  la  feudalidad  en  la  sierra  se  expresa  principalmente  en  el  gamonalismo;  en  la  costa   se  traduce  en  la  languidez  y  pobreza  urbana.  La  comunidad  campesina  constituye  una    forma  distinta  de   resistencia  campesina;  subsisten  hábitos    de  trabajo,  cooperación  y  solidaridad  propicios  a  un  proyecto  

 

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capitalismo se consolida y se desarrolla haciendo desaparecer las relaciones no-capitalistas; ello resulta más o menos cierto en el caso de las relaciones serviles y de aparcería, pero no en lo que se refiere a la pequeña producción campesina y a los trabajadores independientes, que constituyen el grueso de la fuerza laboral no incorporada en las relaciones “estrictamente capitalistas”. Existe allí una carencia de explicación proveniente del mismo modelo utilizado. ESTRUCTURA DE LAS RELACIONES DE PRODUCCIÓN Y DE LA PEA EN LA AGRICULTURA EN 1961 SEGÚN RODRIGO MONTOYA   Tipo    de  relaciones     de  producción     Estrictamente  capitalistas     (Obreros)   (Empleados  y  patronos)   Total     Serviles*     Aparcería  y  yanaconaje**     Pequeña  producción     (Comuneros)   (Independientes)   Total     Trabajadores  independientes     Otros     Total  PEA  agrícola   Total  PEA    

Nº     %  de  la  PEA   %  de  la  PEA   (en  miles)     Agrícola   Total         267   30.0   14.9   21   1.4.     0.7   488   31.4   15.6         55   3.5   1.8         80   5.1.     2.5               400   25.7   12.8   249   16.1   8.0   649   41.8   20.8         263   16.9   8.4         21   1.3   0.7   1,556   100.0   49.8   3,125       100.0  

Elaboración: Montoya, 1970, cuadro Nº1 (base Censo 1961). *El modo de producción servil está basado en la relación entre un terrateniente que ejerce la propiedad jurídica del a tierra y un campesino “colono” o “arrendire” que ejerce la propiedad real de un lote, sin ser dueño de ella, a cambio de un conjunto de “obligaciones” hacia el terrateniente (fundamentalmente una renta en trabajo). **El modo de producción de Aparcería está basado en la relación entre un hacendado y un campesino con tierra insuficiente o sin tierra, en la que el primero entrega al segundo una parcela a cambio de una renta en producto o dinero. Una forma de aparcería lo constituye en

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            socialista.  La  combinación  entre  feudalidad  y  capitalismo  es  analizado  por  Mariátegui  en  los  siguientes   términos:         “…En   el   Perú   actual   coexisten   elementos   de   tres   economías   diferentes.   Bajo   el   régimen   de   economía   feudal   nacido     de   la   conquista   subsisten   en   la   sierra   algunos   residuos   vivos   todavía   de   la   economía  comunista  indígena.  En  la  costa,  sobre  un  suelo  feudal,  crece  una  economía  burguesa  que  por   lo   menos   en   su     desarrollo   mental,   da   la   impresión     de   una   economía   retardada”.   (“Esquema   de   la   evolución    económica”,  en    Siete  ensayos  de  interpretación  de  la  realidad  peruana”,  1928:24)        

 

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2. LA INTERPRETACIÓN APRISTA. El enfoque de la CEPAL y la teoría de dependencia no sólo se presta a una reinterpretación de tipo marxista, sino también guarda relación con el análisis del problema nacional propio de la tradición aprista en el Perú. 2.1.

El anti-imperialismo del joven Haya.

En su libro fundamental “El antiimperialismo y el APRA”, escrito en 1928, Haya de la Torre reformuló la teoría leninista de imperialismo de acuerdo al siguiente razonamiento: “En Europa, el imperialismo es ‘la última etapa del capitalismo’ –vale decir, la culminación de una sucesión de etapas capitalistas-, que se caracteriza por la emigración o exportación de capitales y la conquista de mercados y de zonas productoras de materias primas hacia países de economía incipiente. Pero en Indoamérica lo que es en Europa ‘la última etapa del imperialismo resulta la primera. Para nuestros pueblos el capital inmigrado o importado, plantea la etapa inicial de su edad capitalista moderna” (Haya de la Torre 1936). Siguiendo una línea de interpretación que podemos llamar estructural-histórica, el joven político analizó las consecuencias de la penetración imperialista sobre la evolución de la estructura económica y de las clases sociales, priorizando el problema nacional. “Sin abandonar el principio clasista como punto de partida de la lucha contra el imperialismo, consideramos cuestión fundamental la comprensión exacta de las diversas etapas históricas de la lucha de clases y del momento que ella vive en nuestros pueblos. No desconocemos, pues, los antagonismos de clase dentro del conjunto social indoamericano, pero planteamos en primer término la tesis del peligro mayor, que es elemental a toda estrategia defensiva. El peligro mayor para nuestros pueblos es el imperialismo. (…) la penetración del imperialismo (…) plantea una violenta yuxtaposición de sistemas económicos. El imperialismo no consulta en qué estado de evolución, en qué grado de desarrollo se halla un pueblo para dar a su penetración una medida científica de cooperación y de impulso sin violencias. El imperialismo invade, inyecta nuestros pobres organismos, sin temor de paralizarlos en grandes sectores”. (Haya de la Torre 1936). Haya de la Torre subrayó el carácter progresista del capitalismo en tanto representa un modo de producción y organización económica superior a todos los anteriores. Planteó como objetivo el desarrollo de un capitalismo nacional y de una sociedad moderna, capaz de superar a la sociedad atrasada  

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semi-colonial. A este objetivo coadyuva la propia expansión imperialista. En efecto, Haya consideraba que el imperialismo, junto con su lado negativo tenía un lado positivo; traía capital, tecnología y progreso. Cabía entonces la tarea histórica de juntar las fuerzas nacionales capaces de potenciar este lado positivo. En esta perspectiva, había que definirse el papel político de las clases sociales. Teniendo en cuenta el carácter incipiente del capitalismo, Haya de la Torre remarcó las limitaciones de la burguesía nacional: “No hemos tenido tiempo para crear una burguesía nacional autónoma y poderosa, suficientemente fuerte para desplazar a las clases latifundistas, prolongación del feudalismo colonial español” (Haya de la Torre 1936). Del mismo modo, insistió en la debilidad del proletariado; no veía en él una fuerza social capaz de proveer la resistencia antiimperialista y el desarrollo nacional; tampoco encontraba por lo tanto a los trabajadores de la ciudad y del campo como contingentes sociales de apoyo en un frente nacional, pero no como su eje articulador. En cambio, para Haya de la Torre, los sectores sociales decisivos en la lucha nacional eran las “clases medias”. Entendía por ellas a los pequeños y medianos propietarios agrícolas, comerciantes e industriales, a los profesionales y empleados del Estado y a los “trabajadores intelectuales” en general; desde la independencia, fueron ellas las que intentaron afirmar sus intereses económicos y su influencia política nacional, en permanente confrontación con el poder oligárquico y el imperialismo. Constituían por lo tanto, las bases de una futura burguesía nacional, es decir eran el verdadero actor progresista de la presente etapa histórica. Las demás clases dominadas debían apoyarla. La Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) (constituido por Haya de la Torre como Frente en 1924, en México; y transformado en Partido en el Perú en 1931) fue concebido como la expresión política de las clases involucradas en la lucha nacional, una coalición de “trabajadores manuales e intelectuales” unidos alrededor de la perspectiva histórica de las clases medias. Su meta fue la de conquistar el Estado y transformarlo en “Estado Defensa” o “Estado anti-imperialista”, controlado por las fuerzas nacionales sobre la base de una “democracia funcional”, donde cada clase esté representada de acuerdo a su rol en la producción. Tal Estado debía asumir el desarrollo del capitalismo en el país, lo cual implicaba “desfeudalizar” el campo y asegurar el desarrollo industrial, con la cooperación del capital extranjero. Este debía adecuarse a las necesidades nacionales y ser controlado dentro de los marcos de un “capitalismo de Estado”, combinado con un “vasto sistema cooperativo”. Tal fue la matriz fundamental del proyecto nacional diseñado por el joven Haya en el “Anti-imperialismo y el APRA”, y concentrado en el Programa Mínimo del Partido Aprista en 1931, que ha significado una importancia fuente de inspiración para las corrientes reformistas y nacionalistas del presente siglo en el Perú y en América Latina.

 

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En lo que se refiere específicamente al proletariado, Haya de la Torre partía de dos constataciones principales para sustentar su rol restringido en el proceso político nacional: primero, la “juventud” de la clase obrera11, es decir, el carácter incipiente de su desarrollo al igual que el capitalismo nacional; en segundo lugar, su situación relativamente privilegiada y en consecuencia, su inclinación a defender ventajas inmediatas y no los intereses nacionales. La siguiente cita reúne los principales argumentos: “Es necesario, pues, anotar que la clase que primero sufre con el empuje del imperialismo capitalista en nuestros países no es la incipiente clase obrera, ni la clase campesina pobre o indígena. El obrero de la pequeña industria y el artesano independiente, al ser captado por una nueva forma de producción con grandes capitales, reciben un salario seguro y más alto, devienen temporalmente mejorados, se incorporan con cierta ventaja a la categoría de proletariado industrial. Venden su trabajo en condiciones más provechosas. Así ocurre también con el campesinado pobre, con el peón y con el siervo indígena. Al proletarizarse dentro de una gran empresa manufacturera, minera o agrícola, disfrutan casi siempre de un bienestar temporal. Cambian su miserable salario de centavos o de especies por uno más elevado que paga el amo extranjero más poderoso y rico que el amo nacional (…) El proletariado industrial que va formando es, pues, una clase nueva, joven, débil, fascinada por ventajas inmediatas, cuya conciencia colectiva sólo aparece al confrontar más tarde el rigor implacable de la explotación dentro del nuevo sistema”. (1928:32). No obstante la insistencia sobre las limitaciones del proletariado como clase, Haya de la Torre considera que este tiene un rol en la lucha contra el imperialismo y el feudalismo, encontramos reiteradas afirmaciones en este sentido en el “anti-imperialismo y el APRA”: “La lucha contra el imperialismo está ligada al a lucha contra el feudalismo, vale decir; a la previa emancipación económica y cultural del campesino. En esta lucha, el obrero interviene, contribuye, toma las armas para alcanzar posiciones de predominio, imponiendo sus derechos de organización, de educación, de reunión, de huelga, de participación progresiva en el usufructo de las industrias estatizadas. Usa en su beneficio todas las conquistas políticas dentro de la democracia funcional y deviene por intermedio del Partido en el poder, una de las clases directoras del Estado Anti-imperialista. La contribución decidida del proletariado a la extinción del feudalismo y a la lucha contra el imperialismo y por la liberación nacional, le abre una nueva etapa de desarrollo y de afirmación y de progreso clasista (…) La influencia de la clase obrera será tanto mayor cuanto más efectiva sea su importancia como clase definida y consciente. En los países más industrialmente desarrollados, la cooperación obrera al movimiento anti-imperialista de defensa nacional ha de ser, naturalmente, cualitativamente mayor que en lo países de industrialismo muy incipiente” (Haya de la Torre 1936).                                                                                                                         11

 Haya  de  la  Torre  escribe  por  ejemplo:  “Nosotros    no  somos  un  pueblo  industrial;  consiguientemente,   la  clase  proletaria  de  la  naciente  industria  es  joven  (…)  Un  niño  vive,  un  niño  siente  dolor,  un  niño   protesta  por  el  dolor;  sin  embargo  no  está  capacitado  para  dirigirse  a  sí  mismo”.  (Política  Aprista)  

 

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2.2.

Las variantes del aprismo

Al recordar los planteamientos iniciales de Haya de la Torre en el “Antiimperialismo y el APRA”, apreciamos importantes puntos de coincidencia con algunas de las tesis centrales del reformismo cepalino. Existe una afinidad entre el interés por impulsar el proceso de industrialización sustitutiva de importaciones y la concepción de la etapas de desarrollo del capitalismo nacional; y entre las reformas estructurales propuestas por los seguidores de la CEPAL y el Programa Mínimo del APRA. Podría hacerse también un paralelo entre la concepción del anti-imperialismo de Haya de la Torre y las propuestas de integración regional y renegociación de la dependencia enarbolados por las nuevas corrientes reformistas. Otro campo de coincidencia entre el esquema del “Anti-imperialismo y el APRA” y el enfoque de corte cepalino, lo constituye el análisis de la estructura social, en particular concuerdan en considerar que los asalariados se ven favorecidos por la expansión industrial y progresistas de la burguesía. Cabe señalar que las afinidades se refieren sobre todo a los planteamientos del “joven Haya de la Torre” que, como dijimos, cumplió un papel en el desarrollo del pensamiento reformista radical peruano. Sin embargo, la evolución política del Partido Aprista lo llevó a alejarse de las nuevas corrientes reformistas: entre 1956 y 1968, este partido estuvo comprometido con una política de “convivencia” con la derecha pro-oligárquica, limitándose a negociar con ella una gradual modernización económica y social dentro del marco liberal criollo. A partir de 1968, se opuso al régimen militar velasquista, no obstante la similitud entre las reformas estructurales implementadas con sus reclamos históricos. Este desencuentro puede observarse con el primer Gobierno de Alan García, que algunos califican de “reformista sin reforma”. La explicación fundamental del carácter sinuoso y contradictorio de la práctica política del APRA reside en sustentar un frente popular nacional y un proyecto de desarrollo capitalista autónomo a partir de los sectores medios, sin poder contar con una burguesía nacional, ni llegar a consolidarla. La dirección del APRA no obstante la amplitud de su base social, tuvo que responder a una estrategia de intermediación política de intereses sociales heterogéneos, carentes de una capacidad de acumulación propia y fuertemente dependientes de sus lazos con los grupos de poder hegemónicos y el Estado. De allí que, tras la unidad y la mística partidaria propiciada por el liderazgo carismático de Haya de la Torre, el APRA ha reunido y sigue reuniendo en su seno una diversidad de corrientes. De manera esquemática, podemos señalar las siguientes cuatro vertientes12.                                                                                                                         12

  A   esta   tipología   debe   añadirse   un   sector   “fascistizante”,   que   abarca   a   un   conjunto   de   individuos   y   grupos   de   estratos     sociales   intermedios   que   usan   el   aparato   partidario   y   las   conexiones   con   el   poder     político   para   realizar   una   “acumulación   primitiva”   y   participar   a   un   proceso   de   ascenso   social.   Tiene   derivados  del  brazo  armado  (Comando  de  Defensa),  y  dedicados  a  partir  de  la  convivencia,  a  combatir   las   organizaciones     competidoras   del   Partido   en   el   campo   popular     y   político,   en   particular   a   un   proceso   de  ascenso  social.  Tiene  conexión  con  los  grupos  de  coques  (llamados  “bufalería”)  derivados    del  brazo   armado   (Comando   de   Defensa),   y   dedicados   a   partir   de   la   convivencia,   a   combatir   las   organizaciones  

 

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Una primera vertiente se acerca a los planteamientos desarrollistas proempresarial de la CEPAL; corresponde al círculo oligárquico de la clase dominante, pero encuentran un espacio de acumulación en relación con la expansión del capital transnacional, sostiene la posibilidad de desarrollo de un capitalismo nacional en base a inversionistas privados, una erradicación gradual del feudalismo y una relación armónica con los sectores del capital extranjero interesados en la expansión del mercado interno. A partir de 1936, Haya de la Torre sustentó esta posición, adhiriendo a la política de “Buen Vecino” del Partido Demócrata norteamericano hacia América Latina y cambiando la consigna “Contra el imperialismo yanqui” del Plan Máximo del APRA de 1924, por el “inter-americanismo democrático sin imperio”. Una posición similar, argumentada por Manuel Seoane, se impuso en el Congreso del PAP en 195713, donde se ratificó la política de convivencia con el Gobierno de Manuel Prado. En el campo laboral la corriente “desarrollista” planteó una estrategia de alianza entre trabajadores y empresarios sustentada en la teoría de la “democracia industrial” y el sindicalismo libre propiciado por los Estados Unidos. Una segunda vertiente aprista se acerca más a los planteamientos cepalinos de corte reformista estructural. Uno de sus más destacados exponentes ha sido el economista Felipe De las Casas14. Partiendo de un análisis de la situación nacional a principios de los años 60 en términos de dualismo (usa la expresión de “país escindido”), De las Casas sostiene la necesidad de una decidida intervención del Estado, con la finalidad de imponer profundas reformas estructurales, apuntando a una economía mixta dirigida por el Estado e integrada por un importante sector cooperativo. El capital tendría una función social que cumplir y por ello, el Estado debería planificar e indicarle dónde invertir retoma la idea del Consejo de Economía Nacional del Programa Mínimo aprista de 1931, como instancia de concertación entre los diferentes agentes económicos (capital privado, trabajadores, Estado). Este proyecto reformista “ni capitalista ni socialista” tiene afinidades con el “Plan Inca” de la Junta Militar de 1968-75. Coinciden en la necesidad de impulsar la participación de los trabajadores mediante el sistema cooperativo y otros mecanismos de cogestión y concertación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             competidoras  del  Partido  en  el    campo  popular  y  político,  en  particular  “los  comunistas”.  Parte  de  este   sector    ha  derivado  hacia  los  negocios  relacionado  al  narco-­‐tráfico.         13  En  este  Congreso,  Manuel  Seoane,  citando  a  Vásquez  Díaz,  declaraba:     “La   unidad   indo-­‐americana   empieza   a   ser   empujada   por   los   capitales   nacionales   y   no   sólo   por   los   partidos  populares.  (…)  Si  bien  el  capital  imperialista  se  alía  con  los  intereses  feudales  de  la  colonia,  el   capitalismo  nacional  que  surge  en  la  periferia    de  los  intereses  de  aquel,  bien  pronto  comienza  a  pedir   protección   y   privilegio   para   sus   nacientes   empresas   industriales.   El   resultado   es   que   los   intereses   industriales   locales   comiencen     a   enfrentarse   a   la   alianza   del   capital   imperialista     y   el   feudal.   (…)   Apoyando   los   intereses   del   capitalismo   nacional   y   orientándolos   hacia   la   integración   internacional   indo-­‐ americana,  se  des-­‐feudaliza  la  región,  se  le  resta  fuerza  al  imperialismo,  se  eleva  la  tasa  de  formación  de   capitales   a   través   de   la   economía   de   escala   y,   finalmente   se   acrecienta   el   nivel   de   vida   de   la   población2.   (Ver  Cotler,  1978:296)     14  Los  planteamientos  de  Luis  Felipe  de  las  Casas  se  encuentran  sintetizados    en  la  reseña  sobre  las   interpretaciones    de  la  evolución  de  la  economía  peruana  presentada  por  Javier  Iguiñiz  en  un  seminario   sobre  “La  investigación  en  Ciencias  sociales  en  el  Perú”,  organizado  por  TAREA  (Ver  Iguiñiz,  1979).    

 

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La tercera vertiente corresponde un ala radical del APRA, que reivindica el contenido anti-imperialista y popular de las tesis iniciales del aprismo y su tradición revolucionaria insurreccionalista. Tiene afinidades con los planteamientos de la teoría de la dependencia y opta por priorizar la lucha por la “liberación nacional” conducida por una vanguardia revolucionaria proveniente de sectores medios y apoyado en la masa de los pobres del campo y de la ciudad; sus planteamientos programáticos nacionales se centra en la Reforma Agraria y las nacionalizaciones de los recursos naturales. Con el viraje derechista de la convivencia, muchos apristas radicales – especilamente de la juventud- salieron del APRA adheriendo a posiciones marxistas (como el caso de Aníbal Quijano, Alfonso Barrantes). Un sector importante se adhirió a la revolución cubana y constituyó el Apra Rebelde, y posteriormente el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), que llevó a cabo una lucha armada de tipo foquista. Luego del aplastamiento la guerrilla en 1965, parte de esta corriente inició una labor de organización política en los sectores obreros y populares, participando en el impulso del movimiento popular clasista y el desarrollo del espacio político de la nueva izquierda. La radicalización de sectores juveniles del APRA es también un fenómeno importante en los últimos años. En varios de los eventos partidarios de la juventud, se manifiestan posiciones sumamente críticas a los líderes del Partido, incluyendo algunos que simpatizan con Sendero Luminoso y el MRTA. Por último, es necesario señalar una vertiente que podemos llamar “heterodoxa”, expresada en el Gobierno de Alan García (1985-90). En términos generales corresponde a una combinación de vertientes “desarrollistas” y “reformistas” ya mencionadas, reformuladas de acuerdo a un lenguaje socialdemócrata y sustentado en los análisis sobre la “heterogeneidad estructural” de las cuales nos ocuparemos más adelante.

3. LA HETEROGENEIDAD ESTRUCTURAL Uno de los temas centrales del enfoque estructuralista lo constituye la heterogeneidad del sistema económico y social, cuya expresión más condensada es el llamado “dualismo estructural”. La teoría del dualismo estructural tiene sus antecedentes en los estudios académicos de las ciencias sociales dedicados a los países “atrasados”, que han elaborado un análisis tipológico, basado en la distinción entre la “sociedad moderna” y la “sociedad tradicional”. En el caso latinoamericano, este análisis plantea la coexistencia de los dos tipos de sociedad, y un proceso gradual de tránsito de la tradicional hacia la moderna15.

                                                                                                                        15

 Entre  los  autores  que  centran  su  análisis  en  el  tránsito  entre  lo  tradicional  y  lo  moderno,  destacan  el   antropólogo   R.   Redfield,   el   sociólogo   B.   Hoselitz   y   el   economista   A.O.   Hirschman;   y   en   América   Latina   el   sociólogo  argentino  Gino  Germani  autor  de  “Política  y  sociedad  en  una  época  de  transición”.  (1962)  

 

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Si bien es cierto que el dualismo estructural se presta a generalizaciones que contribuyen a eludir el análisis de las clases sociales, introduce un elemento referencial para un conjunto de valiosos estudios sobre la estructura económica y la diferenciación social en los países periféricos, que resultan imprescindibles para precisar el marco en el cual se desenvuelven los actores sociales. En el Perú, es necesario recoger en especial dos aportes fundamentales en esta perspectiva: el de Richard Webb y Adolfo Figueroa sobre la distribución de ingreso y el de E.V.K. Fitz Gerald, sobre la estructura productiva y modelo de acumulación. 3.1.

La distribución del ingreso (Webb y Figueroa).

Webb y Figueroa realizaron desde fines de los años 60 una serie de estudios sobre el problema de la distribución de ingresos en el Perú, cuya matriz analítica y conclusiones han ejercido una gran influencia en los medios académicos y políticos. Dichos estudios no sólo muestran que el Perú es uno de los países con mayor desigualdad en la distribución de la riqueza y del ingreso en América Latina, sino que esta desigualdad prácticamente no ha variado desde que empezó a ser medida (a partir del Censo Nacional de 1961). Ambos autores remiten la explicación al carácter dual de la economía. Un primer paso en el análisis consiste en establecer la “pirámide” de distribución de ingresos, ordenando los diferentes estratos de la Población Económicamente Activa de acuerdo a su acceso al ingreso nacional. De este modo se puede distinguir entre estratos superiores (los “ricos”), intermedios e inferiores (los pobres). La pirámide elaborada en base a la información del censo de 1961 y del Banco Central de Reserva está resumida en el cuadro siguiente, donde salta a la vista una extrema concentración del Ingreso Nacional en los estratos más ricos16

                                                                                                                        16

 Webb  muestra  como  la  distribución    del  ingreso  en  el  Perú  resulta  más  desigual  que  la  de  la  mayoría   de   los   países   subdesarrollados.   Los   promedios   correspondientes   a   44   países   subdesarrollados   son   los   siguientes:  10%;    superior  44%-­‐60%,  intermedio  26%-­‐20%,  inferior  6%.  (Webb  y  Figueroa,  1975:30).      

 

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DISTRIBUCIÓN  DEL  INGRESO  NACIONAL  (1961)     1%  superior   5%  superior   10%  superior   20%  superior  

%  DEL  Ingreso  acional   25     39     49     64    

60%  intermedio  

18  

 

20%  inferior   4   Fuente:  Webb  y  Figueroa,  1975:29  

 

El siguiente paso del análisis consiste en desagregar las diferentes categorías socio-laborales que se juntan en cada estrato de la pirámide. Para ello, Webb combina: 1. El “factor estructural” derivado del dualismo de la economía (sector moderno/sector tradicional), 2. La diferenciación urbano/rural y 3. Las categorías ocupacionales (tomando como punto de partida las usadas en las Cuentas Nacionales: obreros, empleados, independientes). Adicionalmente, se introduce la diferenciación geográfica (sierra/costa). De este modo, Webb y Figueroa elaboran una tipología que define tres sectores: el sector moderno17, el sector tradicional urbano, y el sector tradicional rural. El cuadro siguiente resume las principales categorías que comprenden cada uno de estos sectores, el tamaño de la fuerza laboral que le corresponde, y la evolución de sus ingresos. TASAS  DE  CRECIMIENTO  DEL  INGRESO,  1961-­‐66    

Tamaño  de  la  fuerza  

Crecimiento  anual  

   

laboral  1961  (en  miles)   del  ingreso  (%)  

SECTOR  MODERNO  

402    

4.1  

Obreros  

196    

4.9  

Empleados  públicos  

104    

3.6  

Empleados  particulares  

102    

3.3.  

 

 

 

 

SECTOR  URBANO  TRADICIONAL  

736    

2.1  

Obreros  

145    

3.3.  

Independientes  

361    

1.9  

Empleados  no  manuales  

94    

1.9  

Empleados  domésticos  

136    

1.6  

 

 

SECTOR  RURAL  TRADICIONAL  

 

 

1443    

1.3.  

Obreros:  costa  

163    

4.1.  

Obreros:  sierra  

240    

1.5  

1040    

0.8  

Pequeños  y  medianos  agricultores   Fuente:  Webb  y  Figueroa,  1975:45  

   

   

   

                                                                                                                        17

 El  sector  moderno  cruza  tanto  lo  urbano  como  lo  rural;  para  medirlo,  los  autores  toman  en  cuenta  los   establecimientos  registrados  por  las  Cuentas  Nacionales;  el  alcance  de  este  criterio  difiere  poco  del  de   “establecimientos  con  5  o  más  trabajadores.    

 

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La tipología construida por Webb y Figueroa se funda en la hipótesis del dualismo tecnológico como factor explicativo central. Webb lo precisa del siguiente modo: “La premisa básica del modelo es el hecho de un dualismo tecnológico, es decir la coexistencia de un sector tradicional intensivo en mano de obra, conformado por trabajadores independientes y empresas de pequeña escala, pequeños agricultores y haciendas. Además delinea una importante distinción entre los componentes urbano y rural del sector tradicional. (…) Una economía dual está caracterizada por una distribución altamente desigual de los niveles de productividad. El uso de maquinaria, equipo, yacimientos mineros y de las tierras más fértiles está concentrado en un reducido segmento de la población cuyo valor agregado por trabajador es mucho más alto que el resto de la economía” (Webb y Figueroa, 1975). La distribución de los niveles de productividad y de los ingresos puede apreciarse en la “curva de valor agregado, cuya utilidad como instrumento analítico nos parece innegable; ha sido enriquecida por numerosos estudios en particular la de Javier Iguiñiz. De manera esquemáticamente, la curva del valor agregado gráfica la repartición de la fuerza laboral (eje horizontal “L”) según sus niveles decrecientes de productividad (eje vertical “P”); por debajo de la curva de valor agregado, se ubica la curva de las remuneraciones de los asalariados. El espacio existente entre ambas curvas (“A”) corresponde a las ganancias de las empresas. Los espacios (“B”) y (“C”) representan el monto total de las remuneraciones, y los ingresos de los independientes, respectivamente. Como puede apreciarse en el gráfico correspondiente, la curva de valor agregado tiene las siguientes características. Su parte superior es estrecha y declina bruscamente; su parte intermedia declina de manera más progresiva. Se estanca luego en un largo trecho que corresponde a niveles de muy baja productividad (iguales o inferiores al nivel de salario mínimo) y, finalmente termina con un tramo de valor agregado nulo, correspondiente a los desocupados. En base a estas constataciones, es posible distinguir tres grandes sectores (considerando a parte el sector de desempleados): El sector I, corresponde a la fuerza laboral ligada a las empresas de más alta productividad (empresas petroleras y mineras extractoras de minerales de alta ley, principales complejos agro-industriales, empresas industriales y de servicio más eficientemente. El sector II, que comprende las empresas de mediana productividad, en las actividades primarias, construcción, transporte, comercio y servicios. El sector III, compuesto por las unidades laborales de baja productividad, corresponde a lo que Webb denomina “el sector urbano tradicional” y el “sector rural tradicional”. De acuerdo a una terminología más reciente,  

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comprende el “Sector Informal Urbano” y la “Economía Campesina”; en general podemos llamarlo sector de “pequeña producción” y de “subsistencia”. A partir de estas categorías, Webb y Figueroa ofrecen un modelo de interpretación de las políticas que inciden sobre la distribución de ingresos, en particular las del Estado y de los sectores asalariados del “sector moderno”. Las conclusiones a las cuales llegan, apuntan a señalar que la contribución de esas políticas a la justicia social en el país es muy limitada en la medida de que no asume una transferencia de recursos hacia los sectores más pobres. Así mismo considera a la lucha sindical como contribución a dicha transferencia. Ambos autores consideran que las desigualdades en el Perú provienen fundamentalmente de un factor estructural (el dualismo tecnológico) que se sobre-impone al factor clasista (relaciones entre capital y trabajo). Por lo tanto, no es posible encarar el problema solamente desde los trabajadores asalariados, sino principalmente desde los más pobres. Los análisis estadísticos de Webb y Figueroa señalan una notable continuidad en el patrón de distribución desde 1961. La situación de los sectores rurales y urbanos tradicionales se mantiene prácticamente inalterada. Figueroa, en particular, muestra que las reformas implementadas por el Gobierno de Velasco (Reforma Agraria, Comunidad Laboral, etc.) no han alcanzado a los más pobres del país (transfirieron sólo el 3% del Ingreso Nacional al interior del 25% más rico de la población)18. Sus principales beneficiarios habrían sido los trabajadores ubicados en los grupos asalariados mejores remunerados. La explicación de ello reside en que las reformas estructurales del velasquismo se circunscribieron a una transferencia de propiedad sin alterar el dualismo de la economía; es decir, sin resolver las brechas tecnológicas. En otras palabras, la redistribución del ingreso se realizó verticalmente (al interior del sector moderno) y no horizontalmente (desde el sector moderno hacia el tradicional). A partir de esta constatación, Webb deduce que en una economía dualista, “la distribución de la propiedad excluye al más necesitado”, y que es necesario replantear la noción de “justicia social” que solo toma en cuenta el factor clasista: “Comúnmente, esta (la justicia social) es interpretada, tanto por el capitalista como por el marxista, como un derecho a lo que uno produce. El peón agrícola tiene derecho a todo su producto. Peor, ¿a nada más? Si el país es pobre en tierras pero rico en minas, petróleo y pesca, ¿qué derecho tienen las grandes masas campesinas sobre esas riquezas? ¿El obrero minero tiene más derecho al usufructo de la riqueza minera? Si el minero lo reparte con el campesino, ¿es porque este tiene derecho o es por caridad?” (Webb y Fegeroa, 1975: 22) Una parte importante de este análisis consiste en interrogarse sobre las razones que explican el incremento relativo de los salarios en el sector                                                                                                                         18

 Se  señala  también  que  los  beneficios  de  la  Reforma  Agraria  fueron  contrarrestados  por  una  política  de   precios  desfavorable  a  los  campesinos.  

 

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moderno, en los años considerados por su estudio (1961-66)19. La condición fundamental para ello, lo constituye obviamente el mayor nivel productivo y de ganancia (incluyendo un alto componente de renta o casi-renta) de las empresas de este sector, que les otorga un mayor margen para conceder beneficios a sus trabajadores. Pero, si bien es necesaria dicha condición no es suficiente. ¿Por qué las empresas modernas no aprovechan de la competencia de los trabajadores sub-remunerados en los sectores tradicionales para rebajar los salarios obreros a niveles inferiores? Webb trata de responder a esta pregunta a partir del nivel de calificación y responsabilidad de los trabajadores20. Señala en particular que las grandes empresas concentran a los trabajadores y les ofrecen un contexto de disciplina y organización (“…son criaderos naturales de sindicatos”), además estas empresas se ubican en las ciudades, cerca de los centros de decisiones políticas. De tal modo que parte del poder rotativo de los asalariados urbanos reside en su influencia política. La presión sindical y política se refuerzan mutuamente. No ocurre lo mismo con los trabajadores de los sectores tradicionales, sobre todo los campesinos, los obreros y los independientes no agrícolas de los pueblos serranos. La característica de estos sectores es su fragmentación21. Un último aspecto importante en las conclusiones del trabajo de Webb y Figueroa, se refiere a la discusión de la teoría del colonialismo interno. Esta teoría vinculada a la de la dependencia, puede resumirse del siguiente modo: existe en las formaciones dependientes determinadas regiones más desarrolladas (particularmente los centros metropolitanos) que concentran el poder económico y político; y crecen a expensas de las zonas atrasadas. Estas últimas cumplen el papel de “colonias internas” en relación a las primeras (ver: Stavenhagen: 1968) en el caso peruano habría una relación de explotación entre la costa y la sierra, y entre Lima Metropolitana y el resto del país. La pregunta que plantea Webb y Fegeroa, es ¿hasta qué punto existe una explotación de un sector de la economía sobre otro? ¿Pueden explicarse las desigualdades entre una y otra región por una relación de explotación económica, y de dominación/subordinación política? Esta pregunta                                                                                                                         19

 El  estudio  de  Webb  observa  que    dentro  del  sector  moderno,  los  salarios  han  aumentado  más  rápido   que  los    sueldos,  hecho  que  atribuye  a  la  mayor  combatividad  de  los  sindicatos  obreros.     20   Sobre   el   particular,   su   argumento   es   el   siguiente:   las   empresas   más   capitalizadas   necesitan   retener   una   fuerza   de   trabajo   calificada   relativamente   escasa   en   el     mercado   laboral   y     que   representa   importantes   costos   de     aprendizaje.   Requieren   así   mismo,   de   un     personal   que   asuma   niveles   de   responsabilidad  garantizando  su  lealtad  mediante  el  pago  de  remuneraciones    más  altas.     21   Webb   muestra     que   el   sector   urbano   tradicional   tiene   una   estrecha   relación   con   el   sector   moderno   (3/4   de   sus   gastos   y   de   sus   ventas   son   realizadas   con   el   sector   moderno).   Esta   relación     es   más   complementaria   que   competitiva,   los   servicios   tradicionales   sólo   compiten   marginalmente   con   los   del   sector   moderno   (pequeño   comercio   y   servicio   doméstico).   La     tasa   de   crecimiento   del   sector   tradicional   es  similar  a  la  de  la  economía  moderna.  El  mismo  autor  presenta  una  situación  mucho  más  deprimida   del   sector   rural   tradicional;   este   constituye   el   componente   más   grande   y   pobre     de   la   economía   tradicional.   El   sector   es   débil;   además,   el   alto   número   de   personas   que   comprende   diluye   el   impacto   de   las  políticas  redistribucionistas  dirigidas  hacia  él.      

 

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se asocia también con otra. ¿Coexiste una explotación sectorial con una explotación de clases (capital-trabajo)? Los estudios estructuralistas se quedan por lo general imprecisos sobre estas cuestiones. La interpretación marxista clásica se aplica básicamente al interior del sector moderno y tiende a aceptar la hipótesis de la apropiación del excedente generado por los sectores capitalistas. Web opina que en el Perú hay una débil base para sostener la teoría del colonialismo interno. Uno de sus argumentos es que el presupuesto favorece lo tradicional y significa más bien una transferencia de excedentes proveniente del sector moderno. De igual forma, se produce una transferencia en este sentido mediante los ingresos de la fuerza de trabajo temporal en actividades modernas. Su conclusión es que la desigualdad entre regiones, más que un problema de explotación intersectorial resulta de la disparidad de productividad de sus respectivas economías. “La explotación es menos importante que la naturaleza de la tecnología y que los mecanismos de mercado como causa del desigual patrón de crecimiento. El problema distributivo es más la ausencia que la existencia de mecanismos de transferencia de ingresos. La mayor parte del ingreso se origina ahora en el sector moderno, y ahí se queda” (Webb y Figueroa, 1975:104)

3.2.

La pirámide (Alan García).

El esquema de la distribución de ingreso derivado de los trabajos de Web y Figueroa ha dado lugar a diversas interpretaciones políticas; una de ellas es la que sustentó el presidente Alan García en 1985 en el marco de su política laboral. El planteamiento de Alan García fue expuesto en una reunión con una serie de investigadores sociales convocada por el Instituto de Estudios Peruanos. En esta ocasión, el mandatario tomó como base de su argumentación la famosa “pirámide”. De acuerdo a dicha pirámide, los trabajadores asalariados sindicalizados, particularmente de Lima, junto con los empleados públicos y los trabajadores no organizados de la industria urbana y la agricultura moderna, constituirían un estrato de ingresos relativamente bien ubicado (25% del Ingreso Nacional para un 15% de la fuerza laboral), que formarían parte de un llamado “bloque hegemónico centralista”, es decir de los “privilegiados” igualmente. Dentro de dicho bloque, en sus estratos superiores, estarían los propietarios y altos funcionarios del gran capital y del Estado y las capas altas de las clases medias. En total, esta parte de la pirámide reúne al 25% de la población activa y controla el 77% del Ingreso Nacional. En la base de la pirámide se encuentran marginados el 75% de la PEA que sólo accede al 23% de Ingreso Nacional. Dichos marginados incluyen: los trabajadores no sindicalizados con salario mínimo, los sub-empleados y desocupados urbanos y, más abajo los campesinos.  

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De lo anterior, Alan García deduce que “los asalariados organizados se defienden solos”. Sustentó en consecuencia, una propuesta redistribucionista descentralista transfiriendo ingresos hacia la base de la pirámide, y de reactivación económica “desde abajo”, mediante el estímulo de la producción campesina y el desarrollo de las regiones serranas más pobres. En especial, el trapecio sur andino.22 La propuesta esbozada responde ciertamente a un discurso excepcionalmente radical en la historia del país. Sin embargo, deja sin explicitar aspectos de decisiva importancia para hacerlo viable; en efecto, ¿de dónde provienen los excedentes necesarios para redistribuir hacia abajo y dinamizar el desarrollo desde abajo? ¿Quiénes controlan la producción de estos excedentes y los medios para incrementarlo? La teoría de la pirámide, tal como la presentó Alan García, no ofrece respuestas claras a estas preguntas. Al colocar “en un mismo saco” las grandes corporaciones capitalistas y las diversas categorías de trabajadores asalariados, escamotea las relaciones de clases existentes y da pie a muchos malentendidos. No cabe aquí analizar la accidentada puesta en práctica de la política redistributiva y de reactivación económica del Gobierno aprista23. Se puede observar que los dueños del capital han seguido concentrando ganancias a costa de los trabajadores asalariados y del déficit del Estado, sin que estas ganancias se hayan convertido en recursos productivos disponibles para la base de la pirámide. En ello ha intervenido por un lado la baja tributación a las empresas, como consecuencia de las políticas de incentivos a la producción y, por otro lado la fuga de capitales hacia el exterior. Los programas redistributivos y de promoción del desarrollo desde abajo resultaron una carga insostenible para los escasos recursos del Estado. En la práctica, la captación de estos excedentes no provino de una mayor contribución de los sectores empresariales ubicados en la cúspide de la pirámide, sino una contención y, a partir de 1988, de una drástica disminución de la masa salarial de los trabajadores.                                                                                                                         22

  A   esta   propuesta   corresponde   una   serie   de   medidas   importantes   del   Gobierno   dadas   entre   1985   y   1987,  la  creación    de  las  microrregiones,  la  implementación    de  un  sistema  de  crédito  gratuito  para  los   productores   campesinos,   la   creación   del   Programa   de   Apoyo   al   Ingreso   Temporal   (PAIT)   en   las   zonas   urbano-­‐marginales,  etc.     23   La   política   que   era   posible   reactivar   la   producción     mediante   la   ampliación   del   mercado   interno,   manteniendo     el   nivel   de   participación     de   los   trabajadores   sindicalizados   un   poco   por   encima   de   la   inflación,  y  aumentado  la  demanda  del  lado    de  los  sectores  de  más  bajos  ingresos,  suponía  también  que   era   posible   lograr   estos     objetivos   sin   afectar   mayormente   a   los   principales   grupos   monopólicos     y   limitando  el  pago  de  la  deuda  externa.  En  los  primeros  dos  años  del  gobierno,  parte  de  estos  objetivos   se  lograron.  Los  salarios  reales  mejoraron,  empezó  el  Programa  de  Apoyo  al  Ingreso  Temporal  (PAIT)  y   se   otorgaron   créditos   “cero”   a   los   productores     campesinos   de   la   sierra.   La   producción   creció   pero   lo   hizo   también   en   base   a   exoneraciones   de   impuestos   y   el   uso   de   la   capacidad   instalada,   sin   mayores   inversiones.  Los  industriales  incrementaron  sus  ganancias  pero  las  remitieron  en  grandes  proporciones   hacia   el   exterior.   El   Estado   por   su   parte,   incrementó   la   importación     de   productos   agrícolas   para   responder  a  la  demanda  popular.  El  resultado  de  todo  ello  fue    un  rápido  agotamiento  de  las  reservas     de   divisas   y   un   peligroso   aumento   del   déficit   fiscal   que     precipitó   la   recesión   económica   y   paralizó   la   política  redistributiva  del  Estado.  Cabe  señalar  además  que,  en  gran  medida,  el  fracaso  de  esta  política   se  debió  a  la  manera  muy  contradictoria  e  inconsistente  como  fue  llevada  a  la  práctica.      

 

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Así lo entiende Jorge Bernedo, cuando señala: “La forzada pirámide tiene su razón de ser en su utilidad para apoyar las tesis redistributivas que se vienen sosteniendo como alternativa ante la vigencia de la protesta popular por su actual sobreexplotación. Básicamente, la propuesta aprista es una transferencia de ingresos no del capital hacia el trabajo –en el sentido natural de todas las revoluciones e inclusive reformassino del trabajo hacia el trabajo, desde unas formas de frustración y pobreza hacia otras formas de lo mismo”. (ADEC-ATC, Cuadernos Laborales, Nº 30, agosto 1985). De acuerdo al uso político que le dio Alan García, la teoría de la pirámide puede considerarse como el sustento de un populismo anti-sindical, que busca establecer una relación directa entre el Estado y los sectores populares más pobres y menos organizados y, evitar la solidaridad orgánica sindical y popular. Apunta a deslegalizar y frenar al movimiento sindical cuyo control escapa al partido de gobierno, contraponiéndole las demandas de los más pobres24. De hecho, el gobierno aprista priorizó su relación con los principales grupos empresariales (los llamados “doce apóstoles”) y manejó una política de bajo perfil en el terreno laboral. No propició la participación gestionaría ni programática de los trabajadores, limitándose a contener la presión sindical. Tras la frustración de la concertación con los empresarios (que dio lugar al frustrado intento de estatizar la banca privada), el gobierno terminó aislado de los actores sociales involucrados en la generación de los principales excedentes del país. Cabe subrayar finalmente un aspecto importante. Vimos que el uso anti-sindical de la pirámide está asociado a la idea que los trabajadores organizados conforman una “aristocracia obrera”. Se trataría de los trabajadores que gozan de un empleo relativamente estable, buenos salarios, seguridad social, etc. El concepto de aristocracia obrera alude también a un comportamiento gremial de tipo corporativo, egoísta y excluyente, asociado a posiciones conservadoras. En realidad, la situación que sugiere el concepto de aristocracia obrera no responde a la realidad del grueso de los trabajadores sindicalizados en el Perú, tanto del punto de vista económico como socio-político25. No se aplica siquiera a los sindicalizados de las principales empresas mineras o petroleras, y a los profesionales empleados por el Estado (maestros, médicos, etc.). Estos últimos han sufrido un profundo deterioro de su estatus social. Debe recordarse que en los últimos años, los salarios promedios no alcanzan el 30% de la canasta familiar y el salario mínimo legal alrededor del 15%. Los sectores sindicalizados más fuertes obtienen remuneraciones que sobrepasan muy poco el valor de dicha canasta.                                                                                                                         24

  Por   ejemplo,   los   trabajadores   del   Programa   de   Apoyo   al     Ingreso   Temporal   fueron   movilizados   reiteradamente  contra  las    huelgas  y  manifestaciones    de  los  sindicatos  en  lucha.     2525  Coincidimos  sobre  este  punto  con  la  crítica  de  Pedro  Galín  (ver  Galín  y  otros:  1986).    

 

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3.3.

Modelos de acumulación (Fitzgerald)

Regresaremos ahora análisis estructural.

a nuestro seguimiento

de los modelos de

Nos parece necesario abordar en esta parte los estudios que, partiendo del concepto de dualismo estructural, van más allá del problema de la distribución del ingreso e intentan una interpretación global de la economía peruana. En este sentido, destacan dos aportes fundamentales: el trabajo de Rose Mary Thorp y Geoffrey Bertram “Crecimiento y políticas en una economía abierta” (Perú: 1890-1977) y el de E.V.K. Fitzgerald: “La economía política del Perú 1956-1978. Desarrollo económico y reestructuración del capital”; ambos estudios comparten básicamente la misma matriz de interpretación. En esta parte, nos centraremos en el análisis de Fitzgerald. El objeto central de la investigación de Fitzgerald es la transformación del modelo de acumulación del capital en el Perú a raíz de las reformas y el nuevo papel que asume el Estado a partir de 1968 (el autor habla del pase de un modelo “oligárquico” a otro “capitalista de Estado”). El interés de este estudio reside no solo en el seguimiento riguroso del desarrollo global y sectorial del proceso económico a lo largo de dos décadas, sino en haber logrado incorporar el aporte del enfoque estructural a un análisis de los procesos de formación de capital en relación a los ciclos de acumulación y, a los cambios en las estructuras de la producción y de la propiedad. Para Fitzgerald, el modelo de acumulación en el Perú, no puede entenderse sin tomar en cuenta el carácter dual de la economía, que atraviesa tanto la organización productiva y el empleo, como la distribución, el consumo y el conjunto de las relaciones sociales. Este dualismo se traduce en la distinción entre dos sectores, denominados: “empresarial” y “no empresarial”. El “sector empresarial” se caracteriza por incorporar una tecnología y formas organizativas modernas; tiene un alto grado de integración a través de las relaciones de propiedad y flujos de capitales. Además mantiene estrechos lazos con el extranjero, relación con el exterior. El “sector no empresarial” comprende la economía campesina y un conjunto de actividades de producción, servicios personales y comercio de pequeña escala. Sus principales características son escasez de capital, uso intensivo de mano de obra, baja productividad26                                                                                                                         26

  El   autor   señala   la   presencia   al   interior   del   sector   no   empresarial   urbano   (sobre   todo   terciario)   de   trabajadores   dependientes   que   llama   “lumpenproletariado”   (op.cit.:131).   Coincidimos   en   la   necesidas   de   reconocer     el   carácter   proletario   de   estos   trabajadores,   pero   nos   parece   incorrecto   denominarlo   “lumpen”   tal   calificativo   alude   a   comportamientos   de   tipo   parasitario   a   formas   de   degeneración     moral.   Sólo   se   aplica   a   una   franja   de   la   población   proletarizada   como   la   que   se   incorpora   en   actividades     propiamente  delictivas,  tales  como  robos,  prostitución,  narcotráfico,  etc.        

 

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Fitzgerald evalúa que en 1968, el sector empresarial aporta aproximadamente los dos tercios del Producto Nacional y emplea un tercio de la mano de obra.

 

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                                                                         DUALISMO  EN  LA  ECONOMÍA  PERUANA,   1968                                                    PRODUCTO  (%                                                      EMPLEO  (%   PBI)     PEA)  

   

  Total       Empresarial   No  empresarial   Total  Economía   Empresarial   No  empresarial     Economía   SECTORES               Primario   18   8   26   14   37   51   Secundario   24   5   29   7   11   18   Terciario   25   20   45   14   17   31                 TOTAL   67   33   100   35   65   100                 Lima-­‐Callao   38   19   57   14   10   24   Resto  Perú   29   14   43   21   55   76   Elaboración:  Fitzgerald  (op.cit.:  p.132)          

La siguiente cita resume el análisis de los principales sectores productivos, de acuerdo a las categorías señaladas. “Los sectores de exportación (minería, pesca y cultivos agroindustriales) generan la dinámica sobre la que descansa la economía empresarial –en términos de la demanda agregada y el excedente reinvertible en otros sectores- y las divisas necesarias a una economía extremadamente “abierta”. En la economía interna, los sectores ‘manufacturero’, ‘construcción’ y ‘gobierno’ son los elementos dinámicos con el apoyo de las ramas financiera y comercial. La mayor parte de estas actividades están organizadas en grandes unidades de producción muy intensas en capital, con bajos requerimientos de mano de obra y tecnología avanzada, que constituyen el sector empresarial. En el otro extremo, la agricultura de alimentos, la industria artesanal, el comercio minorista y los servicios menores se encuentran muy alejados de este núcleo dinámico en cuanto a relaciones de producción, pero no en las relaciones de cambio. La agricultura alimentaría tiene una dinámica independiente, aunque débil, pero sobre todo en respuesta a los gastos en servicios personales de la fuerza laboral empleada en el sector empresarial” (Fitzgerald, 1981:100). Como se puede observar, Fitzgerald insiste en la interdependencia entre las partes que conforman la estructura dual. Por ejemplo, muestra que los trabajadores del sector no empresarial dependen del gasto de consumo de los asalariados del sector empresarial. Señala que las empresas capitalizadas entregan gran cantidad de trabajo a talleres de tipo artesanal (caso de la  

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manufactura de calzado), que los grandes distribuidores usan el comercio ambulatorio como último eslabón de la cadena del mercado, y que la agricultura para la exportación emplea a trabajadores sin tierra de manera estacional. Considera que el sector no empresarial alberga un “ejército de reserva” que contribuye a mantener bajos los salarios del sector empresarial, facilitando la rotación de la mano de obra y debilitando el sindicalismo. El aporte principal de Fitzgerald consiste en tratar de ir más allá de la constatación del dualismo estructural, analizando su incidencia sobre el proceso de acumulación de capital. Dicho proceso de acumulación es definido como la extracción de excedente de la economía y su conversión en capital, mediante una serie de formas institucionales, en particular la propiedad privada de los medios de producción. Fitzgerald plantea que en le caso peruano, la extracción del excedente se produce principalmente de tres maneras (Fitzgerald, 1981): -De la renta diferencial proveniente de los recursos naturales exportados hacia los mercados metropolitanos (por ejemplo los minerales de alta ley); esta renta es captada en parte por los impuestos aplicados a las empresas extractivas y por los gastos locales de estas empresas; permite adquirir divisas para importar insumos industriales y bienes de capital. -De la explotación de la fuerza de trabajo dentro de las empresas capitalistas (el “sector empresarial”). El excedente proviene allí del “tiempo de trabajo disponible por encima del requerido para producir bienes salariales para los propios trabajadores”. -De la explotación del trabajo fuera de la empresa capitalista (el “sector no empresarial”); en este caso el excedente es captado de dos formas: 1. mediante intercambios desiguales en el mercado (por ejemplo a través de los bajos precios de los productos alimenticios). 2. mediante la captación de rentas por concepto de arrendamiento y otras obligaciones a los propietarios de la tierra27. Fitgerald evalúa la evolución de estas tres modalidades de acumulación durante el periodo 1956-78 en los siguientes términos: “… a medida que el sector empresarial se expandía y la industrialización avanzaba, la segunda fuente aumentó en relación a la primera, pero esta última, propia de la economía extractiva, predominó                                                                                                                         27

 A  estas  dos  formas  de  extracción    de  excedentes  del  sector  no-­‐empresarial,  planteamos  que  debe   añadirse  una  tercer;  la  que  se  deriva  de  la  subordinación  formal  de  la  pequeña  producción  artesanal  o   domiciliaria  y  de  los  subcontratistas  a  las  grandes  empresas  capitalistas.      

 

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Miércoles,  03  de  Abril  de  2013                                                                                                                                                Antología  Denis  Sulmont     ______________________________________________________________VII  Parte:  Enfoques  

tanto en el modelo ‘oligárquico’ como en el ‘capitalismo’ de Estado. La tercera fuente no tuvo gran importancia durante esos años; más bien, el abandono de la agricultura alimenticia y la extracción de excedente de este sector durante siglos hicieron necesario que parte del excedente generado en el sector empresarial se gastara en la importación de alimentos” (Fitzgerald, 1981). El estudio de los procesos de acumulación no se limita a señalar cómo es extraído el excedente y cómo se realiza a nivel externo e interno, sino que también incluye a quien lo controla. Fitzgerald distingue tres agentes principales, el capital privado nacional, el capital extranjero y el capital estatal. Su hipótesis es que el problema de los reajustes en la correlación de fuerza entre estos agentes, constituye el aspecto principal del debate nacional en el periodo analizado, que deja en un segundo plano el conflicto entre capital y trabajo. “… la cuestión central en la economía política peruana no es el conflicto entre capital y trabajo sino la lucha por el control del proceso de extracción, movilización y distribución del excedente entre los tres “capitales” implicados –nacional, extranjero y estatal-, lucha que por momentos parecía dominada más por las reglas de Venus que por las de Marte”. (Fitzgerald, 1981:195) Fitzgerald reconoce, sin embargo que “el conflicto capital-trabajo recorre en su base la historia de Perú”; pero no ahonda el punto; no dedica mayor atención a las relaciones de producción. De allí que la situación de los trabajadores queda difusa. Tampoco el estudio aborda el análisis de las clases sociales en términos de agentes sociales.

3.4 Heterogeneidad estructural y alternativa de desarrollo (Iguiñiz) Consideramos que los aportes en la línea de los trabajos de Webb, Figueroa y Fitzgerald ofrecen una base para interpretar los campos de acción de las diferentes clases sociales ubicadas en el contexto estructural de la economía nacional e internacional. Para ello, es necesario superar el análisis estático sectorial y entrar en un análisis más dinámico de las relaciones entre actores sociales. Una contribución en este sentido se encuentra en los trabajos de Javier Iguiñiz. El planteamiento de Iguiñiz está sintetizado en un ensayo titulado “Los peruanos y sus alternativas de desarrollo” publicado en un libro colectivo, editado por la Universidad Del Pacífico: “Perú Promesa” (Pacheco, editor, 1988). El punto de partida de su análisis es la curva del valor agregado a la cual no referimos antes. Recordemos que en el gráfico correspondiente se  

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distingue tres sectores: el sector de empresas de alta productividad (I), el de mediana productividad (II) y el de subsistencia (III); también se distingue entre el área de ganancias de las empresas (A), el área de los salarios (B) y el área de los independientes (C). Las alternativas de desarrollo son diferentes según la prioridad asignada a cada uno del los sectores y áreas señaladas. Iguiñiz señala tres alternativas básicas: - La primera consiste en priorizar la expansión del sector de alta productividad (sector I); ello supone en particular, dinamizar la producción extractivoexportadora y las empresas de mayor composición orgánica de capital. Requiere fomentar la mayor inversión extranjera. Socialmente, tal alternativa tiende a favorecer las fracciones internacionalizadas del gran capital, aunque Iguiñiz no lo menciona explícitamente, el Estado ya tiene una participación muy significativa en este sector y podría ser el agente principal de captación y reasignación de excedentes provenientes del mismo. - La segunda se centra en el sector intermedio que comprende sobre todo las empresas manufactureras (sector II). Esta alternativa tiene a su vez variantes; fomentar la producción industrial para las exportaciones o para el mercado interno. Esta segunda variante significa una mayor articulación de la estructura productiva nacional y de la demanda. Iguiñiz la considera la más viable28. - La tercera consiste en elevar la productividad en el sector menos capitalizado y productivo (sector III). Allí se abren también diferentes opciones, según el acento puesto en el componente rural o el componente urbano de este sector, y las posibilidades de cada cual de retener o absorber la mano de obra excedente. Las principales opciones en este sentido serían las siguientes: a. priorizar la economía campesina, elevando la productividad rural andina y de este modo reducir la pobreza en el campo, la presión migratoria hacia la ciudad y el sub-empleo urbano; presuponiendo que la economía urbana no pueda absorber la mano de obra migrante29; b. elevar la productividad agraria, expulsando fuerza de trabajo excedente, es decir acelerando la migración del campo a la ciudad bajo el supuesto que las actividades urbano-industriales podrán absorberlos; c. estimular la productividad y la organización empresarial de las actividades informales urbanas. Esta última opción es la que sustentan, desde diferentes ángulos políticos, el Instituto Libertad y Democracia y el PREALC. El primero propiciando el levantamiento de barreras legales y la libre competencia, y el segundo apuntando a una acción promotora del Estado.                                                                                                                         28

 Señala  al  respecto:  “La  evaluación  de  base  es  que  la  potencialidad    exportadora  de  la  industria  no  es   tan   grande   como   supone   el   planteamiento   anterior.   Sub-­‐grupos   de   empresarios,   muchos   de   ellos   pequeños   y   medianos,   están   a   la   expectativa   de   nuevas   oportunidades   de   articulación   productiva   interna   para   aplicar   su   ingenio.   Las   visiones   negativas   de   la   interacción     internacional   de   la   economía,   presentes  en  muchos  sectores  medios,  convierte  a  estos  en  un  respaldo  social  a  esta  alternativa.   29  Una  versión  radical  de  esta  opción  constituye  la  “vía  campesina”  de  desarrollo.  

 

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Iguiñiz concluye que estas tres alternativas y sus variantes no son excluyentes en la práctica, aunque ciertamente indican distintas prioridades entre las cuales es necesario optar; muestra cómo cada alternativa responde a intereses diferenciados. “En la primera, el capital extranjero resulta un componente fundamental; en la segunda, es la empresa capitalista pública o privada, pero sobre todo nacional, la que lideraría el proceso de desarrollo y; en la tercera, la comunidad campesina y el pequeño productor rural y urbano constituyen los sujetos económicos por potenciar”. Prácticamente todas esas combinaciones de alternativas existentes se basan en el uso de los excedentes del sector I (especialmente el sector exportador como proveedor de divisas). Por ejemplo, para impulsar el sector II, de acuerdo a una estrategia que priorice el crecimiento industrial o para impulsar a la vez el sector II y III, tratando de compatibilizar la reactivación industrial y el desarrollo de la economía campesina (política intentada por Alan García en 1985-86) o para impulsar el sector III (especialmente la economía campesina), desincentivando la producción urbano-industrial. Sin embargo, el análisis de Iguiñiz no se detiene allí. Relaciona lo anterior con el problema de la distribución de ingreso. Este problema, lo enfoca como parte de una correlación de fuerzas entre sectores sociales definidos a la vez por sus relaciones de clases, y su ubicación estructural dentro del esquema de la heterogeneidad productiva. El problema consiste entonces en que cada sector social busca ampliar los espacios del valor agregado al cual pueda acceder. En el caso de los sectores populares, Iguiñiz muestra que el conjunto de sus demandas sustentadas en una creciente capacidad de organización y movilización, constituye una especie de “pliego de reclamos nacional-popular”. De acuerdo a la terminología indicada, dicho pliego apunta a ampliar la suma del espacio correspondiente a los salarios y el de los ingresos de los independientes (B+C), a costa fundamentalmente del espacio de la ganancia de las empresas (A). En esta pugna de espacios, los sectores populares y en particular los asalariados, han perdido terreno durante las últimas dos décadas. Las ganancias del capital (A) se han incrementado sustancialmente (de 25% a 40% del Ingreso Nacional). Las remuneraciones (B) al contrario, han decrecido (de 50% a 35%); el ingreso de los independientes (C) se ha mantenido relativamente estable, entre el 20 y 25%30. La política recesiva e inflacionaria ha resultado fundamentalmente anti-salarial (“anti-B”), al igual que la que                                                                                                                         30

 Cifras  redondeadas,  correspondientes  a  1967-­‐87.    

 

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pretende fomentar la productividad y los ingresos de los independientes, a partir del crecimiento de las ganancias de las empresas (“A+C”). Esta fórmula, Iguiñiz la denomina “populismo anti-salarial”, similar a la sustentada inicialmente por Alan García a partir de la teoría de la pirámide. Lo valioso de este tipo de análisis, además de su carácter integral y sintético; es que permite explorar y precisar las diferentes alternativas posibles de políticas de distribución en relación a las alternativas de desarrollo nacional. Ello resulta particularmente importante para ubicar el movimiento laboral en el contexto de un proyecto nacional. Sin embargo el ensayo comentado no explicita el papel de los trabajadores asalariados en la definición y articulación de las alternativas mencionadas. Su papel no se reduce al de levantar un pliego en el terreno de la redistribución. Consideramos más bien que los trabajadores asalariados se ubican en un lugar de “bisagra” entre el terreno de la producción y de la distribución, al igual que entre los sectores más rezagados y modernos de la economía. Esta tesis, lejos de oponerse al esquema de interpretación propuesto, lo enriquece. Cabe precisar que Iguiñiz es el responsable del Plan de Gobierno de Izquierda Unida. Sus planteamientos forman parte de un debate político nacional que atañe a las organizaciones populares en el que está en cuestión la perspectiva de participar en una alternativa de gobierno y poder. Dichos planteamientos por ejemplo, han sido expuestos y discutidos por los representantes del movimiento sindical en ocasión de la II Conferencia Nacional de Trabajadores realizada en 1987, alrededor del tema “Por un proyecto nacional y popular”. En esta ocasión Iguiñiz, luego de analizar la incidencia de la crisis mundial y nacional sobre la situación estructural de la clase obrera, enfatizó el papel de los asalariados en los siguientes términos: “Desde un punto de vista popular y nacionalista, la defensa de la economía nacional en el actual contexto de crisis tiene por objetivo y prioridad absoluta, garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de todo el pueblo por medio de la participación democrática en todas las instancias de responsabilidad y de decisión que sean necesarias. (…) la actual crisis no tiene salida nacional y popular si la alternativa se concentra exclusivamente en la redistribución, sea de propiedad o de ingreso, sin alterar el curso tradicional de abandono de las fuerzas productivas como ha ocurrido en los treinta años pasados. (…). La clase obrera no puede esperar en su lucha por el pan diario, pero si no toma en cuenta y bajo su responsabilidad la tarea de la moralidad, de la racionalización de la organización productiva y de la  

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productividad técnica, no podrá salir airosa de la crisis actual y quedará definitivamente sometida al poder autoritario de la clase social que se haga cargo de esos problemas. De ser así, detrás del máximo radicalismo sindical la lucha por el salario, se estará entregando la sabiduría y la cultura que vienen del dominio de las fuerzas productivas a la clase empresarial capitalista y las burocracias públicas” (reproducido en CGTP, CONADET, 1987:28). .

 

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