Irregularidades en sistema alimentario escolar

Irregularidades en sistema alimentario escolar

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La Defensoría del Pueblo denunció recientemente que en las localidades de Atlántico y Bolívar se estarían proveyendo, a las escuelas públicas que subvenciona el Estado, alimentos no aptos para el consumo, en mal estado de conservación, con raciones muy pequeñas y en condiciones de falta de higiene e infraestructura.
Al verificar estas inadecuaciones, la ministra Gina Parody decidió no continuar con dos de los contratos encargados de estos suministros. Su intención es modificar el sistema, que hoy se encuentra disperso, implementar nuevas reglas en las que las regiones también destinen recursos; y, con un plan unificado, lograr asegurar más y mejor comida para todos nuestros niños.

Contratos revocados
Los contratos revocados corresponden a las empresas "Fundación Kabala" y a la "Unión Temporaria Alimentaria". Esta última está formada por la ONG Fundaenlace y por la Cooperativa de Servicios Generales de la Heroica (Cooseheroica).
El contrato de la "Fundación Kabala" asciende a la suma de 14.893 millones de pesos. Fue suscripto el 24 de Diciembre de 2014 por el viceministro Luis Enrique García y la representante legal de la institución, María Angélica Araujo Noguera, que fuera contratista del ICBF y encabeza otros contratos con la misma finalidad alimentaria.
Kabala también forma parte del Consorcio "Nutriendo Escolares" de la Guajira. Este tiene a su cargo la provisión de alimentos para 195.000 estudiantes en los 11 municipios. En estos lugares, Defensoría verificó que la provisión se lleva a cabo en forma deficiente y con utensilios e infraestructura en incorrecto estado de higiene.
El contrato de Alimentar asciende a la suma de 12.871 millones de pesos, y fue suscripto por el mismo Ministro García y por Alejandro Hernández, en el mes de febrero de este año. Consistía en proveer complementos alimentarios a los escolares de Atlántico hasta el 31 de agosto.
El control del cumplimiento de estos contratos estaba a cargo de Martha Elena Herrera Cifuentes, subdirectora de Permanencia del Ministerio de Educación, quien debía velar por el cumplimiento de las obligaciones de las partes y por todo lo referente a plazos, lugar, cantidad, calidad, planes, proyectos, acciones, etc..
El viceministro García aseguró que la subdirectora Herrera Cifuentes alertó sobre las irregularidades del cumplimiento de los contratos, y en base a su accionar se hicieron los seguimientos pertinentes que desembocaron en la suspensión de los mismos.

Procedimientos de inspección
En procedimientos de inspección efectuados en distintas escuelas de Puerto Colombia (Atlántico), y en compañía del Contralor General Edgardo Maya Villazón, se verificaron graves faltas en cuanto a calidad y cantidad de comida, siendo ésta escasa, presentada en mal estado , con falta de higiene y de personal adecuado.
La Ministra exhortó a alcaldes y gobernadores de varias regiones para que investiguen otras denuncias. Algunas son la alcaldía de Ciénaga y Santa Marta (Magdalena), Uribia (La Guajira), Lorica y Sahagún (Córdoba), y departamentos como La guajira, Córdoba y Magdalena.
Ante esta situación, el contralor Maya exigió al gobierno que declare una emergencia alimentaria escolar y que el Ministerio de Educación dirija y maneje en forma directa este programa. Los escolares no pueden transformarse en víctimas en vez de beneficiarios.
Denunció, además, que algunos de los contratantes son designados "a dedo", por lo que Maya solicitó responsabilizar a alcaldes, gobernadores, y a todas las autoridades del PAE.
Procuraduría está indagando a funcionarios involucrados en varios casos de los que ha tomado conocimiento y que corresponden a los departamentos de Bucaramanga (Santander), Rionegro (Antioquía), Magangué (Bolivia), Sabanalarga (Atlántico) y algunas otras zonas.
Próximamente a corto plazo se darán a conocer las personas sancionadas disciplinariamente por el incumplimiento de sus responsabilidades en esta materia.
El viceministro de Educación, Luis Enrique García, delimitó su responsabilidad afirmando que fue su cartera quien investigó los incumplimientos, alertó sobre las irregularidades e hizo el requerimiento respectivo a los contratistas, ejerciendo de esta manera el control que le corresponde y que con las pruebas aportadas por los supervisores y otros datos que obran en su poder, brevemente trasladarán los hechos a las autoridades correspondientes.
Afirmó además que fue él quien ordenó la creación del banco de oferentes, y que las autoridades territoriales muchas veces son las que efectúan las contrataciones. Manifestó que por primera vez en 30 años el Ministerio ha tomado a su cargo el control del sistema alimentario escolar, y están programados cambios estructurales que próximamente serán anunciados.
Fue anunciado también por el viceministro de Educación el retiro del contratista Fungescol en Chocó .Esta decisión fue ya comunicada por la Gobernación, pues se había comprobado la provisión de alimentos descompuestos a los niños en un contrato de 4.800 millones de pesos.
Los responsables de la empresa ya habían anunciado su retiro del programa. Su caso está en Fiscalía General, y los argumentos de la defensa son que los establecimientos no poseen las instalaciones adecuadas para garantizar la buena conservación de las viandas.
Otras empresas investigadas son Wilman Henry Bonilla Acosta y Hernán Calle Corrales, quienes operan un conocido hotel spa en Arboletes (Antioquía).
Se han detectado anomalías en otros once departamentos que están siendo investigados por Procuraduría, en dieciséis procedimientos con pruebas de incumplimiento de los contratos. Se están revisando otros casos, y se están preparando sanciones contra los funcionarios intervinientes.
Se ha detectado un caso de favoritismo en Pasto (Nariño), donde la contratación se adjudicó en forma directa, y se han tomado denuncias contra alcaldes y funcionarios de Sabanalarga (Atlántico), Rionegro (Antioquía), Popayán (Cauca), Magangué (Bolívar), Valledupar (Cesar), Cajicá, Tabio, Nemocón, Sesquillé (Cundinamarca), Cúcuta (Norte de Santander), El Guacamayo (Santander), Ibagué (Tolima) y Bucaramanga.
Otras irregularidades encontradas son la supuesta triangulación de los contratos y los sobrecostos exigidos, denuncias estas que recaen específicamente en el caso de Bucaramanga, donde la Contraloría Municipal ya había detectado irregularidades.