Votos bloqueados

Votos bloqueados

Luis Moreno


El próximo 25 de los corrientes se celebran elecciones en dos de las
'nacionalidades históricas'. En Galicia, el candidato Feijóo persigue
quedar encapsulado en sus méritos --y deméritos-- personales. Parece que
buena parte de sus posibilidades por renovar su mayoría absoluta en el
parlamento gallego dependan del tirón personal del candidato a la
presidencia de la Xunta. Incluso su jefe de campaña ha llegado a aseverar
que, "la marca Feijóo trasciende a la marca PP". Cuando las noticias sobre
los asuntos de corrupción se avientan en tiempos de contiendas electorales,
los candidatos en liza buscan alejarse de la identificación partidaria, más
o menos diplomáticamente. Cuanto más lejos de la pestilencia corruptora,
mejor para sus posibilidades de éxito personal.

Es la vieja cantinela de lo que en la política se ha estudiado como el
'carisma' o, simplemente, el liderazgo. ¿Cuánto del éxito del PSOE en el
período 1982-96 se debe a sus propuestas políticas y cuánto a la valía de
su máximo representante político, Felipe González? Es como la pescadilla
que se muerde la cola, pues ambos elementos son muy difíciles de disociar.
La cultura de algunos partidos, como el Partido Nacionalista Vasco, por
ejemplo, tiende a subrayar la trayectoria ideológica e histórica de la
formación y los personalismos suelen quedar más diluidos en las decisiones
de su máximo órgano colegiado, el Euzkadi Buru Batzar, integrado por
miembros de gran peso político territorial como son los presidentes de los
Consejos Regionales de la formación (Bizkaia, Gipuzkoa, Araba, Nafarroa e
Iparralde).

Aunque ello también dependerá de los resultados en Galicia y el País Vasco,
las probables terceras elecciones generales a fines de año escenificarán la
importancia del 'factor humano' de los candidatos. Entre los partidos de
alcance estatal aspirantes al gobierno de España (compartido o en
solitario) el panorama actual subraya las incongruencias entre los
programas electorales y los personajes políticos que deben llevarlos a
efecto desde las instituciones.

Las dificultades crecientes del socialista Pedro Sánchez parecen derivar,
en no poca medida, de la permanente pelea interna de sus barones
territoriales por posicionarse de cara al Congreso del partido y, por ende,
a la pugna por el poder dentro de la formación socialista. La incontenible
ambición de algunos/as de los retadores del secretario general Sánchez se
antepondría a la articulación de un proyecto político creíble y diferente
del que ahora ha sido su gran oponente electoral: el PP. ¿O es que los
socialistas sólo pretenden el poder para hacer las mismas políticas de sus
contrincantes electorales? Recuérdese que Alfredo Pérez Rubalcaba admitió
en su debate electoral con Rajoy en el año 2011 que los socialistas
"tuvieron 8 años para pinchar la burbuja inmobiliaria y no lo hicimos". Una
impotencia semejante permanece como una pesada losa en la credibilidad del
PSOE; un partido opuesto al PP, pero sin una convincente economía política
alternativa que salve a nuestro Estado del Bienestar y, por extensión, al
modelo social europeo en la parte alícuota que le corresponde.

La prepotencia del PP durante su última legislatura con mayoría
parlamentaria parece ser responsable precisamente de una mayoría de
partidos en su contra, lo que se patentizó en el rechazo a Mariano Rajoy en
su último intento de investidura. De los partidos emergentes (Podemos y
Ciudadanos) cabe identificar un rasgo compartido de su bisoñez política: la
incapacidad para incidir efectivamente en un cambio de personas en la vida
política de España.

Hubiera sido deseable un gran acuerdo entre las cuatro grandes formaciones
hoy en liza en España (agregando Izquierda Unida a la plataforma de Podemos
y adláteres) a fin de realizar una segunda Transición que hubiera remozado
nuestro sistema democrático y constitucional. Hace unos meses escribía que
la coyuntura política aparecía propicia para legitimar la refundación
democrática en España. Una negociación interpartidaria entre las fuerzas
representativas hubiera podido fructificar en un acuerdo a someter
eventualmente al pueblo español en forma de referéndum constitucional con
tres reformas necesarias y suficientes. A saber: (a) salvaguarda de los
derechos humanos como seña de identidad de los valores civilizatorios
europeos; (b) promoción del Estado del Bienestar según el modelo europeo de
cohesión social y creación de valor añadido; y (c) constitucionalización
del estado federal plural de naciones y regiones aplicando los principios
europeos de la subsidiariedad territorial y la rendición de cuentas
democrática.

'Largo me lo fiáis', podría aducirse a los anteriores análisis normativos.
En la actualidad, y por más que fuese conveniente y hasta necesario, muy
pocos observadores parecen compartir la posibilidad de un consenso entre
los partidos análogo al que se materializó en la Constitución de 1978.
Quizá habría que rebajar las expectativas de cambio y pensar qué otra
reforma induciría a una regeneración de nuestra vida política. ¿Por qué no
la implementación de un sistema electoral más proporcional y, sobre todo,
de listas abiertas?

Las 'listas cerradas y bloqueadas' han agudizado los procesos de
oligarquización siempre presentes en el seno de las formaciones
partidarias, tal como vislumbró Robert Michels en su seminal obra, Los
partidos políticos (1911). Han estimulado y estructurado las prácticas de
corrupción --tanto individuales como orgánicas-- de sus representantes
institucionales. Ahora más que nunca, sería conveniente permitir a los
votantes ejercer su capacidad de 'eliminar' de las listas a aquellos
dirigentes no adecuados a sus expectativas o considerados inconvenientes
para ejercer las responsabilidades públicas a las que aspiran. La reforma
electoral ayudaría sobremanera a valorar con mayor y mejor información las
cualidades de los candidatos y a potenciar una mayor proximidad entre
representantes y representados.

Sería ingenuo esperar que una reforma electoral para 'desbloquear' y
'abrir' las listas electorales pudiera ser el antídoto para eliminar la
corrupción y el desánimo políticos en España. Pero ayudaría sobremanera a
restablecer la credibilidad entre representantes y representados y
consolidaría la legitimidad democrática. Serían penalizados electoralmente
los cabezas de lista que fuesen considerados inadecuados por los electores
y esquivaríamos, en no poca medida, la que ahora parece una insuperable
contradicción del voto: cómo 'castigar' al líder incapaz de la lista de
nuestras preferencias y, en su caso, 'premiar' el de otra candidatura. Los
propios partidos obtendrían una muy saludable información de las
preferencias de los ciudadanos. Ajustarían, en suma, la necesaria sintonía
entre lo que dicen sus dirigentes y lo que luego hacen en las instituciones
del poder político.



Luis Moreno es Profesor de Investigación del Instituto de Políticas y
Bienes Públicos (CSIC) y autor de "Trienio de mudanzas, 2013-15"