Revista TEMAS Nro. 37

TEMA’S Revista Digital de Criminología y Seguridad Junio de 2016

DESTACADOS Relación entre adicciones, delito y pobreza. Seguridad Vial: Nuevas señales de tránsito para la modernidad. Revisión de los postulados de Emilio Durkheim en relación con la explicación de la Criminalidad y la Política Criminal. Documento: Los modelos de gestión policial y la situación en la Provincia de Mendoza. ADEMÁS NOTICIAS UNIVERSITARIAS EVENTOS Y NOVEDADES

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Año V Nro. 37 ISSN 2314-1166

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STAFF Director Editorial: Lic. Osvaldo A. Cuello Videla. Comité Editorial: Lic. Osvaldo A. Cuello Videla. Lic. Carlos Daniel Puiggrós. Comité Académico: Dr. Alberto Montbrun. Mag. Daniel Venturini. Mag. Marcelo Fuentes Pérez. Dra. Patricia Andrea Taus. Dra. Susana P. García Roversi. Dr. José Luis Alba Robles. Dr. Wael Sarwat Hikal C. Lic. Juan A. Carreras Espallardo. Dr. Juan José Martínez Bolaños. Lic. Mario E. Murrieta. Dr. Agustín Salgado García. Dr. Juan A. Maruri Jiménez

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CRIMINOLOGÍA Y SEGURIDAD

SUMARIO Revista Digital de Criminología y Seguridad TEMA’S Febrero de 2016

Criminología

06 Relación entre adicciones, delito y pobreza. 26

Revisión de los postulados de Emilio Durkheim en relación con la explicación de la Criminalidad y la Política Criminal.

AÑO V NRO. 37

Seguridad Vial

18 Seguridad Vial: Nuevas señales de tránsito para la modernidad.

DOCUMENTO:

56 Los modelos de gestión policial y la situación en la Provincia de Mendoza. Una revisión ´histórica y actual de la realidad.

Secciones

82 Eventos y Novedades 102 Noticias Universitarias.

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Emanuel Sebastian Espeso (Argentina)

Grado Universitario en Criminología (Facultad de Derecho - Universidad del País Vasco, San Sebastián – España). Estudiante de intercambio Erasmus en la Universidad Eberhard Karls Universität Tübingen Baden Württemberg – Alemania. Ponente y organizador de “Seminarios de criminología. Desmitificación de la tríada pobreza-adiccionesdelincuencia”, Centro Huella Paraná – Ministerio de

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RIMINOLOGÍA Y SEGURIDAD

RELACIÓN ENTRE ADICCIONES, DELITO Y POBREZA Desmitificación de la tríada desde una mirada criminológica

Introducción Las adicciones generan factores de riesgo a nivel personal, familiar y social. Las consecuencias físicas, psíquicas y emocionales que producen las adicciones son progresivas y pueden llegar a la pérdida del dominio de las propias decisiones, influyendo en el estilo de vida y generando inclusive problemas con la ley. Por ello, la relación entre adicciones y delitos tiene relevancia para la Criminología.

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Características fundamentales de su método: • Empirismo e interdisciplinariedad • Anticipación: análisis del delito, el

Conceptos ¿Qué es la Criminología? Se define como una “ciencia empírica e interdisciplinaria, que se ocupa del estudio del crimen, de la persona del infractor, la víctima y el control social del comportamiento delictivo, tratando de suministrar una información válida, contrastada, sobre la génesis, dinámica y variables principales del crimen (contemplado éste como problema individual y como problema social), así como sobre los programas de prevención eficaz del mismo, las técnicas de intervención positiva en el hombre delincuente y los diversos modelos o sistemas de respuesta al delito”. (GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, A. 1999 pág. 43 y ss.). 8

delincuente, la víctima y el control social • Objetivos: explicar y prevenir el cri-

men, intervenir en la persona del infractor y víctima y evaluar los diferentes modelos de respuesta al crimen. La Criminología de las conductas adictivas centra su estudio en el consumo problemático y repetido de sustancias y los comportamiento que se derivan de dicho abuso, teniendo en cuenta principalmente la relación entre delincuencia y drogas. Conjunta-

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mente, evalúa las causas que influyen en los sujetos y provocan dicho consumo, y cómo el consumo estimula dichas conductas antisociales. (HIKAL, W. 1990) pág. 289). Desde una perspectiva normativa, el Delito es la conducta (comportamiento humano, acción u omisión) típica (tipificada, descripta normativamente), antijurídica (contraria a la norma), culpable (que pueda imputarse a quien lo realizó) y punible (con sanción penal). Ej.: no hay culpabilidad sin antijuricidad aunque si hay antijuricidad sin culpabilidad (enajenación mental). Dentro de las variables de perspectiva, también se puede considerar delito a “la lesión de los sentimientos altruistas fundamentales de piedad y probidad en la medida media en que son poseídos por la comunidad y en la medida media en que son indispensables para la adaptación del individuo en sociedad”. Este es el concepto que desde la sociología ha adoptado Raffaele Garófalo y más tarde algunos sociólogos. (ver: Wikipedia – Rafael Garófalo).

¿Por qué se da esta relación? Aunque no existe una relación directa (aunque posible) entre consumo de drogas y comisión de delitos, varios estudios concluyen que muchas personas sumergidas en una subcultura delictiva presenten un mayor riesgo de tener problemas de adicciones (por el uso de drogas como estimulante para ejecutar los hechos, por ejemplo), así como aquellos sujetos que tengan problemas con las drogas presenten un mayor riesgo de acabar participando en la comisión de delitos (para obtener los medios de adquisición de las mismas). Desde una perspectiva tradicional, dicha relación se observa y construye por afirmaciones tales como: •

La delincuencia lleva al consumo de drogas

•

Consumo de drogas llevan a la comisión de delitos

•

Drogas y delincuencia están relacionadas simultáneamente

•

Drogas y delitos tienen diferentes variables pero comparten la misma causa

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Esta es comúnmente la percepción social general.

efectos indeseables de la reiterada (robos con fuerza en las cosas). • Delincuencia relacional: actividades de-

¿Cuáles son las posibles causas de la percepción de esta relación? Respuesta a una clásica definición de “droga”: aquella sustancia química que altera el estado de ánimo, la percepción o el conocimiento, siendo la alteración consiguiente del comportamiento la que puede llevar a la violación de la ley. Lo característico de las drogas es su carácter “habituador”, productor de adicción. Esto conlleva a la necesidad de disponer de los medios para acceder a la sustancia, resultando la conducta delictiva de una motivación lucrativa. Para comprender la incidencia de las drogas en los conflictos con la ley, se plantea una breve clasificación basada en una triple tipología clásica: • Delincuencia inducida: su origen es la in-

toxicación producida por la toma de sustancias y la delincuencia dependerá de los efectos que la sustancia tenga sobre el organismo (euforia, excitación, etc.). • Delincuencia funcional: realizada por un

drogodependiente con el fin de procurarse la sustancia que necesita y evitar los 10

lictivas que se producen en torno al consumo de drogas y son facilitadoras de dicho consumo (cultivo, tráfico). (OTERO, J.M. 1997). Esta distinción puede ser válida para poder actuar sobre la causa del problema delictivo. Estas relaciones, que podemos llamar negativas, inciden en la denominada estigmatización o etiquetamiento, que se concibe como un fenómeno social en el cual se rechazan o censuran algunos hechos que se consideran contrarios a los patrones establecidos y que provocan un malestar social. Esto conlleva un tratamiento especial hacia los sujetos, separándolos y marginándolos del grupo. (En: www.saber.ula.ve) Este fenómeno es un proceso conformado por dos elementos: 1. la reacción que produce en la sociedad la transgresión de la regla de conducta, y; 2. la situación que vive el sujeto en razón de su nueva colocación dentro de la sociedad como consecuencia de la reacción social. El segundo elemento conlleva conse-

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cuencias para el individuo, especialmente la situación de alienación a que es sometido. La estigmatización es por lo tanto, un fenómeno alienante.

Posibles motivos de la estigmatización En base a los estudios del sociólogo francés Loïc Wacquant, se institucionaliza la penalización del pobre y el adicto, en parte porque es una estrategia política para hacer invisibles estos problemas sociales. (WACQUANT, L. 2006). El pobre y el adicto son sujetos invisibles para una parte de la sociedad, no hacen reclamos a la comunidad y desaparecen de la escena pública. Al desaparecer de la escena pública, no están más ahí. A su vez, la pobreza y las adicciones se concentran generalmente en áreas estigmatizadas, más identificada con barrios en particular a los que se considera

“conflictivos”; donde existe precariedad, concentración de violencia y delitos, degradación de la vivienda, de la infraestructura, etc. En algunas áreas es solamente una percepción, pero generalmente son barrios estigmatizados. A la pobreza y precariedad económica, se le suma la estigmatización territorial. En las áreas estigmatizadas, los individuos no se sienten identificados con el espacio, no se genera sentimientos de pertenencia y los sujetos para evitar el estigma, se lo pasan unos a otros; creando desconfianza social, falta de solidaridad, etc., lo que permite la criminalidad. La percepción social de las drogas se vincula con estereotipos, como “drogasdelincuencia” o “drogas-inseguridad ciudadana”. En el sistema de la droga, la reacción social criminalizadora y marginalizadora produce por sí misma la realidad que la legitima.

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Se conforma así una “tríada” que se castiga: adicciones – pobreza - delincuencia.

to determinará la forma en que la sociedad responda a la delincuencia relacionada con la droga.

Del mito a la realidad

La afirmación “quienes delinquen tienen problemas de adicciones” es un ejercicio simplificador que no puede tener en cuenta la verdadera complejidad del nexo entre consumo problemático de sustancias y delitos.

Son varios los factores y condiciones que llevan a las personas que delinquen y a los consumidores de drogas optar por diferentes vías, cada una de las cuales puede (o no) reflejar un vínculo específico entre drogas y delitos. Por dicho motivo, las respuestas a la delincuencia relacionada con las drogas tienen que ser complejas, diferenciadas y bien enfocadas. La determinación de la relación entre drogas y delitos tiene implicaciones en la política pública, puesto que su conocimien-

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Deberían plantearse metodologías de estudio específicas que sirvan para estimar la delincuencia relacionada con las adicciones, que ayudaran a mejorar la evaluación del efecto de las intervenciones y medidas dirigidas a combatir los delitos correspondientes, tanto en lo que respecta a la reducción de la demanda de drogas (tratamiento, re-

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ducción de daños) como a la prevención/ reducción de los delitos (prevención de la delincuencia circunstancial, alternativas al encarcelamiento, prevención de la delincuencia social). Esto conllevaría a una posible visión pública y social más acorde a la realidad que ataña a dicha relación. En algunas ocasiones, las adicciones pueden conllevar la comisión de delitos o actos antisociales, lo que plantea el tipo de intervención más eficaz frente a estas conductas. Las dependencias de diferente naturaleza, tienen componentes comunes que son los que habrá que tratar, y algunos elementos, como la motivación para el tratamiento o la adherencia siempre son importantes. Los aspectos comunes abarcan tanto la motivación para el tratamiento, como la elección del objetivo terapéutico y la selección de las técnicas de intervención. El tratamiento hasta la reintegración plena y duradera puede ser largo y no es un proceso lineal. El tratamiento de deshabituación se configura como una herramienta para la reintegración social del sujeto y supone igualmente la cesación de las conductas antisociales que hubieran podido observarse

(Subijana, 2005). En caso que la adicción sea la que ha desencadenado la comisión de la conducta delictiva, lo indicado será proceder sobre la causa (las causas) y la respuesta deberá venir desde el tratamiento de la dependencia, más que desde una perspectiva punitiva (penal). Una vía de intervención es el tratamiento de deshabituación, que junto con uno de los fines de las instituciones penales como es la resocialización, sería una vía que permita recuperar socialmente al delincuente evitando al mismo tiempo la reincidencia. El tratamiento tendría además efectos preventivos. Para ello, se debería hacer un replanteo jurídico-penal, que ofrezca opciones que faciliten dicha resocialización como la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad, aplicación de medidas de seguridad, atenuación, etc.; para aquellos sujetos que cumplan con un tratamiento.

Aportes desde la Criminología • Completar y enriquecer el enfoque nor-

mativo del delito con un análisis empírico interdisciplinario.

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• Indagar sobre la génesis y etiología del

delito, como hecho individual, problemática comunitaria y acción resultante de combinación multifactorial. • Generar estrategias y programas eficaces

para la prevención (con el menor coste social). • Evaluar

científicamente la eficiencia/ calidad de los sistemas legales de reacción y respuesta al delito.

• Ejercer una acción resocializadora para

las partes involucradas en hechos delictivos. • Sensibilizar e informar a la población

(utilizando los medios de comunicación masivos, las TIC, etc.). Entendiéndose la salud psicosocial como un concepto multidimensional compuesto por factores que hacen referencia a la capacidad de adaptación, la madurez intelectual, emocional y conductual, la superación de problemas y frustraciones, la identidad individual y social, o el control de los impulsos (Asociación Pro-Salud Psicosocial, 2012); no debemos olvidar que las personas que tienen problemas con la ley, pueden llegar a tener problemas de salud psicosocial; producto del contexto carcelario, la reclusión y la sociedad en sí misma, más allá de las adicciones. Son muchas las matizaciones que se deben hacer para atender objetivamente la problemática descripta. Los términos “delincuente”, “violento”, etc., son palabras que desencadenan una intensa emocionalidad y designan una realidad ante la cual, generalmente, pocos se distancian y realizan una reflexión. Es nuestro trabajo actuar pronto y efectivamente para realizar este cambio.

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“No tiene sentido examinar la relación droga-delincuencia desde planteamientos causa-efecto, ya que son otras variables (familiar, grupales y personales), las que explican ambos fenómenos y por tanto, ´responsables´ de la relación. El fenómeno de las drogas no se puede comprender sin tener en cuanto los conflictos escolares, desestructuración familiar, dificultades o no de acceso al empleo, otras adicciones, etc.; es decir, las situaciones de vulnerabilidad y/o exclusión social que viven cada vez más personas y grupos de nuestra sociedad” (párrafo extraído de una conferencia del psicólogo y profesor de la Universidad de Santiago de Compostela (España), Juan Manuel Otero).

Bibliografía GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, A. (2013). Criminología. Una introducción a sus fundamentos teóricos. Valencia: Tirant lo Blanch. GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, A. (1999). Tratado de Criminología. Valencia: Tirant lo Blanch. HIKAL, W. (1990). Introducción al estudio de la Criminología, 2º Edición. México: Editorial Porrúa. OTERO, J.M. (1997). Drogas y Delincuencia: un acercamiento a la realidad. Madrid: Ed. Pirámide. SUBIJANA ZUNZUNEGUI, I.J. (2005). El juez en la ejecución de las penas privativas de libertad. Revista electrónica de ciencia penal y criminología. WACQUANT, L. (2006). Castigar a los parias urbanos.Antípoda nº 2. California. Tomado de: http://criminet.ugr.es/recpc/07/recpc07-11.pdf http://www.saber.ula.ve/ bitstream/123456789/31696/1/ estigmatizacion_alienacion.pdf https://es.wikipedia.org/wiki/Raffaele_Garofalo

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SEGURIDAD VIAL Nuevas señales de Tránsito para la modernidad

Carlos Daniel Puiggrós (Argentina)

Licenciado en Criminalística (Universidad del Aconcagua) Docente (JTP) de la cátedra de Deontología en la Licenciatura en Criminalística (UDA) Diplomado en Investigación de Homicidios. Diplomado en Docencia Universitaria. Técnico Universitario en Accidentología Vial y en Documentología (UDA). Técnico Químico. Es Director Titular del Gabinete Pericial Puiggrós & Cñía – Peritajes Criminalísticos. Investigador del CIUDA Consejo de Investigaciones de la Universidad del Aconcagua. Perito Judicial de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza.

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n la ciudad china de Chongquin, implementaron en un parque de atracciones, “sendas peatonales exclusivas para usuarios de teléfonos celulares”. De esta manera existe una senda para caminar sin el uso de celular y otra paralela para aquellos que lo quieran hacer usando su dispositivo móvil, bajo su propio riesgo, teniendo en cuenta la posibilidad de “choques” por no prestar atención a su entorno mientras se camina.

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Esta iniciativa estuvo inspirada en un experimento realizado por la National Geograhic Television en Washington D.C., EE.UU, que rápidamente quedo en desuso y fue tomada en serio por un grupo de chinos. La demarcación es de color blanca sobre el piso, divida con una doble

línea continua. En una de las sendas se aprecia la figura de un teléfono celular y en la otra el mismo teléfono pero dentro de un círculo con una línea oblicua que la cruza, al mismo tiempo debajo de cada uno de ellas, se lee su respectiva norma para evitar malos entendidos.

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En este caso particular, estamos en presencia de una nueva señal de tránsito informativa, una que tiene indicaciones especiales. Esta no solo es horizontal, ya que al inicio de las sendas, también la acompañan un cartel vertical de color azul y blanco, que reza la misma leyenda que la demarcación sobre el suelo, una medida para hacer llegar la información sin que al peatón se le pase por alto…

A su vez, una investigación del Instituto Pew Research del 2012, indicó que el 23% de las personas que usan celulares se han golpeado contra algo por estar enfocados en la pantalla del teléfono en vez de en su camino. Más llamativo aún es que 50% de estos usuarios afirmaron haber sido empujados por otras personas que estaban distraídas con sus celulares.

La distracción provocada por el celular al caminar por la vía pública no es un tema menor. Una investigación de la Universidad de Queensland publicada en la revista científica Plos One comprobó que escribir mensajes al caminar hace que el paso sea más lento y torcido. Además, un tercio de los 26 jóvenes “sanos” entrevistados dijeron haber sufrido algún tipo de accidente por mantener su vista en el teléfono móvil y no prestar atención a su entorno.

El problema de caminar y usar el teléfono al mismo tiempo es todavía más grave cuando los peatones van a cruzar la calle. En torno a ello, en la cosmopolita ciudad de Estocolmo, capital de Suecia, recientemente han oficializado una nueva señal vertical para el tránsito en la vía pública, esta fue denominada “Cuidado, peatones usando celular”. Esta iniciativa, fue en realidad llevada a cabo por dos jóvenes publi-

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fue embestido por un automovilista mientras caminaba por las calles de Estocolmo usando su teléfono móvil. Luego de aquel incidente que lo involucró junto con un vehículo, se reunió con su colega y amigo Emil y juntos diseñaron y colocaron en distintos puntos de la ciudad sus “carteles caseros”. Al principio, estas señales llamaron poderosamente la atención de los transeúntes, quienes compartían jocosamente fotos de estos nuevos carteles. Cuando las autoridades locales tomaron conocimiento, procedieron rápidamente a retirar toda aquella cartelería de la vía pública, por considerarla no oficial, es decir ilegal. cistas llamados Jacob Sempler y Emil Tiisman. Todo surgió cuando Jacob, quien se reconoce como adicto a su teléfono celular, casi

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Tiempo después y al haber notado el impacto que causaron aquellas señales y la prevención que provocaba en los usuarios de la vía pública, decidieron oficializarla, es decir, incluirla como señal vertical preventi-

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lo son de color rojo, blanco y negro, paralelamente las informativas son de color verde o azul y blancas. En cuanto al formato, por lo general las señales verticales preventivas son triangulares, las reglamentarias circulares y las informativas rectangulares.

va en las normas de tránsito locales, para luego colocarlas en todas aquellas zonas que lo así ameritaban, como son aquellos lugares donde comienzan los paseos peatonales.

Estas iniciativas, por más risueñas que al principio parezcan, pretenden colaborar con la seguridad vial, teniendo como principales objetivos ordenar y prevenir accidentes en la vía pública, pero lo más novedoso es que consideran la realidad actual en la que vivimos, esa realidad es que los dispositivos tecnológicos móviles llegaron para quedarse y que lamentablemente se apoderan de nuestra atención, aún en situaciones que pueden ser peligrosas, como es el uso de celulares en la vía pública.

El cartel, es de forma triangular, con sus bordes rojos, interior blanco y el motivo principal en color negro, graficando en su interior dos personas caminando con sus ojos enfocados en su teléfono celular. Claramente estamos en presencia de una nueva señal vertical de tránsito preventiva, más precisamente una que advierte la posibilidad de un riesgo eventual, así como son aquellos carteles que indican la presencia de escolares, niños jugando, ciclistas, jinetes o animales sueltos. Cabe destacar que en Argentina, generalmente las señales verticales preventivas son de color amarillo y negras, mientras tanto las señales verticales reglamentarias

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TEMA’S Pretende fomentar el debate científico, y el intercambio de ideas mediante la difusión de resultados de investigaciones, por lo tanto está abierta a las aportaciones de sus lectores para la publicación de artículos que recojan informes de investigación, ensayos teóricos o experiencias profesionales. Cada edición de TEMA’S contiene entrevistas, información, noticias universitarias, artículos académicos, resúmenes y conclusiones de investigaciones y tesinas, monografías, extractos y capítulos de libros y mucho más, elaborados y escritos por especialistas de las Ciencias Forenses, y por eso brinda una perspectiva ideal para dar a conocer sus trabajos y promocionarse entre un público más amplio que el de las revistas científicas.

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REVISIÓN DE LOS POSTULADOS DE EMILIO DURKHEIM EN RELACIÓN CON LA EXPLICACIÓN DE LA CRIMINALIDAD Y LA POLÍTICA CRIMINAL Wael S. Hikal Carreón (México)

Es Licenciado en Criminología con acentuación en prevención del delito e investigación criminológica de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, México. Maestría en Trabajo Social con orientación en proyectos sociales con la tesis Proyecto reforma a las escuelas de Criminología y Criminalística en México. Becario Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología por la Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano de la misma Universidad. Ha dictado innumerables conferencias y es docente universitario en temas afines. Su interés en la investigación se centró hacia la vertiente científica, filosófica, psicológica, etiológica y preventiva. Director de la Revista Científica Archivos de Criminología, Criminalística y Seguridad Privada Director de Wikipedia Criminológica. La enciclopedia de Criminología y Criminalística. Miembro del Comité Académico de Revista Digital de Criminología y Seguridad TEMA’S. También es autor de destacados libros especializados.

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Resumen El presente expone una breve revisión teórica sobre los postulados principales del sociólogo francés: Emilio Durkheim. A pesar de la antigüedad de estos, como muchos otros tratadistas, siguen siendo vigentes ante el contexto actual, por ello, se hace además, la exposición general de situaciones que se viven en México como determinantes de la violencia y delincuencia. Finalmente, de los mismos postulados, se proponen razonamientos que pueden dar fundamento a la política pública laboral y preventiva. Palabras clave: Desigualdad, Prevención del crimen, Sociedad, Solidaridad. Summary This presents a brief theoretical review of the main tenets of the French sociologist Emile Durkheim. Despite the age of these, like many other writers, they are still valid in the current context, therefore, the overall exposure of situations that live in Mexico as determinants of violence and crime in addition ago. Finally, the same assumptions, reasoning that can substantiate the preventive work and public policy are proposed. Keywords: Inequality, Crime Prevention, Society, Solidarity. Recibido el: 18-05-2016

Publicado el: 01-06-2016

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TEMA’S

Émile Durkheim 1858—1917

explicaba la criminalidad de manera tradicional. Lombroso dio una ilusión de poder adivinar quién era delincuente y quién no, esto queda asentado en lo siguiente: Apuntó De Quirós que la primera referencia a Lombroso se encuentra en el diario de viaje de un joven periodista francés, Emilio Lavaleye quien escribe: “Me han presentado a un joven sabio desconocido llamado Doctor Lombroso, quien habla de ciertas características por las cuales podría reconocerse fácilmente al delincuente ¡Qué útil y cómodo descubrimiento para los jueces!” (Quirós, 1955, pp. 30 y 31).

Explicación social de la vida en general y de la criminalidad Señala que los fenómenos sociales, cualesquiera, no pueden explicarse vía psicológica o biológica, sino dentro del mismo ambiente social, por ello el desarrollo de una metodología de investigación social. Esto viene a contrariar las hipótesis psicoanalistas y antropológicas físicas con las que se

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Durkheim identifica que el delito es un fenómeno normal, porque ocurre en toda sociedad, sin que esta se vea libre de tal acontecimiento, las estadísticas no indican que haya países donde no ocurra el delito, ni localidades, entonces, al ser algo destacado y recurrente, pasa a ser normal en la cultura, es un proceso social que se observa, imita, aprende. Pero lo normal no significa sea bueno, también es normal la muerte, las enfermedades, el desempleo, más no indican ser

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parámetros de un sociedad en sano desarrollo. A su vez, el lado positivo del delito, es que las personas rectifican su conducta, notan el delito es señalado como malo, y sirve como rector de la conducta; es decir, no hacer tal o cual acto, pues incurre en un delito, que conlleva a una sanción y afectación a la víctima, familiares y sociedad, de ambas partes. Por otro lado, al considerar que toda explicación de los fenómenos debe partir de lo social, es el encasillamiento que se ha atribuido a que todas las actividades del ser humano concluyen en lo social, finalmente, la misma actividad mental, es una miscelánea entre lo que ocurre al interior, tomado de lo exterior y manifestado en el mismo exterior. Una esquizofrenia, un trastorno de la personalidad, por grave que sea, concluye en lo social y en las estructuras y organizaciones sociales: Hospitales, iglesias, familia, escuela. Apunta Gomezjarra: Para el conocimiento de la sociedad se exige datos exteriores a la mente, procedentes de observaciones y experimentos. Para ello Durkheim elabora una serie de reglas para la investigación social, convirtiéndose en uno de los primeros sociólogos preocupaos por los problemas metodológicos. Primera regla: para observar hechos sociales hay que eliminar radicalmente los prejuicios. Segunda regla: la materia de toda investigación sociológica debe comprender un grupo de fenómenos definidos de antemano por

ciertas características externas comunes. Tercera regla: el investigador debe considerar los hechos sociales como independientes de sus manifestaciones individuales. (2008, p. 32). Involucrado como el método sociológico, donde el investigador debe implicarse directamente con el fenómeno que estudia, aprovechando así su experiencia y conocimientos, para interpretar la situación, pero sin viciarse de su parte no profesional, sino ser objetivo. Según Orellana Wiarco, se destacan otras importancias en los postulados de Durkheim: a) La criminalidad es un fenómeno normal, porque deriva de la estructura misma de la sociedad, es un producto cultural. b) La criminalidad como producto normal de toda sociedad, evoluciona y se transforma, en la misma medida que lo hace la propia sociedad. c) El estudio de la criminalidad, solamente se podrá realizar, analizando la cultura que lo ha producido, en un tiempo y espacio determinado. (2007, pp. 170 y 171). Por su parte, González Vidaurri y Sánchez Sandoval, aportan: 1. La delincuencia es un fenómeno “normal”, no proviene de causas excepcionales, sino de la estructura misma de la cultura a la cual pertenece. 2. El delito es un hecho social connatural a toda sociedad sana.

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“No hay que decir que un acto ofende la conciencia común porque es criminal, sino que es criminal porque ofende la conciencia común.” Emile Durkheim.

3. Dado que la delincuencia es la resultante de las grandes corrientes colectivas de la sociedad, su existencia y sus relaciones con el conjunto de la estructura social presentan un carácter de permanencia. 4. El fenómeno criminal debe ser comprendido y analizado no en sí mismo, sino siempre con relación a otro, determinado en el tiempo y en el espacio. Por ello, el método mínimo para su conocimiento es el comparativo. 5. La desviación también puede ser portadora de innovaciones sociales; y esto ocurre sólo si permanece como un hecho excepcional respecto al cumplimiento de la norma. Si la desviación refleja una ausencia de normas sociales, el hecho es negativo porque se produce una disgregación social. 6. La criminalidad produce un reforzamiento en el sentimiento colectivo de los valores impuestos y generalizados en la sociedad; por lo tanto se puede decir que Durkheim habla por primera vez de la teoría de la prevención general positiva o de la reintegración. 7. Durkheim, planteó además el concepto sociológico de anomia como una falla de la estructura social, por la carencia relativa de normas en un grupo o una comu-

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nidad. (González Vidaurri y Sánchez Sandoval, 2008, p. 76). “El concepto de anomia fue utilizado por Durkheim (...) en 1893 al señalar las consecuencias socialmente críticas producidas por el fenómeno industrial.” (Tieghi, 2004, p. 288). También para: “Explicar las repercusiones sociopatológicas de la división social y humana del trabajo desarrollada rápidamente en el industrialismo temprano”. (Lamnek, 2006, pp. 38 y 39).

La normalidad en el delito Orellana Wiarco, apunta la noción de delito según Durkheim, y la define: “Como toda ofensa a los sentimientos profundamente arraigados y claramente definidos de la conciencia social” (2007, p. 172). Tomando en cuenta lo normal de lo anormal, se presenta la siguiente inquietud: A través de los años, desde el ser humano primitivo y salvaje y aún en ciertas regiones del mundo existen las tradiciones consideradas primitivas, es una tendencia que persiste. El planeta Tierra tiene alrededor de 4,500,000 de años (Hawking, 2011, y Sagan, 2004) si consideramos a la humanidad solo después de Cristo, es de 2016, por lo que lo natural y normal en la vida histórica es: El salvajismo; el delito natural, que así lo designaba Garófalo: El robo y homicidio, que

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se encuentra arraigado en los instintos de la humanidad, por lo que al ser natural, significa está genetizado en el ser humano, por lo tanto, no debería existir el delito por esos hechos... Con el tiempo, las modas han venido a modificar la conducta, el aroma natural del cuerpo es hereditario, pero lo actual es usar aromatizantes para ocultarlo o disminuirlo; empero, una persona hoy etiquetada como “mal oliente” es rechazada y excluida. El cabello, pelo y vello, son naturales, pero “la sociedad” contemporánea hoy exige un corte adecuado y presentable, por el contrario, el que no lo hace, es desalineado, rebelde, sucio o descuidado. Así, las tendencias van cambiando y se imponen modificaciones a lo natural. Por otro lado: ¿Por qué comer con cubiertos? Si ello no es lo natural histórico, los animales comen con las patas o según su cuerpo, solo con la boca o con las herramientas que la “naturaleza” les ha dado. Se justifican estos cambios mediante la evolución y ¿Mejoramiento de la humanidad? Pero a la par, el empeoramiento de la misma ¿Por qué ir a orinar o defecar a un baño? Si lo natural ha sido igual que los animales, y así, pueden derivarse más ejemplos de lo

natural-normal-histórico. Entonces, para Durkheim, la normalidad viene del hecho de ser lo usual, recurrente o frecuente. Caso contrario, si no existiese el delito, podría ser anormal, aunque sea una tendencia sociológica, que pretende limitarse solo a explicar los hechos mediante la circunferencia social, tiene una gran parte de natural-biológico con lo ya antes expuesto. Apunta Tieghi que: Debe tenerse en cuenta que para Durkheim cierto grado de desviación no puede sino ser considerado como expresión normal de la interacción social; en otros términos, la criminalidad, en su cuota tratable, forma parte de la vida comunitaria y es un fenómeno inevitable (2004, p. 289). Durkheim incluso da un valor positivo al crimen como un modo de expresión cultural y que caracteriza a dicho, algo que ha sido bien empoderado a través de los años, con la creación de museos, documentales, libros y otros medios didácticos, donde se muestran esas formas criminales que marcaron determinada época o cultura, el crimen se ha convertido en una forma tam-

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encarcelados, por ejemplo. Evidentemente, a estos postulados, habría contradicciones, la expectativa de normal se vincula con bueno o se anhela así, una sociedad libre de delito es el ideal tal vez para muchos, si alguien aceptará ser la víctima de algún delito para conservar esa normalidad que señalaba Durkheim, sería una conducta suicida o te autoinducción a la lesión y su propio daño. La determinación de esto dependería de lo que la sociedad anhela, si estar libre de mal, crímenes, enfermedades y otras condiciones, en el ideal de que todos funcionen en beneficio de todos, esto es más apegado a lo religioso y amarnos los unos a los otros.

bién de destacar a un grupo, no solo humano, sino de animales, cuando se analizan las tácticas y ventajas de ataque entre animales. Señala que tener criminalidad es algo saludable, tal vez da un equilibrio entre lo bueno y malo, si no existiese el delito como forma de clasificación más grave en una sociedad, se sancionarían actos insignificantes, posiblemente. Y como se señaló antes, es un controlador y rectificador de la conducta, al negarnos a querer ser señalados, castigados,

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Podría ser una confusión estadística incluso, ya que todos los hechos a los que la mayoría de las personas huyen o rechazan, se hacen presentes en mayor o menor medida, pocos tal vez afirmaría que desean padecer cáncer, o SIDA, ser participantes en un hecho de tránsito, o que gustarían el avión en el que viajan cayera, entre otros hechos, sin embargo, ocurre, es normal, más no es lo deseado por el grueso de la población.

Las bases de sus estudios y la causalidad con el delito: El suicidio y la división del trabajo Otros de sus estudios, son referentes al

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suicidio, donde destaca las variables sociales que envuelven a la conducta de los seres humanos, si este fenómeno aumenta o disminuye, es porque hay condiciones que lo conducen así. Distingue y explica tres tipos de suicidio, donde para él, este fenómeno, a pesar que surge de lo individual, es un resultado de la sociedad, nuevamente, es esta la que conduce a realizar cierto tipo de acciones. a) el egoista (sic) como posible producto de una independencia extrema del individuo en la sociedad. Ante la carencia de integración grupal, el individuo recurre al suicidio para solucionar problemas personales; b) altruista, como producto de una integración extrema del individuo en la sociedad; en sociedades simples (de solidaridad mecánica) como resultado de presiones del grupo que fuerzan a la autodestrucción se da el suicidio para beneficio de otros. (...) c) el fatalista como resultado de una excesiva reglamentación, por lo cual el porvenir queda obstruido. (Marchiori, 2004, p. 67). En el primer caso, puede tratarse del individuo aislado, que en el supuesto de ser su conducta un producto de la sociedad, es al que no se le integra en actividades grupales o sociales, sea por cualquier condición que este tenga, se le excluye o por su voluntad se mantiene desadaptado, lo que lleva a interiorizar tanto sus problemas, que se consume así mismo (suicidio). Del segundo, el extremo comprometido con ciertos movimientos, que como históricamente se ha visto, los héroes dan la vida por sus ideales. Así, este sujeto internaliza demasiado se creencia y la lleva al extremo, se vuelve un representante social. O por otro lado, al negar tanto la realidad o al ser

esta tan fuerte o pesada para el individuo, prefiere autoeliminarse. El último caso, la sociedad exige tanto, que no se puede llevar a cabo todo, son los mismos estándares de calidad de vida, que al incumplirse, generan hundimiento y a un ser no adaptado a dichas; por ejemplo: La sociedad contemporánea o de hace no mucho, exige: Matrimonio, hijos, casa, vehículo, reconocimiento, educación, entre otros, al no lograrlo, viene la exclusión o alejamiento. Contrario a ello, se presentan movimientos o tendencias, donde tales exigencias, se

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indicativo de que algo dejo de funcionar y que llevo de tener algo reducido a un aumento considerable, un arraigo y persistencia que ha sido recurrente; es decir, se cultivó, desarrollo y siguió creciendo, tal cual la plantación de una semilla, en tierra adecuada para su proliferación, con los elementos necesarios, en este caso, sencillamente, agua, luz, viento, entre otras, se genera. Lo mismo con este tipo de criminalidad, logró triunfar como movimiento de grupos sociales, se arraigó. Apunta Tieghi:

desplazan y hay una nueva generación con gustos o ideales de vida distintos y que se imponen; por ejemplo: No casarse joven, decidir no tener hijos, rentar o comprar una vivienda sencilla, el uso de otros medios de transporte, etcétera. Del mismo modo, el que determinado delito sobresalga en una sociedad, la cantidad y época del año donde es más recurrente, indica es porque en la dinámica de la sociedad, hay elementos que así lo interactúan, somos el resultado de la sociedad y nuestros actos también. Tómese de ejemplo el crimen organizado que se padece hace años en nuestro país, es

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La cultura moderna occidental en los siglos últimos ha estado inculcando principalmente normas egoístas, competitivas, utilitarias, por oposición a las normas morales e incondicionadas de amor universal (…). Además las ha hecho cada vez más condicionales y relativas, disminuyendo de esta manera progresivamente su valor obligatorio, discrepando y contradiciéndose entre ellas. Ha dado un carácter fundamental principalmente a los valores materiales y sensuales, como la riqueza, el placer, las comodidades, la popularidad, el amor sexual, la fama mundana, que por su naturaleza son escasos y no pueden ser poseídos abundantemente por todos. Como resultado de ello las normas jurídicas inmorales de las diversas personas y grupos se han vuelto cada vez más discrepantes y contradictorias entre sí; aun aquellas que siguen siendo concordantes son prácticamente cada vez menos y violadas con mayor frecuencia. La escasez de los valores materiales ha hecho más intensa la lucha por su posesión menos sometida a otras normas que no sean las de la fuerza bruta (…) han hecho del siglo XX

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el siglo más sangriento, más cruel, más cargado de odio, turbulento y antagónico de todos los siglos… (2011, p. 33). Para Durkheim: “En estas situaciones sociales las metas no pueden ser alcanzadas por los individuos y se produce una falta de integración social y un estado de inadaptación” (Marchiori, 2004, p. 66).

¿Qué podría estar provocando estas situaciones a las que se refiere? La marginalidad, desigualdad, exclusión, condiciones de vivienda deplorables, situación de urbanismo deficiente, servicios públicos inadecuados, falta de oportunidades de estudio, entre otros, falta de empleo, o características laborales deficientes, bajos sueldos, hora-

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rios extenuantes, descuido por la salud, familia, etcétera. Así como la polaridad entre clases sociales. Durkheim, “sostiene que la división del trabajo cada vez más compleja, contribuye a la diferenciación social, haciendo a las relaciones sociales tan inestables que la sociedad sólo podría mantenerse unida en virtud de algún mecanismo exterior, tal como el estado” (Marchiori, 2004, p. 66). Apunta Lamnek: “Según Durkheim, en semejantes sociedades con una gran diferenciación de funciones, o sea en las sociedades industriales modernas, se verifica un debilitamiento de la conciencia colectiva y una mayor acentuación de las diferencias individuales” (2006, p. 39).

La anomia Apunta Tieghi: “El término anomia significa ausencia de normas, desorganización social, conducta normativamente irregular” (2004, p. 289). En sentido amplio, más allá de definir “anomia” como la falta de normas, hay que profundizar, puede comprender la ausencia de cohesión social, que impide un sano desarrollo y propicia a condiciones contrarias, incluidas el delito. Mejor dicho, la anomia es producto o resultado de esa falta de unión social. De acuerdo con Lamnek: De este modo el concepto de anomia es presentado como el polo contrario de la solidaridad orgánica. Si faltan las reglas morales de carácter obligatorio, lo que es mucho más probable con una elevada división del trabajo, entonces es más difícil de realizar acción solidaria. Según la concepción hasta ahora desarrollada de anomia, el concepto de

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falta de normas es el que más se le aproxima (2006, p. 40). Puede surgir en determinados momentos y situaciones; por ejemplo: Existe una anomia entre jóvenes y sus padres o la sociedad, cuando hay esa confrontación de que las reglas que dirigen la vida de los adultos no son tolerables por los jóvenes y ocurre el reto, puede ser un momento pasajero o perdurable, lo que lleva luego a la adaptación o a la agresión negativa y destrucción. Por otro lado, los grupos que están en contra de un sistema, ideología, política u otra tendencia, desempeñan un papel de luchadores sociales, para bien o mal, logran cambios y movimientos que sacuden al resto de la sociedad y a los gobiernos. Dependiendo sobre qué sea su lucha, la misma sociedad será la que evalué si la confrontación ha sido correcta o perjudicó más. Retomando un concepto de Criminología, elaborado por Winslow y Zhang, de: “La Criminología incluye el estudio de la justicia criminal, en el supuesto de que esta determina el crimen, y en otros casos, puede producirlo” (2008, p. 2). Al respecto anterior, Tieghi reflexiona: “Es evidente que Durkheim se valió de este término para conceptuar el estado de desorganización social por el desmoronamiento del régimen jurídico, con referencia a las pautas de conducta vigentes dentro de una sociedad dada” (2004, p. 289). Con lo indicado anteriormente por estos autores, da claridad al respecto, quién establece las normas sociales es la sociedad, evidentemente, pero quién las judicializa es el Derecho con apoyo de la Sociología Jurídica. Se crean nuevos regímenes a los que la sociedad debe adaptarse, ya sea porque esta los impone o porque los legisladores lo es-

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tablecen, para ambos casos, hay quiénes no desean dichos cambios, y se crea en ellos una desadaptación. Así por ejemplo, el robar como estilo de vida, es eso, un modo adoptado ante diversas situaciones, el criminal podrá argumentar, ha sido la sociedad y el gobierno quiénes lo llevaron a ello; es decir, una contraculpabilidad, el Derecho Penal lo señala como ofensor de la sociedad, pero este culpa a los antes señalados por no haberle dado lo necesario para desarrollarse, en parte podría ser válido o no... Reflexionan González Vidaurri y Sánchez Sandoval: Una situación de anomia es probable en una colectividad social, cuando existen particularidades que obstaculizan la duración y la estabilidad de las relaciones sociales. Esas circunstancias producen desintegración social, es decir el debilitamiento del soporte efectivo, que el grupo pudiera otorgar a sus integrantes y eso obliga al aislamiento de alguno de ellos (2008, p. 77). Junto con el progreso de las sociedades, vienen cambios, nuevas expectativas, estilos de vida, gustos, tendencias, modas, hábitos, gastos, requerimientos sociales, que al no lograrse, crean frustración y malestar. La sociedad de no hace mucho, todavía exigía casarse, tener hijos, trabajar y repetir el ciclo, quiénes no lo lograban eran señalados por el resto, actualmente, al ser un grupo considerable el que no sigue estos estándares, la tendencia se vuelva a su favor, en la actualidad, el casarse joven y tener hijos es no del todo bien visto. Todo ello genera nuevas adaptaciones y otras desadaptaciones. Continúa Lamnek: La anomia es, por lo tanto, un estado

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social que está caracterizado por un debilitamiento general de la conciencia colectiva, en el que se vuelve poco claros los fines del accionar. En esta forma ampliada la anomia es el fracaso o la falta de un sistema de convicciones morales arraigadas colectivamente (2006, p. 40). Tieghi advierte: Con relación a los tiempos que corren, que: “las actuales circunstancias psicosociales y socioeconómicas, el ritmo acelerado de vida y la imposición neurótica de inalcanzables niveles de aspiración (...), en una sociedad de bruscas transiciones, obediente a un patrón económico y ajena a los valores morales, acentúan todavía la disociabilidad, la labilidad y la inconsciencia de la conciencia. La causa de diversos conflictos a los que la ley permanece ajena se encuentra en la dinámica misma de la civilización en que vivimos...” (2004, p. 289).

Política Criminal basada en Durkheim Tomando en referencia los análisis de Durkheim como causantes de la criminalidad, las condiciones sociales, podrían reforzarse algunas áreas para llevar a cabo una labor preventiva, a saber: • El trabajo e igualdad

Existen tres formas anormales de división del trabajo y entre ellas da importancia a la división forzada del trabajo en donde la división de las ocupaciones no es análoga a la distribución de los talentos. Y en relación a estas formas anormales es que introduce el concepto de “anomia” llamando anómica a la

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condición anormal predominante para todos los casos. Esta condición anómica implica una falta de integración o adaptación mutua de funciones, a causa de la crisis industrial, a los conflictos entre el trabajo y capital, a la creciente especialización de las ciencias (Marchiori, 2004, p. 66). Lo anterior, aplicado al contexto actual, no requiere de mucho conocimiento teórico científico, las descripciones populares dan bastante al respecto de las condiciones laborales. Háganse entrevistas informales a cualquier persona en la calle o en algún comercio, se obtienen datos de terror. Se plantea para iniciar la siguiente situación: Un empleado que labora en el área de limpieza, se le excluye, pues el público o los empleados de mayor nivel, no deben estar en contacto con el empleado sucio, el perfil de contratación, suele ser con primaria o secundaria terminada, a veces no importa si sabe leer o escribir, esta ausencia de habilidades resulta mejor para el empleador, se da una labor de entre ocho a diez horas o más, donde debe estar a cargo de la imagen de la institución o empresa, pues de ello depende cuán atractiva luzca. Su salario, suele ser de los más bajos, si no es que el más bajo dentro de los empleos más comunes, su labor: Mucha. En otro contexto, se encuentran los egresados de alguna carrera profesional, anteriormente la ilusión o expectativa era que al estudiar se tendría garantizado el futuro y éxito laboral, esto no ocurre más (Robinson, s.f.), ante las oportunidades tan polarizadas, donde un escándalo en medios de comunicación lleva a la fama y riqueza a determinadas personas, donde se empodera y admira más a un narcotraficante, o a un cantante, actor. También se tienen personajes que lo-

graron la fortuna por medio de su esfuerzo e ideas, más no son tomados del todo de guía, en el supuesto anterior, el objetivo es ser importante a través de cualquier medio. Retomando el tema sobre el empleo, resulta intrigante abrir un periódico, revisar por internet o ver convocatorias de ocupación para determinado puesto donde se requiere nivel de técnico o licenciatura, ante el contaste con el salario miserable, denigrante y una serie de funciones que despersonalizan al sujeto de su vida en todos los aspectos, este deja de existir, su única existencia es para la empresa. La solución a esto, vendría a ser una adecuada proporcionalidad entre los horarios, funciones, ingresos y prestaciones. Hace poco surgió una reforma laboral de lo más denigrante, donde el empleador ya no estaba obligado a proporcionar base laboral, servicio médico, ni otras prestaciones, como de ahorro, vivienda, seguro, etcétera, se dejo a la desprotección a todo trabajador que se desempeña por “horas”, donde en ocasiones ni existe contrato de prestación de servicios que garantice legalmente su seguridad laboral, donde aparentemente se paga un poco más que al resto, y de ahí deben cubrirse los requerimientos que el prestador lleve a cabo. Por otro lado, ya no hay compromiso entre las empresas y el empleado, se da un período de prueba en algunos lugares, sin garantizar permanencia, claro es, las empresas se protegen también, pero ha desembocado en un abuso por los empleadores. Donde el empleado debe mendigar su sueldo, más que merecerlo, rolar turnos, estar horas extras, a veces ni pagadas, sacrificar a la familia, días de descanso, alimento, entre otras, para poder ser digno de unas vacaciones, seguro social, prima vacacional, otras

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prestaciones. O ante la amenaza constante de una no posible renovación de contrato. Las funciones de los empleados son en ocasiones extenuantes, horas enteras de pie o en movilidad, al temor de ser regañado por periodos de descanso cortos, etcétera. Se buscan personas que hagan funciones de máquina, sin pensar, sino operar, donde el único pensamiento deseado es la fidelidad a la empresa y la rendición al cliente o al patrón. Leyes que promuevan y rijan mejores condiciones, pero sobretodo, que vigilen se lleven a cabo, el contexto jurídico y político parece estar en contra del trabajador, empoderando solamente al gran empresario. Por otro lado, cabe el estudio de la instalación de empresas extranjeras que vienen a dar lo que el régimen político no es capaz de dar, discursos de que México es un país con las condiciones óptimas para el desarrollo de estas grandes empresas, es válido, pero lo intolerable es que el empleo vengan a darlo extranjeros porque los nacionales no lo facilitan y la política nacional no fomenta el nacimiento y desarrollo de las empresas. Cabe cuestionarse: ¿Qué ocurriría si no existiesen en México u otros países las siguientes compañías: Wal Mart, Sam’s, Costco, HEB, Burger King, Mc Donald’s, entre tantas, o las automotrices? ¿Qué empresa mexicana sustituiría a las anteriores? Resultaría una utopía el ideal laboral o las condiciones óptimas de empleo, pero es lo que algunas legislaciones señalan en su marco: Gestionar y promover condiciones de trabajo adecuadas para los empleados, salarios dignos y proporcionales, descanso, horario limitado a la capacidad humana mental y físicamente, que fomente la salud y el bienestar mental del empleado, donde además, obtenga prestigio y reconocimiento

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social y familiar, que contribuye a la economía empresarial, local y nacional, y a su persona y familiar. Que las características del empleo, le permitan además tener tiempo para si, su familia y descanso adecuado, que lo anterior no sea visto como falto de compromiso a la institución, sino como conciencia de ambas partes: Empresaempleado. Con además condiciones de crecimiento, superación, aprendizaje y no estancamiento. La falta de unidad laboral y equidad, llevan al colapso, “según Durkheim, debido a que la división del trabajo no produce contactos lo bastantes eficaces entre sus miembros, ni regulaciones adecuadas de las relaciones sociales” (Marchiori, 2004, pp. 66 y 67). •

Solidaridad

Reitera Quiroz Cuarón: “Emilio Durkheim, que investiga en el medio social las causas de la criminalidad, insistiendo en el grado de integración al grupo como elemento importante del comportamiento criminal” (Quiroz Cuarón, 2003, pp. 66 y 67). Una sociedad unida y bien regulada hace disminuir tanto la corriente egoísta, como la anomía, los suicidios provocados por una situación de anomía son consecuencias del fracaso de los frenos sociales. La actividad humana, por naturaleza, aspira llegar más allá de los límites asignables y se pone metas inalcanzables (Marchiori, 2004, pp. 67 y 68). Los socialmente aceptado y esperado es que un individuo se planteé metas en su vida, a corto, mediano y largo plazo, proyectando una metodología para alcanzar esos ideales, así como las formas y medios, que se esperan seas lícitos, a muy largo plazo y

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con muchas dificultades, sin duda, ante las condiciones sociales contemporáneas donde lograr lo mínimo se debe a dar el máximo, el sujeto podrá optar por medios ilícitos, que le implicarán mucho menos tiempo; sobretodo, en un ambiente viciado donde el que logra el éxito es envidiado y se le procura hundirle o dificultarle tal mérito. En consecuencia, si prefiere destinarse al medio ilícito, se desvía de lo socialmente esperado y considerado como bueno o sano (si es que aún persistiera que lo lícito es así). De ese modo llegará a sus metas en un corto plazo, igual con dificultad y riesgo, pero satisfactoriamente más rápido; por ejemplo: La adquisición de una vivienda, actualmente, los créditos hipotecarios van de entre cinco a 20 años, no hace mucho incluso a 30; es decir, si el individuo activo laboralmente, se quiere hacer de una vivienda, 20 años después será propia, esto si la estabilidad laboral y económica se le mantienen como constante. Un gobierno y sociedad, criminalizan a sus habitantes, al bloquearles las metas. Una conciencia colectiva, donde se retome la unión y no la individualidad, llevará a lograr las metas de manera más eficaz y sana, sin agobios, frustraciones, sacrificios de salud, físicas, de familia. Leyes que fomenten y

ejecuten el respeto y crecimiento del individuo, mayor unidad entre nosotros, apoyo mutuo y no voracidad por hacerse de más cosas o tomar ventajas o superioridad sobre otros. En cambio, una sociedad estable, presenta otro matiz. En ella, los objetivos precisos ayudan al individuo a respetar la autoridad colectiva; las metas económicas son más claramente definidas y están al alcance de las aspiraciones del individuo. Esto implica una conformación del hombre con su medio social y una estimulación moderada a mejorarla (Marchiori, 2004, p. 67). Al mismo tenor de ideas, Durkheim: Distingue así dos tipos de unidad en la sociedad; la solidaridad mecánica, por un lado, característica de las sociedades más sencillas, no diferenciadas en las que existe una ola conciencia colectiva basada en la igualdad, intereses y sentimientos comunes y por otro lado, la solidaridad orgánica (intereses y sentimientos) propia de las sociedades más complejas, consecuencia de la índole complementaria de las relaciones entre las personas debido a la extensa división del trabajo, basada en la especialización de

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las funciones y de las diferencias resultantes entre los individuos. Es decir, que a mayor división del trabajo, menor conciencia colectiva y mayores diferencias individuales (Marchiori, 2004, p. 68). Toda la sociedad, a través de todas sus instituciones y dependencias sociales, puede lograr las metas colectivas. Para Durkheim “la religiosidad es de lo más importante y es factor que influye en la cohesión social” (Orellana Wiarco, 2007, p. 173). Así es a lo que invita la religión, a la unión y amor (sin extremos y manteniendo un equilibrio objetivo). La escuela es otra institución donde se enseña a los individuos el respeto a los seres iguales, animales, plantas, responsabilidades y normas para con los padres, otras figuras de respeto y entre ellos. Sobre el castigo, que aquí será “preferiblemente” mejor llamado como tratamiento, Durkheim opinaba que si el crimen es una enfermedad, vista así desde el punto individual o clínico, entonces el remedio debería ser el tratamiento (o castigo), misma premisa aplicada hoy día, donde se habla de un tratamiento penitenciario en vaivén al castigo; es decir, proporcionalidades entre el dolor de la privación (tal cual hospitalización donde se prohíbe su salida -a menos los

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familiares lo exijan, pero no lo mismo en la cárcel-), pero con la esperanza de recibir una serie de procedimientos que lo aliviarán... Aunque ya pasa de 100 años los postulados de Durkheim, se les puede encontrar impresos en la normatividad internacional, a través de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, recomienda: Deberá prestarse especial atención a las políticas de prevención que favorezcan la socialización e integración eficaces de todos los niños y jóvenes, en particular por conducto de la familia, la comunidad, los grupos de jóvenes que se encuentran en condiciones similares, la escuela, la formación profesional y el medio laboral, así como mediante la acción de organizaciones voluntarias. Se deberá respetar debidamente el desarrollo personal de los niños y jóvenes y aceptarlos, en pie de igualdad, como copartícipes en los procesos de socialización e integración (2007, pp. 80 y 81).

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Referencias bibliográficas Gomezjarra, F.A. (2008). Sociología (41ª edición). México: Editorial Porrúa. González Vidaurri, A. y Sánchez Sandoval, A. (2008). Criminología (2ª edición). México: Editorial Porrúa.

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Hawking, S. (2011). El universo en una cáscara de nuez. España: Drakontos bolsillo. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2007). Recopilación de reglas y normas de las Naciones Unidas en la esfera de la prevención del delito y la justicia pena. EUA: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Orellana Wiarco, O.A. (2007). Manual de Criminología (11ª edición). México: Editorial Porrúa. Lamnek, S. (2006). Teorías de la criminalidad (6ª edición). México: Siglo XXI editores. Marchiori, H. (2004). Criminología. Teorías y pensamiento. México: Editorial Porrúa. Quirós, C.B. (1955). Criminología (2ª edición). México: José M. Cajica. Quiroz Cuarón, A. (2003). Medicina Forense (11ª edición). México: Editorial Porrúa. Robinson, K. (s.f.). Changing paradigms. RSAnimate, Recuperado de https:// www.youtube.com/watch? v=WbOtm0zkxLQ

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Sagan, C. (2004). Cosmos. España: Planeta. Tieghi, O.N. (2011). “Holística criminal. Desintegración sociocultural por condicionamiento crítico y subculturas delictivas”, Archivos de Criminología, Criminalística y Seguridad Privada, año 4, vol. VII agosto-diciembre, México, p. 33. ______ (2004). Tratado de Criminología (3ª edición). Argentina: Universidad. Winslow, R.W. & Zhang, S.X. (2008). Criminology. A global perspective. USA: Pearson Prentice Hall.

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Aspectos Generales del Sistema de Justicia Penal Acusatorio: Actuación Pericial.

•

Accidentología Forense.

•

Factores de Producción en los Accidentes de Tránsito.

•

Factores de causalidad en los Accidentes de Tránsito.

•

La Investigación Pericial en los Accidentes de Tránsito.

•

Investigación en el Sistema Acusatorio.

•

Morbilidad, Mortandad y Seguridad Vial.

•

Metodología Jurídico-Pericial.

•

El Perito como medio de prueba en la Audiencia de Juicio Oral.

DURACIÓN: 120 hs. (10 módulos de 12 hs.) Plan de estudios avalado metodológicamente por SETEC. Se entrega credencial, diploma y certificación. HERRAMIENTAS DE ARENDIZAJE: “e-Thinking”. Material electrónico, foros de discusión, chat, diapositivas, videos, exposición docente en tiempo real, sesiones interactivas programadas y sesiones grabadas. INFORMES: [email protected] 46

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CRIMINOLOGÍA Y SEGURIDAD

Novedades EVENTOS

MÉXICO

Primera Generación Plataforma Virtual •

Aspectos Generales del Sistema de Justicia Penal Acusatorio: Actuación Pericial, Bases Fundamentales de Criminalística, Bases Fundamentales de Criminología, Bases Fundamentales de Victimología, Medicina Forense, Identificación Humana, Psicología Criminal, Perfilación Criminal, Comunicación, Lenguaje y Expresión Corporal, La investigación en el Sistema Acusatorio, Metodología Jurídico-Pericial, El Perito como medio de prueba en la Audiencia de Juicio Oral.

DURACIÓN: 120 hs. (10 módulos de 12 hs.) Plan de estudios avalado metodológicamente por SETEC. HERRAMIENTAS DE ARENDIZAJE: “e-Thinking”. Material electrónico, foros de discusión, chat, diapositivas, videos, exposición docente en tiempo real, sesiones interactivas programadas y sesiones grabadas. Se entrega credencial, diploma y certificación como operador Jurídico del Sistema Penal Acusatorio (PERITO) avalado por SETEC. IMPARTEN DOCENTES CERTIFICADOS DE LA SETEC Y ESPECIALISTAS DE DIVERSAS CIENCIAS FORENSES DE TALLE INTERNACIONAL. INFORMES: [email protected] www.watsonconsultores.com

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REVISTA DIGITAL DE CRIMINOLOGÍA Y SEGURIDAD

Novedades LIBROS

ARGENTINA

“MANUAL DE NEGOCIACIÓN CON REHENES” Osvaldo A. Cuello Videla La Primera Parte del manual trata sobre el “Gerenciamiento y Administración de Crisis de Alto Riesgo” y contiene toda la información que irá definiendo paso por paso cómo es la mecánica de un evento crítico, cuáles son las consecuencias de las crisis, cómo actúa la tensión inicial, cómo controlarla efectivamente para comenzar a negociar, cómo organizar (y formar) un equipo de elite para la administración de crisis y las acciones básicas para resolver un evento de alto y altísimo riesgo. La Segunda Parte aborda directamente los temas vinculados a la negociación con rehenes y negociación en crisis. Cómo se organiza el equipo y qué funciones cumplen sus integrantes. Principalmente desarrolla cómo debe ser la comunicación y cómo comenzar a negociar el manejo de las demandas y la liberación de rehenes. Conocerás cómo llevar a cabo la negociación propiamente dicha en función de los tipos de sospechosos y aprenderás cómo perciben ellos la realidad y cuál es el proceder táctico del negociador de rehenes. Esta segunda parte contiene todos los secretos acerca de la negociación para la liberación de rehenes y en situaciones críticas, y las tácticas eficaces para negociar cara a cara, por teléfono, por altavoz, a través de un tercero, como manejar los deseos y la conducta de los sospechosos; aplicando técnicas probadas y eficaces en hechos reales; todo ello avalado por las vivencias de un negociador con experiencia en la intervención de eventos críticos y tomas de rehenes. Próxima Edición 48

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TEMA’S

Los Accidentes de Tránsito bajo análisis ¿Cuánto cuesta a cada contribuyente un choque con lesiones? ¿Cómo se reconocen los puntos críticos en calles y rutas? ¿Qué medidas pueden instrumentar las autoridades para prevenirlos? ¿Los semáforos aumentan o disminuyen los accidentes? Investigadores de la Universidad Nacional del Sur llevaron a cabo un análisis inédito de los accidentes de tránsito desde una perspectiva multidisciplinaria que combina la salud, la ingeniería vial y la geografía. Universidad Nacional del Sur Carrera de Medicina 09 de Mayo de 2016

El Observatorio Vial Latinoamericano destaca que los siniestros viales son la primera causa de muerte a nivel mundial en la franja que va de los 15 a los 29 años. En la Argentina durante 2014, según cifras oficiales de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, murieron 5.279 personas en estos accidentes. De ese total, casi el 25% tenía entre 15 y 24 años. Esto equivale a sufrir cada año el doble de la pérdida de vidas humanas de la guerra de Malvinas.

man fue elaborada en base a los trabajos de quince investigadores de los Departamentos de Ciencias de la Salud, Ingeniería, y Geografía y Turismo. Se dedica al estudio de la accidentología vial en Bahía Blanca, “sintetizando y esquematizando la situación del tránsito desde la perspectiva de las colisiones”. La obra contiene análisis de los costos económicos derivados de las colisiones viales, el georreferenciamiento de los accidentes en un mapa de la ciudad, el análisis de los errores humanos –a los que los investigadores atribuyen el 90% de los eventos traumáticos del tránsito–, indicadores comparativos con otras ciudades, y más.

Analizar los motivos y el contexto de este tipo de eventos puede llevar a planificar soluciones que protejan la vida humana y ahorren gastos en atención médica. Ese es el objetivo del Grupo Interdisciplinario para el Estudio de las Colisiones Viales de la Universidad Nacional del Sur, que acaba de publicar la obra “Colisiones viales en Bahía Blanca: descripción y análisis del impacto urbanístico, sanitario y económico, 2012-2014”.

Según relevó Argentina Investiga del estudio, en Bahía Blanca, los accidentes viales son los que ocasionan los mayores gastos y requerimientos de recursos humanos de los hospitales locales. En los primeros 90 días de 2016 se registraron 609 accidentados, de los cuales 215 fueron trasladados hacia centros asistenciales, mientras que otros 113 requirieron la atención de médicos del servicio de emergencias en el lugar del accidente. De ellos, seis perdieron la vida en choques que involucraban motos en diferentes puntos de la ciudad.

La obra, coordinada por el magíster Pedro Silber-

En el mismo período de 2015 la

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NOTICIAS UNIVERSITARIAS

cifra fue similar: de 587 accidentes, 209 personas fueron derivadas a hospitales y 94 fueron atendidas en la vía pública. En el primer trimestre de 2014 hubo 644 accidentes sin que se registraran víctimas fatales; en 2013, un total de 683 y dos decesos; en 2012, 623 y dos muertes; y en 2011 se llegó a 693 siniestros y cuatro fallecimientos. “El grupo presenta desde hace cuatro años informes semestrales al municipio, y en la obra se exponen estos resultados con otros anuales de tipo comparativo, para brindar una mirada global y eva-

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luar con objetividad algunas de las políticas públicas implementadas en este tiempo”, explica Silberman. Un ejemplo concreto que brinda el estudio de medidas no siempre acertadas –según explica– lo constituye la semaforización: “En los puntos de elevada accidentología los vecinos generalmente piden un semáforo, y los gobiernos apelan mayoritariamente a este recurso. Sin embargo, en muchos casos los semáforos aumentan los accidentes porque generan más confianza en el conductor. Hay otros recursos como rotondas, o más económicos como reductores de velocidad, que pueden ser más efectivos”.

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Acoso escolar: un problema alarmante que requiere de intervenciones eficaces De acuerdo con una investigación del Área de Psicología del Instituto de Ciencias Sociales y Disciplinas Proyectuales, la Ciudad de Buenos Aires presenta niveles significativamente más altos de problemáticas vinculadas al acoso escolar que otras regiones del país. El bullying es un tema cada vez más relevante en los ámbitos educativos y requiere de intervenciones eficaces por parte de la comunidad escolar para evitar problemas de depresión, baja autoestima y alta ansiedad en el ámbito educativo. Universidad Argentina de la Empresa Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas 11 de Abril de 2016

De acuerdo con una investigación del Área de Psicología del Instituto de Ciencias Sociales y Disciplinas Proyectuales, la Ciudad de Buenos Aires presenta niveles significativamente más altos de problemáticas vinculadas al acoso escolar que otras regiones del país. El bullying es un tema cada vez más relevante en los ámbitos educativos y requiere de intervenciones eficaces por parte de la comunidad escolar para evitar problemas de depresión, baja autoestima y alta ansiedad en el ámbito educativo. El bullying o acoso escolar es una problemática de gran riesgo para la salud mental de los niños y los adolescentes. Según la Organización Mundial de la Salud, la violencia generada en el contexto escolar consiste en “el uso deliberado de la fuerza física

o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o una comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones”. La República Argentina presenta los niveles más altos de bullying o acoso escolar en América latina, según un estudio realizado por la UNESCO entre 2005 y 2009. A pesar de la preocupación que la temática ha generado en los últimos años, pocos estudios empíricos se llevan a cabo en nuestro medio para evaluar la magnitud del problema, las características del acoso y las consecuencias que tiene para las víctimas. En esta línea, un equipo de investigación del Área de Psicología del Instituto de Ciencias Sociales y Disciplinas Proyectuales de la Fundación Universidad Argentina de la Empresa (UADE), dirigido por el doctor Santiago Resett, realizó una evaluación del acoso escolar en instituciones educativas de nivel medio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y otras regiones de la Argentina. Se evaluaron alrededor de 1.500 alumnos. Para ello, se utilizó como herramienta el Cuestionario de Olweus, uno de los más usados en el mun-

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do en esta problemática. El cuestionario debe su nombre a su creador, Dan Olweus, uno de los pioneros en estudiar la temática hacia la década de 1970, quien analizó el fenómeno de la agresión entre pares en instituciones escolares de las naciones nórdicas. Los hallazgos en la muestra indicaron que, en escuelas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, alrededor del 22% de los alumnos son victimizados al menos dos o tres veces al mes, principalmente mediante sobrenombres. Pudo detectarse que los chicos son acosados generalmente en el patio de la escuela y –llamativamente–en el aula con el docente presente. Sólo un alumno de cada diez indicó que acosaba a otros. El 84% de los alumnos de la muestra manifestó haber sido agredido por un compañero de su curso. El doctor Resett señaló a Argentina Investiga que “un hecho de gran preocupación es que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene niveles muchos más altos de acoso (casi el doble o el triple) que el de otras regiones examinadas por este equipo de investigación, como Entre Ríos, Río Negro y Chubut”. Otro dato de relevancia es que la mayoría de los adolescentes acosados (un 54%) no informa a otros sobre estos hechos. La gran mayoría de los alumnos no alerta sobre este tipo de prácticas, lo cual no permite interrumpir el acoso, aunque coinciden en que se trata de una si-

tuación que les genera tristeza. Además, la mayoría cree que la escuela y los docentes no hacen nada para detenerlo. Los alumnos victimizados presentan mayores niveles de depresión, baja autoestima y ansiedad, principalmente una mayor sintomatología depresiva. A partir de los resultados hallados, el equipo de investigación ha realizado actividades de transferencia desde la Fundación UADE para padres, docentes y directivos del nivel medio, no sólo enfocados a difundir los resultados de la investigación, sino también a transmitir alternativas de intervención y sugerencias sobre qué puede hacer la comunidad educativa para detener el acoso. El paso próximo del grupo coordinado por el doctor Santiago Resett es llevar a cabo investigaciones de intervención en las escuelas en torno de esta problemática, para demostrar cuáles son las formas más exitosas de erradicar el acoso. También se está profundizando en el estudio del cyber-acoso (acoso mediante las nuevas tecnologías), el cual tiene características que lo hacen más difícil de detectar y detener: trasciende el espacio físico de la escuela, se viraliza rápidamente y su público es masivo, entre otras características. De este modo, se está examinando de qué manera estas nuevas formas de acoso a través de la tecnología afectan la salud mental de niños y adolescentes.

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TEMA’S

Watson Consultores es un grupo de profesionales dedicados a la asesoría en distintas áreas de la Seguridad Pública y Ciudadana para instituciones gubernamentales y privadas, investigadores y profesionales de Latinoamérica. Actuamos también en el campo pericial colaborando con instituciones públicas y privadas, compañías de seguros, estudios jurídicos, abogados, policía, agencias de seguridad y particulares con el fin de brindarles servicios periciales y de consultoría en todas las especialidades de la Criminalística.

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REVISTA DIGITAL DE

LOS MODELOS DE GESTIÓN POLICIAL Y LA SITUACIÓN EN LA PROVINCIA DE MENDOZA Osvaldo A. Cuello Videla P. (Argentina)

Licenciado en Criminalística (UDA), Diplomado en Docencia Universitaria. Profesor titular de las cátedras de “Mediación y Negociación con Rehenes” en la Licenciatura en Seguridad Ciudadana, Mediación y Teoría y Técnicas de la Comunicación en la Tecnicatura en Seguridad Ciudadana. Profesor de “Criminología” en la Licenciatura en Criminalística y Profesor de “Secuestros y Tomas de Rehenes” en la Diplomatura de Perfiles Criminales en la Universidad del Aconcagua, Mendoza, Argentina. Miembro (investigador) del Consejo de Investigaciones Científicas de la Universidad del Aconcacua (CIUDA) y del Instituto de Investigaciones (Facultad de Psicología) de la misma Universidad. Director General de Watson Consultores y Director Editorial de la Revista Digital de Criminología y Seguridad TEMA’S. 56

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CRIMINOLOGÍA Y SEGURIDAD

UNA REVISIÓN HISTÓRICA Y ACTUAL DE LA REALIDAD INTRODUCCIÓN

C

uando pensamos en la seguridad ciudadana, lo primeo que se nos viene a la cabeza es “la inseguridad” y si creemos que hay un culpable, en seguida le echamos la culpa al Gobierno y a la Policía, pero es ésta a la que se le atribuye la mayor responsabilidad en torno a la inseguridad. Todas las quejas de los ciudadanos van dirigidas a la Policía, sin reflexionar que hay un sinnúmero de actores sociales que en mayor o menor medida tienen alguna carga relacionada con el tema, dado que la inseguridad es un problema multicausal y multifactorial. En cambio cuando vivimos tranquilos no nos acordamos de ellos. Es igual que la salud.

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TEMA’S

LOS MODELOS DE GESTIÓN POLICIAL Y LA SITUACIÓN EN LA PROVINCIA DE MENDOZA Una revisión histórica y actual de la realidad

Pero nos preguntamos: ¿El Problema es la policía…? Y la respuesta podría ser afirmativa: Si. El problema es la policía. Pero lo es cuando todos los mecanismos del Estado funcionan a la perfección y hay inseguridad, pero qué sucede cuando los problemas que se le achacan a la policía devienen de una serie de desajustes con los cuales los gobiernos no han sabido lidiar. Qué sucede cuando la inseguridad no solo podría ser causada por la falta de una prevención adecuada, sino que nos encontramos con problemas 58

sociales, económicos, cambios culturales, deficitarios procesos de control informal, problemas educativos desde la raíz de las familias, impunidad fomentada por el propio Estado cuando la gran mayoría de los delitos no son juzgados por falta de celeridad judicial, inadecuadas normas de procedimiento, y un largo etcétera. ¿El problema es la Policía? Creo que no. ¿Pero si es la propia policía la que funciona mal?, ¿cómo podemos echarles la culpa a los demás actores? Entonces, volvemos al principio, la culpa es de la Policía. Si, porque ningún problema relacionado a la seguridad ciudadana se puede solucionar con una institución deficitaria o desactualizada. No cabe dudas que sólo le podemos atribuir responsabilidad a la justicia, la educación, la economía, la familia y a una parte de la sociedad cuando la policía funcio-

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na bien, aún dentro de un cúmulo de factores que le impiden hacer su bien trabajo. En definitiva la policía sólo puede deslindar responsabilidades cuando está bien estructurada y funciona bien y eso no sucede en la actualidad. Cabe aclarar que no estamos diciendo que la culpa es de “los policías”, sino de la estructura institucional y esto ya no es responsabilidad de ellos, porque desde hace un buen tiempo que los policías no tienen el control de la Policía, sino que ésta está a cargo de los gobiernos y por ende hay una gran responsabilidad política en ello. Pero el presente estudio no viene a discutir si los policías están en mejores condiciones de hacerlo o si los políticos tienen toda la responsabilidad, no; esto no es una crítica a los políticos tampoco, sino un diagnóstico de una situación que merece detenerse unos instantes a reflexionar sobre una realidad que ha sobrepasado las gestiones gubernativas y que debería constituir una Política de Estado, una responsabilidad compartida, incluso por la ciudadanía. Y aunque pensamos en la inseguridad, nos detendremos sólo en la Policía, sin dejar de considerar que el problema tiene otras causas y hay dentro del Estado otras Instituciones responsables de ello, desde los tres Poderes Por eso decimos que en gran medida la policía es el problema, pero también debemos pensar que la policía es el inicio de la solución porque es importante abordar cambios ins-

titucionales que contribuyan a enfrentar la realidad de la inseguridad que nos desborda y para ello debemos trabajar para mejorar la calidad y el funcionamiento de la misma, para recién entonces hacer un diagnóstico de qué es lo que no funciona en torno a ella, aunque de hecho ya lo sabemos y está esbozado más arriba. Particular importancia reviste en este sentido la policía. Primero, porque ante una criminalidad percibida como ascendente, la ciudadanía a menudo atribuye a la policía la responsabilidad única y exclusiva por los problemas de seguridad pública que se viven. Segundo, porque juega un rol significativo en la protección de los derechos ciudadanos y en la prevención de la violencia. Pero debemos saber también que ninguna organización cambia si no se cambia la manera de pensar. En Argentina las reformas policiales no fueron, en su mayoría, producto de un estudio, un consenso y un plan bien concebido. No. La mayoría de las reformas se hicieron luego de algún problema que saturó la paciencia política o en otras palabras sucedieron luego de alguna crisis. Y el problema pasa precisamente por ahí, no porque las reformas no fueran necesarias, al contrario, la evolución social demanda aún hoy una reforma constante de las policías, que por ser organismos sociales deben acompañar esa evolución. Pero las reformas no se concentraron en adoptar un modelo adecuado, todo lo contrario, tuvieron como

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propósito eliminar el modelo existente, pero no aportaron una estructura que lo sustituyera, mucho menos que funcionara. Hoy podríamos decir que la policía no funciona como debería, y no es porque el modelo anterior fuera mejor, sino porque el modelo actual es deficitario. No funciona porque hace falta una nueva reforma, pero pensada en función de la seguridad, de la ciudadanía y del futuro. Es evidente que el modelo de policía que reclama la sociedad actual no es precisamente el de las décadas recientes, implicados directamente en el control de la población y con el manejo exclusivo y supremo de la seguridad, sino que se hace necesario contar con uno o varios organismos que trabajen en función y cerca de los problemas sociales y vecinales y relacionado con otros organismos estatales o no. Para lo cual es menester, de manera fundamental, reorientar el perfil institucional. Pero por lo pronto este primer trabajo se limitará sólo a hacer un repaso histórico (reciente) de la situación y un análisis actual de las deficiencias del modelo imperante.

UN BREVE DIAGNÓSTICO ACTUAL La Policía de la Provincia de Mendoza, a partir de la reforma institucional de 1998 instaurada con las leyes 6.721/99 y 6.722/99 y su correspondiente reglamentación, pasó a ser “una institución civil armada, jerarquizada y con carácter profesional, depositarias de la fuerza pública por delegación del Estado provincial”, (Art. 2º Ley 6722/99) abandonando el concepto de organización autárquica, descentralizada y autocontrolada. Por tradición la Policía de Mendoza, como ocurrió en casi toda América Latina estuvo 60

en manos de sus mandos naturales y ello no tenía consonancia con la vuelta y consolidación de la democracia. Para ese entonces la mayoría de los gobiernos de Latinoamérica, restauradas sus democracias, habían producido o estaban produciendo modificaciones fundamentales y trascendentes en sus organismos policiales, muchos de ellos tomando como referencia el modelo de Community Policing de los países anglo-sajones, conocido en la lengua castellana como “Policía Comunitaria”. El régimen del personal policial de la Ley 4.747/83 y el régimen orgánico establecido por la Ley 4.697/82 se mantuvieron hasta el año 1998 cuando a raíz de diversos hechos de corte coyuntural, se dispuso la reforma del “Sistema de Seguridad Pública” que se concretó en las Leyes 6651; 6652 y 6653/98 y las leyes 6.721 y 6.722/99. Dicho proceso, según el ex Ministro de Justicia y Seguridad, “surgió de la necesidad de modificar una realidad crítica en materia de seguridad en la provincia y del reconocimiento de que el tema no es sólo una cuestión policial sino la modificación de todo un sistema...” (CAZABAN, A. 1999). El primer paso para dicho proceso consistió en considerar que el sistema policial vigente estaba agotado y era ineficaz para atender los problemas de seguridad, partiendo del concepto que el “poder civil asumiera la conducción, control y planificación del sistema policial” (CAZABAN, A. op. cit.). Se debe considerar que transformaciones de este tipo, como la evolución en la organización y esquema funcional de instituciones tan tradicionales como es la Policía deben implicar simultáneamente un cambio paralelo en su Doctrina y el Perfil de sus integrantes. Hay que observar que esta reforma operó casi de la misma manera que en otros

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países de Latinoamérica, donde no se consideró ninguna de ellas. “…los cambios introducidos en la organización y en los regímenes de las policías atañen a los deberes, derechos y obligaciones del personal, como así también en el régimen disciplinario, de ingreso y de promociones implican también un cambio necesario en el perfil del personal que integra la policía, es decir “el perfil funcional” del mismo…” (CUELLO VIDELA, O. 2012). En la actualidad, a casi ya veinte años de dicha reforma, es posible hacer un diagnóstico de su eficacia y de sus deficiencias, teniendo en consideración los resultados; como así las consecuencias que el cambio de modelo trajo aparejada para la seguridad de los ciudadanos que han sufrido los embates de un deterioro constante de la seguridad pública en la Provincia, como consecuencia de algunas políticas inadecuadas, seleccionadas al azar, carentes de consistencia y sin sustento académico-científico. Sin dudas, desde 1998 hasta la fecha, los problemas de seguridad se incrementaron, en parte por la lógica resistencia al cambio que se refleja en cualquier organización donde se pretende innovar- y en parte por la propia evolución social, además de otros factores vinculados a la actividad delictiva,

donde vemos que hay un desfase entre esa realidad y el sistema de seguridad encargado del orden público, como así también en la implementación de un modelo que nunca funcionó. Muchas de las propuestas en materia de policía comunitaria, que se pretendieron implementar, casi nunca o en escasas oportunidades se llevaron a la práctica; como por ejemplo la constitución de los Foros de Seguridad, entre otras medidas; por tanto el control civil sobre la actividad policial, ha sido en parte limitado u olvidado y de hecho nulo. En lo interno, la reforma no modificó en mucho la estructura orgánica de la institución, ni se consolidó a través nuevas reglamentaciones, produciéndose claro-oscuros y espacios vacíos. Esto origina también que la Doctrina aún no esté definida con nitidez. Sin lugar a dudas, muchos de los problemas de aquel entonces se incrementaron en el devenir, porque no se definió un modelo que especificara cómo cumplir el rol de seguridad, ni qué es lo que se pretendía alcanzar. Situación que se refleja y proyecta en distintos problemas de seguridad actuales. El hecho es que transformaciones y reingenierías de este tipo precisan también, una modificación del modelo profesional de los hombres y mujeres policías, que en pocos

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países han sido tenidos en cuenta al implementarse las reformas policiales y también en todo el funcionamiento interno y su doctrina. Sin dudas el ideal de la policía que precisa la sociedad no se corresponde en un todo con el modelo actual, que continúa con una estructura rígida, semi-militarizada, alejado de la sociedad y de sus problemas cotidianos. Hoy el prototipo policial debe responder a los nuevos paradigmas que el mundo moderno requiere. Los grandes cambios que significan las reformas policiales, en muchas policías, lo dejan al descubierto cuando introducen distintas modificaciones: a) de tipo estructural, organizativas, estratégicas, inclusive políticas; b) educacionales; c) en la incorporación de personal y d) el régimen disciplinario; pero que no han producido cambios de fondo, ni le fija prácticas laborales que puedan ayudarles a alcanzar un fin, y esto tampoco está claramente definido. Hoy se tiende a lograr un policía culto, conocedor de la legislación, titulado en diferentes ramas universitarias, pero carente de habilidades prácticas para resolver los problemas de la gente. Lo más grave es que no tiene adonde recurrir para saberlo, y entonces se educan y forman conforme los conceptos doctrinarios de antaño, que muchas veces van en un sentido distinto, formulados para un tipo de organización más preocupada por los problemas internos que los de la gente. Una de las deficiencias del sistema actual se encuentra en la falta de atención que se le puso al personal, sobre todo en su idiosincrasia como tal y en su culturización policial, es decir que cuente con todos los conocimientos para la práctica del trabajo cotidia-

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no, sus rutinas diarias, que sepa qué es lo que se puede hacer y que no. Ese bagaje de conocimientos, experiencias, prácticas, procedimientos, deben recogerse a través de la reglamentación. Esto es lo que inspira, forma y contiene, entre otras cosas, “la Doctrina”, la cual también debe definir como se llevarán a la práctica, o sea cómo debe desempeñar su función, qué es lo que se pretende de ese capital humano, cómo debe relacionarse con la gente, cuáles son sus principios éticos, morales, no sólo su formación intelectual. Es decir se establece una cultura organizacional. Creo que hoy la doctrina institucional está en crisis. Esta situación es análoga en cualquier grupo de personas, en una sociedad, en una organización, que como cualquier sistema transita por diferentes etapas y encuentra su origen cuando un conjunto de seres humanos comienzan a relacionarse, a compartir pautas culturales, lo que les da una identidad determinada. En su devenir histórico, las sociedades y las organizaciones pueden pasar por diferentes períodos, que algunos estudiosos

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prefieren señalar, por analogía con las biológicas, como el nacimiento, crecimiento y muerte. Según García Mira, tal evolución “se puede dar también en los conjuntos humanos, hechos, sociedad, como en el sistema de normas, significaciones y valores que, configurando el modo de vivir de un pueblo, conforman su cultura....” (GARCIA MIRA, 1990). Según García Mira, en la historia de toda sociedad se pueden presentar períodos difíciles, e incluso muy duros, en que pareciera que su sistema cultural institucionalizado corre un grave peligro de perecer. A estas difíciles instancias las denomina crisis, o períodos de crisis, que se pueden mostrar con mayor o menor profundidad, intensidad y durabilidad. En consecuencia, importan riesgos serios para la personalidad, la sociedad o la cultura. (GARCIA MIRA, op. cit.). “...Las dificultades más significativas parecen estar en una suerte de “Crisis de la Doctrina Policial”, junto con una falta de definición filosófica del trabajo y sus enunciados más elementales, que como una cortina de humo impiden ver con claridad cuáles son los esquemas básicos de las instituciones, su disciplinamiento, sus valores, y qué es lo que se espera de su potencial; y esto afecta de manera sustantiva la formulación de una nueva doctrina y un modelo de policía que se pretende para el futuro en Latinoamérica...” (CUELLO VIDELA, O. op. cit.) La idea es presentar un diagnóstico de la situación que se ha planteado en la institución policial de Mendoza en los últimos años por lo menos, y lo que paulatinamente llevó al estado actual de cosas, afectando a la Comunidad, que es en definitiva la que sufre y sufrirá los sísmicos trastornos de un modelo que quedó incompleto por falta de una visión en perspectiva de todo un cúmulo de situaciones que debió atender en su

momento y de las que aún hoy adolece. En este sentido debemos pensar que los cambios deben plantearse para el futuro y de este razonamiento se deduce que deberán implicar avances en todos los órdenes, lo que significaría poner a la institución policial predispuesta y en condiciones para enfrentar ese futuro, sin que ello implique en modo alguno volver sobre viejos esquemas perimidos. Partimos del concepto de que una Provincia segura implica una comunidad dotada de “una policía eficiente y eficaz”. Una sólida condición de seguridad pública sólo se puede lograr a través de ella. Es a partir de ahí que se detectará si realmente el poder judicial no funciona, si no funciona el deporte, la educación u otras concausas asociadas a la seguridad, pero si la policía no funciona ¿Cómo podremos saber qué otra cosa está fallando? De igual modo adherimos a las modernas teorías criminológicas de la multicausalidad del delito y al concepto de que la seguridad no es un problema exclusivo de la policía. Y ¿Por qué estas dos ponderaciones que pueden parecer contradictorias? Una de las ideas básicas de estas páginas es clarificar que aún cuando el delito responde a un sinnúmero de cuestiones de índole social, económicas, biológicas, psicológicas y antropológicas, con el ingrediente de las características propias de orden urbano y a las que se suman aquellas de carácter jurídico y de administración de justicia; esto no debe significar que la policía deba ser un organismo polifuncional. Tampoco puede desligarse del problema de la seguridad achacándole culpas a otros factores que le son ajenos y sobre los cuales no tiene control (la pobreza, por ejemplo). Aún cuando distintos ingredientes confi-

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guran el fenómeno delictivo, la policía debe tener un carácter único en cuanto al rol que le compete dentro de esa amalgama de variables que contribuyen a la inseguridad. La multicausalidad no debe significar en modo alguno que la policía se pueda desentender de los otros problemas o los factores de riesgo del delito; al contrario. Tradicionalmente el fin esencial de la policía es velar por el orden público y la paz social. No hay ninguna policía en el mundo que pueda soslayar estos dos principios cardinales. Expresados de uno u otro modo, todas las policías tienen esa finalidad. Marcelo Saín, agrega que en democracia, las tres funciones básicas de la policía son la prevención de delitos, la intervención en la represión de delitos y el mantenimiento de la situación de seguridad pública (SAIN, M. 2002). En general, es la prevención del delito el papel fundamental que la sociedad espera de su policía -evitar que el delito suceda- y si la policía no es eficiente y eficaz en alcanzar ese propósito estamos frente a una organización que muestra algún grado de insuficiencia, sea porque carece de recursos, sea porque no posee estrategias, o porque adolece de un capital humano apto. Sólo para el caso de una sociedad utópica, sin una policía eficiente y eficaz, el orden público y la paz social son fáciles de alcanzar. En tanto, si se pretende una policía abarcativa de todos esos problemas sociológicos que configuran el fenómeno delictivo, los recursos siempre serán menesterosos y sus resultados igualmente insuficientes. Una policía eficiente y eficaz es aquella que está atenta a los factores de riesgo para evitar la inseguridad, y también la que res-

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ponde adecuadamente cuando el delito ya se consumó, pero no implica que el policía deba ser sociólogo, antropólogo, médico, abogado, juez y parte en este teatro de la vida. El Policía debe ser simplemente custodio del orden público, con todas las implicancias de orden jurídico y social que esto involucra, pero policía al fin. La intelectualidad que hoy se le exige al policía no es un factor predecesor de una sociedad segura. Parafraseando sobre esta idea digamos que el policía que recorre las calles es la maza y el aro de una rueda en la lucha contra el fenómeno delictivo, pero los rayos están constituidos por una serie de actores sociales que en suma contribuyen al control social (formal e informal), tales la familia, la escuela, y otras organizaciones no gubernamentales, como así también las del Estado. Es el aro porque mientras rueda debe reconocer cuáles son los factores de riesgo para alertar a esos actores sociales a tiempo y evitar la proliferación de conductas inadecuadas que a la postre sabemos que pueden concluir en el delito, y es la maza, porque al final del recorrido debe saber cómo responder eficientemente cuando fallaron todos los demás recursos, y en esa tarea se consolida como el núcleo central para solucionar los problemas que atañen a la seguridad, independientemente de su etiología. Para comprender, porqué se afirma que la policía tiene un perfil desajustado y porqué este no funciona en la actualidad, explicaré qué debe entenderse por una organización policial, sus roles y qué es un perfil institucional.

¿QUÉ ES LA POLICÍA? El término policía deriva del latín politīa, y ésta del griego πολιτεία (Politeía), de

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πολις, (Polis = Ciudad), que se refiere al gobierno o a la administración del estado y se orienta al orden y buena disposición entre todos los miembros de una colectividad, en este caso de la Polis o ciudad. “…aquella encaminada a limitar los comportamientos individuales en función de lo que puedan perjudicar al resto de la sociedad…” (MARTIN FERNANDEZ. 1992). Para otros (la mayoría) la etimología del término proviene del francés policer que significa poder del pueblo y en su sentido más amplio, significa regulación y control de una comunidad en los aspectos relacionados al orden, la salud, la vida y la propiedad, y se comenzó a utilizar a partir del siglo XVIII. (FYFE, J. 1997). La policía como organización es la institución que se encarga de “mantener el orden público y la paz social”. Es el órgano mediante el cual se hacen cumplir las leyes y a través del cual se logra la obediencia a las mismas. Su carácter de encargada del orden público, denota un fuerte componente preventivo más que de índole represivo. Kaller define el orden público como “…el conjunto de principios inspiradores de la organización del Estado y la familia, que de acuerdo al orden moral y buenas costumbres, aseguran la realización de los valores humanos fundamentales…” (KALLER de ORCHANSKY, B. 1997). Para otros autores orden público significa “…el núcleo, el aspecto central y más sólido y perdurable del orden social. Es el conjunto de aquellas características y valores de la convivencia que una sociedad considera como no negociables. Se lo considera sinónimo de convivencia ordenada, segura, pacífica y equilibrada…” (ARNOLETTO, E. J. 2007) En cuanto a su función, una de las características del Estado moderno es el monopo66

lio del ejercicio de la actividad y la autoridad de policía para regular la convivencia ciudadana, limitando la libertad individual para beneficio de la colectividad. El concepto denota también el ejercicio de autoridad para dictar normas que hagan posible la convivencia y la legitimación social. Para Martín Fernández –ya citado- en toda sociedad democrática, el mantenimiento del orden debe entenderse como el equilibrio entre las diferentes fuerzas sociales y el establecimiento de cauces de resolución de conflictos inherentes a toda sociedad compleja. El Estado es la organización jurídico política que tiene por el fin asegurar el bien común de los ciudadanos. En esa inteligencia, nace el concepto de “Seguridad” para garantizar una situación de confianza frente a las distintas agresiones que pudieran sufrir las estructuras o la población, para lo cual el Estado dispone de la potestad de ejercer autoridad y disponer de un orden social. En su rol de garante de la seguridad el Estado dispone del poder de coacción de donde emerge el poder de policía. Lo que se busca es el equilibrio social y el bien común y esto es lo que justifica la existencia de la policía que para su cumplimiento tiene reservada la atribución del uso de la fuerza dentro de los límites que la ley establezca; aquello que la Criminología conceptualiza como la “ultima ratio” del control social, uso que se delega genéricamente en la policía como institución, es decir ya como un órgano administrativo del Estado que recibe por delegación el poder de policía. Pero para muchos la actividad policial se reduce a su facultad de coerción para hacer cumplir la Ley, lo cual no siempre es correcto, ni satisface en un todo el cúmulo de fun-

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ciones que tiene bajo su responsabilidad como organismo de control social y a la vez aquella noble tarea socializadora de la que hicimos referencia. No todo lo que la policía hace se reduce a la fuerza, a la aplicación del poder de Policía o al control estricto del cumplimiento de la Ley. “…la caracterización de la policía por su potencial recurso a la fuerza, aunque ha mostrado su vigencia en los trabajos de campo con patrullas policiales y retrata bien el papel de «tercera parte» o «fuerza de interposición» que las fuerzas de policía juegan en la gestión de los conflictos cotidianos —o la misión específica de mantenimiento del orden en acontecimientos multitudinarios— deja de lado, como veremos, la genealogía de lo policial en el mundo contemporáneo; además, relega a un plano secundario un conjunto de abordajes potencialmente productivos, más atentos a otro amplio espectro de actividades efectivas de la policía, tales como investigar, recopilar información, levantar atestados, conceder pasaportes, controlar identidades, que no contemplan en sí mismas el recurso a la fuerza, sino que componen un saber y una mirada sobre la socie-

dad…” 2005).

(PALACIOS

CEREZALES,

D.

Según Martín Fernández, la actividad policial “…no es una prerrogativa del estado en general o de los poderes públicos en particular, sino una obligación de éstos para garantizar la vida en sociedad y la igualdad de derechos, limitaciones y obligaciones de todos sus miembros…” (MARTIN FERNANDEZ, Op.cit.). Esa obligación se legitima mediante un órgano eficaz para brindar seguridad a la población y ese instrumento es la Policía. En términos más rigurosos, si el Estado es limitado o insensible para proveer seguridad pública a sus ciudadanos, a través de los mecanismos que la Constitución y las leyes ponen a su alcance, el resultado es la pérdida de esa legitimidad y subsidiariamente decae la imagen policial. Una Provincia segura es aquella que posee una policía eficiente y eficaz, apta para el cumplimiento de su misión, porque es el único organismo que puede brindar las condiciones de seguridad a la población en términos más o menos aceptables, independientemente de que el origen de la criminalidad sea multicausal. Además la ciudadanía espera que su policía resuelva el problema, y a ella le reclama principalmente esta res-

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ponsabilidad. Y decimos “en términos más o menos aceptables”, porque el delito; al decir de Émile Dürkheim; –padre de la Sociología moderna- es constituyente de lo social. “…Lo normal es sencillamente que haya criminalidad…” Y afirma Dürkheim que una sociedad sin delito es imposible “… porque tal hipótesis supone que los sentimientos colectivos habrían llegado a un grado de intensidad sin ejemplo en la historia.” (DÜRKHEIM, E. 1982) Entre más factores convergen a degradar esa situación ideal o esperada de seguridad, más debe concentrar la policía su competitividad y en su actividad propia. En otras palabras, -y aquí volvemos a reiterar que no queremos aparecer como contradictorios-, entre más causas se atribuyan al fenómeno delictivo (pobreza, marginalidad, educación, pérdida de valores, el aprendizaje de la delincuencia, la tensión social, etc.), cuanto más multicausal aparezca la expresión del delito, más debe la policía fortalecer y concentrar sus esfuerzos en torno a la seguridad y fundamentalmente la prevención del delito y otras inconductas sociales; y para ello más atenta deberá estar frente a los factores de riesgo; entre otras cosas, porque los efectos multiplicadores de la criminalidad (cuando no hay una policía competente) no crecen de manera proporcional, sino de forma potencial, primero por su propia naturaleza, y en segundo lugar porque encuentran un caldo de cultivo oportuno, producto de una sensación o una realidad de impunidad que se genera. Vemos entonces que no todo se reduce al uso de la fuerza, ni al poder de policía, ni a la aplicación de la ley. Hasta aquí me he limitado a dar una breve noción del vocablo, su fundamento, lo que hace la policía y su importancia, pero no

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la hemos definido. Creo junto con otros autores que no hay una definición que pueda darnos una noción concreta sobre la policía, o por lo menos que nos satisfaga en cuanto a su conceptualización. Hemos tratado genéricamente de su etimología y de su función pero muy pocos autores han atinado una definición del término. Según Diego Palacios “…No es fácil definir qué es la policía, ni delimitar el campo de las actividades policiales. La literatura negra y el cine han legado una imagen de la policía en la que lo dominante es el combate al crimen; desde el activismo político, por otra parte, se ha tendido a identificar lo policial con la represión y a entender sus tareas como el producto de la instrumentalización gubernamental…” (PALACIOS CEREZALES, D. 2005). Conversando con el Dr. Alberto Montbrum sobre la dificultad para encontrar una definición única de la policía, nos hacía referencia a que es muy difícil de conceptualizarla, dado que no existe en el habla castellana un verbo que se equipare al término policing en inglés, y que se la puede caracterizar como una “…fuerza civil armada, de servicio público, encargada de prestar servicio de control del delito y la disfunción en el marco del Estado…” y nos hacía referencia a que el término se asocia a la facultad de controlar y prevenir. Estas dificultades para definir la policía fueron también advertidas por Bayley quien habla de una imprecisión definitoria y sugiere que policía es “…mandato para regular las relaciones interpersonales en el seno de una comunidad mediante la utilización de sanciones coercitivas autorizadas en nombre de la comunidad…”, pero que en definitiva termina por no definir a la policía, sino que

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hace una descripción de lo que creemos podría ser el concepto jurídico del poder de policía, pero no de la policía en sí. (BAYLEY, D. 1975). El mandato hace más bien referencia a la delegación del poder de policía por parte del Estado y limita la misión policial al uso de sanciones coercitivas, lo que ya vimos reduce en mucho el cúmulo de deberes que la policía tiene, lo que posiblemente proviene del concepto de que la policía sólo es la “encargada de hacer cumplir la Ley”, cuestión que dista mucho de su labor cotidiana. Creo con todo lo dicho hasta aquí, que sobre la no definición del concepto de policía el Dr. Fernando Garrido Falla pone un punto de inflexión a ésta dificultad para conceptualizarla cuando en una conferencia afirmaba “…Determinar el concepto de policía en función del concepto de orden público es hacer de la primera, de una vez para siempre, un concepto relativo cuya determinación de amplitud solamente sería posible tras un examen detenido de las circunstancias que lo condicionan. Lo que se entiende por orden público, en efecto, depende en cada momento de las concep-

ciones dominantes sobre el régimen político y los fines del Estado. De esto se deduce que las diferentes concepciones dominantes sobre esta materia durante el siglo XIX y en los momentos actuales nos dan, con su diversidad, la medida de las variaciones experimentadas por la policía administrativa…”. (GARRIDO FALLA. 1953) El Diccionario de la Real Academia Española, la define como un “Cuerpo encargado de velar por el mantenimiento del orden público y la seguridad de los ciudadanos, a las órdenes de las autoridades políticas”. También el diccionario define cuerpo como el “conjunto de personas que se desempeñan en la misma profesión (cuerpo diplomático, cuerpo de funcionarios) y en cuanto al sentido militar dice del “conjunto de soldados con sus respectivos oficiales. Gran unidad integrada por dos o más divisiones, así como por unidades homogéneas y servicios auxiliares” (R.A.E. 2001) Por lo tanto nos preguntamos ¿La policía es una fuerza, un cuerpo o una institución? Para la Ley provincial actualmente en vigencia “Las Policías de la Provincia son instituciones…” (Art. 2º Ley 6.722/99), la Ley de Seguridad Interior hace referencia a “…el accionar de los referidos cuerpos y fuerzas entre sí y con los cuerpos policiales provinciales” (Art. 8º Ley 24.059) y en su texto distingue los cuerpos policiales de las fuerzas nacionales de seguridad. El

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decreto

nacional 69

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1.273/92 que reglamenta la Ley de Seguridad Interior en su artículo 2º 3ra parte expresa “Se entiende como Fuerzas de Seguridad a la Prefectura Naval Argentina y a la Gendarmería Nacional y como Fuerzas Policiales a la Policía Federal Argentina y a las Policías Provinciales” También en esto hay cierta incertidumbre en alusión al tipo de organización que es la policía, pero debemos admitir que se la considere o denomine de cualquiera de éstas formas, esto no hace al perfil institucional, ya que su “carácter” (profesional, militar, comunitaria) estará determinado principalmente –de manera exclusiva creemos- por el modelo que se adopte, por lo tanto no ahondaremos más sobre ello.

EL PODER DISCRECIONAL DE LA POLICÍA Antes de entrar de lleno a analizar los modelos de gestión policial, he considerado oportuno discernir lo que respecta al poder discrecional de la policía, cuya aceptación y uso tiene gravitación importante al momento de decidir las estrategias de acción que se adopten y al definir el “carácter” de la policía, pero cuya delimitación, sea amplia o restringida, no constituyen en sí modelos de gestión, sobre lo cual creemos que hay un error conceptual en algunos autores. Sin dudas el poder discrecional debe ser tenido en cuenta al pensarse en el perfil del capital humano, sobre todo en su formación, como también en la doctrina, por eso es que nos detendremos a hablar un poco de esto. Con relación al tema, la discrecionalidad significa definir si un suceso cualquiera merece ser atendido como un atentado al orden público o violatorio de una norma cualquiera, y el criterio que aplican la policía y 70

los policías respecto a su intervención. La discrecionalidad es una potestad de actuar libremente y con prudencia sobre aquellas actividades que no están regladas de una manera específica. Pero tratándose de la policía hay un ingrediente adicional, porque hay muchos sucesos, que aunque están definidos en el ordenamiento legal, la policía igualmente utiliza la discrecionalidad para determinar cómo serán manejados, sobre todo en los niveles de ejecución (en los rangos inferiores, los menos preparados, el policía de calle para ser más concretos) mucho antes de que la justicia aplique el “Principio de oportunidad” que establece nuestro Código Procesal Penal. Por ejemplo, una persona circula en su vehículo y va hablando por teléfono, un policía advierte la situación, la detiene, y esta persona denota un evidente estado de alteración y le explica al policía que su hijo acaba de sufrir un grave accidente y está tratando de averiguar qué pasa mientras se dirige al hospital. El policía, frente a una infracción de tránsito reglada por el ordenamiento jurídico y sancionada con multa: ¿Labra el acta correspondiente, o en atención a un episodio desgraciado que afecta al infractor/a le sugiere que termine su llamada y luego continúe el camino recomendándole que sea cuidadoso de no involucrarse en un accidente? Situaciones como esta se presentan a diario. Pequeñas rencillas familiares, desobediencias a los padres, infracciones de tránsito, al código de faltas, etc. Garrido, Stangeland y Redondo, nos dicen que estudios llevados a cabo por Banton (1964), Skolnick (1975) Bayley (1985), determinaron que un margen de maniobra es inevitable, porque las situaciones diversas que atiende la policía son tan variadas que debe interpretar y definir en el mismo mo-

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mento en que actúa, pero que la profesión jurídica difícilmente acepte que esta discrecionalidad la aplique alguien que no sea juez o fiscal. “...Sin embargo, en miles de situaciones diarias se toman decisiones de este tipo. La ejercen los ciudadanos mismos, al poner en conocimiento de la policía solamente una pequeña parte de las infracciones cometidas. La policía interviene en unas pocas situaciones, mientras que el resto se resuelve de una forma u otra sin que se abra un procedimiento judicial…” (GARRIDO, V. et. al. 2001)

puede ser la libertad de movimientos, la intromisión en la esfera más íntima y privada, la coacción física e incluso, en algunos casos extremos, la propia vida… El policía, en sus intervenciones diarias, tiene aparentemente un gran poder discrecional y, sin embargo, no dispone de autonomía real ni herramientas legales que permitan ejercer ese poder para solucionar conflictos sin que ello implique el incumplimiento de alguna norma…” (MARTIN FERNANDEZ, M. op.cit.).

Manuel Martín Fernández nos dice que

Es así, cuando ese poder discrecional resulta abusivo estamos frente a un caso de corrupción. Por eso es que, por ejemplo, el modelo policial de carácter racionalburocrático, lo que hace es limitar este tipo de discrecionalidad restringiendo la arbitrariedad que pudiera generarse. Lo mismo sucede con la “tolerancia cero”; que creemos no es un modelo sino una estrategia; que elimina el poder discrecional del policía aplicando las

“…un policía puede tomar decisiones que afecten esferas importantísimas como

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medidas que corresponden a cualquier infracción. De hecho se funda en que si se castigan las infracciones menores esto contribuirá a evitar que sigan ocurriendo e incluso prevenir que se produzcan violaciones legales de mayor proporción e importancia. Para reducir este poder discrecional y a su vez eliminar algunos episodios de corrupción y sobre todo de arbitrariedad hacia la gente de color, se generó entre los años ’60 y ’80 en los Estados Unidos una corriente que consideraba a los policías como “Los encargados de hacer cumplir la ley” y una de las formas de poner límites a esa arbitrariedad era estableciendo códigos de ética profesional y un riguroso control interno y de supervisión, tal como lo había sugerido Wilson en su libro Administración Policial en 1950. También en esa perspectiva la Asamblea General de las Naciones Unidas, dictó el 17 de diciembre de 1979 la resolución 34/169 el “Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley”, que establece principios éticos a cumplir por los policías evitando el abuso mediante un riguroso apego a la ley. Esta libertad (o restricción) de discreción es la que dio motivo a algunos métodos de labor policial que han sido considerados como “modelos”, pero a nuestro juicio no lo son y sólo constituyen estrategias o modos de actuar, porque no definen de manera general el carácter, la organización y el perfil institucional de una policía. Uno de ellos es la “tolerancia cero” que hicimos referencia que aplicó William J. Bratton en Nueva York, siguiendo la teoría de las ventanas rotas de James Q. Wilson y George L. Kelling, a quien denominó sus “mentores intelectuales”. (No ahondaré en describir estas teorías, tema sobre el cual la bibliografía especializada ha

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hecho lo suyo y suficiente). También, basados en esa facultad de aplicar su propio arbitrio, han sido denominados erróneamente modelos de gestión las distintas formas en que se produce “la reacción policial”. Es decir si la policía se dedica a atender sólo las llamadas de emergencia o actúa preventivamente en sus recorridas. Visto desde este punto de vista, el criterio de actuación no es más que una modalidad operativa y de poca incidencia en el poder discrecional, porque el policía que patrulla también puede hacer la vista gorda de algunas situaciones que constituyen factores de riesgo (jóvenes bebiendo en una esquina, o un caminante solitario en la noche, por ejemplo), sin siquiera detenerse a averiguar qué esta pasando, o por el contrario acosar por susceptibilidades y suspicazmente a cuanto transeúnte encuentre a su paso, abusando del poder de aprehensión que le otorga la ley. En realidad la forma en que se produce la reacción policial es lo que se denomina comúnmente “el policía bombero y el policía cartero”, al decir de Bayley, uno que acude a apagar el incendio, mientras que el otro va recorriendo el barrio. (BAYLEY. 1976). Inclusive en el primero de los casos se han realizado estudios y estimaciones sobre el tiempo de llegada de la policía al lugar, como un factor para reducir el crimen, cosa de la que muchos dudamos. De todas formas las modalidades de reacción de la policía, no constituyen modelos de gestión policial, porque sólo involucran una estrategia operativa de trabajo, y en el segundo de los casos (el policía cartero) la clara aplicación del poder de discreción dejando al policía de calle la decisión de intervenir en aquellos casos que considere oportuno o decidiendo que curso tendrá su solu-

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ción. Las nociones que se prestan a confusión pueden ser aquellas que pretenden distinguir entre policía reactiva y policía proactiva haciéndolas aparecer como los dos extremos de una misma clasificación. Creo que ambas pautas no provienen de una misma esfera de entendimiento. Se dice que una policía es reactiva cuando sólo tiende a reaccionar cuando el delito ya ocurrió, aquella que permanentemente se dedica a atender las llamadas de emergencias, la que dispone de las patrullas para atender los casos en curso; pero en realidad esto sucede cuando se ha visto superada por las circunstancias y ya no tiene capacidad de prevención. Es deficitaria, por tanto no constituye un modelo, porque nadie adoptaría un método de trabajo de este tipo, por lo menos de manera deliberada. (El éxito de una buena estrategia policial, fluctúa más bien en el equilibrio entre lo reactivo y lo preventivo y no de manera exclusiva en lo primero). Sin embargo una policía proactiva si constituye un modelo, de hecho es una variable de la policía comunitaria, pero el término no se refiere solamente al poder de discreción del individuo, ni la capacidad de la institución, sino al “carácter” que adopta la misma y esto si afecta su organización y despliegue. Ahora bien, aunque queda claro que la forma en que se administre ese poder de discreción no constituyen modelos, su uso y abuso muchas veces dan lugar a analizar algún tipo de modificación en el carácter y la filosofía de una institución cualquiera, sobre todo cuando por desconocimiento o ausencia de normas o por propio arbitrio se dejan

de perseguir algunos delitos y faltas (se corroe el orden público) o cuando se abusa arbitrariamente de él y se atenta contra las libertades individuales o los Derechos Humanos. En un estudio llevado a cabo por el Programa de Investigación Estratégica de Bolivia al exponer los resultados preliminares de una investigación denominada “Policía y democracia en Bolivia: Una política institucional pendiente”, Juan R. Quintana afirmaba “Los márgenes incontrolables de autonomía, deliberación y discreción administrativa otorgados a la policía durante dos décadas produjeron efectos no deseados que hoy ponen en riesgo la continuidad del régimen democrático…” (QUINTANA, J. 2003). Estas inequidades pueden ocurrir tanto en una policía de carácter profesional o semi-militarizada donde los funcionarios pueden cometer arbitrariedades contra las personas1; como por una policía con orientación comunitaria al no tomarse las medidas de orden legal, cuando se proyecta y procura dar solución por otros medios a todos los problemas de la gente cuando la intervención de la justicia en algunos casos es ineludible. Por último señalaré que el poder discrecional que se otorga a la policía no es un modelo en sí mismo, pero si tiene una influencia bastante importante en la filosofía y el perfil de la misma. Por lo tanto al definir el modelo de una institución es necesario tener en cuenta otros mecanismos del funcionamiento interno, ya que las adaptaciones a la realidad siempre, ineludiblemente diría, son necesarias. “…curiosamente se utiliza el término “modelo policial” en el sentido de grandes

Por ejemplo, en la identificación y aprehensión de ciudadanos para demostrar su poder, por prejuicios sobre un sector de la población o con fines estadísticos simplemente como sucede a veces.

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estructuras de cuerpos pero no en el de funcionamiento organizativo, tareas o relación con la población. Se discute el modelo y no la realidad. Eso es paradójico…” (TORRENTE ROBLES, Diego. 1997)

RELACION ENTRE MODELO Y PERFIL POLICIAL Hemos tratado sobre la policía como institución y como función, pero esto no basta para explicar su funcionamiento, sino simplemente la conceptualiza. De manera muy resumida y simplificada he desarrollado qué es y para qué está hecha la policía, pero no el cómo. La forma de organización en términos de administración (in-put) y cómo se desarrollará la labor en relación con la comunidad (out-put), determina el carácter de una policía, es decir, aquello que se implementa o adopta en función del cumplimiento de su misión y que la rige desde el punto de vista de su dirección y desde el punto de vista de su orientación. El carácter es sinónimo de modelo para éste caso. De ahí que hemos sentido hablar de una policía de “carácter semi-militarizado o de carácter profesional” por ejemplo, aunque los autores modernos prefieren referirse a ellos como modelos. Se llaman modelos porque responden a un estereotipo funcional con características propias: Son sus atributos, condición y naturaleza. Es un esquema teórico de un sistema de administración policial. Torrente Robles afirma que las policías se articulan en base a tres imperativos básicos en la forma en que se organizan, piensan y actúan “…controlar el riesgo, mantener la autoridad y racionalizar los recursos. El pri-

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mero es una condición básica, el segundo un mandato institucional, el tercero una necesidad organizacional. Las organizaciones de Policía pueden optar entre varias formas de responder a esos imperativos, cada una configura un modelo de organización policial distinto. Ese modelo y el origen social de sus “clientes” explican cómo la Policía define los problemas sociales y las respuestas que ofrece a la sociedad…” (TORRENTE ROBLES, D. 1997). El mismo autor, más tarde afirmaría que los modelos policiales reúnen variables organizativas, sociales, políticas y económicas, y que pone en relación a las organizaciones, el entorno social y las ideas. (TORRENTE ROBLES, D. 2001) Como la forma en que se administran ciertas organizaciones policiales en muchos casos evidencia factores de éxito es que se adoptan esas formas como modelos a imitar por otras organizaciones. Cada modelo tiene un propósito, más allá que puedan ser calificados de buenos o malos, y responden a un plan determinado y preconcebido de actuación policial en un contexto social determinado y en un momento específico. De ahí que los modelos no son recetas que puedan aplicarse como una panacea a cualquier tipo de sociedad. Dadas las variaciones que pueden presentarse en función del tiempo y en términos de una idiosincrasia particular de una comunidad, dichos modelos deben ser sometidos a evaluaciones y por lo general sufren adaptaciones o ajustes que hacen posible alcanzar el fin para el cual fueron concebidos. Cuando ese modelo se adapta a circunstancias específicas del entorno social en que la policía desarrollará su actividad, con los ajustes que puedan ser convenientes, esta-

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mos definiendo el “Perfil Institucional”. Esto quiere decir que hay diversas formas de concebir una organización policial para un mismo modelo de gestión. El perfil de la policía, se lo da en parte, aquello que en la administración se denominan “regímenes” y se refiere a las normas disciplinarias, de incorporación, capacitación, destinos, ascensos, jubilaciones, etc. Por eso es que el lector por analogía, habrá oído hablar u observado en la legislación policial sobre el “régimen de promociones”, “régimen disciplinario”, “régimen de cambios de destinos”, etc., y por otra parte cómo se relaciona la institución con la sociedad. Por lo tanto para definir el perfil de una institución es necesario determinar cómo es y cómo procede la policía, y esta otra parte le corresponde a La Doctrina, porque involucra las políticas, los planes, los programas, estrate-

gias, etc. y sobre todo la capacitación de su capital humano para actuar frente a los problemas de la sociedad. Por ejemplo, ¿Es posible una policía comunitaria con un capital humano que tenga una educación rudimentaria? Si. De hecho las policías latinoamericanas en sus orígenes fueron más o menos comunitarias, imitando el modelo inglés con el típico “policía de parada”. Lo que cambiaba era su perfil institucional. Hoy en día nuestra sociedad no lo aceptaría, pero de hecho existió. No creo que queden dudas en cuanto a las diferencias entre el perfil y el modelo, ya que es evidente que muchas de las policías comunitarias hoy en funcionamiento responden a un mismo modelo, y sus idiosincrasias son indudablemente particulares: Tienen un perfil distinto.

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LOS MODELOS DE GESTIÓN POLICIAL Los modelos policiales pueden clasificarse de distinta manera; según el punto de vista de su administración pueden ser: Centralizados, Descentralizados o Intermedios. Desde el punto de vista teórico se clasifican en Legalistas, de Servicios y de Vigilancia. Según la naturaleza de la gestión pueden clasificarse en Militar, Semi-militar, Profesional, Comunitario, etc. que es el punto de vista que he tomado para este análisis. Los métodos tradicionales de gestión de la policía surgieron a partir de una visión militarista de su organización, hasta que en la segunda mitad del siglo XX, se comenzaron a ver las fallas que en distintos aspectos tenían. Uno de los escritores más influyentes en la gestión de la policía desde los años ‘50 a la década del ‘70 fue Orlando W. Wilson, ex superintendente del Departamento de Policía de Chicago. En su libro sobre la administración de la policía refuerza los principios clásicos de gestión de aquellos años: Un control estricto con un número limitado de subordinados por supervisor, una jerarquía

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clara (para que todo el mundo sepa a quién deben informar), y la centralización de mando, donde las decisiones se toman en la parte superior y el flujo hacia abajo debe obedecer estrictamente ese mandato, con poco poder discrecional. (WILSON O. 1950). Esta escuela de gestión de la policía estadounidense influyó mucho en el arraigo y afianzamiento de los modelos militares de Europa y semi-militarizados de Latinoamérica y se lo denominó “el Modelo Profesional”, de gran aceptación en España y difusión en otros países europeos. El éxito del modelo de Wilson hizo que reeditara su libro “Police Administration” por tercera vez en 1972 en asocio con Roy C. McCaren y muchos de los aspectos que

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LOS MODELOS DE GESTIÓN POLICIAL Y LA SITUACIÓNEN LA PROVINCIA DE MENDOZA Una revisión histórica y actual de la realidad encierra el mismo se siguen aplicando aún hoy en las administraciones de Policía. Durante la década de los ‘90, diversos esfuerzos de reforma que habían estado cobrando fuerza en las últimas dos décadas comenzaron a fundirse en un solo movimiento conocido como la “Policía Comunitaria”. Para Patricio Tudela, Profesor de la Academia Superior de Estudios Policiales y miembro del Centro de Investigación y Desarrollo Policial de Chile “…los modelos policiales pueden clasificarse en dos vertientes: aquellos cuyo eje rector es la legalidad y el cumplimiento de la ley (modelo racionalburocrático) y aquellos sujetos a la influencia de la comunidad, la policía, la autoridad y la legalidad misma en la definición de su quehacer y función (modelo comunitario) …” (TUDELA, P. 2007) La policía comunitaria, además de un modelo, es un movimiento de reforma integral que ha sido definido de varias maneras o

tiene, se podría asegurar, distintos modos de aplicación: Policía comunitaria; la policía orientada a los problemas, la policía orientada a la inteligencia, entre otras. Estas ideas están influyendo en la actualidad en los administradores de policía, que en general tiene dos aspectos esenciales: Por una parte la exigencia de participación de nuevos actores sociales en la producción de seguridad y por otra, la necesidad de modernizar a la policía para poder hacer frente al crecimiento de la delincuencia en las zonas urbanas, producto de la sociedad de consumo y posteriormente la sociedad de exclusión frente a la cual la respuesta tradicional es insuficiente. (VARELA JORQUERA, F. 2007) Consideró que el modelo y el perfil que adopta una policía son de primordial importancia para la sociedad en que desarrolla su actividad y de interés especial para la Criminología, porque determina cómo se llevará a cabo gran parte del control social formal e informal.2

2.- Sobre este aspecto, si bien es cierto en la Ciencia Criminológica se afirma que el control formal le corresponde a la actuación del Estado en general a través de la Policía, la Justicia, la Ley, etc., mientras que el control informal a la familia, las costumbres, el deporte, las normas morales, más específicamente a cualquier persona que en un momento dado actúa contra el delito sin que ello sea su actividad profesional; pensamos que la policía no escaparía a ese control informal, desde el momento en que actúa como moderador de otras conductas que no están en el ordenamiento jurídico ni enunciadas específicamente como obligaciones en sus actividades rutinarias, asumiendo en algunos casos actitudes correctoras, funciones de colaboración, asistenciales, e incluso educativas que la colocan en situación de ser partícipe de ese control informal también, al cual contribuye con su amparo y cooperación en el mejoramiento de la calidad de vida de una comunidad.

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La importancia que tiene la determinación de un modelo de policía para una sociedad en particular radica en que éste es el que establecerá cómo será la relación entre la organización y la comunidad y cómo serán tratados sus problemas de seguridad. Si el modelo seleccionado es exitoso (el carácter de la policía) y los ajustes han sido correctos (su perfil), tendremos una policía eficiente y eficaz, si esto es así el fenómeno criminal debería estar bajo control. El fracaso, en cambio, puede deberse a distintas razones, de las que enumeramos sólo algunas: • Un modelo incierto, (O ausencia de mode-

lo) • Una inadecuada selección del modelo,

(Disfuncional) • Un modelo apropiado con un perfil insti-

tucional vagamente establecido (Implementación deficiente), • Contradicciones entre el modelo y el perfil

(Incertidumbre), • Un modelo y un perfil acertados y una

marcha deficitaria de los mismos (Fallas en la ejecución), • Un modelo y un perfil adecuados e inco-

rrectamente explicados (Falta de convicción o educación), • Un

modelo insostenible (Recursos insuficientes),

o

utópico.

• Un modelo o un perfil resistidos (Fallas en

la disciplina), etc. Los modelos aplicados en la administración policial a lo largo de la historia, pueden resumirse en la siguiente enumeración, para lo cual he agrupado en una brevísima síntesis aquellas características que denotan un prototipo de gestión con características pro-

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pias.

A.- El Modelo Militar o Napoleónico El primero de los modelos que describiré es el modelo militar o napoleónico, de corte netamente castrense y tal vez el más antiguo. Este modelo tuvo nacimiento en Europa, y se trata de modelos policiales estrictamente jerarquizados. Son organismos muy centralizados, con un fuerte control desde el poder estatal, al que han estado más ligados. Este modelo se aplicó en Francia, Grecia, Luxemburgo, Holanda, Portugal, España e Italia. Nace en 1791 con la Gendarmería Nacional Francesa, de estructura netamente militar, siendo un modelo represivo del delito por tanto de naturaleza reactiva. Una de las características actuales del modelo napoleónico en Europa es que convive con otros modelos de policía, sobre todo con el comunitario. En la actualidad los únicos países que lo conservan (con algún grado de evolución) son España (Guardia Civil), Francia (Gendarmerié), e Italia (Carabinieri); donde se desarrolla como un sistema policial que depende en algunos casos de los Ministerios de Defensa. Estos modelos tienen una formación y organización militar en cuanto a su funcionamiento, y por lógica se encuentran más orientados a su estructura interna que al exterior social. Algunos países como Grecia y Holanda, conservaron dicho modelo policial hasta la segunda mitad de los años ‘80 y ‘90 respectivamente, que debido a las transformaciones sociales estaban en franca regresión.

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En general los países europeos han contado con una policía más militarizada, a diferencia de lo que ocurrió en el resto del mundo, dado sus orígenes. Por lo general las deficiencias del modelo napoleónico han sido compensadas por la existencia de organizaciones policiales de contrapeso, generalmente de tipo municipal con orientación comunitaria o profesional, por lo tanto en rigor científico estas ciudades tienen un “modelo mixto”. En América del Sur, Brasil y Perú son exponentes de éste modelo militar, con algunas diferencias, pero que en general responden a sus características más sobresalientes. (En coincidencia con esto opinan Müller Solón y Rico) Chile también cuenta con un organismo militarizado, encargado del orden público denominado Carabineros. Las características más sobresalientes de este modelo, además de su estructura militar, son: • Una organización jerárquica piramidal. • Profesionalización. • Una orientación dedicada a defender el

orden social del Estado.

cumplimiento de los objetivos y el orden interno, que un real compromiso con su misión de seguridad. • Por ende, una gran burocratización y fun-

ciones administrativas de primordial importancia. • Escasa o nula rendición de cuentas de sus

actividades. • No dependen del consenso popular.

Estas características en teoría le garantizan imparcialidad y evitan la arbitrariedad y discriminación en sus actuaciones. Históricamente los fines de este tipo de policía estaban determinados exclusivamente por el cumplimiento de la ley y los objetivos del Estado. En consecuencia eran estructuras policiales más orientadas a cuidar su apariencia de orden y legalidad que de los problemas criminales y los factores criminógenos. Estas características, en muchos casos, hicieron que paulatinamente dichas organizaciones se aislaran del mundo social para evitar verse influenciadas tanto por la opinión pública como por la política, afincando sus propios objetivos, principalmente el cumplimiento estricto de la Ley.

• Una estructura más controlada hacia el Los Carabinieri son la fuerza de la policía militar de Italia.

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Sobre éste modelo el Dr. Gonzalo Jar Couselo, nos dice “…El liberalismo imperante a lo largo de todo el siglo XIX servirá para confrontar los dos modelos más importantes de Policía: El anglosajón (inglés) y el continental (francés) El primero también denominado por Loubert (1992) Policía del Pueblo surge de demandas fruto de una autorregulación social, y el segundo, Policía del Príncipe, en el que priman consideraciones políticas para la construcción del Estado…”(JAR COUSELO, M. 1999). Dice este autor que a este modelo por sus características le corresponde un menor nivel de apoyos y de legitimidad. El modelo imperante en España, luego de la constitución de 1812, es una variante del mismo, pero conserva las características miliares.

del Derecho Militar a los civiles, una tajante separación entre el Ejército y Policía y vinculación al poder local…” (JAR COUSELO, M. op. cit.) Este modelo se consolida en todo Inglaterra a partir de 1839, en que se exige mantener una organización policial civil (sin armas) y con funciones principalmente de prevención del delito. Sir Robert Peel, planteó algunos puntos esenciales para el desempeño de la policía civil, que nos acercan Chalón y otros autores: • La misión básica de la policía: prevenir la

criminalidad y el desorden público. • La capacidad de la policía de llevar a cabo

su misión depende de la aprobación pública de su acción. • La libre cooperación de la ciudadanía en el

acatamiento de la ley para asegurar el respeto de la población.

B.- Modelo De Policía-Civil o Alglosajón El modelo anglosajón, es creado a imagen de la policía Londinense e inspirado en los principios formulados en 1829 por Sir Robert Peel, fundador del Cuerpo de Policía Civil (Policía Metropolitana de Londres), quien consideraba que la policía es un servicio urbano cuyo rol es esencialmente preventivo y de cooperación con la comunidad. Se trata de un modelo de policía descentralizado, civil, más próximo al ciudadano, con un mayor nivel de apoyos, más legitimidad y menos recurso a la coacción para el mantenimiento del orden público. Es uno de los pocos cuerpos de policía que en éste período desvinculan a la policía de lo militar. Este modelo “…establece, en base a una larga tradición inglesa anterior incluso al siglo XVII contraria a la aplicación

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• El grado de cooperación pública disminuye

proporcionalmente la necesidad de uso de fuerza. • Se gana el apoyo público no por compla-

cencia, sino demostrando un absoluto e imparcial servicio a la ley. • El uso de la fuerza policial se requiere sólo

y en grado necesario para cumplir con la ley, cuando la persuasión, exhortación y advertencias resultan ser insuficientes. • “La policía es la gente y la gente es la polic-

ía”. • La policía se limita a sus funciones y no

usurpa aquéllas del aparato judicial. • La prueba de la eficiencia policial es la au-

sencia de criminalidad y desorden, no la evidencia visible de la acción policial en el manejo de esas realidades. (CHALON, M.

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Policía Metropolitana de Londres.

el recurso de la fuerza pública. Esto fue conformando un modelo que se repite en muchos países por sus similitudes en cuanto a su devenir histórico y su propia constitución como tales, por tanto es un modelo de gestión con más de un siglo de evolución. et. al. 2001). La experiencia británica, que en la actualidad se ensaya en Colombia, constituye uno de los pocos modelos de policía-civil con personas encargadas del orden público sin el uso de armas. La característica más sobresaliente es su vinculación con el entorno social, más orientado al mantenimiento del orden a través de la vigilancia y los lazos comunitarios.

C.- El Modelo Hegemónico Latinoamericano Este modelo, según Cheves, representó, salvo las excepciones propias de cada país y con sus diferentes variables a casi todas las policías de América Latina y responde a un contexto utilitarista, en donde los Estados se valieron de sus respectivos aparatos policiales para disciplinar a la comunidad, bajo el pretexto del orden público, apagando muchas veces los movimientos populares por

“…Entonces, recordemos en principio la constitución de los Estados Nacionales, emparentados con las creaciones e institucionalizaciones de los Ejércitos Nacionales, habida cuenta de la necesidad, además de limitar sus fronteras, de impartir orden y poseer a la vez que ejercer, el poder político interno. En este cuadro de situación, sus primeras medidas estuvieron orientadas a su constitución y modernización, preponderando el fortalecimiento de la justicia, del ejército y de la policía e imponiéndoles, supletoriamente, una doctrina de alto potencial filosófico, donde su actuación se emparentaba igualitariamente con lo patriótico…” (CHEVES, R. 2000) Este modelo, según este autor, se caracterizó, por: • Un fuerte disciplinamiento interno, pero

escaso apego a la ley. • Una inadecuada estructura institucional,

rígida, obsoleta y principalmente negada hacia todo avance tecnológico.

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• Un macro despliegue con

repetición de funciones, confusas y tediosas líneas de comunicación a la vez que un difícil acceso del público a la institución policial. • Un esquema de preven-

ción basado exclusivamente en la eliminación de oportunidades, preponderando una saturación de objetivos en forma indiscriminada y eventual, como así precarias técnicas de investigación, • Conflictos con la comunidad. Distancia-

miento. • Grandes despliegues de policías y patru-

lleros en su ámbito de responsabilidad como mega operativos puntuales y coyunturales. • Criterios discriminatorios para con los

grupos sociales más débiles (menos influyentes) con frecuentes acciones que se apoyan con el uso de la fuerza. • Precaria e inadecuada capacitación profe-

sional. • Pérdida de identidad, sobre todo motiva-

do por la auxiliariedad de tareas y funciones con otros poderes del estado. (custodia de detenidos, resguardo de vehículos, notificaciones, etc.) • Influencia política.

Cheves además afirma que entre otras cosas “…se advierte como los cambios operados en los últimos años en el mundo y sus sociedades han dejado en el camino a la Institución Policial y develado su incapacidad de absorción y adaptación…” (CHEVES, R. op. cit.)

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Algunos autores, como Martín Fernández, denominan a este modelo también como el tradicional lo cual es un error, ya que el tradicional se corresponde más con el carácter semi-militarizado que con el modelo hegemónico, no obstante aporta este autor en su descripción que “… las decisión de los objetivos que ha de alcanzar la policía la toman los grupos con capacidad de hacerlo. Partidos Políticos, caciques y grupos de presión, poderes económicos, religiosos, sindicales o de cualquier otro tipo influyen en la decisión de éstos objetivos en función de su poder en cada momento. La policía, en este modelo, se caracteriza por su dependencia de esos grupos que influyen en todos los niveles de la organización, su defensa de la ley está siempre mediatizada, la burocracia es rudimentaria y las líneas jerárquicas difusas en la práctica. Este modelo propicia la aparición de corrupciones y desviaciones de poder muy fácilmente…” (MARTIN FERNANDEZ, M. op. cit.) En este modelo, si bien no es un arquetipo a imitar, son innegables las grandes influencias que tuvo en las administraciones de las policías Latinoamericanas, tanto en

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sus sistemas para reunir información de grupos contrarios a los intereses del Estado con “organismos de inteligencia”, como en sus estructuras, sobre todo en la formación de los “cuerpos de infantería” para combatir los desórdenes sociales y no el delito. En general es el modelo que dio origen y al cual respondieron hasta pasada la mitad y finales del siglo pasado muchas policías en Latinoamérica y que aún hoy sigue existiendo disfrazado con otros intentos de aplicación, ya que las reformas que se han implementado siempre han sido insuficientes para reemplazarlo de manera absoluta, persistiendo sus resabios hoy en día en muchas policías.

D.- El Modelo Semi-Militar También denominado “modelo tradicional”, guarda una gran similitud con el anterior, diferenciándose principalmente por su origen histórico, ya que el mismo ha sido de aplicación en otros continentes, con una evolución distinta, y también por su grado de independencia de los poderes del Estado.

Parte del concepto que muchas organizaciones policiales adquieren para su funcionamiento interno una estructura similar a la del Ejército, no sólo en su disciplina estricta, sino fundamentalmente en su organización interna, inclusive denominaciones de dependencias, graduaciones, uniformes, emblemas, rituales, formación, etc. Su origen data de principio del siglo pasado, y una de las características más sobresalientes del modelo se encuentra en la descentralización de la policía. Marcelo Saín, destaca entre otras características las siguientes “…i) el desgobierno político sobre los asuntos de la seguridad pública y policiales; ii) el autogobierno policial de la seguridad pública y del sistema policial mismo; y iii) la exclusión comunitaria de los asuntos de la seguridad pública…” (SAIN, M. 2004). El modelo se caracteriza por: • Una organización semi-militarizada, con

una estructura piramidal. • Una disciplina estricta, uniformes, distin-

tivos, protocolos y prácticas que emulan las castrenses. • Descentralizada, con una

autodefinición de su misión, visión y objetivos institucionales. • Poca incidencia política en

el gobierno institucional, y en la forma de afrontar los conflictos. • Excesiva burocracia, que

se trasunta en una gran preocupación por el orden interno más que de los problemas sociales, en consecuencia: • Alejamiento de la comuni-

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medro de los problemas sociales y el delito.

dad. • Recurrencia al uso de la fuerza. • Gran poder discrecional, (y corrupción). • Carencia de órganos de consulta o aseso-

ramiento externos. • Concepto del “enemigo” al definir los pro-

blemas criminales. “…ello apuntaló una marcada independencia doctrinal, orgánica y funcional en su desarrollo y proyección institucional frente al gobierno estatal y frente a la sociedad política y civil, y permitió que estas agencias actuaran con frecuencia como si estuvieran por encima y más allá de la autoridad constitucional del Gobierno, protegiendo cada vez más sus logros e intereses autodefinidos y resistiendo con relativo éxito a todo tipo de iniciativa gubernamental tendiente a erradicar, reducir o cercenar dicha autonomía….” (SAIN, M. 2004) En su mayoría contaban con un estado o plana mayor, responsable de la toma de decisiones trascendentes, generalmente involucradas en sus problemas internos, en des-

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En Argentina durante muchos años las policías estuvieron a cargo de miembros de la Fuerza Armadas que ejercían el cargo de Jefe de Policía, conservando las mismas las subjefaturas, lo que contribuyó en mucho a que el modelo hegemónico afiazara una cultura semi-militarizada. Luego con intenciones de hacer más profesional su dirección algunos policías en actividad o retiro alcanzaron la Jefatura, haciendo estas instituciones más herméticas aún. Este modelo se caracteriza además por concentrar en una sola institución las funciones del cuidado del orden público y la investigación delictual. En cuanto a su estructura de personal el modelo denota diferencias jerárquicas internas que “…se compusieron por el personal superior conformado por la oficialidad policial –oficiales superiores, oficiales jefes y oficiales subalternos- y, en el plano subordinado, por el personal subalterno conformado por la suboficialidad poli-

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cial –suboficiales superiores, suboficiales subalternos, agentes y aspirantes o cadetes-. Ambas instancias han constituido compartimentos estancos que emulaban las estructuras orgánicas castrenses basadas en la diferenciación entre los miembros de conducción y el resto de la institución que ocupa la franja subordinada…” (SAIN, M. 2002). El modelo tradicional o semimilitarizado, es el que dominó la mayor parte de las policías del mundo durante la segunda mitad del siglo XX.

E.- El Modelo Racional-Burocrático y El Profesional Nacen en Estados Unidos en el período comprendido entre los años ‘30 y ’70 aproximadamente. Estos modelos tienen como corolario el crecimiento demográfico en las grandes capitales para uno y diversos episodios de corrupción en la policía y actuaciones excesivas, sobre todo contra las personas de color, para el otro. Frente a estas realidades que se presentan casi de manera simultánea distintos movimientos progresistas ejercieron suficiente presión para que se profesionalizara la función, a fin de terminar con la brutalidad policíaca, exigiendo un alto grado de especialización co-

mo una fuerza encargada de respetar y “hacer cumplir la ley”. “…La corrupción generalizada llevó a una serie de investigaciones y propuestas de reforma que derivaron en las recomendaciones de la Wikersham Commission, creada por el Presidente Hoover en 1929, y que significó el nacimiento de un nuevo modelo de seguridad y policía. En los años 30, con las reformas implementadas a partir de las recomendaciones de dicha comisión, la policía se separa de los cuerpos políticos del estado, se profesionaliza, y, tomando como modelo organizacional el del ejército, se erige en una fuerza armada de control del orden, que actúa en el medio local con “asepsia” y “objetividad”….” (MONTBUN A. 2002) Dada la íntima conexión entre ambos modelos y su contemporaneidad, vamos a analizarlos en su conjunto, ya que en realidad su nacimiento e implementación resultan de la imbricación de uno hacia el otro en un período relativamente corto, sin que exista un punto de traspaso, sino más bien evolutivo, de ahí que muchos autores los caracterizan como uno solo, mientras que en otros no hay acuerdo sobre sus similitudes y diferencias. Sobre este punto el autor español Diego Torrente, que realizó estudios sobre una institución policial, cuando trata sobre la evolución del modelo racional-burocrático, nos aclara algunos aspectos al mencionar que “…Los primeros análisis científicos de la Policía se efectúan en estos años, en general desde dentro. Las obras de August Vollmer u O.W. Wilson y R. McCaren son

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los soportes intelectuales del modelo racional-burocrático. En sus comienzos algunos de esos autores llamaron a este modelo “profesional”. Comparte con éste -posterior en el tiempo- Una aspiración de autonomía de funcionamiento que le hace concentrar mucho poder (Martín 1993). Aunque el ideal racional -burocrático no es propiamente profesional, sí es profesionalista y refuerza la dedicación y especialización…” (TORRENTE ROBLES, D. 1997) La influencia del modelo profesional en Latinoamérica se hace notar más como una evolución del modelo hegemónico y semimilitarizado que como un cambio, por tanto hubo más bien una fusión o asociación que no obedece a ningún proceso de reforma sino más bien de interés, aceptación y aplicación de sus postulados, que en mucho se conectan con el ya imperante. La inusitada por ese entonces- bibliografía especializada de administración policial que suscitaron estos modelos, llegó a los países latinos a través de México y sedujeron a las policías. Por éste motivo nos detendremos un poco más en el análisis de los mismos. Por aquellos años, las policías estadounidenses dado el crecimiento que experimentan para poder satisfacer las necesidades de las grandes ciudades, deben implementar mecanismos de administración más sofisticados. Las mejoras en las comunicaciones con el auge del teléfono, permiten a la ciudadanía dar a conocer con más prontitud los hechos, pero también obliga a la policía con una respuesta igualmente rápida. Se generaliza el uso del auto-patrulla y los medios de comunicación con éstos son imprescindibles. Se adopta paulatinamente una estrategia de vigilancia a través de los medios motorizados en forma permanente en la calle:

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El patrullero ya no regresa a su estación para esperar otra llamada, sino que hace su base de operaciones directamente sobre la ciudad, atendiendo un llamado tras otro y en los lapsos intermedios aprovecha para desempeñar la vigilancia del orden público que antes sólo se hacía a pié. Este modelo profesional de vigilancia, se caracteriza según Bayley por “…el reclutamiento de acuerdo a patrones específicos, remuneración alta o suficiente para crear una carrera, entrenamiento formal y supervisión sistemática por oficiales superiores…” Se basa también, según este autor por “…la especialización funcional de los policías, uso de tecnología moderna, neutralidad en la aplicación de la ley, uso responsable de la discreción y una cierta autonomía…”. (BAYLEY, D. 2001). Se imponen líneas de supervisión para evitar lo más posible la discrecionalidad y los abusos. El control del desempeño de los policías de patrulla, exige una excesiva burocracia para documentar cuál fue su actuación durante todo un turno. Se imponen mecanismos de evaluación, para evitar la ociosidad, en base a estadísticas que reflejen el trabajo del policía en la calle: Cantidad de llamadas atendidas, tiempo de respuesta, kilómetros recorridos, áreas cubiertas, personas que se identificaron, bares y comercios visitados, multas de tránsito, etc., a fin de tener un control perfecto de los policías. Las autoridades “…Parten del presupuesto de que un personal formado, un equipo modelo y formas organizativas similares a las empresas privadas logran mayor eficiencia y control sobre los agentes. Se piensa en la modernización de la organización es la clave y se diseñan cuerpos apolíticos, centralizados, ra-

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cionales y burocratizados. Se crea el mito de las respuestas rápidas que hace que se generalicen los coches patrulla como estilo de trabajo…” (TORRENTE ROBLES, D. 1997). Se acuña un concepto trascendente: El policía es el “Encargado de hacer cumplir la Ley”, pasando a ser este el fin de la organización, por sobre el mantenimiento del orden público. El modelo racional-burocrático “…Cree que la Ley aporta racionalidad para definir el trabajo, control y legitimidad a la organización. Esta utiliza la legalidad para imponer un estilo de gestión y mentalidad burocráticas. El policía pasa a ser un funcionario que aplica la Ley…” (TORRENTE ROBLES, D. op. cit.). Esto genera una de las características más sobresalientes del modelo que es su autonomía con el poder político, ya que los deberes de la policía no están tanto en las de-

cisiones de la autoridad sino en el cumplimiento irrestricto de la Ley, por tanto hay poca ingerencia sobre el aspecto funcional de la organización, la cual dado sus propios mecanismos de control es más autónoma. Como contrapartida la policía se aísla de su entorno. Lo social y lo policial en cada extremo. El concepto de racionalidad y afianzamiento a la ley también implica un menor grado de discrecionalidad en los niveles de ejecución para evitar cualquier tipo de corrupción (abusos o inacción). Todo se resume en la obediencia debida a las Leyes. Los Policías son los encargados de hacer cumplir la ley. Esta autonomía y el control estricto del trabajo, obligan a la organización a contar con más mecanismos para medir su actuación y se crean estructuras internas dedicadas a la administración de personal, al manejo del papeleo interno, al estudio del deli-

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to en cuanto a la cantidad de ocurrencia, se lo clasifica, se estudian sectores y horarios críticos, se elaboran mapas del delito, factores de riesgo, etc. con el fin de lograr una planificación puntillosa de las tareas de las patrullas y finalmente el control preciso de la actividad; que hacen de ésta policía un organismo realmente burocratizado para que pueda funcionar según sus propósitos. Aunque no rinde cuentas a nadie, todo debe quedar perfectamente documentado para no dejar lugar a dudas. Para controlar los abusos, y evitar la discrecionalidad excesiva, se estandarizan las funciones lo más posible, lo que exige un cúmulo de normas, manuales y directivas internas, una disciplina regular y un régimen de sanciones para asegurar su cumplimiento, lo que también contribuye a dar nombre a éste modelo (burocrático). Al respecto Martín Fernández agrega que “La definición de los objetivos de la policía en este modelo viene determinada por la Ley y los intereses del Estado. Son unas organizaciones muy normativizadas y cerradas, que se aíslan del entorno en su afán de limitar las influencias exteriores, a fin de evitar distorsiones en lo que consideran la función de la policía: El cumplimiento de la ley..” (MARTIN FERNANDEZ, M. op. cit.) En general como estos planteamientos (el afianzamiento policial a la Ley: Law enforcement) no dieron respuesta satisfactoria a las necesidades de la seguridad, es que aparece la idea de profesionalizar la policía, dando origen al modelo profesional (aunque en sus inicios, ya vimos el racional-burocrático había recibido esta denominación). “…El talón de Aquiles de este modelo es, precisamente, el pretender que sea el propio profesional quien defina el problema y su 90

método de solución más apropiado…” (MARTIN FERNANDEZ, M. op. cit.) Aunque sus orígenes se confunden con el anterior, éste modelo pone el acento en la autonomía del personal, más que en el de la institución. El Policía, si adquiere la capacidad del profesional (en el sentido que entendemos las profesiones actuales como abogados, arquitectos, médicos, etc.) estará en mejores condiciones de resolver los problemas propios de la función. “Tradicionalmente, los modelos de Policía racional burocráticos y profesionales han asumido la tarea de hacer cumplir la ley como el núcleo central de la labor policial y como método de lucha contra la delincuencia. La creencia en la eficacia de ese método empezó a tambalearse en los años setenta con la investigación empírica. El modelo profesional descansa en el patrullaje aleatorio, como técnica de detección y respuesta a la delincuencia, y en la investigación….” (TORRENTE ROBLES, D., 1999) En realidad ningún gran departamento de policía llegó a ser profesional. Una profesión exige un cuerpo de conocimientos científicos propios, una agrupación que regule la actividad, la formación académica especializada, el reconocimiento social como profesión, normas éticas que determinen su actuación e independencia de criterio. “…Para las organizaciones que siguen este modelo, todo llega a ser un inconveniente para la eficacia profesional de la policía: Los políticos, las leyes y la propia sociedad. Todo ello, sin contar con la dificultad de compatibilizar la pretendida profesionalidad con unas estructuras fuertemente jerarquizadas y burocratizadas…” (MARTIN FERNANDEZ, M. op. cit.)

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Este modelo profesional de vigilancia, se caracteriza según Bayley por “…el reclutamiento de acuerdo a patrones específicos, remuneración alta o suficiente para crear una carrera, entrenamiento formal y supervisión sistemática por oficiales superiores…” Se basa también, según este autor por “…la especialización funcional de los policías, uso de tecnología moderna, neutralidad en la aplicación de la ley, uso responsable de la discreción y una cierta autonomía…”. (BAYLEY, D. 2001). Para lograr la profesionalidad se afianzó la idea de las academias de policía, con exigencias curriculares más formales y una mayor dedicación a las áreas intelectuales (científicas) y se diseña una carrera policial. En el área de incorporación se establecieron estándares más regulares en los requisitos de admisión y se generalizaron los códigos de ética profesional. Simultáneamente se incrementan los salarios de los policías para hacer más atractiva la incorporación y darle el nivel socio-profesional que necesitaban. A falta de un cuerpo teórico propio, se incentiva y desarrolla una gran bibliografía sobre métodos de patrulla, administración de patrullas, administración y organización policial, uso de los medios de comunicación, organización y manejo de centrales de emergencias, hasta se habla de una filosofía policial. Como se ve este modelo sedujo en mucho al modelo semi-militar porque prácticamente lo perfecciona, por tanto en muchos casos algunas policías adoptaron algunas de las características de éste modelo sin dejar de ser semi-militares. Tanto los modelos racional-burocrático como profesionales fueron paulatinamente

superados por las circunstancias, sobre todo a partir de finales de los ’70 y comienzo de los ‘80. El cumplimiento de la Ley, no bastaba para atender el problema social que significa la actividad delictiva. Diversos estudios llevados a cabo en los Estados Unidos y el resto de Europa, revelaron que la presencia en vehículos, puede servir para un mínimo porcentaje de la prevención, mientras que no contribuye en el mismo grado que lo hace la presencia a pié para disminuir la sensación de inseguridad en la población. La gente no sabe si la presencia del patrullero les lleva tranquilidad, si algo malo sucedió en las inmediaciones de su residencia o los están vigilando. Además, consideramos que la reducción en el tiempo de respuesta es relativa o nula en la prevención del delito, aunque puede ayudar a capturar delincuentes “in-fraganti” no evade la acción ya consumada. Al perderse el contacto directo con el público, se pierden muchísimas oportunidades de obtener información que pueda servir tanto para la prevención del delito como para su investigación, convirtiendo gradualmente a las organizaciones en deficitarias y principalmente “reactivas”. David H. Bayley, (citado por Torrente) sostiene que los modelos de organizaciones de Policía racional-burocráticos y profesionales tratan con las consecuencias del delito pero no con sus causas y afirma que entre otras razones la policía no es eficaz en la lucha contra la delincuencia porque no consideran su misión prevenir. Los recursos, el patrullaje y la investigación, sus técnicas básicas, están pensados para responder a delitos que ya se han producido (la mayoría) o se están produciendo, pero no se anticipan a ellos. (TORRENTE ROBLES, D. 1999) Otra de las desventajas de los modelos, se

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podrá apreciar, es su excesivo costo. Estos modelos exigen muchos recursos para sostener sus propias burocracias internas, con macro organizaciones dedicadas a la planificación y orden internos, tecnología, medios de comunicación y auto-patrullas para poder cubrir las necesidades de sus propios principios. Como imperceptible, pero paulatinamente van convirtiéndose en reactivas, las necesidades (personal, vehículos y comunicaciones) también aumentan de manera progresiva a medida que aumenta el delito. Satisfechas sus necesidades temporalmente (con más recursos) aparece la calma, hasta que nuevamente viene el desfase y como se vuelven inoperantes gradualmente, más recursos necesitan y se comienzan a crearse nuevas oficinas y dependencias en los lugares donde surgen los problemas (comisarías, destacamentos, puestos) y con el tiempo dejan de ser funcionalmente eficientes y operativamente eficaces. Esta es una de las principales causas del cuestionamiento a éste modelo: Su elevado costo por la constante necesidad de tener más recursos disponibles. Los síntomas más evidentes de la decadencia de estos modelos lo constituyen un aumento sostenido y sutil del delito a lo largo del tiempo, sensación de inseguridad en la gente, la aparición o proliferación a gran escala de prestadores de seguridad privada, mayores necesidades en inversión para más recursos, sensación o realidad en el alejamiento con la comunidad, reclamo ciudadano de endurecimiento de las acciones contra 92

la delincuencia o que se le otorgue más poder a la policía y el consecuente aumento en la discrecionalidad individual del agente.

F.- Los Modelos de Policía Comunitaria Luego de algunos años de la aplicación del modelo semi-militar, el racionalburocrático y el profesional a partir de finales de los ’70 y comienzos de los ’80, las relaciones policía-comunidad empiezan a sufrir un deterioro, incluso se manifiestan algunos desórdenes sociales y protestas en casi todo el globo como en los Estados Unidos, Brasil, Argentina, Chile, Francia, España, China, etc. Cuando las administraciones de policía estadounidenses reconocen que sus estrategias resultaban altamente costosas, no ponían freno al crimen y además la población comenzaba a sentir miedo, es que intentan alternativas que pongan más atención en las relaciones con la comunidad que en una fuerza encargada del cumplimiento de la ley. Los lazos policía-comunidad estaban resquebrajados y esto no ayudaba a generar la tan ansiada sensación de seguridad que se

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diluía frente al crimen en todas sus formas. Los administradores de policía y estudiosos norteamericanos coinciden en afirmar la necesidad de aplicar un nuevo modelo integral, a través del cual la sociedad y la policía identifiquen y busquen soluciones a los problemas que afectan la Seguridad Ciudadana. Robert Trojanowicz realizó un estudio en los Estados Unidos en la ciudad de Flint, Estado de Florida, conocido como el “Neihborhood Food Patrol”. Consistió en un experimento donde se asignó a algunos funcionarios policiales la flexibilidad necesaria para actuar en dicha comunidad vigilando la misma para hacer un lugar mejor para vivir, con la consigna de interactuar con la gente, involucrarse en sus problemas (aunque no fueran violaciones a la ley) y procurar soluciones con su ayuda. Se demostró que la comunidad puede ser motivada para apoyar a la policía y aceptar nuevos estilos de patrullaje. Este experimento arrojó muy buenos resultados y se fue convirtiendo paulatinamente en una estrategia digna de imitar, porque resolvía el problema del distanciamiento con la comunidad, contribuyó a disminuir el delito y aseguró una sensación plena de seguridad en los vecinos que podían confiar en la ayuda policial. Este modelo se denominó “Community Policing” (Policía comunitaria).

organizaciones policiales modernas es, sin duda, la necesidad de que la policía esté fuertemente cohesionada con la colectividad, lo que implica la integración plena en el tejido social y por tanto, la máxima interrelación con los diferentes actores sociales. (YÉPEZ DÁVALOS, E. 2004). Señala que con la denominación de Policía Comunitaria, Policía de Proximidad, Policía de Cuadrante entre otras acepciones, se desarrolla un modelo de gestión policial que se aparta del tratamiento tradicional de tipo reactivo de la actuación y pone énfasis en la acción preventiva, pro-activa y de reinserción social de la policía. Estas propuestas resultarían la alternativa más viable para enfrentar con éxito el incremento de la criminalidad y la violencia y llevar a la comunidad la tan ansiada “sensación de seguridad”. El modelo de Policía Comunitaria alcanzó rápidamente prestigio mundial y no se limitó a los Estados Unidos, sino que se adaptó a diferentes culturas policiales, realidades sociales, sistemas jurídicos y económicos en prácticamente todo el mundo. Hoy en día el modelo de Policía Comunitaria se

Enrique Yépez Dávalos nos dice que uno de los elementos característicos de las

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aplica en casi todas las ciudades y países, como Londres en Inglaterra, Francia, Bélgica, Noruega, Canadá, Australia, Japón, San Salvador, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Perú, entre muchas. El concepto de policía comunitaria implica cambios en el papel de la policía en nuestras sociedades. Se refiere a un grupo de medidas que le adjudican a la comunidad un rol importante en la definición de la labor policial y en guiar su desempeño. Se basa en el principio democrático que “cualquiera que ejerce su autoridad en favor de la comunidad, responde a la comunidad por el ejercicio de esa autoridad”. (STENNING, P. 1984.) “La estrategia o modelo de "policía comunitaria", por su parte, surge de la constatación de las falencias del modelo policial profesional tradicional dominante. Este demanda un enfoque organizativo y operativo de la policía, que supone una estrecha colaboración entre ésta y la comunidad en la tarea de controlar la criminalidad y el orden público, como también en el desarrollo de programas de prevención…” (TUDELA POBLETE, P. 1999) Entre los elementos esenciales del modelo estadounidense una policía comunitaria incluye: La prevención comunitaria, el despliegue de patrullas para interactuar con la comunidad en situaciones rutinarias, el llamado a la ciudadanía a cumplir con tareas de servicio público y canales para recibir las opiniones sugerencias que tenga el público sobre la operación policial (retroalimentación). El concepto se ha tornado en un nuevo marco de la reforma policial en el mundo, pero aquellas prácticas llamadas de “policía comunitaria” varían tanto que parecería que el término al abarcarlo todo pierde su con94

notación, y es cierto, es mucho más amplio que eso. La policía comunitaria no sólo es una forma de gestión policial, o de cómo se relaciona ésta con la gente; no es únicamente la forma en que se ejerce su dirección (in-put) y la definición de su orientación (out-put); porque comprende una variedad de elementos: Desde esfuerzos por mejorar la imagen pública de la policía, hasta profundos cambios estructurales y operativos para mejorar la colaboración entre la comunidad y la policía en la identificación y resolución de problemas. No hay características que puedan permitirnos definirla en términos de su aplicación en el mundo concreto, porque su gran difusión y adaptaciones han hecho en la práctica que exista un perfil de policía propio de cada ciudad. Pecaríamos de ajustados si pretendiéramos enumerar cuáles son sus características básicas o más sobresalientes como hemos hecho con los demás modelos. Tal vez con el tiempo eso sea posible. La única característica que se manifiesta, está en el incremento de la capacitación de su capital humano en temas no específicamente policiales. Además de ello, la policía comunitaria se define mejor en cuanto a la relación policíacomunidad y sobreabunda la bibliografía referida al tema, pero no hay muchos documentos que especifiquen cómo debería ser el orden interno de una institución con ésta orientación (su perfil), a pesar que se han revisado los regímenes legislativos de algunas policías sudamericanas (de Chile, Perú, México, Colombia, República Dominicana, Venezuela, Portugal, Argentina, entre otras), no encontramos un patrón que perfi-

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le la administración policial en un sentido único, ni características comunes que denoten similitud alguna. Creo, en base a mi experiencia, y entendiendo sus enunciados, que una policía comunitaria varía no solo de una comunidad a otra, sino de un punto a otro de una misma ciudad, y por eso es importante la permanencia de los policías en sus destinos. Esto obedece, en gran parte, a que deben ajustar sus estrategias de adaptación a un entorno dinámico, particular y morfológicamente en evolución como es la sociedad, pero con constancia en el tiempo a fin de no ser desconocidos ni desconocer el entorno social. La policía comunitaria no se ajusta a las condiciones políticas de un momento determinado, ni responde a objetivos de un gobierno en particular, sino a las necesidades sociales de un contexto real. En esto coincido con Varela Jorquera, de la Subsecretaría de Carabineros de Chile, quien afirma que

“…En cada uno de los países donde existe, este modelo de policiamiento posee una definición y énfasis diferentes, no obstante, lo que subyace a todas las experiencias es que la policía cede responsabilidades a la comunidad manteniendo una cooperación mutua en la tarea de disminuir los delitos, mantener el orden público y desarrollar programas preventivos en conjunto...” (VARELA JORQUERA, F. 2007) Se podría afirmar con todo ello y sin lugar a dudas, que no sólo nos encontramos frente a un nuevo modelo de gestión, sino frente a “Una Nueva Policía”: Así de importante puede considerarse este nuevo movimiento, que se irá transformado paulatinamente en un nuevo paradigma de la seguridad. Esto es así, porque a diferencia de otros modelos clásicos, la policía comunitaria no solo involucra a la institución policial (su dirección in-put y orientación out-put), sino

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que integra -y esta es su arista más importante- al resto de organismos encargados del control formal del delito, como también a las organizaciones comunitarias de todo tipo y esencialmente al ciudadano común (control informal), sin cuya participación estaría predestinada al fracaso, por que es el eje angular de su aplicación. Este nuevo paradigma requiere un cambio conductual recíproco en la “dualidad policía-comunidad”, y no solamente en la primera; que debe cambiar su imagen, su identidad, su modelo y su perfil; mientras que en el entorno el concepto de seguridad deja de limitarse al orden público o al afianzamiento estricto a la Ley, y se amplía a la idea general de “calidad de vida”. “…En un contexto que se caracteriza por una tendencia al aumento de la criminalidad a nivel global, la policía ha debido adaptarse y buscar modelos y estrategias orientados a hacer más eficiente y eficaz su labor. Ello la ha llevado en muchos casos, a superar el modelo policial tradicional de vigilancia de carácter reactivo y avanzar hacia modelos más modernos para ‘coproducir seguridad’ con la ayuda de otros actores sociales….” (VARELA JORQUERA, F. op.cit.) Se exige que la policía no solo actúe en la función como la conocemos hasta hoy (… destinada a la prevención y represión del delito, encargada del orden público y la paz social) sino como un verdadero miembro de la sociedad. Y en esa ilustración que hicimos al comienzo se funde, con los rayos de esa rueda para “integrarse” (con toda la significación del término) en el discurso social, político y científico del fenómeno criminal y la seguridad. Tal es la impresión de una verdadera po96

licía comunitaria, pero a la par de esto también debemos ser objetivos al plantear, con la estricta vehemencia que la seriedad del tema impone, que alcanzar ese objetivo es uno de los más difíciles desafíos a los que se enfrenta los Estados, porque el acercamiento a la comunidad y la participación ciudadana no depende exclusivamente del poder político, sino principalmente del ciudadano común. Dos estudiosos del tema, Rico y Chinchilla coinciden al afirmar que “…las recientes reformas en este sector aún no han conseguido superar numerosos problemas que, debido al carácter novedoso de tales reformas y al peso de la tradición, afectan diversos aspectos de la institución policial, en especial su desmilitarización, profesionalismo, control, acercamiento a la comunidad y eficiencia con respecto al fenómeno criminal…” (RICO J.M., et. al. 2002). Los mismos autores en publicaciones posteriores reafirman esta idea con respecto a los diversos problemas que origina la implementación de este modelo, al analizar la falta de conocimiento respecto de algunos referentes importantes “…En América Latina los nuevos enfoques enfrentan desafíos y problemas adicionales. Para comenzar carecemos de académicos dedicados a estudiar los asuntos de seguridad ciudadana –lo que es incomprensible considerando los costos de la criminalidad, la importancia que el asunto tiene en la agenda pública, el profundo malestar ciudadano que genera y los dolores de cabeza que causa a nuestros gobiernos-, casi no se conocen las experiencias de prevención europeas y canadienses y hay una tendencia a copiar las experiencias esta-

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dounidenses, mucho más próximas al tipo de medidas represivas que demanda la opinión pública…” (RICO J.M., et. al. 2006). Si bien consideramos que el modelo de policía comunitaria debe su gran difusión más al augurio y promesa de sus resultados que de los resultados mismos, no cabe dudas que estamos frente a un cambio paradigmático, único a nivel mundial, pero ello también enfrenta algunos riesgos si no hay una buena implementación. “…Esta ‘filosofía’, como se le ha denominado, se inserta dentro de aquellas iniciativas que enfatizan un acercamiento proactivo al delito, logrando un relativo éxito en variadas experiencias internacionales en los últimos años…” (TUDELA POBLETE, P. 1999) El éxito de una policía comunitaria, parece que radica no sólo en la adopción misma del modelo, sino en las estrategias que se sigan para hacerlo funcionar y esto ha relativizado el logro de su implementación. “…Todo lo que el término denota -como filosofía de acción entre policía y comunidad- se diluye en una suerte de interpretaciones, re-interpretaciones y modificaciones de cuya amalgama surgen nuevos ajustes que sólo han concluido en desajustes y crisis institucionales; algunas más severas que otras…” (CUELLO VIDELA. 2008). Convengamos que cualquier plan estratégico en éste sentido implica una ordenación y reforma en los caracteres básicos de la policía y su perfil, pero lamentablemente, la experiencia nos señala que siempre que se ha intentado aplicar el modelo de policía comunitaria, las autoridades no han considerado todas las implicancias que ello significa. Es decir, hay muchos deseos de reforma, pero no todas las reformas han sido reforza-

das por planes estratégicos. No obstante, es obligación aclarar que además la policía comunitaria, en su afán de adaptación ha originado prototipos de aplicación diferentes. Tales son las propuestas de “Policía Orientada a los Problemas”, desarrollado en 1979 por Herman Goldstein quien concibió el concepto de “Problem oriented policing” y se aplicó por primera vez en los Estados Unidos en el condado de Newport News, Estado de Virginia, donde se adoptó esta estrategia y se desarrollaron planes para identificar y resolver problemas más específicos y no policiales que dio buenos resultados. Golstein afirmaba que la solución de problemas es la esencia del trabajo policíaco y que los policías deben identificar las causas de los mismos, hacer una mejor utilización de los recursos y aumentar la efectividad de los oficiales. Otro enfoque lo constituye la “Policía de Proximidad”, una nueva práctica para los policías, ambiciosa y ambigua al mismo tiempo, es un concepto moldeable, que alberga significados diferentes para personas y situaciones distintas. En el fondo tiene muy similares características a la policía orientada a la solución de problemas, pero se basa principalmente en una acción más personalizada de la actuación policial. Esto significa que la policía además de “preocuparse” por los problemas que atañen a la gente, debe “involucrarse” en su solución, lo cual decíamos al principio atenta a la enunciación de un rol específico para la policía, porque la hace polifuncional, y esto a nuestro juicio la obliga a desatender otros aspectos importantes de su función primordial y con el tiempo la tornaría deficitaria. Creo que sólo sería permisible su aplica-

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ción con un gran número de efectivos policiales por habitante o como alternativa para aplicarse por organizaciones policíacasciviles, municipales o de otro tipo (anexas a un cuerpo policial principal) que no estén tan involucradas en el problema delictivo directamente, sino más bien dedicadas al cuidado de las normas de convivencia urbana. “…Los resultados de diversos estudios sugieren que la policía de proximidad y la policía orientada a la solución de problemas han tenido un efecto moderado sobre la delincuencia pero un efecto mayor sobre la calidad de la relación entre la policía y la comunidad…” (GREENE, J. 2006) Existen muchas perspectivas dentro de estos dos últimos prototipos de policía de acuerdo a los enunciados que las sostienen, pero que se han formulado más que nada sobre presunciones que aún no han sido evaluadas científicamente para asegurar su efectividad. Por último también se abre otra posibilidad de adaptación que es la “Policía Orientada a la Inteligencia”, donde la recolección de información delictual tiene por fin hacer más énfasis en los delincuentes que en los delitos cometidos por éstos. Esto plantea el debate sobre la necesidad

de un mayor control sobre la actividad policial también, ya que no se trata de la reimplantación de los sistemas de inteligencia propios de los modelos tradicionales, sino de investigar y hacer inteligencia sobre la conducta delictiva (desde un punto de vista criminológico), más que en la producción del delito. “…El modelo de policiamiento Intelligence-Led Policing (o Policiamiento Guiado por la Inteligencia)… tiene su origen en el Reino Unido debido a un aumento del crimen durante la década del ‘80 y principios de los ’90, lo que provocó una mayor demanda de la ciudadanía para mejorar la eficacia y eficiencia en las acciones policiales…” “… Mediante las evaluaciones obtenidas por el Ministerio del Interior y The Audit Commission en el año 1993, se reconoció que la policía gastaba demasiado tiempo respondiendo al crimen y muy poco tiempo apuntando a los delincuentes…” (VARELA JORQUERA, op. cit.). Este modelo debe contar con tácticas (y recursos) para poder poner en acción agentes encubiertos, contar con informantes, realizar vigilancia de sospechosos, intercepción de llamadas, seguimientos, y otras medidas basadas en tecnología adecuada para

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el análisis de información. Cualquiera sea la modalidad que se adopte de policía comunitaria, hemos observado que la principal característica estriba en que se asigna una gran cuota de discrecionalidad a los policías que trabajan en la calle, por lo tanto exige una mayor descentralización del mando; lo que exige, de manera inexorable diríamos, mayores condiciones éticas y formación de los mismos con un conocimiento perfecto de los procedimientos, para que de ésta manera puedan contar con las herramientas para discernir quien estará en mejores condiciones de abordar un problema social y a quien derivarlo, o si cabe una solución judicial, y evitar cometer incumplimientos de tipo penal. También involucra tener adecuados procedimientos de control de la actividad policial individual.

EVOLUCIÓN DE LA REALIDAD POLICIAL EN ARGENTINA En cuanto a los modelos de gestión, la evolución en el país no fue distinta a la que se produjo en casi todo Latinoamérica durante gran parte del siglo XX. La mayoría de las policías respondieron a un prototipo hegemónico y semi-militar con una fuerte influencia del modelo profesional y muchas de ellas conservaron los designios

de dicho imperio en su organización, su estructura centralizada, en sus rituales y protocolos marciales y principalmente en las estrategias para realizar su labor, principalmente represiva ante el delito y por tanto reactivas. El advenimiento de la democracia en el país, trajo consigo ideas de reformas de algunas de las instituciones policiales. La mayoría de ellas solapadas, porqué no, en la excusa de mejorar la seguridad pública y ciudadana (que también sufría un deterioro notorio en casi todas las provincias, principalmente en las mayores urbes del país) pero principalmente tendientes a desmilitarizar su carácter y asumir el poder de su gobierno hasta ese entonces autónomo. Estas reformas, partiendo de una observación global de sus alcances conciernen a los niveles estructurales de las instituciones (lo normativo y lo organizacional) y con ambiciosas ideas de acometer en la cultura policial para docilizar y cambiar su imagen deteriorada tras los períodos de gobiernos militares, que debemos reconocer por una u otra razón dañaron el adjetivo policial. En casi todos los casos, quienes llevaron a cabo este tipo de reestructuración policial consideraron que para cambiar la imagen policial sólo tenía gravitación “lo que la gente ve”, tal por ejemplo, uniformes, símbolos y otras representaciones similares, como

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ocurrió en la Policía de la Provincia de Bs. As. durante la administración del Ministro Arslanián y que se grafica en una nota periodística que dice: “…Mediante tres resoluciones, Seguridad definió el formato de las insignias del nuevo escalafón único y los uniformes de todas las Policías de la Provincia. …Los uniformados también estrenarán emblemas… Justifican los cambios a partir de la necesidad de adaptarse al nuevo perfil policial… Hace poco, el ministro de Seguridad bonaerense León Arslanián destacó que a la Policía “le cambiamos todo, nombre, academia, escalafones, grado”. Ahora dio un paso más, al modificar las insignias, uniformes y emblemas de los 45 mil uniformados que hay en la provincia. Este último cambio, que aunque es de forma adquiere un valor simbólico especial para los integrantes de la fuerza…” (ARSLANIAN L. 2008). Sin dudas que el camino del cambio no iba en ése sentido. En el otro extremo de estas reformas, algunos autores con sus opiniones e investigaciones atacaban principios básicos del ser policial comparándolo con lo militar, sin hacer aportes útiles en la misión esencial de

lo institucional y la forma de llevarlo a la práctica, que es lo que estaba fallando (las estrategias de seguridad pública, las tácticas urbanas, la disciplina, lo ético, etc.), sino que estaban perfiladas en un desmedro de su esencia histórica. Debemos reconocer a ésta altura, nos guste o no, que no todo lo heredado por nuestras policías en su devenir evolutivo es pernicioso y algunas cosas deben subsistir. Pero muchas de éstas opiniones las tornaban deleznables frente a la “necesidad palpable” de un cambio de orientación, con un cierto grado de resentimiento. Para Sofía Tiscornia, “Las instituciones policiales argentinas se estructuraron bajo el modelo militarizado. Así por ejemplo la idea de “guerra y del enemigo” es un recurso utilizado en todas las actividades y operaciones policiales”... Según esta autora, “Otro rasgo del modelo militar es el Estado Policial, que además de constituir un status jurídico, tiene fuertes implicancias, sociales, culturales y políticas y es uno de los presupuestos básicos sobre los que se asienta la “identidad Policial...” (TISCORNIA, S. 2000), y a partir de dicha identidad –nos dice José María Rico“...Se configura el “espíritu de cuerpo”, otro rasgo común con las prácticas militares...” (RICO, J. M. 1998). Con todo, podemos afirmar junto con Saín, que casi todas las policías del país poseían tradicionalmente un elemento común: La centralidad que ocupaban en el diseño de las estrategias y acciones dirigidas a gestionar la seguridad urbana. (SAIN, M. 2002). Con esta necesidad ya evi-

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denciada de cambiar el modelo policial en la Argentina, entre los años 1987 y 1991 en la Provincia de Buenos Aires, durante la gestión del gobernador Cafiero, podemos observar un ambicioso plan de reforma que pretendió implementar el Ministro Luis Brunatti, que intentaba, entre otras cosas, ponerle freno y control a distintos actos de corrupción policial, algunos conocidos como los casos de “gatillo fácil” y otros enmascarados tras elites de poder policial que ponían de manifiesto la necesidad de desbaratar pseudos-organizaciones internas no del todo transparentes. Pero hasta aquí las reformas intentadas, tenían como fin cambiar la gestión semimilitar de sus organizaciones, atacando los aparatos de poder que ejercían los propios policías en el manejo de la seguridad, debido a la configuración de las instituciones que las hacían compartimentos cerrados con muy poca ingerencia política en la especificación de su propia autodeterminación. Ya a mitad la década de los 90’ la crisis de seguridad aumentó el debate sobre la necesidad de producir cambios en la gestión y diseño de las políticas públicas del sector; y el aparato policial, como estaba constituido, significaba siempre un escollo difícil de sortear por las razones más arriba apuntadas (la centralidad del poder). Se imponen entonces las propuestas de realizar serios cambios en los mecanismos de gestión, estrategias y fundamentalmente en las bases de las instituciones de seguridad. Las razones de las reformas policiales que se diseñan entonces son múltiples, haciendo emerger lo que Pegoraro llama “el paradigma de la inseguridad”, y las miradas se centran en la organización que históricamente tuvo la función de prevención y represión del delito. (PEGORARO, J. 1997,

SOZZO, 1999) En la configuración de este nuevo escenario, comenzaron a vislumbrarse en el campo de las políticas públicas diferentes iniciativas de reforma más o menos ambiciosas de las instituciones policiales, pero no se consideró la problemática de la seguridad como un campo a gestionar mediante políticas públicas, sino que se continúa delegando el diseño y ejecución de acciones en materia operativa a manos de las instituciones policiales. (PALMIERI, G. 1998) Otro factor que adquiere relevancia es el avance decisivo hacia la consolidación de la democracia, que obliga a desmilitarizar a las policías, a profesionalizar sus miembros y a tomar conciencia de la potencial necesidad de re-educación de sus integrantes. El diagnóstico general, frente a ese paradigma de la inseguridad, encontraba diversas razones para proponer la modificación del modelo de gestión policial imperante en muchas policías del país y se centraba en tópicos de contenido más bien estructural que en lo referido específicamente al problema mismo de la seguridad ciudadana. Las policías, en la opinión de diversos autores, acusaban falencias en su funcionamiento que las tornaban extemporáneas e inadecuadas para un régimen democrático, y algo de razón había. Muchas policías compartían y acusaban en mayor o menor cuantía algunos de estos problemas: • Un alto grado de militarización, • Autonomía institucional respecto del po-

der político, • El predominio de sus objetivos por sobre

las necesidades de la comunidad, • La existencia de elites de poder institu-

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cional, • Impunidad por muchas de sus acciones, • Falta de aplicación científica y tecnológica

en el manejo del problema criminal, • Estrategias de abordaje a los problemas

de seguridad fuera de contexto, • Resquebrajamiento de la disciplina, • Desprestigio público, etc.

A pesar de ello, algunos procesos de reforma, estuvieron principalmente determinados solo por “buenas intenciones”, con una ausencia de investigación previa, implementación de programas sin fundamentación empírica, traducido en acciones frágiles en el tiempo y hasta contradictorias entre sí. Así tenemos que a pesar de la existencia de elementos que hacen a las experiencias de reforma de la Policía de Buenos Aires y la Policía de Santa Fé diferentes entre sí, -nos dice Palmieri- sobre la superficie aparecen ciertos puntos de contacto que las hace comparables. En ambas la implementación de la reforma no fue pacífica, pues se generaron rechazos de diversos actores, principalmente desde la misma policía. Sin embargo aunque los policías no ejercieron una influencia importante como oposición, la ausencia de colaboración rutinaria fue significando una corrosión a sus correspondientes reformas. (PALMIERI, et. al. 2001). La Provincia de Entre Ríos también lanzó un plan de reforma hacia la concepción de policía comunitaria, a través de un proyecto presentado por el Comisario General Andrés Valentín Méndez, Director de Institutos Policiales, el cual señala que la Policía Comunitaria es un modelo de policía que tiende a mejorar la calidad de vida de la comunidad a partir de un accionar plenamente integrado al ámbito social del que forma parte. Las ca-

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racterísticas de ese espacio social conforman las demandas que van dando perfil a dicha Policía. Como fundamento de dicha reforma, se menciona la existencia de una “crisis de valores”, que obliga a las organizaciones en general y a la policía en particular, a modificar su estilo de gestión para atender en forma más eficiente y eficaz las demandas comunitarias. En cuanto a este último punto, y en relación con el policía como educador cívico, destaca el Lic. Héctor Adón, en un trabajo inédito titulado “El Problema de la Seguridad” lo siguiente: "...en una sociedad democrática y moderna, el delito, el Policía es parte integrante del Conjunto de elementos sociales, y como tal, es o debería ser considerado como un agente profesional especializado en la defensa global de la calidad de vida de la colectividad. Desde esta perspectiva constituye el vértice de la pirámide de autoprotección social y puede ser un generador de conciencia cívica". (ADÓN, H., 2000) Pero también aclara que para que esto sea factible, debemos contar con una policía que se guíe con criterios de profesionalidad y eficacia; que cuente con una formación permanente e idónea de sus miembros e implante mecanismos innovadores de promoción profesional, entre otras consideraciones valiosas en cuanto a transformar la estructura y la cultura policial. (ADÓN, H., op.cit.) Ateniéndonos a estos conceptos, es que debemos considerar la descripción inicial del proyecto para la Policía de Entre Ríos, como acotado al campo operativo y no se vislumbra, aún, una futura modificación de las estructuras y, por ende, de la cultura po-

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licial imperante. “…Estos tipos de iniciativas de reforma policial se encuadran en el enfoque ortodoxo difundido internacionalmente sobre “democratización” policial, compuesto por medidas de reforma culturalistas y legalistas…” (Shearing-Brogden, citados por SOZZO, M. et. al. 2000). Por eso es que en su oportunidad afirmé que “…En la situación actual, la mayoría de las instituciones policiales de América Latina se encuentran inmersas en profundos procesos de cambios. Todavía no existe un consenso claro y definido sobre su razón de ser como organizaciones responsables del control formal del delito y de contención y solución de los problemas sociales, y en algunos casos falta un principio que delimite el papel que deben cumplir en la sociedad…” (CUELLO VIDELA, O. op.cit.) Por ello, es necesario establecer como lo han dicho varios analistas, como el colombiano Álvaro Camacho entre otros, que coinciden en cuestionar las políticas de seguridad que trazan algunos Estados, en las cuales pareciera que su preocupación no fuera tanto la seguridad de las personas, sino la seguridad del propio Estado, incluso por en-

cima de los intereses de la ciudadanía. (CAMACHO, A. 2002) Por lo tanto, hemos visto como las reformas que han operado en la mayoría de las policías argentinas, carecen de una orientación inicial clara, que determine con certeza cuál es el rumbo concreto al que apuntan las mismas, más allá de la desmilitarización que hace falta profundizar, pero sin perder de vista el elemento cultural que se pretende cambiar, porque, debemos reconocerlo, para reformar la policía, lo primero que hay que cambiar es la forma de pensar, y esto no ha sido muy tenido en cuenta. Muchos proyectos de reforma, además, quedaron en formulaciones y cambios superficiales, sin ahondar en aspectos críticos de la administración policial, lo que ha tornado los intentos no solo ineficaces, sino a veces perniciosos porque han permitido que subsistan; solapados porque no; esquemas de abordaje anticuados, que no han podido poner fin al problema delictual y criminal, por carecer de una visión que establezca éste como el fin esencial de la existencia de las instituciones, más allá de su funcionamiento y organización interna que deberá adecuarse a ello. Muchas instituciones persisten en con-

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servar sus viejos esquemas no sólo por tradición, sino porque no se han generado (ni estudiado, ni planificado, ni pensado) nuevas alternativas y formulaciones serias que permitan vislumbrar un cambio realmente de avanzada en la constitución de un modelo de gestión policial, y esto no concierne solamente a sus miembros, sino más bien se podría atribuir a una anomia política por indagar en cuestiones como las que tratamos en estas páginas.

marcha del modelo policial en Mendoza.

Muchos saben lo que haría falta hacer, pero casi nadie sabe cómo hacerlo, ni tampoco se ha puesto a indagar en nuevas opciones para enfrentar los problemas y las dificultades referentes a la seguridad ciudadana y la organización de las instituciones de modo tal de posibilitar un abanico de posibles soluciones, hoy inexistentes.

Marcelo Chéves (2000), en su publicación sobre Policía en Naciones Unidas II. (El Modelo policial Hegemónico en América Latina) hace un análisis profundo sobre las causas que llevaron a las policías a adquirir estos rasgos: Un trabajo excepcional al que remito para conocer los orígenes y causas del Modelo Hegemónico en Latinoamérica y sobre todo en Argentina. No entraremos en el análisis político y las causas de ello, sino más bien trataremos de describir una realidad orgánico-funcional de la Policía de Mendoza, dejando de lado otros ribetes históricos, no sólo porque podría interpretarse como su justificación, sino porque escapa a nuestro objeto de estudio. Pero es preciso aclarar que muchos de los cambios institucionales, obedecen a los cambios políticos y culturales de la provincia a lo largo de su historia.

EVOLUCION DEL MODELO POLICIAL EN MENDOZA “…Porque la experiencia ha acreditado que nada de lo que se manda en este pueblo se lleva a debido efecto, unas veces por desidia y otras veces por falta de vigilancia, se ha formado una partida de cuatro soldados a las órdenes del Teniente Alguacil Don Fernando Luna, para que se haga cumplir todo cuando se ordena en este bando…” Con estas palabras el 20 de Octubre de 1810 el Coronel Dn. José Moldes, Teniente Gobernador de Mendoza dicta un bando donde tipifica conductas ciudadanas que considera infracciones y designa funcionarios para encargarse del cuidado del orden público dando nacimiento a nuestra Policía. Doscientos años de evolución no podrían ser sintetizadas en estas breves páginas, pero intentaremos mostrar al lector, en apretada síntesis, una brevísima semblanza de la 104

En nuestro país durante décadas, y casi sin excepción el modelo hegemónico fue adoptado (o impuesto) en casi todas las provincias. Podríamos afirmar, en este marco, que debido a su devenir histórico, casi todas las policías de América Latina –con muy raras excepciones- nacieron y evolucionaron sobre la base de estructuras centralistas, con una organización similar a la de los ejércitos.

No obstante, digamos que la mayoría de las policías coincidían en su organización, casi todas dependientes de un único mando, con una plana mayor y el monopolio de las funciones preventivas y represivas del delito; aunque en su intimidad estaban más preocupadas por el orden interno que por los problemas sociales, y si los había, la idea del “enemigo”, del delincuente al que había que combatir, siempre era predominante. Luego de la Declaración de la Indepen-

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dencia, por imperio de una Ley sin número (de la Honorable Sala de Representantes) el 8 de Julio de 1824 la Policía de Mendoza pasó a depender del Poder Ejecutivo comenzando una vida institucional de carácter autónomo. En 1900, con la firma de Francisco Civit Presidente del Senado- y L Montbrum – Secretario- se dicta la Ley 168 Código de Policía, el que establece: La organización policial, las reglas generales de disciplina, los regimenes de administración del personal y régimen interno. Ya la policía adquiría un carácter disciplinado pero con una orientación urbana muy marcada. Los servicios de parada y el sargento de recorrida eran instituciones que identificaban un comportamiento con la sociedad y que tendía al mantenimiento del orden público a través de la vigilancia y el conocimiento de los vecinos. La Policía marcaba presencia en las calles para prevenir las conductas delictivas e inmorales, proteger a los necesitados y llevar tranquilidad a la población. El Reglamento General de Policía de 1945 consolidó una estructura más vertical de cargos y su graduación, tomando para ello

el modelo militar y determinando los derechos y obligaciones del personal policial, estableciendo el perfil que el policía debía tener para poder ingresar y permanecer en las filas de la institución. En Octubre de 1954, se sanciona la Ley 2.352/54 que establece que es “una institución de carácter civil, que ejercerá funciones de tipo administrativas y judiciales para garantizar el orden, la seguridad y la moral pública y como auxiliar de la justicia”. Esta Ley marca la diferencia entre “Jefes superiores, oficiales jefes, oficiales subalternos, personal de suboficiales y la tropa”, comienza a generarse una tendencia a la ideología castrense, que se consolida en 1963 cuando el Decreto 3.548 en su artículo 1º establece “…La policía de la provincia tiene el carácter de institución semi-militarizada, en lo que respecta a la organización y disciplina de sus cuadros, sin que esto importe considerarla como parte integrante de las fuerzas armadas de la Nación…” Entre las décadas del ’50 y los ‘80, se promulgaron distintas de leyes y resoluciones que la conceptualizan como un organismo semi-militarizado, que según el ex Jefe de

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Policía Comisario General (R.) Lic. Carlos Marcos, es a partir de este período en que se consolida y perfecciona el patrón estructural-funcional legado, transformándose en la base de los cambios orgánicos que sobrevivieron a partir de los ‘70 y que en esencia, mantuvieron los caracteres de la policía histórica, cuyos precedentes jurídicos fueron el “Código de Policía de 1900 y el “Reglamento General de Policía” de 1945, que recogen los aportes del siglo XIX en materia de organización policial. La Ley 2.352/54, el Decreto 5.036/57, el DecretoLey 3.548/63, la Ley 3.677/70, la Ley 3.849/72, las Resoluciones 218/77, 283/78, la Ley 4.697/82 y la Ley 4.747/83, además de otras disposiciones, proyectos e intenciones, y que “indican con claridad meridiana el trayecto de la organización policial en más de tres décadas...” (MARCOS, C. 1992). Sin dudas, aun manteniéndose dentro del modelo hegemónico, los policías estaban enamorados del sistema semi-militarizado, porque categorizaba mejor su estructura y les daba cierto potencial interno en el manejo del personal. Entre tanto, históricamente la policía estuvo al mando de militares (en actividad o retiro), de manera excepcional a cargo de políticos y finalmente sobre todo a partir de los ‘80 sus propios hombres en actividad la condujeron. El Comisario General (R.) Eduardo Enrique Olguín Escudero, nos dice que “…a partir de 1.972 se produce un importante hito en el campo del derecho positivo policial, traído de la mano de la Ley N° 3.849 del Personal Policial, que por primera vez en la historia institucional produce una clara separación entre el derecho orgánico y el derecho del personal policial. A partir de ese momento la organización policial recono-

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ció esos dos campos del derecho interno, que no sólo contribuyeron al mejor entendimiento, sino que posibilitó la aplicación de una más clara y genuina técnica legislativa. Los asuntos relacionados con la organización, misión y funcionamiento policial quedaron del lado del derecho orgánico, mientras que aquellos temas relativos a los derechos y deberes, pasaron a integrar la rama del derecho del personal…” (OLGUIN, E. 2010) La policía se regía por un sistema de incorporación y formación que marcaba diferencias entre los oficiales y el resto del personal subalterno, incluso con diferentes escuelas de formación, (La Escuela de Cadetes y La Escuela de Suboficiales y Agentes) tal como es en los ejércitos. Lo mismo ocurrió con el sistema de pases y ascensos que eran dispuestos por los altos mandos a través de juntas y; como afirmábamos respecto de la tendencia nacional; más perfilada a atender los requerimientos de la estructura de mandos y las necesidades funcionales, que los problemas sociales. A partir de la sanción de la ley 4.697/82 “…la Policía de Mendoza se convirtió en la primera organización policial del país en apartarse decididamente del modelo de base militar impuesto por el Consejo Nacional de Seguridad Interior dependiente del Ministerio del Interior de la República Argentina…” (OLGUIN, E. op.cit) No obstante estas afirmaciones, para su funcionamiento interno la policía conserva una base disciplinaria cuasi-militar con los rituales propios de una disciplina de este tipo, estableciendo la Ley 4.747/83 un escrupuloso régimen procesal administrativo que garantiza el debido proceso y un régimen disciplinario claro, que no deja dudas

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en cuanto al “tipo administrativo”, es decir establece de manera explícita qué actos constituyen faltas y qué sanción específica le cabe a las mismas. Se consolida un patrón disciplinario estricto, pero que igualmente garantiza la debida defensa al reducir la discrecionalidad administrativa para sancionar y esto es base para una doctrina propia en materia disciplinaria. Este modelo, a mediados de los ’90 entró en decadencia y se genera un nuevo arquetipo tendiente a la democratización del modelo policial imperante. Creemos que las razones están a la luz de una realidad inmediata que no solo era mendocina. “…En otras palabras, el modelo policial existente, sustentado en la concepción de defensa del orden público estatal frente a un enemigo interno, fue puesto en cuestión por la emergencia de las nuevas visiones provenientes del retorno a la democracia vinculados al sentido de ciudadanía: derechos y deberes. Por eso, los nuevos gobiernos que nacieron de la votación popular plantearon nuevas relaciones con la policía y formularon también un nuevo concepto de la misma sustentado en la desmilitarización y el control de la violencia hacia la población…” (CARRION, M.F. 2007) La institución policial de la Provincia de Mendoza no estuvo ajena del todo a ésta realidad que junto con algunos episodios de corrupción, dejaron al descubierto las fallas del sistema. Además de ello, nuestra policía nunca estuvo ajena a la influencia de los modelos racional-burocrático y el profesional, produciéndose una amalgama de características que la identificaron como una organización rígida hacia adentro, con escaso poder discrecional, con macro-estructuras de control

interno que fueron creciendo paulatinamente; por ejemplo la Oficina de Planeamiento que dependía de la Jefatura pasó a ser una Dirección y con el tiempo una Dirección General. Hasta 1998 la policía se organizaba a través de una Jefatura y Subjefatura de Policía, en orden descendente las Unidades Regionales (Gran Mendoza, Maipú-Lujan, Valle de Uco, Zona Este y Zona Sur) cada una de ellas con lo que se denominó “Unidades de Orden Público” (comisarías, subcomisarías y destacamentos), mientras que el resto de la organización dependía de las Direcciones Generales de Servicios Especiales y Apoyo Operativo y de ellas las direcciones, departamentos, divisiones, secciones y oficinas. La estructura piramidal de mando se perfecciona en esta organización y a las Unidades Regionales y Direcciones Generales le correspondía un comisario general, a las Direcciones los comisarios mayores, a los Departamentos y Áreas los comisarios inspectores, a las Divisiones, Cuerpos y Comisarías los comisarios, las Secciones y Destacamentos a los principales y así en orden descendente, afianzándose el concepto militar de la “cadena de mandos”. Aunque la unidad de mando, debemos reconocerlo, constituye un principio elemental de la estrategia (como disciplina), con estas palabras definía la cadena de mando y el principio de unidad de mando Wilson en su libro la Administración de la Policía, estableciendo como máxima que por sobre las necesidades reales estaba la satisfacción de un sistema vertical: “Hay que adherirse al principio de unidad de mando y fijar límites razonables al alcance de la autoridad de cada quien. Se fija la responsabilidad sin lugar a dudas y se delega la autoridad proporcio-

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nada. Se asegura la supervisión, y todos deberán rendir cuentas del uso que hagan de su autoridad…” “…En la práctica podrá parecer que la aplicación de algunos principios administrativos estorba en vez de ayudar en el desempeño de las labores policíacas. El adherirse a las líneas de autoridad oficialmente establecidas parece causar demoras innecesarias; el sistema de mando y supervisión parece ser indebidamente complicado y estorboso. El deseo de cumplir tienta a cortar por atajos, violando el principio de unidad de mando, pero de ello resultan fricciones…” (WILSON, O. 1950) Wilson refleja en estas afirmaciones, que aún cuando cortar atajos pueda ser útil y provechoso a los fines instituciones (el orden público y la paz social) están por sobre el mismo la satisfacción de las exigencias del sistema. Es decir se crea la idea que satisfechas las exigencias del sistema, los resultados constituyen un aspecto secundario de la labor. La policía responde a los modelos hegemónico y el semi-militarizado y se per-

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fecciona en muchos aspectos tomando elementos del modelo profesional al que aspira. La burocracia interna se pule y completa, pero no se tecnifica y adopta la morfología de la correspondencia militar al igual que la redacción de los escritos policiales. Lo que aún hoy en día puede verificarse sin cambios. Y esto colabora al anquilosamiento de los procesos y satisface sin ninguna duda los requerimientos del sistema ideado por Wilson, la burocracia por sobre cualquier otra cosa. El crecimiento hacia adentro fue mucho más evidente que su respuesta encaminada a crear estructuras encargadas de cuidar el orden público. Un vistazo a la Ley 4.697/82, con casi medio centenar de organigramas da una idea muy clara de su tendencia al perfeccionismo organizacional y de sistema auto-suficiente. Para satisfacer la vorágine burocrática de éstos organismos poco personal queda para los servicios de policía en las calles, los oficiales (con más estudios) se vuelcan a las tareas de oficina para garantizar la eficiencia administrativa interna; los pocos que

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trabajan en las guardias, deben cumplir tareas de protocolo judicial (recibir denuncias, completar la investigación preliminar, etc.), con muy poca ingerencia en las tareas de prevención, que es ámbito de la tropa. Las tareas de calle “no eran para los oficiales”, que se preparaban para la conducción. Esto significa que los policías que recibían más preparación estaban al “servicio de la institución” más que de la ciudadanía. Se afianza la idea del “enemigo” en cuanto al concepto de la lucha contra el delito. Esto significó, durante muchos años, que el delito, como fenómeno social, no fuese estudiado en su etiología desde un punto de vista criminológico, sino que siempre se intentó atacar sus consecuencias (cuestiones que aún subsisten). Nacen así y se conservan aún en la actualidad en las tácticas policiales las ideas de combate urbano, los mega-operativos y otros conceptos similares, siempre imbuidos de una simbolización y representación de la lucha por el uso de la fuerza o por imposición de la autoridad, por la amenaza del uso de la fuerza y el control sobre la población con una presencia policial casi amenazante más que protectora. En éste panorama el régimen del personal policial de la Ley 4.747/83 y el régimen orgánico establecido por la Ley 4.697/82 se mantuvieron hasta el año 1998 cuando a raíz de diversos hechos de corte coyuntural, se dispuso la reforma del “Sistema de Seguridad Pública” que se consolidó en las Leyes 6.721/99 y 6.722/99 y las ya mencionadas.

miento de que el tema no es sólo una cuestión policial sino la modificación de todo un sistema... El primer paso para iniciar el proceso de cambio consistió en el reconocimiento por parte del gobierno de que el sistema policial vigente durante el presente siglo se encontraba en un estado de agotamiento e ineficacia para atender la problemática de seguridad…” De esta manera el Dr. Alejandro Cazabán conceptualizaba con claridad cuál era el fundamento de la reforma y su objeto también “…comprendimos que deberíamos partir de un concepto fundamental y fundante de la nueva etapa en la historia de la Provincia de Mendoza como es que el poder civil asumiera la conducción, control y planificación del sistema policial…” (CAZABAN, A. 1999). Destaca el autor de la reforma “…A partir de este cambio estructural, en la relación entre la sociedad civil, el gobierno y la policía, comenzaron diversas y profundas acciones de cambio tendientes a profesionalizar, jerarquizar y capacitar a nuestra policía, pero fundamentalmente lograr la incorporación de valores tendientes a una democratización de la misma…” (CAZABAN. op.cit.) Aunque en lo profundo de la reforma el problema de la seguridad esta en un segun-

Según el designado flamante Ministro de Seguridad, este proceso de reforma: “…surgió de la necesidad de modificar una realidad crítica en materia de seguridad en la provincia y del reconoci-

Alejandro Cazaban, ex-Ministro de Seguridad en Mendoza

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do o tercer plano, la reforma incluye un concepto novedoso: La Policía deja de depender del Ministerio de Gobierno y se crea el Ministerio de Justicia y Seguridad, con las Subsecretarías de Justicia, de Seguridad y de Relaciones con la Comunidad. Las Direcciones Generales (tres) desaparecen. Se eliminan, aunque no definitivamente los mecanismos de inteligencia, con la disolución de la dirección informaciones (D-2). Se crean la Dirección Seguridad y la Unidad de Enlace, El nombre de Cuerpos Especiales reemplaza a la vieja infantería y las unidades regionales pasan a denominarse Policías Distritales de Seguridad, pero esto sólo fue un cambio de nombre, nada trascendente o que tuviera relevancia alguna en la organización. Las Policías de la Provincia pasan a ser “instituciones civiles, armadas, jerarquizadas, y con carácter profesional, depositarias de la fuerza pública por delegación del Estado provincial…” (Artículo 2 de la Ley 6722/99), concepto este que más adelante analizaremos en profundidad por cuanto constituye la piedra angular de la reforma en cuanto al modelo que se adoptó para llevar a cabo la misma. Bomberos pasó a depender de Defensa Civil pero en la órbita de la Subsecretaría de Seguridad, lo mismo que la Dirección Tránsito pasó a denominarse Policía Vial (otro de los cambios de nombre de Cazabán que no tuvo ningún fin ni sentido práctico). El resto de las Jefaturas Distritales dependen de la Dirección de Seguridad, y se cambia la denominación de Policía de Mendoza por “Las Policías de la Provincia”. Todos estos cambios carentes de planificación estructural, determinaron que la policía siguiera funcionando exactamente igual pero 110

estrenando “nombres” nuevos y en este sentido tal reforma tiene muchos puntos en común con la de Arslanian en Buenos Aires. Se pensó que cambiando los nombres de las dependencias iba a cambiar la policía. Se crea la Inspección General de Seguridad para la investigación de situaciones internas. La verdadera reforma estaba en la existencia de una Subsecretaría de Relaciones con la Comunidad, más los Programas de: Participación Comunitaria para la Seguridad Pública, Para la Promoción de la Seguridad Pública, Atención a la Víctima, de Prevención y Atención del Maltrato Infantil, Parlamento Joven, Mediación Social y Comunitaria, entre otros; la Creación del Consejo de Política de Seguridad Pública, el Sistema de Información de Seguridad Pública, etc., que daban la impresión de que había una intención de crear una policía orientada a la comunidad. También en los inicios de la reforma y hasta nuestros días se comienza a exigir a los comisarios que fomentaran y participaran en reuniones vecinales para conocer los problemas de la gente, pero no se les da ni la libertad ni los recursos para solucionarlos. Todos los signos iniciales de la reforma de 1998, parecen orientarse con una marcada inclinación hacia una policía de carácter comunitario. El sistema se completa con una serie de actores extra-policiales que marcan aún más esa tendencia: Se crean el Consejo Provincia de Seguridad Pública y la Comisión Bicameral de Seguridad Pública; los Consejos de Seguridad Departamentales, los Foros Vecinales de Seguridad y los Coordinadores de Seguridad, conforme lo estipula claramente la Ley 6721/99, aunque estos tres últimos nunca llegaron a funcionar en

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todo el territorio provincial y los que lo hicieron tuvieron una existencia efímera. Se redactó una ley muy prometedora pero ningún gobierno (hasta la actualidad) tuvo la capacidad de ejecutarla. Pero frente a estas acciones la legislación define a la policía como una institución de “carácter profesional” (véase el modelo profesional en página 87), lo cual no deja claro cuál es el modelo que se va a seguir. Esto implica que el modelo anterior (semimilitar, con resabios hegemónicos y tendientes a lo profesional) subsistiera y aún persista y se perfeccione. Y aunque se pretende desmilitarizar la policía modificando el régimen disciplinario, se mantienen costumbres y aspectos propios de instituciones semimilitarizadas, y como ejemplo se cita el rasgo más vívido de un modelo militarizado que establece esta nueva Ley tal es la gran división entre “personal superior y personal subalterno”, se creó luego un régimen de ingreso diferencial para unos y otros (al crearse la figura del auxiliar) y mecanismos de

formación en cuanto a duración y contenidos que marcan una diferencia, y que aún cuando su formación se da en un mismo edificio y en un único Instituto (el I.U.S.P. – Instituto Universitario de Seguridad Pública), la preparación es distinta: Unos se capacitan para mandar y los otros se preparan para obedecer. A pesar de las intenciones, el desconocimiento de lo que es la policía y cómo funciona por parte de los autores de la reforma hace que se continúe impartiendo y asignando roles distintos al persona superior y subalterno, lo que no se compadece con la problemática y fin de la institución en esos momentos (aún hoy en día); como si unos atendieran los problemas mayores y otros los menores, cuando cualquiera sabe que los problemas de la gente generalmente los atienden en primer instancia aquellos que la ley define como “personal subalterno” que son los que menos formación reciben. Esto deja claro que el problema no era la seguridad, el problema era la policía.

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Desde el inicio de esta reforma, paradójica e inexplicablemente, los mecanismos para dar seguridad a los mendocinos se asemejan aún más a los utilizados en épocas nefastas de nuestra historia y el Gobernador Lafalla, en la persona de su Ministro Cazabán emula los procedimientos de la dictadura militar. Los Cuerpos Especiales (la vieja infantería destinada a mantener a raya a la ciudadanía) se potencia aún más con mayor asignación de recursos y el propio autor de la reforma, el Dr. Alejandro Cazabán, en la página 53 de su “Informe de Gestión” de 1999, cita cómo se realizaron “16 megaoperativos” y que 72.897 mendocinos fueron privados de su libertad (aprehendidos) por antecedentes y medios de vida (CAZABAN, A. op. cit.). Todo un récord histórico de abuso que no se compadece con una verdadera policía comunitaria ni con un país en democracia. Y esta tendencia, ésta ideología represora constituye su caballo de batalla, que a la postre ha devenido en un fracaso de casi dos décadas. Transcribo aquí un pasaje de la entrevista que Norma Pimienta en ocasión de su investigación sobre seguridad le hiciera al Comisario General (R.) Oscar Arbona, quien dice: “…Estamos enamorados de este modelo militar: en la actualidad veo políticos y policías entusiasmados con los cuerpos especiales; hay un sector de la policía que se viste como militares, tiene un estilo militar y ceremonias guerreras como los militares. Y parece que esto a la sociedad la atemoriza. Mientras tanto, la realidad mundial y académica habla de otro paradigma central: de la policía comunitaria, de la policía de proximidad, y no de la policía reactiva, con cascos y boinas y con gestos y expresiones duras…” (PIMIENTA, N. 2008)

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Sin dudas, la redacción de las leyes que acompañaron la reforma del ‘98 tenían un ideal de cambiar el modelo policial, pero no lo hicieron, sino que al contrario, reafirmaron un carácter que ya a principios de esa década estaba desapareciendo en casi todos los países desarrollados, y que fue precisamente uno de los desencadenantes (entre otros motivos) de denominada la rebelión policial cuando cientos de policías se congregaron en la Legislatura Provincial a exigir un cambio de rumbo. Muchos percibían que el modelo en marcha estaba más que desgastado, principalmente los policías que reclamaban (entre otras cosas) cambios en la gestión y en su propia seguridad, sin embargo nadie atendió ese reclamo y el mismo se interpretó como un ataque a las instituciones políticas. Y aunque a esta circunstancia se sumara un porcentaje de policías corruptos, con ideas y acciones desajustadas (hay que reconocerlo, pero que no alcanzaba al 3% del grueso de la fuerza), fue una buena oportunidad para... volver atrás. Se reformó la ley y se creó una “policía profesional”. Esto podrá ser defendido por algunos como “un error de redacción”, posiblemente, pero luego de todos estos años nadie lo subsanó, nadie se percató del gravísimo error; suponemos por eso que no hay voluntad real de cambiar esta realidad o simplemente no lo saben. No es un detalle menor. La po-

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licía sigue respondiendo a los designios del modelo profesional ideado por Wilson y añorando su carácter semimilitarizado. La estructura orgánica de grueso de la policía sigue intacta a pesar de la derogación de la ley 4.697/82, los mecanismos internos y los regímenes del personal sufrieron unas pocas modificaciones y lo más grave, en el contexto general, supusieron un retroceso para el recurso humano más que un avance como se esperaba, porque se trastocaron valores doctrinarios esenciales y los ascensos y traslados lejos estaban de respetar un orden prioritario de beneficio comunitario, y la policía se empezó a politizar más de lo debido. La idea de policía comunitaria se diluyó en el tiempo y la policía ni siquiera es del todo profesional, se hizo más hegemónica que nunca; donde el amiguismo y el favoritismo eclipsó a los policías que obtuvieron su título universitario, a quienes nunca se les pidió un estudio ni un consejo ni se aprovechó lo que estudiaron en beneficio de la ciudadanía. Alberto Montbrun, citando a Trojanowicz y Bouqueroux, (1994) señalan como principios fundamentales de una policía comunitaria los siguientes: “…Una filosofía y una estrategia organizacional: La policía comunitaria implica una base filosófica de cómo deber ser y actuar la policía, base marcadamente distinta a la tradicional; pero, además, desarrolla y explica los concretos mecanismos y herramientas para que esa filosofía pueda ser llevada a la práctica cotidiana del policía…” más adelan-

te acota “…El modelo mental de los decisores públicos parece ser el siguiente: “el modelo de seguridad y policía tradicional está en crisis, pero nosotros podemos mejorarlo y hacerlo andar bien…” (MONTBRUN, A. 2002). La idea de profesionalizar la policía (con la titulación de sus hombres en carreras de pre-grado y de grado) no ha implicado concretamente un avance en materia de seguridad pública y ciudadana, sino más bien apunta a la exquisitez y refinamiento hacia la satisfacción del propio sistema; la percepción general y la realidad lo vienen demostrando: Mendoza en estos años pasó a ser una provincia insegura. Los hombres y mujeres que a diario trabajan en la calle, con la gente y sus problemas son los que menos capacitación recibieron y los auxiliares que ya tienen casi 15 años de antigüedad a duras penas asisten una vez al año a un programa de tiro y eventualmente hacen actividad física. Sólo algunos se costean sus estudios para poder progresar. La capacitación, una verdadera “capacitación policial”, no ha existido en todo ese tiempo. La estructura orgánica y “la cadena de mandos” se mantienen idénticas a la exis-

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tente antes de la reforma (como si de un organismo militar se tratase) y el crecimiento innecesario y no planificado de la estructura policial con la creación de nuevas comisarías, destacamentos y otras dependencias (como la policía rural, policía turística, inteligencia criminal, unidades especiales de patrullaje, la unidad motorizada y la unidad motorizada y ciclística de acción rápida, entre otros) no han satisfecho las demandas sociales.

guirá siendo.

El modelo profesional, decíamos, requiere y exige cada vez más recursos, siempre inalcanzables, y las actividades de reacción obligan a destinar gran parte del presupuesto en comunicaciones y vehículos que son consumidos cada vez más y más por una vorágine delictual que parece imparable. El presupuesto provincial en seguridad desde la reforma y en diez años creció más de un mil por ciento (diez veces más). (PERALTA, D. 2010).

Tal como el modelo profesional lo exige, los desfases entre la actividad policial encaminada a controlar la seguridad y la actividad delictiva, obligan a crear más y más comisarías y destacamentos, para poner una pequeña central de policía en cada barrio que tiene un problema de seguridad sin que ello implique una solución de fondo.

La realidad nos muestra que el crecimiento fue mayor aún que la inflación. Por ejemplo el presupuesto en 1998 era de aproximadamente ochenta millones de pesos, y en el año 2012, el Gobernador Pérez, de los casi veinte mil millones del presupuesto provincial, destinó algo más de mil ciento setenta millones ($ 1.171.798.260) al Ministerio de Seguridad. (FIOCHETTA, L. 2012) En el año 2004, el presupuesto del Ministerio de Justicia y Seguridad era de $ 214.086.616, de los cuales $ 136.152.525 estaban destinados a la Dirección de Seguridad, $ 14.371.789 a la Dirección Investigaciones, $ 9.870.127 a la Policía Vial y $ 28.832.677 al Servicio Penitenciario y $ 93.271 a la Dirección de Participación Comunitaria, según datos de la Oficina Anticorrupción de la Nación. (ZLOTOLOW, A., et. al. 2004), y la cifra continuó creciendo y así se-

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Menos recursos se destinan al estudio de las problemáticas sociales, a la verdadera participación comunitaria y casi ninguno a la investigación criminológica, la incorporación de recursos de software informático que la hagan ágil en el control del crimen no existe prácticamente y los recursos tecnológicos de última generación adquiridos no son aprovechados ni al diez por ciento de su utilidad por falta de visión y sentido común.

En una entrevista al Dr. Alejandro Poquet (ex subsecretario de Justicia, del Ministerio de Seguridad) del Diario Correveidile, (Chacras de Coria) aseveró lo siguiente: “...Es que no tenemos un diagnóstico sobre la criminalidad, ni sobre la sensación de inseguridad, ni sobre los recursos de que disponemos para hacer frente al delito”....“Si no se tiene un verdadero diagnóstico no se sabe qué es lo que pasa y lo que termina sucediendo es que se responde según dogmas o tradiciones de hacen cien años y es de lógica elemental que uno va actuando en base a lo que está sucediendo. Es muy grave que una estructura organizativa funcione en base a otro momento histórico, ninguna persona actuaría así en su empresa o en su casa.”...“Cambias las normas pero se sigue actuando de la misma manera que se hacía antes, con el otro sistema”...“¿Programas como policía a mano responden a necesidades propagandísti-

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cas o a un plan operativo?: Es difícil evaluar las experiencias del gobierno si no te permiten una total ingerencia porque no hay información, pero por lo que se ha podido recabar sobre este programa se puede decir que uno se entusiasma con experiencias comparadas como las de policía comunitaria, de proximidad o a mano, pero hay que tener en claro cómo son esas experiencias, cómo se estructuran y cómo políticamente se dirigen. Porque lo que tenemos es una policía no capacitada, desprofesionalizada, sin las destrezas necesarias para resolver o evitar un conflicto social.” (GUEVARA, M. 2006) Y continúa diciendo en relación a la reforma en Mendoza “...En 1998 se sentaron las bases, algunos creyeron que ya era suficiente y se amesentó. Y cuando esto ocurre hay un retroceso, la realidad pasó por encima, se multiplicaron los delitos (algunos cometidos por los delincuentes y otros por fallas estructuradas en el sistema). Se ven conductas erráticas, los funcionarios de turno están preocupados porque la inseguridad no se desborde y los que están ocasionalmente en la oposición no están consustanciados con los principios de la reforma...”. (GUEVARA, M. op.cit.) Por lo tanto, el carácter profesional de la policía de los años ’70 lejos está de superarse, sino que en los últimos años se afianzó solapadamente. Si a esto le sumamos la insistencia casi caprichosa de torcer sus cimientos a una policía comunitaria, sin modificar la estructura y la cultura, la fractura se hace sentir como un movimiento de cizalla específicamente sobre el perfil de la institución y de sus hombres que aún se encuentra indefinido.

EL PERFIL POLICIAL ACTUAL Idealmente (de una manera imaginaria o ilusoria) el Sistema Provincia de Seguridad Pública, arranca con una directriz que avanza a tientas sobre un modelo de policía comunitario, pero que paulatinamente fue perdiendo fuerza. Los Consejos de Seguridad Departamentales, los Foros Vecinales de Seguridad (en aquellos casos en que llegaron a funcionar) dejaron de tener protagonismo y dieron muestras de cómo se fue apagando ese ideal comunitario y muy pocos coordinadores de seguridad llegaron a nombrarse en todo el territorio provincial. Excepto algunos cambios que sólo involucraron los nombres de las grandes dependencias, la policía en cuanto a su organización continuó como antes. Se produjo entonces lo que Melossi ha calificado como la perspectiva del jurista ingenuo: “...La del hombre de derecho que cree que los problemas sociales, económicos y políticos y los propios problemas del ordenamiento jurídico, pueden ser resueltos mediante un cambio legislativo...” (MELOSSI. 1996). Si bien es cierto el modelo policial actual es de corte “profesional” sin ninguna duda, con muchos matices del semi-militar, el perfil institucional es incierto o por lo menos causa cierta fluctuación en el desarrollo institucional, trataré de explicar porqué. De un modo incomprensible el debilitamiento inicial de éste modelo; el primer gran golpe a las cimientes de su fundación; lo constituye la misma ley que se dictó a esos fines: “La Ley de Policías de la Provincia de Mendoza 6722/99”. Es difícil de entender. Toda la organización del nuevo Ministerio apuntaba a la constitución de una policía comunitaria, y se definió a las policías como

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instituciones de “carácter profesional”. Nace la primera gran incertidumbre ¿Hacia dónde vamos? El modelo y el perfil de la institución sufren un sísmico trastorno. A pesar de los pocos cambios estructurales, en materia de recursos humanos dicha reforma hizo énfasis en lo referente a capacitación y entrenamiento de los efectivos, consolidándose la creación del Instituto Universitario de Seguridad Pública, y la desaparición de toda otra estructura de educación policial; esto es la Escuela de Cadetes, Escuela de Suboficiales y Agentes, la Escuela Superior y la Dirección Instrucción. (CAZABAN, A. op. cit.) Para cubrir este vacío se creó el Centro de Adiestramiento Táctico Policial, que no obstante su enfático lanzamiento fue perdiendo fuerza paulatinamente en el sentido y con las estructuras físicas que fue creado el 13 de Agosto de 1999 con sus instalaciones en la Base Cóndor. Hoy lentamente está cobrando fuerzas nuevamente en pequeñas estructuras de re-entrenamiento policial. Pero en el fondo se eclipsó la preparación técnico-práctica del capital humano por una práctica de tiro. El aprendizaje de los usos y rutinas propios de los policías se dejaron librados a la propia experiencia y al juego del ensayo y error en las tareas cotidianas. Hoy los instructores del C.A.Tac.Pol visten uniformes color verde mimetizado, transmitiendo un mensaje subliminal, afianzando el concepto de policía semi-militarizada, junto con muchos otros policías que también usan uniformes al mejor estilo comando sin serlo precisamente, como la Policía Rural por ejemplo. En el área de incorporaciones se realizó un proceso de revisión de los requisitos solicitados para el ingreso al cuerpo policial basado en el análisis de los puestos de trabajo

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y los perfiles profesionales. Para tal efecto se elaboró un circuito o secuencia para la selección en el que intervienen los departamentos de Personal, Capacitación y Desarrollo Organizacional y asistencia laboral, buscando cambios tendientes a “optimizar el recurso humano, evitando de éste modo pérdidas irreparables de tiempo y dinero...” (CAZABAN, A. op. cit.), pero se dejó de lado el aspecto más valioso del policía, “el Deontológico”. Las encuestas sobre vida y costumbres de sus postulantes, con visitas a sus domicilios y la indagación de sus relaciones sociales fueron abandonadas, permitiendo el ingreso de personas vinculadas o relacionadas con otras de mal vivir o dudosa moralidad en algunos casos puntuales. Afortunadamente esa tendencia se está revirtiendo poco a poco. Por otro lado, no obstante algunos intentos importantes en los aspectos de relaciones con la comunidad, orientados a una Policía Comunitaria, la reforma en sí no fue tal sino más bien constituyó un mecanismo para consolar a la ciudadanía. Por otro lado, como ya se dijo Infantería pasó a denominarse Cuerpos Especiales, pero su constitución prosiguió igual al anterior concepto cultural en casi todos los aspectos. Luego con el correr tiempo se amplía su estructura con la incorporación de nuevos cuerpos especiales, pero hay que analizar ¿Qué función cumplirían en un contexto de policía comunitaria? unidades policiales de patrullaje especializado, que no comulgan actualmente con un modelo que promulga el contacto social, sino que están más involucrados en el control social por presencia selectiva en ciertos lugares conflictivos, sin un contacto fluido, permanente y estrecho con la comunidad. Sus tácticas obedecen definitivamente a una policía reactiva a la ocurrencia de un hecho policial y

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no a la anticipación de las conductas delictivas. Excepto unidades como la U.P.A.T. (Unidad de Asistencia al Turista) que no dependen de los Cuerpos Especiales, no hay en este tipo de organizaciones una idea comunitaria de la seguridad; aunque es preciso echar una mirada en ésta particular unidad para observar el fuerte arraigo militar en sus uniformes con camouflaje al mejor estilo de combate como ya señalamos. Las direcciones por su parte pasaron a manos de la autoridad civil en un principio, pero conservaron en su gran mayoría sus denominaciones (Comunicaciones, logística, investigaciones, judicial, etc. excepto personal que pasó a llamarse de Recursos humanos y desarrollo organizacional y Tránsito que pasó a llamarse Policía Vial), siguiendo la misma práctica anterior, es decir sin variaciones orgánico-funcionales esenciales de ningún tipo, o por lo menos trascendentes: Nunca fueron reglamentadas. Esa carencia de reglamentación sobre el funcionamiento interno y las diversas prácticas policiales ha llevado a que subsista solapadamente (en la práctica) la aplicación de los conceptos que contenían los viejos reglamentos orgánico-funcionales y otros referidos a diversos aspectos tal como fueron implementados para la policía antes de 1998. A falta de una nueva orientación algunas normas por lo tanto continúan aún vigentes en una suerte de “derecho consuetudinario”, pero heredadas del sistema hegemónico y semi-militarizado anterior a la reforma. Por lo tanto, la ley 4.697 (ley orgánica policial) fue derogada, pero sin una reglamentación sustituta, todo el aparato burocrático policial continúa rigiéndose como una suer-

te de organización espontánea de acuerdo a sus principios elementales (de los años ‘80 y ‘90). En definitiva la reforma intentó acertar en una modificación como si fuera un movimiento de piezas de ajedrez pero sin la fuerza y contundencia necesarias para imponer una transformación sustancial en el desarrollo interno y en las actividades específicas internas, que es lo que hace a la policía excesivamente burocratizada. No se pensó en que los policías que habían sido incorporados antes de la reforma tenían una forma de pensar y una estructura mental sobre el concepto de la función, la profesión y la institución que no fue modificada, por lo tanto aquellos que se incorporaban lejos de transmitir sus nuevos ideales, eran absorbidos por el grueso y su socialización policial los llevó a adquirir aquel modelo mental de la policía semi-militarizada y profesional ya existente. Esto ha contribuido sin dudas a que exista una crisis doctrinaria que lleva a poner en tela de juicio todo el concepto filosófico de una transformación del tipo que se pretendió llevar a cabo en aquel entonces por gente sin experiencia. “...En este panorama, poco han hecho las reformas por sus miembros que han soportado cambios dogmáticos y filosóficos del accionar de sus instituciones, sin que exista una definición concreta sobre el horizonte al que apuntan dichas reformas; muchas de las cuales conservan orgánica y estructuralmente los mismos designios de la época anterior (aún cuando haya cambiado su denominación) y el funcionamiento interno sigue marchando al compás de otros conceptos; lo que origina cierta perturbación y desconcierto por el laberinto cultural en

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Foto: Diario Mdzol.com

que se encuentran actualmente sus integrantes....” (CUELLO VIDELA. op. cit.) Alberto Montbrun nos decía; “…el problema sustancial de nuestra policía es la obsolescencia paradigmática de su modelo fundante y la necesidad imperiosa de diseñar participativamente un nuevo modelo acorde a los aportes científicos más recientes de las “organizaciones inteligentes” (learning organizations). Este encuadramiento científico será el adecuado y actualizado para garantizar coherencia entre el modelo y el tipo de sociedad en el cual el sistema ha de operar…” (MONTBRUN, A. op. cit.) Citaremos como ejemplo patético de toda esta realidad institucional, el hecho que después de muchos intentos, se logró aprobar el Reglamento de uniformes y equipos, una norma de antaño que fue desempolvada y a la que se agregaron las modificaciones que se fueron introduciendo en la indumentaria, con uniformes que parecen sacados de películas bélicas con camouflajes, boinas, escu118

dos, distintivos que nos acercan más a las Fuerzas Armadas, no sólo en su aspecto, sino también en su esencia. ¿Y porqué esta apreciación?, bien nos preguntamos entonces: ¿Interesa a la seguridad la cantidad de laureles que tiene una gorra?, ¿Realmente a la gente le importa el número de estrellas?, ¿Es necesario un par de uniformes para trabajar y otro para los actos oficiales? En el fondo, el reglamento lo que trata de acrecentar y marcar definidamente son las diferencias entre los propios policías, e impone el más vívido presente de un contexto militar, las diferencias entre personal superior y personal subalterno. Increíble. Los uniformes policiales, son una muestra de la tradición militar de la policía. Claro que ya hemos dicho que con sólo cambiarlos, tampoco va a cambiar la mentalidad, ni el perfil institucional o del personal, pero hay en el fondo cierta melancolía y admiración por lo militar y su disciplina rígida. De hecho el uniforme de salida de un oficial tiene idéntica confección al de un oficial de nuestro Ejército, al mejor estilo prusiano.

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LA DOCTRINA POLICIAL El siguiente eje sobre el cual hay que trabajar es la Doctrina. Doctrina, significa etimológicamente “lo que es objeto de enseñanza”. El vocablo español viene del verbo latino “docere”, “doctum” (enseñar, enseñado), de acuerdo a su etimología doctrina tiene el sentido de enseñanza. Según el diccionario doctrina es la “Enseñanza que se da para instrucción de alguien. Ciencia o sabiduría. Opinión de uno o varios autores en cualquier materia”. (Diccionario Enciclopédico. 2000) La Doctrina, constituye un bagaje de conocimientos específicos en una rama en particular del saber. Pero el concepto de doctrina, en el sentido que aquí se utiliza, no se limita solamente a la enseñanza, porque aquí no hablaremos de planes de estudio, ya que el concepto de la “Doctrina Policial” es mucho más amplio que eso. La Doctrina Policial es “El conjunto de conocimientos ordenados en forma metódica para lograr el cumplimiento de la función policial y está constituida por principios filosóficos, disposiciones legales y valores éticos que la fundamentan y a su vez contiene el bagaje reglamentario que hace al funcionamiento de la policía: Sus políticas, planes, programas, estrategias, prácticas, y los procedimientos para ejecutarlos, e inspira los valores de sus miembros (aquello que se defiende; qué se premia y qué se castiga) de acuerdo a los principios fundamentales de la Constitución y la Ley”. La Doctrina Policial es la que marca la forma en que se ejecutan las órdenes, qué hace y de qué forma se hace lo que la policía realiza en su diaria labor; por tanto no sólo es un marco normativo, ni se reduce a ello,

porque a su vez la doctrina es -como su etimología lo indica- lo que es objeto de enseñanza, aquello que el policía debe aprender para hacer bien su trabajo. Es una fuente inagotable donde remitirse para lograr la perfección del capital humano. A la Doctrina Policial puede y debe recurrir cada uno de los miembros de la policía si quiere ser bueno en su trabajo. Incluye los principios éticos y morales de su conducta. El punto es que una institución que sufre una reorganización, una reingeniería, una reforma o cualquier otra forma de cambio; al cambiar de modelo, de filosofía, de estructura conceptual, de estrategias, de principios, etc., debe necesariamente “reformular su doctrina”. Esto en Mendoza esto no ha sucedido, y se vislumbran pocas perspectivas de que suceda. Nadie sabe a ciencia cierta si los reglamentos (y todo tipo de disposiciones similares) que estaban vigentes en la anterior organización están en uso aún hoy. Algunos de ellos, sin embargo, se siguen aplicando como algunos Planes de Seguridad Pública (P.S.P.) y Planes de Operaciones Policiales (P.O.P.), el Reglamento de Automotores Policiales y otras normas similares que fueron redactados en épocas del Proceso de Reorganización Nacional que tanto daño le hizo a la policía como institución. ¿Estas normas están vigentes? Nadie lo sabe pero el entonces Subsecrtario de Seguridad las puso en práctica y las hizo llegar a todas las comisarías en los principios de la gestión del Ministro Aguinaga. Y nos preguntamos: ¿Es válido que reglamentos dictados para una organización semi-militarizada se apliquen a una organiza-

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ción civil, jerarquizada?, ¿Qué cambió con la reforma de 1999? …Poco y nada. Una doctrina debe acompañar el proceso evolutivo de una realidad determinada, en este caso la policial, porque en ella se sustenta el desarrollo de las teorías y principios que deben animar dicha evolución: Es decir hoy debería existir una doctrina formulada para una policía democrática, de carácter comunitario o no, porque la realidad social no coincide (sin dudas) con la década de los años ’70, sin embargo lo poco que queda de doctrina está más cerca de aquellos años que del devenir actual y futuro. Hoy las raíces cognitivas de nuestra institución están inspirados en una estructura, creencias, preceptos y valores de otra realidad social e institucional que ya no existe. O tal vez si existe… aquella policía cerrada porque estaba inspirada más al orden interno que a los problemas del ciudadano-, orientada más al control social a través de estrategias y métodos propios de un estado no-democrático: Mega-operativos, traslado de aprehendidos, requisas de vehículos, cacheo de personas, instalación de destacamentos, puestos de avanzada, etcétera. La idea de la doctrina policial y su congruencia con la realidad no es un concepto innovador o un descubrimiento que nadie sabía. Ya a principios del siglo pasado, al presentar el primer “Reglamento general y régimen interno de la Policía de la Provincia de Mendoza” el Comisario de Órdenes Dn. Juan Tabanera escribía “…La falta de un texto de instrucción policial propio, completo y ajustado a las reglas de los nuevos procedimientos constituía un inconveniente de importancia para la preparación metódica de los agentes...” (TABANERA, J. 1916). La carencia de una “doctrina actualizada” y acorde a un perfil institucional bien defini120

do se transfiere a la capacidad laboral de sus hombres y éste denota un marcado desconocimiento de la labor que deben cumplir, lo cual se traduce desde la demora hasta la incertidumbre en el cumplimiento de su deber en determinadas situaciones del quehacer policial. Una base doctrinaria precaria con escasa teoría y práctica, importa muchas dudas al tener que resolver las situaciones urgentes y aún las emergentes de su función. Sin entrar a discurrir por ahora cuál es el modelo de policía que mejores resultados pueda dar, es claro que hubo una verdadera intención de abandonar el modelo anterior, ¿Pero que se ha hecho en éste sentido? El Dr. Alberto Montbrum opinaba sobre una falta de sintonía entre la realidad social actual y la manera en que la policía realiza su trabajo, apuntando que “…el desfase de nuestra policía responde al cambio de las dinámicas de la sociedad globalizada y cibernetizada del siglo XXI frente a las cuales los sistemas mecánicos, rígidos y jerárquicos propios de la sociedad industrial carecen de capacidad de respuesta adecuada. Ese desfase se traduce en un problema de falta de compensación homeostática con el entorno en el cual el sistema policial debe operar…” (MONTBRUM A. 2007). De esta manera, la institución policial se ve envuelta en un trance que tendría diversos motivos, entre ellos posiblemente la falta de una visión institucional adecuada y un marco normativo que determine con meridiana certeza su perfil institucional. Es decir, la filosofía que adoptará para su desarrollo (de proximidad, comunitaria, orientada a los problemas, etc.), y a partir de allí el nacimiento de una doctrina más moderna

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que marque cuál será el desenvolvimiento de sus miembros.

EL CAPITAL HUMANO El tercer eje lo constituye el capital humano. Friedman, Hatch y Walker indican que, para poder valorar al personal de una empresa, se debe superar la idea de recursos humanos y pasar al concepto de capital humano, ya que el personal de la empresa no debe concebirse como un recurso que hay que explotar sino como un capital que hay que rentabilizar. Por este motivo se considera que, en la actualidad, es más conveniente utilizar el término “capital humano” que recursos humanos.. El término capital humano apareció por vez primera en “Investment in Human Capital”, un artículo del Premio Nobel en Economía Theodore W. Schultz publicado en 1961 en la American Economic Review y citado por Friedman. Desde entonces, los autores coinciden en que el capital humano comprende habilidades, experiencia y conocimientos. Algunos añaden personalidad, apariencia, reputación y credenciales. (FRIEDMAN, B., Et. al. 2000). Otros, equiparan el capital con personas hábiles e instruidas para un determinado proyecto o empresa. (FLAMHOLTZ, E. et.al. 1981). Las habilidades hablan más bien de las destrezas para ejecutar algo. Es un conocimiento práctico sumado a la pericia para llevarlo a cabo. Nos dice que el capital humano debe tener, además del conocimiento científico, un adiestramiento técnico. La Policía es un organismo que presta

“servicios”. Cada vez que un ciudadano llama a la policía precisa una solución a un problema determinado. Al policía no se acude por un diagnóstico, ni un proyecto, ni un asesoramiento como a otros profesionales. Llamamos al 911 cuando hay un problema: El Policía debe saber cómo resolverlo. Disposición, competencia, idoneidad, preparación, son caracteres que el adiestramiento debe sumar al caudal de características del perfil policial. Podríamos hacer una suma interminable de cualidades que debe tener el policía. Mencionemos algunos conceptos que consideramos útiles: Destreza, pericia, práctica, preparación, ingenio, saber, disposición, don, sutileza, tacto, empatía, predisposición, etc., etc. “Habilidad, Instrucción y Experiencia” son cualidades para ejercer la función policial. En suma al conocimiento policial necesariamente debe agregarse la pericia, una amalgama entre la preparación práctica y el saber. Pero éstos son de ninguna utilidad si no se deposita en ellos el hábito. Porque aún así, existiendo capacitación universitaria en diversas ramas, no hay en igual proporción preparación técnicooperativa, ni una enseñanza que ayude a incorporar a la policía los progresos actuales en materia de tecnología utilizable. Hay un cúmulo de factores que contribuyen a que esto sea así. Por ejemplo, la policía no ha incorporado aún los procesos informáticos suficientes y a su alcance, por lo menos a nivel general, y los que hay, por distintos factores –sobre todo desconocimiento- no se los sabe utilizar. Aquí los dos primeros ejes tienen una gravitación elemental. No se logrará nunca un capital humano

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“apto”, eficiente y eficaz, si no hay una filosofía institucional claramente definida, acompañada por una doctrina policial integral y actualizada y a partir de allí delinear la formulación de un régimen educativo que sea consonante con los principios elementales de esa filosofía institucional, pero que a su vez sea práctico desde el punto de vista funcional y que permita al recurso humano conocer cuál será su labor cotidiana y le otorgue aptitud para desempeñarla. Es decir una formación básica y continúa: “…Hay una gran atomización de la formación. Los profesores no conocen qué temas están dando otros profesores ni cómo o bajo qué enfoque. No hay ningún tipo de transversalidad entre las cátedras. Hay conocimientos que se dan más de una vez (constitución, derechos humanos, derecho administrativo) y otros que ni siquiera se imparten. Esto se agrava por que hay una total indefinición respecto al perfil de policía que se busca...” (MONTBRUM, A. 2008).

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Pero además de estas características, el policía debe tener un constituyente adicional que consideramos de primordial importancia. Los policías son ciudadanos “seleccionados” entre los miembros de la sociedad. Para Robert H. Langworthy y Lawrence F. Travis los policías son adiestrados y educados en academias creadas para estos fines, en donde se lleva a cabo el proceso de socialización policíaca. Para éstos autores la socialización es un término que utilizan los sociólogos para referirse al proceso mediante el cual las personas adquieren el conocimiento, los valores, las destrezas y actitudes de la sociedad en que viven. Es el aprendizaje de la cultura. (LANGWORTHY, R. Et. Al. 1994). Según estudios llevados a cabo en la Policía de Puerto Rico, al cumplir con su trabajo pueden cometer errores que conllevan la suspensión o expulsión de la fuerza policíaca; cargos criminales y/o demandas civiles; enfermedad, incapacidad y hasta la muerte

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en el cumplimiento del deber. “...Es un trabajo que requiere madurez y seriedad, honestidad e integridad y para esto hay que saber escogerlos, educarlos y adiestrarlos...” (SANTIAGO, W. 1997). El Policía está para proteger a la sociedad, para brindarle soluciones, para prestar un servicio público. Esto de por sí habla ya de un conjunto de funciones que requieren de conciencia cívica; el policía es corrector de las inconductas sociales por lo tanto al carácter social de su misión se suma el ingrediente ético y moral de su propia conducta. ¿Cómo podría una persona que tiene tachas o relaciones dudosas en su conducta cumplir esta misión? Se podrían enumerar muchas más funciones inherentes al rol policial, como el cuidado del orden público, de la paz social, etcétera, pero en esencia el policía cumple una función social de alto contenido ético. Esta idea tampoco es nueva, hacen más de un siglo en el año 1899 el Promotor Fiscal en lo Criminal de Santiago de Chile, Dr. Robustiano Vera, escribía: “…El policía, cualquiera que sea su jerarquía, en todos sus actos debe tener presente la importancia de su misión social, colocándose por su conducta a la altura de la confianza que en él se deposita. Además se requiere que sea escrupuloso en el cumplimiento de sus debe-

res públicos y privados, observando una conducta ejemplar en sus relaciones de familia, porque el que tuviere faltas graves en la vida privada, carece de las condiciones necesarias para ser uno de los moralizadores públicos de que debe componerse esta institución…”. Texto este que sirviera de inspiración en la redacción del antiguo Reglamento General de Policía de 1945. Y continúa: “…el policía se forma y no nace policía, ni se le puede tampoco hacer variar de lo que ha sido con sólo colocarle el traje…” (VERA, R. 1899) Además, al considerar el capital humano de la policía no sólo debemos pensar en su capacitación y aptitud psico-física, sino en una íntegra convicción del servicio comunitario que presta, por su condición de “referente social” al que acude (incluso por problemas no policiales) aquel que sufre, que necesita y en esa inteligencia debe hacerse merecedor de la confianza ciudadana, la que sólo se logra a través del buen hábito. La profesión policial no es una salida laboral. Debe haber todo un cúmulo de principios de carácter filosófico en aquel que la desempeña. Desde la básica idea del bien y del mal hasta un comportamiento privado de excelencia. Debe practicar las virtudes. El policía es la figura más emblemática de

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la tranquilidad pública, pero el carácter profesional de la función es un término que suele resultar ambiguo y en la práctica su significado depende del grado de aproximación que hagamos del hombre que la desempeña o de la actividad que cumple. Efectivamente, el término profesionalización policial se lo usa sin acuerdo previo referido a si la policía es una profesión o la calidad que buscamos al formar a sus recursos humanos o en cuanto a los resultados que esperamos del organismo que cumple ese rol. El policía debe ser ejemplo en todo, en su manera de hablar, en su porte, su higiene personal, la forma en que viste el uniforme, en su figura y contextura física y eso no se logra con una disciplina militar, sino con educación y una adecuada selección. Creemos que antes de todo eso debe existir vocación, porque la obediencia no significa necesariamente compromiso. Si el capital humano no está comprometido, no tomará la iniciativa ni asumiría los riesgos que conducen al cambio y a la mejora continua, permanente y constante que exige el turbulento entorno social. El policía debe asumir ese compromiso social con la íntima convicción de un sacerdocio. Federic Taylor, -citado por Hamel- en

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su obra “Principios de la gestión científica” nos dice: “Podemos ver y sentir el desperdicio de las cosas materiales. Sin embargo, los movimientos humanos torpes, ineficientes y mal dirigidos no dejan nada visible o tangible tras de sí. Para apreciarlos se requiere un acto de la memoria, un esfuerzo de la imaginación. Y por esta razón, aun cuando nuestra pérdida diaria derivada de esta fuente es mayor que la derivada de nuestro desperdicio de cosas materiales, una nos ha estremecido profundamente, mientras que la otra sólo un poco…” (HAMEL G. 2006)

CONCLUSION Los problemas actuales de la Policía (y que conllevan inseguridad social) pasan por un modelo que es incierto y en lo que se conserva caprichosamente de los anteriores, porque están totalmente desajustados de las necesidades sociales. Una de las deficiencias del sistema actual se encuentra en la falta de atención que se le puso y pone al personal, no tanto en sus regimenes de administración (deberes, derechos y obligaciones), sino en su idiosin-

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crasia como tal, en su culturización policial y esto ha afectado a todo el capital humano, a pesar de que es generalizada la idea de culpar sólo a la nueva generación de policías que se incorporó luego de la reforma y esto sabemos bien que no es así. Porque si pretendemos que un auxiliar que recién egresa se suba al móvil y a los diez minutos esté resolviendo un asalto a una estación de servicios, es porque no lo valoramos como persona, ni somos conscientes de que es un novato que precisa un período de adaptación, ni entendemos que ese policía pone en riesgo su vida. La formulación de un perfil de hombres y mujeres debe “necesariamente” implicar a todo el numerario en su conjunto, para que todos apunten a un único objetivo común, dejándose de lado las diferencias entre personal superior y subalterno. Lo mismo advierten, por ejemplo, especialistas en el Perú, que han intentado llevar a la práctica modificaciones de éste tipo en el funcionamiento y desempeño policial, orientándolo a la actividad comunitaria, “… porque ningún nuevo esquema de trabajo tendrá éxito, si no tenemos en cuenta al componente humano: al Policía; al profesional de la seguridad ciudadana, al experto, a la persona que llevará adelante estas nuevas estrategias…” (MULLER SOLON, E. 2005). Hoy las estructuras de las organizaciones policiales en el mundo han cambiado fundamentalmente, diferenciándose en mucho de aquellas que tuvieron éxito, basados en los conceptos organizativos de la sociedad del pasado. Es obvio que no se puede pretender manejar la policía como si fuera una empresa comercial, pero esto tampoco debe significar que su modelo debe quedar enquistado en una estructura que en otros tiempos fue exitosa y hoy no lo es ni por aproximación.

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Tampoco es la estructura (su organización y funcionamiento administrativo) lo único que hay que tener en cuenta, porque la actividad no tendrá cambios en tanto y en cuanto no cambie la manera de pensar de sus miembros. Ninguna organización puede cambiar si las personas no cambian su manera de ver las cosas, por lo tanto hay que apuntar a un cambio cultural en la forma de comprender la organización y la manera de enfrentar el conflicto. Hoy la policía está estructurada para manejar los problemas de La Sociedad Industrial, y tal vez ni siquiera esté en condiciones de satisfacer los requerimientos de aquel entonces, a pesar de que cuenta con más recursos y presupuesto, porque el las estrategias de abordaje a los problemas criminales siguen intactos, mientras que el entorno y los problemas cambiaron radicalmente. Hoy por ejemplo, frente a un nuevo modus operandi o una ola de delitos determinados, se responde con los mismos esquemas estratégicos y tácticos de los años '70 o más antiguos aún: Operativos masivos, puestos fijos o la inauguración de una nueva comisaría o un destacamento. Eso puede haber dado resultados hace treinta o cincuenta años atrás; hoy sabemos que con éstas medidas ponemos solución a un problema durante un lapso de tiempo muy corto o un espacio geográfico limitado, sin que en el fondo la situación tenga cambios trascendentales. La diferencia sólo estriba en la cantidad de recursos disponibles (y hasta cierto punto), sin que se lleve a la práctica un estudio científico de los problemas para contar con mayor información o nuevas y mejores alternativas de solución, que sean sostenibles en el tiempo. El modelo policial imperante en la pro-

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vincia es el mismo modelo con el que se encontraron los autores y las autoridades de la reforma de 1998, sin que se hayan producido grandes cambios en el contexto interno y el carácter de la policía que aún sigue manteniendo el modelo hegemónico y semimilitar del siglo pasado, evidenciado esto en los uniformes, la organización, las prácticas y los esquemas mentales de los policías, pero con una disciplina menos estricta por el relajamiento que se ha producido ante el desconcierto general de si la policía es o no un organismo semi-militar, profesional o verdaderamente democrático. Se ha producido entonces una colisión entre lo que la ley pregona en su texto y la realidad que se resiste a cambiar de sentido, manteniéndose intocables los principios del cambio hacia una policía profesional, pero con la grave contrariedad que muy pocos policías comprenden la diferencia entre uno y otro modelo. Muy pocas autoridades políticas se preocupan y ocupan del modelo policial imperante, sino más bien de los problemas coyunturales y en consecuencia nadie se ha puesto a pensar que qué sentido va la policía, qué función quieren que cumplan sus hombres o qué herramientas necesitan, ni siquiera se sabe cuáles son las causas de la inseguridad; y que no son los robos, los homicidios y las drogas, porque la pregunta es: ¿porqué se producen? En los últimos años se ha intentado infructuosamente definir las condiciones de ingreso, permanencia y ascenso, se han creado nuevas jerarquías, se quiere incentivar de algún modo al personal policial; pero parece que el sistema aún no comprende que en tanto y en cuanto no se defina un Perfil Institucional y una Doctrina sólida cualquier discusión en este sentido carece

de sentido práctico. ¿Un buen policía para qué?, ¿para qué tipo de institución?, ¿para qué función?, ¿Con qué responsabilidades sociales?. Con todo, no podemos decir que la policía no tiene un perfil, pero siendo este un perfil basado en modelos anticuados y perniciosos a los intereses sociales, y con pocas determinaciones y especificaciones sobre su utilidad (que es lo que verdaderamente interesa) se ha convertido en un filtro de café defectuoso que deja pasar toda la borra y por tanto no cumple con la función que debería. No caben dudas que el tiempo permitió que se consolide un perfil construido con una combinación de modelos incorrectos, fuera de contexto y poco eficientes para que puedan ser satisfechas las necesidades sociales respecto de la seguridad. La selección adecuada de un modelo policial, sólo será exitoso cuando la planificación meticulosa de su implementación se lleve a cabo mediante un estudio serio del problema social que significa la seguridad y adelantándose a las proyecciones que se estimen a futuro, ya que tampoco tendría mucho sentido imponer un cambio para el contexto actual, sino que es preciso comenzar hoy a construir un modelo que al tiempo de estar en condiciones de funcionar esté actualizado, es decir, para el futuro. Así por ejemplo, en caso de seleccionarse un modelo de policía comunitaria, debemos ser conscientes que dicho modelo, sólo es aplicable en contexto sociales pequeños o donde el común denominador sean los problemas vecinales y de convivencia, pero la policía comunitaria, muy a pesar de sus defensores, no está capacitada para resolver problemas de mayor envergadura como por ejemplo el criminen organizado. ¿Será necesario idear un perfil más riguroso, y adapta-

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do a nuestra cultura? Seguramente así sea. Porque los países más avanzados han comprendido, luego de muchos años de experiencia que una policía comunitaria puede encargase sin ningún problema del consumo de drogas, pero no está en condiciones de resolver los problemas de narcotráfico por ejemplo, por lo tanto cualquier organización que la adopte, debe sin lugar a dudas aplicar un modelo mixto o concebir varias organizaciones policiales que actúen simultáneamente o coexistan paralelamente como se ha hecho en otros países sobre todo los europeos. Por lo tanto para definir el modelo policial, no sólo es menester estudiar profundamente las experiencias de otros países y la propia historia provincial, sino que es necesario tener información suficiente sobre la evolución del delito, sus formas y proyecciones para afrontar el problema con visión de futuro. Y esto excede lo coyuntural y el diario trajinar, puesto que un cambio de modelo significaría adoptar una identidad cuya puesta en práctica absorbería no menos de cinco años de ajustes e implementación (si es que se quiere hacer bien) y debe planificarse para subsistir un par de décadas cuando menos.

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Hoy se vislumbran algunos intentos de pequeños cambio, pero estos cambios, aunque buenos cada uno de ellos individualmente son aislados, y deberían ser parte de un emprendimiento integral que no existe. Hoy la política ha vuelto a cifrar sus esperanzas en los policías, pero lejos de atinar en un complejo estudio y asesoramiento, se deja la responsabilidad en los encargados de dirigir la institución, y se pone el acento en los aspectos operativos. Se han propuesto reformas en el régimen disciplinario, de ingresos, de jerarquías, y hay buenas intenciones en educación, pero esas acciones no serán suficientes. La policía precisa de un equipo de estudio que analice principalmente los aspectos referidos a la satisfacción ciudadana y que valore sus necesidades inmediatas y mediatas, porque es a ella a quien se debe; en segundo lugar debe concretarse el análisis criminológico del delito creándose un instituto de Criminología dedicado a ello, que permita conocer “a ciencia” cierta cuál es la situación real y no auto-engañarse con las estadísticas que están lejos de lo que sucede en las calles. En base a ello pensar no sólo en modificar las leyes policiales, sino introducir reformas procesales útiles y que se

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puedan llevar a cabo (las actuales luego de más de una década está aún en proyección), y de ahí en más pensar en un modelo policial que satisfaga todas esas necesidades. Hay una gran voluntad de cambio en los mandos policiales, hay una gran esperanza en los actuales responsables de la fuerza, pero tal vez falte un impulso político decidido a cambiar y mejorar aún más. En tanto las políticas de seguridad no actúen en función del futuro y limiten su acción a una gestión de cuatro años nada más, poco se puede hacer en materia de seguridad y se está desaprovechando una gran oportunidad de contar hoy en día con el potencial policial que ofrecen los nuevos conductores y las nuevas generaciones, ávidos de cambios, deseosos de progreso y con vocación profesional.

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TEMA’S

lito y Futuro de la Policía”. (Versión corregida y ampliada de una ponencia presentada en el Congreso Internacional sobre la Policía del Futuro: Mediación y proximidad) Revista Reis Nro. 84/99. España. 1999.

CURSOS DE CAPACITACIÓN A DISTANCIA CICLO 2016

TORRENTE ROBLES, Diego. “Desviación y Delito”. Alianza Editorial. Madrid. España. 2001. TUDELA POBLETE, Patricio. “Seguridad ciudadana y "policía comunitaria": un desafío pendiente”. Ponencia presentada en el Seminario: “Diálogos sobre convivencia ciudadana” Mesa redonda Policía Comunidad y Policía Especializada. Santiago, Chile. Octubre 1999. TUDELA POBLETE, Patricio. “Reforma policial, COP y POP: Perspectivas latinoamericanas de aplicación y paradigmas de gestión policial dirigida a la comunidad” Centro de Investigación y Desarrollo Policial CIDEPOL. PICH. Chile. Setiembre 2007. VARELA JORQUERA, Fernanda. “Modelos Internacionales de Policía de Orientación Comunitaria” Artículo. Subsecretaría de Carabineros. Ed. A. Lünecke. Chile. 2007. VERA, Robustiano. (1899). “Estudios sobre Policía”. Imprenta Mejía. Santiago de Chile. WILSON ORLANDO W. “Police Administration” McGraw-Hill. Nueva York. 1950

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YEPEZ DAVALOS, Enrique. “Seguridad Ciudadana: 14 Lecciones Fundamentales”. Instituto de Defensa Legal. Lince. Lima, Perú. 2004. ZLOTOLOW, Alejandro; YORNET, Guillermo; VITALE, Javier; DE FAVERIS Victoria;DI GIACOMO Diego y ALVAREZ Luciana. “Informe Final Diagnóstico Provincial. Provincia de Mendoza.” Oficina Anticorrupción de la Nación. Banco Mundial. 2004.

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Revista TEMA’S Año V - Número 37 — Junio de 2016

SEGURIDAD

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El seminario consta de ocho módulos con material en video, multimedia y bibliografía de apoyo, y está dirigido a Abogados, Jueces y Fiscales, Policías, Personal de las Fuerzas de Seguridad, Estudiantes de Criminalística y público en general.

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nalística. • Introducción a la Criminalística. • Objeto y método de las ciencias

naturales. • El razonamiento en criminalística. • Los medios de prueba. • Lugar del hecho. • Los Indicios y la Evidencia física. • Protección y preservación de la

escena del crimen.

La escena del crimen es el lugar donde ha acontecido un hecho criminal que debe ser investigado. Es la principal fuente en donde el investigador encontrará evidencias y pruebas que le ayuden a esclarecer qué ocurrió y quién fue el autor. El objetivo del seminario es que aprendas los fundamentos originales de la Criminalística de campo, cómo manejar la escena del delito para evitar la destrucción de pruebas, cómo buscarlas, preservarlas, fijarlas, recolectarlas y remitirlas a los laboratorios.

• Origen e importancia de la Ins-

pección Ocular.

Acceso a la Plataforma por 8 semanas.

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Se entrega certificación avalada por SETEC

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TEMA’S Revista Digital de Criminología y Seguridad

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